EDICIONES UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vicerrectoría de Comunicaciones

Alameda 390, Santiago de Chile

editorialedicionesuc@uc.cl www.ediciones.uc.cl

MANUAL DE ATENCIÓN DE FAMILIAS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

Editoras: Angelina Dois Castellón, Luz Montero Ossandón

© Inscripción Nº 220.933

Derechos reservados

Septiembre 2012

ISBN edición impresa 978-956-14-1292-7

ISBN edición digital 978-956-14-2573-6

Primera edición en Chile

Diagramación: Marcela Bustamante Salgado

Diseño de portada: Macarena Contreras Dois

Diagramación digital: ebooks Patagonia

info@ebookspatagonia.com

www.ebookspatagonia.com

Imagen de portada: “El árbol de la vida” (1909), Gustav Klimt

CIP-Pontificia Universidad Católica de Chile

Manual de Atención de Familias para Profesionales de la Salud

Editoras: Angelina María Dois Castellón, Luz Eugenia Montero Ossandón;

[autores Astrid Brunner Halpern… et al.]

1. Familia - Salud e higiene.

2. Medicina familiar.

I. Montero Ossandón, Luz Eugenia, ed.

II. Dois C., Angelina M., ed.

III. Brunner Halpern, Astrid.

2012 362.82+DDC22 RCAA2

Editoras

Angelina Dois Castellón

Luz Montero Ossandón

AUTORES

ASTRID BRUNNER HALPERN

• Enfermera-matrona

• Postítulo en administración de empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile

• Directora Red de Centros de Salud Familiar UC (Red Áncora UC)

AIXA CONTRERAS MEJÍAS

• Enfermera-matrona

• Magíster en psicología social comunitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Profesor asociado Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile

CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO

• Abogada

• Doctora en derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España

• Profesor asociado Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile

DIEGO GARCÍA-HUIDOBRO MUNITA

• Médico familiar

• Profesor asistente Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

PAULA CERDA ESPINOZA

• Trabajadora social

• CESFAM Juan Pablo II

• Pontificia Universidad Católica de Chile

ANGELINA DOIS CASTELLÓN

• Enfermera-matrona, Terapeuta familiar

• Magíster en psicología de la salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Profesor asociado Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile

DANIELA FUENTES OLAVARRÍA

• Enfermera-matrona

• Especialista en estudios de la familia de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Profesor asistente Escuela de Enfermería, Pontificia Universidad Católica de Chile

CARMEN GLORIA HIDALGO CARMONA

• Psicóloga clínica

• Magíster en salud pública de la Universidad de Chile

• Profesor titular Escuela de Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile

JAVIERA LENIZ MARTELLI

• Médico familiar

• Magíster en epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Instructor adjunto Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

LUZ EUGENIA MONTERO OSSANDÓN

• Médico familiar

• Profesor asistente Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

PAMELA ROJAS GONZÁLEZ

• Médico familiar

• Magíster en ciencias de la familia de la Universidad de Málaga, España

• Profesor asistente Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

MARÍA OLGA SOLAR SILVA

• Asistente social, terapeuta y mediadora familiar

• Magíster en trabajo social de la Catholic University of America, Estados Unidos

• Profesor titular Escuela de Trabajo Social, Pontificia Universidad Católica de Chile

ÁLVARO TÉLLEZ TÉLLEZ

• Médico pediatra

• Magíster en salud pública de la Universidad de Chile

• Profesor asociado Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

JOAQUÍN MONTERO LABBÉ

• Médico internista

• Magíster en salud pública de la Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos

• Profesor titular Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

KLAUS PÜSCHEL ILLANES

• Médico familiar

• Magíster en Salud Pública Universidad de Washington, EE.UU.

• Profesor asociado Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

MARÍA PAULINA ROJAS VILLAR

• Médico familiar

• Profesor asociado adjunto Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de Chile

GABRIELA SOTO PIMENTEL

• Psicóloga clínica

• Magíster en psicología clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile

• Departamento de Medicina Familiar, Pontificia Universidad Católica de Chile

Índice de contenidos

Introducción

Capítulo 1 Conceptos generales de familia ANGELINA DOIS CASTELLÓN

Capítulo 2 Legislación y familia CARMEN DOMÍNGUEZ HIDALGO

Capítulo 3 La familia desde la perspectiva sistémica DANIELA FUENTES OLAVARRÍA

Capítulo 4 Teoría evolutiva de la familia: ciclo vital familiar LUZ EUGENIA MONTERO OSSANDÓN

Capítulo 5 Teoría estructural del funcionamiento familiar PAMELA ROJAS GONZÁLEZ

Capítulo 6 Teoría interaccional del funcionamiento familiar CARMEN GLORIA HIDALGO CARMONA

Capítulo 7 Evaluación del funcionamiento familiar I: Genograma y APGAR Familiar LUZ EUGENIA MONTERO OSSANDÓN

Capítulo 8 Evaluación del funcionamiento familiar II: La familia en contexto, conceptualización ecológica e instrumentos de evaluación M. OLGA SOLAR SILVA

Capítulo 9 Diagnóstico de salud de la familia y plan de cuidado familiar ANGELINA DOIS CASTELLÓN

Capítulo 10 Intervenciones familiares efectivas en atención primaria JAVIERA LENIZ MARTELLI, DIEGO GARCÍA-HUIDOBRO MUNITA

Capítulo 11 El impacto de la enfermedad en la familia AIXA CONTRERAS MEJÍAS

Capítulo 12 Modelo de atención en salud familiar: principios, fundamentos e implementación KLAUS PÜSCHEL ILLANES, GABRIELA SOTO PIMENTEL, PAULA CERDA ESPINOZA, PAULINA ROJAS VILLAR

Capítulo 13 Proyecto ÁNCORA UC: Un modelo de atención de salud integral con enfoque familiar y comunitario JOAQUÍN MONTERO LABBÉ, ÁLVARO TÉLLEZ TÉLLEZ, ASTRID BRUNNER HALPERN

Anexo 1 Caso clínico: la familia de Tatiana y Álvaro LUZ MONTERO OSSANDÓN, ANGELINA DOIS CASTELLÓN

Introducción

Este Manual de Atención de Familias nace desde la experiencia.

En primer lugar surge de nuestra experiencia como docentes enseñando a estudiantes de pregrado, post grado y a profesionales de la salud acerca de familia. Reconocemos especialmente el aporte del curso “Introducción al Enfoque Sistémico de la Familia”, que dictamos como parte del Diplomado de Atención Primaria y Salud Familiar, el cual es realizado en conjunto por las Escuelas de Enfermería y Medicina y está dirigido a profesionales de la atención primaria de salud, que se dicta desde el año 2002. En este curso comprobamos la falta de textos relacionados con la atención de familias, ajustados a la realidad chilena de hoy. Esto nos llevó a escribir un primer texto bastante rudimentario pero que, a la larga, sería el germen de lo que es este Manual hoy.

En segundo lugar, emerge desde nuestra experiencia como profesionales de la salud atendiendo familias en distintos contextos. Entre ellos, en centros de salud familiar pertenecientes a la red de atención primaria comunal, en centros de atención del nivel secundario y terciario y, en centros de atención de la Red de Salud UC, en especial en los CESFAM de la Red Áncora UC. En todos ellos hemos tenido la oportunidad de trabajar con familias sanas y con familias en dificultades y cuya experiencia también queremos compartir.

Por último, pero no menos importante, nuestras propias experiencias de ser, hacer y vivir en familia, tanto en nuestras familias de origen, como en las familias que hemos construido.

Queremos agradecer el apoyo otorgado por la Vicerrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del Fondo de Desarrollo de la Docencia, a nuestras respectivas escuelas, la Escuela de Enfermería y el Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina, a todos los autores y co-autores que generosamente han contribuido a crear este Manual, a la gestión realizada por el Centro UC de la Familia y a nuestras propias familias, que con paciencia nos han apoyado en esta labor.

Las Editoras

Capítulo 1

CONCEPTOS GENERALES DE FAMILIA

Angelina Dois Castellón

INTRODUCCIÓN

La familia es el grupo humano primario más importante en la vida de las personas y la institución más estable de la historia de las sociedades. Las personas nacen en el seno de una familia y luego se desarrollan para ser ellas mismas quienes creen nuevas formas de hacer familia. Por lo tanto, éste sigue siendo un tema vigente en la actualidad. Existe consenso sobre su importancia para las personas y las distintas sociedades. Sin embargo, a pesar de esta certeza, se convive con la ambigüedad de distintas concepciones acerca de ella, lo que dificulta su conceptualización, “si bien siempre han existido madres, padres e hijos biológicos, el sentido social sobre ellos (….) ha cambiado radicalmente a través del tiempo y ha diferido entre las distintas sociedades y clases sociales” (Ramos, 1995 en Hamel, 2006).

En este capítulo se revisará el concepto de familia, la evolución histórica de la familia a través del tiempo, sus funciones básicas y las características demográficas de la familia chilena actual.

LA FAMILIA

Familia es un concepto amplio que da cuenta de diversas construcciones sociales. Sus distintas definiciones apuntan a describir sus elementos centrales como un núcleo social formado por personas vinculadas de distinta manera y que cumplen funciones determinadas. Es así que para la Organización Mundial de la Salud (s/f citado en Organización Mundial de la Salud [OMS], 2003), la familia es considerada como aquella formada por los miembros de un hogar, emparentados entre sí, hasta un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. El grado de parentesco utilizado para determinar los límites de la familia dependerá de los usos a los que se destinen los datos y, por lo tanto, no puede definirse con precisión en escala mundial.

El Papa Juan Pablo II (1981) definió a la familia como una íntima comunidad conyugal, de vida y amor que se establece sobre la alianza de los cónyuges, es decir, sobre su consentimiento personal e irrevocable. El principio interior, la fuerza permanente y la meta última de tal cometido es el amor: así como sin el amor la familia no es una comunidad de personas, así también sin el amor la familia no puede vivir, crecer y perfeccionarse (Concilio Vaticano, 2001).

En Chile, la Constitución Política de 1980 (Chile, 1980) la define como el núcleo fundamental de la sociedad, a la vez que la doctrina la ha definido como “el conjunto de personas unidas por vínculo de matrimonio, parentesco o adopción” y como “aquella comunidad iniciada o basada en la unión permanente de un hombre y una mujer destinada a la realización de actos humanos propios de la generación, integrada por personas que conviven bajo la autoridad directiva o las atribuciones de poder concedidas a una o más de ellas, adjuntan los esfuerzos para lograr el sustento propio y el desarrollo económico del grupo y se hallan unidas por un afecto natural derivado de la relación de pareja o del parentesco de sangre, el que induce a ayudarse y auxiliarse mutuamente” (Corral, 1994 pp:11). Otras definiciones también distinguen a la familia como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables, y como el resultado de una experiencia y alianza de géneros (Comisión Nacional de la Familia, 1992).

Desde una aproximación social, la familia es descrita por Arriagada (1998) como una instancia de mediación entre el individuo y la sociedad y como nexo entre los cambios macroeconómicos y microeconómicos. Es así que para el Estado, la familia cumple un rol de institución mediadora en las iniciativas vinculadas con la promoción de la equidad, con la garantía de los derechos humanos básicos y con la integración de los individuos en redes sociales y comunitarias y es, además, el ámbito social donde los individuos toman decisiones importantes sobre su vida, su trabajo y otras acciones que inciden en su bienestar.

Otras definiciones rescatan los elementos relativos a la experiencia intergeneracional que propone la familia, donde cada ser humano nace en presencia de, al menos, otra persona y desarrolla relaciones de colaboración que le permitirán su sobrevivencia, estableciéndose así una relación que durará varios años.

En general, todos los autores concuerdan con que la familia es el núcleo primario de pertenencia de las personas. Sin embargo, su concepción está ligada a distintos procesos históricos y sociales de transformación lo que dificulta la construcción de una única definición conceptual.

Al remontarse a sus orígenes, la familia, como se la conoce hoy, evoluciona a partir de las familias tradicionales o pre-modernas que estaban ligadas básicamente a la vida campesina. Dentro de sus principales características, la dimensión económica se destacaba como la más importante, en este sentido, el matrimonio se vivía como una realidad contractual por sobre los aspectos afectivos o emocionales. La división del trabajo estaba claramente delimitada, la mujer se subordinada a su marido y se mantenía un estrecho vínculo con la comunidad que se encargaba de regular y supervisar las relaciones familiares, tanto maritales como parentales. Además, estas familias tenían un gran número de hijos y convivían con distintos parientes, por lo que en algunas ocasiones se las ha definido como familia-clan. Los integrantes de las familias estaban estrechamente unidos, se trabajaba en familia, en propiedades familiares, para producir y consumir bienes familiares. Este tipo de familias básicamente era concebida como una institución social (Burgos, 2004).

Dentro de las familias tradicionales existían también las familias aristocráticas, que tenían como tarea central la preservación del linaje familiar, por lo que el matrimonio era visto como una decisión política de máxima relevancia. El amor y la sexualidad se desarrollaban en la llamada poligamia serial, según la cual se establecían relaciones sexuales con personas de diversas clases sociales tales como aristócratas, sirvientes y concubinas (Ramos, 1995 en Hamel, 2006). Las mujeres tenían como principal rol la mantención y organización de la vida social y la administración del hogar, en cambio, el cuidado de los niños estaba a cargo de la servidumbre.

Los procesos de industrialización de la sociedad dieron paso a la transformación de la familia tradicional. El trabajo en las industrias produjo la separación de los espacios familiares de los laborales, además de la ocurrencia de fenómenos de migración de las familias en busca de los grandes centros productores con el consecuente desarraigo social. Los espacios se redujeron y las familias disminuyeron el número de hijos, observándose también cambios en las relaciones que establecían sus integrantes. Por primera vez, se asoció el matrimonio al amor como requisito para concretar la unión conyugal. La familia nuclear o moderna queda compuesta entonces por los padres y sus hijos, con la participación excepcional de otro pariente. Las relaciones entre sus integrantes cambian y se hace una clara separación de los roles. El padre es el encargado del trabajo y la vida pública, en cambio la madre asume el cuidado afectivo y doméstico (Burgos, 2004).

En Chile, los procesos de modernización a nivel mundial se vieron reflejados en un ordenamiento de las políticas sociales que protegían a las familias, en especial en las áreas de educación, vivienda y legislación que promovían la constitución de la familia a partir del matrimonio, lo que se conoce como institucionalización de la familia, y que llevó asociado el concepto de “ideal de salario familiar” que colocaba al hombre en el rol de la jefatura del hogar y a la mujer relegada al espacio doméstico (Gutiérrez y Osorio, 2008).

Los cambios políticos y sociales que vivió el país durante la segunda mitad del siglo XX obligaron a las familias a realizar cambios profundos en su funcionamiento para adaptarse a las exigencias de la vida moderna. La incorporación de la mujer al mercado laboral, el envejecimiento de la población, el aumento de los años de escolarización y el marco jurídico que regula las relaciones familiares y que legitima a todos los hijos impacta profundamente en la familia chilena y obliga a la redefinición de roles y funciones al interior de ella.

Otro fenómeno que puede observarse unido a las transformaciones antes descritas, se relaciona con el proceso de desinstitucionalización familiar que se expresa a partir de la ampliación de los tipos de unión de las parejas y que evidencia la separación entre la constitución de la familia y las formas jurídicas del matrimonio (Gutiérrez y Osorio, 2008).

Esta realidad ha llevado a buscar alternativas a la definición de familia dando paso al concepto de formas familiares, para dar espacio a todas las posibles modalidades de unión (Burgos 2004).

La noción de forma familiar se desprende del concepto de familia occidental que considera un vínculo monogámico entre personas de sexo diferente, generador de un grupo familiar y reconocido por el Derecho como fuente de derechos y obligaciones (Navarro-Valls, 1995, citado en Burgos, 2004) y pretende representar las estructuras de tipo familiar que no pueden identificarse totalmente con el concepto clásico de familia, pero que no se alejan completamente de él (Burgos, 2004). Un ejemplo de esto son las uniones de hecho, que si bien supone la unión de un hombre y una mujer y los hijos de esta unión, carece del reconocimiento legal de la misma, lo que les confiere inestabilidad jurídica. Otra forma familiar la constituyen las familias monoparentales, sea cual fuere su origen (divorcio/separación, viudez, madre/ padre soltero), que se caracterizan por la ausencia de uno de sus progenitores y las consecuencias asociadas a ello y, por último, las familias reconstituidas, en las cuales se complejiza el sistema de parentesco incluyendo no sólo lazos de consanguinidad y alianza sino, además, de paternidad y maternidad social (Valdés, 2007). La presencia de varios “padres”, “madres” y “hermanos” se ha asociado a dificultades en la identidad familiar y a inestabilidad en las relaciones (Burgos, 2004).

En Chile, al igual que en el resto del mundo, los cambios sociales y estructurales que ha vivido la familia y las diferencias culturales y económicas de las que son objeto, no permiten construir una única definición de familia, lo que da cuenta del proceso de transformación constante que no admite referirse a ella como a una estructura inmutable, sino más bien a un conjunto de formas de estructurar la vida entre personas.

Aún así, la experiencia de familia sigue siendo universal, un ideal de vida y un valor esencial para las personas (Herrera, 2006; Burgos, 2004; Jadue, 2003; Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2002).

LAS FUNCIONES DE LA FAMILIA

La familia humana es una realidad compleja que opera dentro de contextos sociales específicos y cambiantes que la obligan a vivir procesos de permanente adaptación de modo tal de mantener su continuidad y fomentar el crecimiento psico-social de cada uno de sus integrantes.

En ese sentido, se considera que la familia es un sistema integrativo que cumple funciones esenciales para el desarrollo de la persona y para la supervivencia y estabilidad de la sociedad. Se configura como sustento emocional para el desarrollo de los hijos, otorga estabilidad para los adultos y es fuente de apoyo social para todos sus integrantes (Servicio Nacional de la Mujer [SERNAM], 1994 citado en Muñoz & Reyes, 1997).

La familia como institución es capaz de aglutinar y ejecutar al mismo tiempo distintas funciones, lo que le ha valido ser vista como una institución que economiza muchos medios y recursos y que, a la vez, hace mucho con pocos recursos, lo que la hace insustituible (Montoro, 2004).

Las funciones familiares se modifican según el contexto y la cultura. Sin embargo, a modo didáctico, se pueden agrupar en:

1. Satisfacción de las necesidades biológicas tendientes a la reproducción y a regular la conducta sexual de sus integrantes dentro y fuera del grupo social al que pertenece. Satisface también necesidades relacionadas con la crianza y cuidado de los hijos y asistencia y cuidado de los miembros más débiles de la sociedad (Montoro, 2004; Hidalgo & Carrasco, 1999).

2. Satisfacción de necesidades psicológicas, lo que produce una matriz de experiencias afectivas y vinculares que van generando la pertenencia sobre la cual se desarrolla la identidad personal. Según Parson (1974, citado en Burgos, 2004), a través del matrimonio, además, contribuye a la estabilización de la personalidad de los adultos al constituirse en el centro de su vida afectiva. Estas relaciones afectivas y de intimidad son la característica más notable de la familia, que actúa como reguladora y canalizadora de los afectos y sentimientos de sus integrantes y, por otro lado, permiten el establecimiento de responsabilidades recíprocas entre sus miembros a partir de las cuales se construye la identidad de la familia y la posiciona como una totalidad distinguible y única (Montoro, 2004; Martínez, 2001; Hidalgo & Carrasco, 1999).

3. Funciones de socialización a través de un proceso gradual que le va a permitir al niño entrar en contacto con la sociedad y sus distintos grupos sociales. Siendo la familia la principal trasmisora de la cultura, cumple funciones de socialización primaria con los niños al enseñarles a comportarse en la sociedad de acuerdo a los cánones que ésta espera y al transmitirles creencias, valores y normas sociales primordiales (Hidalgo & Carrasco, 1999; Martínez, 2001; Montoro, 2004). La especificidad de la influencia familiar en la educación del niño se caracteriza por su duración y continuidad sobre una base afectivo motivacional muy fuerte. La familia también cumple funciones en la socialización secundaria de los adolescentes y adultos influyendo en la forma en que el individuo se inserta en la sociedad y en el mundo laboral (Burgos, 2004). Por otro lado, durante el proceso de socialización, la familia cumple con tareas relativas a la formación de género y transmite la representación cultural que cada sociedad o grupo le asigna a la condición femenina o masculina (Quintero, 2006) con lo que favorece la adquisición de un patrón psicosexual adecuado que permite al individuo identificarse con los de su propio sexo y diferenciarse de los del otro, favoreciéndose así una adaptación integral al medio (Martínez, 2001).

4. Funciones económicas, dado que la familia ordena los comportamientos económicos básicos y más elementales como, por ejemplo, la alimentación y la provisión de servicios básicos y se constituye como un sistema productor y comprador de servicios y bienes para lograr la supervivencia de sus miembros (Montoro, 2004; Hidalgo & Carrasco, 1999). Esta función abarca las actividades relacionadas con el trabajo de sus integrantes, el presupuesto familiar en relación a los ingresos y el cumplimiento de tareas domésticas y el consumo regulado de los bienes y recursos (Reca, 1996).

5. Función mediadora con las distintas estructuras sociales, ya que relaciona a sus integrantes con otras unidades del sistema social. A través de los roles familiares y adjudicación de un determinado estatus, la familia puede ser considerada como una plataforma para las acciones en otras esferas sociales (Hidalgo & Carrasco, 1999).

LA FAMILIA EN CHILE DESDE UNA PERSPECTIVA EPIDEMIOLÓGICA

En Chile, según las estimaciones del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda 2012, existía una población de 16.572.475 personas que incluían un total de 5.729.977 hogares, cifra que representa un 30.2% más que en 2002. Alrededor del 66% de estos hogares se distribuían en las regiones Metropolitana, V, VIII y X. De los datos del XVII Censo Nacional 2002, se puede afirmar que el 83.5% de las personas vivía en familia, situación que se mantuvo sin variación respecto de los inicios de la década de los ochenta (Instituto Nacional de Estadísticas [INE], 2003).

En Chile, las familias nucleares¹ siguen siendo una realidad mayoritaria y una aspiración cultural ya que simbolizan la posibilidad de acceder a una vivienda independiente. Este tipo de familia significa, además, menos conflictos con los parientes, la posibilidad de desarrollar estilos de vida propios, mayor intimidad en la pareja y autonomía de los padres en la crianza de sus hijos. Pero implica una mayor carga para la pareja responsable del hogar y el peligro de mayor soledad para la pareja y los hijos en el caso de viudez o separación conyugal.

Por otro lado, si bien la familia extendida involucra la convivencia con otros parientes y, por lo mismo, relaciones familiares más complejas, significa un gran apoyo en compañía y cuidado, especialmente para los menores, enfermos y ancianos. Compartir vivienda y hogar es una expresión de solidaridad que ayuda a la sobrevivencia de todos los miembros del hogar. En 1992, el 15.8% de las familias incluía algún nieto del jefe de hogar, el 8.3% algún hijo casado o separado, 7.8% algún yerno o nuera, 5.5% a padres o suegros y 8.8% a otros parientes. En la actualidad, el 71.8% de las familias extensas corresponde a familias compuestas por hijos allegados a sus padres (Ministerio de Planificación Nacional [MIDEPLAN], 2006).

TABLA 1. ESTRUCTURA FAMILIAR (CASEN, 2006)

Estructura familiar | 1990 (%) | 2003(%) | 2006(%)
Nuclear | 83.3 | 81.8 | 80.7
Extensa | 16.7 | 18.2 | 19.3

La estructura familiar predominante en el año 2002 era la nuclear con hijos: 47.8% (1992: 50.2%), pero coexistía con otras formas de familia como, por ejemplo, los hogares biparentales sin hijos y los hogares monoparentales entre otros. Según la Encuesta CASEN (2006), la familia nuclear biparental con hijos representaba el 61.2% del total de familias chilenas. Las familias monoparetales representan al 25.6% y los hogares unipersonales al 13.2% del universo, lo que refleja un aumento sostenido de estas dos últimas formas familiares.

TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LOS TIPOS DE FAMILIA (CASEN, 2006; UNICEF, 2005)

Tipo de Familia | 1990 | 2003 | 2006
Biparental | 67.3 | 63.2 | 61.2
Monoparental | 22.2 | 23.4 | 25.6
Unipersonal | 10.5 | 13.4 | 13.2

En relación a los hogares unipersonales, se ha observado un aumento en el tiempo de aquellos compuestos por mujeres (54.3% en 1990 a 68.8% en 2006). Según MIDEPLAN (2006), las mujeres mayores de 60 años representan el 60.2% de los hogares unipersonales femeninos comparados con sólo el 33% de los hogares masculinos para el mismo rango de edad. En general, en el caso de los hombres que viven solos, se observa una distribucion más homogénea en los distintos tramos de edad. El mayor porcentaje de hogares unipersonales masculinos corresponde a hombres solteros (51.8%), en cambio, en el caso de los femeninos, a mujeres viudas (43.4%).

Otro de los cambios observados en las familias chilenas es la disminución del número de integrantes que la forman, disminuyendo de 4.4 personas por familia en 1982 a 3.3 en 2012. La mayor proporción de hogares en el país está formado por 3 a 4 personas, lo que refleja una disminución de un 44.9% respecto del Censo del año 2002 (CASEN, 2006; INE, 2003; INE, 2012; Muñoz & Reyes, 1997).

La disminución del tamaño familiar se ha relacionado con el aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad y fecundidad, el espaciamiento de los hijos y el aumento de los hogares biparentales sin hijos y de hogares unipersonales.

TABLA 3. TAMAÑO FAMILIAR: Nº DE PERSONAS (CASEN, 2006)

Composición familiar | 1990 | 2003 | 2006
Nuclear | 3.6 | 3.4 | 3.3
Extensa | 5.9 | 5.6 | 5.5

En general, la duración de la vida de la familia en Chile se prolonga por más de cincuenta años, de los cuales 25 años se viven con hijos de distintas edades y cuarenta se viven en pareja. Es importante resaltar que la pareja vive gran cantidad de años sin hijos una vez que éstos parten del hogar. Por otro lado, la mujer sobrevive al marido por cerca de casi 9 años.

Según el ciclo vital familiar, la distribución de las familias ha ido variando en las dos últimas décadas y es posible observar un aumento en las familias que viven con hijos adultos jóvenes o que están en etapa de nido vacío respecto de aquellas con hijos en edades inferiores como se muestra en la Tabla 4.

TABLA 4. DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LAS ETAPAS DEL CICLO VITAL DE LA FAMILIA (CASEN, 2006).

Etapas del ciclo vital de la familia | 1990 | 2006
Etapa inicial (pareja sola, joven sin hijos donde la jefa de hogar o cónyuge es menor de 36 años) | 6.8 | 5.9
Etapa I de constitución de la familia (el hijo mayor del jefe o jefa tiene menos de 6 años) | 16.5 | 10.2
Etapa II de expansión o crecimiento de la familia (el hijo mayor del jefe o jefa tiene entre 6 y 14 años) | 21.4 | 19.1
Etapa III de consolidación de la familia (hijo mayor del jefe o jefa tiene entre 15 y 24 años) | 23.3 | 24.9
Etapa IV de estabilización de la familia y salida (el hijo mayor del jefe o jefa que vive en la casa tiene más de 24 años) | 12.2 | 15.0
Etapa del nido vacío (pareja adulta, donde la cónyuge es mayor de 35 años y no tienen hijos que vivan con ellos) | 19.8 | 24.9

Además de modificarse la distribución de las familias según el ciclo vital familiar, también ha variado el tipo de unión de la pareja a cargo de la familia. Según la Encuesta CASEN (2006), el mayor porcentaje de familias chilenas está formado a partir de una pareja casada. La evaluacion de este indicador se realiza a partir de la tasa global de primeras nupcias, que permite conocer la evolución de la proporción de individuos solteros que se casarán al menos una vez antes de cumplir los 50 años de edad.

En Chile, la tasa de nupcialidad mostró una disminución sostenida desde el año 1992 (7.7/1000 en 1980 a 4.2/ 1000 en 2001) hasta el año 2006 donde se observa un aumento del 8% respecto del número de matrimonios celebrados el año anterior. Durante ese año se registraron en promedio 417 uniones de hombres solteros, por mil varones de 15-49 años y 427 matrimonios de mujeres solteras, por mil mujeres solteras en el mismo rango de edad (INE, 2006). Del total de matrimonios, el 89% se efectuó en divisiones territoriales urbanas y sólo el 11% en las rurales. Según el último estudio de Instituto Nacional de Estadísticas (2006), la edad promedio de los solteros al casarse fue de 28,8 años en los hombres y de 26,7 años en las mujeres. Del total de matrimonios registrados, en la mayoría el estado civil previo de los cónyuges fue el de solteros. Entre las mujeres, los matrimonios de solteras representaron el 94,6% del total y en los varones el 92%.

Otro elemento relevante en la conformación actual de las familias es la tendencia al aumento de los nacimientos de hijos de padres sin vínculo legal. Según datos del Registro Civil, en el año 2001 el 50.5% de los nacimientos en Chile ocurrieron fuera del matrimonio (versus un 16% en 1960), en el año 2009, 7 de cada 10 niños que nacieron en Chile, fueron hijos de padres que no estaban casados. Y por primera vez en la historia del país, éstos duplicaron a los niños nacidos dentro del matrimonio.

La tabla 5 resume la distribución de las parejas que constituyen familia según el tipo de unión.

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS SEGÚN TIPO DE UNIÓN (CASEN, 2006)

Tipo de unión | 1990 | 2003 | 2006
Casado | 64 | 51.2 | 47.8
Conviviente | 6.1 | 13.1 | 14.9
Anulado/ separado | 7.4 | 9.8 | 10.5
Viudo | 10.6 | 9.2 | 9.6
Soltero | 11.9 | 16.7 | 17.2

Al analizar las familias chilenas y su evolución en el tiempo, no pueden obviarse las características de los Jefes(as) de Hogar. En Chile, el término Jefe/a de Hogar hace referencia a la persona que con sus ingresos laborales es el principal sustento económico de su hogar y tiene a su cargo personas que dependen económicamente de él/ella.

Según datos del MIDEPLAN (2006), la escolaridad de los jefes de hogar ha aumentado a medida que disminuye la edad de los mismos. Es así que, en promedio, los jefes de hogar menores de 30 años tienen 5 años más de educación que los jefes de hogar mayores de 60 años. Por otro lado, existe una relación directa entre escolaridad e ingreso, duplicándose los años de escolaridad del decil más rico respecto del más pobre. En el caso de las mujeres jefas de hogar es posible observar una diferencia de 6 años más de estudios en el decil más rico respecto del decil de menores ingresos.

En general, se observa que, a menores ingresos, aumenta la jefatura de hogar femenina, siendo más del doble en el decil de menores ingresos respecto al decil de mayores ingresos (14.7% v/s 4.9% quintil I: V). Entre 1990 y 2006 aumentó el desempleo que afecta a las mujeres jefas de hogar del quintil de menores ingresos y disminuyó en el quintil de mayores ingresos. En nuestro país, el 65% de las mujeres jefas de hogar es soltera, separada o viuda, en comparación con solo un 17% de los hombres jefes de hogar en igual condición civil (SERNAM, 2009).

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN DE HOGARES CON JEFATURA FEMENINA SEGÚN AÑOS DE ESCOLARIDAD DE LA JEFA DE HOGAR (INE, 2005)

Años de estudio | Censo 1992 | Censo 2002
Ninguno | 3.4 | 2.4
1-9 años | 49.5 | 33.9
10-12 años | 29.8 | 31.8
13 y más | 17.3 | 31.9

Según los indicadores de estratificación social del Censo de 2002, en Chile existía un 10% de familias de nivel socioeconómico alto, un 40% de estratos medios y 50% de estratos bajos, situación que empeoraba en los sectores agrícolas. A fines del año 2006, los hogares pobres correspondían a 488.293 hogares. De ellos, el 75,8% (370.158) eran pobres no indigentes y el 24,2% (118.135) hogares indigentes².

En 2006, se constató una disminución general de los hogares que vivían en condición de pobreza e indigencia. El porcentaje de hogares pobres disminuyó de un 15,3% en el año 2003 a un 11,3% en el 2006, lo mismo ocurrió con el porcentaje de hogares pobres no indigentes que se reducen de un 11,4% en 2003 a 8,5% en 2006 y el porcentaje de hogares indigentes que disminuyen, durante el mismo período, desde un 3,9% (2003) a un 2,7% en el 2006 (CASEN, 2006).

Por otro lado, se observa que el número de hijos promedio en las familias de menores ingresos si bien ha disminuido, es mayor que en la población general.

TABLA 7. NÚMERO DE HIJOS SEGÚN NIVEL DE POBREZA DE LAS FAMILIAS (CASEN, 2006)

Promedio de hijos | 1990 | 2003 | 2006
Indigente | 2.3 | 1.9 | 1.8
Pobre no indigente | 1.9 | 1.8 | 1.7
No pobre | 1.3 | 1.2 | 1.2

Al considerar los tipos de familia según el nivel de ingreso, se observa un menor número de familias extensas a mayor nivel de ingreso y más hogares unipersonales y aquellos constituidos por una pareja sola sin hijos. Las familias nucleares monoparentales se distribuyen de manera similar en los distintos estratos socioeconómicos. Las familias monoparentales, en una alta proporción, tienden a incluir a otros parientes, conformando familias extensas, lo que es menos frecuente en los sectores más acomodados, de modo que la familia extensa en Chile se configura principalmente por razones de índole económica. De acuerdo a la etapa de ciclo vital familiar en que se encuentran, las familias que presentan niños y adolescentes, tienen niveles de pobreza e indigencia mayor que en otras etapas. Según lo señalado por Arriagada (1998), la pobreza de los hogares se concentra en el ciclo en el cual la tasa de dependencia es mayor, puesto que hay mayor cantidad de miembros y mayor cantidad de niños con necesidades amplias en educación, vestuario y alimentación. Es la etapa en la que los hijos demandan más cuidado y, por ende, impiden la incorporación plena de la madre al trabajo.

En general, la jefatura de hogar es mayoritariamente masculina, siendo el hombre habitualmente el único proveedor. La participación de los cónyuges se asocia principalmente al aumento de los ingresos del grupo, lo que les permite contar con ayuda en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas. Sin embargo, un problema relevante es la compatibilización del trabajo remunerado con el no remunerado ya que al interior de la familia no se ha producido la flexibilización de roles ligados al género necesaria para cumplir con las funciones familiares.

En las familias de nivel socio económico más bajo, el aporte de ingresos generados por los mayores de 15 años es cercano al 30% del presupuesto familiar, por lo que es habitual que los estudios sean interrumpidos pudiendo optar a empleos no calificados y mal remunerados que aseguran la perpetuidad del círculo de la pobreza. Según el Instituto Nacional de la Juventud, el 66% de los jóvenes de las clases más acomodadas dedican la mayor parte del tiempo al estudio, lo que prácticamente duplica la realidad de los sectores más desfavorecidos (Gutiérrez & Osorio, 2008).

En 2006, dos tercios de los ingresos de las familias del decil más pobre eran destinados al pago de deudas, porcentaje que se reduce considerablemente en los otros deciles.

Un último elemento a considerar en el análisis de la situación de la familia chilena actual, se relaciona con el envejecimiento poblacional. Chile se encuentra en la etapa de transición demográfica avanzada, definida por una baja tasa de natalidad (año 2004: 14,9/1000 habitantes) y de mortalidad (año 2004: 5,4/1000 habitantes), que se traduce en un crecimiento natural también bajo (año 2004: 1%).

La mujer chilena tiene actualmente mayores posibilidades de desarrollo educacional, laboral, académico y profesional que, sumado al fácil acceso para el control de su fertilidad, hizo que la tasa global de fecundidad en 2004 fuese de 1,9 hijos por mujer (INE, 2007) y de 1.3 en 2006 (MIDEPLAN, 2006), lo que da cuenta de una disminución de 11.8% del total de nacidos vivos respecto del año 1990. Lo preocupante es que esta cifra es inferior a la tasa de recambio poblacional de 2,1 hijos por mujer, concepto que significa que los hijos nacidos de cada mujer no alcanzarían para renovar la población al momento del fallecimiento de sus progenitores.

Una de las características de la transición demográfica de un país es que los grupos etáreos que forman su población no crecen simétricamente. Es así que hay un aumento progresivo de los grupos de personas mayores de 65 años (año 2010: 9% de la población total, INE 2010), con una progresiva reducción de la población de 15 a 64 años, definida como la potencialmente activa de un país. Esto trae como consecuencia un mayor descenso de la natalidad y el envejecimiento poblacional, así como también problemas sociales, económicos y de salud pública, derivados de ese fenómeno.

Sin embargo, ha habido un aumento en la tasa de natalidad de adolescentes. El 83% de las adolescentes que se embaraza es soltera y corresponde al 14.9% de todos los embarazos (INE, 2007). Del total de nacimientos ocurridos en el año 2003 cuyas madres eran adolescentes, hubo un 32.2% en que el padre era menor de 20 años, lo cual significó que del total de nacimientos provenientes de madres menores de 20 años, casi un tercio tuvo madre y padre adolescentes.

En síntesis, se puede afirmar que en Chile hoy la población envejece a expensas de una menor tasa de natalidad que se ve reflejada en la existencia de menos familias con hijos en el hogar, más parejas jóvenes sin hijos y más parejas en etapa del nido vacío. Esta situación es más notoria en la medida que el nivel de ingresos de la familia aumenta. En general, las parejas retardan el nacimiento de su primer hijo en tanto aquellas en etapas más avanzadas no se ven en la necesidad de compartir su hogar una vez que los hijos se marchan.

A través de los datos obtenidos del Censo (2002), en líneas generales, se puede observar que existe una tendencia a que la vida de la familia se despliegue en espacios eminentemente urbanos. Se han desarrollado cambios en la forma de vivir en familia con aumento de hogares monoparentales y unipersonales y un aumento de las familias nucleares sin hijos. La familia chilena se ha ido reduciendo en tamaño y empieza a prescindir de los hijos como definitorios de proyectos de vida de hombres y mujeres con una disociación progresiva de la relación parental y la conyugal.

El aumento de las uniones de hecho y de los separados y divorciados muestra una estructura familiar en un contexto de cambio, con la consiguiente inestabilidad de los vínculos, inseguridad y desprotección jurídica. La familia en Chile ha dejado entonces de ser una realidad unívoca y homogénea.

CONCLUSIONES

En Chile, al igual que en el resto del mundo, los cambios sociales y estructurales que ha vivido la familia y las diferencias culturales y económicas de las que son objeto, no permiten construir una única definición de familia, lo que da cuenta del proceso de transformación constante que no admite referirse a ella como a una estructura inmutable, sino mas bien a un conjunto de formas de estructurar la vida entre personas.

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¹ Se define familia nuclear o conyugal la que está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc. La nominación biparental hace referencia a la presencia en el hogar del padre y la madre a diferencia de la familia mono-parental que da cuenta de la presencia en el hogar de un solo progenitor.

² Los hogares pobres corresponden a la suma de los hogares pobres no indigentes más los hogares indigentes. Los hogares pobres no indigentes son aquellos cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Están determinados por el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de dos veces una canasta básica individual. Los hogares indigentes son aquellos cuyos ingresos por persona no logran cubrir el costo de una canasta alimentaria y aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus miembros, no lograrían satisfacerlas adecuadamente (MIDEPLAN, 2006).

Capítulo 2

LEGISLACIÓN Y FAMILIA

Carmen Domínguez Hidalgo

INTRODUCCIÓN

La familia es un ámbito esencial de la formación y desarrollo de las personas, por lo que es evidente que el Derecho deba hacerse cargo de ella y establecer un conjunto de normas básicas que permitan el mejor cumplimiento de sus tareas. En este capítulo se revisará, de modo sintético y global, los principales principios y reglas que el Derecho chileno reconoce respecto de la familia, en especial, las reglas que son particularmente relevantes para los profesionales de la salud en esta materia. Se analiza el concepto de matrimonio, sus efectos y los derechos y deberes que surgen entre los miembros de la familia y se revisa la regulación jurídica en cuanto a la crisis y ruptura matrimonial y los efectos que de ello derivan. Además, se precisan la función y reglas básicas de funcionamiento de los tribunales de familia y, por último, se describen los deberes especiales que asisten a los profesionales de la salud en relación con la protección de las personas en sus relaciones familiares.

MARCO JURÍDICO DE LA FAMILIA

Se sabe que la familia no es una materia indiferente para el Derecho. Antes bien, siendo ésta el ámbito primero de formación de las personas, el Derecho parte por reconocer la importancia que la familia tiene en el desarrollo y configuración de la sociedad. Es así, como la Constitución de Chile –que contiene las reglas jerárquicamente superiores– parte por proclamar, inmediatamente después del reconocimiento de la libertad e igualdad de todas las personas, que “la familia es el núcleo fundamental de la sociedad” (artículo 1 inciso 2¹). Más aún, considera como deberes del Estado “dar protección a la población y a la familia” y “propender al fortalecimiento de ésta” (Art.1 inc.5).

La familia es entonces, no sólo reconocida en el Derecho, sino incluso más, situada en el primer rango de responsabilidades del Estado, que ha de estar atento a sus necesidades y a la búsqueda y concreción de efectivas soluciones a las mismas.

La vida familiar es, por lo tanto, objeto de preocupación del Derecho. Esa preocupación es, en algunos casos, directa. Así, sucede con el denominado Derecho de familia, que es una rama perteneciente al Derecho civil que, como su nombre lo indica, tiene por objeto la regulación de la situación del individuo inserto en su grupo familiar.

En otros casos, la atención jurídica que se le dedica a la familia es más indirecta, en el sentido que la regulación aunque principalmente enfocada al individuo, se centra en la solución de ciertos problemas que tiene toda persona independientemente de su condición de casado/a o no, de madre/ padre o no; e igualmente incide en el grupo familiar globalmente considerado. Así sucede con las reglas que regulan la previsión o la salud y las relativas a la situación tributaria o financiera de la familia, entre otras.

A continuación se revisan de modo sintético, las normas directas de regulación de la familia lo que implica recorrer lo que el Derecho de familia contempla.

LA PERSONA EN SUS RELACIONES FAMILIARES: EL DERECHO DE FAMILIA

Como viene de observarse, la familia es objeto de preocupación y regulación desde variadas áreas del Derecho. Con todo, las normas básicas y fundamentales de esa regulación están contenidas en el Derecho de familia que es aquella área del Derecho que, por definición, se preocupa del quehacer familiar.

Persona y matrimonio ante el Derecho

El Derecho de familia se construye fundamentalmente a partir del matrimonio y de la familia que nace a partir de él. De este modo, su preocupación se orienta a precisar los efectos jurídicos que tiene el matrimonio para quienes lo celebran, desarrollando los derechos y deberes que existen entre cada uno de los miembros de la familia que se funda en él, esto es, entre los cónyuges y entre éstos y sus hijos. La regulación jurídica de la familia se centra entonces en el matrimonio y sus efectos, cuestión que es evidente si se tiene presente que, al tratarse de un vínculo jurídico que debe ser formalizado ante el Estado, se le confiere ciertos caracteres de permanencia y estabilidad de las relaciones que en él se fundan y que justifican la existencia de normas jurídicas. En tal sentido, no debe olvidarse que las reglas jurídicas son, por definición, permanentes, en cuanto van dirigidas a regir actos y hechos futuros que tienen estabilidad en el tiempo y no para regular hechos o actos transitorios.

Pese a lo anterior, en ciertos casos, es posible encontrar reglas de Derecho de familia que regulan algunos vínculos jurídicos que no provienen del matrimonio. Así acontece con la filiación que existe entre los progenitores (madre o padre) y los hijos nacidos fuera del matrimonio (hijos de filiación determinada no matrimonial) o entre los adoptantes y el adoptado. Ello se explica en la circunstancia que la filiación existente entre esos padres y sus hijos, que es un vínculo igualmente permanente, es indispensable para el debido desarrollo y subsistencia de los mismos.

Por otro lado, el Derecho de familia comprende las normas civiles que se ocupan del matrimonio y sus efectos, pues la normativa religiosa que cualquiera confesión tenga del mismo, es aplicable sólo para quienes lo han celebrado y no tiene ni siquiera para ellos, una obligatoriedad que pueda serles impuesta con apoyo del Estado. En otros términos, la única regulación del matrimonio que les es impuesta de un modo obligatorio a quienes lo contraen en Chile es la civil. En ella se centrará, por tanto, este estudio.

Matrimonio civil: su regulación

La regulación civil del matrimonio y la familia data en Chile desde 1855, fecha en que fue dictado el Código Civil² y que trata de ello entre los artículos 102 a 296. Posteriormente, fue complementada por la Ley de Matrimonio Civil de 10 de enero de 1884 y reformada por Ley nº19.947 que estableció una nueva Ley de Matrimonio Civil de 17 de mayo de 2004.

En el presente, el Derecho defamilia se encuentra contenido fundamentalmente en esos dos cuerpos legales. Todo ello sin perjuicio de varias leyes posteriores que han ido tratando algunas materias específicas, como por ejemplo, la Ley nº 19.620 de 1999 que regula la adopción, la Ley nº 19.741 de 2001 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, la Ley nº 19.325 de 1994 sobre violencia intrafamiliar (con su reforma posterior), entre otras.

Concepto y elementos del matrimonio

El matrimonio se encuentra definido en el art.102 del C.C. como “un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y auxiliarse mutuamente”.

A partir de este concepto, redactado por Andrés Bello, podemos desprender de un modo nítido cuáles son los elementos que caracterizan el matrimonio en la legislación vigente y que, por lo mismo, lo hacen diferir de cualquier otro vínculo jurídico entre dos personas. Ellos son:

a. El matrimonio es un contrato, más bien una institución

Aunque la definición lo caracteriza como un contrato, en verdad, con ello se quiere apuntar a la idea de que para que un matrimonio nazca a la vida jurídica, es necesario que exista consentimiento entre un hombre y una mujer. Se requiere, por tanto, que ambas voluntades estén de acuerdo en contraer este vínculo jurídico. Sin embargo, el matrimonio se aparta de la idea general de contrato, pues a diferencia de él, el contenido de los derechos y obligaciones que surgen para cada uno de los cónyuges no está entregado a su libre acuerdo, sino que son fijados por la ley y los cónyuges no pueden modificarlos.

b. El matrimonio es solemne

El matrimonio requiere, para existir, el cumplimiento de ciertas formas externas: ha de celebrarse ante un Oficial de Registro Civil y ante la presencia de dos testigos.

c. Entre un hombre y una mujer

El vínculo matrimonial se caracteriza por ser monógamo y entre personas de diferente sexo.

d. El matrimonio implica una unión actual y por toda la vida

Ello implica que este vínculo no admite que los cónyuges lo celebren por un plazo determinado (por ejemplo, por 5 años) o que lo condicionen de ningún modo (por ejemplo, mientras permanezcan jóvenes).

e. El matrimonio es disoluble

El matrimonio ha sido, durante toda la historia de Chile, un vínculo indisoluble, lo que implica que no puede ponérsele término por el acuerdo de los que lo celebraron o por la imposición de uno de ellos. De ahí que la legislación chilena no haya admitido nunca el divorcio vincular. Con todo, tras la aprobación de la nueva Ley de Matrimonio Civil el 2004, que incorporó ese tipo de divorcio al Derecho, el matrimonio ha dejado de ser indisoluble, pues se permite a los cónyuges poner término a él, siendo incluso la sola decisión de uno de ellos suficiente para dar lugar al divorcio. Curioso es, con todo, que la definición del art.102 C.C. antes referida, se mantiene sin modificación, pese a su carácter disoluble.

f. Fines del matrimonio

El matrimonio supone un compromiso que apunta a tres fines: vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente.

Se destacan entonces en el concepto los fines que implica este vínculo y que justifican su existencia. El concepto recoge las motivaciones que llevan a las personas a contraer matrimonio y que no son otras sino la de formar una comunidad de vida y de amor con todo lo que ello importa.

Efectos del matrimonio

Los efectos del matrimonio son sus consecuencias jurídicas, esto es los derechos y obligaciones que crea para quienes lo celebraron.

El reconocimiento de esos derechos y deberes persigue, por un lado, reforzar la trascendencia que tiene el vínculo matrimonial respecto de quienes lo han contraído. Por otro lado, permite asegurar que la familia pueda efectivamente cumplir con sus variados roles en el desarrollo de las personas que la integran, esto es con su función de auxilio económico y afectivo, de educación y formación general.

La regulación del matrimonio en la legislación chilena le asigna cuatro efectos:

a. Genera derechos y deberes entre marido y mujer: entre ellos deber de fidelidad, deber de ayuda mutua, de respeto y protección, de socorro (que se traduce en el deber de proporcionarle ayuda económica a la subsistencia del otro en caso de necesidad).

b. Genera un régimen matrimonial de bienes, esto es un conjunto de reglas que determinan la forma en que deben cubrirse las necesidades de la familia y la suerte o destino de los bienes que los cónyuges van obteniendo durante el matrimonio.

c. Determina la filiación matrimonial respecto de los hijos nacidos de él, esto es determina que los hijos nacidos de matrimonio tengan un vínculo jurídico con sus padres que se fija precisamente a partir del matrimonio.

d. Genera derechos sucesorios respecto del cónyuge sobreviviente, esto es que cada uno de los cónyuges pasa a tener derecho a la herencia que deje el otro tras su muerte.

Por último, el estudio de los derechos y deberes existentes en la familia fuerza a distinguir entre: 1) aquellos que surgen entre los cónyuges y 2) aquellos que existen entre padres e hijos.

Derechos y deberes entre los cónyuges

Entre los cónyuges existen varios derechos y deberes recíprocos, esto es que los debe tanto el marido respecto de su mujer como a la inversa y que se les conoce bajo la denominación de las relaciones personales que existen entre marido y mujer.

Después de varias reformas introducidas en este punto con el objeto final de igualar la situación entre ambos, en el presente, estos son: a) deber de fidelidad; b) deber de socorro; c) deber de ayuda mutua; d) deber de respeto y protección recíproca; e) derecho y deber de vivir en el hogar común; f) deber de cohabitación y g) deber de auxilio y expensas para los juicios en que se vean involucrados los cónyuges (defensas judiciales).

Todos estos deberes tienen ciertas características comunes: a) Tienen un contenido más bien moral, en el sentido que su cumplimiento está entregado, en última instancia, a la conciencia de cada persona. En efecto, la infracción a esos deberes (infidelidad, abandono, etc.) implica conductas que son muy difíciles de evitar por la sola existencia de una ley, pues suponen, antes que nada, una determinada opción de la persona. Por lo mismo, resulta muy complejo establecer sanciones que efectivamente obliguen a los individuos a actuar de un determinado modo cuando se trata de esta esfera de su comportamiento; b) Se trata de deberes recíprocos, es decir que los tienen tanto el marido respecto de la mujer como viceversa.

Derechos y deberes entre padres e hijos: la filiación

El matrimonio hace surgir también derechos y deberes entre padres e hijos. La ley 19.585 de 1998 igualó la situación jurídica de los hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio (cuando en este último caso han sido reconocidos por su padre, madre o por ambos), por lo que los derechos y deberes corresponden a ambos casos. De ahí que, aunque insertos en el estudio de los efectos del matrimonio, se hará referencia a la situación de los hijos nacidos fuera del matrimonio, a fin de obtener desde ya el panorama general de esta materia en relación al Derecho.

Concepto y clases de filiación

La filiación es la denominación que en el Derecho se da a la relación que existe entre padres e hijos. La filiación distingue de modo esencial entre filiación determinada, esto es aquella que se encuentra establecida ante la ley (por ejemplo, porque es matrimonial o porque ha sido reconocida por el padre o madre) y filiación no determinada, esto es aquella que no se encuentra establecida ante la ley.

1. Efectos de la filiación determinada (matrimonial y no matrimonial)

Los efectos que genera la filiación, es decir, los derechos y deberes que surgen entre padres e hijos, son hoy los mismos para todos los hijos de filiación determinada, matrimoniales o no matrimoniales. Para el estudio de estos derechos se debe distinguir entre:

a. Derechos y deberes de los hijos respecto de los padres: Los hijos tienen los deberes de respeto y obediencia y de cuidado de ambos padres. Además, tienen el deber de cuidado respecto de todos los ascendientes sin distinción (ejemplo, los abuelos).

i. Deber de respeto y obediencia a los padres: el artículo 222 del C.C. establece que “los hijos deben respeto y obediencia a sus padres” (inc. 1º).

ii. Deber de cuidado: lo consagra el artículo 223: “Aunque la emancipación confiera al hijo el derecho a obrar independientemente, queda siempre obligado a cuidar de los padres en su ancianidad, en el estado de demencia, y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren sus auxilios” (inc. 1º). El inciso 2º agrega que: “Tienen derecho al mismo socorro todos los demás ascendientes, en caso de inexistencia o de insuficiencia de los inmediatos descendientes”.

b. Derechos y deberes de los padres respecto de los hijos: Los padres tienen los deberes de i) cuidado, ii) educación, crianza y socorro iii) corrección y iv) de mantener una relación directa y regular con sus hijos.

Como consideración inicial, debe resaltarse que el Código Civil establece una norma de carácter general, según la cual el principio que ha de informar las relaciones entre padres e hijos es “el interés superior del hijo” tal como lo recoge su art.222 inc.2 al disponer que “La preocupación fundamental de los padres es el interés superior del hijo, para lo cual procurarán su mayor realización espiritual y material posible, y lo guiarán en el ejercicio de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana de modo conforme a la evolución de sus facultades”.

Esta es, desde luego, una recepción directa en nuestro ordenamiento jurídico del art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por nuestro país en 1990.

i. Deber de cuidado: significa que el cuidado del hijo corresponde a los padres, esto es a ambos si ellos están casados o si ambos lo han reconocido como hijo. Si los padres viven separados (por divorcio, nulidad o separación de hecho), la ley establece que, en primer lugar, el cuidado puede corresponder al padre si así lo han acordado ambos. A falta de acuerdo, el cuidado de los hijos corresponde a la madre (art.225 C.C.) No obstante, ese cuidado puede serle concedido por el juez al padre “cuando el interés del hijo lo haga indispensable, sea por maltrato, descuido u otra causa calificada”.

ii. Deber de educación, crianza y socorro: el art. 236 del C.C. establece el derecho y el deber general de los padres de educar a sus hijos “orientándolos hacia su pleno desarrollo en las distintas etapas de su vida”. Según resulta de los arts. 224 y 236, este deber corresponde a ambos padres de común acuerdo. En caso de fallecimiento de uno de ellos o en el caso de los hijos reconocidos sólo por uno de los progenitores, le corresponde este deber al que ha sobrevivido o le ha reconocido.

iii. Derecho de corrección: el derecho de corrección debe ejercerse “cuidando que ello no menoscabe su salud ni desarrollo personal” y, para el caso en que se produjese menoscabo o se temiese fundadamente que ello ocurra, concede una acción –que puede ser ejercida por cualquier persona– para solicitar al juez que decrete las medidas de seguridad que estime pertinentes para evitar ello sin perjuicio de las sanciones que procedan. En caso de ausencia, inhabilidad o muerte de ambos padres, ese derecho pasa a quien le corresponda el cuidado personal del hijo (art.235 C.C.)

iv. Derecho y deber de mantener una relación directa y regular: este es un deber que existe respecto del padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo. Es, por tanto, una contrapartida a su derecho a mantener esa relación, que es la nueva fórmula que el legislador emplea para referirse al derecho de visitas. Se trata entonces del deber de mantener con el hijo una relación directa y regular, la que según lo dispuesto en el art.229 C.C, debe ejercerse con la frecuencia y libertad acordada con quien lo tiene a su cargo, o en su defecto, con la que el juez estime conveniente para el hijo. El derecho en cuestión puede ser suspendido o restringido por el tribunal cuando su ejercicio “manifiestamente perjudique el bienestar del hijo”, resolución que tendrá que fundamentar (art.229 C.C.)

Causales de término del matrimonio

El matrimonio al igual que todo vínculo jurídico, puede terminar por la muerte de uno de los cónyuges, sea ésta natural o presunta (art.42 nº1 y 2 LMC³), entendiéndose por muerte presunta, aquella que ha sido declarada judicialmente por haber desaparecido la persona, sin que existan noticias de ellas y concurriendo los demás requisitos que establece la ley en los art.80 a 94 C.C.⁴.

A esta causal de terminación se agrega, en razón del art.42 nº3 LMC, la sentencia judicial que declara la nulidad del matrimonio.

Estas dos causales eran hasta la reforma introducida a la Ley de Matrimonio Civil el 2004, las únicas causales de terminación del matrimonio, dado que en Chile, el matrimonio era indisoluble, lo que jurídicamente significaba que no podía ponérsele término por el acuerdo de los cónyuges ni menos por la decisión de uno de ellos. La legislación reconocía esa característica esencial del vínculo matrimonial que lo distingue de cualquier otro.

Este panorama cambió radicalmente con la entrada en vigencia de la citada ley, desde que, a las causales ya referidas, se agregó el divorcio. De ello resulta que el matrimonio puede terminar ahora también por divorcio vincular, es decir, por la sentencia judicial que declara el divorcio y que una vez pronunciada, extingue el vínculo conyugal.

De este modo, como puede concluirse, el matrimonio puede terminar por distintas causas que obedecen a distintos fundamentos. En unas, como la muerte, por el simple efecto de lo que somos, seres humanos. En otras, como en la nulidad, por existir en el vínculo matrimonial defectos de formación que impiden reconocerle como tal, válidamente. Por último, en otras, como en el divorcio, por la decisión conjunta o unilateral o aún desencadenada por la culpa de uno de los cónyuges.

a. La nulidad matrimonial (arts.44 y ss. LMC)

La nulidad es una sanción que la ley determina cuando el matrimonio ha sido celebrado sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Al ser declarada por sentencia judicial, el matrimonio se entiende como si nunca se hubiese celebrado.

La nulidad procede cuando el matrimonio celebrado está afectado por alguno de los vicios que la ley indica en los arts. 44 y 45 LMC.: a) Cuando uno de los contrayentes tiene alguna de las incapacidades establecidas en los arts. 5 LMC (encontrarse ya casado con otro, ser menor de 16 años, ser demente o encontrarse, en general, privado de razón, etc.), art. 6 LMC (por tener un grado de parentesco con el otro que le impide casarse con él), art. 7 LMC (por querer casarse con quien participó en la forma que indica la ley en el homicidio del marido o mujer) y b) Cuando el consentimiento, esto es el mutuo acuerdo, no fue emitido de modo libre y espontáneo, sino que se encontraba afectado de error acerca de la identidad de la persona del otro contrayente o error acerca de alguna de las cualidades personales del otro que fue determinante para contraer matrimonio, etc.

Para que la nulidad se produzca se requiere de la tramitación de un juicio que puede ser iniciado por la demanda de cualquiera de los presuntos cónyuges con las excepciones que el art.46 LMC establece. Sólo cuando esa nulidad haya sido declarada por la sentencia judicial que ponga término a ese juicio ella produce sus efectos:

- El matrimonio se entiende como si nunca se hubiese realizado y, por ello, los “presuntos cónyuges”, que es la expresión con que se refiere el legislador a los que celebraron inicialmente el matrimonio, tienen que ser puestos en la situación que se encontraban antes de él. Jurídicamente se entiende que la nulidad produce efectos retroactivos, esto es opera hacia el pasado.

Por lo mismo, ellos pasan a ser solteros y, si habían adquirido bienes durante el presunto matrimonio, ellos deben ser repartidos entre ambos.

- La filiación de los hijos nacidos durante él no sufre variación alguna, esto es ellos siguen siendo hijos de filiación determinada matrimonial.

- Por último, si uno de los cónyuges se dedicó al cuidado de los hijos o del hogar común, total o parcialmente, tiene derecho a demandarle al otro una compensación económica.

b. La ruptura matrimonial

El matrimonio es una comunidad de vida y amor que, para mantenerse y crecer, requiere del esfuerzo permanente de ambos cónyuges. Lamentablemente, en ocasiones, ese espíritu está ausente en uno o en ambos, generando graves problemas de convivencia familiar. El amor prometido y el compromiso asumido con el otro se ven gravemente perturbados en términos que se produce abandono físico o afectivo, infidelidades, etc.

Esas situaciones de profundo dolor para los cónyuges y, con ello, para sus hijos y sus familias no han podido permanecer indiferentes para el Derecho. Detrás de un conflicto matrimonial hay muchas veces situaciones de abandono material del cónyuge y de los hijos, problemas serios de subsistencia para ellos, maltrato, etc. Todo ello fuerza a establecer en la ley vías que permitan dar solución a esos problemas.

Hasta antes de la reforma introducida a la Ley de Matrimonio Civil, esas soluciones pasaban por permitir libremente acuerdos entre los cónyuges en las materias de conflicto (alimentos, visitas, régimen de bienes, etc.) o establecer procedimientos judiciales que permitiesen llegar a los mismos cuando el acuerdo se hacía imposible. En caso de no ser posible la convivencia entre ambos, se regulaba el divorcio no vincular, es decir, se permitía obtener la autorización judicial para la separación de cuerpos lo que importaba una suspensión del deber de cohabitar y de hacer vida común. Ese divorcio no vincular, como su nombre lo anunciaba, no extinguía el vínculo matrimonial y, por ende, los cónyuges seguían casados. No existía forma legal de extinguir ese vínculo, pues el matrimonio se entendía indisoluble, como la propia definición del art.102 C.C. establece, contraído “indisolublemente, y por toda la vida”.

La situación actual es radicalmente distinta. La ley establece dos formas de enfrentar la ruptura matrimonial: a) Mediante la separación de hecho o judicial; b) Mediante el divorcio vincular. La separación equivale al antiguo divorcio no vincular en cuanto importa una separación de cuerpos, aunque con ciertas variaciones que precisaremos más adelante. La introducción del divorcio vincular que fue la verdadera reforma que se introdujo a la regulación del matrimonio en Chile, es una autorización legal para poner término a un matrimonio perfectamente válido. Se trata de una grave alteración de la importancia asignada por el legislador al matrimonio, dado que antes éste tenía un estatuto protector que le diferenciaba de todo otro contrato, precisamente por su trascendencia para sus miembros y para la familia que se funda en él. Esa protección era concedida a ambos cónyuges, en el sentido de que cada uno de ellos podía contar, desde el momento en que contraían matrimonio, con el amparo permanente de su calidad de cónyuge en la ley, es decir, con la certeza que ese vínculo, en la medida de que fuese plenamente válido, no podría ser disuelto y, de ese modo, todos los beneficios que derivan de su calidad de cónyuge perderse: alimentos, calidad de heredero, beneficios provisionales, etc.

I. La separación de hecho y judicial

Ante la separación de los cónyuges, la ley distingue entre la separación de hecho y la separación judicial, diferencia que se hace según si existe o no sentencia judicial que haya autorizado la separación:

a. La separación de hecho: es aquella que no está regulada legalmente, por lo mismo, parece contradictorio que la ley se refiera a su regulación. En verdad, no existe propiamente una regulación sino que el art.21 LMC simplemente se limita a reconocer a los cónyuges la facultad de regular de común acuerdo las distintas materias que la separación implica, tanto en su relación, como respecto a los hijos: alimentos, visitas, liquidación de la sociedad conyugal o cálculo del crédito de gananciales, en su caso.

b. La separación judicial (art.26 y ss. LMC): se entiende por ella “la situación en la que, subsistiendo el vínculo matrimonial, se produce una cesación de la vida en común”. La separación de cuerpos que antes se reconocía en el divorcio no vincular que nuestra legislación regulaba, ha sido sustituida por la separación judicial.

La separación judicial procede básicamente por:

i. Comportamientos de uno de los cónyuges que supongan infracción grave a alguno de los deberes del matrimonio o para con los hijos y que hagan intolerable la vida en común (art.26);

ii. Cese efectivo de la convivencia (art.27), causal que comprende el abandono del hogar común.

Entre las consecuencias jurídicas que produce la separación judicial deben distinguirse aquellas respecto de la situación de los cónyuges y aquellas respecto de la situación de los hijos.

Respecto de la situación de los cónyuges: 1) Genera la calidad de separados; 2) Cesan los deberes de cohabitar y de fidelidad; 3) Subsisten todos los demás derechos y obligaciones personales que existen entre los cónyuges. En especial, subsiste el deber de socorro, en términos que los cónyuges siguen debiéndose alimentos; 4) Si estaban casados en régimen de sociedad conyugal o de participación en los gananciales, estos terminan y pasan a estar casados en separación de bienes; 5) Si la separación judicial fue concedida por incumplimiento de alguno de los deberes que impone el matrimonio, el cónyuge que incurrió en esa conducta y, por ende, dio lugar a la separación judicial, pierde el derecho de ser heredero del otro (art.35 LMC y 994 del C.C.)

Respecto de la situación de los hijos, la separación no produce ningún efecto respecto de los hijos nacidos en el matrimonio, no altera su filiación, lo que es obvio ni los deberes y responsabilidades de los padres separados respecto de sus hijos (disposición expresa del art.36 LMC). Lo mismo cabe afirmar respecto de los mismos tras el divorcio o la nulidad. En verdad, ello demuestra que la protección de los hijos, desde un punto de vista jurídico, no depende de la situación matrimonial en que se encuentren sus padres, porque la calidad de estos últimos es independiente y autónoma de la de cónyuge.

II. El divorcio vincular (arts. 53 y ss. LMC)

La ley permite la disolución del vínculo por vía del divorcio resuelto por sentencia judicial. El divorcio se distingue claramente de la separación judicial, pues en este último caso, el matrimonio no termina sino que sólo se suspenden los deberes de cohabitar y de fidelidad del matrimonio.

La disolución del vínculo se autoriza a través de una sentencia judicial que así lo establezca por haberse incurrido en alguna de las causales:

i. Causales de divorcio que se basan en el cese de la convivencia entre los cónyuges: art.55: 1) Por haber transcurrido más de un año de cese de la convivencia y ambos cónyuges lo solicitan de común acuerdo; 2) Por haber transcurrido más de tres años desde que se puso cese a la convivencia por parte de uno de los cónyuges; salvo que el demandante, durante su cese no haya dado cumplimiento a su obligación de alimentos respecto del cónyuge y de los hijos comunes, pudiendo hacerlo (art.55 LMC).

ii. Causal de divorcio por culpa: incumplimiento grave de los deberes y obligaciones del matrimonio respecto de los cónyuges o de los deberes y obligaciones que los padres tienen para con los hijos que haga intolerable la vida en común. Entre ellos, conductas tales como atentado contra la vida o integridad física o psíquica del otro cónyuge, conducta homosexual, alcoholismo o drogadicción, etc. (art 54 LMC).

En síntesis, la ley reconoce tres tipos de divorcio vincular: a) Por culpa: causales art.54 LMC; b) Mutuo consentimiento: art.55 LMC y c) Por repudio unilateral: art.55.inc.3. LMC. Nuestra legislación ha admitido entonces todos los posibles tipos de divorcio, en especial el unilateral, que supone el reconocimiento que se hace de la facultad que tiene uno de los cónyuges para imponerle al otro el término del matrimonio, sin que tenga que fundamentar su decisión. Basta con el transcurso del tiempo que la ley exige para que aquél que quiere poner término al mismo pueda hacerlo. Se trata de una de las reformas de mayores efectos para el cónyuge más débil. En Chile, normalmente una mujer dependiente económicamente de su marido, salvo por la posibilidad de obtener una compensación económica, pierde todos los derechos que tenía en su calidad de cónyuge y, con ello, su poder de negociación ante la decisión unilateral del marido.

El divorcio puede ser demandado por cualquiera de los cónyuges, salvo cuando se trate de divorcio por culpa (art.54 LMC) en que sólo puede hacerlo el que no hubiere dado lugar al mismo.

Las consecuencias jurídicas del divorcio pueden agruparse en aquellas relacionadas con la situación entre los cónyuges y aquellas relacionadas con la situación respecto de los hijos:

a. Los efectos del divorcio respecto de los cónyuges son:

- Los cónyuges adquieren el estado civil de divorciados y pueden volver a contraer nuevo matrimonio. Todo ello, en conformidad al art. 59 LMC, una vez que se firme la sentencia judicial que da lugar al divorcio y ella sea subinscrita al margen de la respectiva inscripción matrimonial.

- El divorcio pone fin a todas las obligaciones y derechos de carácter patrimonial cuya titularidad y ejercicio se “funda en la existencia del matrimonio” (art.60 LMC). Todo ello sin perjuicio de las obligaciones que los propios cónyuges acuerden o el juez disponga en el proceso. Esto significa que los cónyuges dejan de deberse alimentos entre sí, dejan de ser herederos entre sí y cesan todos los beneficios provisionales, es decir, en términos más generales, toda la protección que la condición de cónyuge le daba a una persona desaparece.

- El divorcio pone término al régimen de bienes que existiere entre los cónyuges, esto es, termina la sociedad conyugal (art.1764 C.C.) o, en su caso, la participación en los gananciales (art. 1792-27 nº3 C.C.). Si estaban casados en régimen de separación de bienes, dado que éste supone que cada uno administraba sus bienes de modo independiente, nada hay que distribuir. El cónyuge que nada tiene, nada recibe tampoco.

b. Los efectos del divorcio respecto de los hijos: el divorcio, al igual que la separación, en nada afecta la situación de los hijos quienes siguen teniendo los mismos derechos y deberes respecto de sus padres. Nuevamente, esto es así porque el vínculo filiativo entre padres e hijos es autónomo al que existe entre los padres. Todo ello, por cierto, desde el punto de vista jurídico.

Los alimentos

La crisis o aún ruptura matrimonial produce, en muchas ocasiones, una situación de desamparo económico de uno de los cónyuges o de los hijos, en términos que ellos carecen de los medios necesarios para poder subsistir. Se trata de un problema urgente al que tampoco ha podido permanecer indiferente la ley, como es evidente. Por lo mismo, existen desde siempre reglas destinadas a permitir la obtención por parte de ellos de los que se denominan alimentos.

La expresión alimentos, desde un punto de vista jurídico, comprende la prestación que el alimentante (quien debe pagar los alimentos) debe dar al alimentario (quien los recibe) para poder cubrir sus necesidades de alimentación, educación, salud, locomoción y, más en general, a las necesidades de la vida. Comprende todo lo necesario para que los hijos puedan subsistir modestamente de acuerdo a su posición social (art.323 inc.1 C.C.)

La regulación de los alimentos está en los arts. 321 y ss. del Código Civil. Para los alimentos que proceden respecto de menores de edad, esa legislación debe ser complementada por el DFL nº1 de 2000 que refundió las distintas reformas habidas a la Ley Nº 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias.

a. Quiénes tienen derecho a alimentos: El art. 321 C.C. establece quiénes son los que tienen derecho a los alimentos: a) El cónyuge; b) Los descendientes, esto es, los hijos o los nietos; c) Los ascendientes, esto es, los padres y los abuelos; d) Los hermanos y e) El que hizo una donación cuantiosa a otros tiene derecho a que éste último le proporcione alimentos en caso de necesidad.

En el caso de los menores de edad, la madre puede interponer la demanda en representación de los hijos, también pedirlo, la madre embarazada en favor del hijo que está por nacer (art.2 Ley 19.947 de 2004) o la persona que tenga los hijos bajo su cuidado. Si se trata de mayores de edad, deben hacerlo ellos mismos.

Tratándose de los hijos y los hermanos, según lo disponen los arts. 321 inc. 2 y 332 C.C., ellos tienen derecho a una pensión de alimentos hasta que cumplan 21 años. Sin perjuicio de lo anterior, los hijos que estén estudiando una profesión u oficio tendrán derecho a recibir esta pensión hasta los 28 años. Además, tienen derecho a recibir alimentos sin límite de edad, aquellos hijos afectados por una incapacidad física o mental u otra circunstancia calificada que el juez considere que les impide mantenerse por sí mismos.

En caso que el alimentante no pague la pensión de alimentos o su monto sea insuficiente para solventar las necesidades del hijo, como la ley señala que tienen este deber los “ascendientes” sin distinción, se puede demandar a los abuelos del niño o niña, sin importar si sus padres están o no casados.

b. Vías de fijación de los alimentos: los alimentos puede ser acordados entre los cónyuges y entre los padres, en cualquier tiempo cuando están separados de hecho; no así en el caso de separación judicial, divorcio o nulidad, que deben ser fijados a través de sentencia judicial.

De este modo, si no existe acuerdo alguno, los alimentos pueden exigirse a través de una demanda de alimentos. Esta demanda deberá presentarse ante el juez de familia del domicilio del alimentante (demandado) o del alimentario (demandante) a elección de éste último (art. 124 de la Ley nº 19.968 de 2004 de Tribunales de Familia). Si se demanda el divorcio, la separación judicial o la nulidad del matrimonio, en cualquiera de esos juicios puede pedirse también la regulación de los alimentos (art. 89 LMC). Si se trata de divorcio o separación judicial de común acuerdo, el acuerdo que los cónyuges deben presentar al tribunal debe comprender la regulación de este aspecto.

Es muy importante tener presente que, en conformidad al art. 2 DFL nº1, al hacer la demanda, si no se conoce el domicilio del demandado (particular o del trabajo), se podrá omitir la indicación de éste e igualmente será admitida la demanda en el tribunal. Además, en este caso o, cuando el demandado no se encuentra en el domicilio señalado en la demanda, el Juez de Familia deberá adoptar todas las medidas necesarias para determinar, en el más breve plazo, su domicilio actual.

En los juicios que se solicite alimentos para los hijos menores del demandado, siempre que exista fundamento plausible del derecho que se reclama, el juez deberá decretar los alimentos provisorios que correspondan (alimentos que se conceden mientras dura el juicio), una vez transcurridos 10 días desde la notificación de la demanda.

Se entenderá que existe fundamento plausible, cuando se haya acreditado el parentesco entre el padre y los hijos (por certificado de nacimiento y/o matrimonio) y el padre no tenga una manifiesta incapacidad para dar los alimentos (p.ej. esté postrado en cama o en estado de salud grave que le impida trabajar), lo que deberá acreditar dentro de los 10 días contados desde la notificación de la demanda.

c. Límites de la pensión de alimentos (monto mínimo y máximo): si se demanda pensión de alimentos para un solo hijo menor de 18 años, el monto de la pensión alimenticia no podrá ser inferior al 40% del ingreso mínimo remuneracional del padre; si, en cambio, se solicita para dos o más hijos menores de 18 años, ésta no podrá ser inferior al 30% del ingreso mínimo remuneracional del padre, por cada uno de ellos.

No obstante lo anterior, el Juez de Familia podrá fijar una pensión de alimentos inferior sólo cuando el padre hubiere probado carecer de los recursos suficientes para el pago del monto mínimo de la pensión de alimentos.

Por otra parte, el tribunal no puede fijar una pensión de alimentos que exceda del 50% de las rentas del alimentante, sea que ellos vayan para menores de edad o no. Para el cálculo de las rentas del alimentante, no se considerarán las asignaciones por carga de familia.

d. Modalidades de pago de la pensión de alimentos: el monto de los alimentos decretados por el tribunal podrá adoptar variadas modalidades de pago: una suma fija de dinero reajustada semestralmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), un porcentaje de las rentas del alimentante, un número de ingresos mínimos remuneracionales o no remuneracionales, intereses de un capital, retención de rentas de arrendamiento e, incluso, la imputación total o parcial a un derecho de uso, habitación o usufructo sobre bienes del alimentante.

e. Formas de asegurar el pago de la pensión de alimentos: para asegurar el cumplimiento de la obligación alimenticia, el legislador se ha preocupado de establecer diferentes mecanismos destinados a salvaguardar el pago íntegro y oportuno de las pensiones alimenticias por él decretadas.

Así, el tribunal puede, en casos calificados, ordenar al alimentante la constitución de una prenda, hipoteca, o de cualquier otra forma de caución garantía que permita asegurar el cumplimiento de la obligación alimenticia.

f. Sanciones para el no pago de la pensión de alimentos: si el padre no paga la pensión de alimentos, el tribunal de familia puede adoptar alguna de las siguientes medidas: a) Arresto nocturno del padre hasta por 15 días; b) Arresto, durante el día y la noche, hasta por 15 días; c) Si el incumplimiento se repite, el padre podrá ser arrestado hasta por 30 días; d) Arraigo, es decir, la prohibición de salir del país, mientras el padre no diere cumplimiento a su obligación alimenticia; e) Ordenar la retención de la pensión alimenticia por el empleador del alimentante, el que deberá pagarla directamente a los hijos o a quien los represente y f) Ordenar que la persona que convive con el padre contribuya al pago de la pensión alimenticia.

Las visitas

Por último, otro problema frecuente que afecta a la familia en caso de crisis matrimonial, debido a la separación de los cónyuges o abandono de uno de ellos, es la pérdida de la vida cotidiana y familiar en el mismo hogar de los hijos con alguno de los padres. Como existe el derecho-deber de los padres de mantener una relación regular y estable con sus hijos, más generalmente conocido como derecho de visitas, es que, en estos casos, debe regularse el modo en que ese contacto se mantendrá mientras subsista esa situación.

Siguiendo este principio es que el art. 229 C.C. establece que el padre o madre que no tenga el cuidado personal del hijo no será privado de ese derecho, el que podrá ejercer con la frecuencia y libertad que se acuerde con el otro progenitor o que se fije por el juez a falta de acuerdo.

El juez competente para ello es el de familia quien es libre para fijar la frecuencia y condiciones con que esa relación se seguirá desarrollando, en función del interés del hijo.

Si existe un juicio de divorcio, separación judicial, o de nulidad de matrimonio, el tribunal que está a cargo de los mismos, es competente para conocer de esa regulación. En otros términos, la petición de regular esa relación con el hijo puede hacerse en ese mismo juicio. Si se trata de divorcio o separación judicial de común acuerdo, el acuerdo que los cónyuges deben presentar al tribunal, debe comprender la regulación de este aspecto.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR O DOMÉSTICA

La violencia dentro de la especie humana es uno de los problemas más complejos y graves que el mundo ha debido enfrentar. La historia nos demuestra que ella ha existido entre los diferentes países y grupos étnicos, llegando incluso a ámbitos antes impensados. Por lo mismo, una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad en las últimas décadas, se ha centrado en las diversas manifestaciones de violencia ciudadana. De hecho, el anhelo por una mayor seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los reclamos sociales más insistentes.

La violencia se produce en los distintos ámbitos de la vida incluso en uno privado como el hogar. Esta constatación, unida a una mayor conciencia nacional de la realidad chilena en cuanto al maltrato de menores y de la violencia intrafamiliar, ha determinado varias reformas legislativas en el último tiempo. Así, en 1994 se dictó la Ley n º19.324 conocida como “Ley de maltrato infantil” que introdujo modificaciones a la Ley N° 16.618 (Ley de menores) en esta materia; y la Ley N° 19.325⁵ sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar. Esta última ha sido recientemente reformada por la Ley Nº 20066 de 2005⁶.

Estas normas, si bien han constituido un avance en cuanto a la situación de desprotección en que se encontraban las víctimas de este tipo de violencia con anterioridad a su dictación, todavía resultan insuficientes. Con todo, ese es el estatuto jurídico del que se dispone actualmente y que debe conocerse, para saber cómo actuar ante las situaciones de violencia al interior de la familia.

Concepto de violencia intrafamiliar

En términos generales, debe entenderse por violencia intrafamiliar toda relación de abuso que exista entre los miembros de la familia. Se trata de un concepto amplio como resulta de la expresión “toda relación de abuso”, que comprende toda conducta, es decir, toda acción u omisión que causa un daño físico o psíquico a un miembro de la familia.

La propia Ley 20066 relativa a la materia, al precisar esta noción, opta por esa misma amplitud. Así, en su art. 5° dispone que: “se entenderá por acto de violencia intrafamiliar, todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente”.

La ley agrega que también se entiende como violencia cuando la conducta se da entre padres de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. De ello resulta que:

a. Esta ley protege los atentados que se producen entre los miembros de una familia, entre convivientes o entre los padres de un hijo común. De este modo, lo que regula es la violencia doméstica.

b. El término violencia intrafamiliar, al aludir a todo maltrato, cubre las siguientes situaciones:

i. Maltrato infantil: que incluye maltrato físico, emocional, sexual o abandono y negligencia en los cuidados.

ii. Violencia conyugal: consistente en el uso de medios instrumentales por parte del cónyuge o pareja para intimidar psicológicamente o anular física, intelectual y moralmente a su pareja durante la vida familiar. Actos de violencia física serían por ejemplo, golpes de puño o golpes con objetos, etc., pudiendo llegar hasta el homicidio; de violencia emocional, los insultos, gritos, críticas permanentes, amenazas, etc. Ejemplos de violencia sexual son, por ejemplo, la imposición de realizar actos de índole sexual contra la voluntad del cónyuge.

iii. Maltrato al adulto mayor: comprende abuso físico, psicológico o emocional, abuso financiero o explotación, como, por ejemplo, retención o apropiación de bienes a través de engaños o hurtos, realización de actos destinados a obligar al adulto mayor a vender sus propiedades, a alterar su testamento u obligarlo a delegar a la fuerza al manejo de sus bienes. Puede tratarse también de abuso sexual, abuso en la medicamentación y prescripción en los adultos mayores, incluida la retención de medicamentos o la sobremedicamentación. También se incluye el abandono activo o pasivo, por ejemplo, negarse al cuidado de las necesidades básicas del adulto mayor. En conformidad a la ley, no sólo resulta protegido el adulto mayor, sino que todo ascendiente del ofensor en edad adulta.

c. Personas protegidas por la ley: las personas protegidas por la ley son el cónyuge, las personas menores edad, las personas discapacitadas, el conviviente y el hijo común de padres que no están casados.

d. Tribunal competente para conocer de las causas por violencia intrafamiliar: el conocimiento de cualquier acto de violencia intrafamiliar corresponde al Juez de Familia dentro de cuyo territorio jurisdiccional se encuentre el hogar donde vive el afectado, con el procedimiento propio establecido para los Tribunales de Familia (Arts. 81 y ss.)

Además, si el tribunal estima que el hecho que da lugar a la denuncia o demanda puede ser constitutivo de delito criminal, debe enviar de inmediato los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación que correspondiere.

En todo caso, en cualquier tribunal que ejerza jurisdicción en materia de familia, el fiscal o juez de garantía, que tome conocimiento de la demanda o denuncia, deberá adoptar medidas cautelares para proteger a la víctima.

LOS TRIBUNALES DE FAMILIA: MARCO GENERAL

Los tribunales de familia, establecidos por la Ley nº 19.968 de 2004, existen a lo largo de todo el país. Su creación se debió a la necesidad de concentrar en una jurisdicción única y especializada los asuntos de familia; promover soluciones pacíficas y consensuadas a las personas en conflicto y otorgar mayor rapidez y eficiencia a la justicia de familia. A ellos corresponde, en general, de modo exclusivo, el conocimiento y resolución de todos los litigios que encuentran su origen en las relaciones de familia. En otros términos, todos los conflictos con relevancia jurídica que se originen en el incumplimiento de los deberes que la ley establece entre los miembros de la familia son de competencia de estos Tribunales. Especialmente son competencia de los Tribunales de Familia las materias relativas a:

- Adopción.

- Autorización de salida de menores del país.

- Autorizaciones judiciales a propósito de la sociedad conyugal.

- Bienes familiares: solicitudes para asegurar que la casa donde reside la familia no pueda ser vendida, hipotecada u otro, por el cónyuge dueño sin la autorización del otro.

- Cuidado personal (o tuición) de los hijos.

- Declaraciones de interdicción cuando una persona está incapacitada de administrar sus bienes.

- Derecho y deber de mantener una relación directa y regular con los hijos (visitas).

- Divorcio.

- Filiación o determinación de paternidad o maternidad.

- Guardas: solicitud que se hace al juez para que defina quién se hará cargo del cuidado y/o de los bienes de un niño o niña menor de 18 años, cuando sus padres han muerto o no están en condiciones de hacerse cargo de ellos.

- Hechos punibles o faltas imputables a menores de edad.

- Maltrato de niños o niñas.

- Medidas de protección de niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración de derechos, esto es, casos de maltrato, abuso, o abandono, entre otros.

- Nulidad del matrimonio.

- Patria potestad: los derechos y deberes que el padre y/o la madre tienen sobre los bienes de sus hijos menores de edad.

- Pensión de alimentos.

- Separación de bienes matrimonio. en el matrimonio y separación judicial del

- Violencia intrafamiliar.

Estos tribunales son de primera instancia, esto es, que sus resoluciones constituyen el primer grado de decisión de un juicio, pero ellas pueden ser apeladas para que sean revisadas por la Corte de Apelaciones respectiva. Contra la decisión de la Corte de Apelaciones puede recurrirse –en los casos y por las vías que la ley establece– ante la Corte Suprema que las decide en definitiva.

Para poder comparecer ante estos Tribunales se exige, por regla general, hacerlo mediante el patrocinio de un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión y representado por una persona legalmente habilitada para obrar en juicio (Art.18 Ley 19.968).

Sólo excepcionalmente puede concurrirse sin ese patrocinio y representación: a) Cuando el juez, en caso necesario y por motivos fundados, exceptúa expresamente a la persona para que éste no sufra menoscabo en sus derechos y b) En ciertos procedimientos como los relativos a violencia intrafamiliar, medidas de protección a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Existen 3 tipos de procedimientos, uno ordinario y dos especiales, el de aplicación de medidas de protección y el de violencia intrafamiliar.

El procedimiento ordinario ante los Tribunales de Familia se aplica en todos los casos en que la ley no establece un procedimiento especial. Se inicia mediante la demanda presentada por una persona en contra de otra. Esa demanda debe ser notificada –puesta en conocimiento– a la otra y con ello se inicia el procedimiento que consiste en dos audiencias principales (audiencia preparatoria y audiencia de juicio) y la dictación de la sentencia definitiva, que se verifica inmediatamente finalizada la audiencia de juicio. Las audiencias se caracterizan por ser orales y siempre con la presencia del juez y las partes.

Por excepción, en el caso de ciertas materias se exige la mediación previa u obligatoria. Así sucede en las causas de alimentos, cuidado personal y las relativas al derecho de los padres e hijos que vivan separados a mantener una relación directa y regular (antiguo derecho de visitas).

Recomendaciones para los profesionales de la salud frente a las problemáticas relacionadas con las causas relativas a menores u otros integrantes de la familia.

Se distinguen diversas situaciones relacionadas con estas materias:

a. Medidas de protección en caso de vulneración de derechos, de competencia de tribunales de familia

i. Los tribunales de familia tendrán competencia para conocer sobre medidas de protección tendientes a la protección de los derechos de los niños cuando estos se encontraren amenazados o vulnerados. Esta intervención es indispensable para separar al menor de uno o ambos padres o de quienes lo tengan legalmente bajo su cuidado. (Artículo 68 Ley N°19.968)

ii. El procedimiento en estos casos se inicia a requerimiento de los niños, padres, o personas que lo tengan bajo su cuidado, o de los profesores o director de establecimiento educacional al que asista, de los profesionales de la salud que trabajen en los servicios en que se atienda, del SENAME o de cualquier persona que tenga interés en ello. (Artículo 70 Ley N°19.968)

iii. El requerimiento presentado por cualquiera de las personas señaladas no necesitará cumplir formalidad alguna, bastando la sola petición de protección para iniciar el procedimiento. En este caso, los profesionales de la salud de un establecimiento o centro de salud deberán seguir las propias normas de procedimiento establecidas en sus protocolos internos si se trata de una institución pública o, en caso de una institución de salud privada, de acuerdo con los criterios institucionales establecidos por la jerarquía, evitando realizar directamente la solicitud al tribunal de familia correspondiente.

iv. Si el profesional de la salud toma conocimiento de otro tipo de situaciones que no impliquen directamente una certeza de vulneración de derechos sino una mera sospecha de conductas negligentes o de entornos familiares conflictivos, no le asiste obligación legal de denunciar, pero en desempeño de su labor preventiva puede orientar a los involucrados acerca de las formas de prevenir situaciones más complejas. Cobra relevancia la derivación a las trabajadoras sociales del establecimiento, o de los municipios, o directamente a oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial del domicilio de los involucrados.

b. Denuncias por presuntos abusos sexuales o delitos contra la vida o la integridad física de los menores

Las últimas modificaciones legales han determinado que, en la práctica, tanto organismos como personas individuales, estén obligadas a denunciar el abuso sexual contra menores si es que se llegan a enterar. De lo contrario, podrían ser procesados como cómplices de dicho delito. Específicamente, en el caso de la salud, las reglas penales vigentes establecen que:

i. Están obligados a denunciar un posible abuso sexual si existen señales de él –como más en general si existen señales de cualquier otro delito– el siguiente personal de salud: los jefes de establecimientos hospitalarios o de clínicas particulares y, en general, los profesionales en medicina, odontología, química, farmacia y de otras ramas relacionadas con la conservación o el restablecimiento de la salud, y los que ejercieren prestaciones auxiliares de ellas (Artículo 175 del Nuevo Código Procesal Penal⁷). Entre esos delitos se incluyen expresamente los hechos que pudieren constituir violencia intrafamiliar de que tomen conocimiento en razón de sus cargos.

ii. Efectuada la denuncia por uno de ellos, ese hecho exime al resto de hacerla. La denuncia debe hacerse dentro de las veinticuatro horas siguientes al momento en que tomaren conocimiento del hecho criminal (Art.176 CPP).

iii. Si se omite hacer la denuncia puede imponérsele una pena de multa de uno a cinco sueldos vitales (Art. 494 Código Penal) o la señalada en leyes especiales en ciertos casos. Sólo puede liberarse de esa pena aquél que haya omitido hacer la denuncia en razón de que, de hacerla, se veía expuesto él, su cónyuge, su conviviente o sus ascendientes, descendientes o hermanos a ser perseguidos según la ley penal (Art. 177 CPP).

iv. Además, en el caso de los delitos sexuales, la Ley de Delitos Sexuales 19.617 agrega que si la víctima, a causa de su edad o estado mental, no pudiere hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere padres, abuelos guardadores o persona encargada de su cuidado, o si teniéndolos, estuvieren imposibilitados o implicados en el delito, la denuncia podrá ser efectuada por los educadores, médicos u otras personas que tomen conocimiento del hecho en razón de su actividad o podrá procederse de propia iniciativa con el Ministerio Público, quien estará facultado también para deducir las acciones civiles a que se refiere el artículo 370 (alimentos). El procedimiento judicial se verifica ante los juzgados de garantía competente.

v. Los hospitales, clínicas y establecimientos de salud semejantes, sean públicos o privados, deben practicar los reconocimientos, exámenes médicos y pruebas biológicas conducentes a acreditar el delito y a identificar a los partícipes en su comisión, debiendo conservar las pruebas y muestras correspondientes. Debe además levantarse acta, en duplicado, del reconocimiento de los exámenes realizados, la que debe ser suscrita por el jefe del establecimiento de los profesionales que los hubieren practicado.

vi. Todas las muestras obtenidas, resultados de análisis y exámenes practicados, deben ser guardados bajo custodia y estricta reserva en la dirección del hospital, clínica o establecimiento de salud, por un período no inferior a un año, para ser remitidos al tribunal correspondiente en su caso.

vii. Los profesionales de la salud que se desempeñen en hospitales, clínicas u otros establecimientos del ramo, al realizar los procedimientos y prestaciones médicas que hubieren sido solicitados, deberán practicar los reconocimientos y exámenes conducentes a acreditar el daño físico o psíquico ocasionado a la víctima, debiendo además conservar las pruebas correspondientes. A estos efectos se levantará acta, en duplicado, del reconocimiento y de los exámenes realizados, la que será suscrita por el jefe del establecimiento o de la respectiva sección y por los profesionales que los hayan practicado. Una copia se entregará a la víctima, o a quien la tuviere bajo su cuidado y la otra, así como los resultados de los exámenes practicados, se remitirá al tribunal competente, si lo requiriese. En este punto, se recomienda siempre consultar los propios protocolos de actuación internos de las instituciones pues, en casos dudosos o que no resulten efectivos, la intervención estatal a través de las policías y la judicatura es, casi siempre, irreversible y totalmente invasiva del entorno protector de la familia.

CONCLUSIÓN

El derecho regula a la Familia de forma directa e indirecta. Cuando lo hace de forma directa establece estatutos mínimos de relaciones entre los miembros de una familia, precisando los derechos y deberes derivados de las relaciones de familia más comunes, como son el matrimonio y la filiación.

Por tratarse de un estatuto mínimo o básico, la complejidad de las relaciones interpersonales familiares excede con mucho las normas que contempla el Derecho de familia y es por eso que el bienestar familiar o la oportuna y definitiva resolución de conflictos no depende sólo de la correcta aplicación de la ley sino del adecuado ejercicio de la soberanía familiar y de un contexto cultural, educacional y valórico de compromiso con la familia suficientemente arraigado en las personas.

La nueva justicia de familia ha significado un avance en la mejor y más rápida resolución de los conflictos de familia por el principio de especialidad que les caracteriza y es bastante más oportuna en la tutela de derechos vulnerados. Con todo, es una judicatura aún perfectible, que no logra solucionar o prevenir del todo y que debe ser apoyada en la solución del conflicto familiar por las otras disciplinas que se ocupan de la familia.

Los profesionales de la salud como todos los que de alguna forma trabajan con o para los miembros de la familia deben conocer las normas jurídicas que regulan las relaciones familiares, no solo para ejercer oportunamente el deber legal de denuncia o de requerimiento de protección ante la justicia, a través de los conductos regulares, sobre todo en casos relativos a vulneración de derechos, sino además porque en el ejercicio de su labor pueden prevenir muchas situaciones familiarmente complejas a través de una adecuada derivación.

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Ramos, R. (2003). Derecho de Familia. (4°ed.), Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

Troncoso, H. (2007). Derecho de Familia. Santiago: Editorial Lexis Nexis.

¹ En adelante, artículo se abreviará por art. e inciso por inc.

² En adelante, se abreviará Código Civil con las siglas C.C.

³ LMC es la abreviatura de Ley de Matrimonio Civil.

⁴ C.C. es la abreviatura de Código Civil.

⁵ Desde ese año hasta hoy ha sufrido algunas modificaciones, a través de la Ley N° 19.693, publicada en el Diario Oficial de 28 de septiembre de 2000 y de la Ley N° 19.806 de 2002, publicada en el Diario Oficial de 31 de mayo de 2002.

⁶ Ley n° 20066 de 27 de octubre de 2005.

⁷ En adelante CPP

Capítulo 3

LA FAMILIA DESDE LA PERSPECTIVA SISTÉMICA

Daniela Fuentes Olavarría

INTRODUCCIÓN

El abordaje sistémico de una familia contempla una mirada global y relacional de los procesos que ocurren en su interior, otorgando al profesional la posibilidad de interactuar con todos sus miembros. Esta aproximación facilita el cambio al interior del sistema familiar e invita al profesional a cambiar de paradigma y a abrirse a la posibilidad de poner en práctica ciertas habilidades necesarias para trabajar con grupos de personas.

El presente capítulo tiene como objetivo introducir al lector en la comprensión del abordaje sistémico de una familia. Se revisa el concepto de sistema familiar, sus componentes y características, el origen de la aproximación sistémica y los fundamentos que apoyan su elección en el trabajo con familias.

COMPRENSIÓN SISTÉMICA DE LAS FAMILIAS

Sistema es un conjunto organizado de elementos que interactúan entre sí o son interdependientes, formando un todo complejo, identificable y distinto (Lillienfeld, 1991), que se rige por reglas o principios sobre una materia y que contribuyen a un orden o fin determinado (Gonzáles, 2007).

Según la Teoría General de Sistemas, un sistema es un conjunto de elementos en interacción dinámica en que el estado de cada elemento está determinado por el estado de cada uno de los demás que lo configuran. Según esta teoría, se entiende por elementos de un sistema no solo sus componentes físicos, sino también las funciones que éstos realizan. Bertalanffy describe además, que un sistema es abierto cuando intercambia información con su entorno, hecho por el cual el sistema es modificado y a la vez modifica su contexto (Bollini, 1994).

Desde la perspectiva antes descrita, la familia se define entonces como un sistema, es decir, como un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por reglas y funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior. Es un conjunto que adquiere una identidad propia y diferenciada del entorno, con su propia dinámica interna que autorregula su continuo proceso de cambio (Minuchin, 1995).

El abordaje sistémico de las familias se desarrolla durante las décadas de 1950 y 1960, período en el cual Bertalanffy formuló sus primeras aproximaciones a la Teoría General de Sistemas (Roizblatt, 2006). Inicialmente surgió con el objetivo de dar una explicación coherente a la organización de fenómenos naturales y los principios que los regían. Sin embargo, en la actualidad se aplica al conocimiento de realidades naturales, ecológicas, medioambientales, sociales, etc., (Espinal, Gimeno, & González, 2005). En el mismo sentido y, para dar explicación a su origen, Lillienfeld (1991) plantea que el abordaje sistémico surge del estudio de los seres vivos, a partir de jerarquías organizadas en niveles, cada una con propiedades emergentes que no se pueden explicar a partir de los componentes del nivel inferior y con elementos nuevos que surgen de la interacción entre ellos y no de los componentes individuales.

Por muchos años las intervenciones y técnicas de evaluación se centraron exclusivamente en el individuo aislado de su medio. Sin embargo, la concepción sistémica de familia cambia esta forma de entender los eventos e intenta modificar su organización, transformando la estructura del grupo familiar y en consecuencia, las “posiciones” de sus miembros. Bajo la premisa de que todos los elementos de un ecosistema se influyen mutuamente, al intervenir en una familia de esta forma se obtiene como resultado una modificación de la experiencia de cada individuo (Gerzon, 2010; Gonzáles, 2007; Miller, 1984).

El abordaje de la familia, a partir del enfoque sistémico, se basa no tanto en los rasgos individuales de personalidad de sus miembros, sino más bien en el conocimiento de la familia, como un todo, como un grupo con una identidad propia y escenario en el que tienen lugar un amplio entramado de relaciones (Espinal et al., 2005), que le permiten estar en constante transformación y adaptarse a las exigencias del desarrollo individual de sus miembros y a las necesidades del entorno. Es esta adaptación la que asegura la continuidad y a la vez el crecimiento psicosocial de sus miembros (Bollini, 1994; Gerzon, 2010).

Al interior de una familia las relaciones dependen de reglas o leyes a partir de las cuales sus integrantes funcionan en un sistema de relaciones recíprocas. En el grupo familiar, el comportamiento de cada individuo se relaciona de un modo dinámico con el de los otros miembros de la familia y a su vez influye en el equilibrio de todo el sistema familiar conjunto (Gonzáles, 2007; Krause, 2010).

De acuerdo a Espinal et al. (2005), las metas del sistema familiar son inicialmente asignadas en relación a lo social, para luego ser interiorizadas y evolucionar a la protección y educación de los hijos y la integración en la comunidad como miembros activos. Este proceso cambia y es diferente en cada comunidad y en cada etapa de desarrollo de la familia. Por lo tanto, desde esta perspectiva más ecológica, se considera también a la familia como un sistema evolutivo, orientado hacia un propósito y a la consecución de determinadas metas (Espinal et al., 2005).

Componentes de un sistema familiar

En términos de los procesos que viven, los sistemas reciben entradas (inputs) desde el exterior en forma de información, recursos físicos, o energía. Luego de un proceso de transformación, se obtienen como consecuencia los resultados o salidas (outputs). Se dice que hay realimentación o retroalimentación (feedback) cuando parte de las salidas de un sistema vuelven a él en forma de entrada. El feedback es necesario para que cualquier sistema pueda ejercer control de sus propios procesos (Flynn, 2010; Gonzáles, 2007; Lillienfeld, 1991), entendiendo como elementos de un sistema no solo sus componentes físicos, sino también las funciones que éstos realizan. Un conjunto de elementos al interior de un sistema puede ser considerado un subsistema si éstos mantienen una relación entre sí que los hace también un conjunto identificable y distinto (Lillienfeld, 1991; Miller, 1984).

Se entiende también por subsistema familiar a un reagrupamiento de miembros de la familia, según criterios de vinculación específica de la que se derivan relaciones particulares (Gonzáles, 2007). Se pueden identificar entonces un subsistema conyugal, el cual se forma cuando dos adultos se unen con la intención explícita de formar una familia, compartiendo intereses, metas y objetivos; un subsistema parental, el que puede estar constituido por las mismas personas que el sistema conyugal y que se forma a partir del nacimiento del primer hijo (su vínculo se estructura en el hecho de ser ambos progenitores de nuevas personas); y el subsistema filial o subsistema fraterno, que está constituido por los hijos (Bollini, 1994; Espinal et al., 2005; Gonzáles, 2007).

De acuerdo a Bronfenbrenner (1986), el proceso de desarrollo del ser humano al interior de una familia, al igual que ocurre en cualquier otro organismo vivo, se enmarca en una serie de sistemas relacionados unos con otros y distintos escenarios de interacción con el ambiente. Este planteamiento considera que el sistema familiar es el que define y configura en mayor medida el desarrollo de la persona desde su concepción.

Desde su Modelo Ecológico, Bronfenbrenner (1986) desarrolla la idea de que el entorno en el que se desarrolla la familia es algo que trasciende la situación inmediata y afecta directamente a las personas en desarrollo. Explica que los sistemas se conciben como una disposición seriada de estructuras concéntricas inclusivas, en la cual cada una de las estructuras se encuentra inmersa en la siguiente. Considera a la familia como el microsistema más importante porque configura la vida de una persona durante muchos años, en el que además se definen el conjunto de interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato.

Las relaciones que se establecen al interior del microsistema reciben influencia del exterior, lo que se conoce como el exosistema. El mesosistema familiar es el conjunto de sistemas con los que la familia se relaciona y con los que establece intercambios directos. Entre ellos se reconocen el colegio, la asociación de vecinos, el club deportivo, el centro de padres, etc. (Espinal et al., 2005). En cada uno de los escenarios mencionados, el mesosistema recibe la influencia de la familia al mismo tiempo que la familia recibe la influencia del medio. Un ejemplo de esto es que las tensiones y problemáticas familiares se reflejan en el comportamiento de un hijo en el colegio, al tiempo que la familia recibe la influencia de la escuela y del barrio en temas de comportamiento, relaciones sexuales, prevención del sida, etc. (Figura 1).

Por otro lado, un sistema familiar se deteriora cuando experimenta una falta o ausencia de integración en el entorno físico y social, lo que trae como consecuencia un aislamiento que deja, por ejemplo, a la familia sin información sobre recursos sociales reales o potenciales y sin apoyos puntuales ante las dificultades lo que acaba por incrementar el estrés y los problemas familiares. Ejemplo de esto son los casos de inmigración y marginalidad (Bollini, 1994).

Siguiendo con la descripción, el último de los elementos de un sistema es el macrosistema, entendido como el conjunto de valores culturales, ideologías, creencias y políticas que da forma a la organización de las instituciones sociales (Gonzáles, 2007) (Figura 1).

El abordaje sistémico de la familia permite observar cómo cada grupo familiar se inserta dentro de una red social que es más amplia, desplegando su energía para alcanzar su propia autonomía. La interacción de los componentes en los subsistemas se regula mediante flujos estables, que se retroalimentan por la acción de todos aquellos subsistemas que participan en el sistema. Así, la estructura familiar es compleja y la dinámica general de la misma está mediada por el funcionamiento particular de cada subsistema, en los diferentes ciclos de la vida total del sistema (Dois & Montero, 2006; Espinal et al., 2005; Gerzon, 2010).

FIGURA 1. SISTEMA FAMILIAR, ADAPTADO DE MODELO ECOLÓGICO DE BRONFENBRENNER (1986)

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA FAMILIAR

A toda familia se le reconocen los principios de un sistema general abierto y también otras características relevantes que facilitan su comprensión (Dois & Montero, 2006; Espinal et al., 2005):

a. Totalidad: la parte y el todo se contienen recíprocamente en un proceso actual y continuo de comunicación e interacción (Dois & Montero, 2006). Así, el comportamiento de todo el sistema familiar no puede ser explicado como la suma del comportamiento de sus miembros. Dada la heterogeneidad de los seres humanos es que el impacto en cada uno de ellos se produce de manera distinta, dependiendo de la posición (interdependencia) y de la jerarquía de sus miembros (Minuchin, 1995). De acuerdo a Von Bertalanfy, los individuos generan cambios de carácter cualitativo y lo que ocurre a uno de los miembros de la familia afecta a los demás integrantes (Eguiluz, 2003). La totalidad, como propiedad, se construye mediante un sistema de valores y creencias compartidos, por las experiencias vividas a lo largo de la vida y por los rituales y costumbres que se transmiten generacionalmente entre los miembros del sistema. Se conforma de esta manera una cultura familiar, que al fraguar con el tiempo da origen a una identidad de grupo, fortalece el sentido de pertenencia de sus miembros, da respuesta a sus necesidades de filiación y contribuye a la construcción de la propia identidad personal frente al medio (Espinal et al., 2005).

b. Sinergia: cada miembro de la familia forma parte de un todo mayor. Visto desde otra perspectiva, el todo es mucho más que la suma de las características de sus integrantes (Dois & Montero, 2006). Un ejemplo que facilita su comprensión es el aporte que cada uno de los miembros realiza a la concreción de una tarea particular. La construcción de una terraza con quincho para asados puede resultar muy fácil si el padre es creativo y entusiasta, la madre muy trabajadora y abnegada, el hijo mayor perseverante y la hija menor muy organizada, a diferencia de si cada uno de ellos quisiera iniciar el proyecto en forma individual.

c. Equifinalidad: es decir, un sistema puede alcanzar el mismo resultado final a partir de condiciones iniciales diferentes. Se desprende de esta característica, el hecho que no existe al interior de las familias una causalidad lineal ni mecánica (Eguiluz, 2003). Siguiendo el mismo ejemplo anterior, una familia puede alcanzar el objetivo de construir la terraza con el quincho para asados aunque el estado y la condición de cada uno de ellos sea diferente.

d. Recursividad: las relaciones entre los miembros del sistema se presentan en forma repetida y recíproca, de modo que pueden ser observadas como pautas de interacción (Eguiluz, 2003). Esta característica se asocia a la circularidad de los eventos familiares, en que cada uno de ellos es causa y efecto a la vez (Dois & Montero, 2006). Los miembros de una familia permanecen en un constante contacto entre sí, a partir de una serie de intercambios continuos que suponen una mutua influencia y no una mera causalidad lineal, que tiende a mantenerse estable (Espinal et al., 2005). En este sentido, a mismo efecto pueden ser el resultado de distintos factores que, juntos o por separado, actúan como causas y esto se da debido a una permanente circularidad e interconexión entre los miembros de un mismo sistema (Lillienfeld, 1991).

e. Autoorganización: la familia plantea sus metas y los medios para lograrlas. El sistema es agente de su propio desarrollo y de sus propios cambios a través de estrategias, normas, recursos y procedimientos aportados por todos los miembros, los que se van asimilando del mismo entorno en el que la familia se desenvuelve o bien de su historia familiar particular (Espinal et al., 2005). Los miembros de la familia citados en el ejemplo anterior se organizarán de una manera particular para lograr el objetivo planteado, es decir, un integrante se encargará de hacer el listado de materiales (hija menor), otro de animar e inyectar entusiasmo a la tarea resaltando los logros y cualidades de cada uno (el padre), otro fijando horarios de trabajo y dejando todo ordenado al término de la tarea (la madre) y otro estará muy preocupado de lograr el objetivo en el menor tiempo posible con el mejor resultado (el hijo).

f. Límites: líneas de demarcación que funcionan como fronteras de intercambio de información, afecto y apoyo entre dos individuos o entre dos subsistemas (Ochoa de Alda, 1995 citado en Eguiluz, 2003). Definen quienes y de qué manera los integrantes de un sistema participan en una transacción interpersonal. Su función es proteger la diferenciación del sistema y sus subsistemas. De esta manera, existen límites que demarcan el subsistema padre-madre, el subsistema hermanos, el subsistema padre-hijos y madre-hijos, etc.

g. Retroalimentación: proceso que se realiza mediante “feedback” a través de circuitos generalmente estables, en respuesta al comportamiento de los miembros de la familia. El comportamiento de cada integrante del sistema produce un efecto y vuelve sobre el primero modificando su conducta (Minuchin, 1995). La retroalimentación es, por tanto, la capacidad de recabar información sobre el proceso de desarrollo familiar, sobre los niveles de logro de las metas y sobre la eficacia de las reglas y de las estrategias activadas de forma de posibilitar una autoorganización más eficaz (Espinal et al., 2005).

h. Homeostasis: se refiere al estado de equilibrio que mantiene un sistema a través de fuerzas tendientes al cambio y fuerzas tendientes a la estabilidad, las que se manifiestan como un permanente movimiento entre el equilibrio y el cambio. Si debido a situaciones de crisis o problemas familiares se produce una desestabilización o desequilibrio del sistema, los miembros de la familia responden con esfuerzos dirigidos a re-establecer el equilibrio perdido (Gonzáles, 2007).

i. Centralidad: propiedad que se observa cuando uno de los miembros de la familia ocupa un espacio emocional mucho mayor que el resto de los integrantes (Eguiluz, 2003). Habitualmente se refiere a aquel integrante que requiere mayor atención o el portador del síntoma al interior de la familia.

j. Autopoiesis: resistencia a los cambios que provienen del exterior, para los cuales la familia desarrolla procesos de asimilación e integración de lo nuevo en la estructura existente y de rechazo a lo que se considera extraño al sistema (Maturana & Varela, 1990 citados en Eguiluz, 2003). Un ejemplo lo constituye la incorporación de un nuevo miembro a la familia. Un tío lejano que mantenía contacto desde el extranjero en forma frecuente, ha solicitado vivir por un período de tiempo en el hogar. Si bien el tío es aceptado sin problemas en la familia, la recepción de su pareja resulta difícil debido a que no la conocen.

De la definición de Bertalanffy, según la cual el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, se agregan los principios de finalidad, elementos y procesos. La finalidad se refiere al motor que proporciona dirección al sistema y determina los procesos que deben llevarse a cabo para lograrla; los procesos son las operaciones o funciones de las partes para lograr la finalidad y los elementos se definen como las partes o componentes que operan y llevan a cabo las funciones necesarias para lograr la finalidad (Lillienfeld, 1991).

Los sistemas son esencialmente cambiantes y siempre se encuentran en evolución (Miller, 1984; Von Sydow Beher, Schweitzer, & Retzlaff, 2010). En este sentido, la familia es un sistema en continua transformación, que experimenta cambios y modificaciones en los distintos momentos de su crecimiento y evolución para lo cual crea y adapta distintas formas de funcionamiento (Gonzales, 2007). En su interior, las historias personales se ensamblan con las demás creando una historia general de globalidad, constituida por las interrelaciones que tienen sus miembros y por las historias de las familias de origen de cada uno de ellos (Dois & Montero, 2006). Según la Teoría General de Sistemas, cualquier cambio en un miembro del sistema afectará a los demás ya que las pautas de funcionamiento del sistema no son reducibles a la suma de sus elementos constituyentes. De esta forma, un mismo efecto puede responder a distintas causas debido a la permanente circularidad e interconexión entre los miembros del sistema (Lillienfeld, 1991).

La conducta de un miembro de la familia no se puede entender separada del resto de sus miembros y las modalidades transaccionales que caracterizan las relaciones dependen de las reglas o leyes a partir de las cuales funcionan los miembros del sistema en relación recíproca. Esto lleva a la necesidad de contemplar a la familia como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el propio sistema (Gonzáles, 2007).

¿POR QUÉ ELEGIR EL ABORDAJE SISTÉMICO?

Históricamente las técnicas de intervención basadas en la concepción individual del conflicto, mediante atribuciones a los comportamientos de un miembro, se centraban exclusivamente en éste, aislado de su medio. La concepción sistémica de familia intenta modificar su organización ya que al transformar la estructura del grupo familiar se modifican, en consecuencia, las posiciones de sus miembros (Gonzáles, 2007).

Desde el punto de vista de otros enfoques, investigaciones recientes han demostrado que la terapia sistémica resultó ser más efectiva que los grupos de control sin intervención psicosocial, la Terapia Cognitivo Conductual, la Psicoeducación Familiar, o el solo uso de fármacos antidepresivos y neurolépticos en casos de pacientes adultos en tratamiento por trastornos afectivos, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, factores psicosociales relacionados con condiciones médicas y la esquizofrenia. Aunque por sí sola no siempre es suficiente, en ciertos trastornos graves la combinación con otras intervenciones psicoterapéuticas y/o farmacológicas es más útil, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, con dependencia de heroína y con depresión grave, evidenciándose una menor tasa de abandono que cualquier otra forma de abordaje terapéutico (Von Sydow et al., 2010).

Según Montenegro (1997), el abordaje sistémico estimula en los niños el desarrollo de su identidad y autonomía, generándose espacio para el crecimiento de todos los miembros de la familia. El fomento de la independencia gradual de los hijos, de acuerdo a la etapa del ciclo vital que la familia vive, facilita la aceptación de sus diferencias individuales.

Contrario a lo que podría suponerse, el incluir a los niños en el abordaje sistémico de una familia puede constituir una valiosa fuente de información por medio de sus expresiones o conductas, teniendo la extrema precaución de resguardar que los hijos no sean utilizados para resolver los problemas conyugales ni solicitados para hacer alianzas con alguno de sus padres. De esta manera se puede asegurar a la familia con niños pequeños un espacio de expresión de emociones, afecto y calidez, idealmente cultivando el sentido del humor (Montenegro, 1997). El enfoque sistémico ha demostrado ser eficaz para facilitar el cambio positivo en el comportamiento de los miembros de la familia. Mediante la exploración, reflexión y una forma de interacción no juzgadora, el enfoque orienta a los equipos a comprender los problemas familiares desde una comunicación participativa, donde los problemas se pueden resolver mediante el uso de la palabra, el discurso y la participación en la co-construcción de significados y soluciones alternativas (Flynn, 2010). Concibe el comportamiento en el contexto de los sistemas sociales en los que las personas viven, centrándose en las relaciones interpersonales y las interacciones, las construcciones sociales de la realidad y la causalidad recursiva entre los síntomas y las interacciones (Von Sydow et al., 2010).

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