CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Migraciones y seguridad : un reto para el siglo XXI / Alejo Vargas Velásquez, Maguemati Wabgou, editores. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2019.

324 páginas : ilustraciones (algunas a color), diagramas, mapas -- (Colección Gerardo Molina ; 76)

Incluye referencias bibliográficas al final de cada capítulo e índices de tablas, figuras, temático, onomástico y toponímico

ISBN 978-958-783-778-0 (rústica). -- ISBN 978-958-783-779-7 (e-book). -- ISBN 978-958-783-780-3 (impresión bajo demanda).

1.Migración -- Siglo XXI 2. Racismo -- Siglo XXI 3. Tráfico de personas 4. Seguridad nacional 5. Relaciones internacionales -- Límites --Siglo XXI 6. Discriminación 7. Transnacionalismo 8. Securitización 9. América Latina – Emigración e inmigración -- Siglo XXI I. Vargas Velásquez, Alejo, 1949-, editor II. Wabgou, Maguemati, 1968-, editor III. Serie

CDD-23 304.82 / 2019

Migraciones y seguridad. Un reto para el siglo XXI

Colección Gerardo Molina

© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales

© Alejo Vargas Velásquez y Maguemati Wabgou, editores, 2019

© Alejo Vargas Velásquez, Maguemati Wabgou, Christian Álvarez Gómez, Daniel Vargas Olarte, Johan Sebastián Bonilla García, Marisol Raigosa Mejía, David Ramírez Figueroa, Leidy Paola Sanabria Pagotes, autores, 2019

Primera edición, 2019

ISBN (papel): 978-958-783-778-0

ISBN (digital): 978-958-783-779-7

ISBN (IBD): 978-958-783-780-3

Comité de Publicaciones

André-Noël Roth Deubel

Vicedecano de Investigación y Extensión y director del Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

Carolina Jiménez Martín

Directora del Departamento de Ciencia Política

Jorge Enrique Carvajal

Director del Departamento de Derecho

Bernd Marquardt

Director de la revista Pensamiento Jurídico

Silvia Cristina Mantilla Valbuena

Directora de la revista Ciencia Política

Este libro resultado de investigación, fue producido con el apoyo de la Dirección de Investigaciones de la Sede Bogotá (DIB) de la Universidad Nacional de Colombia.

Preparación editorial

Instituto Unidad de Investigaciones Jurídico-Sociales Gerardo Molina, Unijus

http://derecho.bogota.unal.edu.co/publicaciones/

insisjpg_bog@unal.edu.co

(57+1) 3165000, exts. 29264 y 29266

Diagonal 40 A bis n.° 15-38, Complejo Casa Gaitán

Juan Sebastián Solano

Coordinador editorial

Ángela María Herrera Castillo

Coordinadora académica

Paula Alejandra Enciso Bautista

Coordinadora administrativa

Melissa Ruano Chacón

Diseñadora gráfica

Diseño original de la Colección

Gerardo Molina

Diego Mesa Quintero

Corrección de estilo

Erika Mesa Díaz

Imagen de portada

U.S. Department of Defense. 181115-H-VJ018-0008

U.S. Border Patrol Agents at Border Field State Park in San Diego watch over personnel reinforcing the border fence with concertina wire, Nov. 15, 2018.

The Border Patrol remains vigilant in ensuring the safety of the American public and securing our borders. (U.S. Customs and Border Protection photo by Mani Albrecht).

Conversión a ePub

Mákina Editorial

https://makinaeditorial.com/

Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización del titular de los derechos patrimoniales.

CONTENIDO

LISTA DE TABLAS
INTRODUCCIÓN GENERAL

Tabla 1. Diferencias entre el tráfico de migrantes y la trata de personas

Tabla 2. Clasificación de formas de trata

PARTE I

Tabla 1. Distribución de la población estadounidense

Tabla 2. Inmigrantes irregulares en Estados Unidos, 2000-2012

Tabla 3. Nacionales centroamericanos deportados por Estados Unidos

Tabla 4. Número estimado de maras en México y el Triángulo Norte

PARTE II

Tabla 1. Componente cultural de países no industrializados e industrializados

PARTE III

Tabla 1. Porcentaje de colombianos residentes en el exterior por países de destino (2006)

Tabla 2 Departamentos de procedencia de los solicitantes colombianos de refugio en Venezuela, 2006

Tabla 3. Comparación entre la Constitución de 1967 y la Constitución de 1979

Tabla 4. Comparación entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999

Tabla 5. Comparación de apartados de derechos civiles entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999

Tabla 6. Comparación sobre lo estipulado sobre derechos políticos en la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999

Tabla 7. Comparación sobre lo estipulado acerca de la competencia del Poder Público Nacional en la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999

Tabla 8. Comparación de lo contemplado sobre el poder tributario de estados y municipios en la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999

Tabla 9. Sobre la extradición de extranjeros en la Constitución de 1999

Tabla 10. Disposiciones transitorias de la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999 sobre el domicilio de extranjeros en Venezuela

LISTA DE FIGURAS
INTRODUCCIÓN GENERAL

Figura 1. Movimientos internacionales de drogas ilícitas (tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales)

Figura 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína

Figura 3. Relación entre dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización

Figura 4. Dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes

PARTE I

Figura 1. Origen de las armas incautadas en México

Figura 2. Distribución de la población de Estados Unidos (%), 2011

Figura 3. Población latinoamericana en Estados Unidos por región de origen, 2011

Figura 4. Aprehensiones de migrantes irregulares en la frontera sur de Estados Unidos, 2000-2012

Figura 5. Rutas de abastecimiento y tráfico de armas desde Estados Unidos a México

Figura 6. Estimado de migrantes irregulares centroamericanos (MCA) de tránsito por México, 1995-2010

Figura 7. Migrantes irregulares centroamericanos detenidos por México, 2005-2010

Figura 8. Costos pagados en dólares por migrantes irregulares traficados por Centroamérica

Figura 9. Rutas principales de los migrantes que viajan a través de México 2001-2005

Figura 10. Flujos migratorios desde Tijuana

Figura 11. Flujos migratorios desde Ciudad Juárez (Chihuahua)

Figura 12. Flujos migratorios desde Piedras Negras (Coahuila)

Figura 13. Flujos migratorios desde Nuevo Laredo (Tamaulipas)

Figura 14. Zonas de secuestro de migrantes en México, 2011

Figura 15. Áreas de influencia de las organizaciones criminales mexicanas

PARTE II

Figura 1. Rutas migratorias desde África hacia Europa (incluyendo la zona Euromed)

Figura 2. Rutas de la droga desde el norte de África hacia Europa, incluyendo la zona Euromed y el Mediterráneo oriental

Figura 3. Migraciones y tráficos de personas (traficantes y migrantes) a lo largo del Mediterráneo y en Europa

PARTE III

Figura 1. Evolución de la población reconocida de refugiados en Ecuador

Figura 2. Características de la población colombiana solicitante de asilo en Ecuador, 2000-2007

Figura 3. Características poblacionales de refugiados colombianos en Ecuador, 2000-2007

Figura 4. Refugiados colombianos, clasificados por estado civil y género

Figura 5. Comportamiento de las solicitudes de refugio de colombianos en Venezuela, periodo 2004-2008

Figura 6. La situación colombiana: desplazados en Colombia; refugiados colombianos en Ecuador y Venezuela y flujos transfronterizos de colombianos hacia Venezuela y Ecuador, 2016

Figura 7. Ruta internacional de drogas desde o en Ecuador

Figura 8. Tráfico de drogas por vía terrestre entre Colombia y Ecuador

Figura 9. Tráfico de drogas por vía marítima entre Colombia y Ecuador

Figura 10. Tráfico de drogas por vía aérea entre Colombia y Ecuador

Figura 11. Tráfico internacional de drogas desde o en Venezuela

INTRODUCCIÓN
MAGUEMATI WABGOU
DANIEL VARGAS OLARTE

La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denomina migración internacional al proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas se trasladan de un país a otro con el propósito de establecerse. En general, las personas que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades laborales y entornos sociales más prósperos. Así, la desigualdad social y económica, la inestabilidad política y la violencia son algunas de las razones que explican el creciente desplazamiento de poblaciones hacia otros países.

En este orden de ideas, la decisión de emigrar de una persona puede estar motivada por factores económicos, derivados de la creciente diferencia en los niveles de vida y de salarios entre los países; la baja calidad de la gobernanza, la corrupción y las falencias estructurales en el acceso a servicios de educación y de salud en los países emisores; los conflictos políticos (a veces con trasfondo étnico o religioso) y la violencia generalizada que, según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fueron la causa del desplazamiento forzado de 68,5 millones de personas en 2017 a nivel global (Acnur, 2018, p. 2) se han convertido en una de las principales causas del desplazamiento de colombianos hacia los países vecinos de la región –al concluir 2017, se registraron 7,9 millones de víctimas del conflicto en Colombia, la mayoría de ellas eran desplazados internos (7,7 millones), constituyéndose así en la segunda mayor población desplazada del mundo después de Siria (p. 6)–; los desequilibrios demográficos, que pueden presentarse tanto en los países emisores como en los receptores; factores ambientales como terremotos, accidentes industriales, inundaciones o sequías; y las comunidades organizadas de compatriotas o familiares en los países de destino, las cuales se constituyen en factor de empuje social y cultural, ya que facilita el proceso migratorio de otras personas. Este último tipo de desplazamientos representa el grueso de las corrientes migratorias legales en muchos países industrializados (OIM, 2013, pp. 33-34).

De esta forma, en el año 2015 y según los datos de las Naciones Unidas, una población de 244 millones de personas vivía fuera de su país natal, y para el año 2050 se estima que el incremento llegue a 405 millones de personas (OIM, citada por Armijo Canto, 2011, p. 6). Para el Banco Mundial (citado por OIM, 2013, pp. 57-58), durante 2010 los flujos desde el sur hacia el norte representaron un 45 % del total de desplazamientos migratorios a nivel mundial y alcanzaron los 95 millones de personas. En el caso de las migraciones sur-sur, como las que se analizan en la tercera parte de este estudio, estas superaron los 75 millones de desplazamientos y representaron un 35 % del flujo migratorio mundial.

En términos absolutos, la mayoría de los migrantes internacionales proceden del sur, siendo Estados Unidos su principal destino. El país norteamericano recibió, según datos presentados por el Banco Mundial (2011), unos 42,8 millones de inmigrantes, mientras que Francia y España –países también objeto del presente estudio– acogieron cada uno cerca de 7 millones de personas extranjeras. México, por su parte, es el principal país emisor de emigrantes, con 11,9 millones de personas en 2010; mientras que 2,9 millones de colombianos emigraron del país. De esta forma, el corredor México-Estados Unidos (caso de estudio en la primera parte del presente trabajo) representa la principal ruta migratoria mundial: el contingente de personas que por allí se desplaza totaliza el 6 % de la masa mundial de migrantes (OIM, 2013).

Por otro lado, se evidencia que, si hasta el siglo XX la mujer mantuvo un comportamiento receptivo y sedentario en función del hombre migrante, en los últimos años del siglo XXI el desplazamiento femenino ha alcanzado casi el 50 % del total del flujo migratorio mundial. En la primera década del nuevo milenio alcanzaron los 95 millones en el mundo, mientras que en Europa el total de mujeres migrantes corresponde al 52 % (Morokvasic, 2007; OIM, 2013). Además, esta creciente feminización de la migración internacional va acompañada de un incremento de la victimización de mujeres por parte de redes criminales dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes irregulares.

A su vez, las migraciones constituyen una importante fuente de recursos económicos para las sociedades de origen. Así, las remesas desde el norte hacia el sur alcanzaron los USD 267 000 millones en 2010, de los cuales unos USD 100 000 millones fueron enviados desde Estados Unidos hacia países del sur (Banco Mundial, citado por OIM, 2013). Las remesas hacia América Latina son del orden de USD 58 100 millones; además, México y Colombia son los principales destinos de estas. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República calcula en USD 3200 millones las remesas provenientes de Ecuador para el año 2007. Entretanto, las remesas hacia África alcanzaron en 2010 los USD 40 000 millones y representaron la segunda mayor fuente de ingresos del continente (Banco Mundial, 2011).

El panorama general de las migraciones internacionales da cuenta de la importancia del fenómeno en el escenario internacional y la relevancia que este ha alcanzado en las agendas de los Gobiernos nacionales. La situación se vuelve preocupante cuando no todos los que aspiran a migrar pueden cumplir con los requisitos administrativos para hacerlo legalmente, de modo que algunos lo hacen de forma no autorizada, con lo cual infringen la ley y se convierten en migrantes irregulares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, p. 45).

Estos flujos migratorios en situación de irregularidad tienden a ser considerados como problemáticas de seguridad en los países de destino porque son asociados con actividades terroristas, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras. De allí que la acción de los Estados respecto al fenómeno migratorio esté cada vez más determinada por las consideraciones en materia de seguridad nacional, conllevando la implementación de políticas restrictivas a la migración. La situación resulta contradictoria cuando, en el marco de los procesos globalizadores, se promueve la apertura de mercados y comunicaciones, pero se pretende limitar los flujos migratorios, es decir, se promueve la apertura de fronteras para la libre circulación de bienes y capitales pero se establece un bloqueo para el tránsito de ciertas personas. Así, mientras la globalización económica se considera una oportunidad, la migración es vista como un problema (Armijo Canto, 2011).

En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.

En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12-13). Al concentrarse las actividades del crimen organizado en las zonas fronterizas, estas coinciden con los espacios donde se desarrollan los flujos migratorios. La consecuencia es que la migración se incluye en el conjunto de problemas de seguridad en las fronteras (Armijo Canto, 2011). Es así como las mismas medidas implementadas para combatir el tráfico de drogas ilegales, por ejemplo, son también instrumentalizadas para contener el tránsito irregular de personas.

En este orden de ideas, el estudio realizado demuestra cómo las políticas restrictivas –que en casos como el de América del Norte incluyen estrategias militaristas– no han generado el efecto esperado de disminuir el número de migrantes. Paradójicamente, estas medidas han tenido el efecto colateral de aumentar las migraciones irregulares, puesto que miles de personas, al no lograr sortear los rígidos controles migratorios, ingresan de forma no autorizada al país de destino tras acudir, en la mayoría de las ocasiones, a redes dedicadas al tráfico de migrantes y la trata de personas.

De tal forma, la trata de personas se ha vuelto una preocupación significativa a nivel mundial y la migración irregular ha escalado puestos en la lista de problemas cruciales que los países deben afrontar. De hecho, estos fenómenos actualmente se equiparan con el narcotráfico como una de las fuentes de ingresos más importantes para el crimen organizado (Armijo Canto, 2011, p. 6). Pero además de violar las normas de control fronterizo establecidas, la migración irregular implica una serie de desafíos mayores en materia de protección de los derechos humanos de la población migrante.

En este contexto, la caída del muro de Berlín y el final de la Guerra Fría, pero sobre todo los eventos terroristas del 11 de septiembre de 2001, han modificado sustancialmente la concepción tradicional de la seguridad nacional –ligada sobre todo a la defensa externa del Estado–: fue vinculada definitivamente a la seguridad interior. En un escenario donde predominan el terrorismo y el narcotráfico como principales amenazas a la seguridad global, factores como la transnacionalización del crimen, la flexibilización de las fronteras nacionales y los crecientes movimientos migratorios, se han constituido en temas relevantes para la construcción de las agendas nacionales y regionales de seguridad y han llevado a las autoridades nacionales a conjugar, cada vez más, sus aparatos de seguridad interior con los de seguridad exterior.

Así, entender los vínculos entre migración y seguridad es el objetivo principal del trabajo de investigación desarrollado por los grupos de investigación Migraciones y Desplazamientos y Seguridad y Defensa, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Para ello, se analizan tres casos que evidencian esta securitización de las políticas migratorias: en primer lugar, Estados Unidos frente a su frontera con México; segundo, la situación de la Europa mediterránea y las migraciones provenientes de África del Norte; y finalmente, el caso de las migraciones colombianas, esencialmente por motivos de la violencia, hacia los países vecinos de Ecuador y Venezuela.

En los dos primeros casos, se evidencia el influjo de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y Washington (2001) y sus réplicas en Madrid (11 de marzo de 2004) y Londres (7 de julio de 2005) para la integración de las medidas de control migratorio dentro de las políticas de seguridad nacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea asumieron medidas para hacer frente a la amenaza terrorista en casa desde una perspectiva defensiva, mediante el fortalecimiento de la respuesta policial, judicial, la protección de infraestructuras críticas y de la población contra futuros atentados.

En el caso de Estados Unidos, las estrategias enmarcadas en la Homeland Security fortalecieron los controles fronterizos y el seguimiento receloso sobre las poblaciones inmigrantes, con el fin de prevenir la entrada de posibles terroristas –y también narcotraficantes– al país. El fortalecimiento de la vigilancia fronteriza implicó la adopción de estrategias de guerra de baja intensidad y la militarización de estructuras como la Patrulla Fronteriza, encargada del control migratorio. Esto estimuló una interpretación ideológica que criminalizaba a la migración indocumentada, o bien, la entendía como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 162).

La Europa mediterránea, por su parte, ha sido receptora de flujos masivos de migrantes provenientes de países de África y de Oriente próximo, con los que comparte lazos históricos comunes derivados de su pasado colonial. Como en el caso de Estados Unidos, Europa también ha asumido estrategias restrictivas de la inmigración que tienden a la criminalización y desconfianza sobre las poblaciones llegadas de otras latitudes. En términos generales, las poblaciones africanas son asociadas con el delito común, los musulmanes con grupos terroristas y los latinoamericanos con bandas narcotraficantes.

Desde esta óptica, las leyes migratorias en Estados Unidos y Europa promueven prácticas de discriminación y exclusión de inmigrantes. Esta tendencia se confirma en legislaciones adoptadas por el estado de Arizona, que afecta la población de origen mexicano, o en Italia, en contra de poblaciones gitanas. En ambos casos se trata de medidas que se fundamentan en la sospecha sobre las personas basada en un perfil étnico-racial.

El caso del triángulo Ecuador-Colombia-Venezuela es particular. Los tres países, más allá de orientaciones ideológicas de sus gobiernos, comparten factores de riesgo e inseguridad derivados de la desigualdad social, altos índices de pobreza, desequilibrios macroeconómicos, la fragilidad de sus sistemas políticos, situaciones de inseguridad convencional y otras derivadas del narcotráfico. Sin embargo, la situación de conflicto armado interno en Colombia es el factor determinante de la migración masiva de poblaciones colombianas a los países vecinos. Dada la acción de los grupos armados ilegales –y también de las estrategias militares asumidas por el Estado colombiano para combatirlos–, se presenta una importante oleada de colombianos que se ven obligados a cruzar las fronteras para escapar de la violencia y buscar refugio en los países vecinos. No obstante, el problema del desplazamiento forzado no ha recibido la atención debida por parte de los países implicados, que priorizan las preocupaciones de seguridad nacional y las necesidades de blindar las fronteras frente al accionar de grupos armados ilegales, bandas criminales narcotraficantes y de las fuerzas militares del Estado vecino.

De esta forma, el Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa y el Grupo de Investigación en Migraciones y Desplazamientos presentan los resultados de investigación del proyecto Migraciones y Seguridad: un reto para el siglo XXI, y aprovechan para agradecer el apoyo brindado por la Dirección de Investigaciones de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para el desarrollo de este trabajo.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Este acápite presenta las perspectivas teóricas a partir de las cuales se fundamenta el trabajo de investigación. Así, se presentan elementos conceptuales relacionados con el desarrollo económico desigual, vínculo histórico, redes sociales y transnacionalismo, securitización, xenofobia y discriminación, trata de personas y el tráfico de migrantes.

Desarrollo económico desigual

Partimos de la idea según la cual la creciente ola migratoria es producto –directa o indirectamente– de los desequilibrios socioeconómicos entre los países, lo cual alude a la idea de un desarrollo económico desigual que se sitúa dentro del marco de los enfoques teóricos de la dependencia. En este sentido, las migraciones internacionales pueden ser analizadas como consecuencia de las dispares condiciones materiales de existencia entre los países desarrollados del norte y aquellos en vías de desarrollo del sur. A pesar de la crisis económica mundial iniciada en 2008, son notables los contrastes entre las aceptables condiciones de vida para la mayoría de habitantes del norte, frente a las precarias condiciones de vida para la mayoría de habitantes del sur.

Para Osvaldo Sunkel (1981, p. 43), retomando a Henri Pirenne, con “la formación de los modernos imperios mercantiles a partir del siglo XVI y el consiguiente auge del comercio colonial, en ciertas regiones de Europa se estuvo operando un importante proceso de acumulación de capitales”. Esta situación marca procesos diferenciales de integración a la economía mundial para cada región del mundo y, por tanto, determina el papel a cumplir en el sistema productivo. En consecuencia, y después de cincuenta años, el camino histórico unidireccional para el desarrollo propuesto por Walt Rostow (1961) perdió validez porque persisten las diferencias en el papel productivo de cada país, lo que determina los respectivos determinantes de las condiciones de vida para sus poblaciones.

Este desarrollo económico desigual ha conducido a un desequilibrio estructural que afecta principalmente los núcleos vitales de la población del sur (García Nossa, 2006). De igual manera, el fenómeno del desarrollo del subdesarrollo afecta principalmente a los países del denominado tercer mundo involucrados en la parte inferior de la dinámica desigual de la economía internacional (Wabgou, 2010, p. 158). Esta condición genera situaciones sociales y económicas adversas que se evidencian en la regionalización de la pobreza extrema, el hambre, las dificultades en el acceso a un sistema educativo y a un sistema de salud (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 2013); lo que coincide con un incremento de la calidad de vida de los países industrializados o desarrollados.

Al respecto, Bustelo (1994) señala que el mal reparto de los recursos condiciona la dependencia, la desarticulación, la polarización y extraversión que caracterizan a los países subdesarrollados en términos económicos. Esta dependencia demuestra el porqué de los movimientos poblacionales de sur a norte, ya que “los países desarrollados, después de haber contribuido a hundir los pueblos del sur en la pobreza como los africanos, atraen a su mano de obra para desempeñar tareas poco calificadas” (Wabgou, 2010, pp. 161-164).

En definitiva, las migraciones contemporáneas son concebidas como un medio a través del cual las poblaciones del sur buscan encontrar mejores condiciones de vida y bienestar. En efecto, las condiciones de inseguridad física, económica y social en las cuales viven amplios sectores de la población de estos países, se constituyen en factores determinantes del desplazamiento y la migración.

La situación resulta más compleja cuando los factores de inseguridad económica se articulan con factores de inseguridad política, cosa que alimenta el fenómeno de las migraciones humanitarias o los llamados refugiados políticos. Asimismo, cobra relevancia la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 que, en su artículo 1, define el término refugiado para referirse a aquella persona que:

[…] debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opciones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país. (Acnur, 2005, p. 12)

En otros términos, son refugiadas aquellas personas que abandonan su país bajo la amenaza a su vida, seguridad o libertad, en un contexto marcado por el conflicto armado interno y la violación de los derechos humanos. En muchos casos, los refugiados y las personas en situación de desplazamiento han sufrido una violación de sus derechos, como consecuencia de la falta de protección estatal, y se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que requieren atención y protección especial, derivada del estatus de refugiado a que da lugar el asilo y que los Estados que firmaron la Convención están obligados a otorgar al solicitante. En general, los países de América Latina (sobre todo Centroamérica y Colombia) y África (principalmente de la África subsahariana) presentan los mayores flujos de refugiados y desplazados en el mundo. Esta situación los convierte en una especie de migrantes invisibles en sus lugares de destino –como los países fronterizos, Estados Unidos y Europa–, aunque su presencia no deja de alterar el orden establecido.

Pese a la existencia de un número considerable de instrumentos continentales y mundiales establecidos para la protección o acogida de los solicitantes de asilo o refugio, se observa una mayor restricción de las políticas de refugiados en Estados Unidos y Europa. Al respecto, al presentar un breve balance sobre el retroceso del derecho al asilo político en España entre 1996 y 1999, Wabgou (1999) considera que el asilo político en España es “un derecho en vías de extinción”. De todos modos, son muchos los africanos y latinoamericanos que, al no contar con condiciones favorables de solicitud de asilo en países europeos y Estados Unidos, terminan confinándose o quedándose en países limítrofes o cercanos a sus países de origen, ya sea como refugiados –en el caso de que logren obtener la protección del Estado– o como simples desplazados.

En esta perspectiva, consideramos que el análisis de los flujos migratorios desde la teoría de la dependencia resulta limitado, puesto que solo se tienen en cuenta los factores de expulsión o atracción. Esto reduce las migraciones a un movimiento orientado desde la entidad emisora-explotada hacia una unidad receptora-explotadora con la expectativa de obtener un mejor nivel de vida. Sin embargo, los flujos migratorios no solo son determinados por motivaciones económicas, sino que también existen una serie de variables más complejas definidas en tiempos y espacios, derivadas de vínculos históricos.

Vínculo histórico

El enfoque del vínculo histórico retoma la colonización como el fenómeno explicativo de la orientación de los flujos migratorios, a partir de la construcción de relaciones históricas entre el territorio expulsor y el receptor. Esto explica, en parte, la razón por la cual las oleadas migratorias de latinoamericanos tradicionalmente se han orientado a Estados Unidos y España, así como de africanos a Francia; incluso si actualmente se observa que las expotencias coloniales han ido cerrando cada vez más sus fronteras a sus excolonos y que hay una diversificación de los destinos de los inmigrantes a otros países industrializados del mundo. Así, con base en el trabajo de Portes y Börocz (1992), Wabgou afirma que:

[…] [Se] conciben las migraciones como un proceso social que se fundamenta en las transformaciones históricas para aliviar la complejidad de las oleadas migratorias respecto a su orientación y su dimensión y al momento en que se desplieguen […] El inicio de las migraciones laborales no proviene de odiosas comparaciones de ventaja económica, sino de una historia de contacto anterior entre sociedades emisoras y receptoras. (Wagbou, 2010, p. 167)

Cabe precisar que los puntos claves en los intercambios por vínculo histórico son la movilidad de capital, de bienes y servicios, la tecnología, las formas institucionales, la difusión de ideas y gustos; estos elementos tarde o temprano generan cambios culturales. Sin duda, en la actualidad se observa que las migraciones se desarrollan como consecuencia de decisiones personales condicionadas o apoyadas por relaciones sociales. Por eso, para completar las dos anteriores miradas (desarrollo económico desigual y vínculo histórico) recurrimos a la teoría de las redes sociales, que ofrecen una perspectiva de análisis sobre la formación de sistemas de migración que vinculan a la comunidad emisora con la comunidad receptora.

Redes sociales y transnacionalismo

La finalización de la Guerra Fría, el incremento de la velocidad y el número de los intercambios comerciales y las dinámicas de integración económica y política implicaron que las fronteras dejaran de entenderse como simples líneas divisorias entre los países, para ser concebidas como espacios integrales y complejos de interacción política, económica y social entre comunidades internacionales. En este sentido, las migraciones se entienden como fenómenos transnacionales relacionados con “ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a través de las fronteras nacionales para su ejecución” (Portes, Guarnizo y Landolt, 2003, p. 18).

Esto conlleva la posibilidad de formas de vivir transnacional, es decir, “vivir en un territorio transfronterizo, participando en redes e interacciones que transcienden las fronteras de un determinado país” (Ramírez, García y Míguez, 2005, p. 11). Desde esta perspectiva, se comprende que el proceso migratorio implica diversidad y simultaneidad de culturas que se construyen de forma paralela a los componentes identitarios de los Estados-nación; esto es, un devenir guiado por el reconocimiento de elementos culturales que ayudan a reforzar los hábitos tradicionales o a aportar en la construcción de un nuevo sistema identitario. Al respecto, González considera que:

[Se trata de] un enfoque en los estudios sobre migración, relativo a relaciones que conectan a los inmigrantes con sus sitios de origen. A partir de ello se generan transformaciones de las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas […] la aparición de comunidades transnacionales en el contexto global, se definen como grupos de personas de un mismo origen asentados en diferentes sociedades, compartiendo referencias e intereses comunes, formando redes de comunicación y consolidando su presencia más allá de las fronteras […] El transnacionalismo, por definición, correspondería a una construcción mental, a un fenómeno intangible con implicaciones reales, esenciales, que se materializa en interacción de redes formales e informales de toda índole, la utilización de la tecnología mediática y las inversiones transfronterizas. En esta medida el transnacionalismo involucra el país de origen y el de destino, en un doble direccionamiento de recursos concretos como: remesas, comercio de productos de la nostalgia y elementos intangibles de los dos países, tales como las expresiones culturales y la problemática política, económica y social que afecta a los emigrados. (González, 2006, pp. 608-609)

En este contexto, los migrantes desarrollan identidades múltiples, lealtades compartidas y una vida transnacional entre su país de origen y el país receptor, generando un mestizaje cultural en la sociedad receptora a partir de la integración de nuevas corrientes artísticas, nuevos estilos de vida y nuevos valores familiares. Esta idea se encauza en la teoría liberal conocida como melting pot, que sostiene que la fortaleza de una nación se enriquece con flujos migratorios diversos (Vargas, 2010, p. 190). Además, como el hecho de habitar en el exterior no significa una ruptura con la sociedad de origen, puesto que los emigrantes siguen participando en el campo económico, político y social de sus respectivos países de origen, es cierto que el transnacionalismo contribuye con el establecimiento de flujos continuos de información, bienes y servicios entre los países de acogida y los países emisores (Wabgou, 2012, p. 79). Por esto, las redes sociales y su transformación en redes migratorias son procesos sociales que conectan a gente establecida en diferentes espacios, ofreciéndoles posibilidades de desarrollar estrategias fuera del lugar de nacimiento (Wabgou, 2010, pp. 170-171). Nos referimos así a la persistencia de redes sociales migratorias como mecanismos y fuente de apoyo del despliegue de las corrientes migratorias; lo que puede desembocar en las migraciones circulares si el movimiento es perdurable en el tiempo y en el espacio. Con este tipo de migraciones circulares, “las áreas emisoras y las receptoras se integran en un sistema de migración que influye en los procesos sociales en ambos extremos de la corriente” (Wabgou, 2010, p. 174).

En cuanto a las relaciones que se dan entre los individuos y el colectivo del sistema circular y transnacional, se aclara que el inmigrante como individuo cuenta con los demás (colectivo) para lograr sus objetivos migratorios. Sin embargo, el alcance de estos objetivos suele estar limitado por el interés de los Estados en mantener un control sobre los flujos migratorios, que pueden considerarse como riesgo para su seguridad nacional. Prueba de ello es que, durante la última década, las migraciones han sido asumidas crecientemente como un asunto clave de la política de seguridad nacional o de seguridad pública por los principales países receptores.

Securitización y migraciones

La tendencia a considerar las migraciones como un reto a la seguridad nacional o la seguridad pública por los países de llegada de los inmigrantes parece haberse acentuado después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. A partir de allí, la regulación de la migración se convirtió en una preocupación relevante de la seguridad nacional, con el propósito de prevenir el ingreso de terroristas extranjeros al país y neutralizar los grupos terroristas que utilizan las migraciones como una excusa para acceder a los países receptores de los inmigrantes y ejecutar sus planes violentos. Concretamente, esto se traduce en un cambio de actitud de los Estados de acogida frente a los inmigrantes, evidenciado en discursos que defienden la necesidad de cambiar las actitudes laxas y benevolentes por medidas migratorias más restrictivas. Este cambio de actitud hacia las migraciones se ha extendido en Estados Unidos y Europa, países tradicionales de acogida, en términos de una securitización del asunto migratorio, es decir, un conjunto de mecanismos discursivos y normativos que asumen las migraciones como un asunto de seguridad nacional.

En efecto, para entender el concepto de securitización y su implicación en el tema migratorio, es necesario partir del concepto mismo de seguridad. Para Charles David,

la seguridad puede ser comprendida como la ausencia de amenazas militares y no militares que pueden poner en cuestión los valores centrales que desea promover o preservar una persona o una comunidad, y que conlleva un riesgo de utilización de la fuerza. (Charles David, citado por Alejo Vargas, 2002, p. 145)

Tradicionalmente, la reflexión sobre la seguridad tendió a concentrarse esencialmente en la seguridad de los Estados bajo el concepto de seguridad nacional, que

[…] se consolidó como categoría política durante la Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos rescató el uso político que la palabra seguridad ha tenido desde la antigüedad, para elaborar el concepto de “estado de seguridad nacional”. Este concepto se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas de revolución, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. Con la generalización del uso de esta categoría política, el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales. Una vez terminada la Guerra Fría, un cambio importante fue la sustitución del enemigo externo por el enemigo interno que podía ser cualquier persona. (Leal Buitrago, 2003, p. 74)

Así, cuando hablamos de la seguridad nacional hacemos referencia al proceso de construcción de amenazas –tanto internas como externas– que ponen en riesgo los valores esenciales de un Estado. En el caso de la migración irregular –en algunos casos también de la regular–, se percibe esta como un fenómeno que favorece actividades ilegales como la criminalidad transnacional, el narcotráfico y, después del 11 de septiembre, también el terrorismo. En este orden de ideas, Wæver define la securitización como

[…] un proceso discursivo y político, a partir del cual se construye un entendimiento intersubjetivo dentro de una comunidad política, con el fin de tratar algo como una amenaza existencial a un objeto de referencia valorado, para así hacer un llamado urgente sobre medidas excepcionales para hacerle frente a las amenazas. (Brauch, 2009, p. 283)

Así, securitización se refiere a la inclusión de temas específicos, diferentes a los asuntos militares, dentro de las agendas de seguridad de los Estados. Se parte, entonces, de comprender el proceso de ampliación del concepto de seguridad tras la Guerra Fría: de un concepto cuyo objeto referente era el Estado-nación, se pasó a un concepto extendido y multidimensional de seguridad, lo que implica nuevas amenazas, vulnerabilidades y riesgos, que ya no surgen exclusivamente por parte de otras naciones, sino dentro de estas (actores sub-estatales como grupos étnicos, políticos o religiosos, mafias, criminales y narcotráfico) y más allá de estas (actores transnacionales como corporaciones, criminales y terroristas) (Brauch, 2009, p. 285).

Esta ampliación y redefinición del concepto de la seguridad tras la Guerra Fría afianza la idea de múltiples referentes de esta, desde el Estado hasta los grupos sociales y el individuo; además de incorporar temas no militares como el medio ambiente, las drogas ilícitas (ver figuras 1 y 2), la pobreza y, por supuesto, la migración.

FIGURA 1. Movimientos internacionales de drogas ilícitas (tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales). Fuente: González (21 de febrero de 2013).

FIGURA 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína. Fuente: RT (2015).

En términos generales, se entiende que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser capaz –sean los Estados o las sociedades– de mantener su independencia en lo que refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Barry Buzan, 1991, citado por Orozco Restrepo, 2006, p. 148).

En tal sentido, el concepto de seguridad se amplía para incluir casi cualquier problema que afecte la calidad de vida de la población y cuyo tratamiento trasciende las medidas policiales y militares. No obstante, como lo señala Ole Wæver (1995, citado por Tickner, 2008, pp. 4-5), estas nuevas concepciones de seguridad se nutren inevitablemente del registro conceptual existente en esta materia, con lo cual la seguridad, sin importar su definición específica, tiende a interpretarse por medio del lente de la seguridad nacional y sus esquemas estratégico-militares; por esta vía, asuntos como el migratorio son articulados dentro de las estrategias estatales de seguridad. Así, el concepto general de seguridad, pese a la multidimensionalidad que se le endosa –y las pretensiones conceptuales de la seguridad humana–, continúa enmarcado en el discurso de la seguridad nacional, con una fuerte ascendencia del pensamiento de Carl Schmitt, lo que implica un énfasis en la autoridad, la confrontación, la construcción de amenazas y enemigos, la capacidad para tomar decisiones y la adopción de medidas de emergencia policivo-militares (Buzan y Hansen, 2009, pp. 213-214).

La situación descrita es más evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando

[…] la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que fueron y son la base de dichos Estados. (Vargas, 2010, p. 19)

Sobre las relaciones civiles-militares, Vargas nos propone una útil clasificación en la que podemos situar las relaciones entre los inmigrantes y los cuerpos armados de los países receptores:

En una democracia las relaciones civiles-militares se expresan por lo menos en tres dimensiones: a) la relación entre las autoridades democráticamente electas y las instituciones militares y policiales –que debe estar caracterizada por la subordinación de estas a la autoridad civil–; b) la relación entre las fuerzas políticas legalmente existentes y la fuerza pública –que debe estar marcada por un trato respetuoso con la diversidad de expresiones políticas existentes en la sociedad–; y c) las relaciones entre la sociedad y la fuerza pública –que son las que definen los niveles de legitimidad o aceptación de que dispone la fuerza pública–. (Vargas, 2010, p. 26)

En consecuencia, podemos ubicar las relaciones de los grupos inmigrados dentro de la segunda dimensión, por la posibilidad del ejercicio democrático adquirido por los inmigrantes que obtienen la ciudadanía del país receptor y que posteriormente trabajan en grupos políticos a favor de los inmigrantes, y en la tercera, en la que se puede ubicar a los inmigrantes que no tienen su situación de residencia regulada y originan las difusas y múltiples acciones policíacas frente a su tránsito al no contar con una posición regulada en la sociedad.

En efecto, los pilares de la modernidad que determinan un sistema de seguridad mundial son, según Giddens (1994), basados en criterios económicos a través de la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización (ver figura 3). Como dimensiones institucionales de la modernidad que se relacionan entre sí, tenemos: la vigilancia (control de información y supervisión social), el capitalismo (acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos de trabajo y productos), el poder militar (control de los medios de violencia en el contexto de la industrialización de la guerra) y el industrialismo (transformación de la naturaleza: desarrollo de un entorno creado).

FIGURA 3. Relación entre dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización. Fuente: Giddens (1994, p. 64).

Las dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes son el sistema de Estado nacional, la economía capitalista mundial, el orden militar mundial y la división internacional del trabajo (ver figura 4).

FIGURA 4. Dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes. Fuente: Giddens (1994, p. 73)

Por lo tanto, la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización se expresa en el proyecto moderno. Este pretende mantener la estabilidad de un orden económico mundial a través de su estrecha relación con dimensiones e instituciones de control militar y supervisión social, que prevengan y repriman cualquier ataque al sistema económico global.

Cabe precisar que el creciente recurso a la securitización por los Gobiernos para la gestión política se articula con el concepto de seguridad humana, establecido por la ONU, que se refiere a la protección del ser humano, más allá de la protección del territorio y de la soberanía del Estado (González, citado por Aldana y Ramírez, 2012, p. 87). De esta forma, la securitización se desliza en el campo de la seguridad interior y abre la posibilidad de la utilización de medios bélicos en actividades propias de la seguridad pública. En palabras de Orozco Restrepo (2006, p. 144), asistimos a la aceptación o legitimación de la ruptura de las reglas de juego político con el objetivo de despejar la amenaza.

No cabe duda de que, si bien son los Gobiernos los principales actores securitizadores, en la práctica, también los líderes políticos y los grupos de presión pueden liderar los procesos de securitización (Buzan y Hansen, 2009, p. 214). Por ello, en el caso del tema migratorio observamos que, además de las élites gobernantes, grupos sociales y políticos locales –directamente o por intermedio de sus representantes legislativos– ante los Gobiernos nacionales abogan para que se integre el tema migratorio en la agenda de la seguridad nacional. Más aun cuando, como expresión de un subconsciente colectivo, se incrementa la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo inesperado y difuso que provoca un clima de miedo ante la presencia del otro y cataliza la expresión de discursos y actitudes de rechazo hacia las migraciones:

El uso del lenguaje con la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo impredecible, invisible y súbito, posiciona en el subconsciente colectivo algo que desconocemos, que jamás vamos a controlar y que está siempre presente en nosotros, y provoca un clima persecutorio permanente. Ya no controla el agente o actor el espacio particular privado, necesita de la protección de un Estado que tenga la habilidad y certeza para usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en la vida privada. (Salazar y Rojas, 2011, p. 34)

En este contexto, bajo el paraguas de la protección de la seguridad nacional, policías y militares son autorizados tácitamente a participar en actividades contra la inmigración –particularmente la irregular–, lo que en ocasiones puede llevar a cometer actos discriminatorios, contrarios a los derechos humanos universalmente reconocidos. En la práctica, se convierten entonces en los principales agentes securitizadores, puesto que su objetivo principal es identificar y neutralizar las amenazas que vehiculan los inmigrantes y sus redes, en general, así como identificar cuáles de ellos se encuentran en situación de irregularidad y detectar las redes de traficantes de inmigrantes, en particular. Esta práctica es habitualmente asociada al uso frecuente de la psicología del terror con el propósito de interiorizar en los conciudadanos el miedo al extranjero, la idea de los indocumentados como generadores de violencia e inseguridad, asociándolos con el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico; esto contribuye a ver al migrante irregular o en situación de irregularidad como un enemigo interno.

Esta relación entre securitización y psicología del terror se expresa, en algunos casos, en la conformación de autodefensas civiles contra la potencial amenaza que deriva de la presencia del extranjero. Este fenómeno se evidencia en los grupos paramilitares en la frontera sur de Estados Unidos y los grupos de tendencia neonazi en Europa, que se sustentan sobre discursos antiinmigración, nacionalistas y xenófobos, basados sobre el rechazo a los elementos raciales y culturales extranjeros y diferentes a la identidad nacional histórica. Este tipo de posturas tienen auge sobre todo en tiempos de crisis; cuando se buscan chivos expiatorios o a quiénes culpar por la inseguridad política o las penurias económicas y sociales que padecen las poblaciones nativas, tal como sucedió después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, con la crisis económica de 2008 y con la gran crisis de 1929. Como hemos evidenciado que esta situación de miedo y odio al extranjero puede ser asociada a los procesos de securitización de las migraciones, vale la pena explorar algunas dimensiones de la xenofobia, el racismo y la discriminación en las sociedades modernas.

Racismo, xenofobia y discriminación

Para realizar una definición de racismo y xenofobia, es necesario tomar en cuenta el enfoque metodológico desde el cual se pretenden identificar las prácticas de rechazo a personas por su origen étnico, nacional, cultural o religioso. Por lo tanto, a partir de la aproximación teórica que propone Wetherell, el racismo se entiende “como el proceso de marginalizar, excluir y discriminar a aquellos definidos como diferentes sobre la base de un color de piel o pertenencia grupal étnica” (citado por Cea D’Ancona, 2009, p. 16).

También se reconoce la existencia de racismo de clase, cultural y simbólico. En el caso del racismo de clase, si “el racismo y la xenofobia son, en la mayoría de los casos, expresión de un clasismo muy arraigado”, encontraríamos un punto de conexión con la teoría marxista, ya que el racismo y la xenofobia pueden ser considerados como elementos de lucha entre opresores y oprimidos, que podrían ser superados al moderarse dicha confrontación de clases. En este orden de ideas,

el racismo cultural acaece cuando la identidad cultural del inmigrante contraviene la identidad de la población autóctona y esta siente que sus rasgos identitarios están amenazados. El inmigrante pasa a percibirse como amenaza a la pérdida de la homogeneidad cultural. (Cea D’Ancona, 2009, p. 7)

Por su parte, el racismo simbólico se relaciona con el rechazo a la inmigración basada en los efectos negativos para la identidad nacional de los países receptores (idioma, cultura, tradiciones), junto con el malestar por las medidas a favor del inmigrante sobre el autóctono (Cea D’Ancona, 2009, p. 19).

A su vez, la xenofobia es definida como el miedo-rechazo a los extraños o extranjeros que residen territorios donde existe una cultura dominante. Asimismo, entran en acción mecanismos de defensa a través de prácticas discriminatorias con el fin de conservar los elementos de la cultura dominante frente a la amenaza (Soyombo, 2008, p. 88); lo que lleva a considerar la xenofobia como un término múltiple que puede enmarcar el ejercicio de prácticas y discursos discriminatorios.

En este orden de ideas, recurrimos al Manual de legislación europea contra la discriminación (2010), elaborado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, para distinguir la discriminación directa de la discriminación indirecta. En efecto, se considera que existe discriminación directa cuando una persona es tratada de manera menos favorable de lo que haya sido o vaya a ser tratada otra persona en situación comparable, debido a una característica concreta de esta persona relacionada con los motivos protegidos que, según el Manual, son los siguientes: el género, la orientación sexual, la discapacidad, la edad, la raza, el origen étnico y nacional, la religión y las creencias.

Por otra parte, se habla de discriminación indirecta cuando se evidencia una disposición, un criterio o una práctica que afecta de modo sustancialmente más perjudicial a un grupo definido por uno de los motivos protegidos, en comparación con otras personas en situación similar. Asimismo, se demarcan escenarios donde el cuerpo del inmigrante es sometido a todo tipo de explotación, como los trabajos forzados y la explotación sexual.

Trata de personas, tráfico de migrantes y explotación del cuerpo migrante

Aquí, el cuerpo se convierte en un eje de reflexión teórica por su carácter de construcción cultural, social y política, y en el cual confluyen significaciones individuales y colectivas. Para ello, partimos del enfoque de análisis de la anatomopolítica que permite pensar las migraciones irregulares en asociación con los cuerpos de los inmigrantes, que son deseados en los países desarrollados para realizar trabajos sin protección legal. Además, este enfoque permite conocer los discursos sobre el cuerpo-máquina, el cuerpo-productividad y el cuerpo-objeto, que correlativamente abren el camino a la comprensión del cuerpo como transformación, como fuente de riqueza y como construcción de seres humanos colmados de temores, confianzas, fracasos, logros, goces y dolores (Torres y Munévar, 2004, pp. 9-10).

En este orden de ideas, los cuerpos de mujeres víctimas de la trata de personas o vinculadas voluntariamente a redes de prostitución, son ejemplos de cuerpos deseados, no solo por quienes se lucran por su ingreso ilegal a través de las fronteras nacionales, sino por quienes se benefician de su trabajo barato –y en ocasiones obligado–. Estos cuerpos migrantes entran en la disciplina laboral siendo sometidos a largas jornadas de trabajo con muy malas remuneraciones –y en ocasiones ninguna–. Se les coacciona con la amenaza de violencia o exposición ante las autoridades, en un ambiente de clandestinidad e invisibilidad ocasionado por la irregularidad de su condición migratoria (UNODC, 2012, p. 45).

En efecto, la migración irregular se relaciona especialmente con fenómenos ilegales como el tráfico y la trata de personas dentro del marco de economías ilegales que, pese a las crisis, mantienen una tendencia de crecimiento constante. Como lo demuestran los estudios realizados por Benítez (2011) e Isacson y Meyer (2012), en tanto mayores son las medidas de vigilancia en la frontera y las restricciones migratorias que se imponen en los países desarrollados, mayor es la propensión de los migrantes de acudir a traficantes que faciliten el ingreso al país de destino, y también es mayor el precio que estas redes ilegales cobran por su servicio. Una precisión conceptual obliga a mencionar en este punto que Acnur considera que los términos trata de seres humanos y tráfico de migrantes tienen acepciones diferentes.

Por un lado, el tráfico de migrantes es definido como

[…] la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. (Acnur, 2012, p. 5)

Por otro, la trata de personas tiene como fin la explotación laboral del individuo, no siendo necesario que las víctimas crucen las fronteras para que se produzca el hecho delictivo. De este modo,

la trata consiste en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Para que la explotación se haga efectiva los tratantes deben recurrir a la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas. Los medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Además, se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la servidumbre o la extracción de órganos. (Acnur, 2012, p. 4)

Así, recurrimos a la siguiente clasificación, elaborada por la Secretaría de Gobernación de México (2011), para delimitar las diferencias entre el tráfico de migrantes y la trata de personas:

TABLA 1. Diferencias entre el tráfico de migrantes y la trata de personas

TRÁFICO
TRATA

• El migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante (pollero o coyote), es decir, no hay vicio en el consentimiento. • Implica siempre el cruce de una frontera. • La relación entre el traficante y el migrante termina una vez llegado al destino. • Involucra mayoritariamente a hombres. • Durante el traslado, existen altos riesgos de salud y de perder la vida. • Es fundamentalmente un delito contra el Estado.
• El contacto se da bajo engaño o abuso, coacción. En otras palabras, el consentimiento está viciado. • Puede darse dentro o fuera de un país. El cruce de fronteras no es necesario. • El dinero para el traslado no es un factor importante, sino someter a la persona mediante una deuda económica que la fuerce a ser explotada. • La relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada, generalmente una vez llegada al destino inicia o continúa la explotación. • Sus víctimas, fundamentalmente, son mujeres, menores y hombres en menor grado. • Durante el traslado se minimizan los riesgos a la salud y a la vida, pero a largo plazo el impacto físico y psicológico es más prolongado. • Atenta contra la dignidad y los derechos de la persona, por lo que es un delito contra el individuo

Fuente: Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos (Secretaria de Gobernación de México), 2011.

En consonancia con lo anterior, Cortés Toro establece que la trata de personas implica:

[…] la captación, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. La trata conlleva el desplazamiento o traslado de la víctima que aparecen en el Protocolo como la captación, traslado, acogida o recepción. (Cortés Toro, 2006, p. 166)

A continuación, la autora establece tres elementos conceptuales que definen la trata de personas, los cuales se presentan de manera gradual en momentos y espacios determinados. El primer elemento tiene que ver con el traslado o desplazamiento de las personas realizado gracias a la captación con falsa información. El segundo elemento es la privación de la libertad de las personas debido al uso de la fuerza u otras formas de coacción. Finalmente, se identifica el elemento de explotación de las personas como medio para obtener beneficios económicos y sociales por parte de las redes ilegales de trata de personas. La autora describe seis formas de trata de personas, así:

TABLA 2. Clasificación de formas de trata

TIPOS O FORMAS DE TRATA | SECTORES
Trata con fines de explotación sexual | • Prostitución forzada • Pornografía • Pedofilia • Turismo sexual • Matrimonios serviles
Trata con fines de explotación laboral | • Fábricas • Ladrilleras • Minas • Trabajo agrícola, plantaciones, pesca submarina, ultramar.
Trata con fines de explotación militar | • Soldados cautivos • Niños soldados
Trata para servidumbre | • Mendicidad • Prácticas religiosas y culturales
Prácticas esclavistas | • Trabajo doméstico • Embarazos forzados • Vientres de alquiler
Esclavitud clásica | El estatus o condición de una persona sobre la cual se ejerce todo o alguno de los poderes asociados al derecho de propiedad.

Fuente: Cortés Toro (2006, p. 169).

En suma, la articulación entre la trata de personas, el tráfico de migrantes y la explotación del cuerpo migrante requiere algunas precisiones. Mientras que la trata de personas se refiere a la instrumentalización con fines de explotación económica tanto adentro como afuera de su país, el tráfico de migrantes implica necesariamente el desplazamiento de la/s víctima/s a otro/s país/es, traspasando ilegalmente los límites de las fronteras del país de destino donde se somete (o está sometido) a distintos mecanismos de explotación económica (laboral, sexual, etc.). Asimismo, la explotación del cuerpo migrante apunta a su uso (y a su transformación) como fuente de riqueza mediante prácticas esclavistas, mecanismos de servidumbre y de sometimiento. En este orden de ideas, la prostitución de mujeres inmigrantes, por ejemplo, implica situaciones en las cuales sus cuerpos son deseados no solo por quienes se lucran por el ingreso derivado sino también por quienes obtienen placer carnal. En este contexto, no cabe duda de que el análisis de la explotación del cuerpo migrante requiere entrelazar los conceptos de cuerpo-máquina, cuerpo-productividad y cuerpo-objeto. Esto hace pensar, por ejemplo, en mujeres que, además de ser víctimas de las redes de traficantes de migrantes, sufren también la explotación de su cuerpo como prostitutas y se convierten así en víctimas de la trata de personas: se habla de trata con fines de explotación sexual.

METODOLOGÍA

El presente trabajo de investigación parte de relacionar el estudio de las migraciones con el análisis de las medidas de seguridad nacional, en la teniendo en cuenta que en las fronteras de los países de acogida se presenta un alto flujo de personas en condición de ilegalidad, a quienes se atribuyen eventuales actividades ilícitas como trata de personas, tráfico de armas, drogas, etc. Asimismo, el tratamiento del tema de las migraciones y la seguridad ha requerido una revisión documental o de literatura especializada en la temática. Por ello, el análisis se hizo desde la lectura de textos seleccionados y que apuntan a la seguridad como uno de los retos de las migraciones internacionales, en el marco del cumplimiento de funciones del Estado como garante de la seguridad.

Por consiguiente, hemos recurrido a fuentes bibliográficas como libros, textos, documentos, artículos académicos y sitios web de centros de investigación especializados en el tema de seguridad y defensa, igual que de migraciones internacionales. En este sentido, la utilización de estas fuentes secundarias se vuelve imprescindible para realizar el análisis de las implicaciones de las migraciones internacionales sobre la gestión de la seguridad nacional en los países de destino. Sin duda, la realización de la revisión de textos desde diferentes temas, documentos e informes de diversas entidades y publicados en diferentes idiomas (español, inglés y francés) nos ha permitido conseguir datos significativos y útiles para el trabajo analítico propuesto. Además, a través de la revisión bibliográfica de los análisis realizados por instituciones y académicos especializados, inicia la indagación sobre la complejidad de la articulación entre las migraciones y la seguridad.

La importancia de esta investigación es su aporte a la comprensión de las migraciones internacionales y el manejo de la seguridad, tema que es poco trabajado en la academia colombiana; más aún cuando el contexto internacional es cada vez más marcado por impulsos, lógicas y mecanismos de mantenimiento de la seguridad nacional, ante diversas formas de amenazas (o sospechas de amenazas) calificadas a veces de terroristas. Asimismo, se espera que esta investigación sea de gran utilidad para aquellas personas que estén interesadas en el estudio de las migraciones y la seguridad en el escenario internacional. De esta manera, se determina la consecuente necesidad de explicar el fenómeno en cuestión a través de la teoría de securitización, la del desarrollo económico desigual, la de redes sociales y transnacionalismo, la del vínculo histórico previamente establecido entre polos de atracción y expulsión de migraciones.

La metodología de revisión documental permite conocer y profundizar la problemática de las migraciones y la seguridad, mediante un análisis que permite responder a preguntas de investigación como ¿en qué medida se consideran las inmigraciones como una amenaza para la seguridad nacional? ¿Cómo se está dando el manejo de las políticas migratorias de los países de destino en términos de endurecimiento de estas y el cierre o restricción de sus fronteras? ¿Qué tan eficientes son los controles y las políticas antiinmigración de los países receptores de inmigrantes? ¿Es necesario que los países receptores rediseñen sus políticas de seguridad fronteriza en alianza con los países emisores?

La diversidad de la información recogida y la riqueza y variedad de datos sobre los factores que condicionan las realidades de los dos tipos de países, implicaron un esfuerzo de síntesis y precisión para no salir de los límites del objeto de estudio que se dispusieron para el trabajo de investigación; además de haber dado paso a la delimitación del área de estudio que ha implicado tratar el tema desde tres ejes o bloques geográficos: entre Estados Unidos y México; en la zona Euromed (Europa, África del Norte y Medio Oriente, aun si en el presente trabajo el énfasis se pone en la región norteafricana); y en los Andes (Ecuador, Venezuela y Colombia). Todo ello se articula, sin desconocer las particularidades que rodean las migraciones internacionales y la seguridad en cada uno de los tres casos que se constituyen en el objeto de estudio, en torno a las tres partes presentadas en el documento, donde quedan plasmados los resultados de la investigación realizada.

REFERENCIAS

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PARTE I
FRONTERAS, MIGRACIÓN Y SEGURIDAD NACIONAL: LA INMIGRACIÓN LATINA EN ESTADOS UNIDOS
ALEJO VARGAS VELÁSQUEZ
CHRISTIAN ÁLVAREZ GÓMEZ
LEIDY SANABRIA PAGOTES

Estados Unidos comparte con México límites territoriales que discurren a lo largo de unos 3326 kilómetros. Es en este espacio donde mejor se evidencia la articulación de las economías de los dos países, que hace de Estados Unidos el principal socio comercial de México y de este el tercer socio comercial de Estados Unidos (Guillén, 2005, p. 159). A través de esta extensa frontera se escenifica, asimismo, un incesante tránsito de bienes y personas desde ambos lados de la frontera –institucionalizada mediante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)–, y tienen lugar complejos intercambios sociales, comerciales y culturales que la constituyen en la frontera más transitada del mundo. Según Guillén (2005, p. 159), anualmente se producen más de 360 millones de cruces [legales] a través de los puestos de conexión para personas, vehículos y ferrocarriles. Por su parte, Peschard (citado por Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80) estima que suceden entre 400 000 y 600 000 cruces ilegales por año, principalmente de personas provenientes de México, Centroamérica y el Caribe.

De esta forma, la frontera sur constituye para Estados Unidos un desafío mayor de seguridad, por cuanto representa la disyuntiva entre garantizar la integración económica y social con su vecino –es decir, permitir la flexibilidad en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales–, y garantizar la vigilancia fronteriza para prevenir el ingreso de actores y factores que representen riesgos para su seguridad nacional, la seguridad pública de su población y la soberanía de su territorio.

La zona presenta, entonces, un complejo entramado de intercambios sociales, culturales, laborales y comerciales entre las poblaciones de ambos lados de la frontera, que se desarrollan junto con fenómenos extendidos de ilegalidad –migración irregular, narcotráfico, violencia sistemática, crimen organizado, corrupción de las autoridades locales–. Así,

[…] Las comunidades fronterizas se encuentran separadas tanto por las medidas de seguridad como por las condiciones de seguridad. Al sur de la frontera, la espiral del crimen organizado ha convertido a los Estados del norte de México en una de las regiones más violentas del planeta. Al norte de la frontera, la “guerra contra la droga”, la “guerra contra el terror”, y un creciente sentimiento antiinmigrante han impulsado la construcción de muros y la multiplicación de la presencia de guardias, espías y soldados. (Isacson y Meyer, 2012, p. 7)

Dada su extensión, se trata de una frontera porosa en la cual ninguno de los dos Estados logra mantener un control total sobre los cruces de bienes y personas, por lo cual el ingreso irregular de inmigrantes y el tráfico ilegal de bienes son una constante. De esta forma, la zona se constituye en uno de los principales corredores en el mundo para el tránsito de personas y el tráfico de drogas ilícitas y armas. Por ello, la seguridad se constituye en la preocupación mayor de la agenda bilateral y condiciona todas las dinámicas fronterizas entre los dos países.

Además, dada la amplitud de los fenómenos que se perciben como amenazas esenciales para la nación norteamericana, Estados Unidos ha securitizado la cuestión migratoria, asumiendo el ingreso irregular de los no nacionales a su territorio como un riesgo para su seguridad nacional e imponiendo, en consecuencia, normas y medidas rígidas –incluso de corte militar– para regular el libre tránsito de personas a través de la línea divisoria. Todo ello se combina con posiciones nativistas extendidas entre amplios sectores del electorado de los estados del sur de la Unión, que observan con desconfianza al extranjero latinoamericano y exigen medidas policivas y punitivas contra el migrante irregular, algunas de las cuales pueden ser catalogadas como xenófobas.

DINÁMICAS DE LAS MIGRACIONES TRANSFRONTERIZAS ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS RELACIONES FRONTERIZAS

La historia de Estados Unidos, como nación independiente, ha estado signada por la inmigración. Durante los siglos XVIII y XIX, grandes poblaciones inmigrantes provenientes de Alemania, Irlanda, Italia y Polonia fueron integradas a la sociedad estadounidense derivada de las Trece Colonias. Posteriormente, a lo largo del siglo XX, grandes oleadas de migrantes provenientes de China y Latinoamérica llegaron a territorio estadounidense, aunque sin alcanzar una integración completa puesto que muchos de ellos lo hicieron –y lo siguen haciendo– de forma irregular. Actualmente, Estados Unidos es el país con la mayor población de inmigrantes en el mundo, calculada en unos 42,8 millones de individuos, de los cuales al menos 32,2 millones corresponden a migrantes de origen mexicano. Lo que es más, el 98,5 % del total de emigraciones de México tienen como destino a su vecino del norte (Albo, 2012; UNODC, 2012).

Las condiciones de desarrollo económico de cada Estado han generado el constante y abrumador flujo de individuos que, desde el sur de la frontera, pretenden establecerse en el lado norte en busca de mejores condiciones de vida. Se trata no solo de mexicanos, sino de nacionales provenientes de Centroamérica y Sudamérica, entre otros, que utilizan el territorio mexicano como plataforma de entrada para alcanzar suelo estadounidense. Sin embargo, el desplazamiento de trabajadores latinoamericanos también ha sido promovido por granjeros y empresarios de los estados sureños de la Unión, que encuentran en ellos una fuerza de trabajo calificada y barata. Se trata, en muchos casos, de mexicanos que residen en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, y cruzan diariamente la frontera para dirigirse a sus lugares de trabajo en Estados Unidos.

A pesar del continuo intercambio cultural y económico, la relación entre las poblaciones de los dos países, lejos de ser armoniosas, han estado históricamente cargadas de profundos recelos mutuos. Kramer (citado por Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 557) explica cómo el pasado colonial impuso fuertes barreras nacionales, culturales, lingüísticas y raciales entre ambos países.

Pero, además, las relaciones problemáticas son producto de la histórica expansión territorial de Estados Unidos a costa de su vecino. Basta recordar que en 1845 Estados Unidos se anexó Texas –que había declarado su independencia de México en 1836– y tres años después, gracias al tratado Guadalupe-Hidalgo, se hizo con cerca del 55 % del territorio mexicano: aproximadamente 2 378 539 km2, que correspondían a las provincias de Alta California y Santa Fe de Nuevo México, y ahora comprenden los actuales estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y partes de Utah y Wyoming (De Palma, citado por Gabriel, Jiménez y McDonald, 2006, p. 561).

La anexión estadounidense de estos territorios generó un fuerte nacionalismo y un acentuado sentimiento antiestadounidense en México. Simultáneamente, los intentos del ejército del norte mexicano por evitar nuevas invasiones desde el norte provocaron en los colonos de ascendencia anglosajona de los nuevos territorios fronterizos, sobre todo en Texas, la percepción del mexicano como un individuo bárbaro y violento, y llevó a la conformación de movimientos antimexicanos.

La realidad histórica ha demostrado que las relaciones entre estadounidenses y mexicanos han sido más complejas de lo que los imaginarios han transmitido. Si bien el tratado Guadalupe-Hidalgo de 1848 incluyó cláusulas que garantizaban el derecho a la ciudadanía de aquellos mexicanos que optaron por permanecer en los territorios anexados por Estados Unidos (Durán, 2011, p. 96), Estados Unidos no reconoció los derechos sobre la tierra de los propietarios de origen mexicano.

El tratado Guadalupe-Hidalgo resulta un evento trascendente para el desarrollo de las posteriores relaciones binacionales. A pesar de su cercanía geográfica y de la gran presencia de población mexicana en Estados Unidos, los Gobiernos federales estuvieron distanciados durante buena parte de los siglos XIX y XX. Las identidades y antagonismos que se generaron desde entonces de un pueblo hacia el otro marcan el inicio de la desconfianza mutua entre los dos Estados y se extienden en amplios sectores poblacionales en ambos lados de la frontera.

Así, en los estados fronterizos con México (California, Arizona, Nuevo México y Texas), sectores importantes de la sociedad estadounidense identifican la inmigración mexicana –y latina por extensión– como un factor de inseguridad. Por tanto, promueven la adopción de políticas estrictas –tanto federales como estatales– que criminalizan la migración irregular, así como la conformación de agrupaciones paramilitares para la vigilancia de la frontera y la protección de los ranchos en la zona. Esta desconfianza hacia el extranjero es derivada de un imaginario nativista, que tiende a calificar negativa y peyorativamente al mexicano y, por esta vía, a segregar al inmigrante proveniente del sur.

El nativismo se refiere, en términos generales, a la construcción de una identidad nacional sustentada en la cultura, la religión y la raza. Al respecto, Durán (2011, p. 95) expone cómo el nativismo ha sido una actitud íntimamente ligada con la formación de la nación estadounidense, que privilegia una visión de corte autóctono y una conexión histórico-simbólica con un espacio o territorio particular. De esta forma, el nativismo estadounidense se concibe a partir de una nación anglosajona: de raza blanca, de habla inglesa y de religión protestante. Al igual que se rechazaba al inmigrante irlandés católico en el siglo XIX, el nativismo contemporáneo ve en el inmigrante latinoamericano, mestizo y católico, un elemento ajeno a la nación estadounidense. Esta imagen del latino es construida con base en una serie de estereotipos negativos derivados de la leyenda negra española, promovida por los ingleses durante el siglo XVI y basada en la consideración de una España incivilizada, intolerante, violenta y oscurantista. De esta forma, desde comienzos del siglo XX, sectores radicales en Estados Unidos han utilizado estos mismos prejuicios para cimentar una propaganda contra la población inmigrante mexicana.

LAS LEGISLACIONES MIGRATORIAS EN ESTADOS UNIDOS

Desde finales del siglo XVIII, Estados Unidos mantuvo una política de puertas abiertas a la inmigración e incluso, con la Ley de Inmigración de 1864, se buscó estimular el ingreso de extranjeros como medida para incrementar los flujos de población y satisfacer así las necesidades de mano de obra de la industria y de la agricultura (Cortés, 2003). No obstante, durante las últimas décadas del siglo XIX, el nativismo impregnó la normatividad en materia migratoria: el color de piel y las diferencias culturales sirvieron como parámetros para la adopción de medidas de contención al ingreso de inmigrantes de ciertas nacionalidades. Por ejemplo, la Ley de Exclusión China, aprobada por el Congreso en 1882, tuvo como propósito impedir el ingreso de nacionales chinos, quienes habían sido atraídos al país por la creciente fiebre del oro en California. Leyes similares se aprobaron en contra de nacionales japoneses a comienzos del siglo XX (Esquivel, 1993).

La primera ley orgánica de inmigración [de Estados Unidos] fue adoptada en 1917 e incorporó la legislación existente, agregando nuevas restricciones. Además de la prohibición de admisión de analfabetas, de personas de constitución psicopática inaceptable, de alcohólicos y vagos, se definió una gran zona asiática a la que también se prohibía la inmigración. Entre otras, esta zona incluyó a ciertas regiones de China, India, Persia, Birmania, Siam y los estados malayos, parte de Rusia y Afganistán; también la mayor parte de las islas Polinesias y las islas de la India oriental. Poco después de que el Congreso aprobara esa ley, el Departamento de Trabajo –encargado de su administración en esos años– se valió de una excepción que permitió admitir temporalmente como trabajadores no inmigrantes a decenas de miles de mexicanos y canadienses. (García citado por Esquivel, 1993)

Durante la Primera Guerra Mundial, los empresarios estadounidenses se vieron afectados por la reducción de la fuerza laboral proveniente de Europa, motivo que los condujo al reclutamiento masivo de trabajadores mexicanos (Durand, citado por González Reyes, 2009, p. 49; Cortés, 2003). Este proceso fue facilitado por el desarrollo de las líneas ferroviarias, lo que permitió un desplazamiento más expedito de obreros y labriegos provenientes del sur. Sin embargo, ya en 1917 se aprobó la primera norma para restringir el ingreso masivo de mexicanos generado por el desplazamiento de personas, como resultado de la Revolución de 1910 (Benítez, 2011, p. 180). Es por esta fecha que ocurre el primer cierre de la frontera y que el tema migratorio comienza a ser percibido como un problema de seguridad. Paradójicamente, las restricciones al ingreso de mexicanos promovieron el aumento de la contratación de indocumentados por parte de los hacendados sureños –que continuaban demandando mano de obra latina–.

Posteriormente, en la década de 1920, se adoptó un sistema de cuotas –que sigue caracterizando, con ciertas reformas, la actual legislación migratoria– que estableció el número de inmigrantes que se aceptarían por cada país: un 2 % del total de residentes nacionales de ese mismo origen en los Estados Unidos (Esquivel, 1993). Inicialmente, la legislación estableció como límite la aprobación de hasta 290 000 visas de residencia por año. De estas, 120 000 visas estaban destinadas para solicitantes de origen latinoamericano, con excepción de los mexicanos (Durand, 2008, p. 45).

No obstante, esto coincide con la creación en 1924 de la Patrulla Fronteriza, con lo cual se inicia formalmente el control gubernamental del tránsito terrestre de personas desde el sur. Así, aunque los mexicanos quedaron inicialmente excluidos de la medida de cuotas, la crisis económica del 29 generó un clima hostil hacia ellos –al considerarse que usurpaban empleos, de por sí escasos, a los trabajadores estadounidenses– e implicó el incremento exponencial de las deportaciones de indocumentados. De acuerdo con los datos presentados por Massey, Durand y Malone (citados por González Reyes, 2009, p. 49), entre 1929 y 1937 fueron arrestados y deportados 458 000 mexicanos, mientras que miles más decidieron regresar a su país ante el clima político adverso generado por el desempleo y la recesión.

Con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el país debió importar mano de obra para suplir a aquellos jóvenes que debieron abandonar sus puestos de trabajo para unirse a las fuerzas armadas. En este contexto se produjo la suscripción, en agosto de 1942, del primer acuerdo migratorio formal entre Estados Unidos y México, el Programa Bracero. Mediante este programa, se permitió el traslado legal y temporal de campesinos y trabajadores mexicanos, para laborar como jornaleros en los ranchos de Texas, Colorado y Nuevo México. El acuerdo entre los dos países garantizaba un salario mínimo de 30 centavos por hora y un trato humano para los trabajadores mexicanos. Sin embargo, muchos de los braceros debieron enfrentar abusos por parte de los patronos, alojamiento deficiente, discriminación e incumplimiento de contratos. El Programa Bracero se extendió hasta 1964 y representó el ingreso de más de 4,6 millones de jornaleros mexicanos a territorio estadounidense (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013).

Por esta época, advierte Meneses (2012, pp. 259-260), se incrementó de forma paralela el número de migrantes mexicanos indocumentados, en lo que se puede considerar un Programa Bracero en la sombra. Pero, además, muchos de los braceros decidieron permanecer en Estados Unidos una vez terminados sus contratos de trabajo (Centro para la Historia y Nuevos Medios, 2013). Para hacer frente a estos fenómenos, se liberó a la Patrulla Fronteriza del ámbito de la frontera y se le permitió realizar detenciones dentro del país; incluso podían registrar cualquier medio de transporte sospechoso de trasportar migrantes irregulares. Según Lytle Hernández (2006, pp. 441-442), las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza casi se duplicaron entre 1950 y 1953: pasaron de 459289 a 827 440. Además, entre el 3 de septiembre de 1953 y el 25 de agosto de 1956, 49 503 deportados fueron cargados en barco por oficiales estadounidenses y mexicanos.

Por su parte, la Operación Wetback de 1954, por ejemplo, involucró a más de mil agentes de la Patrulla Fronteriza y de las policías locales y estatales, en la tarea de aprehender y deportar a inmigrantes irregulares en los estados de California, Arizona y Texas (Dillin, 2006). Así, Morales (citado por Meneses, 2012, p. 260) estima que, tan solo en 1954, se deportaron más de un millón de mexicanos y se arrestaron hasta 2000 personas indocumentadas por día. En algunos casos, los criterios de detención se basaban en la apariencia física de la persona –el parecer mexicano–, lo cual desató una grande oposición tanto en México como en el propio Estados Unidos, obligando al Gobierno federal a dar por terminada la operación después de cinco meses de haber sido emprendida.

Para 1976, se estableció un límite anual de aprobación de 20 000 visas por país, hasta un límite total de 270 000 visas para inmigrantes. Con ello, los solicitantes mexicanos, inicialmente exentos del mecanismo de cuotas, se vieron seriamente afectados, lo cual generó el incremento de los individuos que buscaban permanecer en Estados Unidos de forma irregular (Durand, 2008, p. 45).

Entre 1965 y 1986, la inmigración mexicana neta total en Estados Unidos fue de alrededor de 5,7 millones de personas, de las cuales 81 % era indocumentada (Massey et al.; citado por González Reyes, 2009, p. 49). Es también durante este periodo en que el Gobierno federal de Estados Unidos comienza a vincular la migración desde el sur con el tráfico de drogas ilegales, tras determinar que las rutas seguidas por inmigrantes irregulares para entrar al país eran también utilizadas para el contrabando de marihuana. Meneses (2012, p. 260), citando la historia de la Patrulla Fronteriza, reseña que “para este momento el negocio del contrabando de extranjeros empieza a involucrar también contrabando de drogas. La Patrulla Fronteriza asistió a otras agencias en la interceptación de drogas ilegales provenientes de México”. Desde entonces, el tema de la migración –sobre todo de la irregular– se asume como un asunto de seguridad pública.

Así, cuando la administración republicana de Ronald Reagan (1981-1989) intensificó la guerra contra las drogas y se fortaleció la seguridad fronteriza para evitar la entrada de narcóticos a territorio estadounidense, se produjeron efectos colaterales sobre el control migratorio. Como lo destaca González Reyes (2009, p. 51), la política de combate al narcotráfico tuvo importantes repercusiones en la frontera México-Estados Unidos, al incorporar a las Fuerzas Militares en la colaboración y apoyo de la Patrulla Fronteriza. La estrategia de vigilancia fronteriza se orientó a bloquear las rutas de contrabando de drogas ilegales, pero que también eran utilizadas para el ingreso de migrantes irregulares.

En 1982, cuando México atravesó la peor crisis económica desde la Revolución de 1910 –que causó la baja de salarios y la devaluación del peso–, la emigración de mexicanos hacia Estados Unidos se incrementó, lo que se sumó a la migración masiva de centroamericanos que buscaban escapar y refugiarse de las guerras civiles y la pobreza. Esto coincidió con un clima político interno adverso a la inmigración, especialmente en los estados estadounidenses limítrofes con México, en donde se había extendido la percepción de la frontera como una zona caótica, sin control del Estado, debido a la creciente y cada vez más notoria presencia de migrantes irregulares en las ciudades del sur.

En consecuencia, el Congreso de Estados Unidos aprobó en 1986 la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act-IRCA), con la que se pretendió robustecer la reglamentación fronteriza y disminuir los flujos migratorios desde México, al reforzar las sanciones a la contratación de indocumentados y aumentar las condiciones para otorgar la ciudadanía a los extranjeros. En este orden de ideas, se incrementó el número de hombres de la Patrulla Fronteriza y se inició la construcción de una barrera de separación en siete ciudades fronterizas: San Diego y El Centro en California, Yuma en Arizona, y El Paso, Del Río, Laredo y MacAllen en Texas (Bustamante, 1997, p. 173).

No obstante, IRCA también otorgó amnistía a la población irregular: aproximadamente 3,2 millones de personas lograron la legalización de su situación migratoria, 70 % de los cuales eran mexicanos, y otro tanto centroamericanos y sudamericanos. En suma, más del 85 % de las visas de trabajo otorgadas en 1986 por IRCA fueron para latinoamericanos (Durand, 2008, p. 45). El Gobierno mexicano tuvo gran influencia en la adopción de esta medida, ya que buscaba que los derechos de sus nacionales asentados en Estados Unidos fueran respetados (Bustamante, 1997, p. 173).

Simultáneamente, el Gobierno federal empezó a presionar a México para que intensificara la vigilancia en su frontera sur y deportara a los migrantes centroamericanos antes de que llegaran a Estados Unidos. Datos presentados por Jonas (1999; citado por González Reyes, 2009, p. 50) señalan que, como resultado de la presión estadounidense, las deportaciones mexicanas –en especial de centroamericanos– pasaron de 1308 en 1987 a 130 000 por año después de 1990. Con la integración económica que supuso el tlcan a comienzos de la década de los noventa, se incrementó la apreciación de la cooperación fronteriza. Ya para 1991, fueron creados los Mecanismos de Enlace Fronterizo (BLM por sus siglas en inglés), para la atención y respuesta de asuntos y problemas fronterizos (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 562). Sin embargo, los temas migratorios quedaron ausentes de este tipo de espacios de debate, y Estados Unidos continuó implementando políticas y estrategias unilaterales para abordar el asunto.

Lejos de detener la migración de indocumentados, IRCA promovió nuevos flujos migratorios como parte de un proceso orientado a lograr la reunificación familiar. El Servicio de Inmigración y Naturalización estimaba que, para 1994, había ya unos 4 millones de indocumentados en Estados Unidos, 60 % de los cuales eran de origen mexicano; de estos, el 40 % residía en California (González Reyes, 2009, p. 49-50).

Posteriormente, ante la creciente presión de los grupos políticos –tanto republicanos como demócratas– y de ciertas comunidades de los estados fronterizos, la administración de Bill Clinton (1993-2001) promovió una serie de medidas orientadas a reforzar la frontera y aplicar efectivamente la legislación migratoria. Además del incremento del presupuesto y del personal para proteger la frontera, se asumió un enfoque de prevención mediante la disuasión, bajo el supuesto de que una mayor presencia de la Patrulla Fronteriza y la mayor vigilancia de la frontera aumentaba el riesgo para los migrantes indocumentados, por lo que se convertía en una medida eficaz de disuasión de la inmigración irregular (Isacson y Meyer, 2012). Más que detener la afluencia de migrantes, se buscó aumentar los costos de la inmigración para así desalentarla.

La estrategia de la administración Clinton consistió en bloquear los puntos tradicionales de ingreso de inmigrantes irregulares como El Paso y San Diego, cosa que alejó a los irregulares de las zonas urbanas y los obligó a tomar caminos más hostiles y peligrosos a través de zonas cada vez más escabrosas, desérticas e inhóspitas, donde el servicio de inmigración y naturalización tenía mayores ventajas tácticas (González Reyes, 2009, p. 52; Meneses, 2012, p. 262). Así, los flujos migratorios irregulares se desplazaron hacia los sectores de Yuma y Tucson (Arizona) y El Centro (California), a través de desiertos agrestes, convirtiéndose en los corredores más utilizados para ingresar de forma ilegal a Estados Unidos (Isacson y Meyer, 2012).

En este contexto, la Patrulla Fronteriza diseñó y desarrolló varios operativos de control para contener la migración irregular. El primero de ellos, la Operation Hold the Line de 1993, estuvo orientada a cortar el corredor de indocumentados entre Ciudad Juárez y El Paso (Texas). En 1994, la operación fue integrada en la Estrategia para la Frontera Suroeste (Southwest Border Strategy), la cual respondía a una doctrina de control sistemático y agresivo de la frontera –sobre todo en los tramos urbanos–, desde Imperial Beach en California hasta la desembocadura del Río Grande en Texas (Meneses, 2012; Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006).

Posteriormente se adelantaron otros operativos similares como la Operation Gatekeeper en San Diego, California (1994); la Operation Safeguard en Nogales, Arizona (1995); y Rio Grande, entre Brownsville y Laredo, Texas (1997). Todos ellos se hicieron con el objetivo de mantener a los no bienvenidos o indeseables fuera del país (Nevins, citado por Gabriel, Jimenez y Macdonald, 2006, p. 561). Desde entonces, operativos de este tipo se han repetido y ampliado en distintas fases, con desarrollos específicos de acuerdo con las especificidades de cada región.

Con todo, un significativo segmento de la población, parte del cual estaba vinculado al Partido Republicano, ejerció presión para que el Gobierno federal incrementara la vigilancia y la regulación de todos los flujos migratorios, ejerciendo un control más estricto de los illegal aliens (Meneses, 2012, p. 262). Esta presión se materializó en la Ley para la reforma de la inmigración ilegal y la responsabilidad inmigratoria (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act-IIRIRA) de 1996. IIRIRA estableció, básicamente, un control más riguroso al ingreso no autorizado de individuos a través de la frontera con México, el fortalecimiento y la ampliación de las facultades de la Patrulla Fronteriza, así como sanciones a aquellas personas y empresas que proporcionaran trabajo a migrantes irregulares. Con esta legislación se incorporó la figura de remoción, que permitió a los oficiales detener inmigrantes por sospecha de algún delito y negar la residencia si los inmigrantes suministraban información falsa en sus documentos (Hernández, 2008).

Para Durand, la ley IIRIRA,

[…] afectó seriamente a la comunidad latinoamericana, porque se limitaron una serie de apoyos y servicios a los que tenía acceso la población, sin importar su calidad migratoria. Se penalizó a los indocumentados, se colocaron trabas importantes para el ingreso de refugiados y se castigó a los inmigrantes residentes que contaban con permiso de trabajo y no tenían ciudadanía. Esta ley es considerada por algunos analistas como una réplica (con ligeras variantes) a nivel federal de la Proposition 187 que fue votada y luego vetada en California. (Durand, 2008, p. 46)

Así, desde el Programa Bracero, no han existido acuerdos migratorios formales entre Estados Unidos y México. Las legislaciones al respecto han sido caracterizadas por el propósito del país del norte de regular, restringir y contener las migraciones desde el sur. Pese a los debates y negociaciones entre ambos Gobiernos, legislaciones de este tipo predominaron durante buena parte del siglo XX (Benítez, 2011, p. 180).

FRONTERAS Y SEGURIDAD NACIONAL DESPUÉS DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, Washington asumió un pensamiento geopolítico hiperrealista fundamentado en la doctrina de la Seguridad Interna (Homeland Security), la cual inició formalmente con la emisión de la Ley Patriótica (Patriotic Act) en octubre de 2001. Esta ley planteaba la necesidad de ampliar el alcance del tlcan con un apartado específico en materia de seguridad y defensa (Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80). Estados Unidos instó a sus socios –México y Canadá– a aceptar la existencia de una vulnerabilidad omnipresente derivada de la amenaza terrorista. De esta forma, se condicionó el comercio bilateral a la construcción de un perímetro de seguridad norteamericano para blindar el territorio estadounidense contra nuevos ataques (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 566). Este enfoque consistió en una estrategia integrada de seguridad que incluía la cooperación de México y Canadá en la guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado y la migración ilegal, y tenía en el fortalecimiento de la protección de las fronteras terrestres una de sus piedras angulares. Al respecto, la Asamblea de América del Norte de 2003 (Gabriel Jiménez y Macdonald, 2006, p. 553) convocaba al desarrollo de fronteras eficientes y seguras como condición sine qua non de seguridad y prosperidad común.

Para reflejar el nuevo esquema de seguridad y de vulnerabilidad omnipresente, las autoridades federales llevaron a cabo una extensa restructuración institucional de las agencias de seguridad. Este proceso inició con la creación en 2003 del Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security-DHS), al cual se integraron 22 agencias federales y 170 000 empleados, y en el cual se unificaron agencias con funciones de seguridad y otras encargadas de aduanas y migraciones. En el contexto posterior al 11 de septiembre, el DHS asumió el control operativo de la frontera y la facultad para

[…] detectar, responder e interceptar penetraciones de la frontera en áreas que se consideran de alta prioridad de amenaza potencial u otros objetivos de seguridad nacional. El control operativo puede estar limitado a corredores específicos del tráfico ilícito o a otras localidades geográficamente definidas. (U. S. Border Patrol, citado por Hernández, 2008, pp. 198-199)

La estrategia fue, entonces, intensificar y extender los controles fronterizos y los mecanismos de combate a la triada terrorismo-narcotráfico-migración ilegal. Por ejemplo, en el marco de la Ley Patriótica, se permitió a las autoridades migratorias

[…] detener, hasta por siete días a cualquiera que no sea ciudadano de Estados Unidos de quien se sospeche está comprometido con el terrorismo o colabora en planes terroristas, antes de decidir si se inicia un proceso de expulsión. Las estipulaciones se aplican incluso a residentes permanentes de largo plazo. (Legomsky, 2004, p. 77)

Entre las agencias que pasaron a integrar el DHS, se cuenta la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (U. S. Customs and Border Protection-CBP), encargada de garantizar la seguridad de 7000 millas de fronteras terrestres, compartidas con Canadá y México, y 2000 millas de aguas costeras en la península de Florida y en el Sur de California (CBP, 2009b); el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (U. S. Immigration and Customs Enforcement-ICE) y la Guardia Costera.

Dentro de la CBP se integran la Oficina de Operaciones de Campo (Office of Field Operation-OFO), encargada del control de inmigración y aduanas en los puertos de entrada al país; y la Patrulla de Fronteras (U.S. Border Patrol), responsable de la seguridad fronteriza en los extensos espacios abiertos a lo largo de la frontera, cuya misión es la de “prevenir que los inmigrantes irregulares crucen las fronteras de los Estados Unidos por cualquier propósito” (CBP, 2009a), y ser “capaz de mantener una presencia disuasiva, llevar a cabo cateos y detenciones, y patrullar terrenos difíciles” (Isacson y Meyer, 2012). La CBP cuenta, además, con varias instancias de inteligencia para la recopilación de información relativa al ingreso de personas y bienes.

Cabe mencionar que la Patrulla Fronteriza es la agencia que más ha experimentado la securitización de la cuestión migratoria después del 11 de septiembre. Desde entonces, la misión de la agencia involucró el combate al terrorismo, operaciones contra el narcotráfico, la interdicción de migrantes y muchas otras violaciones de las leyes federales dentro de un radio de 100 millas de la frontera (Isacson y Meyer, 2012). Como consecuencia, se militarizó la estructura operativa de la Patrulla Fronteriza, asumiendo una doctrina de conflicto de baja intensidad en la vigilancia de la frontera, que implica el uso de tecnología militar para el cumplimiento de su función, que incluye helicópteros, aviones no tripulados (Unmanned Aerial Vehicles) y lanchas fluviales rápidas de fondo plano y hélice superior (Meneses, 2012, p. 264). Así, la Patrulla Fronteriza se convirtió en la principal agencia mediante la cual el Estado federal ejerce presencia en la frontera.

De acuerdo con los datos presentados por Massey (citado por Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 27), para 2010 el presupuesto de la Patrulla Fronteriza había crecido un 950 % con relación al designado en 1980, mientras que las horas de servicio de los agentes se incrementaron más de 100 veces con respecto a las cifras de 1980; en tanto que Meneses (2012, p. 264) señala que el número de patrulleros en la frontera pasó de 4000 en 1994 a casi 9500 en 2002, y algo más de 20 000 para 2011. Las cifras oficiales presentadas por el CBP (2011b) indican que, en 2011, la Patrulla Fronteriza contaba ya con 21 394 agentes, 18 506 de los cuales estaban desplegados a lo largo de la frontera con México.

En estados como Arizona –que, según datos del DHS, mantiene el 7,9 % del total de migrantes irregulares en Estados Unidos– se implementaron operativos especiales contra los indocumentados como la ampliación de Safeguard –iniciado en 1995 en Los Nogales– al corredor Yuma-Luckeville (2003), la ejecución de Arizona Border Control-ABC (2004) y programas de repatriación voluntaria (Meneses, 2012, p. 264). En este estado se duplicó el personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y se puso en funcionamiento una plataforma tecnológica para el control de la frontera, que incluye unidades móviles de vigilancia, sistemas de imágenes térmicas y equipos de inspección no invasiva.

Así también, el número de millas del total de fronteras bajo control efectivo por parte del DHS creció en un 284 % entre 2005 y 2010. En el caso de la frontera con México, el control efectivo alcanzó 873 millas en 2010 (44 % del total de la frontera), es decir, se ha incrementado en 126 millas anuales desde 2005 (U. S. Government Accountability Office, 2013). Adicionalmente, para 2012 ya se habían construido 651 millas de muros fronterizos de las 700 millas ordenadas por la Ley del Cerco Seguro (Secure Fence Act) de 2006. Estas vallas fronterizas se encuentran especialmente en los centros urbanos más densamente poblados (El Paso, San Diego, Nogales) y en las zonas rurales de California y Arizona –aunque no existe muro en las secciones más montañosas de la frontera–. Estos muros están adaptados con cámaras, reflectores de alta potencia y sensores sísmicos (Isacson y Meyer, 2012).

La otra agencia del DHS con responsabilidades en materia de seguridad fronteriza es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (en inglés, Immigration and Customs Enforcement-ICE), la segunda agencia federal de investigación después del FBI. Su misión es hacer cumplir las leyes federales relativas al control de las fronteras, aduanas, comercio e inmigración (U. S. Immigration and Customs Enforcement, s. f.). De esta forma, ICE desarrolla funciones tales como la detención y deportación de inmigrantes y la verificación del cumplimiento por parte de los empleadores de la normativa respectiva a la no contratación de indocumentados. En 2012, ICE deportó 409 849 individuos que se encontraban de forma irregular en Estados Unidos, 55 % de los cuales tenían antecedentes penales.

Por su parte, la Guardia Costera es responsable de la defensa de las fronteras marítimas de los Estados Unidos. Su principal misión de seguridad nacional es la protección del dominio marítimo y del sistema de transporte marítimo de Estados Unidos, lo que conlleva el aseguramiento de puertos, vías marítimas y costas del país. La Guardia Costera está, entonces, encargada de la detección y detención de terroristas, narcotraficantes y migrantes irregulares que pretenden ingresar por mar a territorio estadounidense (U. S. Coast Guard, 2013). En la frontera con México, la Guardia Costera ha sido involucrada en la vigilancia del Río Bravo y de la ciudad de San Diego en California.

Asimismo, a partir de octubre de 2002 también se produjo un reordenamiento del Departamento de Defensa que implicó, entre otros aspectos, la conformación del Comando Norte, encargado de la defensa del territorio norteamericano –incluyendo jurisdicción sobre territorio canadiense y mexicano–. Aunque la participación de militares en la seguridad fronteriza está directamente relacionada con la guerra contra el terrorismo y las drogas, ellos apoyan la interceptación de inmigrantes irregulares al informar a las agencias civiles de seguridad pública sobre aquellos cruces no autorizados que sean detectados.

Así, por ejemplo, la Fuerza de Tarea Conjunta Norte (JTF-N) desplegó, en febrero de 2010, la Operación Nimbus II, que incluía el empleo de vehículos de combate acorazados tipo Stryker y una unidad de defensa aérea a lo largo de la zona fronteriza de Arizona y Texas, para proporcionar apoyo de inteligencia, vigilancia y reconocimiento a la Patrulla Fronteriza (Isacson y Meyer, 2012). Este tipo de operaciones se basan en tecnologías y lecciones aprendidas durante las guerras en Afganistán e Irak, con lo cual se evidencia cómo la zona de frontera ha sido convertida en una suerte de teatro de operaciones de guerra de baja intensidad, en cuya lógica todo acceso no autorizado, bien sea de personas o bienes, se constituye en una amenaza para la seguridad nacional.

A ello se suma el apoyo –temporal pero activo– que después del 11 de septiembre presta la Guardia Nacional a la Patrulla Fronteriza, operando en lugares estratégicos de la frontera, así como en los puertos de entrada de las aduanas. Entre 2006 y 2008, por ejemplo, la Operación Jump Start desplegó unas 6000 tropas de la Guardia Nacional para asistir al personal de seguridad de la Patrulla Fronteriza en tareas relacionadas con inteligencia, investigación y vigilancia aérea para contener el narcotráfico y la migración irregular. En 2010 y con objetivos similares, la administración Obama ordenó el despliegue de 1200 efectivos de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera –mayormente en Arizona, en menor medida en Texas, California y Nuevo México– (CNN México, 2011). En ambos casos, se justificó la asistencia de la Guardia Nacional como medida temporal mientras la Patrulla Fronteriza entrenaba a nuevos agentes (Isacson y Meyer, 2012).

A pesar del despliegue de diferentes agencias federales y la militarización para ejercer el control y la seguridad fronteriza, no existe una estrategia federal integral que coordine el esfuerzo interagencial para hacer frente al tránsito irregular de personas a través de la frontera con México.

SEGURIDAD NACIONAL Y MIGRACIONES EN AMÉRICA DEL NORTE

Si bien a partir de la década de 1990 –sobre todo desde la firma del TLCAN en enero de 1994– se había promovido una mayor integración entre Estados Unidos, México y Canadá, los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 implicaron la subordinación de las relaciones bilaterales –económicas y políticas– a la cooperación de estos Estados en la guerra contra el terrorismo. De esta forma, los acuerdos comerciales y toda iniciativa de integración económica –incluidos el tema del libre tránsito de bienes y personas– quedaron sujetos a las demandas de seguridad de Estados Unidos. En consecuencia, todos los temas de la agenda bilateral con México, incluidos los asuntos migratorios, quedaron subordinados a los paradigmas de la seguridad nacional establecidos –unilateralmente– por su vecino del norte.

En este escenario, el concepto seguridad asumió diferentes acepciones en cada país. Mientras para Estados Unidos la seguridad se entendió como la seguridad nacional, relacionada con la lucha contra el terrorismo internacional, para México, la seguridad se vinculó a la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y los altos índices de violencia relacionada con tales fenómenos. En ambos casos, fronteras y seguridad quedaron estrechamente ligadas y convertidas en asunto prioritario de las relaciones bilaterales (Guillén, 2005, p. 161).

Tres han sido las iniciativas de Estados Unidos para fortalecer la vigilancia de las fronteras: el acuerdo de Fronteras Inteligentes (2002), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad en América del Norte, ASPAN (2005) y la Iniciativa Mérida (2007).

Fronteras Inteligentes

Bajo el supuesto de la vulnerabilidad omnipresente, Estados Unidos ató las relaciones comerciales con sus vecinos a sus propios intereses de seguridad nacional, lo que implicó, bajo un primer análisis, una tensión manifiesta entre seguridad fronteriza y flujo dinámico de personas y bienes previsto por el TLCAN. No obstante, a pesar del unilateralismo con el que Estados Unidos implementó medidas de seguridad para restringir la porosidad de las fronteras, para México y Canadá, el escenario posterior al 11 de septiembre representó una ventana de oportunidad en materia de comercio bilateral con Estados Unidos. Esto debido a que, en consonancia con sus intereses de seguridad, Washington promovió la superación del modelo de seguridad imperante con base en fronteras territoriales, que restringe el flujo de bienes y personas, a favor de sistemas de administración de riesgos que comúnmente involucran procesos de liberación previa de bienes y viajeros (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550).

En todo caso, el establecimiento del perímetro de seguridad de América del Norte implicó una serie de presiones diplomáticas para lograr la convergencia de las políticas, tanto de México como de Canadá, en materia de seguridad exterior, control fronterizo y migratorio, de acuerdo con los requerimientos y paradigmas de la seguridad nacional estadounidense. En el caso de su frontera sur, la aproximación estratégica de Estados Unidos se basa en la percepción de aquella como una zona criminalizada donde convergen migración ilegal, narcotráfico, crimen organizado y –probablemente– terrorismo. De esta forma, como lo destacan Meyers, Sokolsky y Lagassé (citados por Hernández, 2008, p. 206), las presiones hacia México se orientan al fortalecimiento del control fronterizo y del combate al crimen organizado, y a la mayor inversión de recursos en aquellos aspectos de seguridad que Estados Unidos percibe como amenaza para sus intereses nacionales.

Ya en octubre de 2001, el entonces presidente George W. Bush, mediante la Segunda Directiva Presidencial de Seguridad Nacional, ordenó a su secretario de Estado, Collin Powell, así como a su secretario del tesoro y al procurador general, “iniciar negociaciones con Canadá y México para garantizar la mayor compatibilidad posible en políticas de inmigración, aduanas y visado” (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550). Con esto, Washington asumió un modelo de círculos concéntricos de seguridad que trascendía a toda Norteamérica e involucraba a las autoridades de México y Canadá en la salvaguarda de la seguridad nacional estadounidense.

El primero de estos círculos concéntricos de seguridad hace referencia al territorio estadounidense propiamente dicho, cuyos límites físicos están determinados por las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del país. El segundo círculo se conformaría por la región de Norteamérica, lo que implicó la corresponsabilidad de Canadá y México, para la protección de las fronteras del bloque norteamericano. El último círculo estaría definido por las relaciones que mantiene Estados Unidos con los demás países del mundo, e involucra a estos en la prevención de factores de riesgo para la seguridad estadounidense (Hernández, 2008).

Después del 11 de septiembre, Washington requirió a sus vecinos la implementación de medidas de alertas tempranas en sus fronteras. Para ello, se suscribieron los acuerdos de Fronteras Inteligentes (Smart Border Agreement), primero con Canadá (12 de diciembre de 2001), y posteriormente con México (22 de marzo de 2002), que consistieron básicamente en un compromiso de cooperación antiterrorista (Benítez y Rodríguez, 2005, p. 80) que, para garantizar el perímetro de seguridad norteamericano, comprendía un concepto de frontera que trascendía los clásicos límites geográficos.

Para Gabriel, Jiménez y Macdonald (2006, p. 566), con Fronteras Inteligentes, México se apartó de su tradición de independencia con respecto a su política de seguridad exterior, y se alineó con la agenda de Washington. De esta forma, el acuerdo implicó el compromiso de todo el sistema de seguridad mexicano en la lucha contra el terrorismo y en apoyo de la doctrina norteamericana de Homeland Security. Benítez (2011, p. 186) destaca que, después de la suscripción del tratado, casi la totalidad de las corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia, inteligencia y migración en México, empezaron a cooperar y colaborar activamente con sus contrapartes de Estados Unidos, incluyendo a los Departamentos de Seguridad Nacional, de Justicia, de Defensa y de Estado, así como agencias tales como a la CIA, la DEA, el FBI y el Cuerpo de Guardacostas. Con ello se hace patente la forma en que se securitizó el tema migratorio.

De esta forma, el acuerdo de Fronteras Inteligentes suscrito con México responde a las preocupaciones de Washington, dada la percepción de debilidad de México para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la migración irregular en su frontera norte. De esta forma, Fronteras Inteligentes abarca un amplio rango de políticas diseñadas para garantizar la seguridad estadounidense al tiempo que asegura la continuidad de los flujos económicos (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 550). Llama la atención, sin embargo, que el tratado no hace una referencia directa a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Según Benítez y Rodríguez (2005, p. 81), Gabriel, Jiménez y Macdonald (2006, p. 568) y Hernández (2008, p. 202), el acuerdo está compuesto por 22 puntos, concentrados en torno a tres categorías centrales.

• Flujo seguro de personas

* Acelerar y gestionar de manera eficiente el flujo constante de viajeros pertenecientes al TLCAN.

* Incrementar el intercambio de información mediante el desarrollo de sistemas de datos compatibles.

* Avanzar hacia la consulta de políticas de visado.

* Énfasis en la atención al problema del tráfico de personas y el tamizado de individuos de terceras naciones.

• Flujo seguro de bienes

* Hacer que el comercio sea compatible con la seguridad mediante la cooperación entre los entes de las dos naciones y con el sector privado.

* Asegurar los cargamentos y envíos por tierra y proteger las vías ferroviarias.

* Cooperación bilateral para combatir el fraude en las aduanas y el contrabando.

• Infraestructura de seguridad

* Cooperación para la construcción de infraestructura para garantizar la seguridad en las fronteras.

Para evitar mayores trastornos en el tránsito de personas –de por sí restringido–, se puso en práctica, bajo el liderazgo y coordinación del DHS, un sistema de manejo de riesgo para la seguridad fronteriza consistente en una clasificación entre los migrantes mexicanos confiables y aquellos que no lo son, teniendo en cuenta que cerca del 90 % de las personas que ingresan a Estados Unidos por la frontera con México realizan dichos cruces de forma frecuente (Benítez y Rodríguez, 2005). La estrategia se basa en un estricto preregistro de las personas confiables, lo que permite liberar recursos y concentrarse en aquellos cuyos antecedentes sean menos claros.

Con este objetivo se diseñó la Tecnología Indicadora de Situación de Visitantes e Inmigrantes, US-VISIT, un sistema de registro de identidad biométrico instalado en los cruces fronterizos terrestres más transitados de Estados Unidos. US-VISIT es una base de datos que registra y archiva las características físicas (huellas digitales, ojos, rostro) de los individuos que ingresan al país y determina el grado de riesgo que representan para la seguridad de Estados Unidos. Cuando la persona pretende volver a cruzar la frontera, US-VISIT comprueba su identidad como individuo confiable y agiliza su paso por carriles y vías peatonales preferenciales (Benítez y Rodríguez, 2005).

Asimismo, se suscribió en febrero de 2004 el Memorándum de entendimiento sobre la repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos, para la deportación de migrantes irregulares mexicanos detenidos en suelo estadounidense, además de acuerdos para facilitar el intercambio de información con el fin de combatir las organizaciones de tráfico de personas, y otros programas de capacitación e intercambio de conocimientos entre las autoridades fronterizas de ambos países.

En particular, según estadísticas presentadas por las autoridades de Estados Unidos, Arizona es el estado por donde ingresa al país la mayor cantidad de inmigrantes indocumentados y de marihuana, donde se ha descubierto la mayor cantidad de los túneles de contrabando y que se ha convertido en una de las principales fuentes de armas (ver figura 1) para el crimen organizado transnacional. De allí que recientemente la zona sea observada con especial cuidado por el DHS, por lo cual se dio paso a la Alianza para combatir las amenazas transnacionales en el Corredor Arizona/Sonora, vigente desde septiembre de 2009. Este es un esfuerzo del Gobierno federal de Estados Unidos para incrementar las capacidades y recursos de más de 60 agencias federales, estatales y locales en Arizona, así como en el estado mexicano de Sonora, para combatir individuos y organizaciones criminales que representan una amenaza a las comunidades de ambos lados de la frontera (CBP, 2011a).

FIGURA 1. Origen de las armas incautadas en México. Destaca Texas con el 39 % de las armas. Fuente: El Universal (2010).

En el caso de las fronteras aéreas y marítimas, las medidas de seguridad implementadas con México –adoptadas por prácticamente todos los países del mundo con rutas directas a Estados Unidos, en consonancia con el tercer círculo concéntrico de seguridad– implicaron una mayor coordinación en materia de control del tráfico de personas y bienes entre las autoridades portuarias y aeroportuarias responsables en cada uno de los países, orientado a garantizar el seguro y eficiente flujo de personas y bienes, mejorar y proteger la infraestructura fronteriza y, por último, fortalecer la colaboración e intercambio de información (Benítez y Rodríguez, 2005).

Para ello fue menester establecer una estrecha relación con el sector privado, en especial de las aerolíneas, las cuales permitieron el acceso a las listas de pasajeros de los vuelos comerciales con destino a Estados Unidos. Así, en el marco de Fronteras Inteligentes y en colaboración con el sector privado, el DHS implementó los programas Global Entry y FAST. En efecto, el Global Entry es un sistema que permite el registro electrónico y anticipado de viajeros internacionales con destino a Estados Unidos –aprobados y calificados como de bajo riesgo–, en los aeropuertos de origen (Benítez y Rodríguez, 2005). Por su parte, FAST es un Programa de Comercio Libre y Seguro que consiste en la inscripción y certificación de los empresarios en la Asociación Aduana-Comercio contra el Terrorismo (C-TPAT) ante la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. Toda la información utilizada y suministrada por estos programas no solo alimenta los registros de los Servicios de Aduanas e Inmigración y del DHS, sino además del Departamento de Justicia, del Departamento de Defensa y del Cuerpo de Guarda Costas.

ASPAN

La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) se concibió como una estrategia común de seguridad entre Estados Unidos, México y Canadá, a fin de proteger a América del Norte de amenazas externas, prevenir y enfrentar amenazas internas, así como garantizar la seguridad del tráfico eficiente de viajeros y mercancías legales a través de las fronteras compartidas. Para ello, ASPAN destaca acciones conjuntas en las siguientes acciones prioritarias (Arrellanes, 2009, pp. 65-67):

• Protección de América del Norte contra amenazas externas

* Seguridad para los viajeros de alto riesgo: desarrollar e instrumentar un sistema compatible entre los tres países que permita el intercambio y almacenamiento de información de criminales (del narcotráfico, lavado o falsificación de dinero, entre otros) y terroristas, a su llegada al primer puerto de entrada al continente.

* Seguridad para carga: ampliar funciones y membresía de las asociaciones públicas y privadas de los tres países (FAST, CTPAT, PIP y BASC) dedicadas a acelerar el flujo de cargamentos y bienes hacia el interior de América del Norte, así como de salvaguardar la cadena de abastecimiento de productos provenientes de otros continentes.

* Bioseguridad: desarrollar mecanismos de intercambio de información para la prevención, detección y reacción frente a amenazas, tanto naturales como intencionales, a la salud pública y el sistema alimentario agrícola, así como ampliar los sistemas de monitoreo de importaciones de alimentos hacia el continente y entre los tres países.

• Prevención y respuesta a amenazas dentro de América del Norte

* Seguridad aérea: desarrollar e instrumentar un programa compatible en los tres países para el monitoreo de pasajeros y revisión de equipaje y cargamento, que evite a usuarios y cargamentos que inicien su travesía desde América del Norte volver a pasar revisión, siempre y cuando su destino final también sea dentro del continente.

* Seguridad marítima: diseñar e instrumentar mecanismos de intercambio de información y colaboración en la evaluación de amenazas, vulnerabilidades y riesgos de transporte marítimo y sus puertos.

* Amenazas transnacionales: reforzar la cooperación en la lucha contra actividades criminales y terroristas de índole fronterizo, así como garantizar la repatriación segura, ordenada, digna y humana de migrantes indocumentados de zonas de alto riesgo.

* Lucha contra el terrorismo: desarrollar e instrumentar mecanismos de intercambio de información y cooperación que refuercen la capacidad de lucha de los tres países en contra de las actividades terroristas.

* Protección de infraestructura crítica: diseño e instrumentación de estrategias compatibles de protección de infraestructura crítica en áreas predeterminadas de manera conjunta, así como coordinación de planes de respuesta a emergencia en este aspecto.

• Aumentar la eficiencia del flujo seguro de tránsito de bajo riesgo a través de nuestras fronteras compartidas

* Zonas aeroportuarias libres de inspección: ampliar el número de aeropuertos en América del Norte que cuenten con líneas migratorias y aduaneras para pasajeros, equipaje y carga preaprobados de origen.

* Reducción de tiempos de espera: aumentar la cobertura de programas ya existentes de facilitación de acceso para viajeros y carga de bajo riesgo, como las líneas FAST, Nexus y Sentri; evaluar de manera conjunta la instrumentación de nuevos programas con el mismo fin; construir nueva infraestructura fronteriza y mejorar la eficiencia de la ya existente, así como evaluar la posibilidad de facilitar el cruce de cargamentos FAST de un lado a otro de la frontera sin necesidad de detenerse.

* Uso de tecnología de punta: continuar incorporando equipo de alta tecnología en las fronteras comunes de América del Norte que permitan alcanzar las metas de seguridad compartidas, así como agilizar el flujo legal de personas y bienes.

ASPAN generó el compromiso de México de fortalecer la seguridad en su frontera norte y evitar el tránsito de potenciales terroristas. Esta necesidad se afincó en el registro de casos en los que resultaron detenidas personas de nacionalidades iraquíes, chinas, norcoreanas y norafricanas, que pretendían ingresar de forma ilegal a Estados Unidos desde México. Como lo reseñan Herrera-Lasso y Artola:

Si bien es cierto que el terrorismo islámico no ha representado hasta ahora una amenaza directa a la seguridad nacional de México, no menos cierto es el hecho de que un acto terrorista en Estados Unidos en el que México estuviese de alguna forma implicado, por ejemplo como lugar de tránsito de los terroristas, tendría enormes consecuencias por todo lo que deriva de la vecindad. Evitar que esto suceda se convirtió en una prioridad. (Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 18)

Así, la securitización del tema migratorio se trasladó a México, que no solo se comprometió en una mayor protección de su frontera norte, sino además en la contención de la migración hacia Estados Unidos originada en su frontera sur, para lo cual debió incrementar su seguridad fronteriza. De esta forma, se asumió como necesidad manifiesta el control, también, de la migración ilegal de personas que transitan por México desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Esto está especialmente ligado a la preocupación generada por las crecientes actividades criminales de las maras de origen centroamericano en varias ciudades estadounidenses, sobre todo en el estado de California.

Iniciativa Mérida

La estrategia ASPAN se consolidó con la Iniciativa Mérida, un paquete de ayuda económica de Estados Unidos para apoyar la lucha contra el crimen organizado en México y Centroamérica. Inicialmente concebido como un plan a tres años (2008-2010) consistente en unos 1300 millones de dólares, hasta 2012 la Iniciativa Mérida había proporcionado a México cerca de 1950 millones de dólares (Isacson y Meyer, 2012). Estos recursos tuvieron un enfoque esencialmente militar, orientado a fortalecer la seguridad fronteriza y las capacidades federales mexicanas para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado. De tal forma, se busca superar debilidades endémicas de los sistemas políticos en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Estados Unidos, mediante programas de cooperación en defensa, inteligencia, justicia y seguridad pública.

El paquete incluye componentes para contrarrestar la inmigración irregular. Así, una parte considerable de recursos de la Iniciativa Mérida (90 millones de dólares durante sus tres primeros años) han sido entregados al Instituto Nacional de Migración de México, destinados a la financiación de programas de profesionalización para agentes de inmigración, compra de equipos poligráficos y biométricos para los puestos de control en la frontera con Guatemala, así como tecnología para rastrear la entrada y salida de individuos a México (Isacson y Meyer, 2012).

No obstante, las medidas para la protección de la frontera no han derivado en un esquema integral de seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, sino que, como ya se ha mencionado, las acciones desarrolladas han sido establecidas unilateralmente desde el norte, por cuanto “México no fue ni consultado ni tomado en cuenta al momento de definir políticas y programas” (Herrera-Lasso y Artola, 2011, p. 18). Como durante buena parte del siglo XX, los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre los dos países siguieron caracterizándose

por la ausencia de un marco institucional y por un persistente y complejo patrón de cooperación intermitente, repliegues y desacuerdos constantes en cuanto a la importancia y contenido de las amenazas a la seguridad regional y bilateral. (Gabriel, Jiménez y Macdonald, 2006, p. 560)

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