Gastón Fernández Cruz es magíster en Derecho Civil y abogado por la PUCP, donde también es director ordinario principal en la Facultad de Derecho. Ha sido presidente del Grupo de Trabajo de Revisión y Mejora del Código Civil peruano de 1984 (2016-2018) y Amicus Curiae en el VIII Pleno Casatorio Civil convocado por la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Es socio del Estudio Fernández & Vargas Abogados.

Derecho Lo Esencial del Derecho 46

Comité Editorial

Baldo Kresalja Rosselló (presidente)

Gastón Fernández Cruz

INTRODUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Lecciones universitarias

Introducción a la responsabilidad civil

Lecciones universitarias

Gastón Fernández Cruz

Colección «Lo Esencial del Derecho» Nº 46

© Gastón Fernández Cruz, 2019

De esta edición:

© Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2019

Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

feditor@pucp.edu.pe

www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

La colección «Lo Esencial del Derecho» ha sido realizada por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Diseño, diagramación, corrección de estilo

y cuidado de la edición: Fondo Editorial PUCP

Primera edición digital: marzo de 2020

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio,

total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

ISBN volumen: 978-612-317-530-6

Presentación

En su visión de consolidarse como un referente académico nacional y regional en la formación integral de las personas, la Pontificia Universidad Católica del Perú ha decidido poner a disposición de la comunidad la colección jurídica «Lo Esencial del Derecho».

El propósito de esta colección es hacer llegar a los estudiantes y profesores de derecho, funcionarios públicos, profesionales dedicados a la práctica privada y público en general, un desarrollo sistemático y actualizado de materias jurídicas vinculadas al derecho público, al derecho privado y a las nuevas especialidades incorporadas por los procesos de la globalización y los cambios tecnológicos.

La colección consta de cien títulos que se irán publicando a lo largo de varios meses. Los autores son en su mayoría reconocidos profesores de la PUCP y son responsables de los contenidos de sus obras. Las publicaciones no solo tienen calidad académica y claridad expositiva, sino también responden a los retos que en cada materia exige la realidad peruana y respetan los valores humanistas y cristianos que inspiran a nuestra comunidad académica.

Lo «Esencial del Derecho» también busca establecer en cada materia un común denominador de amplia aceptación y acogida, para contrarrestar y superar las limitaciones de información en la enseñanza y práctica del derecho en nuestro país.

Los profesores de la Facultad de Derecho de la PUCP consideran su deber el contribuir a la formación de profesionales conscientes de su compromiso con la sociedad que los acoge y con la realización de la justicia.

El proyecto es realizado por la Facultad de Derecho de la PUCP bajo los auspicios del equipo rectoral.

Introducción

El presente libro contiene un estudio elemental del curso de responsabilidad civil, básicamente de naturaleza extracontractual. Por ello, puede ser calificado solo de estudio introductorio y representa una vista panorámica a la compleja materia de la responsabilidad civil en el ámbito extracontractual, enfocada desde lo que enseña el autor en las aulas universitarias, clases en el claustro académico que no pueden ser reemplazadas por este libro. Introducción a la responsabilidad civil es, en suma, una guía esencial y básica para comprender todas las relaciones jurídicas intersubjetivas donde está presente el elemento esencial de la responsabilidad civil: el daño.

La estructura del libro se divide en diez capítulos. El primer capítulo desarrolla la noción jurídica del concepto de responsabilidad civil, el cual comprende, a su vez, el estudio preliminar de las funciones de la responsabilidad civil. El segundo capítulo tiene como eje central de estudio los dos grandes sistemas de responsabilidad civil: la summa divisio entre la responsabilidad contractual y extracontractual, así como un apartado de análisis de la problemática de las zonas colindantes, también denominadas «zonas grises» entre ambos sistemas de responsabilidad.

El tercer capítulo se refiere a un tema fundamental: el método de análisis de la responsabilidad civil, a través del cual se obtiene la identificación del causante del daño (análisis material) y, luego, la del responsable (análisis de imputabilidad).

En el cuarto capítulo se estudia el primer elemento del método de análisis: el daño, que es el elemento central de la responsabilidad civil en su etapa patológica. En este capítulo se distinguen las categorías del daño resarcible y los supuestos de irresponsabilidad: ejercicio regular de un derecho; legítima defensa; y, críticamente, el estado necesidad.

En el quinto capítulo se realiza un estudio respecto a la clasificación del daño resarcible y se profundiza en la categoría del daño no patrimonial y la necesidad de su reclasificación.

Del sexto al octavo capítulo se estudian los restantes elementos de la responsabilidad civil: (i) el hecho generador del daño y la negación de las categorías de la ilicitud y de la antijuridicidad como elemento de la responsabilidad civil; (ii) la relación de causalidad y las teorías que tratan de explicarla, así como, de manera general, las mal llamadas «fracturas» causales; y (iii) los criterios de imputación, centrándonos en los dos principales de carácter subjetivo y objetivo, a saber: la culpa y el riesgo.

En el noveno capítulo se analiza el concepto de la tutela resarcitoria y el de indemnización de daños y perjuicios; mientras que, en el décimo y último capítulo, se estudia la responsabilidad por hecho ajeno y un supuesto específico de su aplicación: la responsabilidad vicaria, a la luz de la teoría contemporánea.

El presente libro ha sido redactado de manera sencilla y comprensible para el lector, con el objetivo de que sea de fácil lectura y manejo ágil para los alumnos y el público en general, aportándoles conocimientos básicos sobre la responsabilidad civil y su aplicación. En cada capítulo encontrarán recuadros que recogen algún caso de la realidad que deberá ser analizado y discutido entre los lectores y alumnos. Existe referencia al derecho comparado de forma breve, pero que resulta de vital importancia para la correcta comprensión de los conceptos que son materia de estudio en este libro.

Por último, cabe señalarse que también es finalidad de este estudio introductorio que los operadores jurídicos judiciales cuenten con información sencilla y de fácil comprensión para la solución de los casos del día a día.

Capítulo 1

La noción jurídica de Responsabilidad Civil

Pensemos en los siguientes casos: en un primer escenario en el que se ha celebrado un contrato por medio del cual se le ha encomendado a un arquitecto que elabore ciertos planos dentro de un plazo determinado; sin embargo, no cumple con el encargo y ocasiona una serie de retrasos en la realización de la obra en la cual se iban a emplear los planos. En un segundo escenario se constata un accidente automovilístico producido por el exceso de velocidad de un vehículo al momento de tomar una curva en la carretera, producto del cual se desbarranca un bus de transporte interprovincial, lo que produce la muerte de algunos pasajeros, así como graves lesiones a los pasajeros de otro vehículo que transitaba por la carretera. Ambos escenarios presentan un dato saltante en común: la producción de daños.

Sobre la base de esta constatación, surge inmediatamente la natural reacción de tratar de tutelar a las víctimas compensándoles por los daños sufridos, en la mayoría de las veces, de forma pecuniaria. De allí que comúnmente se equipare a la responsabilidad civil como un área del derecho civil patrimonial en donde se plasma la denominada «tutela resarcitoria» como medio de protección concedido a los particulares contra los daños injustamente sufridos, que se materializa a través de una obligación de resarcimiento conocida también en nuestro medio como la indemnización de daños y perjuicios.

Es de reconocer, sin embargo, que esta concepción puede ser solo parcial y, precisamente por ser incompleta, errada.

Un caso de responsabilidad por inejecuciónde obligacionesLa Contraloría General de la República advirtió situaciones adversas en los trabajos de descolmatación de 12,46 kilómetros continuos de longitud del cauce del río Lacramarca, ubicado en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, en el departamento de Áncash. Estos hechos afectan las metas de las acciones del programa de gobierno de «reconstrucción con cambios» que se realizan para mitigar los daños ante nuevos eventos climatológicos.Según el contrato firmado, el 13 de diciembre del 2017 con el Consorcio Contratistas del Norte SAC, del monto total asignado al servicio, S/ 41 379,72 corresponde a la elaboración de la ficha técnica definitiva; y S/ 2 448 620,28 para trabajos de descolmatación a ejecutarse en un plazo de treinta (30) días calendario. Las visitas de inspección realizadas por la Contraloría determinaron que el contratista no cumplió con proveer siete (7) tractores de oruga, dos (2) camionetas pick up, dos (2) estaciones totales y dos (2) niveles topográficos (Diario de Chimbote, http://www.diariodechimbote.com/portada/noticias-locales/101613-2018-06-29-09-22-17. Fecha de consulta: 29/7/2018).Un caso de responsabilidad extracontractualEl bus de la empresa San Martín se despistó a un abismo de más de ciento cincuenta (150) metros en una curva del kilómetro 19 del Serpentín de Pasamayo. Según informó el coronel Hernán Valdivieso, jefe de la División Policial de Huaral, el número de fallecidos es de cuarenta y ocho (48) personas. Solo seis (6) lograron sobrevivir. Cinco (5) de los heridos fueron llevados en helicóptero al hospital Daniel Alcides Carrión del Callao, y el sexto, que saltó del bus antes de que caiga al precipicio, fue internado en el hospital de Chancay.Quedan por recuperar veinticuatro (24) cadáveres, doce (12) de los cuales aún permanecen dentro de la carrocería destrozada del bus siniestrado, informó el enviado especial de RPP Noticias a la zona de la tragedia. Los otros doce (12) cuerpos han sido puestos a buen recaudo y solo falta que sean retirados del abismo (RPP, http://rpp.pe/peru/lima/accidente-en-pasamayo-falta-rescatar-24-cadaveres-del-abismo-noticia-1097610. Fecha de consulta: 29/7/2018).

1. La responsabilidad civil como un fenómeno de afectación patrimonial

La responsabilidad civil, como se ha indicado precedentemente, normalmente se piensa como una reacción del ordenamiento frente a la comisión de un daño, que generará la obligación de indemnizarlo. No obstante, desde nuestro punto de vista, no solo en dicho supuesto existe responsabilidad civil.

Lo apenas indicado se sustenta en una constatación innegable: los casos antes mencionados, junto con la generación de daños —que implican la obligación subsecuente de indemnizarlos—, tienen otro elemento en común.

El primero, es que antes del incumplimiento por parte del arquitecto, este tenía la obligación contractualmente pactada de elaborar ciertos planos, esto es, una obligación de hacer que implicaba, como en toda obligación, la realización de una conducta para proveer una utilidad con contenido patrimonial destinada a satisfacer el interés de la contraparte. Si ya en la obligación contraída, entonces, el deudor compromete su patrimonio, presente y futuro, en la satisfacción de un interés ajeno, puede predicarse que el «cumplimiento de la obligación» implica, desde un inicio, una posibilidad de afectación del patrimonio del deudor y su efectiva afectación al darse el cumplimiento.

Producido el incumplimiento, el arquitecto tendrá la obligación de indemnizar a su contraparte por los daños que haya causado, siempre, claro está, que exista un efectivo daño derivado del incumplimiento, lo cual se caracteriza por implicar también una afectación patrimonial, ya que la indemnización implicará una disminución del patrimonio del responsable, que al final devendrá en la satisfacción del interés de la víctima.

En el segundo caso, luego de verificado el daño —sea por las lesiones generadas en los pasajeros del vehículo que no se desbarrancó o de los deudos por la muerte de sus familiares en el vehículo que iba a exceso de velocidad— la situación es muy similar a la indicada en el párrafo precedente, en lo que a la afectación patrimonial se refiere como consecuencia de la indemnización de los daños.

Sin embargo, existe una gran diferencia. Mientras que, en el primer caso, la obligación de indemnizar no es otra cosa que la manifestación (patológica) de la obligación (de hacer los planos) establecida a través del contrato; en el segundo caso, la obligación de indemnizar surge recién como consecuencia de la comisión del daño, ya que antes de esto no existe obligación alguna, sino tan solo la existencia de un deber general de respeto a la integridad de las personas.

Bajo el esquema antes señalado, el elemento en común que caracteriza los casos descritos es la existencia de una afectación patrimonial, haya o no daño. Así, tratándose del cumplimiento de una obligación preexistente, la responsabilidad civil no se presenta recién en la etapa patológica de la obligación cuando irrumpe como fenómeno exógeno el daño, sino que ya existía como «garantía patrimonial» desde el momento en que el deudor asumió la obligación, en donde se comprometió a satisfacer un interés ajeno, garantizando el cumplimiento de la obligación con su propio patrimonio; y este cumplimiento no representa otra cosa que la afectación del patrimonio del deudor en un valor económico equivalente a la utilidad que egresa.

La misma afectación patrimonial se presenta ante el incumplimiento de un deber. Si bien no cabe duda de que, al predicarse de «cumplimiento de deberes» no puede afirmarse ninguna implicancia patrimonial, con el advenimiento del «daño» se genera en el responsable la necesidad de afectar su patrimonio en el mismo valor de la utilidad que egresa, el cual será equivalente al valor del daño sufrido por la víctima.

Por esto, esta susceptibilidad de afectación patrimonial es el elemento unificador de los sistemas de responsabilidad, en el sentido de que en ambos se presenta dicha necesidad de «responder» patrimonialmente: se afirmará entonces que existe responsabilidad civil en el cumplimiento e incumplimiento de obligaciones, como en el incumplimiento de deberes, pues en todos estos casos se presenta el elemento de afectación patrimonial a cargo de alguien que, sea por voluntad propia o por mandato de la ley, ha asumido un deber de responder para la satisfacción de un interés ajeno, colocándose en la posición de titular de una situación jurídica subjetiva de desventaja llamada deber obligatorio.

Empero, el concepto de responsabilidad trasciende la esfera del deber obligatorio (obligación), de manera tal que puede afirmarse que existe «responsabilidad» ante la configuración de cualquier situación jurídica de subordinación que implique la satisfacción o el servicio de un interés ajeno, normalmente conocidas como «situaciones jurídicas subjetivas pasivas o de desventaja» siendo que, desde nuestra perspectiva, esto es lo que determinará la configuración de la responsabilidad civil.

Es por esto que definimos a la responsabilidad civil como el conjunto de consecuencias jurídico-patrimoniales a las que queda expuesto un sujeto en cuanto es titular de una situación jurídica subjetiva de desventaja.

Sin embargo, cabe advertir que para parte de la doctrina del derecho continental —llamada también civil law— en particular en la doctrina italiana, solo puede hablarse de responsabilidad civil si existe una afectación efectiva del patrimonio (daño) en la etapa de incumplimiento de un deber o de una obligación. En la etapa fisiológica (o de cumplimiento) existe solo lo que se denomina «responsabilidad patrimonial», que sería diferente a la responsabilidad civil. Esta se configuraría sí y solo sí ante la presencia del fenómeno exógeno «daño», mientras que la responsabilidad patrimonial se configuraría en la etapa fisiológica de la obligación como una garantía de exposición patrimonial.

En cambio, dentro del propio derecho continental, la doctrina alemana ha sostenido, a partir de la teoría del débito y la responsabilidad, que el concepto de responsabilidad civil implica una garantía patrimonial independiente de la existencia de daño. Si se asume un compromiso, comprometo el patrimonio, sea en el cumplimiento o en el incumplimiento, y en función de dicho compromiso se determina la responsabilidad civil.

Así las cosas, en nuestro concepto, la existencia de responsabilidad civil se configura desde el solo momento en que un sujeto asume una garantía patrimonial frente a otro sujeto para la satisfacción o al servicio de un interés ajeno.

Si una persona expone su patrimonio, por ejemplo, cuando contrae una obligación en forma voluntaria o cuando esta surge por mandato de un precepto legal, esa sola exposición patrimonial al servicio de un interés ajeno determina la existencia de una responsabilidad civil.

Esta línea de pensamiento, que he afirmado desde hace varios años en las clases en la Facultad de Derecho de la PUCP, ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia de la República:

La responsabilidad civil, donde se discute una pretensión indemnizatoria, responde a una lógica distinta, y puede ser definida como «[…] el conjunto de consecuencias jurídicas a las que los particulares se someten por el hecho de haber asumido una situación jurídica pasiva sea de forma voluntaria o por efectos de la ley […], por eso, la responsabilidad civil, como tal, procura distribuir y declarar quién debe asumir el riesgo (daño) producido, en forma independiente de los factores penales, como el dolo penal, que se susciten en dicha causa; ergo, ambos sistemas son disímiles, por lo que es evidente que no existe pertenencia de disposiciones o preceptos penales, dentro de un proceso civil indemnizatorio» (casación 2420-2004-Lima, publicada el 9 de noviembre de 2005).

Sobre la base de esta noción de responsabilidad civil se debe precisar el ámbito en el cual se desenvuelve, con la finalidad de identificar los escenarios en los cuales es posible que se constituya un supuesto de responsabilidad civil.

En primer lugar, situémonos en el ámbito de los deberes generales —como el que tenemos todos de respetar la integridad de las personas—, es decir, en aquellos escenarios en los cuales se presenta una vinculación entre sujetos indeterminados pero determinables, por ejemplo. Un supuesto que ejemplifica este deber general se encuentra en el deber general de no causar daño a otro, que es conocido como el deber de no injerencia dañosa en la esfera personal ajena (alterum non laedere).

En este caso, solo se presenta un escenario de responsabilidad civil cuando se verifica un daño, ya que antes de que ello ocurra, en la etapa fisiológica o de cumplimiento del deber general, no solo no hay una relación jurídica —en sentido estricto—, sino que tampoco hay afectación patrimonial alguna en el sujeto titular de aquel deber.

Una vez acaecido el daño, las personas se transforman en sujetos determinados, es decir, ya no son sujetos indeterminados sino son individuos concretizados o individualizados y en tanto el que ha incumplido el deber deberá pagar una indemnización a la víctima, vemos que se presentará un escenario de afectación patrimonial, permitiendo reconocer la existencia de un escenario de responsabilidad civil.

En segundo lugar, cuando nos encontramos ante deberes jurídicos no patrimoniales —piénsese en el deber de pagar alimentos del padre o la madre a sus hijos—, se debe diferenciar la situación existente antes y después de la configuración del daño.

En la fase fisiológica o de cumplimiento, del deber no patrimonial —cuando el padre cumple voluntariamente con el pago de los alimentos—, no podrá generarse responsabilidad civil alguna, ya que al carecer de contenido patrimonial el deber particular —pues los alimentos no son utilidades negociables—, resulta inviable que se produzca una afectación respecto del patrimonio del sujeto que cumple el citado deber.

Diferente es el análisis en la etapa patológica de los deberes jurídicos no patrimoniales, como sucede en el propio ejemplo del incumplimiento del deber de alimentos, ya que en este supuesto la irrupción del daño determina que el pago de la indemnización derivado del incumplimiento del deber particular no patrimonial implique una afectación patrimonial, lo cual nos coloca en el ámbito de la responsabilidad civil.

Finalmente, en el caso de deberes jurídicos con contenido patrimonial —como es el caso de la obligación contraída por el arquitecto de nuestro primer ejemplo—, la situación es diferente al supuesto mencionado previamente, ya que en la fase fisiológica sí es posible que se genere una hipótesis de responsabilidad civil, toda vez que es viable el constatar una afectación patrimonial —por ejemplo, al momento que el arquitecto cumpla con la elaboración de los planos—, pues esta es una utilidad con valor económico que, al egresar del patrimonio del deudor, produce una afectación en este patrimonio estrictamente equivalente a ese valor que egresa —lo que no debe ser confundido con la existencia de un probable valor que ingrese al mismo patrimonio producto de una contraprestación, que puede existir o no, pero que siempre se tratará de otra relación jurídica de contenido patrimonial, así sea correspectiva—.

Lo mismo sucederá en la etapa patológica o de incumplimiento del deber particular con contenido patrimonial, ya que, con la presencia del daño, que no se encuentra presente en la etapa fisiológica, se produce una transformación de la relación, pero que no deja de ser la misma relación pues el vínculo jurídico que constreñía al deudor a satisfacer el interés ajeno no se ha realizado, pudiendo mutar el propio interés, la prestación y la utilidad, pero en donde este último siempre tendrá un valor económico negociable, normalmente representado por el dinero que es, como bien ha señalado Hirschberg, el «común denominador del valor de todos los bienes y servicios» (1976, p. 3).

Una vez fijados los alcances del concepto de responsabilidad civil, es necesario abordar la problemática de las funciones a las que está llamada a cumplir este tipo específico de tutela patrimonial y, en forma particular, en el ámbito de la tutela resarcitoria, esto es, dentro del campo específico de la forma prevista por el ordenamiento jurídico de protección contra los daños injustamente sufridos.

Para tal fin, resultará importante diferenciar las funciones de la responsabilidad civil a nivel diádico, es decir, intersubjetivo o microeconómico, del nivel sistémico o macroeconómico, referido esto último a lo que un sistema de responsabilidad persigue obtener socialmente de acuerdo al modelo económico que se tome de referencia.

2. Las funciones diádicas de la responsabilidad civil

Una vez que se ha tomado partido por una determinada noción de responsabilidad civil, es necesario identificar las funciones que debe cumplir esta institución jurídica para poder comprender su relevancia a nivel práctico y su transcendencia dentro de nuestra sociedad.

La responsabilidad civil desde una perspectiva diádica o microeconómica cumple diferentes funciones, según nos encontremos ante la etapa fisiológica o patológica de una vinculación jurídica. Esta perspectiva, también denominada intersubjetiva, toma como puntos de referencia en la etapa patológica únicamente a la víctima y al responsable del daño. Sin embargo, como se verá más adelante, la perspectiva diádica no podrá estar divorciada de la perspectiva sistémica, pues la toma de una decisión, por ejemplo, de qué criterio de imputación aplicar en un caso concreto, tendrá efectos en la asignación de costes a nivel social.

Ahora bien, conforme lo visto en el apartado precedente, debe quedar claro que al ser posible que se presente la responsabilidad civil solamente en la etapa fisiológica de una relación jurídica con contenido patrimonial, entonces solo aquí podrá hablarse de ciertas funciones que pueda cumplir la responsabilidad civil. En cambio, en la etapa patológica de toda vinculación jurídica, en donde cabe predicar la existencia de una relación jurídica —sea como consecuencia del incumplimiento de un deber particular sin contenido patrimonial o de un deber particular de contenido patrimonial— siempre podrán identificarse otras funciones adicionales a las señaladas para la responsabilidad civil a nivel diádico.

Las funciones de la responsabilidad civil en la etapa fisiológica (o de cumplimiento) del deber particular de contenido patrimonial son las siguientes: función de equivalencia y función satisfactoria. A su turno, las funciones de la responsabilidad civil en la etapa patológica (o de incumplimiento generador de un daño) de un deber jurídico, de contenido o no patrimonial, son: función satisfactoria, función de equivalencia y función distributiva.

Centrémonos, en primer lugar, en la etapa fisiológica del deber particular de contenido patrimonial y veamos, a grandes rasgos, la forma como se configuran las funciones diádicas de la responsabilidad civil.

2.1. Etapa fisiológica

a) Función de equivalencia

Esta función tiene la importancia de explicar el fenómeno de la responsabilidad civil como parte del derecho civil patrimonial, pues a través de ella se explica la responsabilidad civil como un fenómeno económico, en tanto justifica la afectación patrimonial del sujeto titular de una situación jurídica pasiva. La responsabilidad civil, a través de esta función, explica la susceptibilidad de afectación o la afectación misma del patrimonio del titular de una situación jurídica de desventaja a través del sometimiento patrimonial o afectación de su patrimonio, que siempre es estrictamente equivalente al valor de la utilidad que tiene la capacidad de satisfacer o servir al interés de la contraparte. El valor de esta utilidad se refleja siempre en el patrimonio del llamado a responder en un valor equivalente.

b) Función satisfactoria

Permite evidenciar que, en el desarrollo de una relación jurídica de contenido patrimonial —una obligación, por ejemplo— se debe tender a la satisfacción del interés subjetivo de la contraparte, proveyéndole una utilidad (material o inmaterial) que tiene la cualidad de satisfacer el interés de esta, proporcionada en la obligación a través de la ejecución de la prestación a cargo del deudor. La función satisfactoria de la responsabilidad civil explica entonces en la etapa fisiológica de la relación jurídica patrimonial, la capacidad que tiene esa utilidad que egresa del patrimonio del titular de la situación jurídica de desventaja de satisfacer a la contraparte.

Si se entiende lo enunciado, se comprenderá que tanto la función satisfactoria como la función de equivalencia son dos funciones íntima y necesariamente vinculadas entre sí, como si fueran cara y sello de una misma moneda.

2.2. Etapa patológica

En segundo lugar, en la etapa patológica de una vinculación intersubjetiva —se trate del incumplimiento de una obligación o del incumplimiento de un deber desprovisto de contenido patrimonial, sea general o particular, tal como habíamos adelantado— se reproducen las mismas funciones que en la etapa fisiológica, pero irrumpe una adicional: la función distributiva. Expliquemos, de forma general, cada una de ellas.

a) Función satisfactoria

En la etapa patológica esta función adquiere particularidades debido a la irrupción del daño que afecta el interés subjetivo de la víctima. Es por esto que en esta etapa esta función cambia de denominación para llamarse «función resarcitoria», con lo que se apunta a garantizar el resarcimiento de un daño causado y, así, el interés lesionado de la víctima.

La función resarcitoria se debe plantear, entonces, como sinónimo de la función satisfactoria en la etapa patológica de una vinculación intersubjetiva y puede ser apreciada desde dos ópticas de aplicación distinta: por la forma en que la utilidad se ve afectada y por la naturaleza del ente afectado.

Con relación a la forma en que la utilidad se ve afectada, la función resarcitoria puede comportarse con una finalidad compensatoria, que da lugar al denominado «daño compensatorio», en donde la indemnización se presenta como una utilidad sustituta de aquella originalmente debida; o con una finalidad moratoria, que da lugar al denominado «daño moratorio», en donde la indemnización se presenta como una utilidad complementaria que acompaña a la utilidad originalmente debida, pues ambas tienen la cualidad de satisfacer el interés del titular de la situación jurídica de ventaja.

Con relación al ejemplo del arquitecto que es contratado para la elaboración de planos, se apreciará la función resarcitoria con una finalidad compensatoria si a quien encargó los planos ya no le interesa el cumplimiento de la obligación del arquitecto debido a su incumplimiento. En dicho caso el acreedor requerirá el pago de una indemnización, que tendrá una función compensatoria, y en donde podrá apreciarse cómo la responsabilidad civil representa, en el campo del derecho de las obligaciones, una verdadera modificación de la relación obligatoria: dada la naturaleza del daño (compensatorio) causado al acreedor, la obligación se transforma, por lo que mutan la prestación, la utilidad y el interés. Una obligación de hacer, que debía ser ejecutada con una prestación de servicio que le proveía al acreedor una utilidad material (planos), muta radicalmente, pues patológicamente se realizará a través de una prestación de dar, con el propósito de entregar otra utilidad, distinta a la originalmente debida (dinero, por ejemplo), pues está destinada a satisfacer un interés también diverso al originalmente pactado. Y, todo esto, sin embargo, no representará la afirmación de una «nueva y distinta» obligación, toda vez que el vínculo original que unía a acreedor y deudor permanece incólume e irrealizado: el deudor no ha cumplido con ejecutar aún el deber central al que se obligó que es satisfacer el interés ajeno (el del acreedor), aún cuando este haya mutado.

Distinto será el escenario si, verificado el incumplimiento del deudor en el mismo ejemplo del arquitecto, aún le interesa a quien encargó la realización de los planos que estos se realicen, por lo que entonces podrá solicitar el cumplimiento de la obligación originalmente pactada más una indemnización, la cual tendrá una finalidad moratoria destinada a resarcir los daños que el retraso le causa al acreedor por no recibir la utilidad originalmente pactada.

Con relación a la naturaleza del ente afectado, la función resarcitoria define sus contornos en consideración a si el daño afecta o no el patrimonio o la entidad psicosomática pura de un individuo. Si el interés lesionado es patrimonial entonces se va a producir un «daño patrimonial». Aquí la función resarcitoria cumple el objetivo de reestablecer el statu quo existente antes de la comisión del daño. La función resarcitoria va a cumplir en este caso la finalidad esencial de la reparación de daños, que busca la restauración de la situación de hecho existente antes del suceso dañoso, lo que se expresa a veces con la coloquial expresión de «borrar las huellas del daño».

Si se afecta al sujeto como entidad psicosomática entonces se producirá un «daño no patrimonial», que es independiente de si el daño, en algunos casos, trasciende a la faz de la productividad, por lo que produce consecuencias económicas valuables —por ejemplo, los gastos incurridos en un proceso de rehabilitación luego de una fractura sufrida—. En otros casos —la muerte de una persona, por ejemplo—, no existirán consecuencias económicas que puedan ser valuables, en cuyo caso la función resarcitoria cumplirá una finalidad exclusivamente aflictivo-consolatoria.

c) Función de equivalencia

En la etapa patológica esta función implica que con el pago de la indemnización se producirá una afectación patrimonial en el patrimonio del llamado a responder. Entonces, la función de equivalencia en la responsabilidad civil grafica la presencia de un valor económico negociable que egresa del patrimonio del sujeto titular de la situación jurídica subjetiva de desventaja, deudor de la indemnización.

Se repara en que el nombre de esta función grafica la afectación del patrimonio del sujeto llamado a responder, en un valor equivalente a la afectación del interés de la víctima, por lo que siempre el valor de la utilidad que egresa del patrimonio del responsable es equivalente al valor o estimación del daño sufrido por la víctima.

d) Función distributiva

Finalmente, se debe aludir a la última función que es propia de la responsabilidad civil en la etapa patológica de la vinculación intersubjetiva: la función distributiva.

Esta función tiene como finalidad explicar el traspaso del peso económico del daño de la víctima al responsable. La función distributiva permite trasladar el coste del daño de la víctima hacia el responsable, para lo cual se emplean los denominados «criterios de imputación».

Ese traspaso del peso económico del daño no puede ser arbitrario. Tiene que existir un «justificativo teórico» que permita dicho traspaso y ello es lo que se encuentra en los criterios de imputación, conocidos también como «factores atributivos de responsabilidad»: culpa, riesgo, garantía, equidad y abuso del derecho.

3. El modelo económico de la responsabilidad civil: civil law vs. common law

Luego de haber revisado las funciones diádicas de la responsabilidad civil, es momento de prestar atención a las funciones macroeconómicas o sistémicas de esta. Sin embargo, para ello, es necesario realizar una precisión previa respecto de la relación que existe entre un determinado modelo económico que se tome como referencia y la responsabilidad civil.

Los modelos económicos de las sociedades occidentales encuentran un origen ideológico común en los ideales de la Revolución francesa. Esta proclamó, como se recuerda, tres pilares fundamentales: libertad, igualdad y fraternidad (solidaridad), que se constituirán en el fundamento de la responsabilidad jurídica occidental.

Empero, a partir de este ideario, se han perfilado dos grandes sistemas jurídicos que se estructuran sobre dos modelos económicos que no son iguales: el modelo económico-liberal y el modelo solidarístico.

Así, el denominado sistema del civil law o de derecho continental reconoce su origen directo en la familia latina, concretamente en el Gran Imperio Romano, el cual, con el desarrollo de las sociedades occidentales, se complementará con el sistema germano, dando lugar a la denominada familia romano-germánica.

En el civil law, de los tres ideales antes mencionados se va a priorizar el de la solidaridad. Por este motivo, se dice que lo sistemas latinos son propiamente sistemas solidarísticos. En cambio, el sistema del common law desarrolla un mayor énfasis sobre la idea de libertad, por lo que entramos a un esquema donde, a partir de determinada época, el énfasis de la libertad pasa a ser su rasgo diferenciador respecto del civil law.

El sistema peruano de la responsabilidad civil, al igual que todos los sistemas occidentales, parte del modelo heredado del ideario de la Revolución francesa, el cual, en su origen, es común tanto para el sistema del civil law como para el common law. Este origen común se ve reflejado en un esquema en donde «la propiedad funciona de eje central, en torno al cual gravitan todos los demás institutos», por lo que, desde esta perspectiva histórica, «la responsabilidad civil viene entendida como un medio de protección de la propiedad» (Franzoni, 1993, pp. 39-40).

Hay que ser cautelosos en los extremos de los modelos económico-liberal y solidarístico. Si se cree, por ejemplo, en un sistema de libertad absoluta del individuo se corre el riesgo de despreocuparse de la distribución justa de la riqueza, lo que es atribuido a los países ultraliberales, en donde el extremo de estos sistemas da a luz a esquemas imperialistas. En cambio, la idea opuesta y extrema de un sistema aparentemente solidario puede terminar coactando completamente la libertad individual, lo que genera un concepto corporativista extremo como fue el caso del fascismo y el nazismo.

El entendimiento de la perspectiva económica de los diferentes sistemas jurídicos de referencia permite comprender, de una mejor manera, las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva sistémica, esto es, la trascendencia social de las decisiones de imponer la obligación de resarcir, en un sentido u otro.

Así las cosas, aquello que se realice a nivel individual, desde la perspectiva diádica o intersubjetiva, tiene que servir a la perspectiva sistémica o macroeconómica. Una solución equivocada a nivel diádico determinará una solución equivocada a nivel sistémico. La solución que se dé a nivel diádico tiene que producir un resultado eficiente a nivel sistémico de acuerdo a las actividades que se quieran proteger.

4. Las funciones sistémicas de la responsabilidad civil

Luego de haber mostrado la relación que existe entre el modelo económico que se tome de referencia y la responsabilidad civil, es momento de desarrollar las funciones sistémicas de esta.

En breve se podría indicar que son dos las funciones de la responsabilidad civil a nivel sistémico: la función de incentivación y desincentivación de actividades, y la función preventiva a nivel general.

1.1. La función de incentivación y desincentivación de actividades

Esta función tiene relación con el desarrollo tecnológico de determinada sociedad. En la era preindustrial los individuos convivían en las sociedades occidentales con riesgos aislados que las propias actividades individuales podían producir, como, por ejemplo, la caída de una maceta colgante de algún balcón sobre un transeúnte, el atropello por una carrosa jalada por caballos o ser mordido por un cerdo de la granja de un vecino, dada la no diferenciación, propiamente hablando, de zonas urbanas y rurales.

Los peligros que se presentan en la vida en sociedad son muy diferentes cuando irrumpe la era de la industrialización. En este escenario los riesgos se multiplican, pero es importante tener en cuenta que el avance tecnológico es paulatino, por lo que en la era de la industrialización hay un primera etapa de tecnología incipiente en donde todo aquel que desea desarrollar una actividad nueva afronta múltiples riesgos inherentes al desarrollo de esa actividad cuya tecnología no se domina todavía, por lo que la persona que desarrolle dicha actividad no va a tener incentivos para seguir mejorándola, haciéndola más segura y eficiente si es que se ve expuesto al pago de las indemnizaciones derivadas de los daños causados por dicha actividad. En un simple análisis de costo-beneficio, nadie invertiría en el desarrollo de una actividad, si es que todos sus recursos van a tener que ser dirigidos al pago de los daños que se generan en una actividad poco segura y respecto a la cual no se tiene control por la incipiente tecnología que se domina.

Socialmente hablando, si dejamos a un lado la perspectiva microeconómica o intersubjetiva, se prioriza la incentivación y desincentivación de actividades, como función primordial o principal de la responsabilidad civil, cuando con miras a obtener el desarrollo tecnológico de una actividad se decide no trasladar el coste económico del daño de la víctima al responsable.

El sistema de responsabilidad civil se dirige entonces a proteger actividades cuyo desarrollo es de interés de la sociedad, pues esta se beneficia; o a desincentivar ciertas actividades que sean contrarias al beneficio de la sociedad. Piénsese en la actividad de aeronáutica civil: jamás se habrían desarrollado los modernos aviones comerciales contemporáneos si desde un comienzo, con la tecnología existente a inicios del siglo XX, le hubiéramos dicho a los agentes económicos que tenían que afrontar todos los costes de los daños que se causaban en el desarrollo de esta actividad aeronáutica; no habrían existido incentivos para invertir en esta tecnología. Se protege al agente económico, por ejemplo, cuando se traslada el coste del daño basado solo en la culpa de dicho agente, pues esto no solo permite incentivar el desarrollo de una actividad que beneficia a la sociedad toda, sino que no ocasiona ningún efecto negativo en actividades de prevención ya que el ahorro de costes por parte del agente económico será dirigido en forma espontánea a mejorar la tecnología existente, lo que hace los productos más seguros, pues el propio agente económico no quiere perder su capital de trabajo.

1.2. La función de prevención general

Con ello se sirve también a la denominada función de prevención general de la responsabilidad civil, que es también una función esencial pues la sociedad desea minimizar las ocasiones de daño que se dan a nivel social. Para ello será importante inducir a los potenciales causantes de daños a que adopten medidas de prevención destinadas a evitar la posible renovación de conductas dañosas, lo que conlleva a que esta función sistémica esté íntimamente unida a una de prevención específica, que se materializa a nivel diádico a través de la función distributiva de la responsabilidad civil: es necesario que en cada relación intersubjetiva o diádica en particular, los sujetos internalicen el costo de la prevención de daños, lo que se materializará —como se verá en el capítulo referido a los criterios de imputación de la responsabilidad civil— a través del análisis de las capacidades de prevención de los sujetos.

El análisis económico del derecho señala al respecto que una de las diferencias esenciales que debe conducir a adoptar una regla de responsabilidad subjetiva o una regla de responsabilidad objetiva, radica en el análisis de las capacidades de prevención de los sujetos, conocida en el common law como la regla del cheapest cost avoider: debe responder el que estuvo en mejor posición de prever o impedir el daño al menor coste y no adoptó las medidas necesarias para evitarlo.

Así, cuando ambos sujetos de la relación de responsabilidad están en aptitud de poder adoptar medidas de prevención para evitar que el daño se produzca, se configuraría un supuesto de «prevención bilateral», en el cual la regla de la responsabilidad subjetiva (culpa) será la óptima para atribuir responsabilidad. No cabe invertir esta regla, pues siempre produciría una situación de ineficiencia en prevención.

En cambio, cuando uno solo de los sujetos de la relación de responsabilidad es el que está en mejor aptitud de poder adoptar medidas de prevención para evitar que el daño se produzca, se configuraría un supuesto de «prevención unilateral», en donde la regla de la responsabilidad objetiva sería la más eficiente para atribuir responsabilidad.

Empero, cuando se busca incentivar una actividad —como función esencial sistémica de la responsabilidad civil—, debe prestarse especial atención al grado de desarrollo que ha alcanzado esa actividad en una sociedad determinada, puesto que si no se ha alcanzado el grado de desarrollo tecnológico o científico deseado en la actividad que se desea incentivar, no siempre el sujeto que potencialmente está en aptitud de causar daños tiene la competencia tecnológica para reducir los incidentes causados por su actividad. Pero no debe dudarse que desearía tenerla, no solo para desarrollar más eficientemente su actividad, pues, a mayor tecnología, menores riesgos y mayores ganancias, sino por la simple razón egoísta de que no desea perder su capital de trabajo en un accidente.

En la actividad de transporte aéreo, por ejemplo, es obvio que desde las épocas de los hermanos Wright las prevenciones han sido siempre unilaterales, pues ayer, hoy y siempre, los pasajeros podrán hacer poco o nada para evitar que los aviones se caigan. Aquí cabe preguntarse: ¿por qué entonces la responsabilidad civil ha optado históricamente, en un inicio, por establecer a la culpa (responsabilidad subjetiva) como factor atributivo de responsabilidad, pese a tratarse de un caso evidente de prevención unilateral?

La respuesta es, sin embargo, obvia: porque de esta manera, se lograba la incentivación del desarrollo de esta actividad y la consecuente obtención de mejoras tecnológicas, sin que ello vaya necesariamente en desmedro de soluciones óptimas de prevención. Como hemos ya indicado, el transportista no desea que se caigan los aviones con los que realiza una actividad lucrativa y que representan su capital de trabajo, por lo que el «ahorro» que obtendrá al disminuir las ocasiones de reparación —cuando no se le pueda probar culpa, por ejemplo— lo invertirá en investigación y tecnología hasta alcanzar, cuando menos, un grado de desarrollo medianamente aceptable. Esto es aplicable a la realización de cualquier actividad humana.

Entonces, no se verifica ninguna situación de ineficiencia en prevención cuando las ocasiones de reparación disminuyen en beneficio del incremento de tecnología: lo que un productor o, en general, cualquier potencial causante de daños que realiza una actividad «ahorra» al pagar menos indemnizaciones—principalmente por la dificultad en la probanza de su culpa—, no determina que disminuya su nivel de prevención, pues invertirá en la tecnología necesaria para preservar o mejorar su capital de trabajo.

Obviamente, si ya se ha alcanzado un grado de desarrollo tecnológico aceptable, al aplicar la función sistémica de incentivación de actividades de la responsabilidad civil, utilizando la culpa aun en casos de prevención unilateral, la persistencia en la aplicación de esta situación límite, contraria a la regla del cheapest cost avoider, sí produciría una situación de ineficiencia en los niveles de prevención de quien está en mejor posición de prever los daños: en este caso, el «ahorro» en los costes indemnizatorios sí irían a parar a los bolsillos de los productores o de los potenciales causantes de daños.

De lo dicho se extrae una conclusión inevitable: invertir la regla del cheapest cost avoider en los casos de prevención unilateral, cuando se aplica la responsabilidad subjetiva —el criterio de la culpa—, solo producirá una situación de ineficiencia en el supuesto de existir ya un grado de desarrollo tecnológico socialmente aceptado.

Así las cosas, la responsabilidad civil estará al servicio de una función preventiva, cuando la decisión para trasladar el coste del daño de la víctima al responsable depende de un análisis de las capacidades de prevención de los sujetos involucrados en la comisión del daño, asignando responsabilidad al sujeto que, a pesar de estar en mejor posición de prevenir el daño, no lo hizo.

De este modo, se puede apreciar la relación que existe entre las funciones diádicas y sistémicas de la responsabilidad civil, ya que, al depender la imputación de esta de la verificación de las capacidades de prevención de los sujetos, vemos la vinculación existente entre la función distributiva a nivel diádico y las funciones sistémicas de prevención general y de incentivación o desincentivación de actividades.

4. Preguntas

¿Qué es la responsabilidad civil?¿Cuáles son los escenarios en los que se establece la responsabilidad civil?¿Cuál es la relación que existe entre el modelo económico y la responsabilidad civil?¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva microeconómica?¿Cuáles son las funciones de la responsabilidad civil desde una perspectiva macroeconómica?

Capítulo 2

La dualidad de los sistemasde Responsabilidad Civil

1. Descripción general de los sistemas de responsabilidad civil

Los sistemas de responsabilidad civil pueden ser definidos como el conjunto de reglas y principios que justifican la existencia de determinados tipos de resarcimiento bajo cánones diferenciados. Bajo esta noción, desde un plano teórico, es posible identificar una serie de posibles sistemas de responsabilidad civil. En primer lugar, existe un sistema de responsabilidad civil derivado del daño del incumplimiento de actos y negocios jurídicos unilaterales. Este escenario se puede ejemplificar con los daños generados por la persona que excede sus facultades en el marco de un negocio de apoderamiento.

En segundo lugar, existe otro sistema de responsabilidad al que se le denomina sistema de responsabilidad precontractual. Producida la tutela del íter negocial, este sistema no solo abarcaría el nacimiento y ejecución del negocio sino también la etapa previa de negociación o tratativas, dentro de la cual, por ejemplo, se pueden comprender los siguientes escenarios generadores de responsabilidad: a) el dolo incidental, b) la culpa in contrahendo, c) la ruptura injustificada de tratativas y d) la violación de deberes precontractuales de protección.

En tercer lugar, tenemos otro posible sistema de responsabilidad civil que se conoce con el nombre de responsabilidad poscontractual. En este sistema, pese a la culminación de un contrato, se encuadran los daños derivados del incumplimiento de aquellas obligaciones que quedan subsistentes al contrato, por ejemplo, las obligaciones de confidencialidad y las obligaciones de saneamiento.

En cuarto lugar, se encuentra el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones, también conocido como sistema de responsabilidad contractual; esto es, por los daños derivados del incumplimiento de una obligación técnicamente entendida.

Finalmente, podemos mencionar, en quinto lugar, el sistema de responsabilidad extracontractual, en el cual no preexiste ninguna obligación, por lo que abarca los daños derivados de la infracción al deber general de no causar daño a nadie: alterum non laedere.

A la luz de la descripción, somera, de esta variedad de sistemas de responsabilidad civil se debe indicar que, desde una perspectiva legislativa, el Código Civil peruano reconoce la existencia de dos sistemas de responsabilidad civil: el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones y el sistema de responsabilidad extracontractual.

Adviértase que no deben confundirse o superponerse dos órdenes diferentes de problemas. El hecho de que se haya afirmado que la responsabilidad civil se caracteriza por revestir una unidad ontológica conceptual como escenario de afectación patrimonial del titular de una situación jurídica de desventaja, no debe conllevar, de forma automática, a indicar la unidad de sistemas de responsabilidad.

Tal como se mostrará en el presente capítulo, existen fuertes argumentos para defender la existencia de una dualidad de sistemas de responsabilidad civil.

2. Diferencias tradicionales entre los sistemas de responsabilidad por inejecución de obligaciones y extracontractual

Cuando se trata de diferenciar los sistemas de responsabilidad por inejecución de obligaciones y el extracontractual se suele hacer alusión a dos criterios en particular:

Por un lado, se indica que en el régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones preexiste una obligación (deber particular con contenido patrimonial) que es el que se incumple, mientras que en la responsabilidad extracontractual lo que se contraviene es un deber general (el de no causar un daño a otro).

Por otro lado, se agrega que en el régimen de responsabilidad por inejecución de obligaciones se lesiona un interés particular (el creditorio), mientras que en la responsabilidad extracontractual se lesiona un interés general (la convivencia pacífica).

Sin embargo, estos criterios no parecen ser suficientes para poder diferenciar los sistemas de responsabilidad civil. Ello se comprueba si se presta atención a que, por ejemplo, en el ámbito del sistema de la responsabilidad extracontractual, el daño afecta también siempre a un interés particular y concreto, que es el de la víctima, y no a un interés general como se plantea. Que preexista a la obligación de resarcir un interés general a la convivencia pacífica, no enerva la constatación de que, verificado un daño, este afecta el interés concreto y específico de un sujeto: la víctima.

Asimismo, el reconocimiento de hipótesis tales como la tutela «aquiliana» del crédito muestran que el sistema de responsabilidad extracontractual puede entrar a tallar, inclusive, en escenarios en los cuales preexiste una relación jurídica obligatoria.

La tutela aquiliana del crédito en la Corte Suprema peruanaEl reconocimiento, indirecto, de la tutela aquiliana del crédito ha sido realizado en el VII Pleno Casatorio Civil en la Sentencia Casatoria 3671-2014-Lima, en los siguientes términos:VI.1. La protección extracontractual de los derechos reales y de crédito.A juicio de este Alto Tribunal, se impone la necesidad de rechazar el argumento tradicional que se fundamenta en la supuesta inexistencia de tutela erga omnes para el derecho de crédito. Se ha podido constatar que la doctrina contemporánea acepta esta clase de tutela.[…]La defensa que se ha hecho, en nuestro medio, en favor de la idea que considera que el crédito carece de tutela extracontractual, ha sido materia de crítica. Para empezar, no parece un argumento (suficiente y) convincente el hecho de que antes la tutela aquiliana no haya sido reconocida a nivel jurisprudencial en nuestro país. En todo caso, sirva esta ocasión para reconocer esta figura y actualizar nuestras tendencias jurisprudenciales, de acuerdo con los avances de la doctrina más actual.[…]Por último, no escapa al criterio de este Supremo Tribunal el hecho de que la opinión que ha negado la tutela aquiliana del crédito, ha terminado por aceptarla implícitamente. Como se recordará, esta opinión no puede evitar reconocer que todos los derechos subjetivos tienen una tutela resarcitoria, lo que resulta incompatible por completo con la tesis que defiende la distinción entre derechos absolutos y derechos relativos. Esta parte de la premisa según la cual los derechos relativos, por no poder ser opuestos a la generalidad de sujetos, no son materia de protección extracontractual. Por lo tanto, reconocer, de alguna forma al menos, que todos los derechos subjetivos tiene una tutela extracontractual, no significa otra cosa que admitir la vigencia de la figura de la tutela aquiliana del crédito.

Por ello, el fundamento de la diferencia entre estos dos sistemas de responsabilidad no puede encontrarse en los criterios antes indicados, sino en uno distinto: en el criterio de la previsibilidad, tal como se explicará en el siguiente apartado.

Sin embargo, no debe obviarse una serie de diferencias normativas, justificadas por las características propias del Código Civil peruano, que existen entre ambos sistemas de responsabilidad, lo cual hace necesario establecer criterios para identificar uno u otro sistema.

Dentro de las principales diferencias normativas podemos mencionar las siguientes:

1 El criterio de imputación en la responsabilidad por inejecución de obligaciones es básicamente subjetivo (art. 1321); en cambio, en la responsabilidad extracontractual es tanto subjetivo (art. 1969) como objetivo (art. 1970).

2 En la responsabilidad por inejecución de obligaciones se admite una graduación de la culpa (dolo, culpa grave y culpa leve; arts. 1318, 1319, 1320 y 1321), mientras que ello no es admisible en la responsabilidad extracontractual (art. 1969).

3 Los daños resarcibles, en la responsabilidad por inejecución de obligaciones, están regidos por el principio de previsibilidad (art. 1321); mientras que, por el contrario, en la responsabilidad extracontractual son resarcibles tanto los daños previsibles como los imprevisibles (art. 1985).

4 Se afirma que, en lo que respecta a las funciones diádicas de la responsabilidad civil, si bien en ambos sistemas se predica la función resarcitoria de la responsabilidad civil, en el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones se afirma también una función sancionatoria o punitiva, cuando se extiende la responsabilidad del llamado a responder, en caso su incumplimiento se haya debido a dolo o culpa grave, al resarcimiento de los daños imprevisibles (art. 1321), lo que configura un verdadero «daño punitivo», al no exceder del límite de los daños sufridos por la víctima, con lo que no se generaría ningún incentivo perverso.

5 En la responsabilidad por inejecución de obligaciones, la indemnización devenga intereses moratorios desde el momento de la intimación o constitución en mora, salvo pacto en contrario (art. 1333). En cambio, en la responsabilidad extracontractual, los intereses moratorios se devengan desde el momento de la comisión del daño (art. 1985).

6 El plazo de prescripción para la responsabilidad por inejecución de obligaciones es de diez años (art. 2001, inc. 1) y de dos años en la responsabilidad extracontractual (art. 2001, inc. 4).

En cuanto a similitudes, se afirma que, en ambos sistemas de responsabilidad, se configura una presunción de culpa —«culpa leve» en la responsabilidad por inejecución de obligaciones»—, aunque la presunción de culpa acogida en materia de responsabilidad extracontractual ha generado críticas muy fuertes y sólidas por aproximar la responsabilidad subjetiva hacia la responsabilidad objetiva.

Se ha afirmado también que en ambos sistemas se acoge, como teoría de causalidad, la teoría de la causalidad adecuada, en la que es errada la interpretación realizada por algunos que pretenden afirmar que en el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones se ha recogido la teoría de la «causa próxima» por el empleo del giro verbal «en cuanto sean consecuencia inmediata y directa» de la inejecución, basados aparentemente en una interpretación «literal» de la norma.

3. Diferencias entre la responsabilidad por inejecución de obligaciones y extracontractual. Propuesta

Desde la perspectiva que aquí se sostiene, el criterio para diferenciar la responsabilidad extracontractual de la responsabilidad por inejecución de obligaciones es la previsibilidad.

Con la finalidad de entender este criterio, es necesario precisar los alcances del tratamiento que tiene la causalidad y la imputabilidad en la responsabilidad por inejecución de obligaciones y en la responsabilidad extracontractual.

En particular, cabe resaltar que no compartimos la calificación que un sector de la doctrina del derecho continental asigna a la imputabilidad, denominándola «causalidad jurídica». Para nosotros, la verdadera causalidad es la que alude a la causalidad material —es decir, a la relación entre el acto generador y el daño como evento—, y no la denominada causalidad jurídica, que responde en realidad al juicio de imputabilidad que determina el alcance cuantitativo del daño resarcible.

Desde este punto de vista, se indica que los daños resarcibles, en el sistema de inejecución de obligaciones, están vinculados a un único criterio admitido: la culpa, de modo que va a depender de la gradualidad de la culpa —leve, grave y dolo— el alcance del resarcimiento.

Lo indicado se encuentra establecido en el artículo 1321 del Código Civil peruano, que establece lo siguiente:

Artículo 1321.- Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución.

Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída.

Tal como se puede apreciar, en materia de responsabilidad por inejecución de obligaciones, los daños resarcibles son, en forma general, los daños directos, inmediatos y previsibles, que serían el límite del resarcimiento del daño en sede contractual.

Los dos primeros, es decir, los daños directos e inmediatos, responden a la teoría de la causalidad material y el daño previsible responde más bien a un tema de imputabilidad (o causalidad jurídica), esto es, a la culpa, pero con la función específica de limitar los alcances de la causalidad material. De este modo, lo que establece el artículo 1321 es una limitación de responsabilidad en función a la culpa leve imputable al deudor.

Sin embargo, hay que tomar en consideración que, de acuerdo con el artículo 1329 del Código Civil peruano, se presume el incumplimiento por culpa leve a cargo del deudor: «Artículo 1329- Se presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor».

En consecuencia, solo cuando se pueda probar la culpa grave o el dolo, la extensión del resarcimiento alcanzará los daños imprevisibles, puesto que estos últimos dependen de la imputabilidad.

Llegados a este punto, es conveniente volver sobre el equívoco en el que se incurre al momento de sostener que en materia de responsabilidad contractual o por inejecución de obligaciones, se aplica la teoría de la causalidad material de la causa próxima.

Para poder comprender la verdadera teoría causal material aplicable a la responsabilidad por inejecución de obligaciones debemos definir los conceptos de daños directos e indirectos.

Un daño es directo cuando puede ser acreditado como consecuencia lógica y necesaria de determinado hecho que se ha producido a nivel fáctico. Por el contrario, un daño es indirecto, si no guarda una relación de causalidad entre el hecho generador y el daño, por lo que se le conoce también con el nombre de «daño eventual», el cual no es resarcible.

El problema surge cuando se tiene que esclarecer el concepto de «daño inmediato», para lo cual resulta indispensable realizar una lectura desde una perspectiva histórica.

La base del análisis histórico se encuentra en el artículo 1155 del Code Napoleón, el cual acoge la expresión del resarcimiento de los daños directos e inmediatos.

A la luz de dicho dispositivo, la doctrina francesa afirmaba que la extensión del resarcimiento debía tener en cuenta tres criterios fundamentales para la limitación de los daños resarcibles:

1 El criterio de la causalidad directa: entendiéndose que los daños resarcibles son siempre aquellos que son consecuencia lógica y necesaria del evento dañoso.

2 El criterio de la evitabilidad del daño a cargo del acreedor: que imponía un límite al resarcimiento de los daños derivados del incumplimiento de una obligación, sobre la base de los daños que pudo haber evitado el acreedor, estableciendo estos como no resarcibles.Estos dos criterios fueron acogidos y comprendidos en la fórmula expresiva «consecuencia directa e inmediata» que pudieran ser evitados por el acreedor. De este modo, el deudor responde solo por aquellos daños que se encuentran próximos a su esfera de dominio o de su actividad (daños inmediatos), puesto que aquellos daños que pueden ser evitados por el acreedor no pueden ser imputados al deudor.

3 El criterio de la previsibilidad: en lo que atañe al tema que estamos tratando, debe ser entendido como la posibilidad de anticipar eventos y consecuencias futuras, internalizando el coste del riesgo. Implica una evaluación ex ante de las posibles consecuencias dañosas del actuar, es decir prever las consecuencias posibles o probables de un daño si se siguiera un juicio de normal diligencia, por lo que entonces, y por ello, el deudor puede internalizar las consecuencias naturales de esos posibles o probables daños con relación a su circunstancia concreta.

No debe confundirse esta noción de «previsibilidad» con aquella otra acepción que interesa también a la responsabilidad civil en el campo —esta vez exclusivo de la imputabilidad— de la evaluación de las capacidades de prevención de los sujetos: como aptitud de control de riesgos a cargo de cada uno de los sujetos vinculados por la relación de responsabilidad.

Cabe recordar en este punto que el Código Civil peruano reconoce como antecedente normativo al Codice Civile italiano, el cual, en su artículo 1227, segundo párrafo, formuló en vía autónoma el límite del resarcimiento de los daños evitables por el acreedor con la diligencia ordinaria. En este escenario, la evitabilidad del daño por el acreedor, implicado en la noción de «daño inmediato», adquirió autonomía propia en la legislación italiana y recibió un tratamiento separado como un criterio de limitación de responsabilidad.

Tal autonomía legislativa también se encuentra recogida en el Código Civil peruano en el artículo 1327, que señala que «[e]l resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario».

Bajo esta perspectiva, bajo el Código Civil peruano, cuando se emplea la expresión «daño directo e inmediato», debe entenderse que los dos términos hacen alusión exclusivamente al daño directo. Por ello, cierto sector de la doctrina nacional incurre en error al afirmar que la expresión «daño inmediato» se refiere a la aplicación de la teoría de la causa próxima en materia de inejecución de obligaciones.

Así las cosas, la causalidad material en sede contractual no va a ser distinta a aquella causalidad reconocida en sede extracontractual, en lo que atañe a la causalidad material; es decir, los daños resarcibles van a abarcar todos los daños directos.

Todo lo previamente expuesto permite comprender con claridad que, en la opción del Código Civil peruano, a partir del reconocimiento legislativo de un criterio de imputación subjetivo y la teoría de la graduación de la culpa, se produce el reconocimiento de un elemento que es privatista de la responsabilidad contractual: la previsibilidad.

La previsibilidad en materia de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones implica, como límite a la causalidad material, como adelantábamos, la posibilidad de anticipar eventos y consecuencias futuras; y lo que hace el artículo 1321 del Código Civil peruano es acoger conjuntamente, en un solo precepto legal, los criterios de «causalidad directa» y el de «previsibilidad», donde el segundo limita la extensión del primero.

La previsibilidad está entonces vinculada al carácter específico y concreto del interés, evaluado en función a la economía global del contrato. Si los sujetos vinculados por la relación de obligación son los que están en mejor posición de prever todo aquello que pueda impedir el cumplimiento de esta, entonces cualquier daño debe limitarse a aquel que pudo preverse al tiempo de concertarse la obligación (art. 1321) y la responsabilidad no debe extenderse por los daños que el acreedor pudo evitar usando la diligencia debida (art. 1327).

En cambio, en la responsabilidad extracontractual, al no estar presente al momento del daño evento ninguna relación intersubjetiva en particular, no puede predicarse la posibilidad de prever eventos y consecuencias futuras, lo cual sería imposible en términos fácticos y económicos, predicándose entonces la imprevisibilidad como característica esencial de este tipo de responsabilidad.

En conclusión, debido a que la previsibilidad es, sin duda, el criterio de distinción entre ambos regímenes de responsabilidad, se puede afirmar que la internalización de costes en materia de responsabilidad contractual debe abarcar solo los daños directos, inmediatos y previsibles; y esto es independiente del criterio de imputabilidad que pueda haber asumido la codificación civil peruana.

Si bien la teoría de graduación de la culpa es un rezago del canonismo heredado de la doctrina del siglo XIX y, por ende, sobre ella reposa todavía la afirmación de una función sancionatoria de la responsabilidad civil en sede de inejecución de obligaciones, no debe olvidarse que, teóricamente hablando, es perfectamente admisible la tesis de la responsabilidad contractual objetiva por incumplimiento de una obligación que genere un daño al acreedor.

4. Alternativas de solución ante las zonas grises en la dualidad de sistemas de responsabilidad

En función del reconocimiento de una dualidad de sistemas de responsabilidad civil en la codificación peruana, existen ciertos supuestos en los cuales la calificación como un escenario de responsabilidad contractual o extracontractual no resulta del todo sencillo, constituyéndose las denominadas zonas grises de la responsabilidad civil.

Robo en estacionamiento: ¿responsabilidad contractual o extracontractual?La reportera Katya Cruz, periodista de Canal N, denunció haber sido víctima de un robo en el estacionamiento Los Portales ubicado en la cuadra 2 del Jirón Junín en el Cercado de Lima. La unidad móvil había sido estacionada en este lugar mientras el equipo periodístico realizaba su labor. Al regreso, Katya Cruz revisó su cartera y se sorprendió al no encontrar su celular. La reportera revisó su billetera y notó que le habían sustraído 200 soles. […] Al momento de reclamarle a los administradores del estacionamiento privado, estos argumentaron que no se hacen responsable de lo sucedido. El equipo periodístico de Canal N notó que una de las ventanas había sido forzada. Luego de cometer su fechoría, los ladrones dejaron el vehículo como si no hubiera ocurrido nada. Las cámaras de seguridad del lugar no alcanzaron a grabar el lugar donde había estacionado el carro (La República, https://larepublica.pe/sociedad/858740-equipo-de-canal-n-sufre-robo-en-estacionamiento-privado-video. Fecha de consulta: 29/7/2018).Negligencia médica: ¿responsabilidad contractual o extracontractual?Indignante. Una presunta negligencia médica se habría cometido en el Hospital Hipólito Unanue, en El Agustino. Un bebé de tres meses, de iniciales E.G.S.Q., fue llevado a dicho nosocomio para ser tratado de un mal respiratorio. Sin embargo, acabó con la mano izquierda quemada y ahora necesitará cirugía plástica e injerto de piel. ¿Qué pasó? Resulta que la vía que le colocaron en la vena de dicha mano se salió de su lugar. Esto hizo que la piel estuviera expuesta a dextrosa y electrolitos durante dos horas, sin que ninguna enfermera ni médico advirtiera el hecho, según lo confirmó el doctor Luis Miranda, director del hospital. El galeno señaló que se trata de una quemadura química, la que –tal como se vio en imágenes difundidas en redes sociales– generó ampollas, enrojecimiento de piel y llagas típicas de este tipo de lesiones. Descartó que se le vaya a amputar la mano y calificó el hecho como un evento adverso. «Nuestro comité de auditoría y de calidad está trabajando e investigando el caso», expresó. (Peru21, https://peru21.pe/lima/hospital-hipolito-unanue-queman-mano-bebe-nosocomio-406423. Fecha de consulta: 29/7/2018).

Frente a este tipo de supuestos se plantea una serie de alternativas para hacerles frente, los cuales se expondrán a continuación.

4.1. Opción

Bajo esta alternativa, se sostiene que las víctimas están en aptitud de escoger uno u otro sistema de responsabilidad civil frente a un tipo de daño.

Algunos autores defienden esta posición argumentando la tutela del interés lesionado, de modo que, si se lesiona un interés, se podría estar en aptitud de elegir el sistema más favorable; es decir, se otorgaría a la víctima un derecho potestativo para que decida en qué vía exigirá el resarcimiento.

Sobre el particular, se debe señalar que la opción no se encuentra reconocida por el ordenamiento peruano, en función de lo señalado por el artículo VII del Título Preliminar del Código Civil: «Los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda».

El reconocimiento, en el sistema jurídico peruano, del principio del iura novit curia impide que se pueda afirmar la existencia de un derecho de opción a la víctima.

4.2. Cúmulo

Bajo esta alternativa, se requiere que se esté frente a un mismo daño que genera una misma víctima, producida por un mismo causante. Sin embargo, se acumulan dos sistemas de responsabilidad que deben aplicarse simultáneamente.

Un ejemplo típico de cúmulo es el daño generado en una fábrica durante el suministro de combustible para la producción, que por una mala maniobra de los dependientes del deudor produce una chispa en la bocatoma de los tanques de almacenamiento de combustible que genera una explosión que afecta las instalaciones de la fábrica de propiedad del acreedor. En este escenario, se dice, se acumulan las responsabilidades tanto contractual como extracontractual.

El cúmulo, desde mi punto de vista, no puede ser admitido, sobre la base de la teoría de los deberes de protección en sede contractual, que son una manifestación del deber de diligencia del deudor entendido como el deber de control de riesgos, por lo que la responsabilidad contractual se presenta con una dimensión expansiva ante casos de responsabilidad extracontractual, pues es también deber del deudor velar por el respeto de la esfera jurídica ajena: tutelar a la persona y los bienes de la otra parte de la relación obligatoria.

4.3. Concurrencia

Finalmente, esta alternativa alude a la situación en la cual un solo hecho generador, que reconoce entonces un solo causante, puede producir dos tipos de víctimas distintas.

Por ejemplo, un accidente producido en el transporte de pasajeros: la víctima «A» sube a un bus, y, por lo tanto, tiene una relación contractual. Por el otro lado, tenemos a la víctima «B» que estaba esperando en el paradero. El bus, por intentar adelantar a otro vehículo, pierde el control y se estrella en un paradero, en donde la víctima «A» sale expelida del autobús, mientras que la víctima «B» que pretendía subir al mismo, es atropellado. Se dice entonces que los daños a la víctima «A» deberían ser tratados en sede contractual, mientras que los daños a la víctima «B», deberían ser encauzados bajo las reglas de la responsabilidad extracontractual.

5. Preguntas

¿Qué es un sistema de responsabilidad civil?¿Qué sistemas de responsabilidad civil se pueden identificar tanto a nivel doctrinario como a nivel legislativo en el ordenamiento peruano?¿Cuáles son las diferencias tradicionales entre la responsabilidad por inejecución de obligaciones y la responsabilidad extracontractual?¿En qué consiste el criterio que distingue el sistema de responsabilidad por inejecución de obligaciones y el sistema de responsabilidad extracontractual?¿Cuál es la teoría de causalidad material aplicable a la responsabilidad por inejecución de obligaciones?¿Cómo debe proceder el intérprete cuando existan problemas para determinar si el sistema aplicable es el de inejecución de obligaciones o el de responsabilidad extracontractual?

Capítulo 3

El método de análisis en la Responsabilidad Civil

1. Propuesta para la solución de casos de responsabilidad civil

Independientemente del sistema de responsabilidad civil que resulte aplicable, es necesario entender que existe un «método de análisis» para afrontar la solución a un problema de responsabilidad civil.

Bajo esta perspectiva se postula que este «método de análisis de la responsabilidad civil» viene caracterizado por ser un estudio retrospectivo (ex post facto) de los sucesos que dieron origen al daño.

Este método de análisis va a estar compuesto de dos etapas: el análisis material y el análisis de imputabilidad.

El objetivo del análisis material es encontrar al causante del daño. A su turno, el objetivo del análisis de imputabilidad es determinar al responsable del daño, es decir, quién debe asumir el coste económico del daño.

A continuación, describiremos de forma panorámica en qué consiste cada una de las etapas del método de análisis de la responsabilidad civil. Posteriormente, en los siguientes capítulos, desarrollaremos a detalle cada uno de los elementos necesarios que componen la responsabilidad civil.

1.1. El análisis material y el causante del daño

Tal como se ha indicado, el objetivo del análisis material de la responsabilidad civil es encontrar al causante del daño. Para realizar tal objetivo, en esta etapa del análisis se debe prestar atención al estudio de los siguientes elementos: el daño, el hecho generador y la relación de causalidad.

a) El daño

Dada la naturaleza retrospectiva del método de análisis, el daño es el primer elemento que se debe analizar, a pesar de que este no es el primer evento que se da en la realidad, ya que el daño es siempre, en el plano material, una consecuencia de un hecho que lo produce, es decir, de un hecho generador.

El daño debe contener cuatro requisitos para que sea resarcible. En primer lugar, el daño debe ser cierto (el requisito de la certeza del daño): la certeza del daño tiene que tener una certeza-fáctica (daño-evento) y una certeza lógica (daño-consecuencia).

En segundo lugar, el daño tiene que ser subsistente (el requisito de la subsistencia del daño): el daño no debe de haber sido reparado por alguna vía con anterioridad, pues en tal caso, la víctima carecería de interés para obrar (entendido en términos sustantivos).

En tercer lugar, el daño tiene que ser especial y concreto (el requisito de la especialidad del daño): el daño tiene que afectar un interés que pertenezca a un sujeto o que afecte a un ente colectivo, es decir, que tiene que constatarse la existencia de una víctima, sea esta diádica o sistémica.

Finalmente, el daño tiene que ser injusto (el requisito de la injusticia del daño), ya que solamente donde la víctima sufra un daño ilegítimo podrá ser tutelada con el resarcimiento. La injusticia del daño, además, regido bajo un criterio de atipicidad, es hoy el nuevo criterio de selección de los intereses merecedores de tutela y es el elemento que decide el otorgamiento de la tutela resarcitoria.

En sede de análisis del daño, como primer elemento a ser considerado en el método de análisis, se debe destacar que se presentan «situaciones límite» o «zonas de frontera», conocidas como supuestos de irresponsabilidad; es decir, situaciones expresamente tipificadas por el legislador en forma genérica en las cuales el daño producido no genera derecho de resarcimiento a la víctima.

Las situaciones de irresponsabilidad en el Código Civil peruano, también denominadas como situaciones de daño necesario o daño justificado, son las siguientes: (i) el ejercicio irregular de un derecho; (ii) la legítima defensa; y, (iii) el estado de necesidad.

b) El hecho generador

Cabe señalar dos precisiones. En primer lugar, el hecho generador no tiene ninguna connotación jurídica específica —como lo sería la ilicitud o la antijuridicidad— que condicione la procedencia de la responsabilidad civil. En segundo lugar, lo que será considerado como hecho generador es aquel evento fáctico al que causalmente pueda vincularse el daño causado a la víctima. Es pues un dato fáctico, pero indispensable para poder asignar el hecho material a un «causante», sin que ello signifique aún ninguna asignación de responsabilidad.

c) La relación de causalidad

Este elemento es el que va a permitir identificar el verdadero hecho generador del daño, dado que, al ser la vida una concatenación de hechos y circunstancias, nunca se presenta en la realidad un mero hecho aislado como interviniente en el fenómeno causal.

Por esto, se han desarrollado las denominadas «teorías causales», siendo las más representativas, las siguientes:

 Teorías totalizadoras, entre las cuales cabe mencionarse la teoría de la equivalencia de condiciones.

 Teorías individualizadoras, entre las cuales deben mencionarse la teoría de la causa eficiente, la teoría de la causa preponderante, la teoría de la causa próxima y la teoría de la causa adecuada.

Así como vinculado al daño encontrábamos escenarios en los cuales este no se configuraba —los daños justamente sufridos o situaciones de irresponsabilidad—, en el marco de la relación de causalidad se encuentran situaciones en las cuales se descubre que la relación de causalidad que aparentemente se había constituido, no lo fue en realidad.

Los eventos que permiten evidenciar que la aparente relación de causalidad no se llegó a configurar son: caso fortuito, fuerza mayor, hecho determinante de tercero y hecho de quien padece el daño («imprudencia» de la propia víctima); que algún sector de la doctrina nacional ha denominado «supuestos de fractura del nexo causal», pero que en verdad son supuestos de descubrimiento de la verdadera relación de causalidad subyacente y la destrucción de una apariencia de causalidad.

Cualesquiera de las cuatro hipótesis antes enunciadas son supuestos entonces de determinación de la verdadera causa del daño y pertenecen al análisis del tercer elemento de la responsabilidad civil: la relación causal o nexo de causalidad.

Después de este análisis ex post facto, podemos arribar a una primera gran conclusión, vinculando a una actividad humana la existencia del daño. Con estos tres elementos uno puede descubrir al autor material del daño, a quién se denominará «causante», pero no al que debe asumir su coste económico («responsable»).

1.2. El análisis de imputación y el responsable del daño

Luego de haber realizado el análisis material de la responsabilidad civil, se debe proceder a una segunda etapa, el estudio del análisis de imputación, lo cual nos permitirá encontrar al responsable del daño.

La esencia de la responsabilidad civil es trasladar el peso económico del daño, lo que se conoce como «el juicio de responsabilidad» y se verifica a través de los denominados criterios de imputación, lo cual permite identificar tres probables alternativas de distribución del daño.

En primer lugar, se presenta la responsabilidad por hecho propio, en la que el traslado del coste económico del daño se realiza hacia el causante del mismo, esto es, se da la coincidencia en un mismo sujeto de las calidades de causante y responsable del daño. A la responsabilidad por hecho propio se le denomina también «responsabilidad directa».

Un caso de responsabilidad civil del conductorpor accidente de tránsito: responsabilidadpor hecho propioDos personas murieron luego que un vehículo cayera tras despistarse desde un acantilado de la Costa Verde, en la zona de Magdalena. El vehículo, marca Kia de placa AWR-641, cayó por un barranco de más de 50 metros, dejando, además, otras cuatro personas heridas. El hecho ocurrió a la altura de la bajada Sucre en Magdalena. En la parte superior se pueden ver la marcar de las frenadas en la pista. Según el chofer de un vehículo que pasaba por la zona, el auto accidentado iba a excesiva velocidad. (El Comercio, https://elcomercio.pe/lima/accidentes/costa-verde-auto-desbarranco-dejo-dos-muertos-magdalena-noticia-529840. Fecha de consulta: 30/7/2018).

En segundo lugar, se presenta la responsabilidad por hecho ajeno, en donde el traslado del coste económico del daño se realiza a una esfera ajena diferente de la del causante del daño, es decir, a otro sujeto distinto de este. La responsabilidad que surge es denominada también «responsabilidad indirecta».

Un caso de responsabilidad civil de entes tutelares por los daños causados por los hijos: responsabilidad por hecho ajenoJosé Cotrina Larrea contó a América Televisión que su menor hijo, internado en el Hospital del Empleado, se encuentra deprimido luego de perder un ojo durante un brusco juego con sus compañeros de aula en el colegio.El menor de iniciales B.C.I., estudiante del 1er. Grado de secundaria del Colegio Manuel Scorza, en Chorrillos, sufrió la lesión luego de que un compañero apellidado Díaz empujó la puerta del salón contra su rostro, según América Televisión; el vidrio de sus anteojos se rompió ante el fuerte impacto y se incrustó en uno de sus ojos, lo cual acabó con su globo ocular.Cotrina Larrea contó al noticiero «Primera Edición» que, tras el accidente, la dirección del colegio no se ha comunicado con su familia, a fin de apoyar en la recuperación del muchacho. El accidente se habría dado durante un cambio de hora, por lo que no hubo supervisión de un profesor en ese momento.El padre del menor afectado indicó que en la comisaría de la jurisdicción le informaron que la suya no era la primera denuncia sobre agresiones o accidentes en el centro de estudios. En otro informe del referido noticiero, un profesor del colegio muestra las deterioradas instalaciones, según él, a raíz de los juegos del alumnado. (El Comercio, http://archivo.elcomercio.pe/sociedad/lima/menor-perdio-ojo-durante-juego-brusco-su-colegio-chorrillos-noticia-666442

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