El mejor periodismo chileno

Premio Periodismo de Excelencia Universidad Alberto Hurtado 2019

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 – Santiago de Chile

mgarciam@uahurtado.cl – 56-228897726/16

www.uahurtado.cl

Publicado en formato digital en el año 2020, en Santiago de Chile

ISBN libro digital 978-956-357-262-9

Coordinación Colección Periodismo

Ximena Orchard

Edición libro PPE

Montserrat Martorell

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro M.

Diseño interior y portada

Francisca Toral R.

Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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TRABAJOS PREMIADOS

PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA ESCRITO y PREMIO CATEGORÍA INVESTIGACIÓN Serie de investigación: la trampa de los medidores “inteligentes” de electricidad

Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda, Ciper

PREMIO CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL El estallido vital de Geraldine: el duro despertar de la menor que quedó en coma por una lacrimógena

Ivonne Toro, Ciper

PREMIO CATEGORÍA ENTREVISTA Habla por primera vez la mujer que denunció por abusos al sacerdote Renato Poblete

María Soledad Vial, El Mercurio

PREMIO CATEGORÍA OPINIÓN Institutanos

Alejandro Zambra, La Tercera

PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA UNIVERSITARIO La dinastía de los sacerdotes acusados de abusos sexuales en el Hogar San Ricardo

Joaquín Abud, Rocío Ñancupil y Nadia Volensky, Universidad Diego Portales

TRABAJOS FINALISTAS

CATEGORÍA INVESTIGACIÓN Las millonarias transferencias de la familia Piñera Morel a paraísos tributarios y la investigación del SII en contra de Bancard

Sergio Jara Román y Héctor Cárcamo Silva, El Desconcierto

Serie de reportajes La información oculta de la escopeta antidisturbios y las lesiones oculares

Mauricio Weibel, Benjamín Miranda, Catalina Albert, Nicolás Sepúlveda, Alberto Arellano, Lucas Cifuentes y Cristóbal Ríos, Ciper

Corte de Apelaciones de Rancagua: tres ministros investigados por tráfico de influencias y pagos indebidos

Alberto Arellano, Ciper

Operación topógrafo: el espionaje del Ejército a cuatro denunciantes de irregularidades

Sebastián Vedoya, La Tercera

CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL La mirada rota de Gustavo Gatica

Ivonne Toro y Paulina Toro, La Tercera

Bomberos en la zona cero

Arturo Galarce, Sábado, El Mercurio

Un funeral 45 años después

Jorge Rojas, Sábado, El Mercurio

La eutanasia de Jorge Valdés Romo: “Autorizo a culminar con dignidad mi existencia”

Benjamín Miranda y Valentina Collao, The Clinic

Los exconscriptos que denuncian el primer accidente nuclear en Chile

Matías Sánchez Jiménez, Sábado, El Mercurio

Erika, la desconocida mujer en la vida de Claudio Arrau

Marisol García, La Tercera

CATEGORÍA ENTREVISTA Alonso Ortiz, el chofer del Transantiago que conmovió al país: “Si ahora jubilamos con mi esposa, vamos a quedar viejos, enfermos y sin plata”

Pepa Valenzuela, The Clinic

En la mente de los curas abusadores

Nicolás Alonso, The Clinic

Doctora que atendió a Geraldine en la calle: “No se nos puede morir una niña”

Ivonne Toro, Ciper

Jorge Edwards: “Si el diablo me ofreciera un pacto para vivir más, ¡lo firmo!”

Gazi Jalil, Sábado, El Mercurio

CATEGORÍA OPINIÓN Violencia, derechos humanos y la salvación de la república

Pablo Ortúzar, Ciper

Sin papeles y sin Bolaño

Eduardo Andrade, El Desconcierto

El despertar de Chile en un territorio donde el Estado ya no existe: La Bandera

Cristián Cabalín, Ciper

Los chalecos amarillos en el planeta de los simios

Ricardo Greene, Ciper

No era depresión era capitalismo

Nona Fernández, El Periodista

Sobre la violencia (o “están todos duros”)

Constanza Michelson, The Clinic

Prólogo

Nada ha sido usual este año en lo que al Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado se refiere, salvo que se mantiene la calidad de los textos periodísticos seleccionados y que reflejan, en una síntesis perfecta, los hechos que vivimos en el país durante 2019.

Tanto las reuniones del jurado como la ceremonia de premiación, tuvimos que hacerlas en un contexto que sabíamos que algún día llegaría, pero que no necesariamente sería tan rápido y de manera obligatoria. Para el cual, además, no todos estábamos preparados. El 2020 nos obligó a trasladarnos de una crisis a otra: de estallido social a mundo pandémico.

El país, en estos días, no solo vive en emergencia sanitaria, también hay toque de queda en la RM y millones de personas en el país estamos confinadas en nuestros hogares. Nada de lo que hacíamos con soltura antes de marzo podemos realizarlo hoy. Quizá, cuando lea este prólogo, las cosas hayan cambiado y estemos viviendo otra etapa, con seguridades o incertezas, que hoy es difícil de prever.

El tiempo que nos toca vivir no solo ha marcado la manera en que elaboramos este libro y que, por ahora, no podrá disfrutar en papel, como ha sido siempre nuestra intención y compromiso. También nos está obligando a repensar nuestras vidas, la forma de relacionarnos y la manera en que enfrentaremos nuestro trabajo inmediato, aquel para el cual nos preparamos y que, avances tecnológicos mayores o menores, veníamos realizando de manera similar hace varias décadas.

La industria periodística parecía ser una de las que más se estaba ajustando a la realidad de hoy, abandonando técnicas antiguas, utilizando el mundo cibernético y comunicándose a través de diversas plataformas con sus usuarios. Se asemejaba a una carretera del siglo XXI, donde lo más moderno avanzaba rápido y lo viejo comenzaba a ralentizarse y desaparecer.

Vivíamos sí, en una incertidumbre controlada, donde lo impreso daba paso a lo digital, los despidos en la industria obedecían a esta suerte de revolución virtual y la disputa entre medios y redes sociales buscaba un armisticio que les permitiera convivir y gozar de las mismas prebendas para asegurar la continuidad del buen periodismo.

Vino lo que vino, aquí estamos, redefiniendo todo. Quizá, frente a sus ojos, tenga los trabajos más destacados de aquel viejo periodismo. O quizá no. Un periodismo que tenía mucho de cara a cara, de observación, de acudir al lugar de los hechos y entrevistar a los protagonistas mirando la emoción en los ojos, notando el temblor de las manos o escuchando voces seguras o quebradas. Había contacto. También calor, frío, olores.

Hemos perdido en estos días muchos medios. También ha caído drásticamente la inversión publicitaria: demasiado en la TV, mucho en la radio, diarios y revistas, poco y casi nada en los periódicos virtuales, aunque estos todavía no consiguen lo suficiente para financiar sus equipos de trabajo. El desafío es grande. Existe la tentación en algunos de desconectarse de los medios, usar las redes sociales y desde ahí trabajar relatos periodísticos, de manera individual y sin pasar por la verificación que obligadamente exige un editor o un equipo periodístico. El resultado puede ser bueno en lo inmediato, pero nocivo cuando se masifique y las voces generen solo un griterío.

El trabajo que aquí presentamos, que reúne lo más destacado del 2019, es una prueba de la necesidad de trabajar en equipo y pasar por los diversos obstáculos que genera un medio para verificar los contenidos. También el soporte de credibilidad que le da la industria a sus escritos.

Los buenos medios, el trabajo serio y el periodismo de verdad, fueron el pasado y también el futuro.

El 2019 estuvo marcado fuertemente por el estallido social y con los trabajos seleccionados se puede realizar una radiografía de lo que fue, qué cosas lo motivaron y cuál fue su alma.

Así, la serie de investigación “La trampa de los medidores ‘inteligentes’ de electricidad”, de Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda, publicado en Ciper, elegido como el mejor del año, es una muestra del abuso de las empresas con los usuarios, una de las razones del estallido de octubre.

El jurado precisamente lo eligió porque graficaba la desafección del Estado con los intereses de los ciudadanos.

En la misma línea, otro de los premiados en su categoría es “El estallido vital de Geraldine: el duro despertar de la menor que quedó en coma por una lacrimógena”, de Ivonne Toro, también de Ciper, que muestra la cara más dramática de la represión y que se entronca con otro de los reportajes seleccionados y que relata la situación que le tocó vivir a Gustavo Gatica, joven que perdió la vista y se convirtió en el símbolo de la disputa contra Carabineros y el uso de las escopetas antidisturbios, tema que trata otro reportaje del equipo que integró Mauricio Weibel.

Ivonne Toro tomó su historia, puso el foco y su pluma en función de mostrarla, no solo como una menor agredida, sino como una persona que tenía una historia, sus luchas, un origen y también sentido.

“Cuando comenzaron las protestas me decía: ‘¿Estás clara por qué vas a ir? Esto no es para andar hueviando. Yo voy porque la educación es un derecho, por una pensión digna para mi papá, por esas cosas’”, cuenta una de sus mejores amigas en este perfil, que también es una crónica del estallido y sus causas.

Este reportaje, ganador en su categoría por el trabajo realizado y las fuentes utilizadas, ilustra a juicio del jurado el desamparo y el drama de una familia, removiendo al lector a través de una historia que trasciende el caso particular.

En la categoría entrevistas fue elegida la que Soledad Vial le realizó a Marcela Aranda, la mujer que denunció al sacerdote Renato Poblete de abusos sexuales y que provocó un gran impacto en la sociedad, convirtiéndose el texto periodístico de El Mercurio en uno de los golpes del año. Para el jurado, además del acierto profesional, se trata de un reflejo de los abusos que han ocurrido en torno a la Iglesia, así como un símbolo que tiene como consecuencia un alto impacto en la ciudadanía.

En categoría opinión, donde las temáticas en competencia referían mayoritariamente al estallido social, el jurado optó por premiar la columna “Institutanos”, publicada en La Tercera por el escritor Alejandro Zambra, en medio de la polémica que cruzaba al colegio en el primer semestre del año pasado.

El jurado consideró que, junto con tratarse de un texto refrescante y que da una nueva mirada al conflicto, el exalumno del Instituto presentó un texto coherente que no ofrecía respuestas absolutas ni cerradas a un debate que está abierto.

A continuación, junto con presentar los textos completos de los ganadores, aparecen los 21 trabajos finalistas, que están llenos de aciertos periodísticos y que sin duda serán una guía para todos aquellos que abracen esta profesión.

Montserrat Martorell

Académica Departamento de Periodismo

Universidad Alberto Hurtado

Jurado del Premio Periodismo de Excelencia 2019

Paulette Desormeaux

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster doble en Medios y Globalización de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y de Hamburgo, Alemania. Fue investigadora del programa “Contacto” de Canal 13, trabajó en El Mercurio, La Ventana Cine y en Ciper. Es cofundadora y directora ejecutiva de la Red de Periodistas Chile; embajadora de SembraMedia; reportera para la plataforma de investigación transnacional Salud con lupa; conferencista y tallerista de periodismo de investigación y datos en Europa, América Central y del Sur; y académica en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Pascale Bonnefoy

Periodista de la Universidad de Santiago, magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile y Bachelor of Arts en Estudios Internacionales de George Washington University. Actualmente es jefa de carrera de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y colabora cubriendo Chile para el Buró de Río de Janeiro del diario The New York Times. Es autora de los libros Cazar al cazador: Detectives tras criminales de lesa humanidad; Terrorismo de Estadio: Prisioneros de guerra en un campo de deportes, entre otros. Ha ejercido como corresponsal y colaboradora en medios internacionales como The Washington Post, Global Post, Catholic News Service y Latin America Press. Ha trabajado en El Mostrador, Canal 13 y La Nación Domingo.

Roberto Herrscher

Es periodista, escritor y director de la carrera de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. También ha enseñado en universidades de Guatemala, Colombia, Asia Central, Nueva York, Italia, Gran Bretaña, Alemania y España, donde dirigió por diez años el magíster en Periodismo de la Universidad de Barcelona y la Universidad de Columbia. Es autor de los libros Periodismo narrativo, El arte de escuchar y Los viajes del Penelópe. Trabajó como reportero y editor en Buenos Aires Herald, IPS Agencia de Noticias y las revistas Hombres de maíz y Lateral. Sus textos han sido publicados en medios como La Vanguardia, Clarín, Ajo Blanco, Gatopardo, Etiqueta Negra y Página 12.

Andrea Lagos

Periodista y licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Trabajó en el programa “Contacto” de Canal 13 y ha escrito para La Tercera, Sábado, Capital, Siete +7, El País y el sitio en inglés VOXXI.com. Además fue editora de Qué Pasa. Es autora del libro Precht: Las culpas del vicario y coautora del libro Archivos del Cardenal: Los casos reales. Fue agregada de prensa entre 2004 y 2010 en la Embajada de Chile en EE.UU. Actualmente es académica de la Universidad Diego Portales, donde además se desempeña como periodista de investigación de esa casa de estudios.

Juan Cristóbal Peña

Periodista y académico del Departamento de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Es autor de los libros Jóvenes pistoleros, Cecilia La vida en llamas, Los fusileros y La secreta vida literaria de Augusto Pinochet. Además es coautor de libros como El periodismo que remece a Chile; Lo mejor del periodismo en América Latina I y II; Los casos reales de Los Archivos del Cardenal; Antología de la crónica latinoamericana; Lo mejor del periodismo chileno; Volver a los 17: Recuerdos de una generación en dictadura; y Los malos. Ha obtenido el Gran Premio Lorenzo Natali, de la Comisión de Desarrollo de la Unión Europea; el Premio Nuevo Periodismo, de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez; y el Premio Periodismo de Excelencia en tres ocasiones.

Karim Gálvez

Periodista y magíster en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctoranda en Literatura y Comunicación de la Universidad de Valladolid. Además es licenciada en Educación y profesora de Lenguaje. Trabajó por más de 20 años en El Mercurio y se desempeñó como docente en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es coautora de Las 100 preguntas de los padres y 24/24, un día en la vida de 24 mujeres chilenas y en 2019 publicó Marta Brunet. Crónicas, columnas y entrevistas. Actualmente es directora de la carrera de Periodismo de la Universidad del Desarrollo.

Marcela Escobar

Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en edición. Trabajó catorce años en distintos medios de prensa escrita tales como La Segunda, Sábado y Qué Pasa. Es autora de El mal del olvido. Crónicas sobre Alzheimer y coautora de Nicanor Parra. La vida de un poeta. Actualmente es directora literaria de Penguin Random House Grupo Editorial.

Jurado del Premio

Periodismo de Excelencia Universitario 2019

Nicolás Sepúlveda

Periodista de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente trabaja en Ciper. Ha sido reportero de educación y política en radio Bío Bío, El Dínamo y El Mostrador. Participó de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (Colpin), realizada en Bogotá Colombia, por sus reportajes sobre “Operación Huracán” y el financiamiento ilegal de campañas políticas por parte de empresas pesqueras. Ha sido finalista de los premios Pobre el que no cambia de mirada (2014) y del Premio Periodismo de Excelencia de la Universidad Alberto Hurtado (2016, 2017 y 2018).

Fabiola Gutiérrez

Periodista de la Universidad Arcis, con postítulo en derechos humanos y género. Actualmente es la encargada de comunicaciones de Corporación Humanas y encargada de medios del Observatorio de Género y Equidad. Ha trabajado en medios de comunicación nacional y ha sido corresponsal de medios internacionales, entre ellos, Los Angeles Times. Es coautora de la Guía Medios No Sexistas: definiciones y prácticas periodísticas; y autora de la Guía de recomendaciones para el tratamiento periodístico respecto de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Entre el 2015 al 2018 fue la primera presidenta de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas de Chile. También integra el Comité editorial de Mujeres en el Medios, es parte de la Red de Periodistas Feministas de América Latina y el Caribe e integra la Alianza Global de Medios y Género (Gamag).

Nancy Castillo

Periodista con estudios en guion radial. Comenzó su trabajo como periodista en prensa escrita. Ha sido editora de revista en Qué Pasa, Malamag y La Tercera. Es coautora del libro biográfico Hijas de General, la historia que cruza a Bachelet y Matthei. En 2009 obtuvo Mención Honorífica Prensa del Premio Rey de España por una entrevista que realizó a uno de los nietos de Salvador Allende. Es directora y creadora del podcast “Relato Nacional” que ganó el Premio Periodismo de Excelencia Digital (2018) por el capítulo “De gemelas a mellizos”. Actualmente es panelista de Tele 13 Radio.

Trabajos premiados

PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA

SERIE DE INVESTIGACIÓN: LA TRAMPA DE LOS MEDIDORES “INTELIGENTES” DE ELECTRICIDAD

Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda

1 y 29 de marzo

Ciper

Fue una alerta y un téngase presente los dos reportajes sobre la instalación de nuevos medidores eléctricos, que publicaron Gabriela Pizarro y Nicolás Sepúlveda en Ciper, en el que dieron a conocer que los dispositivos inteligentes que Enel instalaría en seis millones de hogares, oficinas e industrias, serían pagados por los mismos clientes.

La información, de un carácter técnico muy específico y que hasta la instalación de 250 mil unidades había pasado desapercibida, aseguraba que se trataba de un arriendo a perpetuidad, en el marco de un negocio de mil millones de dólares.

“El principal beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología para las compañías del rubro, es que no asumirán el costo de esta gran inversión”, denunciaba el reportaje.

Su publicación y la reacción posterior, que obligó al gobierno y al Congreso a intervenir en este mercado y cambiar la legislación que lo permitía, muestra el impacto de un buen trabajo periodístico, que descubre una arista desconocida, la investiga con expertos y favorece a millones de personas.

“Esta evolución tecnológica traería beneficios para los usuarios, sin embargo, las que más ganarán serán las empresas distribuidoras de energía: además de reducir drásticamente sus planillas de personal, los nuevos medidores registrarán hasta el más mínimo consumo”, señala el reportaje.

Su difusión abrió un amplio debate, en que participaron todos los estamentos de la sociedad y provocó numerosos artículos, reportajes y columnas de opinión en todos los medios del país.

Para el jurado, el reportaje permitió mostrar la desafección del Estado con los intereses de los ciudadanos, al imponer la mayor carga en el cambio a los usuarios, lo que contribuyó al desprestigio de las autoridades políticas. Celebra, además, el impacto que provocó, que se tratara de una pauta propia y que la metodología usada para su elaboración, a pesar de su tecnicismo, haya sido comprensible para la ciudadanía

Afirma que, siendo una de las causas fundamentales para que fuera galardonado, el reportaje tuvo una consecuencia directa en la calidad de vida de las personas, que está bien escrito y que es un ejemplo de los objetivos que persigue el periodismo de investigación, a saber, ostentar un rol fiscalizador, que deje en evidencia el déficit de las autoridades.

Establece que se trata de reportajes de alto impacto para las esferas políticas y económicas, desarrollado con responsabilidad y novedad, ilustrando las características de lo que significa la excelencia periodística, pues fiscaliza al poder público y a las empresas. Concluye que fue uno de los factores que suscitó el descontento y otra manera de ver el estallido social, reflejando la situación vivida por el país durante 2019, erigiéndose como un símbolo de los abusos de una era que marca el fin de una etapa.

PRIMERA PARTE:

RECAMBIO AUMENTARÁ CUENTAS

HASTA EN 5 % ANUAL

Al año 2025, más de seis millones de “dispositivos inteligentes” que medirán de modo remoto el consumo de electricidad, serán instalados en hogares, oficinas e industrias. Se estima una inversión de US$ 1.000 millones, y serán los clientes —y no las firmas distribuidoras— las que asumirán el costo como un “arriendo” a perpetuidad. El anuncio de que el nuevo sistema permite con eficiencia enfrentar cortes imprevistos, es refutado por expertos. Pese a no estar lista la norma técnica que define las características de esos aparatos, ese mercado ya se configuró como un “monopolio legal” de las distribuidoras: Enel ya instaló 250 mil nuevos medidores en Santiago.

Dentro de los próximos siete años las compañías distribuidoras de energía reemplazarán por “dispositivos inteligentes” todos los medidores de consumo de electricidad que hasta ahora eran propiedad de cada cliente. El cambio tecnológico tendrá un costo aproximado de mil millones de dólares —según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— y lo deberán asumir los clientes a pesar de que el nuevo medidor será de propiedad de la compañía.

Más de seis millones de máquinas serán instaladas en hogares, oficinas e industrias, abriendo un nuevo capítulo en la historia de seres humanos reemplazados por robots: ya no será necesario el trabajo de la persona que mide el consumo en terreno y tampoco el de las cuadrillas que cortan y reponen la energía. Una vez instalados los nuevos medidores, todo se hará de manera remota.

Esta evolución tecnológica traería beneficios para los usuarios, sin embargo, las que más ganarán serán las empresas distribuidoras de energía: además de reducir drásticamente sus planillas de personal, los nuevos medidores registrarán hasta el más mínimo consumo.

—Acá, hasta el aparato que queda enchufado sin usar va a marcar, porque gasta energía —explicó a Ciper un profesional de esa industria.

Así, con los dispositivos “inteligentes” es muy probable que aumente el monto de las cuentas de electricidad en los hogares.

El principal beneficio que traerá consigo esta nueva tecnología para las compañías del rubro, es que no asumirán el costo de esta gran inversión. Puede que usted no lo haya advertido, pero desde septiembre de 2018, la cuenta de electricidad que paga cada cliente comenzó a incluir el cobro por estos nuevos aparatos.

Para definir cuánto se debía cobrar en las tarifas por este cambio, la Comisión Nacional de Energía encargó un estudio en octubre de 2017 a un consultor externo: Inecon. Lo relevante es que los cálculos se hicieron en base a las proyecciones de inversión entregadas por las propias compañías distribuidoras.

En septiembre de 2018, cuando fueron publicadas las nuevas fórmulas tarifarias, el gobierno celebró con bombos y platillos la baja de un 7 % en las cuentas de la Región Metropolitana (RM), gracias a los precios más económicos de la energía. Pero, lo cierto es que para el resto de las regiones aumentó y en la RM la baja pudo haber sido aún mayor, ya que el recambio tecnológico aumentará las cuentas hasta en un 5 % cada año para solventar esta inversión.

En Chile, históricamente el medidor y el empalme han sido propiedad del cliente. Al menos hasta principios de 2018, el 70 % de los medidores era propiedad de los usuarios. Lo mismo ocurría con más del 84 % de los empalmes: las instalaciones que van desde los postes hasta el medidor.

La CNE definió que la propiedad debía pasar a las compañías distribuidoras de electricidad. Determinó, además, que los nuevos medidores debían cumplir ciertos requisitos y compartir las mismas características en todo el territorio.

En este punto el Congreso jugó un papel clave: la Ley 21.076, que se aprobó en enero de 2018, estableció que medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas y los usuarios deberán pagar por esos dispositivos a través de las tarifas.

Esa ley fue el trámite indispensable para que se pudieran expropiar los medidores masivamente sin indemnizar a los clientes y para que los empalmes pasaran también a ser propiedad de las compañías. Y ello, porque apenas Enel (ex Chilectra) manifestó en 2016 su decisión de hacer el cambio tecnológico, y de proveer a los millones de clientes con sus propios medidores, hubo reclamos. El principal fue de la Cámara Chilena de la Construcción ante la Fiscalía Nacional Económica.

—Pero esto no es una expropiación porque tú te vas a quedar con el medidor antiguo. Ahora, que el medidor no te sirva para nada, ya es problema tuyo —explicó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero (hasta el 1° de abril de 2018).

Romero dijo a Ciper que a fines de 2017 la CNE definió el precio a pagar por un “medidor inteligente”: US$ 132 ($ 87.500). La cifra no dice relación con la que el propio Andrés Romero informó a la Comisión de Minería y Energía del Senado: el valor del medidor “no debería superar los US$ 100”. Y agregó que, probablemente, llegaría al 50 % de ese monto.

Hoy, para Andrés Romero lo único que fracasó, fue el proceso para definir las características del nuevo medidor:

—Yo corté ese comité porque se empezó a generar todo un lío. Es una discusión de mil millones de dólares. Eso es lo que se va a gastar en medidores más o menos. Entonces, hay mucho interés y el proceso no arrojó un resultado que fuera fiable, por así decirlo.

Con este cambio legal es el propio Estado el que está legalizando el monopolio de medidores y empalmes en manos de las empresas distribuidoras, ampliando los márgenes del negocio que hasta ahora solo consideraba la venta y distribución de energía.

La indagación de Ciper detectó a varios actores de esta industria presionando para imponer las características de su propia tecnología. Los principales: Enel, que tiene su propio medidor; y aclara, un proveedor estadounidense mundial.

A pesar de que la norma técnica que definirá las características de estos aparatos no está publicada (la consulta pública para ese Anexo Técnico terminó el 27 de febrero), en Santiago Enel Distribución ya ha instalado más de 250 mil nuevos medidores. Un punto que no inquieta a la autoridad.

—La prudencia sugiere a las empresas esperar el término de la discusión para instalar los nuevos medidores. Aunque ciertamente algunas han avanzado porque han implementado planes prototipos y parecen tener confianza en que los equipos que han instalado van a cumplir —dijo a Ciper el actual secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas.

El Senado despeja el camino

En 2015 un terremoto de magnitud 8,4 en la escala de Richter sacudió al norte del país. El remezón, seguido por un maremoto que azotó la costa de la Región de Coquimbo, dejó miles de viviendas en el piso y 15 muertos. Las mediaguas se levantaron en medio de los escombros, pero para abastecerlas de electricidad las familias tuvieron que enfrentar más problemas: algunas de las empresas distribuidoras exigieron abultados pagos para volver a habilitar empalmes y medidores.

Semanas después de la tragedia, el reclamo de los afectados tuvo eco en el Congreso. Un grupo transversal de diputados (de la UDI al PC) ingresó un proyecto de ley que obligaba a las empresas distribuidoras a reestablecer empalmes y medidores destruidos en zonas de catástrofe, sin costo para los usuarios.

En la Cámara de Diputados algunos parlamentarios quisieron ir más allá con otra indicación: obligar a las empresas a reponer estos “siempre que la inutilización no sea imputable a una acción u omisión del cliente”.

El principal disparo contra la iniciativa corrió por cuenta de la entonces titular subrogante de la CNE, Carolina Zelaya, quien en la Comisión de Minería y Energía afirmó que esa moción era “demasiado amplia” y podría prestarse para situaciones “muy complejas”. Recomendó suscribir la obligación para las empresas solo en los territorios donde se decrete estado de catástrofe.

El diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) recordó que en la tragedia que afectó a la Región de Coquimbo, la declaración de estado de catástrofe fue paulatina y dejó fuera a buena parte de la región. Sin embargo, la recomendación del Ejecutivo fue la que prosperó. Esa redacción fue aprobada por unanimidad en la comisión y por amplia mayoría en la sala, para luego ser despachada al Senado.

Más de un año después, el proyecto dio un giro en el Senado. Autoridades de la CNE explicaron a fines de 2017 en la Comisión de Minería y Energía que no podían imponerles nuevas exigencias a las empresas sin pago de por medio.

—La distribución es un negocio regulado íntegramente. Si tú le dices a la empresa que cada vez que una catástrofe arrase, ella tiene que cambiar los dispositivos, la empresa te va a decir que se le tiene que pagar por ello porque es una nueva exigencia. Lo que no puede hacer la ley es obligarlas a hacerse cargo sin que se les pague. Eso es expropiatorio —explicó a Ciper, Andrés Romero, quien era entonces secretario ejecutivo de la CNE.

Romero y otras autoridades de la entidad, además del entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, fueron al Senado para convencer a los parlamentarios de que la mejor alternativa era traspasar la propiedad de empalmes y medidores a las empresas. Así, argumentaron, las instalaciones pasarían a ser parte de la red de distribución y las compañías serían las responsables de su funcionamiento ante cualquier evento.

En la sesión de la Comisión de Minería y Energía del 3 de enero de 2018, los senadores Jorge Pizarro (DC), Alejandro

García-Huidobro (UDI) y Baldo Prokurica (RN), hicieron suyas las modificaciones del Ejecutivo y, al ser los únicos integrantes presentes, aprobaron los cambios por unanimidad. Después, el proyecto fue aprobado por 14 votos a favor en la sala del Senado y la ley fue publicada sin modificaciones en febrero de 2018.

Así fue como quedó establecido por ley que todos los medidores y empalmes pasarán a ser propiedad de las empresas distribuidoras y que los decretos tarifarios deberán incluir el pago de los usuarios por estas instalaciones.

En un artículo transitorio se especificó que el traspaso de la propiedad se hará efectivo una vez que se concrete el cambio del dispositivo. En este apartado transitorio también quedó estipulada la obligación de las empresas de reponer medidores y empalmes cuando sean destruidos por una emergencia y la autoridad decrete estado de catástrofe.

La ley entró en vigencia con el decreto tarifario publicado en septiembre de 2018. Y si antes los usuarios podían negarse al cambio de medidor, ahora solo depende de las compañías definir cuándo lo ejecutan.

La puja por la tarifa

Las compañías de distribución eléctrica funcionan en Chile como un monopolio desde 1982, gracias a las reglas impuestas por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de Minería, promulgado en dictadura. En 36 años, la normativa del único proceso tarifario que se ha mantenido intacta es la del sector de distribución energética.

Las tarifas que pueden cobrar las empresas por distribuir la energía son fijadas por la Comisión Nacional de Energía cada cuatro años. A eso se le denomina VAD: Valor Agregado de Distribución.

Para definir el precio a cobrar por VAD, la CNE debe usar como parámetro una “empresa modelo” que opera de manera eficiente en un escenario de competencia ficticio.

La definición de esas tarifas queda a cargo de un consultor externo, estudio que es licitado por la CNE. Luego, las cifras son contrastadas con las que llevan las distribuidoras, que realizan sus propios estudios de costos. El resultado es un informe técnico que se construye en base a coeficientes: dos tercios para las cifras de la CNE y un tercio para las de las empresas.

Carolina Zelaya, cuando aún era titular subrogante de la CNE, reconoció en entrevista con Ciper que este mecanismo incentiva a las empresas a presentar números inflados:

—Las empresas tratan de que sus precios sean los más altos posibles y nosotros tratamos de bajarlos, pero la verdad es que hay incentivos súper perversos —afirmó Zelaya, quien hoy es jefa del Departamento Jurídico de la CNE.

El estudio del último proceso tarifario (2016—2020) fue adjudicado por la CNE a la Consultora Inecon, por $ 635 millones. Y el decreto con las nuevas tarifas fue promulgado en noviembre de 2016. Pero como recién en diciembre de 2017 se publicó la norma técnica que incluye los “medidores inteligentes” —entre otras exigencias— se hizo necesaria una actualización de las tarifas para incorporar los nuevos costos.

Para esa “actualización tarifaria” la ley establece dos posibilidades: hacer un nuevo estudio o llegar a un acuerdo unánime con las empresas. La comisión optó por la última. En octubre de 2017, la CNE se sentó con las empresas distribuidoras y llegó a un acuerdo: usar como base el último estudio y contratar nuevamente a la Consultora Inecon para actualizar las variables que habían cambiado.

—Había que incorporar las nuevas inversiones. Establecimos que las empresas tenían que presentar sus planes de inversión y nosotros pasárselos al consultor para que sobre esa base hiciera el análisis —explicó Zelaya a Ciper.

En marzo de 2018 el decreto tarifario que resultó tras ese acuerdo ingresó a Contraloría y en septiembre del mismo año fue promulgado. Allí están las fórmulas que ocupan actualmente las empresas distribuidoras para cobrar por las nuevas exigencias y que podrían aumentar las cuentas en hasta un 5 %.

Una vez publicado el decreto también comenzó a correr el plazo de siete años que tendrá la industria para transformar toda la red en un “sistema inteligente”.

Estas tarifas solo tendrán vigencia hasta el 2020. Ese año, por ley se deben volver a negociar. Sin embargo, uno de los objetivos de la ruta energética presentada por el gobierno en mayo de 2018, es realizar una reforma a la ley de distribución y modificar los procesos tarifarios. Lo que no está claro todavía es en qué sentido.

—Recién tenemos el diagnóstico, estamos bastante lejos de tener una propuesta concreta respecto de cómo vamos a calcular las tarifas ahora, pero creo que el cambio va a apuntar a una dirección completamente distinta —afirmó a Ciper José Agustín Venegas, actual secretario ejecutivo de la CNE.

El recambio de medidores

—Hoy día la red es tonta, por así decirlo. Funciona de una manera muy antigua y no te genera ninguna información útil para gestionarla —afirmó a Ciper el exsecretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero.

La frase es consenso entre autoridades y empresarios de la industria.

En 2016, Enel Distribución, empresa que tiene la mayor cantidad de clientes en la Región Metropolitana (1,7 millón), comenzó un plan piloto para instalar sus propios “medidores inteligentes”. A fines de 2017 ya llevaban más de 100.000 equipos cambiados en Santiago.

Rodrigo Arévalo, responsable del proyecto de “medición inteligente” de Enel, explicó a Ciper que el recambio se ha focalizado en los clientes que le arriendan el medidor a la compañía. Testimonios recogidos por Ciper muestran que el cambio también se ha concretado en hogares de usuarios dueños de su medidor. Hasta septiembre de 2018, ello le permitía a la empresa incluir el cobro por arriendo en la cuenta del mes siguiente al cambio.

En teoría, la gran ventaja para los usuarios será que, frente a un corte de energía imprevisto, la empresa podrá identificar y aislar remotamente el origen del problema. Pero el anuncio es refutado por los expertos consultados por Ciper.

Estos afirman que, si el corte se produce, por ejemplo, porque se cae un transformador, los medidores quedan de inmediato incomunicados para enviar una advertencia del corte. Sin suministro eléctrico, para que los “medidores inteligentes” pudieran enviar señal, debieran contar con un mecanismo de respaldo para alimentar el sistema de comunicación. Y si el medidor no tiene cómo comunicarse con su estación base, no es infalible, se ha promocionado con atributos que no tiene.

Entre los beneficios también se anuncia que habrá más información respecto del consumo de energía en los hogares: el aparato medirá el consumo cada 15 minutos y esa información será almacenada por la compañía.

Así, a futuro —se explica— podrán aplicarse tarifas diferenciadas por tramos horarios e incluso podría cambiar la forma en que se materializan los cortes por no pago:

—La regulación de potencia que tienen estos nuevos equipos permite, por ejemplo, que los cortes de luz por deuda no sean totales y solo se reduzca la energía a un mínimo que permita que solo el refrigerador siga funcionando —aventura Luis Ávila, superintendente de Energía y Combustibles.

Otra gran ventaja para las distribuidoras es que estos “medidores inteligentes” miden exactamente lo que se consume. “Esto podría implicar un alza de las cuentas en algunas casas, ya sea porque han intervenido el medidor o porque está muy viejo y por ende no mide todo”, explica Juan Agustín Venegas, actual titular de la CNE.

Desde la Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC) señalan que cada medidor que se instala debe pasar por dos certificaciones: una al ingresar al país, que se realiza por lote, y otra que se hace a cada aparato, a través de cinco instituciones acreditadas por la SEC para ese fin.

Desde Enel indicaron a Ciper que los medidores que están instalando fueron certificados a nivel internacional por el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) de España y que en Chile la certificación individual se hace a través de Cert Pro y CAM. Esta última es al mismo tiempo contratista de Enel para trabajo de cuadrillas en terreno. Ciper preguntó por este conflicto de interés, pero desde la compañía se limitaron a indicar que nunca han recibido un reproche de la autoridad fiscalizadora.

Consultado al respecto, el secretario ejecutivo de la CNE, José Agustín Venegas, indicó a Ciper:

— Yo creo que cualquier empresa que haga algo raro se arriesga a multas muy elevadas. Pensar que el que certifica los medidores puede estar haciendo algo raro, es un riesgo grave. Pero yo no puedo hablar por las autoridades anteriores.

Como el Anexo Técnico que define las características que deben tener los aparatos aún no se publica, está por verse si los “medidores inteligentes” instalados por ENEL responden a las exigencias de los procesos de certificación que exige el mercado.

SEGUNDA PARTE:

LA NORMA QUE LES GARANTIZA UTILIDAD DE 10 % NO SE MODIFICA DESDE LA DICTADURA

El debate por quién debe financiar el cambio de medidores eléctricos terminó por destapar el nudo que las empresas del sector se niegan a desatar: las altas utilidades que se les asegura por ley. Ciper buscó quiénes impulsaron el cambio en el gobierno de Bachelet y por qué fue aprobado por unanimidad en el Congreso. El exministro de Energía, Máximo Pacheco, dijo a Ciper que el Estado no puede garantizar negocios redondos para las empresas, y que se deben revisar ahora normas impuestas hace 30 años que las favorecen de forma desmedida. Expertos concuerdan: bajar la rentabilidad asegurada de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 % generaría una notoria baja de las cuentas de electricidad.

El 1 de marzo Ciper publicó una investigación que reveló que desde septiembre pasado miles de chilenos estaban pagando —sin saberlo— los nuevos medidores inteligentes que las empresas eléctricas decidieron instalar. La ira ciudadana creció cuando se supo que ese pago se selló con una ley en enero de 2018 y que ningún parlamentario advirtió el perjuicio que ella causaba a los usuarios. Ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado.

En las 48 horas posteriores al reportaje de Ciper, el representante de las empresas eléctricas, Rodrigo Castillo, recorrió canales de TV y radios afirmando que la información de Ciper no era veraz: no serían los usuarios los que pagarían la nueva joya que medirá nuestro consumo de energía, sino las empresas. La cuerda le duró hasta que el presidente Sebastián Piñera zanjó la controversia: “Los usuarios pagan todo”.

A partir de ese momento el debate no ha cesado, Al punto que llevó de vuelta al Congreso la discusión, ya que es allí donde se debe revisar la polémica norma. Pero ahora el debate se ha centrado no solo en los medidores, sino en el nudo de la Ley General de Servicios Eléctricos, la que les garantiza a las empresas eléctricas un monopolio y ganancias desmedidas.

Las ganancias de las eléctricas son multimillonarias. Solo en 2017 Enel Chile reportó $ 349 mil millones en utilidades, una cifra superior a la ganancia anual de las seis AFP que operan en Chile. La siguió la Compañía General de Electricidad (CGE), de capitales españoles y que distribuye energía a 13 regiones del país, con $ 179 mil millones. Saesa (que opera en regiones del sur) y Chilquinta (de la zona centro sur) ganaron $ 35 mil millones cada una. En total, las empresas eléctricas que participan del negocio de la distribución obtuvieron utilidades por casi $ 600 mil millones en 2017.

El artículo que estableció el cambio obligatorio de los medidores, fue impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, respaldado por las empresas eléctricas y refrendado por el voto unánime de diputados y senadores. Allí se estableció que la inversión de US$ 1.000 millones que requiere el cambio sería financiada por un aumento de las cuentas de electricidad, el que va incluido de manera encubierta en el ítem de “servicios asociados”.

De eso se aprovechó el representante de las empresas eléctricas para decir que Ciper faltaba a la verdad: no queda registro en las boletas que paga cada hogar por ese cambio. Luego de que Piñera confirmara el pago que deben hacer los usuarios, la polémica escaló hasta el punto de que el lunes 25 de marzo, el jugador de fútbol de la Universidad de Concepción, Nicolás Maturana, se manifestó al borde de la cancha: “Ojalá no cobren los medidores a la gente pobre de todo Chile, porque no tienen dinero para hacerlo”.

Se trató de apagar el incendio con un acuerdo entre el gobierno y tres empresas eléctricas para revertir el pago. Y fueron más allá: las empresas pagarán $ 10 mil por cada medidor antiguo. Pero ya era tarde. Los medidores inteligentes habían abierto una caja que se mantenía pétrea desde la dictadura: la regulación del Estado que les garantiza a las distribuidoras eléctricas utilidades con un piso de 10 %.

“Gol de media cancha”

Máximo Pacheco está escandalizado. En conversación con Ciper acusa que la instalación de los medidores inteligentes se pensó como una oportunidad de inversión para las empresas eléctricas, y no como una medida que apunte al bien común:

—El Estado es el que identifica una oportunidad de inversión para las empresas distribuidoras. El Estado la hace obligatoria para todos los chilenos en sus hogares, en un periodo de siete años. La única explicación que tengo para esto es que las empresas distribuidoras le metieron un golazo de media cancha al Estado de Chile para que hiciera obligatoria esa inversión. A mí ese gol no me lo meten.

Las críticas de Pacheco apuntan en varias direcciones, incluyendo a las cabezas de quienes impulsaron la medida: su sucesor en la cartera de Energía, Andrés Rebolledo, y el entonces secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. Actualmente, Romero le presta servicios a las mismas empresas eléctricas que durante su paso por el gobierno de Bachelet le tocó regular.

Un día después de abandonar la dirección de la CNE, el 2 de abril de 2018, asumió como director de Valgesta Energía, consultora que hace trabajos para empresas como Saesa, Colbún y Aes Gener.

Para el exministro Pacheco, actualmente embarcado en una precampaña presidencial, la discusión sobre los medidores inteligentes no es técnica:

—Este es un tema que nunca se aprobó durante el periodo en que fui ministro. Esta no es una discusión tecnológica, no tengo ninguna duda de que el mundo digital avanza hacia redes inteligentes, para permitir que la gente pueda tener paneles solares en sus casas. Se incluyen transformadores, redes y medidores inteligentes… Eso forma parte de la discusión tecnológica, pero la discusión que hoy tenemos en el país es una discusión económica y de política pública.

El círculo termina de cerrarse para Pacheco cuando se analizan las garantías que ofrece el Estado a las eléctricas. “A mí me parece grave que una política pública primero identifique una oportunidad de inversión para los privados, luego se la haga obligatoria para todos los chilenos y finalmente le garantice por ley la rentabilidad a esa inversión”.

La Ley de Servicios Eléctricos (de 1983) le asegura a las distribuidoras un 10 % de rentabilidad. Ese piso mínimo se utiliza para calcular las tarifas de electricidad que se pagan en Chile. La cifra se logra simulando el comportamiento de una “empresa modelo” y tomando en cuenta los riesgos asociados al negocio. Pero allí también hay problemas. Pacheco los explica:

—En la “empresa modelo” la rentabilidad asegurada es de un 10 % anual, pero en la práctica, para las empresas reales es de un 15 % anual. Porque la “empresa modelo” y sus costos son distintos de la empresa real, nunca la CNE ha tenido acceso pleno a toda la información de costos de las distribuidoras, por tanto la “empresa modelo” está llena de supuestos. Y los supuestos son conservadores, la empresa real lo hace mejor que la “empresa modelo”. De manera que la rentabilidad que se les asegura es mayor.

La crítica de quien fuera el primer ministro de Energía del segundo gobierno de Bachelet, escala hasta el corazón mismo del funcionamiento de las empresas eléctricas. Y sus dichos tienen como aval el que durante años ocupó importantes cargos en empresas transnacionales, como Carter Holt Harcey, dueña de la mayor empresa forestal del mundo, además de haber sido director del Banco de Chile, AFP Provida, Luchetti y Falabella:

—Cuando los negocios regulados consiguen rentabilidades por sobre la rentabilidad del capital, eso se llama la renta, y es una renta que el Estado le da garantizada a los inversionistas. Ahora entiendo por qué tanta gente se molesta con los abusos y los privilegios, y eso incluye a los empresarios rentistas que capturan al Estado para que tome decisiones en función de sus intereses. La responsabilidad principal del Estado es representar el bien común y no se puede dejar capturar por grupos corporativos. Tengo la opinión formada de que esta es una falla muy grave.

Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10 % de rentabilidad mínima que la ley les asegura.

La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.

La renta de las empresas eléctricas

A raíz de la discusión pública sobre los medidores inteligentes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que a fin de año el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.

Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por Bonilla y Asociados donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5 %.

Según expertos consultados por Ciper, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 %, generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.

Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:

—La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10 % antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa —afirma Cristián Muñoz.

Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5 % a un 5,58 % (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1 % y un

6,9 % (después de impuestos).

Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.

El estudio de Bonilla y Asociados, que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía, coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10 % que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5 %. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.

La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.

Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:

—Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe. La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro —explica Cristián Muñoz.

Historia de un cambio inesperado

El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.

La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños provocados por catástrofes naturales en las instalaciones eléctricas. Ningún diputado asume hoy haber sabido que su moción terminaría exactamente en lo contrario: impulsando un cambio obligatorio de todos los medidores financiado por los usuarios.

Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a Ciper.

A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.

El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.

La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.

Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.

La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.

Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de Ciper, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado

—ni ninguno de sus asesores— leyó el proyecto antes de votar.

La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.

A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.

Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación fue discutida y votada en tiempo récord en el Senado. Ciper conversó con senadores y diputados, y observó que hay un conocimiento muy rudimentario del complejo entramado que encierra este cambio tecnológico, así como de los nuevos negocios que se abren para las empresas eléctricas con su instalación.

En el desarrollo de esta investigación, Ciper encontró una reunión realizada el 20 de abril de 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, y las cabezas de Enel. Entre los ejecutivos de la empresa de capitales italianos que llegaron al despacho del ministro, estaba Jorge Rosenblut (PPD), quien fue indagado por el Ministerio Público por su rol en el financiamiento ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. ¿Se habló en esa cita de medidores inteligentes?

Ciper se lo preguntó al exministro Pacheco. Su respuesta fue concisa: “Es un tema que siempre planteaban las empresas”.

El negocio de los medidores

En medio de la discusión que se abre sobre las condiciones en que operan las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, el Ministerio de Energía intentó reducir el enojo ciudadano anunciando un acuerdo con tres de las principales empresas distribuidoras —Enel, Saesa y Chilquinta— para que se le pague $ 10 mil a los usuarios que son dueños de sus actuales medidores (70 % del total) luego de que estos sean cambiados por aparatos inteligentes. CGE, el cuarto gran actor del sistema, medita.

La cifra puede parecer pequeña, considerando que los medidores inteligentes que ya han sido instalados tienen un costo de $ 87,5 mil (determinado por la CNE). Aun así, lo que esta no ha aclarado es que es probable que esa suma no sea la definitiva. ¿La razón?: el “Anexo Técnico”, que fijará por ley las características que deben tener los medidores inteligentes que se usarán en Chile, aún no está listo.

Desde la CNE informaron a Ciper que la consulta pública sobre este tema finalizó recién el 13 de marzo. A ello se suma otro dato desconocido: el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una consulta pública internacional al respecto y que también entrará en la discusión. Como sea, ese “Anexo Técnico” debiera publicarse y empezar a regir en julio.

Recién ahí se sabrá si los más de 250.000 medidores inteligentes que ya ha instalado Enel cumplen con la norma o si deberán ser nuevamente cambiados. Esos medidores fueron comprados a una filial de su mismo holding: E-distribuzione, empresa con sede en Italia. Así lo reconoció en 2016 el encargado de medición inteligente de Enel para Latinoamérica, Gianni Cereni: “El medidor es fabricado y distribuido por E-distribuzione SpA, compañía del mismo Grupo Enel y que lleva más de 15 años de experiencia en Smart Metering”.

La adquisición de esos medidores no fue licitada a pesar de que ese fue uno de los puntos que la CNE comprometió ante los parlamentarios durante la tramitación del proyecto. Hasta ahora, el negocio para Enel ha sido redondo: se compra a sí misma los medidores inteligentes y el costo lo pagan los usuarios.

Fuentes de Enel aseguraron a Ciper que para que los nuevos medidores funcionen requieren de una serie de requisitos, por ejemplo, estar conectados a internet. Actualmente la empresa tiene un contrato con Movistar y con Claro para acceder a esa conexión, pero al interior de la empresa señalan que se firmó un convenio internacional y que será Claro la que proveerá el servicio de internet.

El negocio para Enel y las otras compañías que se beneficien de este monopolio, no incluiría solo la compra y venta del medidor. Desde Enel señalaron en enero de 2017 a El Mercurio que “no solo se incluye el equipo, sino también el sistema de comunicación, los concentradores de datos y el sistema de gestión”.

Pero los nuevos negocios para las empresas distribuidoras podrían ir más allá. En Dinamarca la nueva tecnología incluyó la posibilidad de que los consumidores puedan comprar una mayor cantidad de servicios relacionados. Entre esos está el que se pueda apagar de forma remota los electrodomésticos o controlar la temperatura de los calefactores a través del teléfono. La pregunta surge de inmediato: ¿quién los rentabilizará? ¿Las mismas distribuidoras? De ser así, y de mantenerse el sistema regulatorio chileno actual, los medidores inteligentes abrirán un nuevo millonario negocio también monopólico para las empresas eléctricas.

¿Bajan o suben las tarifas?

Si bien desde el gobierno se aseguró que la instalación de los nuevos medidores no tendrá aparejado un aumento de las tarifas de electricidad, ese dato choca con la experiencia internacional. Un informe preparado por la Fraunhofer Chile Research para Corfo en 2014 revisó lo que ha pasado con las nuevas tecnologías eléctricas en el mundo.

En ese informe se constata que en algunas regiones de Estados Unidos los usuarios han reclamado por “el incremento en los costos de la electricidad que ha acompañado a los medidores inteligentes”. Algo similar ocurrió en Canadá: “La introducción de estos proyectos coincide con incrementos en precios de la electricidad, algunos creen que esa alza de precio es motivada por los medidores”.

PREMIO CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL

EL ESTALLIDO VITAL DE GERALDINE: EL DURO DESPERTAR DE LA MENOR QUE QUEDÓ EN COMA POR UNA LACRIMÓGENA

Ivonne Toro

27 de diciembre

Ciper

Las cifras en el periodismo y para la sociedad, cobran vida y se entienden mejor cuando se devela una historia, que puede representar a mucha gente y que se extrae de la realidad que estamos viviendo.

Ocurrió durante el estallido social de Chile en 2019, se hablaba de cientos de miles de personas manifestándose, la mayoría en forma pacífica, pero que también resultaban afectadas por la acción de Carabineros. Fue el caso de Geraldine, una niña de 15 años, que recibió un impacto en su cabeza y que estuvo muchos días en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte.

Ivonne Toro tomó su historia, puso el foco y su pluma en función de mostrarla, no solo como una menor agredida, sino como una persona que tenía una historia, sus luchas, un origen y también sentido. Así creó para Ciper “El estallido vital de Geraldine: el duro despertar de la menor que quedó en coma por una lacrimógena”, un relato intenso que revela no solo quién era sino también sus sueños y el de su entorno.

“Los evaluadores concuerdan respecto a que cumple con un buen reporteo, así como un uso adecuado de técnicas narrativas: “La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral”.

Sostiene el jurado, además, que el testimonio reproduce un sistema que vulnera a las personas, retratando el fenómeno del estallido social. “Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen ‘China’. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar”.

El 10 de diciembre, en medio de las protestas en Plaza Baquedano, un elemento contundente —una lacrimógena según testigos— abrió una profunda herida en la cabeza de Geraldine Alvarado. Con apenas 15 años, la niña estuvo inconsciente durante cinco días en los que rozó la muerte. Los rescatistas y médicos que la atendieron en la calle relatan los segundos de horror en que entró en un coma profundo. Su padre y su mejor amiga cuentan sobre la infancia fracturada de una menor que desde pequeña conoció la pobreza y la desigualdad, contra las que decidió luchar. El INDH se querelló por homicidio frustrado.

— ¡Cubre poh, huevón, cubre!

La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral.

Ha llegado hasta la intersección de las calles Ramón Corvalán con la Alameda, en la zona cero de las protestas en la Plaza Baquedano —rebautizada en octubre como Dignidad—, traída en brazos por otros jóvenes. Son las 20:32 del martes 10 de diciembre. Es el día 51 desde que estalló la crisis social en el país. La jornada ha sido violenta. El territorio está en disputa entre encapuchados y carabineros y la contienda no es pareja: los primeros lanzan piedras; la fuerza policial responde con carros lanzaaguas y con bombas lacrimógenas.

Desde que se limitó el uso de escopetas de perdigones porque las lesiones oculares marcaban un nefasto récord mundial —más de 350 víctimas—, algunas de esas granadas de gas comenzaron a ser lanzadas directamente al cuerpo o la cara. Es lo que habría ocurrido con Geral, según contaron los testigos de la agresión. El disuasivo disparado a corta distancia le abrió en forma vertical un tajo de varios centímetros desde donde parte el cuero cabelludo, al centro de la frente, hacia la nuca. El proyectil penetró dejando un profundo surco abierto en forma de “v”. Ni siquiera quedó allí un mechón de pelo o un colgajo de piel.

Un equipo voluntario de rescatistas, dirigido por el enfermero reanimador, Michael Díaz Damiano (31), la recibe esa tarde y comienza a entregarle los primeros auxilios.

Los asistentes a la marcha levantan las manos pidiendo una tregua para permitir la atención clínica y el traslado de la muchacha, pero los carabineros no detienen al “guanaco” y entonces Michael insiste con la misma orden:

—¡Escudos! ¡Cubre poh, huevón, cubre!

Geral tiene la mirada extraviada. Desconocidos la alientan: “Aguante, compañera”. Ella no responde, pero sí es capaz de colaborar y subirse a una camilla.

Parece estar bien, pero en instantes el pronóstico se torna desolador. Esa noche rozará la muerte.

Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen “China”. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar.

“Sin lucha no hay historia”. La frase la escribió Geraldine en Facebook. Desde hace unos meses, cuenta su padre Héctor Alvarado Araya (53), la adolescente comenzó a hablarle de temas que para él eran ajenos o tal vez tan conocidos que ya no reparaba en ellos. Estaba ocupado en cosas prácticas, “parar la olla”, dice, y para eso había que trabajar en lo que fuera.

Tiene experiencia en construcciones, pero solo estudió hasta sexto básico y eso no ayuda a la hora de “buscarse la vida”. El sueldo en el rubro es poco, menos de $ 500 mil mensuales según la Fundación Sol; la estabilidad, nula. Héctor había aprendido por años a caminar en una ingrata cornisa financiera. También se había convencido de que el destino está más o menos trazado: se nace pobre y se muere pobre.

A esa convicción, Geraldine le dio un nombre: inequidad.

Si los barrios donde ella había crecido en Renca y luego en las poblaciones Navidad y Dávila, tienen pocos árboles y un exceso de cemento que en verano los transforma en un mini infierno, es porque en Santiago las áreas verdes se concentran en el sector oriente. Si ella debe compartir un cuarto con su papá porque no les alcanza para arrendar una casa, es porque en los últimos diez años, según el Instituto de Estudios Urbanos de la UC, el valor de las viviendas en la Región Metropolitana ha aumentado entre el 95 % y el 150 %. Si su sueño de estudiar medicina forense se vio siempre tan lejano, es porque entre la educación pública y la privada más que una brecha hay un abismo.

—Cuando me conversaba eso, yo me iba para abajo. Yo nunca iba a poder darle una educación de la manera que ella lo anhela. Igual lo tomaba como una cosa que ella podía cambiar porque estaba más chiquitita cuando me decía eso. Y ahora en el colegio que está estudiando iba a comenzar con gastronomía en tercero medio, pero se metía también en la parte metalúrgica. Yo le traía guantes, antiparras de mi pega. Ella cuestionaba que faltaran cosas, instrumentos para trabajar. Era como una líder, andaban todos en la misma onda de ella, sobre todo un grupo. De eso fui dándome cuenta yo: ella quería ser alguien en la vida —dice Héctor.

La niña tuvo una infancia dura. Sus papás se separaron cuando era pequeña y ella quedó bajo la custodia de su mamá que la maltrataba. En 2018, hubo un episodio de violencia que terminó en tribunales con una orden de alejamiento para la mujer. Geral pasó a vivir con una hermana materna mayor, Evelyn, unos meses. Luego, cuenta Héctor, fue él el responsable. Vivía de allegado en la casa de un familiar.

—Un día tomé la decisión. Fui donde la Evelyn y dije: “Ya, se acabó todo esto, hasta aquí nomás llegó. Geraldine, nos vamos. ¿Dónde? No sé. Nos vamos”. En ese momento tenía algo de platita que me habían pagado y me costó, me costó. Yo tengo un cacharrito chico, ahora lo tengo en panne. Hubo una noche que tuve que dormir con la Geraldine en el auto y después caminamos todo el día buscando arriendo hasta que encontramos una pieza. En una pieza vivo con ella. Yo deseo que tenga su privacidad, sus cosas, porque es una lola y no puedo estar al lado de ella. Me ha costado bastante encontrar un lugar porque está caro todo. Yo no gano un dineral, mi trabajo es de obrero nomás. Es fregado.

Geraldine y su papá llevaban más de un año viviendo juntos cuando el espanto los golpeó. Las últimas semanas habían sido agitadas para los dos: él había comenzado un nuevo trabajo y ella había aumentado su participación en las manifestaciones masivas que se iniciaron el 18 de octubre cuando estudiantes secundarios saltaron el torniquete del Metro en protesta por el alza en las tarifas.

“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue el grito que inició una crisis que escaló hasta dejar en jaque al gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Por vez primera desde el retorno a la democracia, se decretó estado de emergencia y toque de queda por las protestas sociales.

Hubo saqueo de supermercados y quema de estaciones de Metro. Los militares intentaron controlar el orden público en casi todo Chile entre la madrugada del 19 de octubre y las 00:00 horas del 28 de ese mes. En ese periodo, hubo cuatro muertos a manos de agentes del Estado; otros, como José Miguel Uribe Antipani (25) en Curicó, cayeron por la acción de civiles; y hubo más de 20 calcinados en incendios de comercios asaltados por turbas.

El movimiento social no se detuvo y entonces los ojos de cientos de personas fueron alcanzados por balines de Carabineros. En noviembre, el horror subió de escala: al estudiante de sicología Gustavo Gatica (22) y a la trabajadora Fabiola Campillai (36) los dejaron ciegos.

Gustavo tuvo un doble estallido ocular provocado por perdigones. A Fabiola, una lacrimógena le fracturó la mirada.

Héctor sintió miedo; Geraldine, no. Quizás esa diferencia hizo que para él prohibirle acudir a Santiago centro, a la Plaza Dignidad, se convirtiera en una batalla perdida:

—Era un problema porque me hablaba con muchos fundamentos de por qué ella salía.

También del patriarcado. Yo me tenía que quedar callado porque no sabía qué responderle, porque son cosas que uno a veces las deja pasar y ella tenía esa capacidad de verlas con más facilidad.

Frente a los argumentos de Geraldine, Héctor pasó del “no vayas” al “cuídate, por favor”. No tenía mucho margen para negociar: los horarios en su trabajo no coincidían con los de la muchacha y además ella, como muchos de su generación, estaba convencida de que los cambios se conquistan en las calles.

—Yo estaba con mucho temor porque veía lo que pasaba y se lo comentaba. “No, papá, si no me va a pasar nada, si yo arranco, papá, he arrancado todas estas veces de los pacos” me decía. Pero yo estaba angustiado. Le repetía: “Hay jóvenes que perdieron su vista, Geral, y la próxima puedes ser tú, quién sabe qué te puede pasar, hija, por estar luchando”.

—¡Baja la cabeza, no te movaí! ¡Baja la cabeza!

En el día internacional de los Derechos Humanos, Michael Díaz y su piquete de rescatistas del Teatro del Puente —Martín Figueroa, enfermero neurólogo; Gelver Contreras y Benjamín Pizarro, naturópatas; y Rodolfo Araneda, bombero— llevan horas atendiendo sin parar a personas lesionadas en las protestas. La mayoría son casos de simple resolución, pero cuando reciben a Geraldine advierten que están ante algo grave. Sin camilla para traslado, son socorridos con este implemento por los “Cascos Rojos”, otra de la veintena de organizaciones que presta ayuda a los ciudadanos heridos en las movilizaciones.

Vendan con rapidez a la muchacha y parten los dos escuadrones con ella hacia un puesto de atención médica más equipado y mejor protegido en calle Nueva Bueras. El punto clínico está a dos cuadras, pero el trayecto para los equipos no se mide en metros ni en los escasos diez minutos que tardan en entregarla a los profesionales de “Salud a la Calle”, sino en el drástico deterioro de la muchacha que intenta incorporarse, desorientada, y es de inmediato conminada por Michael a no moverse: temen lo peor y no se equivocan.

— ¡Baja la cabeza, no te movaí! ¡Baja la cabeza! ¡¿Quién recibe acá?!

A la entrada del pasaje sin salida la médica Amanda Zapata (26), de Salud a la Calle, aguarda la llegada de Geraldine. Han sido avisados por teléfono de que va un paciente crítico y coordinan el arribo de una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Apenas los rescatistas doblan la esquina cargando a la joven, ella comienza con vómitos explosivos.

—Es una niña, aparente impacto de lacrimógena en la región frontal. Tiene compromiso de conciencia, está vomitando —informa Michael.

Geraldine presenta convulsiones. Cuando le levantan los párpados, buscando alguna reacción a la luz, descubren que hay una diferencia radical en el tamaño de sus pupilas. Se trata de una anisocoria severa que indica un compromiso neurológico en curso. Amanda toma su teléfono: realizó el primer contacto con el SAMU a las 20:39, cuando Geraldine estaba en camino. A las 20:46 insiste: los signos vitales caen bruscamente. “Soy la doctora Zapata, este paciente está grave, ¿dónde está el móvil?”.

Mientras esperan, le ponen una vía venosa para suministrar medicamentos y una cánula en la faringe —el paso previo a la intubación— para despejar las vías respiratorias. Un médico manipula un desfibrilador automático. Disponen de uno que hasta ahora no han utilizado. Ruegan no tener que hacerlo, pero deben estar preparados.

Saben que están frente a un traumatismo encéfalo craneal que está evolucionando de manera negativa. Le aplican la escala de Glasgow para medir la respuesta ocular, verbal y motora. Obtiene 3 de 15 puntos. Está en un coma profundo. Ya ni siquiera reacciona al dolor. Al lugar llega corriendo un chico que la conoce: les cuenta que ambos están en segundo medio.

Geraldine, comenta, tiene 15 años.

Los voluntarios se miran desconcertados. Amanda un mes antes, en ese mismo rincón, había atendido a Gustavo Gatica: recuerda la desazón que tuvo al constatar que el universitario tenía perdigones incrustados en sus dos ojos, y que era imposible que volviera a ver. Ahora estaba perdiendo a una niña por la represión policial.

Michael tampoco logra encajar el asombro:

—¡Chucha, no puede ser, se nos va a morir una cabra chica!

A las 20:56, la ambulancia del SAMU llega por Geraldine y es trasladada hasta el Hospital de Urgencia Pública (la ex Posta Central) donde arriba 15 minutos más tarde. En el recinto hay otros pacientes graves: Héctor Gana Sandoval (35), quien recibió una lacrimógena en la parte posterior de su cabeza, y un hombre con una herida expuesta en una muñeca también por este elemento. De todos ellos, la que presenta el cuadro clínico más complicado es la niña.

De madrugada, la someten a una craneotomía descompresiva —le abren una parte del cráneo para acceder al cerebro— y le

realizan un vaciamiento de hematoma subdural. Está con riesgo vital. Si sobrevive, si logra esa hazaña, es probable que quede con secuelas importantes.

La indignación crece. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dará cuenta al día siguiente, el miércoles 11, de 14 víctimas de agentes del Estado:

“Exigimos que se siga un protocolo y siguen ocurriendo estas cosas. Lo que ha ocurrido anoche es terrible, esto se tiene que terminar”.

—Oye, Geral, pasé a Cuarto Medio E.

—Con E de “estúpida”. Yo pasé a Tercero A.

—Con A de “admirable”.

Es la mañana del 24 de diciembre. Han transcurrido 14 días desde que la China cayó herida en la Alameda y se recupera en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Indisa, donde fue derivada por Ley de Urgencia. Su mejor amiga, Jesenia Arriagada Parra (18), ha podido por fin visitarla. Estaba, recalca, muy nerviosa. Creía que Geraldine no la iba a recordar o que a ella le iba a costar reconocerla. ¿Se encontraría con la chiquilla risueña que habitaba en su memoria?

Tras dos semanas en que las probabilidades de vida o muerte estuvieron en una pulsada sin un ganador asegurado, Yesenia tenía motivos para estar aterrada. Sin embargo, Geraldine había aplastado los pronósticos y ahí estaba, más lenta al hablar, a ratos perdida, pero batallando. Estuvo en coma, sedada, cinco días. El mismo sábado 14 en que cumplió 16 años comenzaron a bajarle las dosis de medicamentos y al día siguiente despertó.

—Es luchona la Geraldine, ¿sabe? Y tiene el ego por las nubes. Cuando le digo “estás bonita”, siempre me responde “soy bonita”. Le pregunté si se acordaba de que el año pasado nos fuimos a meter en estas fechas a una laguna del parque O’Higgins. Fue entretenido porque me dijo “mojémonos las patitas” y al final terminamos mojadas enteras. Se acordaba. Solo no sabe lo que le pasó, por qué está aquí… Eso no… Está bien, ahora le puse música y nos pusimos a cantar.

—¿Qué cantaron?

—Y ahora quién, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel… Esa de Marc Anthony, ¿se la sabe?

Las muchachas se conocieron en el liceo Sara Blinder de Santiago. Se hicieron cercanas, aunque solo podían verse de lunes a viernes en horario escolar. Geraldine debía cuidar a un hermano menor en casa de su mamá y Jesenia desde que tiene 12 años vende muebles los sábados y domingos para ayudar a su familia. “Mi papá los hace y yo los comercio”, explica.

Aun así, se las arreglaban para pasarlo bien y siguieron en contacto cuando Geraldine se fue a vivir con su papá y se cambió al Liceo Consolidada Dávila en Pedro Aguirre Cerda. El colegio donde se grabó El reemplazante es un establecimiento municipal técnico al que asisten niños de un perfil muy similar al de la serie: alta vulnerabilidad social y padres con bajo nivel educacional. Según los datos de Agencia de Educación, en la prueba Simce los resultados de los alumnos en todos los niveles muestran un aprendizaje insuficiente, pero hay un indicador en que los estudiantes superan al promedio: en un 84 % afirman que se esfuerzan para mejorar.

En las paredes de este lugar, ubicado en el exfundo Ochagavía, está escrita una consigna:

“Los niños nacen para ser felices”. Allí, donde los jóvenes realizan cabildos y discuten de contingencia, Geraldine tuvo un remezón político que sorprendió a Yesenia.

—Cuando comenzaron las protestas me decía: “¿Estás clara por qué vas a ir? Esto no es para andar hueviando. Yo voy porque la educación es un derecho, por una pensión digna para mi papá, por esas cosas”. Yo también he marchado. A mi papá, como al tío Héctor, tampoco le gustaba que yo participara, pero al final se daba cuenta que no sacaba nada con prohibirme y me decía: “Hay que estar viva, Jesenia Aracely, avispá”.

Héctor le daba el mismo consejo a Geraldine. Aquella tarde en que casi le arrebatan los sueños le envió un WhatsApp: “Mucho cuidado que hoy va a estar sumamente pesado el ambiente, vente luego, hija. Igual me tienes preocupado”. Lo que vino después, dice Héctor, fue como si el suelo se abriera y él cayera en un pozo en el que los días se resumen en angustia y más angustia.

Sabe que le avisaron por teléfono de un accidente; que llegó hasta la ex Posta Central; que le comunicaron que había pocas esperanzas; que en redes sociales se publicó que su hija estaba muerta y que todos en su familia sufrieron una mañana con esa noticia falsa; que en algún momento la llevaron a una clínica, aunque él no lo había autorizado; que después de muchos años volvió a rezar todos los días a las 15 y a las 21 horas; que lo acosaron abogados y periodistas; que lloró sin pudor hasta que decidió que derrumbarse no era una opción.

Sabe que tiene pena y rabia, y cuando está solo ruega que quien dañó a Geraldine dé la cara.

—El carabinero que le disparó a mi hija sabe que disparó. Debe haber estado drogado, de alguna u otra forma, porque una persona normal, natural, no actúa de esa manera con nadie.

Le dieron, en los términos que llaman ellos, a quemarropa. Quiero que sea hombrecito, que diga “yo soy el culpable de esto, yo soy mandado, a mí me mandaron a hacer esto”. Que diga quién lo mandó.

El 13 de diciembre el INDH presentó en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella por homicidio frustrado por los casos de Geraldine y de Héctor Gana. Sobre la muchacha, el texto consigna que según “el relato de testigos, en el lugar había varios piquetes de carabineros de Fuerzas Especiales (FF.EE.) disparando con escopetas antidisturbios y carabina lanza gases de forma directa a la parte superior del cuerpo de los y las manifestantes, en un ángulo de 90 grados (…), aproximadamente a unos 30 o 40 metros de distancia de la víctima”.

La investigación penal la tomó originalmente la fiscal de flagrancia, Débora Quintana, quien afirmó que no existía claridad respecto de qué elemento impactó a Geraldine, solo estableció en primera instancia que se estaba ante un “objeto contundente”. Luego la indagatoria quedó a cargo de la persecutora de Alta Complejidad de la Región Metropolitana Norte, Ximena Chong, quien trabaja hoy en el asunto con las brigadas de Homicidio y de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. El avance es lento: se busca establecer con precisión científica qué ocurrió con exactitud y para ello es fundamental la ficha médica de Geraldine —para conocer si fueron extraídos de su cabeza trazos de metal o de algún otro elemento— y la declaración de los testigos, muchos de los cuales desconfían de la justicia. En todo caso, ellos informaron a los rescatistas que a la adolescente la había alcanzado una lacrimógena.

En medio de este torbellino judicial que no entiende del todo, Héctor se aferra a las cosas buenas. Hace una semana Geraldine despertó y él le puso un tema de Luciano Pereyra, porque le gusta a ella; y otro de Los Vásquez, porque le gusta a él. Y Geraldine cantó como lo hizo en víspera de Navidad con Yesenia. Sabe que lo que viene es cuesta arriba, posiblemente años de rehabilitación: su hija no ha recobrado la movilidad voluntaria en sus extremidades y a veces no se conecta con quien le habla. En otras ocasiones, sí dialoga y hace bromas, como antes.

—Tengo valor porque mi hija está mejor. Ella está luchando. Yo no podría pagar una clínica como esta. Para eso se tiene que tener mucho dinero y de a dónde. ¡Esa es la desigualdad, poh! Por eso entiendo este período que está pasando, entiendo a los chiquillos, a los estudiantes. Porque ya los viejos no dan más, ellos no están para salir a la calle. Ella me ha enseñado eso con el estallido.

PREMIO CATEGORÍA ENTREVISTA

HABLA POR PRIMERA VEZ LA MUJER QUE DENUNCIÓ POR ABUSOS AL SACERDOTE RENATO POBLETE

María Soledad Vial

27 de enero

El Mercurio

‘“Soy Marcela Aranda Escobar, ingeniero mecánico y teóloga. Soy profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hago clases de teología y también en el programa de Pedagogía en Religión Católica de la PUC. Soy mamá de una hija que quiero mucho y, además, vivo con mi padre ya anciano. Me siento sobreviviendo con gran esfuerzo, mucha ayuda especializada y el cariño de mis amigos por abusos horrorosos’. Frente a nosotros está una mujer de 53 años, de pelo corto y canoso, pantalón sencillo y blusa blanca, unos pequeños aros turquesa como único adorno. Tatuajes en su brazo derecho y en su hombro izquierdo llaman la atención, son recientes, dice cuando le preguntamos, ‘es parte del proceso, son como mis cicatrices’”.

Así comienza la entrevista que le realizó María Soledad Vial a Marcela Aranda, la mujer que casi 30 años después de ser abusada por el sacerdote Renato Poblete decidió hacer públicos los hechos. La revelación causó un gran impacto, no solo en círculos religiosos, sino en la sociedad toda porque hasta entonces el religioso era considerado intachable y el rostro más conocido del Hogar de Cristo, donde fue capellán mientras estuvo vivo.

Se trata de una larga conversación, con algunos pasajes de descripción, pero que fundamentalmente conducen al lector a interiorizarse de la denuncia a través de las palabras de la entrevistada. En ella, como señalaba Oriana Fallaci, queda de manifiesto que “una entrevista es algo extremadamente difícil, una examinación mutua, una prueba de nervios y de concentración”.

Un momento clave en la entrevista se da cuando la autora interpela a Aranda y le pregunta por qué decidió hacer público su caso. Ella responde:

—Cuando uno hace una denuncia de la envergadura de la que he hecho y del personaje (que se trata), me siento con la responsabilidad de decir que fui yo quien hizo esa denuncia, que la gente perciba la devastación que hay en quien ha sufrido estos abusos, con nombre y rostro concreto. Que vean las huellas del dolor”.

Ganadora en su categoría, los jurados indican que, además de su relevancia, se trata de un golpe noticioso. Indican que es un acierto su exclusividad, producto de que se llevó a cabo al poco tiempo de haberse recibido las denuncias. Sostiene, también, que es un reflejo de los abusos que han ocurrido en torno a la Iglesia, así como un símbolo que tiene como consecuencia un alto impacto en la

ciudadanía.

“Soy Marcela Aranda Escobar, ingeniero mecánico y teóloga. Soy profesora de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, hago clases de teología y también en el programa de Pedagogía en Religión Católica de la UC. Soy mamá de una hija que quiero mucho y, además, vivo con mi padre ya anciano. Me siento sobreviviendo con gran esfuerzo, mucha ayuda especializada y el cariño de mis amigos por abusos horrorosos”. Frente a nosotros está una mujer de 53 años, de pelo corto y canoso, pantalón sencillo y blusa blanca, unos pequeños aros turquesa como único adorno. Tatuajes en su brazo derecho y en su hombro izquierdo llaman la atención, “son recientes”, dice cuando le preguntamos, “es parte del proceso, son como mis cicatrices”.

Acompañada por su abogado Juan Pablo Hermosilla, en su oficina, Marcela Aranda habla por primera vez con un medio de comunicación de las graves denuncias que ha formulado en contra del sacerdote jesuita Renato Poblete Barth (fallecido en 2010). Habla despacio, a ratos tranquila, a veces con voz angustiada. En un momento se quiebra en una voz casi inaudible, cuando intentamos entrar en las situaciones concretas de los abusos que denunció en la Comisión de Escucha instalada en Chile por el enviado del papa, monseñor Charles Scicluna, y que Marcela Aranda ha decidido no revelar —públicamente— hasta que sea requerida por el investigador designado por la Compañía de Jesús.

El sacerdote jesuita dirigió el crecimiento del Hogar de Cristo como su capellán por 18 años y se convirtió en una figura pública, emblema de la solidaridad en el país; hoy el popular parque en

Quinta Normal lleva su nombre. Hace nueve días, en un comunicado, la Compañía de Jesús anunció el inicio de una investigación canónica preliminar a cargo del abogado laico, Waldo Bown, por hechos que se refieren a “delitos y situaciones abusivas entre 1985 y 1993, de carácter grave en el ámbito sexual, de poder y de conciencia” —cuyos detalles están contenidos en su declaración—, denunciados por una mujer cuya identidad no fue revelada y que habría tenido 19 o 20 años en ese entonces”.

Mientras el foco de las investigaciones eclesiásticas estuvo puesto en la sanción al denunciado, la Iglesia no prestó gran atención a los antecedentes que involucraban a un sacerdote en posibles abusos si este ya había fallecido. La crisis que ha sacudido a la Iglesia en las últimas décadas instaló a las víctimas como foco de las investigaciones eclesiásticas, otorgándoles a esos procesos una finalidad de reparación.

—¿Por qué decidió dar esta entrevista y hacer pública su denuncia?

—Cuando uno hace una denuncia de la envergadura de la que he hecho y del personaje (que se trata), me siento con la responsabilidad de decir que fui yo quien hizo esa denuncia, que la gente perciba la devastación que hay en quien ha sufrido estos abusos, con nombre y rostro concreto. Que vean las huellas del dolor.

—Han pasado 25 años desde los hechos que denuncia, ¿por qué lo hace ahora?

—Mira, las víctimas hacemos un proceso muy doloroso y de muchos años, 20, 30, 50, entre el abuso y el momento en que, por fin, logramos poner en palabras el horror que sufrimos. Lo mío, me ha dicho la psicóloga, ha sido una disociación, para sobrevivir, olvidé completamente el período en que fui terriblemente abusada. Mis amigos me dicen que nunca hablé de ese período de mi vida. Inconscientemente borré todo recuerdo, como si esos años nunca hubieran existido, fue una disociación, no una pérdida de memoria.

—¿No se acordaba de nada durante esos años?

—No. Eran como años que no hubieran existido. Pero, en realidad, esos hechos estaban allí y aparecían de muchas otras maneras: fuertes bajones, jaquecas, cambios bruscos de ánimo. Y todo eso me hacía sufrir mucho, porque además no sabía por qué era.

—La Iglesia chilena se remeció con el caso Karadima en 2010. ¿Cómo vivió el destape de los abusos de sacerdotes? ¿La remeció también?

—No, fue una noticia más, no me producía nada. Yo vivía bajo los efectos del abuso, pero en otra línea. Creo que fue la única forma que psicológicamente encontré para sobrevivir, pero no significa que esos eventos no estuvieran ahí. Sufrí mucho, porque no sabía lo que era… El abuso te va destruyendo golpe a golpe, va pulverizando todos los niveles de la vida. Sufrí una destrucción afectiva, de mis emociones, de mis relaciones amorosas, de amistad. Mi vida académica, si bien fue un refugio muy importante, una de mis tablas de salvación, me costó una enormidad concentrarme para sacar adelante mi carrera de Ingeniería Mecánica y mi magíster en Teología.

—¿Cómo ha sido su vida afectiva durante estos años?

—Destruyó mi vida afectiva hasta el día de hoy. Nunca pude armar una relación con nadie. Mi capacidad de entablar relaciones personales, de sentir cariño y de sentirse querido quedó totalmente destruida. Edifiqué un muro para defenderme del mundo exterior, pero no solo quedó lo malo fuera, también lo bueno.

El primer encuentro

—¿Cuándo conoció usted al sacerdote Renato Poblete?

—Yo tenía unos 19 o 20 años. Debe haber sido 1984, durante mis primeros años de universidad como estudiante de Física. En esa época tenía mucha inquietud de ayuda social y me acerqué al Hogar de Cristo para ser voluntaria, entusiasta, idealista, me movía mucho el pensamiento del Padre Hurtado.

—¿Por qué decidió estudiar Teología, viniendo de un área tan distinta como la Física?

—Estudiaba Física, pero durante el proceso de discernimiento decidí cambiarme a Teología. Cuando logré salir huyendo de esta experiencia de abuso, salí arrancando de Teología también, y no alcancé a dar mi examen de grado. Comencé a estudiar Ingeniería y me metí en ese mundo; trabajé como ingeniero y el 2006 volví a terminar mi carrera de Teología. Me hizo sentido, porque era un proceso que había quedado abierto, lo hicimos, y después me surgió la idea de seguir el magíster en 2007; no me fue fácil, pero lo conseguí, y el 2013 entré como profesora a la facultad.

—¿Venía de una familia religiosa?

—No, había estudiado en un colegio laico, mayoritariamente luterano, como el Deutsche Schule, mi mamá era católica y ella me acercó a la religión. Me aboqué con todo el entusiasmo juvenil a ayudar en el Hogar de Cristo y me surgió este llamado a discernir una posible vocación religiosa. Es normal como católico que en algún momento uno se pregunte ¿qué quiere Dios de mí? Me recomendaron tener un director espiritual para acompañar ese proceso y me hablaron del capellán Renato Poblete Barth. Me sentí muy honrada cuando aceptó recibirme, era una persona muy conocida. Fui muy confiada a ese primer encuentro, recuerdo que me dio un gran abrazo y me pidió que le relatara mi vida. En algún momento me dijo: “De ahora en adelante, yo seré tu padre y te daré todo el cariño que necesitas”. Fue muy emocionante y me dejó completamente abierta a lo que vino después. Nunca pensé que un deseo y una búsqueda tan noble terminaría en un abuso tan horrible.

—¿Qué vino después?

—No voy a hablar de eso, por ahora. Hasta que no dé mi declaración al investigador que ha designado la Compañía de Jesús, no quiero referirme a los abusos que viví (“La denuncia fue presentada a través de la Comisión de Escucha encargada por monseñor Charles Scicluna y se refiere a delitos y situaciones abusivas entre 1985 y 1993 de carácter grave en el ámbito sexual, de poder y de conciencia”, señaló en su comunicado la Compañía de Jesús).

—¿Pero cómo se fue dando una relación como la que describe y tan larga, de los 19 a los 27 años?

—El abusador es una persona muy astuta, con un manejo impresionante de la psicología humana, pero para la maldad. Tienen la capacidad de percibir dónde está tu fragilidad, por ahí entran y uno no tiene herramientas para defenderse del abuso.

—¿Había algo en ese momento que la hiciera vulnerable?

—Tenía relaciones complejas con mi familia, no quisiera entrar en mayores detalles, por respeto a ellos, pero había situaciones complicadas en el hogar que me tenían vulnerable frente a la figura paterna, sobre todo. A medida que van transcurriendo los hechos de abuso, uno va quedando completamente atrapado, comienza a perder la noción de lo que está bien y lo que está mal, pierde la voluntad, la libertad. Uno se transforma en un esclavo de la voluntad del otro.

—¿Esos hechos de abuso comenzaron después de que usted inició la dirección espiritual? ¿Cómo fue ese proceso?

—Sí, por ahora, no quiero referirme a los hechos concretos del horroroso abuso sexual y de conciencia que sufrí durante todos esos años, porque aún no he declarado ante el abogado que investiga a los jesuitas.

—¿Buscó ayuda durante todos esos años, conversó con alguien de lo que estaba pasando? ¿Cómo terminó esa relación?

—Fue muy difícil, fue una huida. No quisiera hablar de eso hasta que hable con el investigador, es un tema muy delicado, porque estamos hablando de potenciales testigos.

—¿Hay personas que pudieron saber o darse cuenta de lo que pasaba?

—Puede ser que sí, esa es la responsabilidad de investigar lo que pasó.

Las conferencias en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile

Marcela Aranda cuenta que el año pasado, “me empecé a obsesionar con las noticias que surgieron sobre nuevos casos de abusos por parte de sacerdotes en la iglesia. Me daba cuenta de que no podía dejar de pensar en eso, de hablar de los casos, sentía un dolor enorme”.

Como profesora de la Facultad de Teología de la PUC, en mayo recibió una invitación para asistir a un encuentro con el médico James Hamilton, uno de los denunciantes del sacerdote Fernando Karadima, quien les hablaría sobre los efectos de los abusos en la vida de las víctimas. “Me produjo un malestar físico y emocional tremendo”, afirma, “no fui capaz de ir a escucharlo, aunque quería”.

Pocos meses después, en octubre, recibió una nueva invitación para una segunda reunión, esta vez con el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien hablaría con los profesores de Teología de la Facultad en la Universidad Católica de Chile sobre “la renovación de las estructuras eclesiales que finalmente han propiciado el abuso”.

—¿Decidió ir a ese encuentro? ¿Qué pasó entonces?

—Se me abrió la herida, sentí una angustia que no podía controlar, no entendía qué me pasaba. En mi desesperación llamé a mi colega y gran amigo, el sacerdote Rodrigo Polanco, y le expliqué que necesitaba hablar con él. Quedamos de hacerlo el 15, un día antes del encuentro con Juan Pablo Hermosilla, pero el día anterior brotaron en mi memoria los más horrorosos recuerdos del abuso sexual sufrido y colapsé psicológicamente. Entonces volví a llamar a Rodrigo para que conversáramos de inmediato. Durante toda esa tarde del 14 de octubre fui, poco a poco, poniendo en palabras los más espantosos y dolorosos eventos del abuso que hasta ese momento lograba recordar.

El proceso de recordar es como si te volvieran a abusar, revivir el abuso sexual con todo el dolor y el horror que implicó. Recordar es muy liberador, pero al mismo tiempo, terriblemente devastador.

Es un proceso duro, doloroso y siempre lo invade la angustia de que, tal vez, no lo logre. Una vez le dije a Rodrigo: “Si no logro sobrevivir… cuenta mi historia”, termina casi inaudible, se quiebra. Toma agua y esperamos unos segundos para continuar su relato.

—¿Qué pasó en el encuentro con el abogado Hermosilla y sus colegas de facultad?

—Fui al encuentro con Juan Pablo Hermosilla, no tenía nada decidido, pero le pedí a Rodrigo que se sentara al lado mío, y cuando el abogado comenzó a hablar de ejemplos concretos de abuso, muy impactantes, sentí cómo me iba reflejando en esas historias, en esas estructuras de abuso, de eventos abusivos. Cuando se dio la palabra para intervenir, sentí la necesidad de compartirlo con esa veintena de colegas. No me acuerdo de nada, de hecho, ellos me han contado lo que dije.

—¿Y qué dijo esa primera vez que habló de su experiencia en público?

—Dicen que di las gracias a Juan Pablo, hablé de que me sentía muy adolorida, por lo que contó de otras víctimas y que sentía su dolor en carne propia, dije que yo también había sido abusada sexualmente por un sacerdote. La reunión colapsó, se produjo un silencio, Juan Pablo tomó la palabra, me acogió y me dijo algo que me quedó grabado: “De esto se puede salir y salir bien, hay esperanza”. En una verdadera procesión, mis colegas se acercaron con gestos de cariño y apoyo que todavía me emocionan, uno a uno. Sentí que más allá de una comunidad académica, somos un grupo humano capaz de acoger una experiencia así. Esa fue la primera vez en mi vida que hice pública mi experiencia de abuso.

—¿Qué pasó en la facultad después de su testimonio?

—El decano Joaquín Silva no estuvo en ese encuentro, pero fue informado, y al día siguiente se me acercó, me acogió, me dio todo su apoyo y me dijo que me iba a acompañar. Un par de días después hablamos muy largo, le relaté todos los hechos y me dio todo su apoyo personal e institucional, y me ofreció dejar temporalmente mi actividad académica, porque se me estaba haciendo insostenible.

La otra autoridad con que hablé y que tuvo una acogida muy importante fue el rector de la Universidad Católica, doctor Ignacio Sánchez. También me recibió, me dio todo su apoyo personal e institucional. Se imaginará lo importante que es para mí, en momentos que uno piensa que no va a salir adelante. Se constituyeron en la fuerza que yo no tengo; soy una persona de una extrema fragilidad desde que tengo memoria, el abuso ha sido parte de mi vida. Ellos me aseguraron que se comprometían conmigo hasta el final. Y eso me da esperanza.

—¿Ha seguido en contacto con ellos?

—Sí, en contacto muy estrecho y lo agradezco muchísimo.

La denuncia

“Ahí comenzó un proceso muy doloroso, siempre apoyada por mi amigo Rodrigo Polanco”, sigue relatando Marcela Aranda. “Empezaron a emerger otros recuerdos desordenados, muy intensos y que me fueron desgastando cada vez más”.

En noviembre decidió acercarse a Juan Pablo Hermosilla, el abogado que ha acompañado a los tres principales denunciantes del caso Karadima y que es director de la Fundación para la Confianza creada por uno de ellos, José Andrés Murillo. “En varias reuniones, en esta misma oficina, le relaté los abusos (…). Me quebré muchas veces, no es fácil reconstruir los hechos, no solo por la carga emocional, sino porque los recuerdos no emergen linealmente”.

“En conjunto decidimos iniciar una denuncia eclesiástica en la oficina de escucha que monseñor Scicluna dejó en Chile. Nos recibió una de las encargadas, Josefina Martínez, le entregué mi relato escrito y hablamos casi dos horas, ahí quedaron estampados los abusos horrorosos a los que fui sometida por tantos años. A cambio recibí un cariño, una acogida, sentí que ella sentía mi dolor”, recuerda Marcela Aranda de su visita a la psicóloga. Ella es una de los cinco integrantes del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas —organismo de la Conferencia Episcopal— que el enviado papal y hoy secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Charles Scicluna, designó para acoger y escuchar las denuncias de abuso que él no pudo recibir personalmente, durante la segunda visita que realizó a Chile junto al sacerdote Jordi Bertomeu en junio pasado.

—¿Por qué hizo una denuncia eclesiástica y no recurrió a la justicia civil?

—Me anima buscar verdad y justicia, soy parte de la Iglesia y responsable por ella también. Soy profesora de teología y sigo siendo católica con todas las dudas que me han invadido, las faltas de confianza, la rabia. Obviamente que estos hechos me cuestionan mucho la fe y la confianza. El abuso no destruye una parte de uno, te destruye entero, incluida la fe. Quería que fuera la Iglesia a la que pertenezco la que primero acogiera mi denuncia y tuviera la oportunidad de investigar, transparentar y sancionar estos terribles abusos de que fui objeto.

—¿Ha tenido algún encuentro con la Compañía de Jesús, la congregación a la que perteneció en vida el sacerdote Renato Poblete?

—Es parte del proceso de la oficina de escucha. Mi denuncia inmediatamente gatilla un protocolo que la hace llegar a la congregación a la que perteneció el acusado; en este caso, el jesuita Renato Poblete Barth. En esta misma sala me reuní con el provincial Cristián del Campo y con un miembro de su consejo, porque ellos me pidieron una reunión.

Marcela Aranda no menciona el nombre. Sin embargo, otras fuentes confirmaron a El Mercurio que fue el jesuita Gabriel Roblero, quien acompañó al provincial de la Compañía de Jesús en Chile a la reunión.

—¿Cómo fue esa conversación? El sacerdote Renato Poblete fue una figura pública y muy emblemática para los jesuitas en Chile.

—Fue un buen encuentro. Desde el primer instante que aparecí en la sala, ellos me acogieron, me dijeron que estaban primero conmigo y que ya han iniciado un proceso de investigación que procurará ser lo más acucioso, lo más transparente posible. Aquí no se trata de enjuiciar a un muerto, aquí se trata de que la Compañía de Jesús tiene la oportunidad de revisar qué pasó para que alguien sufriera el abuso que yo sufrí por tantos años y nadie hiciera nada, como si nadie hubiera visto ni oído nada.

—¿Cuál es su objetivo al hacer esta denuncia? ¿Qué espera al iniciar un camino que es largo y difícil?

—En primer lugar, con esta denuncia y al mostrarme públicamente, busco verdad y justicia. Eso es indispensable para mi sanación personal y para que yo pueda empezar a vivir de una manera humana y digna. En este momento, yo solo sobrevivo. Quiero también que otras mujeres puedan hacer un proceso, aunque doloroso y difícil, pero sanador como el mío y se animen a denunciar los abusos recibidos. Y espero que sea una oportunidad única para la Compañía de Jesús después de todo lo que ha pasado en la Iglesia, de poder realizar ellos una investigación transparente, diligente y completa que permita comprender cómo algo tan espantoso pudo ocurrir durante tantos años y, tal vez, pueda seguir ocurriendo en muchas partes aún. Se tienen que asumir todas las responsabilidades que hubo. Por último, de verdad me gustaría que esto ayudara, junto a tantos otros casos, a propiciar una gran corriente de reflexión para que nunca más en la Iglesia y en la sociedad vuelva a ocurrir algo tan horroroso.

—¿Descarta hacer, luego de este proceso, una acción en el ámbito civil?

—No lo he descartado. Lo he pensado, pero primero quiero ver cómo avanza y qué resuelve la investigación eclesial.

—Desde que la Compañía de Jesús informó del inicio de su investigación ha habido reacciones, han hablado otros jesuitas, ¿cómo las ha recibido?

—No leo la prensa, tengo prohibición de mis terapeutas de hacerlo. Tengo solo referencias.

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