La culebra sigue viva: miedo y política

El ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010)

Colección Folios

© Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín

Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Centro editorial

© Vicerrectoría Sede Medellín

Dirección de Investigación y Extensión – DIME

© Vicerrectoría de Investigación

Editorial Universidad Nacional de Colombia

ISBN: 978-958-775-548-0 (papel)

ISBN: 978-958-775-550-3 (IBD)

ISBN: 978-958-794-154-8 (digital)

Primera edición

Medellín, 2015

Preparación editorial

Centro Editorial Facultad de Ciencias Humanas y Económicas

Diseño de la Colección Folios: Melissa Gaviria Henao

Corrección de texto: Juan Fernando Saldarriaga Restrepo

Diagramación: Melissa Gaviria Henao

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la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

320.9

C17
Cardona Zuleta, Luz Margarita

La culebra sigue viva: miedo y política: el ascenso de Álvaro Uribe al poder presidencial en Colombia (2002-2010) / Luz Margarita Cardona Zuleta -Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, 2020.

1 recurso en línea (227 páginas). (Colección Folios)

ISBN : 978-958-775-548-0 (papel) - ISBN : 978-958-775-550-3 (IBD) -

ISBN : 978-958-794-154-8 (digital)

1. URIBE VÉLEZ, ALVARO PENSAMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL.

2. COLOMBIA POLÍTICA Y GOBIERNO, 2002 - 2010.

3. SEGURIDAD CIUDADANA. I. Título. Serie

Catalogación en la publicación Universidad Nacional de Colombia

Contenido

PRESENTACIÓN

En Colombia no proliferan los estudios serios sobre la sociedad y la política contemporáneas, sin que esta afirmación la contradiga la aparición, cada vez más frecuente, de trabajos apresurados basados en consejas, en el escándalo o en acontecimientos de relumbrón destinados a satisfacer un mercado ávido de chismes. Por eso hay que celebrar la aparición de una investigación académica como ésta, en la que con la distancia propia del investigador y con una metodología y herramientas adecuadas, se aboca un asunto tan difícil de tratar como es el de presentar acontecimientos recientes que siguen gravitando intensamente en la vida política nacional. No se trata de un trabajo fáctico sobre las realizaciones o falencias de un gobierno ni tampoco del discurrir político de éste. El objetivo del libro, como bien se expresa en la introducción, está dirigido a comprender “el sistema de representación social en la vida política, a través del estudio de las modalidades de legitimación y construcción del poder presidencial en Colombia”, durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe. Lo que se trata en el libro es de analizar el discurso de un candidato outsider, que partió de un bajo índice de aceptación en las encuestas y al final logró unas mayorías mediante un discurso de confrontación, apelando al orden, a la seguridad, al miedo, a la amenaza terrorista. Dos hipótesis orientaron la investigación: la circulación reiterada de ideas simples, fáciles de aprehender por el público, y la polarización política.

En el primero de los cinco capítulos que componen el libro se analiza el contexto electoral en el que Álvaro Uribe triunfó para su primer mandato. Los intentos de negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se habían desacreditado, en especial con el espectáculo de unas negociaciones que no avanzaban y, por el contrario, daban lugar a que este grupo afianzara su base te- rritorial y cometiera una variedad de desafueros, incluyendo el monstruoso delito del secuestro. Las Fuerzas Armadas venían recibiendo una serie de serias derrotas y ante los atropellos de la guerrilla, desafortunadamente, en amplios sectores del país iba disminuyendo la reticencia a aceptar el paramilitarismo como elemento efectivo para contener esta situación. Por lo demás, el candidato liberal Horacio Serpa, quien comenzó con un amplio apoyo que se fue desmoronando, estaba debilitado ante amplios sectores de opinión por su defensa a ultranza del gobierno del presidente Samper. Se enfrentaron entonces dos propuestas: la del candidato liberal, partidaria de la negociación y de la salida política, y la del candidato Uribe, basada en la confrontación. El discurso de Serpa, de contenido social, estaba dirigido a mitigar las desigualdades sociales. El de Uribe, quien veía en la violencia y la inseguridad el problema prioritario que se debía resolver, de manera paulatina le atrajo a “parte de la dirigencia partidaria y de su maquinaria”, incluyendo a sectores importantes de ésta dentro del Partido Liberal. En esas circunstancias imperó el discurso del miedo, de la confrontación, y los electores acudieron a las urnas para apoyar la propuesta que hacía eco a la seguridad por encima de otras consideraciones válidas y necesarias de contenido social. Sucedió algo similar a lo acontecido recientemente en Israel, donde el electorado, en las últimas elecciones, contra todo pronóstico, acató el mensaje del miedo por encima del de la reforma.

“El miedo como estrategia”, tema del capítulo 2, fue complementado con ideas moralizantes, simples y repetidas: la corrupción y la politiquería, el adelgazamiento del Estado, menos Congreso, menos embajadas y consulados, menos contralorías, menos vehículos oficiales…, promesas efectistas que tocaron el llamado sentido común y cuyo cumplimiento el viento se llevó.

Durante su campaña, y frente a las FARC, el candidato Uribe mantuvo la posición que venía sosteniendo desde la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, como se anota en este libro, fue modificando la denominación de esa agrupación. Al inicio no motejó a los grupos ilegales de terroristas, sino de “grupos violentos”, y en el discurso situó en pie de igualdad a estos con los paramilitares, en contra de sectores de opinión que hacían la diferencia y reconocían legitimidad a la insurgencia. Con ese punto de partida se creó una situación nueva, pues “las negociaciones con actores del conflicto distintas a la insurgencia eran inéditas en el país hasta diciembre de 2002, cuando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez inició negociaciones con los grupos de autodefensas”. A las FARC les propuso diálogos condicionados y la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, las FARC, que en el mismo momento de la posesión presidencial realizaron actos terroristas, no aceptaron la oferta y como contrapropuesta “exigieron desmilitarizar los departamentos de Caquetá y Putumayo”. Es decir, un territorio tres veces superior al del Caguán. Sus acciones y propuestas allanaron el camino para que la guerra contra ellas se inscribiera en la cruzada mundial contra el terrorismo. Como lo había hecho Andrés Pastrana, Uribe buscó la internacionalización del conflicto. La diferencia consistió en que el primero invocó la diplomacia para la paz y el segundo buscó la solidaridad para la guerra.

La lucha en el campo de la representación aparece a lo largo del libro, pero especialmente en el capítulo 3 que lleva ese nombre. Surgieron nuevos conceptos y a otros se les dio un significado diferente. La cuestionada “seguridad nacional” fue sustituida conceptualmente por la “Seguridad Democrática”, de la misma manera que la tradicional democracia representativa y el Estado de derecho pretendieron ser superados por el Estado de opinión. Se acudió al discurso deslegitimador de la oposición y al oponente se le instaló en la categoría de enemigo, exacerbando el lenguaje de confrontación y la polarización, como se trata a espacio en el capítulo 4.

La reelección inmediata y el cambio en las reglas de juego, que produjo profundos y nocivos efectos, es el tema del capítulo 5. Sobre ello, el presidente Uribe tuvo una posición cambiante. La Constitución de 1991 prohibía explícita y tajantemente dicha reelección, ante lo cual el candidato Uribe expresó: “La reelección inmediata no me convence porque entonces puede el gobierno ponerse a buscarla, es una de sus expresiones. Si yo como Presidente propongo que se amplíe el periodo presidencial a cinco años debe ser para el siguiente, no para mí”. Sus palabras fueron premonitorias, porque a poco de iniciarse su mandato, uno de sus seguidores, el presidente de la Cámara de Representantes, ya la estaba proponiendo, so pretexto de que era una forma de premiar una buena labor, sin parar mientes en que el Gobierno no la había realizado, entre otras razones, porque apenas se estaba iniciando el mandato. Sin embargo, el proyecto de reforma constitucional para autorizar la reelección fue presentado y aprobado en el Congreso, con la peregrina idea de que sólo se trataba de un “articulito”. La reforma pasó a la Corte Constitucional en su calidad de guardiana de la Constitución y, en medio de peripecias que implicaron que el magistrado ponente que había rendido concepto desfavorable cambiara su posición y su voto, la reelección fue aprobada con la condición de que ella sólo abarcaría dos períodos. Esta restricción no fue suficiente porque, no satisfechos con una reelección, el presidente y sus seguidores quisieron prolongar su mandato para un tercer período. Para apoyar su intento, adujeron, entre otras razones, el ambiguo concepto de Estado de opinión como sustituto del de democracia representativa.

Esta presentación sucinta sólo abarca algunos temas de los tratados en el presente libro y tiene como objeto incentivar la lectura de la obra, con la cual el lector saldrá intelectualmente enriquecido. Resta decir que la autora toma posición frente a los temas tratados, pero con profesionalismo, sin insultos y sin jerga, con lo cual se diferencia de gran parte de los que escriben sobre estos tópicos, que lo hacen acudiendo a un lenguaje agresivo y descalificador, tratando lo superfluo en lugar de lo esencial, y dejando de lado el raciocinio, el análisis y la información, para dejar el campo a la pasión.

Álvaro Tirado Mejía

Profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia

AGRADECIMIENTOS

A mi esposo Fernando Botero, agradezco su apoyo incondicional, sus lecturas atentas y sus comentarios críticos. A mi familia, especialmente a mi madre Leonilde Zuleta, por los sacrificios de estos años.

A los profesores Renán Silva, director de la investigación de tesis doctoral, y a Hugo Quiroga, codirector en Argentina, agradezco su generosidad intelectual por compartir conmigo los “trucos del oficio”. Francisco Delich, Marcelo Cavarozzi, Waldo Ansaldi y Javier Sanín S. J. realizaron una lectura cuidadosa del trabajo y señalaron con franqueza sus aciertos y debilidades. Espero haber sabido interpretar sus recomendaciones.

Debo agradecer a las personas que trabajan en el Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), especialmente a la profesora Claudia Voras, directora de Posgrados de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales.

A las historiadoras Andrea Idárraga y Ana María Uribe agradezco su valiosa colaboración en este arduo proceso.

La presente investigación se hizo en el marco de una Comisión Especial de Estudios para la realización del Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Nacional de Rosario, permitida por las directivas de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Mi sentimiento de gratitud para la Universidad Nacional por apoyar igualmente la publicación del libro.

Introducción

1. COLOMBIA, ENTRE LA ESTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y LA VIOLENCIA

Es un lugar común, en la historiografía política reciente, el reconocimiento de que Colombia ha fluctuado en los últimos treinta años entre varias fuerzas: unas que tienden a la profundización de la democracia, a la instalación del pluralismo político y al fortalecimiento de las instituciones; y otras que empujan al país a la fragmentación social, al rechazo de la institucionalidad y a la violencia.1 Las primeras fuerzas se expresan en la Constitución Política de 1991, que instauró diversas formas de participación y control ciudadano, y reconoció el carácter pluriétnico y la diversidad cultural de la nación, al tiempo que incorporó derechos de segunda generación. Las segundas fuerzas se manifiestan en el incremento de la criminalidad, en la proliferación y la superposición de distintas formas de violencia. Para decirlo en términos de Daniel Pécaut, “orden y violencia” se han superpuesto en diversos momentos, mezclándose “estabilidad democrática y episodios de violencia de gran amplitud”.2 Esta combinación ha permanecido a lo largo del siglo xx y diferencia el devenir político de Colombia con respecto a los otros países latinoamericanos.

A finales de la década de los setenta, el fenómeno de la violencia se tornó más complejo. El narcotráfico hizo su irrupción y logró penetrar en forma paulatina las distintas esferas de la vida social, incluso las guerrillas, especialmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC),3 se beneficiarán más tarde del auge de los cultivos ilícitos. Los primeros grupos paramilitares hicieron su aparición a principios de los años ochenta promovidos, al parecer, por narcotraficantes,4 como represalia al “secuestro y la extorsión de las guerrillas”.5 En un primer momento, las operaciones armadas de estos grupos tuvieron como blanco a las guerrillas izquierdistas; posteriormente, la violencia paramilitar alcanzó a otros grupos que consideraban base social o simpatizante de la insurgencia: organizaciones campesinas, oposición política de izquierda, dirigentes sindicales y sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos.

En los años ochenta, el fenómeno guerrillero continuó en expansión. Esta década fue especialmente importante para las FARC. A partir de su Séptima Conferencia y en el Pleno de Comandantes, realizado entre los años 1982 y 1983, esa guerrilla va a decidir dar un viraje estratégico y convertirse en un “verdadero ejército revolucionario”, de carácter “ofensivo”. Pretendían, por esta vía, superar la fase de guerra típica de guerrillas, caracterizada por lo que Waldmann denominó hit and run, algo así como golpear y correr, dada la debilidad de las fuerzas insurgentes frente a los ejércitos profesionales.6 Las FARC venían librando una guerra de guerrillas desde sus orígenes en los años sesenta. La incorporación de la sigla EP (Ejército del pueblo) a su nombre original simbolizó su decisión de cambio; desde entonces se autodenominaron FARC-EP. Producto de este giro estratégico y de las fuentes de financiación disponibles, sus frentes crecieron de manera significativa7 con respecto al estancamiento mantenido en las décadas de los sesenta y los setenta.8

Sin embargo, para ese momento, ningún colombiano pensaba que el país estuviera en el “umbral de una guerra civil”.9 También en esta década “el terror político de derecha hizo su entrada en escena”.10 En estos años se inició un proceso sistemático de exterminio contra dirigentes sindicales, líderes estudiantiles y defensores de derechos humanos. El caso más representativo fue el exterminio de la Unión Patriótica (UP).11 Quienes ejecutaron el exterminio fueron “reclutados de grupos de narcotraficantes y paramilitares”, y aunque las guerrillas emprendieran acciones parecidas contra dirigentes de los partidos Liberal y Conservador, el número de víctimas no fue similar.12

Pese a los acontecimientos señalados, el conflicto armado y su duración todavía no eran objeto de atención por parte de la opinión pública, en tanto otros sucesos atraían más su interés.13 Al mediar la década de los ochenta, grupos de narcotraficantes, mediante la práctica sistemática del terror, centraron la atención del público. Estas organizaciones emprendieron acciones indiscriminadas y selectivas contra funcionarios del alto Gobierno, jueces y policías, buscando doblegar al Estado a favor de sus propios intereses.14 Tres candidatos a las elecciones presidenciales de 1990 fueron asesinados, en una macabra confluencia de intereses de mafias del narcotráfico y grupos de paramilitares, con la anuencia de algunos sectores de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

2. LAS NEGOCIACIONES DE PAZ, ENTRE LA ESPERANZA Y EL DESENCANTO

Ya desde el año 1982, durante el gobierno de Belisario Betancur, se había puesto en marcha una serie de iniciativas de diálogo y negociación, tendiente a poner fin a la “violencia propiamente política”, es decir, aquella que provenía de grupos alzados en armas contra el Estado legítimamente constituido y que podía ser resuelta mediante este mecanismo.15 Estas iniciativas fueron, en general, bien recibidas por el público, sobre todo en períodos electorales; una vez instalados los diálogos, la opinión ha sido propensa a desilusionarse ante los escasos resultados de los mismos.16

Los analistas del conflicto atribuyen los escasos resultados de las negociaciones de paz a varias causas: estos procesos fueron asumidos, incluso por los distintos gobiernos, como un movimiento táctico, tendiente a mejorar la posición de las partes en el conflicto, de tal modo que después de los diálogos de paz sobrevino un reacomodamiento de sus actores.17 La improvisación, el mal diseño y la concepción de la estrategia de negociación18 puesta en marcha por los distintos gobiernos han sido señalados como otro obstáculo para el avance de las conversaciones de paz.19 Los procesos de diálogo, una vez emprendidos, encuentran resistencias en sectores de derecha que suelen aparecer como “enemigos de la paz”,20 cuando consideran que cualquier avance en la mesa de negociación significa una concesión excesiva a la guerrilla en detrimento de sus propios intereses (concepción minimalista de la paz). Otra contribución al fracaso de los diálogos son las pretensiones maximalistas de la guerrilla en términos de paz. En una visión cercana a las teorías de la violencia estructural, estas organizaciones creen que a la paz se llega sólo cuando el país haya superado los problemas de pobreza y exclusión social.

Consecuentes con esta visión, las FARC presentaron, en las negociaciones de paz adelantadas entre los años 1998 y 2002, una agenda de cien puntos que versaba sobre los más diversos temas, incluida una reforma agraria y modificaciones al modelo de desarrollo económico imperante. Muchos de los temas de la agenda eran imposibles de realizar en el corto y mediano plazo, superaban las posibilidades de un gobierno elegido por un período de cuatro años y desconocían el ciclo electoral.

No obstante, los diálogos de paz emprendidos en los años noventa arrojaron algunos resultados: la desmovilización del Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Quintín Lame,21 el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). Con los primeros cuatro grupos se desmovilizaron cuatro mil personas.22 No obstante, en la interpretación de Malcolm Deas, estos resultados fueron rápidamente olvidados.23

Pero la desmovilización de esas guerrillas no trajo consigo la paz. Otras organizaciones que no se incorporaron a la vida democrática, en particular las FARC (guerrilla más numerosa), continuaron expandiéndose hacia nuevas zonas entre 1993 y 1997. Para el año 1998, este grupo realizaba operaciones en una porción significativa de los municipios colombianos, mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) fortalecía su presencia en varias regiones, especialmente en el Magdalena Medio y Arauca.24 Las FARC, mediante acciones de aniquilamiento a la fuerza pública, daban evidencias reales de su decisión política de avanzar hacia una nueva fase de la confrontación militar, la guerra de posiciones o de movimientos.25

Así mismo, afirma Pécaut, desde el año 1993, los paramilitares dejaron de ser pequeños grupos para convertirse en una “verdadera fuerza” e iniciaron la guerra por recuperar el control de las regiones de Córdoba y Urabá.26 El departamento de Córdoba27 había sido dominado en la década pasada por el EPL; la subregión de Urabá28 fue, en los años ochenta, bastión de las FARC y epicentro del enfrentamiento de esa organización con el EPL y, posteriormente, con los grupos paramilitares. Los sindicatos bananeros quedaron en medio de esta guerra, unos influenciados por el EPL, otros por las FARC. La autodenominación de los grupos paramilitares en esas regiones, Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), da cuenta de esa reconquista y del dominio territorial que adquirieron. Así mismo, de su intento por avanzar en su organización y coordinación política.

En el año 1998 culminó el mandato de Ernesto Samper Pizano. Este gobierno enfrentó una crisis de legitimidad, ocasionada por el llamado “Proceso 8.000”,29 escándalo político que involucraba de manera directa al presidente por haber permitido que los dineros del narcotráfico financiaran su campaña presidencial. En marzo de 1996, el Departamento de Estado de Estados Unidos descertificó al país, y posteriormente, luego de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia absolviera al presidente de cualquier responsabilidad en el escándalo (absolución ampliamente cuestionada también en el ámbito interno), aquel país decidió, en julio de ese mismo año, suspender la visa al mandatario.30

Durante la crisis del gobierno de Samper, las guerrillas aprovecharon la coyuntura para fortalecerse. Fueron cuatro años sin diálogo y negociación, algo inusual desde 1982. Tanto las FARC, como el ELN, habían hecho explícita su intención de no tener diálogos con Samper, administración que calificaban de “narcogobierno”,31 carente de “legitimidad”.

En este contexto de escalonamiento de la guerra, los colombianos eligieron a Andrés Pastrana Arango, político conservador, hijo del expresidente Misael Pastrana Borrero.32 El acontecimiento que desencadenó su triunfo fue la declaración pública de las FARC de querer volver a la mesa de negociación, en caso de que éste resultara elegido. El voto de los colombianos en esta ocasión fue sin duda un voto a favor de la paz (del diálogo conducente a ella). Que esta organización armada se mostrara dispuesta a entablar conversaciones después de cuatro años de estar suspendidas, manifestaba su interés por oxigenarse políticamente después de sus éxitos militares.33

Sin embargo, el guiño de las FARC a Pastrana Arango, en la interpretación de Alfredo Rangel, constituía una desautorización a Serpa Uribe como defensor de la paz. El analista en temas de seguridad y defensa se preguntó por el origen de esa descalificación a Serpa e intentó explicar la posición del grupo guerrillero de cara a las elecciones presidenciales que se acercaban, y en tal sentido afirmó:

Es probable que hayan [las FARC] descalificado a Serpa porque como poder real que se sienten —y son— en el país, estimen que su interlocutor debe ser un verdadero representante del otro poder, que cuente con toda la confianza y el respaldo del establecimiento y de las fuerzas militares, y Serpa, la verdad, no los tenía […] Para Rangel, la decisión de las FARC, no obstante su “tufillo elitista”, respondió al más “crudo realismo político”.34

Para el exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano,35 las intenciones del grupo guerrillero eran difíciles de interpretar; sin embargo, para él, las FARC, con su comportamiento político, estaban dando indicaciones contundentes de que con Horacio Serpa las negociaciones serían más complejas, pues no les generaba credibilidad ni confianza. “¿Por qué? Habría que averiguarlo”.36

3. EL FRACASO DEL PROCESO DE PAZ Y EL ASCENSO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Con un discurso de mano dura contra la guerrilla, el “candidato disidente liberal” resultó ganador en primera vuelta en las elecciones presidenciales del año 2002. Este suceso fue calificado de “excepcional” por distintos formadores de opinión, pues se trataba del polémico exgobernador de Antioquia (1995-1997), del promotor en esa región de las cuestionadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR),37 “un outsider durante la campaña electoral”,38 según la expresión de Daniel Pécaut, y un político más conocido en el ámbito regional que nacional.

Sin embargo, este acontecimiento pone de manifiesto una realidad nueva: con Álvaro Uribe se constata un cambio en las preferencias del electorado. Hasta ese momento, sostiene Daniel Pécaut,39 los electores habían optado por líderes que mostraban más inclinación por el diálogo y la negociación como estrategia para conseguir la paz. El triunfo del candidato que se opuso, a lo largo de los tres años y medio, al proceso de paz de Pastrana y a la “zona de despeje”; que mostró una posición de “firmeza” frente a los grupos armados, especialmente frente a las FARC, era, para el sociólogo francés, la evidencia de que otra política se “imponía”. El triunfo de Uribe evidenció también el fracaso del proceso de paz en curso y del modelo de negociación adoptado (negociación en medio de la guerra). Las acciones militares de las FARC, que aumentaron en los últimos meses de campaña, eran interpretadas por la opinión como un “engaño” de esa organización al Gobierno.

En la lectura de Pécaut, la totalidad de la culpa por ese fracaso la atribuyó la opinión pública a la guerrilla.40 Para el profesor francés, las FARC serían pronto las principales perjudicadas por el desenlace del proceso de paz. En su visión, la rigidez de esta organización daba muestras de su “inmovilismo”, de su escasa habilidad política. En la perspectiva de Pécaut, durante las negociaciones estas guerrillas no dieron ninguna demostración de querer ganar algún sector de la opinión; en su lugar, creció el secuestro y comenzó a proliferar la “indignación pública”.41

Hasta ese momento, y después de más de cuatro décadas de prolongación del conflicto armado, los colombianos empezaron a cambiar su representación del conflicto, vinculado a la insurrección armada contra el Estado, y a mostrar señales de tolerancia frente al fenómeno paramilitar, el mismo que se extendió durante el proceso de paz, incluso en las zonas de dominio de la guerrilla. Al respecto, es ilustrativa la afirmación de Pécaut: “Más que dificultades militares, el verdadero problema de las Farc es su descrédito político. Buena parte de la opinión cree haber sido engañada y, exasperada por los abusos de la guerrilla, llega incluso a aprobar la reacción paramilitar y a cerrar los ojos ante las atrocidades que la acompañan”.42

4. EL PROPÓSITO Y LAS PREGUNTAS QUE MOTIVARON LA INVESTIGACIÓN

La situación descrita brevemente ayuda a comprender por qué un personaje como Álvaro Uribe Vélez llegó a construir, sobre la base de la apelación al orden, a la seguridad y al miedo que significaba “la amenaza terrorista” (representada sobre todo por las FARC), un poder que le permitió imponerse rápidamente sobre los otros candidatos y, una vez convertido en jefe de Estado, intentar “encumbrarse” sobre los otros poderes y eludir su control. Los discursos sobre el orden y la seguridad, y la utilización del miedo como instrumento de movilización política, le permitieron a Uribe Vélez permanecer ocho años en el poder, tiempo que se pudo haber prolongado otros cuatro años (su popularidad entre los colombianos lo hacía posible) si la Corte Constitucional no hubiera declarado inexequible el referendo que buscaba reformar por segunda vez la Constitución, con el propósito de permitir su segunda reelección. En sus dos gobiernos, Uribe Vélez buscó someter a los partidos políticos y al Congreso de la República, situación a la que quiso llevar también al poder judicial, a los organismos de control y a la oposición democrática, aprovechando los avances obtenidos en materia de seguridad, en especial en la lucha contra la guerrilla.

Este trabajo se propone contribuir a la comprensión del papel de los sistemas de representación social en la vida política, mediante el estudio de las modalidades de legitimación del poder presidencial en Colombia, durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Se buscó entender la construcción de ese poder y las formas mediante las cuales logró aceptación entre los colombianos en este período de la historia política reciente.

En este proceso se plantearon los siguientes interrogantes: ¿cómo y mediante cuáles mecanismos se utilizó el miedo a las FARC como instrumento de movilización política y como dispositivo que permitió reorientar la acción del Estado y “legitimar” las acciones de gobierno? ¿Bajo qué formas y en qué medida la lucha por imponer determinadas representaciones sociales en torno al orden y a la seguridad contribuyeron a la polarización política (dialéctica amigo/enemigo) de una sociedad y sus fuerzas políticas organizadas? ¿Sobre qué bases —discursivas, argumentativas y propagandísticas— se configuró un poder presidencial encumbrado, con dificultades para su control, por parte de los otros poderes? ¿Cómo se impuso una imagen de la oposición política legal como similar o igual a la oposición de los grupos armados ilegales?

La novedad del trabajo realizado radica en la aplicación del enfoque de las representaciones colectivas al estudio del poder y de la legitimidad, en un gobierno que fue el primero hasta entonces en la historia de Colombia que logró permanecer en el máximo cargo de dirección del Estado durante dos períodos consecutivos, a pesar de la prohibición expresa al respecto consagrada en la Constitución de 1991. Para comprender el problema estudiado, en la investigación también se explora la idea de miedo que ya había sido utilizada hábilmente en la teoría política por Thomas Hobbes para explicar cómo y por qué razón un grupo de hombres decide abandonar el estado de guerra permanente y pactar la paz. Pero el uso del miedo en la política contemporánea, aun en las democracias más consolidadas (como en Estados Unidos, por ejemplo), no constituye un fenómeno aislado o circunscrito a situaciones o estados de guerra. Corey Robin habla de miedo político y define este tipo de miedo como el “temor de la gente a que su bienestar colectivo resulte perjudicado —miedo al terrorismo, pánico ante el crimen, ansiedad sobre la descomposición moral—, o bien la intimidación de hombres y mujeres por el gobierno o algunos grupos […]”.43 Estos miedos, a diferencia de los miedos personales y privados, nos dice el autor, se vuelven políticos en la medida en que surgen de “conflictos entre sociedades”,44 pero también pueden originarse por “fricciones en el mundo civil”.45

Pero Robin también identifica los mecanismos de funcionamiento del miedo. En una primera dirección, nos dice, “los líderes o los militantes definen cuál es, o debe ser, el objetivo público principal de dicho miedo, y de esta forma casi siempre aprovechan alguna amenaza real […]”.46 Uribe Vélez definió, como amenaza principal de la seguridad del Estado y de los ciudadanos, y como enemigo público principal, a las FARC, no obstante existir en el escenario público del momento otras amenazas y fuentes de incertidumbre, como los grupos paramilitares, los grupos de narcotraficantes y bandas organizadas de distinto tipo.

Uribe Vélez logró capitalizar a su favor el fracaso del proceso de paz del Gobierno anterior y el rechazo de los colombianos a la violencia guerrillera. Agitando el miedo a las FARC y a la amenaza que dicho grupo representaba, consiguió cambiar la representación que los colombianos tenían respecto al conflicto armado y profundizar, para su beneficio político, la polarización social existente.

Además, Uribe consiguió tornar en su provecho el descrédito de los partidos tradicionales (liberal y conservador) y presentarse como independiente. Supo combinar hábilmente la crítica a la politiquería, con los métodos de la vieja política,47 es decir, la negociación al “menudeo” (para decirlo en términos de Malcolm Deas) con los caciques en las provincias y con los dirigentes de los partidos tradicionales para conseguir su apoyo. Si, como sostiene Francisco Gutiérrez, desde el año 1958 hasta el año 2002 el país fue “típicamente centrista” en términos de las preferencias electorales, a partir del año 2002 estas preferencias se desplazan a la derecha. Para el politólogo, Uribe supo aprovechar este cambio debido a su astucia política, pero también a su habilidad para encarar con responsabilidad “problemas reales” que los demás habían despreciado.48

Las prioridades de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo también favorecieron el ascenso de Uribe. Fue importante la confluencia de distintos sectores en torno al tema de seguridad. Estos sectores se mostraban menos inquietos frente a la infiltración ilegal en política, en relación con la lucha contra el terrorismo guerrillero.49

Por último, para Gutiérrez, Uribe estaba en capacidad de gobernar sin el apoyo de ningún partido, sin asumir las consecuencias por las acciones de sus copartidarios en el terreno.50 Sin embargo, esta afirmación debe ser matizada. La investigación explora otras pistas, pues si bien Uribe, a pesar de su enorme popularidad, pretendió situarse por encima de unos partidos tradicionales desprestigiados y desconocer el Congreso (una de las instituciones colombianas más desacreditadas si nos atenemos a las encuestas de opinión),51 como espacio de intermediación política y de gestión de políticas, tuvo que construirse su propio “partido”, el Partido de la U, sobre la base de propiciar la división de los partidos tradicionales y negociar el apoyo del Congreso a sus políticas, es decir, tuvo que tomar poder de las fuentes generadoras de poder, pero a condición de pagar el precio de su apoyo.

El estudio de las representaciones colectivas en torno al poder y a la legitimidad en este período de la historia colombiana nos permitió entablar un diálogo con la región suramericana, acerca de la vigencia del modelo liberal democrático, por cuanto el “príncipe” pareciera encarnarse en líderes carismáticos que establecen una relación directa con el pueblo, menosprecian los partidos, las organizaciones sociales y demás formas de intermediación propias de la democracia liberal. Estos “líderes plebiscitarios”, para decirlo también en términos de Max Weber, logran unificar y movilizar a las masas en las democracias de nuestro tiempo, a costa del retroceso de las instituciones clásicas de la democracia representativa, como la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, que garantiza el equilibrio y la cooperación entre los distintos poderes, y el acatamiento del régimen jurídico, con miras a imponer el libre arbitrio del caudillo. A este nuevo tipo de democracias, que ha venido configurándose sobre todo en los países del cono sur tras el fin de las dictaduras (pero que no se circunscribe sólo a estos), lo denomina Guillermo O’Donnell democracia delegativa (DD). Los rasgos que O’Donnell atribuye a ésta y a los líderes del Ejecutivo guardan, sin duda, fuertes “parecidos de familia” con el caso y el período estudiado,52 como se verá más adelante en el capítulo 5.

Dos hipótesis orientaron la investigación que este libro resume: la primera sostiene que la circulación reiterada de unas ideas simples, fáciles de aprehender por el público, en un contexto social y político que se percibió como de caos e inseguridad, permitió crear la imagen de un presidente casi “heroico”, que se hacía representar como irremplazable, y la de una sociedad que había superado en el imaginario, gracias a él, sus mayores problemas de seguridad, y requería de la continuidad del mandatario para no retroceder a la situación anterior, de fortalecimiento de las guerrillas y debilidad del Estado. La segunda hipótesis afirma que la lucha por imponer determinadas representaciones sociales sobre el orden, la seguridad y el enemigo, condujo a polarizar la política, a fortalecer el poder presidencial, a desequilibrar la estructura de poderes (relación entre el poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial) y a deslegitimar a la oposición democrática.

5. LAS REPRESENTACIONES COLECTIVAS, EL PODER Y LA LEGITIMIDAD

Las representaciones colectivas son formas de clasificación, percepción y organización del mundo social, son modelos de acción que preceden al individuo y se le imponen.53 Son, por tanto, una obra colectiva y constituyen un conocimiento común del cual no puede prescindir el individuo, pues le permiten actuar en el mundo y entenderse con los otros.

Entonces, realidad social y sociedad ideal no pueden ser separadas: la una contiene a la otra, pues como el mismo Durkheim señala, “una sociedad no está simplemente constituida por la masa de individuos que la componen, por el suelo que ocupan, por las cosas de que se sirven, por los movimientos que efectúan, sino, ante todo, por la idea que se hace de sí misma […]”.54

La duda acerca del conflicto armado y sus actores se fue instalando en el corazón de la sociedad colombiana. Desde los años ochenta, de alguna manera, el colombiano del común, así como los distintos gobiernos, habían sido persuadidos acerca de la negociación como única vía para la terminación del conflicto. La teoría del “empate negativo”55 entre Gobierno e insurgencia, puesta a circular por investigadores y analistas del conflicto, había contribuido a consolidar esta representación. En un contexto signado por la agudización del conflicto armado (desde los años noventa), por el fracaso —una vez más— de los diálogos de paz, el discurso de Uribe, que llamaba a los colombianos a creer en la capacidad del Estado para recuperar el monopolio de la violencia, a unir sus esfuerzos para superar el estado de guerra y hacer frente al “enemigo público”, que representaba la guerrilla o el terrorismo como él prefería decir, encarnado en la figura de una culebra siempre activa y al acecho, caló profundo en el imaginario de los colombianos.

Así pues, el estudio del caso colombiano permitió mostrar la fecunda capacidad heurística y la vigencia del modelo teórico hobbesiano, y confirmó, de paso, lo que estudiosos de la obra del filósofo inglés —como Wolin56 y Robin—57 reconocieron, que fue Hobbes quien más lúcidamente logró articular la idea del miedo a la fundación del orden político. Para Robin, el miedo político tiene asimismo profundas consecuencias: “dicta políticas públicas, lleva nuevos grupos al poder y deja a otros, crea leyes y las deroga […]”.58 En el caso estudiado, la utilización del miedo sirvió para reorientar la acción del Estado mediante una política pública: la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD), que Uribe pretendió encarnar.

Las nociones de representaciones colectivas, o mejor, sistemas de representación, de poder, de legitimidad, fueron asociadas en la investigación, por cuanto se concibe el poder en sentido relacional, como la posibilidad de imponer la propia voluntad sobre la conducta ajena e incluso a pesar de las resistencias.59 La legitimidad del poder radica en la capacidad de lograr el reconocimiento y la aceptación voluntaria de aquellos sobre los que se detenta. En consecuencia, como lo afirma Baczko, el poder requiere rodearse de representaciones, de símbolos que lo legitiman y engrandecen,60 y que le permiten la homogeneización y la unificación de la sociedad en el contexto de las modernas democracias de masas.

Si para Weber la dominación es un caso especial del poder, y en particular la dominación llamada carismática, que se basa en el carisma, entendido como una cualidad que pasa por extraordinaria, en virtud de una devoción afectiva a la persona del señor y a sus dotes sobrenaturales, entonces, la dominación carismática se constituye como una “relación social específicamente extraordinaria y puramente personal […]”, como una especie de “comunidad de emoción”.61

En esta perspectiva, estudiar las representaciones que durante el período elegido circularon en el discurso público sobre el presidente Uribe y su gobierno, el orden y la seguridad, el enemigo, nos permitió comprender una forma de dominación carismática practicada mediante un ejercicio del poder centrado en la persona del líder. Los conceptos weberianos de poder, legitimidad, dominación carismática, igual que el concepto de representaciones colectivas, fueron de gran utilidad para poner a prueba las hipótesis de trabajo y comprender el ejercicio del poder en ese período de la historia colombiana reciente.

En la investigación se tomó distancia metodológica y conceptual de los trabajos que se han realizado sobre el gobierno de Uribe desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, como lo comprende Teun van Dijk,62 en tanto no se pretendió mostrar cómo el discurso contribuyó a la reproducción de la desigualdad y la injusticia social, ni tampoco identificar qué actores tuvieron acceso privilegiado a estructuras discursivas y de comunicación legitimadas por la sociedad.

Aunque no se trató de un estudio de medios donde se narrara “la acción comunicativa” de un presidente, su capacidad “melodramática” e “histriónica”,63 de la construcción mediática de un personaje, o de la fabricación de un consenso en torno a un candidato,64 la investigación no ignoró el fenómeno de la “personalización del poder”, propio de las democracias de “audiencia”, como bien lo señala Bernard Manin.65

El análisis llevado a cabo evitó caer en la tentación de las grandes categorías de “adjetivación” o, si se quiere, evadió el recurso de “la gran teoría” para clasificar este régimen político: “populismo y neopopulismo”,66 “bonapartismo”, “cesarismo”,67 “autoritarismo”. Aunque sí se exploraron aspectos del estilo de gobierno que encajan en estas categorías, específicamente rasgos bonapartistas y cesaristas, o en otras palabras, se exploran los rasgos plebiscitarios de este nuevo tipo de liderazgo representado por Álvaro Uribe Vélez. No se pretendió, a partir de un gran concepto centrado en el personaje, dar cuenta de un fenómeno social complejo, pues en el trabajo el poder no se concibió completamente autónomo, independiente del contexto social y de las fuentes generadoras de aquél.68

La investigación evitó asumir el uso de expresiones corrientes que no ayudan a comprender la complejidad del fenómeno estudiado, como aquella de Uribe “paramilitar”. Si bien el tema de paramilitarismo está presente a lo largo de este trabajo, y los grupos paramilitares no ocultaron su “sesgo” a favor del candidato disidente, como afirmó en su momento Daniel Pécaut, no se puede desconocer tampoco el importante movimiento de opinión que llevó a Uribe a la presidencia, asunto que también advirtió en su momento el profesor francés. La investigación no pretendió, por tanto, efectuar un estudio de la infiltración paramilitar en la política (tema insuficientemente estudiado, pero sobre el cual existen importantes trabajos de investigación), como no se ocupó de las relaciones que pudieron sostener los políticos de los distintos partidos con grupos armados de diferente tipo, en regiones y localidades del país.

Para entender el fenómeno político que representó Uribe Vélez, más que centrarse en las cualidades del personaje (aspecto que tampoco se desdeña), la investigación se inclinó más bien por el enfoque analítico del sociólogo Norbert Elias, en su importante trabajo acerca de la sociedad cortesana,69 donde se estudian las condiciones que llevaron a Luis XIV a construir un poder tal que le permitió “encumbrarse” sobre la aristocracia de su tiempo. En consecuencia, la investigación realizada, siguiendo estos derroteros, no sólo eludió el recurso fácil de la “gran teoría”, sino que evitó caer en la ambición “totalizadora” de una teoría que pretende explicar y abarcar de principio a fin el problema estudiado. Tampoco tomó partido por un enfoque con pretensiones de exclusividad. Para entender el fenómeno estudiado, sin duda, se requiere de varios enfoques, de aspectos particulares de uno u otro. Quizás la metáfora que mejor sintetiza la postura metodológica asumida sea aquella concepción de la teoría como una “caja de herramientas”, que deben ser útiles hasta que tropecemos con un obstáculo, caso en el cual debemos buscar o inventar otra, y así sucesivamente, conforme a las reflexiones aportadas por el diálogo constructivo sostenido por Deleuze y Foucault para definir el alcance de una teoría.70

En la búsqueda por inscribir el problema en las coordenadas de la historia política reciente, y superar el análisis de coyuntura, fueron importantes los trabajos del sociólogo francés Daniel Pécaut, del historiador inglés Malcolm Deas, del historiador y filósofo colombiano Gonzalo Sánchez. Los aportes de estos investigadores permitieron introducir el período y el personaje en el marco de las rupturas y las continuidades que caracterizaron el acontecer político del siglo xx colombiano.

6. PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS

En la presente investigación se privilegiaron los discursos de la prensa relacionados con el problema estudiado y se procedió a analizar el contenido político. Se eligió la prensa, por cuanto se considera una fuente importante de información para el hombre común. La prensa produce, circula y amplifica representaciones colectivas, y aunque otros medios como la televisión y la red de internet capturan cada vez más audiencia, el diario compite con otros medios de comunicación para atraer sus lectores.71

Se escogieron los diarios El Tiempo y El Espectador, y los semanarios Semana y Cambio, por tratarse de publicaciones de circulación nacional con amplia cobertura de los temas políticos y, sobre todo, debido a que la prensa, durante el período estudiado, mantuvo una posición que dio espacio a la expresión de diversas voces frente a las políticas de gobierno. En los cuatro medios elegidos se privilegió a los columnistas políticos, tanto los afines al Gobierno como a los opositores, y otros de diversos matices. Así mismo, fueron importantes los informes de la redacción política. Para el caso de los diarios fueron analizados también los editoriales de carácter político, relacionados con el problema investigado, como los discursos y comunicados de la presidencia efectuados en momento decisivos del gobierno. Se consultaron igualmente las publicaciones académicas y bibliográficas pertinentes al período y al problema estudiado.

La prensa como fuente se convirtió en un medio privilegiado para realizar un seguimiento minucioso al debate público y, más específicamente, a la coyuntura política. No obstante, cuando se toma la prensa como fuente primaria de investigación, se corre el riesgo de quedar en la inmediatez de los hechos. Para evitar esto, en el desarrollo del proceso investigativo se estuvo atento a interpretar los acontecimientos e inscribirlos en tendencias de más largo plazo del devenir histórico del país, así como en buscar apoyo de analistas académicos, de teorías o conceptos de las ciencias sociales (especialmente de la ciencia política) que fueran de utilidad para entender aspectos del proceso estudiado. En resumen, la investigación trató de ser cuidadosa con la advertencia de Renán Silva a los historiadores sobre la importancia de no confundir la consigna de “dejar hablar a las fuentes”, con la “ilusión positivista” de que los documentos “hablan por sí solos”.72

7. LA ESTRUCTURA DEL TEXTO

El texto consta de cinco capítulos. En el capítulo 1, “La elección de Álvaro Uribe Vélez: una nueva representación del conflicto”, se analiza la aparición de Uribe en el escenario político nacional en el marco de la campaña electoral del 2002. Se muestra el proceso mediante el cual el candidato logra posicionar el tema de la seguridad en el debate público y diferenciarse de los otros aspirantes a la presidencia, específicamente del contrincante principal y candidato de la paz, el liberal Horacio Serpa Uribe. Con el tema de la seguridad como bandera y un discurso de “firmeza” frente a los grupos armados, en especial respecto a las FARC, Uribe consiguió sintonizarse con el electorado e imponerse rápidamente a los demás candidatos.

En el capítulo 2, “La utilización del miedo como estrategia política”, se examinan las estrategias discursivas mediante las cuales el presidente Uribe identifica a las FARC como la mayor amenaza que enfrenta la sociedad colombiana. A partir de un miedo arraigado en un problema real, el crecimiento evidente de las zonas de influencia de las FARC, las manifestaciones de poder de este grupo expresadas en acciones de aniquilamiento a unidades militares, su amenaza de “llevar la guerra a las ciudades” y su intención de establecer un “impuesto” a los grandes patrimonios,73 el presidente logra mantener altos niveles de aceptación en la opinión. Las FARC, con sus acciones, aun en contra de sus propósitos, contribuyeron a la cristalización de esa representación, la de las “FARC como enemigo público” (si nos atenemos a la definición schmittiana de enemigo político) y amenaza principal para los colombianos.

El problema del orden, es decir, el de la convivencia pacífica de los colombianos, será la prioridad del Gobierno; de la resolución de este problema dependerá que el país supere los demás problemas sociales y políticos. Para hacer frente al desafío que para la convivencia representaban los grupos armados, el Gobierno concibió la PDSD. El análisis de esta política se aborda en el capítulo 3, “Las luchas se libran también en el campo de la representación”. En este capítulo se presentan los discursos de la seguridad en Colombia desde el Frente Nacional, al tiempo que se avizoran los desarrollos y retrocesos del país en materia de seguridad y defensa. Se muestran también las luchas que se libraron en el terreno de lo imaginario, entre defensores y detractores de la Seguridad Democrática.

El capítulo 4, “Uribe y la oposición: el juego de la enemistad”, examina el proceso mediante el cual, mientras crecía la popularidad del presidente y el apoyo a la Política de Seguridad, prosperaba la hostilidad del Gobierno contra las voces disidentes, se tratara de la oposición en el Congreso (especialmente la bancada de la izquierda democrática, liderada por el Polo Democrático Alternativo), de los activistas a favor del acuerdo humanitario, o las organizaciones de la autodenominada sociedad civil,74 proclives no sólo al Acuerdo, sino también a la búsqueda de la paz por la vía de la negociación.

El capítulo 5, “La reelección presidencial inmediata: el cambio de las reglas de juego”, aborda el discurso de Uribe sobre la “necesidad” de continuar en el poder, su justificación. Se analiza la forma como el Gobierno se va deslizando, a veces sutilmente, otras, de manera descarada, de la “nueva política”, que decía encarnar el candidato presidencial, a las prácticas de la “vieja política”, y cómo en función de sus intereses reeleccionistas pasa de la defensa del Estado (la lucha contra los grupos armados ilegales), a su debilitamiento, mediante el cambio de las reglas de juego previamente establecidas, para favorecer sus aspiraciones políticas.

Al final se presentan algunas de las principales conclusiones de este trabajo.

1. Véanse Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú yVenezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 17-72, y Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad (Bogotá: Planeta, 2001).

2. Daniel Pécaut, “Simbólica nacional, liberalismo y violencias”, en Colombia 1910-2010, eds. María Teresa Calderón e Isabela Restrepo (Bogotá: Tauros, 2010), 41-118.

3. Esta guerrilla tiene su origen en la llamada Violencia de los años cincuenta y en los procesos de autodefensa campesina, orientados por el Partido Comunista Colombiano (PCC). Públicamente se van a constituir como FARC en la Segunda Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur, abril-mayo de 1966. Eduardo Pizarro Leongómez, Las FARC (1949-1966): de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha (Bogotá: Universidad Nacional - Tercer Mundo Editores, 1991), 187.

4. El paramilitarismo en Colombia es un fenómeno complejo, aún no suficientemente estudiado y explicado. No obstante, sus orígenes en los años ochenta parecieran estar relacionados con el narcotráfico. En este sentido, afirma Fernando Cubides: “Si hay una verdad establecida, una sabiduría convencional como se dice, es la que relaciona la primera etapa de actividad de los narcotraficantes —una etapa de acumulación y expansión patrimonial—, con la formación de los primeros grupos de justicia privada, los núcleos originales del paramilitarismo […]”. Fernando Cubides, “Narcotráfico y guerra en Colombia: los paramilitares”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú yVenezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 389.

5. Mauricio Romero, “Democratización política y contra reforma [sic] paramilitar en Colombia”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú yVenezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 342.

6. Peter Waldmann, “Guerra civil: aproximación a un concepto difícil de formular”, en Sociedades en guerra civil. Conflictos violentos de Europa y América Latina, comps. Peter Waldmann y Fernando Reinares (Barcelona: Paidós, 1999), 29-60.

7. Véase Daniel Pécaut, Crónica de cuatro décadas de política colombiana (Bogotá: Norma, 2006), y Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe Ramón, El orden de la guerra: las FARC-EP, entre la organización y la política (Bogotá: Centro Editorial Javeriana (CEJA), 2002).

8. Eduardo Pizarro Leongómez, Las FARC (1949-1966):…

9. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz y polarización política”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 73-102.

10. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

11. Partido creado bajo la tutela del Partido Comunista Colombiano (PCC) y las FARC, durante los acuerdos de paz entre este grupo guerrillero y el gobierno de Belisario Betancur. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

12. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

13. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

14. Prohibir la extradición de colombianos a Estados Unidos era la meta principal.

15. Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia Colciencias, 1989).

16. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

17. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada…”, 17-72.

18. La mayoría de los analistas coinciden en afirmar que la improvisación y la falta de una estrategia de negociación resultaron claves a la hora de explicar el fracaso de las negociaciones de paz de Andrés Pastrana.

19. Jesús Antonio Bejarano Ávila, Una agenda para la paz.Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995).

20. “[…] enemigos de la paz y la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno”. Esta frase la acuñó el político liberal Otto Morales Benítez, en carta dirigida al presidente Betancur, cuando renunció a la Comisión de Paz creada en ese gobierno. Allí se refirió a las dificultades del proceso de paz en curso: “Sé que aún le falta a su gobierno una tarea muy exigente. La más apremiante, es rechazar el escepticismo, y a veces el pesimismo beligerante, que se apodera de todos.Y combatir contra los enemigos de la paz y de la rehabilitación, que están agazapados por fuera y por dentro del gobierno. Esas fuerzas reaccionarias en otras épocas lucharon, como hoy, con sutilezas contra la paz, y lograron torpedearla. Por ello nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”. Otto Morales Benítez, “Renuncia a la presidencia de la Comisión”, 25 de mayo de 1983, en Papeles para la Paz (Bogotá: Árbol que piensa, 1991), http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/papeles/papeles6.htm (Fecha de consulta: 12 de octubre de 2011).

21. Movimiento guerrillero de composición indígena, cuyo nombre refiere al líder indígena caucano más importante del siglo xx (1880-1967).

22. Malcolm Deas, “Prólogo”, en Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos, por Jesús Antonio Bejarano Ávila (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1995), vii-xxiii.

23. La Alianza Democrática M-19 (movimiento creado tras la desmovilización de ese grupo guerrillero) obtuvo la segunda votación (15,48%), después del Partido Liberal (26,75%), en las elecciones del 9 de diciembre de 1990 para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Dicha Asamblea sesionó entre el 5 de febrero y el 14 de julio de 1991, y produjo como resultado la Constitución de 1991, que rige desde esa fecha el ordenamiento jurídico-político colombiano. El EPL, el PRT y el Quintín Lame contaron con “Delegatarios con voz en la ANC, el primero con dos delegatarios, el segundo y el tercero con uno respectivamente”. Estos delegatarios fueron nombrados por el presidente César Gaviria Trujillo. Miguel Silva, “La Asamblea Constituyente de 1991”, en Nueva Historia de Colombia, vol. 7, dir. Álvaro Tirado Mejía (Bogotá: Planeta, 1998), 107-121.

24. Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe (Bogotá: Planeta, 2003).

25. Alfredo Rangel Suárez, Colombia: guerra en el fin de siglo (Bogotá:Tercer Mundo Editores - Universidad de los Andes, 1998).

26. Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas.

27. Importante zona de ganadería extensiva situada en el norte del país, limítrofe con el departamento de Antioquia.

28. Aunque la región de Urabá comprende parte de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba, en la investigación se hace referencia al Urabá antioqueño, en el noroccidente del departamento. Estos territorios albergan grandes plantaciones de banano para la exportación.

29. Se le denominó “Proceso 8.000” pues “fue el número del expediente del proceso que la Fiscalía adelantaba contra nueve congresistas y dos funcionarios que supuestamente habían recibido dinero del Cartel de Cali”. Redacción El Tiempo, “Investigan a Ernesto Samper por dineros de ‘narcos’ durante el Proceso 8000”, El Tiempo, Bogotá, 23 de noviembre de 2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8430520 (Fecha de consulta: 16 de agosto de 2011).

30. Arlene B.Tickner, “Tensiones y consecuencias indeseables de la política exterior estadounidense en Colombia”, Revista Colombia Internacional, núms. 49-50 (2000): 39-61, http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/370/index.php?id=370 (Fecha de consulta: 15 de octubre de 2011).

31. Palabra usada por García Durán. Mauricio García Durán, “De Turbay a Uribe: sin política de paz pero con conflicto armado”, en En la encrucijada: Colombia en el siglo XXI, ed. Francisco Leal Buitrago (Bogotá: Centro de Estudios Sociales Universidad de los Andes (CESO) Norma, 2006), 479-511.

32. Político conservador que gobernó a Colombia en el período 1974-1978, después de un discutido triunfo electoral sobre el exgeneral y expresidente de facto Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), movimiento de clara orientación populista, inspirado fuertemente por la experiencia de Juan Domingo Perón y Eva Duarte en Argentina (1946-1955). Este acontecimiento ha sido interpretado por los historiadores de ese período y por muchos comentaristas de todo tipo, como un “fraude electoral”.

33. Alfredo Rangel Suárez, Colombia:…

34. Alfredo Rangel Suárez, Colombia:…, 180.

35. Reconocido economista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, experto en problemas agrarios, exconsejero de paz del gobierno de Gaviria y asesor de la campaña de Andrés Pastrana.

36. Bibiana Mercado, “No tenemos candidato, dicen las FARC”, El Tiempo, Bogotá, 18 de junio de 1998, www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-785991 (Fecha de consulta: 12 de noviembre de 2011).

37. Creadas mediante el Decreto 356 de 1994. Para Gonzalo Sánchez, en regiones como Antioquia, las “Autodefensas recibieron una especie de legalización encubierta a través de las llamadas CONVIVIR […]”. Muy cercanas, para este autor, a las Rondas Campesinas en Perú, y las Patrullas Civiles, en Guatemala. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada…”, 50.

38. Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas.

39. Véanse Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas, y Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

40. Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas.

41. Daniel Pécaut, “Simbólica nacional…”, 105.

42. Daniel Pécaut, “Simbólica nacional…”, 105.

43. Corey Robin, El miedo. Historia de una idea política (México: Fondo de Cultura Económica, 2009), 15.

44. Corey Robin, El miedo…, 15.

45. Corey Robin, El miedo…, 15-16.

46. Corey Robin, El miedo…, 40.

47. Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002 (Bogotá: Norma, 2007).

48. Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó?…, 497.

49. Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó?..., 497.

50. Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó?…, 497.

51. Véase Redacción El Espectador, “La desconfianza ciudadana se apoderó del sector privado”. El Espectador, Bogotá, 3 de junio de 2009, http://www.elespectador.com/articulo143815-desconfianza-ciudadana-se-apodero-del-sector-privado (Fecha de consulta: 20 de septiembre de 2011).

52. Guillermo O’Donnell, Osvaldo Iazzetta y Hugo Quiroga, coords., Democracia delegativa (Buenos Aires: Prometeo libros, 2011).

53. Emilio Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa (Buenos Aires: Schapire S.R.L., 1968).

54. Emilio Durkheim, Las formas elementales…, 434.

55. En esta interpretación, el conflicto armado había llegado a un punto de evolución en el cual ni el Estado estaba en capacidad de propinarle una derrota militar a la insurgencia, ni ésta tenía condiciones para acceder al poder por la vía armada. De esa manera, entonces, se imponía la negociación.

56. Sheldon S. Wolin, Democracia S. A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido (Buenos Aires: Katz Editores, 2008).

57. Corey Robin, El miedo…

58. Corey Robin, El miedo…, 17.

59. Max Weber, Economía y sociedad, t. 1 (México: Fondo de Cultura Económica, 1984).

60. Bronislaw Baczko, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas (Buenos Aires: Nueva Visión, 2005).

61. Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la represéntation démocratique en France (París: Gallimard, 1998), 346.

62. Véanse Neyla Graciela Pardo, “Representaciones de la política de seguridad democrática en el discurso de Álvaro Uribe Vélez: ¿Estado Comunitario?”, Revista Discurso y Sociedad, vol. 4, núm. 2. (2010), http://www.dissoc.org/edi-ciones/v04n01/DS4%281%29Pardo.pdf (Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2011); Ana Cristina Vélez López, ”La presión simbólica de la opinión pública en la prensa: análisis del caso reelección presidencial en Colombia 2004-2005”, Reflexión Política, núm. 18 (2006): 104-115, y Alejandro Carvajal Pardo, “Semántica y pragmática de la guerra y de la paz. Usos discursivos de presidente Uribe para incidir en el conflicto armado colombiano”, Perspectivas Internacionales, vol. 3, núm. 2. (2007): 7-38.

63. Véanse Omar Rincón, “La televización de la política (Uribe: ¿una producción de la realidad o una historia de ficción?)”, Revista Foro, núm. 45 (2002): 38-49, y Omar Rincón, “¿La comunicación no tiene ideología?”, en Los tele-presidentes: cerca del pueblo, lejos de la democracia. [Crónicas de 12 presidentes latinoamericanos y sus modos de comunicar], ed. Omar Rincón (Bogotá: Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Friedrich Ebert Stiftung, 2008), 5-13.

64. Véanse Ana María Miralles, “Medios y elecciones: la fabricación del consenso”, Revista Foro, núm. 45. (2002), 50-61, y Fabio López de la Roche, “Opinión, información y ficción en los medios de comunicación colombiano”. Revista Foro, núm. 45. (2002): 15-34.

65. Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo (Madrid: Alianza, 1998).

66. Cristina de la Torre, Álvaro Uribe Vélez o el neopopulismo en Colombia (Medellín: La Carreta, 2006).

67. Ricardo Sánchez Ángel, Bonapartismo presidencial en Colombia: el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (Bogotá: Uniediciones, 2005).

68. Jurgen Habermas, Perfiles filosóficos-políticos (Madrid: Tauros, 1975).

69. Norbert Elias, La sociedad cortesana (México: Fondo de Cultura Económica, 1982).

70. Michel Foucault y Gilles Deleuze, “Un diálogo sobre el poder”, en Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Michel Foucault (Madrid: Alianza: 1981), 7-19.

71. Lucrecia Escudero Chauvel, “Espacio público y espacio de los medios: la agenda y las elecciones mexicanas”, Cuadernos de información y comunicación, vol. 13 (2008): 107-130.

72. Renán Silva, A la sombra de Clío (Medellín: La Carreta Histórica, 2007).

73. “‘Ley 002 sobre tributación’ del Estado Mayor de las FARC, promulgada en marzo del 2000, para los patrimonios superiores a un millón de dólares”. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada…”, 45.

74. El concepto de sociedad civil se define en el capítulo 4.

capítulo 1

1.1. LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 2002

Es común en Colombia que, de cara a unos nuevos comicios electorales, la actividad militar de los grupos armados ilegales se incremente. Son varias las razones de este comportamiento: en unos casos, estos grupos buscan impedir el desarrollo libre de las elecciones; en otros, mostrar que constituyen un poder territorial, aunque, sin lugar a dudas, pretenden incidir en los resultados de la contienda electoral. Como una rutina que suele repetirse cada cuatro años, la guerrilla despide al presidente saliente y recibe al nuevo huésped de la Casa de Nariño (sede de gobierno) con una ofensiva militar.1 Con esta conducta, tratan de mostrarle al nuevo presidente que son un actor político con el que tendrá que contar, presionar el ingreso del tema de la paz en la agenda del presidente recién elegido y forzar otra vez el inicio de las negociaciones.

En ese momento, como en otras ocasiones, estaba en curso en Colombia un proceso de paz (entre el gobierno de Andrés Pastrana Arango y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia —FARC—). Es habitual que durante los diálogos de paz, el activismo armado de la guerrilla se incremente, buscando mejorar su posición en la mesa de negociación. En esta ocasión, la guerrilla pretendía, con su activismo armado, mejorar dicha posición y obligar al nuevo presidente a continuar con los diálogos de paz. A su vez, las operaciones armadas de los grupos paramilitares estaban dirigidas a consolidar y expandir su dominio territorial, a debilitar las conversaciones en curso y, sobre todo, a buscar el reconocimiento de estatus político como actores del conflicto. La actividad militar de estos grupos en los límites de la “zona de despeje” ocasionó innumerables reclamos por parte de las FARC al Gobierno y produjo constantes desencuentros entre las partes.2 Además, se convirtió en uno de los pretextos de esa guerrilla para dar por terminados los diálogos de paz y culpar al gobierno del presidente Pastrana por el fracaso.

En esta coyuntura, se adelantaban también dos procesos electorales en Colombia: elecciones parlamentarias en el mes de marzo y presidenciales en el mes de mayo. Los asuntos del orden público y de la seguridad de los candidatos fueron ampliamente debatidos en la prensa:

Este año los candidatos a la Presidencia y al Congreso de la República tienen dos retos: llegar vivos a las elecciones y luego ya elegidos, hacer profundas reformas al sistema político si quieren evitar un colapso institucional. Los actores armados ilegales —guerrilla, paramilitares y narcotraficantes— han logrado apostarse en espacios estratégicos de la sociedad y pretenden amedrentar a quienes compiten por el poder en las urnas […] Los candidatos, todos, han eliminado itinerarios por tierra y reuniones a campo abierto. Su trabajo proselitista se hace, principalmente, a través de los medios de comunicación. Pocas reuniones de plaza pública se verán en los próximos cinco meses […] En la actualidad cuatro congresistas aparecen secuestrados por las Farc […] El nivel de riesgo que se cierne sobre los congresistas los llevó a aprobar el año pasado una ley que los habilita para ser elegidos, si están secuestrados […].3

Las condiciones de seguridad obligaron a los candidatos a realizar el debate electoral básicamente a través de los medios de comunicación. En consecuencia, el conflicto armado y su solución estuvieron en el centro de la discusión pública, mientras que otros asuntos de interés, como la gestión macroeconómica, el desempleo y la desigualdad social, perdieron relevancia en esa coyuntura.

Entre tanto, el gobierno de Andrés Pastrana se percibía por la opinión pública como débil; era un mandato que había hecho del tema de la paz su bandera y que, no obstante, carecía de una estrategia concreta de negociación. Su gobierno no había pactado, previamente a las negociaciones de paz, un cese de hostilidades con la guerrilla, ni establecido desde un principio controles claros por parte del Estado para el territorio “despejado”. Todo esto era interpretado por un sector de la opinión, incluidos algunos candidatos a la presidencia, como exceso de concesiones por parte del Gobierno a la guerrilla. Estas ventajas, decían, habían sido utilizadas de manera hábil por la guerrilla para fortalecerse militarmente y continuar con su proyecto estratégico de toma del poder por la vía armada. Particular polémica generó el uso que las FARC hicieron de la llamada “zona de distensión” o de “despeje”, que comprendía cinco municipios del suroriente del país.4

Las innumerables crisis del proceso de paz y su posterior ruptura tuvieron una amplia difusión en los medios de comunicación. Si en algo coincidieron analistas políticos de distintos matices era en que ningún balance que se hiciera del proceso podía ser optimista, entre negro, gris y preocupante, como lo definió el diario El Tiempo:

El proceso de paz resiste balances de diferentes matices, aunque ninguno de ellos dé lugar al optimismo. El primero y más evidente, es negro. En el 2001 fueron voladas 254 torres, destruidos docenas de inermes pueblos y secuestradas casi 3.000 personas. Paramilitares y guerrilleros cobraron la vida de 2.060 civiles, hubo 4.820 operaciones del Ejército (1.600 más que en el 2000), incontables masacres y cerca de 1.000 desplazados que salieron cada día de más de 500 municipios. Fueron asesinados 153 líderes sindicales y 13 defensores de derechos humanos, y muchos más fueron amenazados o partieron al exilio. Un segundo balance es gris. Las negociaciones con la guerrilla transcurren en el mejor estilo kafkiano, y los diálogos con el Eln y las Farc pasaron más tiempo suspendidos que activos […] Un tercer balance, preocupante, es el de la opinión. El pesimismo es generalizado y hay síntomas de derechización en sectores medios que lamentablemente ven una salida en el ángel de la muerte de las Autodefensas o en la guerra total […].5

La ausencia de resultados y las fallas del proceso fueron ampliamente comentadas y circularon continuamente en la prensa: “Tres años después de iniciarse el proceso de diálogo entre el Gobierno y las Farc, la paz no llega y el conflicto se ha degradado por culpa de la guerrilla y los paramilitares”.6 Analistas políticos y candidatos trataban de explicar lo que sucedía: “Las Farc han ganado sin negociar, mientras que el Gobierno ha negociado sin ganar”, dijo Pedro Medellín, analista político. “Volvieron el Caguán una especie de Escuela Superior de Guerra”, manifestó Luis Eduardo Garzón, candidato a la presidencia por el Frente Social y Político. “Pero es mejor tener diálogo que no tenerlo”,7 apuntó Gustavo Petro, representante a la Cámara por el Movimiento Vía Alterna y candidato a esa corporación, otra vez con el aval del mismo movimiento.8

Para Pedro Medellín, que las FARC ganaran sin negociar, significaba que aprovecharían el tiempo para tomar aire y rearmarse, sin avanzar en ningún punto de la agenda. El concepto del entonces candidato del Frente Social Político sobre la “zona de despeje” expresó el sentimiento dominante en la opinión pública: la crítica al uso que las FARC hicieron de ese territorio despejado de la presencia de fuerza pública, no como zona para adelantar diálogos y negociación, tendientes a la búsqueda de la paz, sino como lugar para entrenar sus tropas y avanzar hacia una nueva fase de la guerra. Desde esta perspectiva, la negociación con el Gobierno fue parte de una estrategia de la guerrilla conducente no a la paz, sino a la guerra.9

El punto de vista de Gustavo Petro, de insistir en continuar con el proceso de paz, no obstante expresar críticas al mismo, representó un sector de la opinión que, en la puja por la presidencia, coincidió con el del candidato oficial del Partido Liberal, Horacio Serpa Uribe. El candidato liberal mantuvo en esta campaña la línea que siguió a lo largo de su carrera política, y que respondía a una tendencia del electorado colombiano hasta ese momento, la de preferir las políticas de diálogo y negociación;10 por tanto, optó por presentarse ante los electores como el candidato de la paz y la reconciliación nacional, decisión que, a la postre, no benefició sus aspiraciones presidenciales.

En uno de los tantos episodios de crisis, el comisionado de Paz del Gobierno, Camilo Gómez Alzate, confirmó la ruptura: “El Gobierno trajo propuestas y alternativas que permiten darle perspectivas al proceso. Las Farc las han desechado y solo insisten en que debemos cambiar los controles de la zona [de despeje] y no ha considerado las posibilidades concretas para avanzar”.11

Los candidatos expresaron sus opiniones frente al hecho consumado. Algunos, como Álvaro Uribe, ya habían pronosticado su fracaso. Las posiciones de los aspirantes a la presidencia influyeron en la representación que se formaron los colombianos, no sólo del proceso de paz, sino también de los candidatos a la presidencia (elección que en Colombia es principal y capta la mayor atención del electorado): ¿cuál de ellos sería el más “idóneo” para gobernar a Colombia en un escenario sin proceso de paz y en el que se preveía un mayor escalonamiento de la guerra?

Horacio Serpa manifestó: “No me resigno a que el futuro sea de guerra. Tenemos que seguir luchando por la reconciliación nacional”. Álvaro Uribe, en cambio, dijo que: “La zona de distensión era insostenible como estaba. Se necesita veeduría internacional y cese de hostilidades […] El país se tiene que convencer con lo que pasó que a los grupos violentos se les puede frenar cuando el Estado ejerce autoridad y les demuestra que es capaz de derrotarlos”. La candidata Noemí Sanín anotó: “Obviamente, no es una buena noticia para el país […] La responsabilidad única de la situación en que se encuentran el conflicto y el proceso de paz es de las Farc”.12

Mientras que Noemí Sanín culpaba a las FARC por la ruptura y Horacio Serpa insistía en la necesidad de continuar luchando por la reconciliación nacional, el candidato Álvaro Uribe repitió las mismas críticas al diálogo y a la zona de despeje que sostuvo durante el proceso de paz y en el desarrollo de su larga campaña por la presidencia frente a distintos públicos y escenarios.

1.2. DIÁLOGOS DE PAZ Y ESTRATEGIAS DE GUERRA

Más allá de las declaraciones públicas del Gobierno y las FARC en las que cada uno expresaba su buena voluntad y no cesaba de culpar al otro por el fracaso del proceso, los analistas especularon sobre las causas del rompimiento de los diálogos y, en tal dirección, indagaron en la estrategia de negociación de las partes. Para algunos, el proceso tuvo un “denominador común”:

[…] dialogar sin avances mientras se prepara la guerra por eso hoy impera otra verdad estratégica: el gobierno muestra su nueva logística. Dos batallones de alto entrenamiento militar y asesoría de EU, aviones, helicópteros, unidad de alta montaña, en síntesis, una nueva infraestructura para forzar la paz. Pero las Farc tampoco han desaprovechado las falencias del proceso para fortalecerse. Basta recordar el escándalo de la frustrada compra de 50.000 fusiles A-K47 de procedencia jordana, o la captura de tres irlandeses, a quienes se acusa de pertenecer al Ejército Republicano Irlandés, IRA, y prestar entrenamiento a la guerrilla en la zona de distensión. Ha sido el juego de hablar de paz mientras se arma la guerra.13

De acuerdo con este balance, la crisis del proceso de paz dejó al descubierto la agenda oculta de las partes: negociar la paz era una estrategia para ganar tiempo mientras se avanzaba en la preparación de una nueva fase de la confrontación. Esta visión es discutida por analistas del proceso de paz como Daniel Pécaut, quien la califica de “simplista”, aunque si se mira con cuidado su tesis, él mismo reconoce que algo de esto también pudo existir: “es más verosímil que hayan buscado medir las posibilidades de llegar a unos acuerdos así fuesen parciales. Sin embargo, es cierto que desde un comienzo actuaron en función de la probabilidad de que se fracasara, diseñando estrategias alternativas”.14

La negociación como parte de la guerra (“continuación de la guerra por otros medios”, invirtiendo la sentencia de Karl von Clausewitz) tiene antecedentes importantes para recordar en los procesos de paz de la década de los ochenta. Así pues, mientras entre los años 1966 y 1982, las FARC tuvieron un crecimiento vegetativo, circunscrito a zonas periféricas del país, como lo describen estudiosos del conflicto armado colombiano como Eduardo Pizarro15 y Daniel Pécaut,16 en los años ochenta ese crecimiento se disparó a raíz de la tregua pactada en los procesos de paz adelantados por el presidente Belisario Betancur y por el ingreso de flujos de dinero provenientes del narcotráfico a las finanzas de esta organización. Así, de 15 frentes en 1982, se pasó a 40 en los años noventa y a más de 60 en el 2000. En efectivos, se pasó de 2.000 en 1982, a 8.000 en 1990 y a 17.000 en el año 2000.17

En síntesis, durante estos dieciocho años, los frentes se multiplicaron por cuatro y los efectivos por ocho y medio, cifras que realmente muestran de manera contundente la existencia de un problema serio, que no se puede minimizar con la célebre fórmula de negar el conflicto y de afirmar que todo se reduce a un fenómeno de terrorismo, sin matices de ninguna clase y simplificando el diagnóstico con fines de retórica política.

Jacobo Arenas, legendario líder comunista fundador de las FARC, aceptó, en una entrevista con Arturo Álape, la importancia de los acuerdos de La Uribe18 para el desarrollo institucional de esa organización y en su reconocimiento como actores políticos:

Cuando los acuerdos de la Uribe nos convertimos en un interlocutor político para el establecimiento, y eso nos da una proyección política muy grande en el nivel nacional e internacional. Los acuerdos de la Uribe nosotros en la institucionalización de las Farc, no los podemos pasar por alto […] Al firmar los acuerdos de la Uribe éramos veintisiete frentes, y cuando se da el ataque a Casa Verde llegamos a cuarenta y pico, por eso es que muchos analistas dicen que nosotros utilizamos la tregua para crecer, porque pasamos de veintisiete frentes a más de cuarenta.19

1.3. UN CAMBIO EN LAS REPRESENTACIONES SOBRE EL CONFLICTO Y SUS ACTORES

Aunque en el discurso público los gobiernos han optado a veces por el lenguaje de la confrontación, la posibilidad de emprender diálogos conducentes a la paz con los grupos armados ilegales, especialmente con las guerrillas, ha estado presente en las políticas públicas de las distintas administraciones en las tres últimas décadas. Esta afirmación se puede constatar cuando se observan los distintos “dispositivos formales de negociación del poder ejecutivo”,20 creados para buscar acercamiento con los grupos insurgentes: Comisión de Paz (1981), Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional (1982), Consejería para la Reconciliación, la Normalización —CRNR— (decretos de 1986 y 1991), Consejería para la Paz u Oficina del Alto Comisionado para la Paz (decretos de 1994 y 2001). La Oficina del Alto Comisionado para la Paz se mantuvo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, adquiriendo “el rango de un ministerio”.21

Los resultados de estas iniciativas fueron parciales, en la medida en que no lograron la incorporación a la vida democrática de la totalidad de organizaciones insurgentes, especialmente de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos de mayor importancia por su antigüedad, y porque las FARC son la organización con más número de combatientes y de frentes. Los esfuerzos de paz de casi tres décadas, con resultados limitados, siguieron un modelo de negociaciones de paz por cuotas, como lo denomina Gonzalo Sánchez,22 y crearon en la opinión pública un sentimiento de frustración con estos procesos. Pero esta vez, varios elementos de la coyuntura nacional e internacional hicieron diferentes las negociaciones de paz en cuestión, a las de otras épocas en las que, tras un fracaso de los diálogos, sobrevenía una nueva negociación.

Después del 11 de septiembre de 2001, la opinión de los colombianos sobre las FARC al parecer estaba transformándose. Para este momento, comenzaban a cambiar su representación sobre esa organización, tanto en términos de la amenaza a la seguridad que ella encarnaba, como de su significación política. La idea de la “insurgencia altruista” comenzaba a perder peso frente a la de una organización “terrorista”, armada y financiada con dineros del narcotráfico, y sin ninguna voluntad de paz. Después de los malogrados diálogos, un importante sector de opinión comenzó a creer seriamente que la derrota militar de la insurgencia era posible. Esta idea puede haber sido fortalecida por el proceso de modernización del aparato militar que el gobierno de Pastrana adelantaba en ese momento (paralelo a la mesa de diálogos), proceso que contaba, además, con el apoyo y la asesoría de Estados Unidos, a través del Plan Colombia.

Sin embargo, aunque la posibilidad de una negociación con los grupos armados ilegales (no sólo con las guerrillas) estuvo presente en el discurso del candidato, Uribe sin duda estaba proponiendo un viraje en el tratamiento del tema del diálogo y la negociación, viraje que se sintetiza en una frase que repitió incansablemente en diferentes ocasiones durante la campaña: “La mano firme contra la violencia no es guerra, la autoridad del Estado es garantía de paz, la autoridad del Estado frena la violencia. Cuando se disuaden los violentos, ahí sí toman el diálogo en serio”.23

En este contexto, para decirlo en términos de Bobbio, tanto la guerra como la paz adquirieron distinto valor: la guerra (confrontación militar de las guerrillas) obtuvo un valor positivo ante la inseguridad y el miedo; la paz (producto de una negociación con las guerrillas), en cambio, recibió un valor negativo,24 en tanto se la veía como la claudicación del Estado frente a las pretensiones de la guerrilla. Esta idea fue reforzada por la actitud de una guerrilla “altanera”, como la describió Lorenzo Madrigal (Héctor Osuna Gil),25 o que padecía “un desmesurado envalentonamiento”, de acuerdo con la expresión utilizada por el editorial del diario El Tiempo.26

Tal vez el candidato que mejor supo interpretar estos sentimientos presentes en el ambiente fue Uribe, cuando propuso darle un giro a la búsqueda de la paz, mediante el ejercicio de la autoridad del Estado y el debilitamiento militar de las organizaciones armadas, especialmente de las guerrillas de las FARC.

1.4. LOS CANDIDATOS, LOS PARTIDOS Y LA CAMPAÑA

En una campaña signada por el fracaso del proceso de paz en curso y por el recrudecimiento del conflicto armado interno, un disidente del Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez,27 resultó ganador en las elecciones presidenciales del año 2002. Su candidatura fue avalada por el movimiento independiente Primero Colombia.28 Este triunfo convirtió a Uribe en el primer político de origen liberal que, en el transcurso del siglo xx, alcanzó la Presidencia de la República a nombre de una disidencia de este partido.

En esas elecciones compitieron otros dos candidatos de origen liberal: Horacio Serpa Uribe, a nombre del partido, e Ingrid Betancourt, exrepresentante a la Cámara por Bogotá, senadora y aspirante a la presidencia, en esta ocasión, del Movimiento Oxígeno Verde.29 Dos conservadores participaron también en la contienda electoral: Juan Camilo Restrepo, candidato oficial del partido, y Noemí Sanín, que si bien no se definió como disidente, representó esta vez al movimiento independiente Sí Colombia. El dirigente sindical Luis Eduardo Garzón fue la carta del Frente Social y Político, movimiento de izquierda surgido al interior de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Este movimiento se definió como independiente del Estado y de los partidos políticos. Aunque la aspiración presidencial de Garzón era poco viable en términos electorales, ocupó un honroso tercer lugar, por encima de Sanín, política conservadora con amplia trayectoria, dos veces candidata presidencial, ministra y embajadora, tanto en gobiernos liberales como conservadores.

Las candidaturas conservadoras se fueron desvaneciendo en el transcurso de la campaña. Noemí Sanín comenzó en el segundo lugar de intención de voto, después del candidato liberal; no obstante, rápidamente perdió el impulso inicial. Tal vez la ausencia de una propuesta clara y creíble sobre cómo superar el conflicto armado, sumada a una estrategia de alianzas errática, fue la causa de su declive. En un primer momento, Sanín se presentó como independiente ante el electorado; posteriormente pretendió el apoyo del Partido Conservador, para luego buscar de nuevo ser “identificada como independiente”.30

La candidatura de Juan Camilo Restrepo nunca fue viable. El cuarto y quinto lugar que ocupó en las encuestas de intención de voto así lo confirmaron. El débil apoyo de sus copartidarios (en un principio algunos dirigentes conservadores respaldaron la aspiración presidencial de Noemí Sanín), llevaron a Restrepo a abandonar la campaña y a declinar sus aspiraciones presidenciales; mientras tanto, dirigentes destacados del partido migraban31 masivamente a la campaña del candidato favorecido en las encuestas, buscando posicionarse del lado de quien, presumían, sería ganador.32

Similares circunstancias enfrentó el candidato oficial del Partido Liberal; ante un eventual triunfo del candidato “disidente liberal”, sus apoyos políticos se fueron debilitando. La prensa empezó a especular respecto al efecto que sobre las campañas tendría el ascenso de Uribe: “Hoy, los analistas creen probable que sea presidente en la primera vuelta. El escenario de guerra le ayuda […] Los analistas prevén una desbandada liberal y conservadora hacia Uribe. En las toldas liberales se dice que varios congresistas, entre ellos Germán Vargas Lleras, adherirán a Uribe, mientras que algunos líderes del Coraje, conservador, muy en privado, están repensando sobre su apoyo a Sanín”.33

El apoyo del jefe del Partido Cambio Radical (de origen liberal), el senador Germán Vargas Lleras,34 a la candidatura de Uribe Vélez, generó una especial conmoción en la campaña de Serpa; fue un acontecimiento de gran significación política y, por tanto, con amplia repercusión en los medios de comunicación.

En este escenario, tanto Serpa como el Partido Liberal obtuvieron su segunda derrota consecutiva, pese a presentarse con candidato único. En 1998, Serpa fue derrotado, en segunda vuelta, por Pastrana, y en 2002 la historia se repitió: aquél y su partido resultaron vencidos, esta vez en primera vuelta y por su antiguo copartidario político, Álvaro Uribe Vélez.

Sin embargo, Uribe Vélez no parecía ser el candidato con más opción para ganar las elecciones en el 2002, realidad que se constata al revisar la literatura sobre la campaña. Los editorialistas, columnistas y analistas políticos describieron su ascenso vertiginoso en las encuestas como un “caso realmente excepcional”,35 como un fenómeno político.36 En relación con los resultados de las encuestas que daban como posible ganador a Uribe, Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, afirmó de Uribe que se trataba del puntero que se les coló a los medios “sin que ellos se dieran cuenta”,37 y aludió al poco interés que los medios mostraron por las propuestas del candidato, antes que las encuestas lo situaran en el primer lugar en la intención de voto.

Pese a haber sido un senador “sobresaliente”38 del Partido Liberal durante dos períodos consecutivos, y gobernador “destacado”39 del departamento de Antioquia por el mismo partido, se trataba más de un dirigente regional que nacional. ¿Qué llevó a este dirigente de provincia a ascender rápidamente en las encuestas de intención de voto40 y a imponerse en menos de cuatro meses sobre el más serio aspirante a la presidencia en ese momento, el candidato del Partido Liberal, el reconocido político santandereano, Horacio Serpa Uribe?

Dos hipótesis pueden ayudar a entender la derrota de este experimentado político liberal y el ascenso de Uribe: en primer lugar, por tratarse de un político con amplia trayectoria en distintas instancias de los poderes públicos, Serpa parecía ser el candidato con más posibilidades de triunfo; había ostentado cargos que le dieron visibilidad nacional y recordación, como fue la presidencia (tripartita) de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, y el Ministerio de Gobierno durante la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Pero la ventaja de ser reconocido implicaba también la desventaja de que los electores no olvidaran los errores cometidos por el candidato a lo largo de su carrera política (o que sus competidores se encargaran de hacerlos recordar). Como ministro de Samper, a Serpa también se le reconocía como su “escudero” durante el denominado “Proceso 8.000”, papel en el que Serpa dio pruebas de lealtad a su jefe político, pero que en el discurso público dominante en Colombia por más de una década fue asociado con la corrupción y las viejas costumbres políticas, con la “politiquería”.

En segundo lugar, Horacio Serpa era ampliamente recordado por sus gestiones en la búsqueda de una paz negociada. En razón de esta causa fue miembro de la Comisión de Verificación del gobierno de Belisario Betancur Cuartas, consejero para la paz del gobierno de César Gaviria Trujillo y miembro del Frente Común por la Paz y Contra la Violencia durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango.41 Pero su experiencia en asuntos de paz, que una década atrás se hubiera convertido en un importante capital político, en esta coyuntura lo enmarcó en un pasado (de frustrados esfuerzos) que, en la representación de un sector de la opinión, había que superar. Por esto, la estrategia de Serpa Uribe, de presentarse como el candidato de la paz, mostró su incapacidad, pese a su experiencia y trayectoria política, de sintonizarse con la opinión. En esta coyuntura, lo que buscaban elegir los colombianos no era propiamente un presidente para negociar con la guerrilla; necesitaban un presidente capaz de ganar la guerra. Lo anterior, sumado a la marca que dejó en su carrera política el “Proceso 8.000”, terminó por enterrar sus aspiraciones presidenciales.

Varias hipótesis se barajaron en ese momento para explicar el ascenso del candidato disidente liberal en las encuestas de intención de voto: unos dijeron que se debía a la crisis de los partidos políticos, que se trataba de una reacción emotiva a la coyuntura de crisis del proceso de paz y al escalonamiento de la guerra, que “el que encuesta elige”.42 Otros analistas, como Pedro Medellín, atribuyeron el éxito de Uribe más al “buen manejo de la campaña”, y menos a la crisis del proceso de paz. El sociólogo Alfredo Molano y reconocidos periodistas, como Antonio Caballero y Daniel Samper, dijeron que, otra vez, como en el año 1998, las FARC iban a “elegir presidente”. La postura de los periodistas aludía a lo sucedido en 1998, donde la expectativa de una paz negociada entre el candidato conservador y las FARC resultó decisiva en el triunfo de Andrés Pastrana Arango. No obstante, como lo señala Daniel Pécaut, hasta la elección de Uribe, “Los electores colombianos siempre habían manifestado una preferencia por el diálogo con los grupos guerrilleros y por los líderes políticos que se comprometían con ese diálogo”.43

Rudolf Hommes atribuyó este ascenso a la postura sensata y al liderazgo de Uribe: “Álvaro Uribe tomó una posición seria desde un principio y la ha mantenido. Los acontecimientos le han dado la razón. Noemí y Serpa andan detrás de ellos buscando acomodarse […] Lo que los colombianos están buscando y parecen haber encontrado es un líder que les de [sic] confianza en una coyuntura en la cual la prioridad es solucionar a corto plazo el problema de la guerrilla y la droga y restaurar la hegemonía del gobierno”.44

El desprestigio del proceso de paz, la violencia y la inseguridad constituyeron otro de los argumentos que esgrimieron analistas y comentaristas de la política:

Es evidente que la mayor preocupación de los colombianos es el descrédito del proceso [de paz] que ha caminado de la mano de un acelerado deterioro del orden público y la inseguridad, lo mismo que un desmesurado envalentonamiento de la guerrilla. Asuntos tan críticos como los altos niveles de pobreza y desempleo pasan a un segundo plano, y en la mentalidad colectiva parece registrarse una relación causaefecto, en el sentido de que mientras la inseguridad siga rampante, y la guerrilla continúe haciendo de las suyas, las fórmulas disponibles para mejorar la situación social carecen de efectividad.45

Más adelante agregó: “En el escenario actual resultan ampliamente beneficiados Álvaro Uribe y lo que él encarna. Su crecimiento y la penetración de sus propuestas entre los colombianos son inusitados y constituyen todo un hecho político y electoral”.46 En la línea de pensamiento del diario El Tiempo, el debate sobre la mejor manera de enfrentar un tema tan delicado como la violencia debía ser obligado en una campaña electoral, pero advirtió a los candidatos que no cayeran “en la polarización radical y emotiva sobre la guerra y la paz”.47

Igual interpretación ofreció el columnista Luis Noé Ochoa: “El doctor Serpa tiene un programa serio, de sentido social, y no es ningún cobarde, es experto en temas de paz y le cabe el país en la cabeza. Pero a los colombianos no les cabe otra cosa que no sea derrotar a las Farc […]”.Y en tono irónico prosiguió: “Con la guerra, el pueblo es el que paga el pato, y hasta las gallinas que le robaron una vez a Tirofijo y que nos han costado un huevo. Habrá muchos muertos: soldados, policías, guerrilleros, civiles, niños; más viudas, secuestrados, más pobreza. Nada de eso vale, pues cuando uno ha padecido un largo dolor de muela de esos que nos hacen gritar hasta vivas a Pastrana, la fresa del odontólogo es una sinfonía de Beethoven”.48

La columna citada recogía el sentimiento de cansancio y agotamiento con la violencia y la inseguridad que predominaba en ese momento. En el mismo sentido se expresó León Valencia:49 “Hasta hace muy pocos meses se podía recurrir a la mil veces repetida frase de que los colombianos anhelan la paz para llamar al Estado, a la guerrilla y a los mismos paramilitares a avanzar hacia una salida política negociada. Pero, así duela reconocerlo, esa frase ha perdido vigencia. El sentimiento mayoritario de la nación en estos días se orienta hacia la guerra, hacia una salida militar del conflicto […]”.50

Para León Valencia, este sentimiento de frustración con la salida negociada que no pudo consolidarse y el apoyo a la resolución del conflicto por la vía militar habían venido calando en lo más profundo de un sector de la opinión. Según su interpretación, de ello fueron conscientes tanto el presidente Pastrana cuando intentó ponerle condiciones a las FARC para continuar con las negociaciones, exponiendo con ello el proceso de paz, como el candidato Uribe Vélez, cuando en el transcurso de la campaña fue “radicalizando su discurso contra la guerrilla y contra las negociaciones de paz, hasta que, en un inesperado salto, tomó la delantera en las preferencias electorales”.51

Valencia se preguntó en la misma columna por el origen de este sentimiento y planteó distintos razonamientos:

Hay varias explicaciones: los escasos resultados del proceso de paz y además el doloroso incremento de la agresión contra la población civil de una guerrilla especialmente arrogante; la participación cada vez mayor de los Estados Unidos en el conflicto interno y la sensación de que con esta ayuda sí es posible una derrota militar de la subversión. La modernización y ampliación de la capacidad bélica del Ejército y la renovada confianza de que está listo para librar un pulso definitivo con la insurgencia; el inusitado y drástico fortalecimiento de los paramilitares y su repetida manifestación de que pueden obtener victorias militares decisivas, y, claro, la incisiva voz de un candidato presidencial que dice en todos los tonos que, con autoridad y fuerza, se puede contener la violencia.52

Las opiniones expresadas por el editorial del diario El Tiempo, así como las de los columnistas citados, no hacen más que constatar una realidad: que la seguridad como problema comenzaba a tomar relevancia sobre otros problemas sociales y que Uribe había logrado interpretar ese sentimiento, ofreciendo la Seguridad Democrática como eje articulador de su programa de campaña, el “Manifiesto democrático”.

1.5. DOS DISCURSOS SOBRE LA SITUACIÓN COLOMBIANA

En la discusión sobre cómo resolver el problema de seguridad se enfrentaron, además, dos discursos, dos visiones sobre el diagnóstico, la jerarquía y la manera de afrontar los problemas sociales del país mediante políticas públicas. Por un lado, estaban aquellas posturas que reconocían en el desempleo y las profundas desigualdades sociales, en la violencia estructural o institucional, la principal causa de los males que padecía Colombia, entre ellos la violencia y la inseguridad. Desde esta perspectiva, una negociación con los grupos insurgentes, conducente a reformas sociales, no sólo no debería ser descartada, sino que sería el camino hacia una paz duradera (paz positiva). Este discurso, según sus críticos, le estaría reconociendo algún grado de legitimidad a la guerrilla, que sería, en esta visión, expresión de inconformidad con el estado de cosas existente.

Por otro lado, estaban los enfoques que veían en la violencia y la inseguridad el mayor problema que enfrentaba la sociedad colombiana, sin cuya resolución era imposible la lucha contra el desempleo, la desigualdad y el acceso a las oportunidades. Desde estos enfoques, se reclamó para el Estado el monopolio de la violencia legítima, y se exigió de éste la salvaguarda del derecho fundamental a la seguridad, como base de las libertades individuales y de la convivencia pacífica. Sin un Estado garante del orden y la seguridad, la población civil quedaría al arbitrio de los grupos armados ilegales.

Estos dos discursos respecto a la prioridad de la seguridad, los resumió esquemáticamente el historiador Eduardo Posada Carbó, cuando se refirió a las distintas opciones que representaron los candidatos en términos de partidos, de género y propuestas de políticas y, en particular, sus visiones frente al tema de la seguridad: “A riesgo de generalizar, en estas elecciones se enfrentan dos tipos de discurso: uno que le asigna prioridad a la seguridad como valor fundamental, y otro que ve en la solución de los problemas sociales —ante todo el desempleo— las bases de la reconstrucción nacional”.53

El discurso que le asignó “prioridad a la seguridad como valor fundamental” lo ilustran con claridad el historiador inglés Malcolm Deas y el columnista Alfredo Rangel. Deas hizo referencia a la degradación de los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrillas, y sobre el problema que ellos representaban, afirmó:

El paramilitarismo, como la guerrilla, no se va a acabar sin un considerable aumento de la capacidad de las fuerzas del orden y del Estado de proveer un grado convincente y permanente de seguridad en las regiones afectadas. A falta de esto, las poblaciones están a merced de las presiones y venganzas de los grupos armados. En esta guerra contra la sociedad, como bien la define Pécaut, no sorprende que sectores de la población opten por los paras.54

En esta misma dirección interpretativa se inscribió el analista en temas de seguridad y defensa Alfredo Rangel:

La suerte de los candidatos se definió en función de su sintonía con la opinión, sus propuestas y su credibilidad en relación con el tema de la recuperación del orden público. Los otros temas, siendo importantes, quedaron relegados a un segundo plano frente a la urgencia de contener a los violentos y brindar seguridad a los ciudadanos.Y la opinión no se equivocó. Ha preferido a Uribe porque es el candidato con la propuesta más integral, articulada y convincente sobre el tema.Y la tiene porque ha partido de acertar en el diagnóstico: mientras no se recupere la seguridad van a ser muy precarias las posibilidades del país para potenciar su desarrollo y solucionar a fondo sus problemas sociales. Todos los demás candidatos piensan lo contrario y partieron de un planteamiento errado: mientras no se solucionen los problemas sociales no habrá paz, mientras no se solucione la inequidad, el desempleo y la injusticia, tampoco habrá paz.55

La segunda posición, la de quienes vieron en los problemas de desempleo y desigualdad social la causa de los demás problemas sociales, incluido el de la seguridad, se expresó en opiniones como las de Fernando Garavito (El señor de las moscas), que en esa dirección escribió: “En el discurso vacío de la paz, la única que parece tener razón es la guerra. Ahí están las cifras: 25 de los 40 millones de colombianos sumidos en extrema pobreza, dos millones de desplazados […]”.56 Continuó haciendo un balance en cifras sobre la situación de pobreza y violación de los derechos humanos en que se encontraba el país, y más adelante prosiguió: “El enemigo es el neoliberalismo. Si pudiéramos hablar en pasado (¡y aún no podemos hacerlo!), diría que soportamos los más duros embates de la apertura económica, que obedecimos los dictados opresivos y opresores del Fondo Monetario […]”.57 Para el columnista, la causa de todos los males que padecían los colombianos en ese momento era el modelo económico “impuesto”, “el neoliberalismo”, representado en su definición como “enemigo”.

1.6. MÁS ESFUERZOS POR EXPLICAR LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

Para Alfredo Molano, Uribe “con la carta de la guerra puede resultar elegido” (en referencia al despunte en las encuestas del candidato sobre sus otros contendores), igual que en 1998 Andrés Pastrana fue elegido “con la carta de la paz”; y prosiguió: “A un sector de la opinión pública lo ha convencido [Uribe] de que todas las desgracias del país, y particularmente las de la clase media, se deben a la existencia del Caguán, como si del Caguán dependieran la miseria, la corrupción, la exclusión, que desde siempre padecemos […]”.58

El columnista describió los intentos de acabar con las FARC, en sus cuatro décadas de existencia, como una historia de fracasos que se ha repetido y que dejó como resultado el desplazamiento de la guerrilla hacia nuevos territorios y, por tanto, nuevos escenarios de confrontación. “Con la invasión que nos propone [Uribe] saldrán más Caguanes, todos regados con la sangre de la gente que nada puede ganar con esa guerra, que no defiende nada en esa guerra. Uribe Vélez quiere acabar con un dolor de cabeza a martillazos”.59

Alfredo Molano y otros analistas con posiciones similares (como Fernando Garavito) se inscriben en una tradición de desconfianza hacia el Estado y sus políticas. Se muestran críticos y recelosos respecto a sus acciones y omisiones en materia de seguridad, ven en cualquier iniciativa estatal en este terreno el comienzo de una “guerra total”, cuyo significado es difícil de precisar. Sin embargo, sus análisis carecen de una mirada crítica frente a tantos años de violencia guerrillera sin resultados políticos a la vista, y omiten reconocer las consecuencias adversas que el conflicto armado, su prolongación y degradación han producido en la población civil, en términos de muertes, desplazamiento forzado y pérdidas económicas. O más precisamente, atribuyen todos estos problemas al Estado y a un abstracto modelo “neoliberal” que se convierte en la clave de su reflexión. Este tipo de análisis no logra conectar el presente con el fracaso de una guerrilla, marxista en sus inicios, que fue perdiendo su norte político y su capacidad para interpretar las nuevas realidades geopolíticas y hacer inteligible para el público el significado político de sus acciones militares.

Mientras Alfredo Molano y analistas con opiniones afines, atribuyeron el ascenso de Uribe en las encuestas a su intención de llevar a cabo una guerra total, en otro polo opuesto (y con una visión profundamente optimista, incapaces de señalar los errores de las políticas estatales o de identificar cualquier responsabilidad del Estado en el conflicto armado y su duración) columnistas como Plinio Apuleyo Mendoza pensaron, por el contrario, que las FARC adelantaban de tiempo atrás esa guerra. En consecuencia, con su representación, Mendoza celebró el acenso de Uribe en las encuestas, como prueba de que por fin el país salía de tres años y medio de aturdimiento (el proceso de paz):

Es el fin de tres años y medio de boba palabrería: del Gobierno, de los diplomáticos, de los medios de comunicación, de dirigentes empresariales y de otros cuantos ilusos que les hicieron coro a las letanías de Pastrana sin atreverse a mirarle la cara a la realidad. A todos ellos la guerrilla les puso cuernos. Nunca buscó ella la paz. Nunca la quiso. Su guerra es total y está dirigida contra todo el país, pobres y ricos, campesinos y citadinos. ¿Quién quiere continuar con un Estado débil y cobarde? ¿No es preferible un Estado digno y fuerte?60

Pero otras voces se expresaron en el debate público. Los editorialistas hablaron en tono normativo sobre el riesgo de la polarización política en torno a los temas de la guerra y la paz, y llamaron a mantener la altura en el debate. Algunos analistas hablaron del carácter, la firmeza y el liderazgo de Uribe, de sus logros en materia de seguridad cuando fue gobernador de Antioquia. Otros, en cambio, recordaron que había sido el promotor de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (CONVIVIR), cuestionadas por sus vínculos con los grupos paramilitares; vieron en el discurso de autoridad de Uribe la “apelación al miedo”, típica de la derecha: “Álvaro Uribe, por ejemplo, propone acabar la guerra que vivimos, y que todos rechazamos, profundizándola y haciéndola más sucia”.61 Resaltaron un supuesto lado oscuro de Uribe: “Candidato, cualquiera lo sabe, es una palabra que tiene su origen en la antigua Roma, donde los señalados para ocupar un cargo público debían cubrirse con una túnica blanca para significar que no tenían en su vida una sola mancha de qué avergonzarse. Ese debería ser el proceder de Uribe”.62

Horacio Serpa Uribe denunció que los paramilitares tenían candidato propio. Sobre el tono en la confrontación verbal entre los candidatos hablaron Edulfo Peña y Pablo Molano: “Horacio Serpa y Álvaro Uribe llegaron a los ataques. Uribe, quien había rehusado la confrontación personal, le recordó a Serpa sus vinculaciones con el proceso 8000, con las Farc y su amistad con los Mauss”.63 Serpa dice que Uribe es apoyado por “paras”.64 Jorge Humberto Botero (futuro ministro de Comercio Exterior de Uribe) hizo eco de este enfrentamiento: “Puede leerse en la prensa (El Tiempo, marzo 22, página 1-5) que el candidato Serpa afirma que sectores paramilitares tienen candidato presidencial”.65 Para Botero, las acusaciones de Serpa eran graves y le hacían daño al país, en la medida en que se empañaba la imagen del posible próximo presidente.

Desde distintos ángulos se advirtió sobre la connivencia de la sociedad colombiana con el fenómeno paramilitar. En algunos casos, se interpretó la simpatía de los paramilitares con Uribe como natural. En este sentido, Armando Benedetti afirmó: “Tal vez llegó el momento de preguntarse en público: ¿Es Uribe afecto a lo paramilitar? O al revés: ¿Es Uribe preferido por los paramilitares? Digámoslo claramente: Uribe no es paramilitar. Al menos yo no lo creo, como tampoco creo que tenga ninguna clase de vínculos con esas organizaciones […]”.66 En la visión del columnista citado, era explicable que los grupos al margen de la ley, guerrillas, paramilitares y narcotraficantes, fueran afectos a uno u otro candidato, y en esa dirección concluye: “De hecho, es comprensible que el discurso de autoridad de Uribe les resulte particularmente seductor a las organizaciones contrainsurgentes. Eso no descalifica a Uribe ni lo estigmatiza […]”.67

Desde otras posiciones, se abogó por el reconocimiento del carácter político de las Autodefensas (y se comenzaba a crear un ambiente favorable a futuras negociaciones con éstas). El columnista Ernesto Yamhure hizo eco de las palabras del vocero político de los grupos paramilitares:

[…] las Autodefensas, ablandando su lenguaje bélico, invitaron a las Farc a un cese de hostilidades. El jefe político de la organización, Carlos Castaño, ha manifestado su intención de dialogar con el próximo presidente de la república y esas son muestras suficientes de que las AUC [Autodefensas Unidas de Córdoba] estarían dispuestas a buscar un camino político para dejar las armas […] Es imperante que el próximo presidente, como ya lo he dicho en este periódico, le reconozca a las AUC su carácter político, como antesala de una negociación […].68

Las FARC también terciaron en el debate. Su vocero y negociador durante el proceso de paz, Raúl Reyes, al preguntársele sobre si esa organización creía en las encuestas, manifestó:

Nos tienen sin cuidado. Son encuestas armadas desde los medios de comunicación, son estrategias para acomodar con mayor ventaja a quien más les interesa. Y tienen otro mensaje: la amenaza contra el pueblo. Las encuestas son un chantaje, son una forma de decirle a la gente que lo que quieren es la guerra y no es cierto. La gente no quiere la guerra, la gente lo que quiere es resolver su desayuno, su almuerzo, el estudio de sus hijos y el empleo para poder sostener a su familia.69

El discurso del líder guerrillero ratifica lo que ha sido una constante en el comportamiento político de esa organización: la desconfianza en las instituciones de la democracia liberal y, por tanto, el desconocimiento del papel de la opinión pública en una democracia. La opinión pública está para ellos formada, o más bien manipulada, por los medios de comunicación. Lo dicho por Reyes corrobora lo que autores como Daniel Pécaut han sostenido, que durante el proceso de paz del Caguán las FARC no mostraron ningún interés por captar para su causa algún sector de la opinión pública, lo que puso al descubierto, una vez más, la incapacidad política de esa organización.70

El discurso de Reyes permite ver, así mismo, el juego de esa guerrilla: pretender representar al pueblo, aunque actuaba de espaldas a él; no reconocer ninguna responsabilidad en el conflicto armado que libra por más de cuatro décadas, mientras responsabilizaba al Estado por la guerra, al tiempo que enarbolaba la bandera de la paz y presentaba a Uribe como un candidato guerrerista, orquestado por los medios de comunicación.

1.7. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA CAMPAÑA

Cuando los acontecimientos sociales no pueden ser comprendidos, o no van en la dirección deseada, es fácil caer en la simplificación. No faltaron analistas que coincidieron con la opinión de Raúl Reyes sobre la manipulación de las encuestas con apoyo de los medios de comunicación. La expresión “el que encuesta elige”, del columnista liberal Ramiro Bejarano, va en la misma línea interpretativa del comandante guerrillero.

Pero como lo han señalado distintos estudiosos de la relación entre medios de comunicación y opinión pública, los diarios seleccionan la información que presentan, le dan relevancia a unos temas frente a otros, y en el caso de los candidatos, algunos tienen un acceso privilegiado al medio y, por tanto, mayor visibilidad,71 situación que también se puede constatar en Colombia. Sin embargo, en el caso estudiado no se pueden desconocer dos realidades: que en Colombia existe una prensa pluralista, independiente del Estado y de los partidos políticos. La pluralidad de voces que se expresaron en esa campaña, incluida la del columnista liberal y el jefe guerrillero, daría testimonio de lo dicho.

Por otro lado, como lo señalaron dos voces tan distantes como la de la exdiputada liberal, biógrafa y profunda admiradora de Uribe, María Izquierdo, y la del exministro de Estado y prestigioso economista Rudolf Hommes, el candidato disidente liberal obtuvo audiencia en los medios cuando las encuestas de opinión registraron su ascenso a comienzos del 2002. “Uribe fue el puntero que se le coló a los medios”,72 dijo Hommes en esa ocasión. “En 1999 dio inicio [Uribe] a los llamados Talleres Democráticos, dedicándose durante dos años a visitar hasta los más recónditos municipios. Ignorado por los principales medios de comunicación […]”, afirmó Izquierdo en la biografía de Uribe.73

Otras de las hipótesis presentadas, si bien tienen algún grado de validez explicativa, merecen algunas observaciones. La crisis del proceso de paz y la polarización política en torno a este tema fueron otros de los argumentos esgrimidos para justificar el triunfo de Uribe. Como se mostró anteriormente, varios editoriales estudiados llamaron a los candidatos a no polarizar la opinión en torno al tema de la guerra y la paz. ¿Tuvo algún sentido este llamado cuando estaba en curso una campaña electoral, o, por el contrario, se trató más de un recurso retórico?

Es bien conocido que los asuntos políticos dividen, y si algún tema puede considerarse político es el de la guerra y la paz. Su discusión pública genera debate (no siempre racional) en cualquier lugar o momento histórico donde se aborde. Los colombianos han mantenido diferencias por más de cuatro décadas en torno a este punto. Ni las élites dirigentes, ni las organizaciones de la llama da sociedad civil, han logrado construir un consenso que permita encontrar una fórmula para superar el conflicto armado interno. Por otro lado, como sostiene Bernard Manin, es común que una campaña electoral contenga habitualmente un mecanismo de “división y diferenciación entre votantes”, que de cara a unas elecciones los seguidores de un candidato se distancien de aquellos que no lo son, y al observar las diferencias con los otros, se unan y se movilicen con mayor eficacia que cuando no tienen ningún rival. En tal sentido, el candidato “no tiene solo que definirse a sí mismo, ha de definir también al adversario. No solo se presenta a sí mismo, presenta una diferencia […]”.74

En la interpretación de Manin, el modelo representativo ha evolucionado; sin embargo, en sus distintas etapas (gobierno de notables, democracia de partidos y democracia de audiencia), la situación de los políticos ha sido la misma: explotar las diferencias que subyacen en el interior de la sociedad para movilizar con eficacia a los votantes. Estas diferencias, nos dice, deben ser previamente conocidas por el líder. Al profundizar alguna de esas fracturas, el político puede equivocarse, en cuyo caso será castigado con el voto adverso de los electores.

Serpa se definió en aquella campaña como el candidato de la paz, pretendió recoger el anhelo de paz de los colombianos y, en tal sentido, promocionó su experiencia como negociador de paz en procesos anteriores. Pretendió, así mismo, definir a Uribe como el candidato de la guerra, candidato, además, de los paramilitares. Pero esta estrategia resultó contraproducente. Los colombianos tenían en el espejo tres años y medio de negociaciones infructuosas, en los cuales la violencia se había profundizado. Presentar a Uribe como el candidato de los paramilitares era no sólo una gran simplificación, como lo mostraron los resultados electorales; era desconocer el creciente apoyo popular que su candidatura estaba movilizando y, a la vez, se vislumbraba, en la estrategia de ataque personal, una cierta dosis de derrotismo de parte del candidato liberal.

Uribe se autodefinió como el candidato del orden, como el candidato capaz de recuperar la autoridad del Estado. En esta medida, invirtió la fórmula utilizada por gobiernos anteriores y por otros candidatos en la campaña. Para llegar a un acuerdo de paz con los grupos armados ilegales no bastaba con la voluntad del Gobierno; se trataba, ante todo, de debilitar militarmente a estos grupos y obligarlos a negociar en serio.

En consecuencia, frente a las negociaciones de paz en la campaña para la presidencia, sostuvo el mismo discurso que en sus años de gobernador. En el año 1997, con motivo de un homenaje ofrecido en su honor en la ciudad de Bogotá, se refirió a los procesos de paz que habían tenido lugar en diferentes momentos de la historia colombiana. En estos procesos, afirmó, Colombia ha tenido “infinita generosidad” en materia de diálogo y reinserción; sin embargo, la guerrilla no quiere la paz. “En la actualidad, la totalidad de ciudadanos e instituciones queremos el diálogo, menos la guerrilla”.75 La guerrilla (las FARC y el ELN), “Expresa que no dialoga con el Presidente Samper porque lo consideran ilegítimo […]”; sin embargo, se cuestiona Uribe, tampoco negociaron con los presidentes Barco y Gaviria; sólo lo hicieron algunos grupos, cuya irrupción en la vida política legal “ha vigorizado el pluralismo”.76

Durante su larga campaña electoral,77 el candidato disidente repitió el mismo discurso. En el año 1999, con motivo de un homenaje que ofreció a los generales Rito Alejo del Río y Fernando Millán (destituidos por el presidente Pastrana, acusados de tener nexos con grupos paramilitares), cuando todavía el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Pastrana no había alcanzado su mayor cuota de desprestigio, Uribe expresó sus reparos al diseño y la concepción del proceso: “Con ánimo constructivo y no de atizar polarizaciones, que tanto daño causan al país, permítanme hacer referencia ahora al actual esquema utilizado para avanzar en el camino de la paz. Muchos colombianos adversos al despeje, entre quienes me encuentro, pensamos que se debe reexaminar el concepto de ‘Hacer la paz en medio de la guerra’. Por la razón elemental de proteger a la población civil […]”.78

El desenlace de los acontecimientos pareció darle la razón a Uribe. La fórmula para buscar la paz mediante la negociación había fracasado. Los candidatos presentaron sus propuestas para superar el impasse, pero el argumento de autoridad de Uribe resultó creíble, como también parecieron verosímiles las cualidades del candidato para llevarlas a buen término. Tal vez los electores premiaron la coherencia del discurso de Uribe, como sostuvieron Cienfuegos y el exministro Hommes, o el “buen manejo de la campaña”, como aseguró Pedro Medellín, quien puso en duda que el ascenso de Uribe en la intención de voto se debiera a la fracaso del proceso de paz.

La crisis de los partidos políticos y el liderazgo de Uribe fueron otros de los argumentos esgrimidos por quienes pretendieron explicar su ascenso en las encuestas: “El liderazgo de Uribe —que hoy parece poco probable destronar— confirma que el proceso de rompimiento del esquema de partidos está en un punto de no retorno”.79

Como bien lo han señalado distintos autores desde diferentes enfoques de las ciencias sociales, asistimos a un proceso creciente de personalización de la política, también de la política electoral,80 y los medios de comunicación han contribuido a cristalizar esta tendencia. Por tanto, es ineludible que sea el candidato y sus cualidades personales, más que el partido y el programa de campaña, las que capten la mayor atención del electorado y que, por ello, los candidatos enfaticen sus cualidades personales para ganarse su confianza. En los regímenes políticos de corte presidencialista, la elección del presidente se convierte en la elección principal, y en la medida en que la labor de gobierno se vuelve más compleja, el gobernante se enfrenta a situaciones de incertidumbre que requieren cierto poder discrecional para enfrentarlas; por tanto, además de permitir la agregación de preferencias y cierta uniformidad de un público heterogéneo (que no se agrupa en torno al partido, ni a clases o sectores de clase), la construcción del liderazgo es inevitable, y el voto es, ante todo, un voto de confianza en el candidato.

En esta campaña es indudable que Uribe ofreció mayor liderazgo, y fue percibido como el más idóneo para enfrentar el problema de seguridad y llevar a buen término su propuesta de Seguridad Democrática.81

Pero los partidos no desaparecieron durante la campaña (ni en sus dos períodos de gobierno). La candidatura de Uribe atrajo votantes liberales y conservadores (en términos de partido) y parte de la dirigencia partidaria y su maquinaria electoral se fue plegando a su candidatura, en la medida en que se perfilaba como ganador. Apoyo nada despreciable, si se considera que pese a no ser ya el Partido Liberal mayoritario en términos electorales, conservó alrededor del 30% del electorado,82 y el Partido Conservador cerca del 10%,83 todo esto, sumado al voto de opinión que su candidatura logró movilizar, le aseguraron un cómodo triunfo en la primera vuelta.

En este panorama resulta pertinente la afirmación de Francisco Gutiérrez para el caso de los partidos tradicionales: “No ha habido prácticamente década en la historia colombiana en que no se ponga de moda pronosticar su desaparición. Pero a la postre fueron los partidos tradicionales, y no los pronósticos, los que sobrevivieron”.84

Pero Uribe tampoco fue un “outsider en la campaña electoral”, como lo definió Daniel Pécaut.85 Si bien no tenía la edad y la trayectoria en la vida política nacional que ostentaba Horacio Serpa, se trataba de un verdadero político (formado en las tácticas de la vieja política que decía combatir), que había forjado su vida pública en las toldas del Partido Liberal. Desde joven se reveló contra los barones electorales de Antioquia (su provincia natal) y fundó su propio directorio político (manteniéndose bajo el techo del liberalismo, es decir, sin renunciar al partido). En un principio buscó la candidatura del Partido Liberal para las elecciones presidenciales del 2002, pero era claro que la maquinaria del partido apoyaría a Serpa, quien venía haciendo turno para la candidatura con mayor anticipación. Puestas así las cartas, Uribe buscó su candidatura como independiente, con los resultados ya conocidos, convirtiéndose en el primer disidente liberal en alcanzar la Presidencia de la República sin tener que regresar a las toldas del partido, y alzándose con el triunfo en primera vuelta, desde que la Constitución de 1991 instituyera el mecanismo de segunda vuelta.

Más que independientes, Álvaro Uribe y Nohemí Sanín constituyen, para Francisco Gutiérrez, un ejemplo de políticos “transicionales”,86 término utilizado por el autor para definir a los políticos que forjaron su trayectoria y experiencia política en los partidos tradicionales, pero que, de cara a las elecciones, se “reinventan” como independientes, lo que les permite adaptar su discurso a los distintos públicos y coyunturas y, así, conseguir votos en diversos segmentos del electorado, con excelentes resultados, en algunos casos.

1. Camilo Echandía, “Paz integral y diálogo útil”, en Documentos del Gobierno Nacional agosto 1994- agosto 1995, t. 1, Presidencia de la República (Bogotá: Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 1996).

2. La guerrilla reclamaba al gobierno de Pastrana por su “falta de voluntad” para desmontar el paramilitarismo.

3. Redacción Política, “2002: una agenda decisiva”, El Espectador, Bogotá, 6 de enero de 2002, 1b-2b.

4. Mediante Resolución Nº 85 del 14 de octubre de 1998, el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana declara iniciado el proceso de paz con las FARC, le reconoce carácter político a esa organización y establece una “zona de distensión” para adelantar conversaciones de paz, conformada por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena,Vista Hermosa y San Vicente del Caguán. Los cinco municipios conforman un territorio con una extensión de 42.000 km², mayor que El Salvador y equivalente al tamaño de Suiza. Colombia, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Resolución 85 del 14 de octubre de 1998, por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión, Fundación Ideas para la Paz, 1998, http://pdba.georgetown.edu/CLAS%20RESEARCH/Library%20and%20Documents/Peace%20Processes/1998-2002/1998%20Oct_Resolucion%2085.doc (Fecha de consulta: 19 de septiembre de 2011).

5. Redacción Editorial, “Los balances de la paz”, El Tiempo, Bogotá, 4 de enero de 2002, 1-14.

6. Unidad de Paz y Redacción Política, “El laberinto de la paz”, El Tiempo, Bogotá, 6 de enero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1370293 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

7. Unidad de Paz y Redacción Política, “El laberinto de la paz”.

8. Movimiento fundado por exmilitantes del partido Alianza Democrática M-19.

9. El caso de los tres irlandeses detenidos cuando salían de dicha zona y acusados de entrenar a las FARC en el uso de explosivos y en acciones militares de tipo urbano, fue ampliamente comentado en la prensa.

10. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz y polarización política”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 73-102.

11. Unidad de Paz, “Farc no quieren continuar”, El Tiempo, Bogotá, 10 de enero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1364491 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

12. Unidad de Paz, “Farc no quieren continuar”.

13. Unidad de Paz, “Gobierno y guerrilla: tres años hablando de paz pero preparándose para la guerra. Un proceso en eterna crisis”, El Espectador, Bogotá, 13 de enero de 2002, 3a.

14. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 89.

15. Eduardo Pizarro Leongómez, Las FARC (1949-1966): de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha (Bogotá: Universidad Nacional Tercer Mundo Editores, 1991).

16. Daniel Pécaut, “Las Farc: fuentes de su longevidad y la conservación de su cohesión”, Revista Análisis Político, núm. 63 (2008): 22-50.

17. Daniel Pécaut, “Las Farc: fuentes de su longevidad…”, 22-50.

18. Se hace relación aquí al “Documento de La Uribe”, acuerdo de once puntos firmado entre la Comisión de Paz del gobierno de Belisario Betancur y las FARC, el 28 de marzo de 1984 en la población de La Uribe, Municipio de Mesetas, Departamento del Meta. Véase “Acuerdos de La Uribe”, Fundación Ideas para la Paz, http://goo.gl/yRtRHo (Fecha de consulta: 28 de junio de 2013).

19. Juan Guillermo Ferro y Graciela Uribe Ramón, El orden de la guerra: las FARC-EP, entre la organización y la política (Bogotá: Centro Editorial Javeriana (CEJA), 2002), 116.

20. Gerson Iván Arias O., “Una mirada atrás: procesos de paz y dispositivos de negociación del gobierno colombiano”, Fundación Ideas para la Paz, 2008, http://archive.ideaspaz.org/images/mirada_atras_web.pdf (Fecha de consulta: 12 de julio de 2011).

21. Gerson Iván Arias O., “Una mirada atrás:…”.

22. Como lo describe Gonzalo Sánchez, “Después de las primeras pero inconclusas negociaciones que se llevaron a cabo durante la administración del Presidente Belisario Betancur entre 1982-1986, se firmaron acuerdos de paz con diferentes grupos: en 1990 con el M-19; 1991 con el EPL (Ejército Popular de Liberación), PRT (Partido Revolucionario de los trabajadores) y Quintín Lame; y en 1994 con la CRS (Corriente de Renovación Socialista […]”. Gonzalo Sánchez, “Guerra prolongada y negociaciones inciertas en Colombia”, en Violencias y estrategias colectivas en la región Andina. Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, eds. Gonzalo Sánchez y Eric Lair (Bogotá: Norma, 2004), 55.

23. Edulfo Peña, “‘Mano firme no es guerra’. Entrevista a Álvaro Uribe”, El Espectador, Bogotá, 2 de febrero de 2002, 4a.

24. Norberto Bobbio, Teoría general de la política (Madrid: Trotta, 2003).

25. Héctor Osuna, “Lo bueno de lo malo”, El Espectador, Bogotá, 6 de enero de 2002, 14a.

26. Redacción Editorial, “El fenómeno Uribe Vélez”, El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de 2002, 1-18.

27. Álvaro Uribe Vélez nació en el departamento de Antioquia en 1952; es abogado de la Universidad de Antioquia, primer centro de educación superior de este departamento. Sus cargos públicos más importantes, anteriores al de presidente, fueron: alcalde de la ciudad de Medellín (capital del Departamento de Antioquia) en 1982, concejal de esa misma ciudad, senador de la República por dos períodos y gobernador de Antioquia (1995-1997). Fue reelegido como presidente para el período 2006-2010 por el movimiento Primero Colombia. Sin embargo, su carrera política, como concejal, alcalde y senador, la realizó con el Partido Liberal Colombiano, “Sector Democrático”. En las últimas elecciones parlamentarias fue elegido senador de la república por el Partido Centro Democrático.

28. La Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 108, establece: “El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos y movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país, cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas, o cuando en la elección anterior hayan obtenido por lo menos la misma cifra de votos o alcanzado representación en el Congreso de la República […]”. Constitución Política República de Colombia (Medellín: Universidad de Antioquia, 1991), 37.

29. Para el momento de las elecciones, Ingrid Betancourt se encontraba secuestrada en poder de las FARC.

30. Alberto E. Cienfuegos R., “Marketing político”, Revista Javeriana, vol. 138, núm. 683 (2002): 42.

31. Javier E. Héndez, “El efecto de las encuestas, desbandada en campañas”, El Espectador, Bogotá, 10 de febrero de 2002, 3a.

32. Ramiro Bejarano, “Del oportunismo al uribismo”, El Espectador, Bogotá, 10 de febrero de 2002, 11a.

33. Redacción Política, “Salto de Uribe en las encuestas”, El Espectador, Bogotá, 3 de febrero de 2002, 3a.

34. Nieto del expresidente y reputado dirigente liberal Carlos Lleras Restrepo.

35. D’ Artagnan (Roberto Posada García-Peña), “Aspirante con estrella”, El Tiempo, Bogotá, 9 de enero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1365328 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

36. Redacción Editorial, “El fenómeno Uribe Vélez”, 1-18.

37. Rudolf Hommes, “Golpe de opinión”, El Tiempo, Bogotá, 1.º de febrero de 2002, 1-19.

38. “Senador estrella en 1990, el Senador de las ‘mejores iniciativas’ en 1992, por los medios de comunicación y los colegas del Senado y escogido en 1993, por los compañeros del Senado, como el mejor Senador. […]”. “Candidatos a la Presidencia: Quiénes son y qué proponen”, Revista Javeriana, vol. 138, núm. 683 (2002): 12-19.

39. Cuando era gobernador de Antioquia, el editorial del periódico El Tiempo lo escogió como el hombre del año, y en ocasión de este reconocimiento el diario no ahorró elogios para el gobernador: “No dudamos en señalar a AU como el dignatario de mayor importancia en la actual nómina de gobernadores, y tampoco en fijarle una meta que íntimamente pensamos que él sin duda conoce, como es la presidencia de la República, en el momento en que crea llegado su instante de gloria nacional”. María Izquierdo, Álvaro UribeVélez. El hombre, el presidente (Bogotá: R & P Editores, 2004), 93.

40. En noviembre de 2001, según encuesta del Centro Nacional de Consultoría, Horacio Serpa aparecía con el 37% de intención de voto, Noemí Sanín Posada con el 25% y Álvaro Uribe Vélez con el 22%. En enero de 2002, Serpa aparece con el 31% de intención de voto, Sanín con el 17% y Uribe con el 40%. En la encuesta de febrero, ya Uribe alcanza el 53% de intención de voto, el 1.º de abril el 51%, y el 26 de mayo de 2002 es elegido presidente en primera vuelta con el 53% de los votos. Adriana Delgado Gutiérrez, “Encuesta Centro Nacional de Consultoría (2002), Encuestas y ambiente de opinión”, Revista Javeriana, vol. 138, núm. 683 (2002): 51.

41. Gerson Iván Arias O., “Una mirada atrás:…”.

42. Se refería el columnista Ramiro Bejarano al impacto de las encuestas sobre las percepciones del electorado. Bejarano parodiaba la frase del sacerdote Camilo Torres, “el que escruta elige”. Ramiro Bejarano, “El retiro de Serpa”, El Espectador, Bogotá, 17 de febrero de 2002, 13a.

43. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 75.

44. Rudolf Hommes, “Detrás de los acontecimientos”, El Tiempo, Bogotá, 26 de febrero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1311835 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

45. Rudolf Hommes, “Detrás de…”.

46. Rudolf Hommes, “Detrás de…”.

47. Redacción Editorial, “El fenómeno Uribe Vélez”, El Tiempo, Bogotá, 31 de enero de 2002, 1-18.

48. Luis Noé Ochoa, “Por qué se trepó Uribe Vélez”, El Tiempo, Bogotá, 2 de febrero de 2002, 1-12.

49. Excomandante guerrillero del ELN, desmovilizado e incorporado a la vida civil.

50. León Valencia, “Guerra total o nuevo proceso de paz”, El Tiempo, Bogotá, 22 de febrero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1377222 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

51. León Valencia, “Guerra total…”.

52. León Valencia, “Guerra total…”.

53. Eduardo Posada Carbó, “Elecciones con opción”, El Tiempo, Bogotá, 17 de mayo de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1329225 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

54. Malcolm Deas, “Mirándolos a la cara”, El Tiempo, Bogotá, 6 de febrero de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1329700 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

55. Alfredo Rangel, “¿Por qué Uribe?”, El Tiempo, Bogotá, 24 de mayo de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1319237 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2012).

56. Fernando Garavito, “La razón de la guerra”, El Espectador, Bogotá, 6 de enero de 2002, 13a.

57. Fernando Garavito, “La razón de la guerra”, 13a.

58. Alfredo Molano, “Alerta naranja”, El Espectador, Bogotá, 3 de febrero de 2002, 13a.

59. Alfredo Molano, “Alerta naranja”, 13a.

60. Plinio Apuleyo Mendoza, “Nuevos vientos”, El Espectador, Bogotá, 10 de febrero de 2002, 11a.

61. Alfredo Molano, “La apelación al miedo”, El Espectador, Bogotá, 10 de febrero de 2002, 10a.

62. Fernando Garavito, “Cuando era moscorrofio”, El Espectador, Bogotá, 17 de febrero de 2002, 12a.

63. Se hace referencia aquí a un episodio del año 1996: los esposos Mauss, el espía alemán y su esposa italiana, fueron detenidos en el aeropuerto internacional José María Córdoba (que sirve a la ciudad de Medellín) cuando intentaban salir del país con una ciudadana alemana que había sido secuestrada por el ELN; al parecer habían sido mediadores en su liberación. El escándalo dejó al descubierto las negociaciones encubiertas de varias multinacionales con la guerrilla, a quienes pagaban importantes sumas de dinero a cambio de continuar con sus negocios (de exploración petrolera en algunos casos). El entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, denunció los nexos de los Mauss con la guerrilla y “desmintió” que la pareja adelantara en Colombia acciones “humanitarias” y de paz. Dos años después, la pareja fue liberada. Véase Alirio Bustos, “Así cayó el agente Werner Mauss”, El Tiempo, Bogotá, 24 de noviembre de 1996, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-599306 (Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2010).

64. Edulfo Peña y Pablo Molano, “La puja es por la primera vuelta”, El Espectador, Bogotá, 7 de abril de 2002, 4a.

65. Jorge Humberto Botero, “¿Candidato paramilitar?”, El Espectador, Bogotá, 24 de marzo de 2002, 18a.

66. Armando Benedetti, “Uribe y lo paramilitar”, El Tiempo, Bogotá, 1.º de abril de 2002, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1326483 (Fecha de consulta: 4 de mayo de 2011).

67. Armando Benedetti, “Uribe y lo paramilitar”.

68. Ernesto Yamhure, “Una paz integral”, El Espectador, Bogotá, 20 de enero de 2002, 15a.

69. Laura M. Zapata, “‘No creemos en las encuestas’. Entrevista a Raúl Reyes”, El Espectador, 17 de febrero de 2002, 3a.

70. Daniel Pécaut, “Guerra, proceso de paz…”, 73-102.

71. Lucrecia Escudero Chauvel, “Espacio público y espacio de los medios: la agenda y las elecciones mexicanas”, Cuadernos de información y comunicación, vol. 13 (2008).

72. Rudolf Hommes, “Golpe de opinión”, 1-19.

73. María Izquierdo, Álvaro Uribe Vélez…, 105.

74. Bernard Manin, Los principios del gobierno representativo (Madrid: Alianza, 1998), 272.

75. Álvaro Uribe Vélez, Del escritorio de Uribe (Medellín: Instituto de Estudios Liberales de Antioquia (IELA), 2002), 56.

76. Álvaro Uribe Vélez, Del escritorio de Uribe, 56.

77. La Ley 130 de 1994, Artículo 24, define como propaganda electoral “la que realicen los partidos, los movimientos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y las personas que los apoyen, con fin de obtener apoyo electoral. Esta clase de propaganda electoral únicamente podrá realizarse durante los tres (3) meses anteriores a la fecha de las elecciones”. Véase Colombia, Congreso de la República, Ley 130 de 1994, por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones, http://pdba.georgetown.edu/Parties/Colombia/Leyes/Ley130.pdf (Fecha de consulta: 23 de abril de 2012). No obstante, es común en Colombia que las campañas inicien mucho antes de lo estipulado por la ley, más aún tratándose de las campañas para la Presidencia de la República, que captan mayor atención por parte del electorado y de los medios de comunicación. El candidato Uribe Vélez inició su campaña por la Presidencia de la República con más de dos años de anticipación.

78. Álvaro Uribe Vélez, Del escritorio de Uribe, 83.

79. Redacción Editorial, “El remezón de las encuestas”, El Espectador, Bogotá, 3 de febrero de 2002, 13a.

80. Véanse Sergio Fabbrini, El ascenso del príncipe democrático: quién gobierna y cómo se gobiernan las democracias (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009), y Bernard Manin, Los principios del gobierno…

81. Un estudio sobre comportamiento electoral y perfil de votantes se orientaría en la misma dirección interpretativa: la percepción del liderazgo de Uribe y el enfoque de su propuesta para resolver el conflicto habrían sido más decisivas en su elección que la “derechización del país y la solución de mano dura del candidato en torno a la guerra”. Gary Hoskin, Rodolfo Masías y Marcela Galvis, “Modelos de decisión electoral y perfiles de votante en Colombia: elecciones presidenciales 2002”, Revista Análisis Político, núm. 55 (2005): 74.

82. La derrota de Horacio Serpa mostró el declive del Partido Liberal como partido históricamente mayoritario. Véase Francisco Gutiérrez, “¿Más Partidos?”, en La encrucijada: Colombia en el siglo XXI, ed. Francisco Leal Buitrago (Bogotá: Centro de Estudios Sociales Universidad de los Andes (CESO) Norma, 2006), 147-170.

83. Eduardo Pizarro Leongómez, “La atomización partidista en Colombia: el fenómeno de las micro-empresas electorales”, Kellogg Institute, Working Paper 292, enero de 2002, http://kellogg.nd.edu/publications/workingpapers/WPS/292.pdf (Fecha de consulta: 10 de diciembre de 2012).

84. Francisco Gutiérrez, ¿Lo que el viento se llevó? Los partidos políticos y la democracia en Colombia 1958-2002 (Bogotá: Norma, 2007), 30-31.

85. Daniel Pécaut, Midiendo fuerzas. Balance del primer año del gobierno de Álvaro Uribe (Bogotá: Planeta, 2003).

86. Francisco Gutiérrez, “¿Más Partidos?”, 147-170.

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