Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional

Apoyan:

Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI)

Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (ANIDIP)

Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI)

Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (RELAREDI)

Red de Investigación Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia

Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH)

Colegio de Abogados Rosaristas

Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional

Resumen

Este libro es producto de la investigación de diversas inquietudes, de veintidós investigadores de diez países iberoamericanos, en torno a los desarrollos jurisprudenciales y los debates contemporáneos del derecho internacional en materia derecho internacional penal, derecho internacional humanitario, justicia transicional y las necesidades cambiantes de su protección y desarrollo en el contexto de la globalización.

Esta investigación se instala en el contexto de una comunidad epistémica que se ha ido consolidando alrededor de las mesas temáticas que anualmente se reúnen en el Congreso Nacional de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario que, con el apoyo del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, el Instituto Iberoamericano de La Haya, la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y el Colegio de Abogados Rosaristas, se ha consolidado como el epicentro de grandes debates y promotor de investigaciones en favor del desarrollo hemisférico del derecho internacional.

Palabras clave: derecho internacional, derechos humanos, procedimiento penal, administración de justicia penal, derecho internacional humanitario.

Ibero-American Cases and Dialogues on International Criminal Law, International Humanitarian Law, and Transitional Justice

Abstract

This book is the result of the investigation of matters of interest by twenty-two researchers from ten Ibero-American countries regarding the jurisprudential developments of international law and contemporary debates on international criminal law, international humanitarian law, transitional justice, and the changing needs of their protection and development in the context of globalization.

This research takes place within an epistemic community that has slowly become established around the annual thematic tables of the National Conference on International Law organized by the Faculty of Jurisprudence at the Universidad del Rosario. With the support of the Anuario Colombiano de Derecho Internacional, the Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, the Ibero-American Institute of The Hague, the Latin American Network of International Law Journals, the Ibero-American Perspectives on Justice Research Network, and the Universidad del Rosario Bar Association, this conference has consolidated itself as the epicenter of great debates and promoter of research in favor of the development of international law in the hemisphere.

Keywords: International law, human rights, criminal procedure, administration of criminal justice, international humanitarian law.

Citación sugerida / Suggested citation

Abello-Galvis, R., Arévalo-Ramírez, W., Olasolo, H. y Varón Mejía, A. (eds.). Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional. Bogotá, D. C.: Editorial Universidad del Rosario, 2020.

https://doi.org/10.12804/urosario9789587845044

Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional

Ricardo Abello-Galvis

Walter Arévalo-Ramírez

Héctor Olasolo

Antonio Varón Mejía

—Editores académicos—

Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional / Ricardo Abello Galvis, Walter Arévalo Ramírez, Héctor Olasolo, Antonio Varón Mejía, editores académicos. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2020.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Derecho internacional – Estudio de casos. 2. Derechos humanos. 3. Procedimiento penal (Derecho internacional). 4. Administración de justicia penal. 5. Derecho internacional humanitario. I. Camarillo Govea, Laura Alicia. II. Jiménez Sánchez, Daniel. III. Coronel Ojeda, Esteban. IV. Pascual Lagunas, Eulalia. V. Farinella, Favio. VI. Gil Osorio, Juan Fernando. VII. Macana Gutiérrez, Nataly. VIII. Cortés Beltrán, Sergio. IX. Juárez García, Silvia Patricia. X. Urueña Sánchez, Mario Iván. XI. Dermer, Miriam XII. Choconta Solano, Lizeth Judith. XIII. Mora Cuervo, Ruth Astrid. XIV. Bonilla Montenegro, Julián Darío. XV. Quintana, Juan José. XVI. Bonet Pérez, Jordi. XVII. Sales Juárez, Mónica Alejandra. XVIII. Castro, Soledad I. XIX. Danessa, Sofía Josefina XX. Universidad del Rosario. XXI. Título.

341.481
SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI

JAGH
Septiembre 11 de 2020

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

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Imágenes de cubierta:

Frente: Fotografías de los juicios de Nuremberg, 1945-1946. Colección del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos, regalo de Elizabeth Duddy. Fotógrafo: Elizabeth Duddy Contraportada: Fotografía del juicio por crímenes de guerra de Nuremberg, 1946. Catálogo de Archivos Nacionales. Identificador local:111-SC-226821. Fotógrafo: Tonne

Editorial Universidad del Rosario

Carrera 7 No. 12B-41, of. 501

Tel: 2970200 Ext. 3112

editorial.urosario.edu.co

Primera edición: Bogotá D. C., 2020

ISBN: 978-958-784-504-4 (ePub)

ISBN: 978-958-784-505-1 (pdf)

https://doi.org/10.12804/urosario9789587845044

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Ludwing Cepeda Aparicio

Diseño de cubierta y diagramación:

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El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

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Contenido

Los autores

Introducción y metodología de las tres macrocuestiones abordadas en la obra

Ricardo Abello-Galvis

Walter Arévalo-Ramírez

Prólogo académico

Héctor Olasolo

Antonio Varón Mejía

PARTE 1 DEBATES CONTEMPORÁNEOS Y CASOS DE ESTUDIO SOBRE GLOBALIZACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, DIH Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Las consecuencias para el ser humano medio de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal: posibles respuestas

Héctor Olasolo

Introducción: el ser humano medio como contexto situado de reflexión

1. La invisibilidad del ser humano medio en la actual sociedad global

2. Las consecuencias de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal para la justicia ananmética y su impacto sobre la corrupción asociada al crimen transnacional organizado

3. La apropiación por la racionalidad neoliberal de la ciudadanía global del discurso ambivalente de los derechos humanos

4. La cuestión de la multi/inter/trans-culturalidad del fundamento de los derechos humanos

5. ¿Cuál es la respuesta de los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos ante el modelo de desarrollo glocal y la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?

6. ¿Qué ofrecen las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso como alternativa al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?

Conclusión

Bibliografía

El muro fronterizo entre Estados Unidos y México: la tentación de violar derechos humanos

Laura Alicia Camarillo Govea

A manera de introducción

1. Elementos a considerar para construir un muro

1.1. Sobre la existencia de tensiones “legales” entre EE. UU. y México en el ámbito internacional

1.2. Sobre el uso del término “muro”

1.3. Sobre la pertenencia de Estados Unidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos: algunas precisiones

1.4. Imposición de aranceles por no reducir la migración

2. Sobre la política migratoria de Estados Unidos y sus inconvencionalidades (análisis a la luz del derecho internacional de los derechos humanos)

2.1. Código de Estados Unidos, Título 12, Sección 1325

2.2. Orden Ejecutiva 13767 del 25 de enero de 2017

2.3. Política de tolerancia cero del 6 de abril de 2018

2.4. Efectividad de la Sección 235 (b) (2) (c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 20 de diciembre de 2018 que entró en vigor 20 de enero de 2019

Conclusiones

Bibliografía

La creación de la Guardia Nacional en México, sus retos en materia de seguridad pública, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las personas, como un derecho humano

Daniel Jiménez Sánchez

Introducción

1. La creación de la Guardia Nacional en México

1.1. Integración de la Guardia Nacional

2. Narcotráfico y crimen organizado en México

2.1. El crimen organizado, un problema en materia de seguridad en México

2.2. Las Fuerzas Armadas de México

2.3. Las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad publica en México

2.4. ¿Por qué las Fuerzas Armadas en México deben auxiliar a la Policía en sus funciones de seguridad pública?

2.5. Marco jurídico que faculta a las Fuerzas Armadas en México para auxiliar a la Policía en funciones de seguridad pública

2.6. ¿Cómo deben de actuar las Fuerzas Armadas en auxilio a la seguridad pública en México?

3. Difusión y enseñanza a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y uso y empleo de la fuerza

3.1. Se necesita una ley general y una ley de procedimientos que regule la actuación de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública

Conclusión

Bibliografía

Análisis de la “cosa juzgada fraudulenta” desde el derecho internacional. ¿Hacia dónde caminamos?

Esteban Coronel Ojeda

1. A manera de avance

2. El nacimiento de la cosa juzgada fraudulenta en el derecho internacional

3. Evolución y aplicación práctica de la cosa juzgada fraudulenta

4. Los dilemas en la aplicación de la cosa juzgada fraudulenta desde el derecho internacional

4.1. Un derecho que no obliga. Soft law

4.2. La soberanía de los Estados

4.3. La independencia judicial

5. ¿Hacia dónde caminamos?

Bibliografía

El patriarcado como arma de guerra: una reflexión sobre la violencia sexual en conflicto

Eulalia Pascual Lagunas

Introducción

1. Configuración jurídica de los crímenes de violencia sexual: sexo, género y el bien jurídico protegido

2. Reflexión sobre la configuración de algunos de los crímenes de violencia sexual en conflicto

2.1. Esclavitud sexual

2.2. Matrimonio forzado y esclavitud doméstica

2.3. Prostitución forzosa

3. Una reflexión sobre la violencia sexual como tortura

4. Cambios de paradigma en el concepto de víctima

5. Una justicia restaurativa con visión de género

5.1. ¿Qué delito es más grave? Los límites de una justicia retributiva sin visión de género

5.2. Un concepto de daño en femenino

6. Reparaciones con perspectiva de género

6.1. Indemnizaciones económicas

6.2. Medidas de atención médica y psicológica

6.3. El derecho a la verdad y el reconocimiento público a las víctimas

6.4. Garantía de no repetición

Bibliografía

El derecho internacional aplicable a los ciberataques

Favio Farinella

Introducción

1. Normativa internacional y regional aplicable directamente a los ciberataques

2. La aplicación de las reglas y principios del derecho internacional humanitario a los ciberataques

2.1. Los ciberataques y la neutralidad

2.2. El principio de distinción

2.3. Objetivos legítimos y ataques indiscriminados

2.4. Los combatientes y la participación directa en las hostilidades

Conclusiones

Bibliografía

Hacia una acertada judicialización de las violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH por parte de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia

Juan Fernando Gil Osorio

Introducción

1. Los GAO como aparatos organizados de poder en punto de autoría mediata

2. La naturaleza jerárquica de los GAO

3. Problemas consecuentes a la polinomia de los grupos armados ilegales

Conclusiones

Bibliografía

La responsabilidad penal de los terceros civiles en el conflicto desde una aproximación constitucional

Nataly Macana Gutiérrez

Introducción

1. Justicia transicional

1.1. Concepto de justicia transicional

1.2. La verdad como elemento de la justicia transicional

1.3. El Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR)

2. Naturaleza de la Jurisdicción Especial para la Paz

3. Competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre los terceros civiles

3.1. El juicio de sustitución constitucional

3.2. El juicio de sustitución del artículo transitorio 16 del Acto Legislativo 01 de 2017

Conclusiones

Bibliografía

Cuestiones de derecho internacional del derecho animal: su protección en el derecho internacional privado, penal y comparado

Sergio Cortés Beltrán

Antecedentes

1. Regulación de los animales en el derecho comparado

1.1. Unión Europea

1.2. Alemania

1.3. Austria

1.4. Reino Unido

1.5. Francia

1.6. Estados Unidos

1.7. Argentina

1.8. Bolivia

1.9. Colombia

1.10. Chile

2. Problemas de la parte general del derecho internacional privado que plantean los animales

2.1. Conflictos de calificación

2.2. Conflicto móvil

2.3. El orden público y las normas de policía

3. Problemas de la parte especial del derecho internacional privado que plantean los animales: del estatuto real al estatuto personal

Bibliografía

Crímenes de lesa humanidad juzgados bajo la aplicación de normativa interna y del derecho penal internacional en Guatemala

Silvia Patricia Juárez García

1. El conflicto armado interno en Guatemala

2. Comisión para el Esclarecimiento Histórico

3. Firma de la paz en Guatemala

4. Víctimas del conflicto armado

5. Las mujeres de Alta Verapaz y el conflicto armado interno

6. Casos emblemáticos de crímenes internacionales de lesa humanidad en Guatemala, caso Ríos Montt

7. Caso Sepur Zarco

8. El derecho internacional, derecho penal internacional y derecho internacional humanitario

9. Del tipo penal de delitos contra los deberes de humanidad

10. Denuncia ante los tribunales de justicia penal de Guatemala

11. La sentencia emitida por Tribunal Penal de Guatemala en el caso Sepur Zarco

12. Reparación digna y transformadora

Bibliografía

El derecho internacional, la regulación de las compañías militares y de seguridad privada (CMSP) y el mercenarismo: análisis y desafíos

Mario Iván Urueña Sánchez

Introducción

1. Análisis

1.1. Niveles de análisis

1.2. Las fuentes

2. Desafíos

2.1. Tipificación de empresas y personal

2.2. Responsabilidad de los Estados y las compañías

Conclusión

Bibliografía

La tensión comercio-cultura: una tensión olvidada en derecho internacional público

Miriam Dermer

Introducción

1. La cultura en los tratados de libre comercio de Colombia

1.1. El enfoque de la cultura colombiana en los TLC

2. Políticas culturales en Colombia y actores locales

3. Hacia una definición concepto de win-set: el caso de la Convención del 2005 de la Unesco y las políticas culturales de Colombia

3.1. Las instituciones en el nivel interno

Conclusiones

Los límites de la investigación

Los resultados más sobresalientes de la investigación

Bibliografía

PARTE 2 DEBATES SOBRE JUSTICIA TRANSICIONAL

Justicia restaurativa hacia la formación de la comunidad, con fundamento en los derechos humanos

Lizeth Judith Choconta Solano

Ruth Astrid Mora Cuervo

Introducción

1. Antecedentes de la concepción de justicia restaurativa

2. Concepto e implicaciones de la justicia restaurativa

3. Justicia restaurativa y su trascendencia en el entorno comunitario

4. La justicia restaurativa y su disciplina social

5. Desafíos de la justicia restaurativa en el entorno educativo

Bibliografía

El uso de los principios del derecho blando (soft law) para la adecuación de los modelos normativos de la justicia transicional. La construcción de un proceso glocal

Julián Darío Bonilla Montenegro

Introducción

1. La controversia respecto de las fuentes

1.1. Las condiciones valorativas sobre el derecho blando

2. Justicia transicional. Aproximación teórica y contextos históricos

2.1. Desarrollo histórico de la JT

3. El traslado de la condición local a global y la condición de glocalidad

4. Los estándares de JT en el contexto colombiano

Conclusiones

Bibliografía

PARTE 3 DEBATES SOBRE FONDO Y PROCEDIMIENTO EN TRIBUNALES INTERNACIONALES

La Corte Penal Internacional y la activación de su competencia sobre el crimen de agresión

Juan José Quintana

Introducción

1. El crimen de agresión en la Conferencia de Roma

2. Las Enmiendas de Kampala

3. Las discusiones sobre la activación de la competencia respecto de Estados no partes en las Enmiendas

4. La solución

5. Balance

Bibliografía

La jurisdicción extraterritorial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: ¿una aproximación particular a la responsabilidad del Estado por actos ejecutivos fuera del propio territorio que vulneran los derechos humanos?

Jordi Bonet Pérez

Introducción

1. Aproximación al alcance de la jurisdicción del Estado Parte conforme al artículo CEDH en la jurisprudencia del TEDH

2. Una primera reflexión: ¿la jurisprudencia del TEDH es inclusiva de todo acto ejecutivo extraterritorial llevado a cabo por los Estados Partes?

3. La doctrina del TEDH sobre la jurisdicción frente a los actos ejecutivos extraterritoriales: ¿una aproximación particular?

3.1. La especificidad de la jurisdicción en la doctrina del TEDH

3.2. ¿Es la jurisprudencia del TEDH suficientemente coherente?

Consideraciones finales

Bibliografía

Progresividad: apreciación de los avances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los DESCA a la luz de la responsabilidad del Estado de Guatemala: caso Cuscul Pivaral y otros c. Guatemala

Mónica Alejandra Sales Juárez

1. Aproximación histórica al reconocimiento de los DESCA

2. Progresividad de los DESCA en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

3. Rol garante e innovador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala

3.1. De la progresividad y no regresividad

3.2. Avance jurisprudencial a la luz de los DESCA desde la violación al derecho a la salud

Bibliografía

Aproximación al debate sobre la igualdad de armas en las jurisdicciones penales internacionales. Disparidades materiales e institucionales

Soledad I. Castro

1. El principio de igualdad de armas y sus implicancias jurídicas

2. La desigualdad material e institucional

3. La desigualdad material o de recursos

3.1. Desigualdad material: hitos jurisprudenciales

3.2. Evolución de los sistemas de asistencia legal en las jurisdicciones penales internacionales

4. La disparidad institucional

4.1. Oficinas de la Defensa: vía interna

4.2. Asociaciones internacionales de abogados defensores: vía externa

5. Reflexiones finales: igualdad de armas y legitimidad de los procesos

Bibliografía

El Tribunal Especial para el Líbano y el terrorismo

Sofía Josefina Danessa

1. Antecedentes y contexto normativo: dificultades para definir al terrorismo

2. Aproximaciones a la concepción del terrorismo como crimen internacional del Tribunal Especial para el Líbano

2.1. El Tribunal Especial para el Líbano es un tribunal híbrido

2.2. Mandato del Tribunal Especial para el Líbano

2.3. La cuestionada definición de terrorismo: argumentos del tribunal y análisis crítico

Conclusiones

Bibliografía

La recepción y desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad internacional del Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de los criterios de atribución de conductas al Estado: el hecho ilícito en el tiempo y las formas de reparación integral

Ricardo Abello-Galvis

Walter Arévalo-Ramírez

Introducción

Los criterios de atribución de conductas al Estado del Proyecto de la CDI en la jurisprudencia de la Corte IDH

Formas de reparación en el marco del Proyecto de la CDI y su expansión la jurisprudencia de la Corte IDH

Conclusión

Bibliografía

Los autores

Ricardo Abello-Galvis

Profesor principal de carrera académica de la Universidad del Rosario, miembro del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) (2014-2025), agente de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva n.o 23), director/editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional, codirector de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH, director de la Especialización en Derecho del Mar. Miembro del Consejo Académico de la Academia Augusto Ramírez Ocampo en representación de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Abogado de la Universidad del Rosario, DES (maestría) del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra, Suiza. Ha sido profesor invitado en las universidades de París X Nanterre (París), Lovaina-la-Nueva (Bélgica), Westminster (Londres), American University (Washington), Alfonso X El Sabio (Madrid), IEESFORD (El Salvador), Universidad de la Sabana, de los Andes, Sergio Arboleda, Externado de Colombia y en la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo (Bogotá). Expresidente de ACCOLDI (Academia Colombiana de Derecho Internacional), miembro de IHLADI (Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional). Miembro de SLADI (Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional). Miembro de la SFDI (Sociedad Francesa de Derecho Internacional), miembro de ASIL (American Society of International Law), miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y expresidente del Colegio de Abogados Rosaristas.

Walter Arévalo-Ramírez

Profesor principal de carrera de académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, máster en Derecho Internacional y asistente de investigación de la Stetson University College of Law, especialista en Derecho Constitucional, abogado y politólogo de la Universidad del Rosario, doctor en Derecho summa cum laude de la Universidad del Rosario. Tutor de la Academia de Derecho Internacional de La Haya (2019), fellow del Programa de difusión y perfeccionamiento del derecho internacional de la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas, investigador visitante de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, la Universidad Ártica de Noruega (JCLOS) y la Universidad de Copenhague (iCourts). Miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Miembro del Consejo Académico de la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (UBA-Argentina). Miembro del Consejo Académico de la Revista de Direito International e Direitos Humanos UFRJ:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Miembro del consejo directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor del Curso de Formación Diplomática de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional.

Héctor Olasolo

Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España), maestría en Derecho por la Universidad de Columbia (EE. UU.). Profesor titular de carrera en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, donde dirige los programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional y el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip). Investigador calificado en categoría senior por Colciencias, presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (iih, Países Bajos), donde se desempeña además como coordinador general de la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y como director de la Colección del mismo nombre publicada junto con la editorial Tirant lo Blanch (España) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil), senior lecturer en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos).

Laura Alicia Camarillo Govea

Doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, maestra en Asuntos Internacionales y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Profesora-investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.

Daniel Jiménez Sánchez

Magíster en Derecho Penal y Justicia Internacional, UK-Unicri, Buenos Aires, Argentina. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Clínica Jurídica Internacional, Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, Bogotá Colombia, capitán de Justicia Militar y licenciado en retiro del Ejército Mexicano, Integrante del Foro Internacional de Justica A. C., en Ciudad de México.

Esteban Coronel Ojeda

Doctorando por la Universidad de Valencia en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. Línea de investigación: Derecho Internacional y Transicional de los Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos. Especialista en Derecho Penal. Publicación de artículos relacionados a los derechos humanos, penal y procesal. Fiscal en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de Ecuador.

Eulalia Pascual Lagunas

Doctora en Derecho con la mención cum laude por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es miembro de la Comisión de Justicia Penal Internacional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, funcionaria del Ministerio de Justicia y Presidenta de la Asociación de Naciones Unidas de España. Es investigadora en materia de justicia penal internacional.

Favio Farinella

Ph. D., profesor, investigador. Universidad Nacional del Mar del Plata (UNMdP), uai (Argentina). BSc. in International Relations and Politics, Universidad de Londres (Reino Unido). Exbecario Universidad Nacional de Séul (Corea), Comisión Europea Programa Marie Curie y TMC Asser Institute (UE).

Juan Fernando Gil Osorio

Abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, máster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Docencia Universitaria, especialista en Derecho Internacional Aplicable a los Conflictos Armados dica. Coordinador académico de la Facultad de Derecho de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova y director del Observatorio de Derecho Operacional de la misma escuela.

Nataly Macana Gutiérrez

Abogada de la Universidad Santo Tomás, con estudios de LLM de la Universidad de Constanza, Alemania. Docente de la Fundación Universitaria Los Libertadores.

Sergio Cortés Beltrán

Profesor asistente de Derecho Internacional Privado y de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Alberto Hurtado. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2004). Magíster en Derecho Europeo e Internacional de la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica (2010) y magíster en Contratación Comparada e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (2015).

Silvia Patricia Juárez García

Abogada y notaria. Doctora en Ciencias Penales por la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y por la Universidad de La Habana, magíster en Derecho Penal por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Mario Iván Urueña Sánchez

Doctor en Derecho de la Universidad del Rosario (Colombia). Estudios de doctorado en Ciencia Política, Universidad de Quebec en Montreal (Canadá). Magíster en Geopolítica y Seguridad Global, Universidad de Roma La Sapienza (Italia). Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor del Grupo de Derecho Internacional, Facultad de Jurisprudencia, Universidad del Rosario.

Lizeth Judith Choconta Solano

Abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Candidata al título de magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Externado de Colombia.

Ruth Astrid Mora Cuervo

Abogada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Candidata a magíster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Julián Darío Bonilla Montenegro

Abogado, Universidad Nacional de Colombia. Doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos, Universidad de Barcelona. Becario Convenio 728-2105, Colciencias. Docente Investigador, Universidad Libre de Colombia.

Jordi Bonet Pérez

Catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona e investigador principal del proyecto de investigación financiado por la Administración Central del Estado “La territorialidad como límite de la jurisdicción del Estado ante conductas de actores privados no estatales que repercuten en la efectividad de los derechos humanos internacionalmente reconocidos” (DER2015-67026-P).

Juan José Quintana

Director de la Academia Diplomática de la Cancillería (Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia). Ha sido embajador en Ginebra y en La Haya, donde se desempeñó como coagente ante la Corte Internacional de Justicia y representante ante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Mónica Alejandra Sales Juárez

Abogada. Doctoranda en Derecho Constitucional Internacional y magíster en Criminología Aplicada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Magíster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Relaciones Internacionales de SAEJEE Business School.

Miriam Dermer

Doctoranda en Derecho de la Universidad del Rosario. Magíster en Ciencia Política de la Universidad de Quebec en Montreal y politóloga de la Universidad Nacional. Experta en temas del debate comercio-cultura y derecho internacional público. Docente investigadora de la Universidad La Gran Colombia.

Soledad I. Castro

Miembro del Proyecto ius de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Magíster en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di Tella. Abogada, Universidad de Buenos Aires. Secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina.

Sofía Josefina Danessa

Abogada de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Derecho, magíster en Relaciones Internacionales UBA (2010). Consultora en Derecho Internacional Público de la Comisión Nacional del Límite exterior de la Plataforma Continental en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Profesora de Derecho Internacional Público en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, adjunta de la Dra. Frida Armas.

Antonio Varón Mejía

Abogado de la Universidad del Rosario con Especialización en Derecho Comunitario de la Universidad de París II Panteón-Assas. Profesor del Grupo de Investigación de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Introducción y metodología de las tres macrocuestiones abordadas en la obra

Ricardo Abello-Galvis* Walter Arévalo-Ramírez**

Este libro es el producto de investigación de las distintas inquietudes de 22 investigadores de 10 países alrededor de los desarrollos jurisprudenciales y debates contemporáneos del derecho internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional penal y las necesidades cambiantes de su protección y desarrollo en el contexto de la globalización.

La investigación colectiva se instala en el contexto de una comunidad epistémica que se ha ido consolidando alrededor de las mesas temáticas que anualmente se reúnen en el Congreso Nacional de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, que con el apoyo del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal, el Instituto Iberoamericano de La Haya, la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional y el Colegio de Abogados Rosaristas se ha consolidado como el epicentro de grandes debates y promotor de investigaciones en favor del desarrollo hemisférico del derecho internacional y que para 2020 organiza su tercera conferencia en el segundo semestre.

La obra Diálogos y casos iberoamericanos sobre derecho internacional penal, derecho internacional humanitario y justicia transicional se divide en tres apartados temáticos. la primera parte, se dedica a los debates contemporáneos y casos de estudio sobre globalización, derecho internacional público, DIH y derecho internacional penal. La macropregunta que se abordó en esta sección y que fue distribuida a todas las mesas de investigadores fue la identificación y análisis de distintos fenómenos de desarrollos progresivos de carácter sustantivo del derecho internacional público, DIDH y derecho internacional penal en el contexto de la globalización. Metodológicamente, los autores podían elegir o la confrontación de paradigmas (ej., globalidad vs. localidad, universalidad del DIDH vs. margen nacional de apreciación) o presentar estudios de caso de desarrollos progresivos recientes en el contenido material de la rama del derecho internacional elegida, con una perspectiva hispano-iberoamericana. Como resultado de esta primera sección, se presentan doce estudios: Héctor Olasolo analiza las consecuencias para el ser humano medio de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal, Laura Alicia Camarillo Govea estudia el fenómeno del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y sus efectos en los derechos humanos y, continuando con fenómenos glocales, Daniel Jiménez Sánchez analiza la creación de la Guardia Nacional en México, tanto desde la óptica de la seguridad como los derechos humanos.

Esteban Coronel desarrolla un análisis sobre el fenómeno de la “cosa juzgada fraudulenta” desde el derecho internacional y Eulalia Pascual Lagunas aborda el uso del patriarcado como arma de guerra. En concordancia con estas nuevas propuestas de investigación, Favio Farinella estudia el derecho internacional aplicable a los ciberataques. Juan Fernando Gil Osorio aborda el fenómeno de la judicialización de las violaciones a los DD. HH. e infracciones al DIH por parte de los grupos armados organizados (GAO) en Colombia, y Nataly Macana Gutiérrez estudia la responsabilidad penal de los terceros civiles en el conflicto desde una aproximación constitucional.

En la misma sección, Sergio Cortés Beltrán analiza de forma comparada la protección del derecho animal desde lo privado y lo penal, y Silvia Patricia Juárez García aborda los crímenes de lesa humanidad juzgados bajo la aplicación de normativa interna y del derecho penal internacional en Guatemala.

Finalmente, Mario Iván Urueña Sánchez aborda el fenómeno de las compañías militares y de seguridad privada (CMSP) y Miriam Dermer la tensión comercio-cultura, ambos desde su relación o colisión con el derecho internacional público.

La segunda parte de la obra se dedica a los debates recientes seleccionados por algunos investigadores en materia de justicia transicional. La pregunta principal de investigación de esta sección es indagar sobre la adecuación de modelos de justicia transicional a escenarios locales y la relación entre la comunidad y los ejercicios de justicia transicional. En esta sección, más específica, los autores eligieron un enfoque de análisis descriptivo-analítico de escenarios de justicia transicional locales inspirados en paradigmas teóricos de ese tipo de justicia. En esta, Lizeth Judith Choconta Solano y Ruth Astrid Mora Cuervo abordan el ámbito comunitario de la justicia restaurativa y Julián Darío Bonilla Montenegro, el uso de los principios del derecho blando (soft law) para la adecuación de los modelos normativos de la justicia transicional.

La tercera parte de la obra aborda el cada vez más completo mundo de los desarrollos de materias de fondo y procedimiento ante tribunales internacionales. La premisa fundamental que sustenta las preguntas de investigación elegidas por los investigadores de esta sección es la relación indisoluble entre el procedimiento ante los tribunales internacionales, con sus desarrollos jurisprudenciales. Los investigadores de esta sección identifican desarrollos del derecho internacional en la jurisprudencia de distintos tribunales internacionales y su relación tanto con las reglas primarias propias de cada tribunal, con sus procedimientos y normas secundarias. Juan José Quintana presenta el proceso frente a la Corte Penal Internacional en cuanto a la activación de su competencia sobre el crimen de agresión y el debate en la conferencia de Estados Parte. Jordi Bonet estudia y sistematiza las cuestiones recientes en materia de la jurisdicción extraterritorial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mónica Alejandra Sales Juárez desarrolla los avances jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los DESCA a la luz de la responsabilidad del Estado de Guatemala.

Soledad I. Castro desarrolla el debate sobre la igualdad de armas en las jurisdicciones penales internacionales, Sofía Josefina Danessa analiza al Tribunal Especial Para el Líbano frente al terrorismo y, finalmente, Ricardo Abello-Galvis y Walter Arévalo-Ramírez estudian el desarrollo jurisprudencial de la responsabilidad internacional del Estado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de los criterios de atribución de conductas al Estado, el hecho ilícito en el tiempo y las formas de reparación integral.

Los autores desean que tan variada selección de temas y aproximaciones contribuyan a la fijación de una doctrina iberoamericana en los debates de derecho internacional público en los escenarios del DIDH, el derecho internacional penal y la justicia transicional, desde los tribunales internacionales y su jurisprudencia.

Notas

* Profesor principal de carrera académica de la Universidad del Rosario. Miembro del Grupo Nacional ante la Corte Permanente de Arbitraje – CPA (2014-2025), agente de Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opinión Consultiva n.º 23), director / editor del ACDI – Anuario Colombiano de Derecho Internacional, codirector de la Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y DIH, director de la Especialización en Derecho del Mar. Miembro del Consejo Académico de la Academia Augusto Ramírez Ocampo en representación del Sr. ministro de Relaciones Exteriores de Colombia. Miembro de sladi – Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Miembro de la SFDI – Sociedad Francesa de Derecho Internacional, Miembro de ASIL – American Society of International Law. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y expresidente del Colegio de Abogados Rosaristas.

** Profesor principal de carrera académica de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional. Miembro del Consejo Académico de la Revista Iberoamericana de Derecho Internacional y de la Integración (UBA-Argentina). Miembro del Consejo Académico de la Revista de Direito International e Direitos Humanos UFRJ: Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil). Miembro del consejo directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Profesor del Curso de Formación Diplomática de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. Director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional.

Prólogo académico *

Héctor Olasolo** Antonio Varón Mejía***

El II Congreso de Derecho Internacional (“el II Congreso”) celebrado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia) los días 25 y 26 de abril de 2019, se dedicó a los 20 años de la Corte Penal Internacional (CPI), contando con la presencia de las magistradas de la CPI Olga Herrera Carbuccia (2010-2019) y Sylvia H. Steiner (2003-2016) y con el apoyo institucional del Colegio de Abogados Rosaristas, el Anuario Colombiano de Derecho Internacional (ACDI), el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip), la Academia Colombiana de Derecho Internacional (ACCOLDI), la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional (Relaredi), la Red de Investigación Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia y el Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH).

En la mesa inaugural del II Congreso, las magistradas de la CPI y el profesor Héctor Olasolo abordaron, con la moderación del Prof. Ricardo Abello-Galvis, el joven legado de la CPI en el vigésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional al término de la Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Roma (Italia) entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998. Por esta razón, el equipo de editores de las Memorias del II Congreso hemos considerado oportuno incluir unas palabras sobre esta cuestión a título de editorial académica, que tengo el gusto de presentarles a continuación.

Los graves acontecimientos producidos desde enero de 1991 en el territorio de la antigua Yugoslavia y desde abril de 1994 en Ruanda, y la creación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (‘Consejo de Seguridad’) de las dos comisiones de expertos y de los Tribunales Internacionales Penales para la ex-Yugoslavia y Ruanda, resultaron decisivos para que muchos gobiernos apoyaran la idea de establecer una Corte de carácter permanente, con jurisdicción material sobre los crímenes internacionales más graves. Para ello, se tomaron como base los proyectos de estatuto presentados por la Comisión de Derecho Internacional (CDI) en 1992 y 1994, que nada tenían que ver con la propuesta inicialmente presentada por Trinidad y Tobago en 1989 de una Corte especializada en la lucha contra el narcotráfico.

Meses después de la creación del TIPR, la Asamblea General de las Naciones Unidas (Asamblea General) estableció un Comité ad hoc cuyo mandato fue el de “revisar los principales temas sustantivos y administrativos que surgen del proyecto de estatuto preparado por la CDI y, a la luz de la revisión, examinar los arreglos para la convocatoria de la conferencia internacional de plenipotenciarios”¹. El Comité advirtió las importantes diferencias entre los Estados en cuestiones tan importantes como la naturaleza jurídica del instrumento de creación de la CPI, el alcance y activación de su jurisdicción y las relaciones de la CPI con las jurisdicciones nacionales y con el Consejo de Seguridad. Además, los cinco miembros permanentes de este último veían con enorme recelo la creación de una jurisdicción internacional penal de carácter permanente que pudiera menoscabar las competencias del Consejo en la determinación y el tratamiento de las amenazas y los quebrantamientos a la paz y los actos de agresión.

A diferencia de ocasiones anteriores, este recelo no paralizó las negociaciones, sino que, por el contrario, en un contexto de conferencias internacionales de derechos humanos y creación de nuevos tribunales internacionales penales, se formó una coalición de “Países Amigos” (miembros de la Unión Europea y una buena parte de países de África, América Latina y la Commonwealth) que, junto con los cientos (luego miles) de organizaciones no gubernamentales agrupadas en la Coalición por la CPI (CICC), promovieron su continuación.

Tras tres años de intensas negociaciones que llevaron, entre otras cosas, a un progresivo cambio de posición de dos de los integrantes del Consejo de Seguridad (Reino Unido y Francia), se convocó la mencionada Conferencia de Plenipotenciarios a celebrar en Roma entre el 15 de junio y el 17 de julio de 1998, que con la adopción del Estatuto de la CPI (ECPI) por 120 votos a favor, 7 votos en contra y 21 abstenciones². A pesar del amplio número de votos a favor, no pasó desapercibido que tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad (China, EE. UU. y Rusia), siete de las nueve potencias nucleares (los tres miembros del Consejo que acabamos de mencionar, India, Paquistán, Israel, y una Corea del Norte que ni siquiera participó en la Conferencia Diplomática) e importantes potencias regionales (incluyendo a Egipto, Indonesia, Irán, México y Turquía) se opusieron o abstuvieron en la votación final. Además, si bien es cierto que, a raíz del rápido proceso de ratificación del ECPI, Rusia primero (16 de noviembre de 2000) y EE. UU. e Israel después (31 de diciembre de 2000) firmaron el ECPI, lo cierto es que esta situación fue meramente transitoria, y apenas año y medio después EE. UU. e Israel declaraban que la firma presentada no tenía ningún valor³, haciendo Rusia lo propio el 16 de noviembre de 2016.

Cuatro años después de su aprobación, el ECPI entraría en vigor el 1 de julio de 2002, después de que en abril de ese mismo año Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Camboya, RDC, Irlanda, Jordania, Mongolia, Níger, Rumania y Eslovaquia depositaran las últimas ratificaciones necesarias para alcanzar las sesenta que el artículo 126 del ECPI requería a tal efecto. De esta manera, 130 años después de que Gustav Moynier hubiera propuesto por primera vez en Ginebra la creación de una jurisdicción internacional penal⁴, y transcurridos más de cincuenta años desde que la Resolución 260 (III) de la Asamblea General encargara a la CDI el estudio de su posible creación, se establecía un órgano jurisdiccional permanente para la declaración y ejecución de la responsabilidad internacional individual de carácter penal de quienes cometieran, a partir de la fecha de entrada en vigor del ECPI, los crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, así como el crimen de agresión, una vez fuera definido.

Además, como confirmarían a partir de 2003 los documentos de política criminal de la Fiscalía de la CPI, las actividades de la CPI habrían de concentrase, en particular, en los “máximos responsables”, entendidos como aquellos dirigentes que, desde el poder estatal, o no estatal, planearan, promovieran o favorecieran con sus acciones u omisiones el desarrollo de actos de violencia que fueran constitutivos de crímenes de la jurisdicción material de la CPI. El carácter complementario de la CPI no solo no afectaba esta situación, sino que la fortalecía, al atribuir a la CPI la función de i) incentivar a los Estados parte del ECPI (Estados Partes) para que cumplieran con sus deberes de investigación, enjuiciamiento y sanción penal de los responsables de dichos crímenes, así como de reparación integral a las víctimas; y ii) asumir directamente su ejecución ante la inacción, la falta de disposición o la falta de capacidad de los propios Estados Partes.

Sin embargo, las reticencias —cuando no oposición— de una parte muy importante de los principales actores de la comunidad internacional, unido a la concentración de sus actuaciones en los “máximos responsables”, auguraban que las actuaciones de la CPI estarían plagadas de dificultades. Y así efectivamente ha sucedido, como ha quedado manifestado de manera paradigmática en los casos contra el actual presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y el hasta hace unos meses presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, por poner solo algunos ejemplos.

En este último caso, la CPI se ha visto impotente durante casi una década para obtener la detención y entrega de Al-Bashir, a pesar de que su imputación fue fruto de la remisión de la situación en Darfur (Sudán) por el Consejo de Seguridad el 31 de marzo de 2005, y de que desde la emisión de sus dos órdenes de arresto (4 de marzo de 2009 y 12 de julio de 2010) el imputado ha viajado a un 60 % de los 122 Estados parte del ECPI. Sin embargo, estos se han negado a cooperar con la CPI, e incluso la Unión Africana emitió un comunicado el 13 de julio de 2009 en el que afirmaba que, dado que no se había hecho efectiva su solicitud al Consejo de Seguridad de suspender el caso contra Al-Bashir conforme al artículo 16 ECPI, sus miembros consideraban que no tenían el deber de cooperar con la detención y entrega de Al-Bashir a la CPI porque este último disfrutaba de las inmunidades a que se hace referencia en el artículo 98 del ECPI. Esta misma posición fue adoptada por el gobierno sudafricano durante la última visita oficial de Al-Bashir a Sudáfrica entre el 13 y el 15 de junio de 2015, lo que provocó que tanto su Corte Suprema de Apelaciones como la Sala de Primera Instancia II de la CPI declararan que Sudáfrica había violado sus obligaciones conforme al ECPI, a lo que el gobierno sudafricano respondió en octubre de 2016 iniciando el proceso de denuncia del ECPI, que posteriormente fue frenado por el Ejecutivo sudafricano.

En relación con los casos de Kenia, los obstáculos enfrentados por la Fiscalía de la CPI durante la preparación del caso contra el presidente Uhuru Kenyatta provocaron que la Fiscalía retirara los cargos antes del inicio del juicio oral. Entre estas dificultades destaca el hecho de que el acusado fuera presidente de la República de Kenia durante el juicio y de que su conducta potencialmente contribuyó a un clima contrario a la investigación de la Fiscalía en el terreno y a la hostilidad hacia las víctimas y los testigos que cooperaban con la CPI. En consecuencia, varios testigos de la Fiscalía decidieron no testificar por temor a su seguridad. Además, la CPI ha dictado órdenes de arresto contra tres personas sospechosas de haber corrompido a testigos de la Fiscalía residentes en Kenia para que retirasen sus testimonios incriminatorios a cambio de sumas de dinero. Así mismo, el gobierno de Kenia no ha cumplido con varias peticiones de cooperación hechas por la Fiscalía de la CPI, entre las que destaca la provisión de información detallada sobre la situación patrimonial del presidente Kenyatta.

Por otra parte, los cargos públicos de presidente y vicepresidente de la República, ocupados por los acusados en los casos de Kenia, han llegado a provocar la aprobación de una enmienda a las Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI con el fin de que pudieran ausentarse de algunas sesiones del juicio oral para atender sus obligaciones públicas extraordinarias. Esta modificación llegó después de que la Sala de Apelaciones admitiera la petición en este sentido del Sr. Ruto, vicepresidente de la República de Kenia.

Esto no ha significado, sin embargo, que todas las actuaciones de la CPI se hayan visto tan afectadas por las difíciles condiciones en las que ha operado desde su establecimiento efectivo el 1 de julio de 2002. De hecho, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 1 de julio de 2018, la CPI ha recibido más de diez mil comunicaciones de personas y organizaciones residentes en más de 140 Estados, realizando 24 exámenes preliminares, de los que 9 permanecían vigentes a la conclusión de este periodo (Afganistán, Colombia, Flotilla Humanitaria (Comoros, Grecia y Camboya), Gabón, Guinea, Irak, Nigeria, Palestina II y Ucrania), 11 habían dado lugar a la apertura de una investigación (Burundi, Costa de Marfil, Darfur, Georgia, Kenia, Libia, Mali, República Centro Africana I, RCA II, República Democrática del Congo y Uganda) y 5 habían concluido sin apertura de investigación (Honduras, Irak, Palestina I, República de Corea y Venezuela I). Además, para el 1 de julio de 2018 se habían abierto mediante la emisión de órdenes de arresto o comparecencia 25 casos, correspondientes a 41 imputados, en relación con todas las situaciones bajo investigación, excepto las relativas a Burundi, Georgia y RCA II, la situación procesal de los 41 imputados en dicha fecha era la siguiente: 8 condenados (4 por crímenes internacionales y el resto por delitos contra la administración de justicia), 1 absuelto, 4 en fase de juicio oral, 9 con cargos no confirmados, retirados, vacantes o inadmisibles, 15 fugitivos y 4 fallecidos sin condena.

Así mismo, desde el 1 de julio de 2002 hasta la decisión emitida la semana pasada por la Sala de Apelaciones en relación con la segunda decisión de la Fiscalía de no proceder a la apertura de la investigación sobre la situación relativa a la Flotilla Humanitaria (Comoros, Grecia y Camboya), la jurisprudencia de la CPI ha desarrollado un abundante acervo jurisprudencial en materia sustantiva, procesal y probatoria, que se extiende a todas las fases del procedimiento ante la CPI. Entre las cuestiones abordadas por el mismo cabe destacar la distinción entre los conceptos de situación (objeto de los exámenes preliminares y las investigaciones) y caso (objeto del resto de actuaciones procesales ante la CPI), la delimitación de las competencias de la Fiscalía y la Sala de Cuestiones Preliminares en la adopción y revisión de la decisión de apertura de una investigación, el desarrollo de las distintas formas de responsabilidad sobre la base de la adopción del dominio del hecho como criterio de distinción entre autoría y participación, y la elaboración de toda una serie de principios de reparación que aborda las modalidades de reparación individual, colectiva y mixta.

Las dificultades en el desarrollo de los procedimientos ante la CPI arriba mencionadas sí han supuesto, sin embargo, que sus actuaciones no hayan tenido el alcance y desarrollo que se esperaba cuando se aprobó el ECPI en 1998. En consecuencia, se puede afirmar que, si bien las actuaciones de la CPI no se han visto paralizadas, han avanzado a un ritmo más lento del esperado. Además, han mostrado un marcado énfasis en las situaciones del continente africano.

Más allá de las dificultades inherentes a la puesta en marcha del complejo engranaje orgánico y procesal contenido en el ECPI, y a la disparidad en las diversas interpretaciones de las disposiciones sustantivas contenidas en el ECPI, existen causas más profundas que explican la limitada actividad de la CPI desde su creación, entre las cuales no se encuentra, en nuestra opinión, las tantas veces subrayadas limitaciones de naturaleza jurisdiccional.

Entre estas causas consideramos importante destacar en este momento las dos siguientes. En primer lugar, el hecho de que el ECPI no sea un acto legislativo de la comunidad internacional, sino de un grupo de Estados que, ante su inactividad, deciden crear la CPI en su nombre, porque, a pesar del amplio número de Estados Partes del ECPI (122 en este momento), lo cierto es que tres de los cinco miembros del Consejo de Seguridad (China, EE. UU. y Rusia), siete de las nueve potencias nucleares (las tres mencionadas más India, Paquistán, Israel y Corea del Norte) e importantes potencias regionales, que incluyen dos terceras partes del territorio y población mundial, siguen mostrando reticencia, cuando no oposición, a la actividad de la CPI. Esto hace que las actuaciones de la CPI se encuentren marcadas por fuertes tensiones en el ámbito de las relaciones internacionales.

En segundo lugar, el rechazo de la Fiscalía de la CPI a excluir a los más altos representantes del Estado en ejercicio entre el grupo de máximos responsables que son objeto prioritario de sus actuaciones, y la emisión de órdenes de arresto contra los presidentes de influyentes Estados africanos, como Kenia o Sudán, han generado obstáculos significativos para el cumplimiento eficaz de sus funciones (sobre todo, ante la falta de cooperación de un buen número de Estados Partes). Esto también ha provocado el activismo de Kenia y Sudán para fomentar una creciente oposición hacia la CPI entre los países africanos que, en nuestra opinión, dista mucho de tener un carácter meramente coyuntural.

Las difíciles circunstancias en las que ha venido operando desde su creación no solo no parece que vayan a desaparecer en el medio plazo, sino que es muy probable que terminen agudizándose a la luz de toda una serie de nuevos factores, entre los que cabe destacar: i) las nuevas políticas de alejamiento del multilateralismo de la administración Trump; ii) el resurgimiento político-militar de Rusia y la reciente retirada de su firma del ECPI a raíz del tratamiento dado por la Fiscalía de la CPI a las situaciones en Georgia y Ucrania; iii) la creciente importancia de China en la economía y geoestrategia internacional; iv) la mayor vulnerabilidad de la Unión Europea y las imprevisibles consecuencias del Brexit; v) la creciente reticencia (cuando no oposición) hacia la CPI de una buena parte de países africanos; vi) el progresivo escepticismo hacia la CPI de ciertos países de América Latina, como Colombia, México y Venezuela; vii) el hecho de que desde el año 2012 el número de nuevas ratificaciones al ECPI haya caído a una por año; y viii) el previsible mantenimiento de los más altos representantes en ejercicio de los Estados entre el grupo de máximos responsables que son objeto prioritario de la actividad de la CPI.

En este contexto, las actuaciones de la CPI parecen estar abocadas a experimentar arduas dificultades durante los próximos años, como lo atestigua la reciente retirada del ECPI de Burundi (26 de octubre de 2017) y Filipinas (17 de marzo de 2019) y las reticencias que llevaron al gobierno malasio a decidir el 5 de abril de 2019 que por el momento Malasia no se convertirá en Estado Parte del ECPI.

Bogotá, 8 de septiembre de 2019

Notas

* Tanto el II Congreso de Derecho Internacional como el presente libro que recoge trabajos de investigación de los ponentes han tenido lugar en desarrollo del proyecto de investigación: “Fortalecimiento en Materia de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red Latino-Americana de Revistas y Publicaciones de Derecho internacional” (2019), financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia), y cuyo investigador principal es el Prof. Antonio Varón Mejía. La presente editorial se basa en buena medida en el siguiente trabajo publicado en el segundo semestre de 2018: H. Olasolo, E. Carnero Rojo, D. Seoane, y L. Carcano Fernández, “El limitado alcance de las Actuaciones de la Corte Penal Internacional en su Decimoquinto Aniversario y sus Posibles Causas”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago Rey, N. E., Canosa Cantor, J. y Bonilla Tovar, V., (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018). Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, vol. 4, cap. 11, 396-450. https://www.iberoamericaninstituteofthehague.org/formacion-e-investigacion/coleccion-perspectiva-iberoamericana-sobre-la-justicia/volumen-4-coleccion-alcance-y-limitaciones-de-la-justicia-internacional.

** Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (España). Maestría en Derecho por la Universidad de Columbia (EE.UU.). Profesor titular de carrera en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, donde dirige los Programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional y el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip). Investigador calificado en categoría senior por Colciencias; presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH, Países Bajos), donde se desempeña además como coordinador general de la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y como director de la Colección del mismo nombre publicada junto con la editorial Tirant lo Blanch (España) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil). Senior lecturer en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos).

*** [Llamado en la página anterior]. Licenciado en Derecho, Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia); LL. M. en Estudios Europeos, Universidad de París II Panteón-Assas (Francia). Profesor de Derecho en la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia). Investigador principal del proyecto de investigación: “Fortalecimiento en Materia de Derecho Internacional Penal y Humanitario de la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red Latino-Americana de Revistas y Publicaciones de Derecho internacional” (2019), financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Ha sido director nacional de la sección de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Así mismo, se ha desempeñado como director nacional de la sección de justicia juvenil restaurativa de la organización no gubernamental Terre des Hommes.

¹ Asamblea General de las Naciones Unidas (17/02/1995). Resolución 49/53. Establecimiento de una Corte Penal Internacional.

² La CPI fue creada por el ECPI aprobado en la Conferencia Diplomática de Roma el 17 de junio de 1998. Los documentos oficiales de la Conferencia Diplomática se encuentran en UN Doc. A/CONF.183/13 (Vols. I a III).

³ Esto fue considerado equivalente a la retirada de la firma. Véase Cacho, Y. “La posición de España y de la UE ante la campaña de EE. UU. contra la Corte Penal Internacional”, (Estudios de derecho español y europeo. Libro conmemorativo de los primeros 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria. Universidad de Cantabria, 2009).

⁴ En 1872, luego de que se desatara la guerra franco prusiana, Gustav Moynier, director de la CICR presentó en el marco de una conferencia de la CICR la propuesta de crear, por medio de un tratado, un tribunal penal de carácter permanente, ya que consideraba que solo por medio de sanciones morales o de la voluntad de los Estados de dar cumplimiento a los tratados ratificados no era suficiente para que se acataran las normas en materia de conflictos armados.

PARTE 1 DEBATES CONTEMPORÁNEOS Y CASOS DE ESTUDIO SOBRE GLOBALIZACIÓN, DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO, DIH Y DERECHO INTERNACIONAL PENAL

Pregunta de investigación

La macropregunta que se abordó en esta primera sección por parte de sus autores fue la identificación y análisis de distintos fenómenos de desarrollos progresivos de carácter sustantivo del derecho internacional público, DIDH y derecho internacional penal en el contexto de la globalización. Metodológicamente, en los siguientes 12 capítulos, los autores han decidido elegir la confrontación de paradigmas (ej,. globalidad vs. localidad, universalidad del DIDH vs. margen nacional de apreciación) o presentar estudios de caso de desarrollos progresivos recientes en el contenido material de la rama del derecho internacional elegida, con una perspectiva hispano-iberoamericana.

Las consecuencias para el ser humano medio de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal:

posibles respuestas *

Héctor Olasolo**

Resumen

A diferencia de épocas anteriores, el tiempo comienza a pasar factura de manera inexorable ante la ausencia de una respuesta eficaz al modelo de desarrollo global-local (glocal) y a la invisibilización del ser humano medio, que promueve la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global. Las respuestas hasta ahora intentadas son lentas, tienen un alcance muy limitado y se enfrentan a numerosos obstáculos. Así, los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos limitan en gran medida su actividad al ámbito de lo simbólico y las jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran desbordadas. La función que puede desempeñar en este ámbito la justicia comunitaria se ve con frecuencia obstaculizada en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley y los procesos de diálogo intercultural e interreligioso siguen su curso de manera parsimoniosa, con sus avances y retrocesos. Ante esta inesperada, las numerosas reflexiones realizadas el año pasado con motivo del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se presentan como una excelente oportunidad para dejar en un segundo plano las celebraciones de los hitos del pasado, y sumergirse en la articulación de una propuesta de futuro que pueda abordar de manera eficaz los profundos problemas que genera para el ser humano medio el modelo de desarrollo glocal impulsado por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global.

Palabras clave: desarrollo, transculturalidad, neoliberalismo, ciudadanía global, ser humano medio, diálogo interreligioso, Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Abstract

Unlike previous times, time inexorably begins to take its toll in the absence of an effective response to the global-local (glocal) development model and the invisibility of the average human being, which promotes the neoliberal transculturality of global citizenship. The responses so far attempted are slow, very limited in scope and face numerous obstacles. Universal and regional organizations for the protection of human rights largely limit their activity to the sphere of the symbolic and national jurisdictions that offer accessible and low-cost judicial remedies against violations of fundamental rights are overwhelmed. The role that community justice could fulfil is often hampered in those territories under the influence and/or control of illegal organized armed groups. The processes of intercultural and interreligious dialogue move forward slowly. Given this unexpected situation, the numerous reflections made last year on the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights are an excellent opportunity to leave aside celebrations for past milestones and to focus on the articulation of a proposal for the future that can effectively address the profound problems generated by the glocal development model driven by the neoliberal transculturality of global citizenship.

Keywords: development, transculturality, neoliberalism, global citizenship, average human being, interreligious dialogue Universal Declaration of Human Rights.

Introducción: el ser humano medio como contexto situado de reflexión

Más de doscientos tratados internacionales conforman en la actualidad el denominado Código Internacional de los Derechos Humanos, desarrollado a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) de 1948 y de los Pactos Internacionales de 1966 para los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, con sus respectivos protocolos¹. Además, numerosas normas consuetudinarias y principios generales del derecho recogen una buena parte de los derechos previstos hace setenta años en la DUDH, habiendo algunos de ellos adquirido la naturaleza de derecho imperativo o ius cogens².

Sin embargo, esto no excluye los riesgos de abordar la promoción y protección de los derechos humanos sin estar “situado” en un contexto determinado, pues ello significa renunciar de antemano al análisis de las posibles controversias sobre ciertos aspectos de su reconocimiento, y al debate sobre el grado en que dicho reconocimiento se traduce, en última instancia, en disfrute efectivo³. Este ha sido, sin duda, uno de los principales problemas observados en muchos de los análisis que sobre el impacto de la DUDH se han realizado con motivo de su 70 aniversario.

Para ejemplificar esta situación basta con observar las distintas interpelaciones al presunto consenso universal sobre el contenido de la DUDH realizadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el Islam (DUDHI), aprobada por unanimidad en 1990 con motivo la decimonovena reunión de ministros de asuntos exteriores de la Organización de la Conferencia Islámica, a la que actualmente pertenecen 57 Estados con una población cercana a los 2.000 millones de personas. Así, según lo dispuesto en su Preámbulo, la DUDHI tiene como objetivo “proveer las pertinentes orientaciones generales para los Estados miembros en el ámbito de los derechos humanos”, lo que se complementa en su artículo 24 al establecer que “todos los derechos y los deberes estipulados en la Declaración están sujetos a los preceptos de la Sharía islámica”.

Sobre esta base, el artículo 5 de la DUDHI no prohíbe a los Estados la imposición de restricciones al matrimonio por razón de religión, porque, según la sharía islámica, la mujer musulmana no tiene derecho a casarse con un no musulmán. Además, la DUDHI tampoco recoge el derecho a cambiar de religión o creencia (reconocido expresamente en el artículo 18 de la DUDH), porque “el Islam es la religión indiscutible” (artículo 10 de la DUDHI), y la sharía islámica considera la apostasía del islam como uno de los crímenes más graves. Estos ejemplos muestran cómo Samir⁴ ha señalado que, desde la perspectiva del islam, algunos de los derechos enunciados en la DUDH son en realidad fruto de la capacidad política y económica que ha tenido Occidente para imponerlos en el seno de la sociedad internacional⁵.

Para evitar esta situación, que nos lleva a un discurso tecnocrático alejado del ser humano de carne y hueso⁶, conviene aclarar desde un principio que las siguientes reflexiones se realizan desde el contexto situado del ser humano medio, lo que significa dejar a un lado las categorías sociológicas de clases alta, media y baja, que han sido ampliamente deformadas por los Estados, como lo muestra el caso de Argentina, donde, según su Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), todas aquellas personas que ganan por encima del salario mínimo pasan automáticamente a formar parte de la clase media. Esto significa también prestar menor atención a los conceptos económicos de pobreza, extrema pobreza y desigualdad, que promueven un análisis casi exclusivamente centrado en aquella parte de la población que se encuentra en los extremos superior e inferior de la escala de ingresos, lo que condena a la irrelevancia el estudio de las condiciones de vida de aquel 60 % de la población comprendido entre los deciles 3 y 8 de la escala de ingreso.

1. La invisibilidad del ser humano medio en la actual sociedad global

Lo primero que sorprende cuando se asume la perspectiva del ser humano medio es que apenas si existen estadísticas desagregadas de instituciones nacionales o internacionales que reflejen específicamente su situación en relación con el nivel de satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales (derechos DESC). De esta manera, brillan por su ausencia los estudios que aborden su nivel de educación (formal e informal), su nivel y condiciones de empleo (formal e informal), sus hábitos alimentarios, sus condiciones de acceso a la vivienda, la salud, el transporte y la educación primaria, secundaria y superior, su tiempo disponible para el ocio después del trabajo, su nivel de acceso a prestaciones por desempleo y a una pensión digna al finalizar su vida laboral, y el porcentaje de su ingreso mensual utilizado para la obtención de la canasta alimentaria básica y para la satisfacción del resto de derechos fundamentales arriba mencionados. Esta misma situación no es exclusiva de los países iberoamericanos, sino que se extiende a otras áreas geográficas y culturales, con independencia de su nivel de desarrollo, como lo muestran los casos de Corea del Sur, India o Sudáfrica, por poner solo algunos ejemplos.

En contraste con lo anterior, es fácil encontrar numerosas estadísticas agregadas sobre el nivel de satisfacción general dentro de un país y en la sociedad internacional en su conjunto de los derechos desc. Entre ellas llama la atención que, según el Banco Mundial (2017), el 53 % de los 7.350 millones de personas que habitaban el planeta en 2014 sobrevivieran con un ingreso medio que no superaba los tres dólares al día, cantidad que en el pasado equivalía al umbral de pobreza cuando este era construido exclusivamente sobre la base del ingreso medio⁷. Así mismo, no deja de sorprender que una parte muy importante de las estadísticas nacionales que se transmiten a los organismos internacionales de supervisión del grado de cumplimiento de los derechos DESC se realizan con base en datos obtenidos en los principales centros urbanos, dejando las zonas rurales y las áreas metropolitanas de pequeño o mediano tamaño al margen de este proceso.

Esta situación nos permite, en buena medida, comprender por qué aquellas jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran en la actualidad prácticamente colapsadas, como se puede observar en Colombia, donde en 2016 se interpusieron más de 700.000 acciones de tutela. Así mismo, también ofrece una explicación sobre las razones por las que el ser humano medio es invisibilizado en nuestras sociedades, al concentrarse todos los esfuerzos (y los recursos) en construir las medias agregadas, establecer las condiciones de los umbrales de pobreza y extrema pobreza, cuantificar qué parte de la población se encuentra bajo estos e identificar y aplicar los indicadores de desigualdad.

El nuevo modelo de globalización neoliberal, experimentado por regímenes militares en Suramérica tras la crisis del capitalismo de corte keynesiano a comienzos de la década de 1970, y desarrollado a nivel global en las tres últimas décadas tras la caída del Muro de Berlín (1989), ha intensificado la invisibilidad del ser humano medio, porque las redes de capital, trabajo, información y mercados, que han sido el auténtico motor de la construcción económica, socio-política y cultural de lo que se ha venido en denominar la aldea global, han operado con una doble dinámica: i) por una parte, han conectado, a través de la tecnología, las funciones, las personas y las “localidades” desde donde se gestiona el capital financiero acumulado (su alta rentabilidad se extrae con frecuencia de otros lugares) y en las que se han desarrollado grandes proyectos de desarrollo urbanístico; y ii) por otra parte, han desconectado de sus redes a aquellas poblaciones y territorios desprovistos de valor e interés para su forma de funcionamiento⁸.

Dos han sido las consecuencias principales de este modelo de desarrollo. En primer lugar, ha generado que en las áreas conectadas del sistema resida la llamada ciudadanía global, que determina las decisiones adoptadas en el ámbito de las corporaciones transnacionales, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales transnacionales y los Estados. Dichas áreas acogen también a los principales conglomerados nacionales e internacionales de comunicación, así como a la vanguardia intelectual, cultural y científica del momento. Como resultado, salvo por crisis humanitarias, accidentes naturales, eventos deportivos o particularismos que sirven de entretenimiento, la información que ofrecen los medios se concentra en lo que sucede en las áreas conectadas y en lo que dicen y hacen quienes forman parte de las mismas⁹.

En segundo lugar, el resto de las zonas rurales y urbanas del planeta se han convertido en áreas desconectadas, o en el mejor de los casos han podido conservar una conexión subordinada. Esto ha perjudicado en particular a las regiones fronterizas de muchos Estados que, lejos de desarrollar su potencial para el intercambio comercial, económico y humano, se encuentran en la difícil posición de haberse quedado fuera de las redes del sistema global. Es precisamente en estos contextos en los que se desarrolla de manera más palpable la denominada dinámica ‘glocal’, en cuanto que los recursos, las motivaciones, las estrategias y los discursos de los actores globales confluyen con el padecimiento de la violencia y el sufrimiento de sus consecuencias sociales, políticas y económicas en áreas locales bien definidas¹⁰.

Como consecuencias de lo anterior, quienes no forman parte de la ciudadanía global, no son relevantes; como tampoco lo son las estadísticas desagregadas que buscan entender las condiciones de vida del ser humano medio en las zonas desconectadas o con conexión subordinada. La ironía magistral del inolvidable Cantinflas en su película Su excelencia (1967) refleja de manera intuitiva esta situación, cuando en la parte final de su discurso ante las Naciones Unidas como embajador de la República de los Pocos (caracterizada por no tener “poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho menos atómico”) reconoce que ha presentado su dimisión la noche anterior, y se ha convertido de esta manera en un “hombre común”. En ese momento, se pone de manifiesto la palpable soledad del ser humano medio en un foro lleno de ciudadanos globales, que, tras los caprichosos aplausos con los que reciben el contenido de su extravagante discurso (en el que apela a la “buena voluntad” y denuncia la codicia desmedida), continúan con su parafernalia como si nada hubiese sucedido.

2. Las consecuencias de construir la globalización sobre un modelo de desarrollo glocal para la justicia ananmética y su impacto sobre la corrupción asociada al crimen transnacional organizado

La irrelevancia e invisibilidad del ser humano medio para el modelo de desarrollo glocal que ha impulsado la globalización en las últimas décadas tiene consecuencias importantes en el significado del entendimiento de la justicia como memoria y en la reacción de las poblaciones residentes en las áreas desconectadas, o con conexión subordinada, por escapar de la marginalidad.

Con respecto a la primera cuestión, conviene subrayar que el concepto de justicia como memoria, al que se denomina con el término “justicia ananmética”, encuentra sus raíces en un grupo de filósofos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Cohen, Buber, Rosenzweig y Kafka) que, con base en sus orígenes judíos, pudieron anticipar la marginalidad, exclusión y exilio que sufrirían décadas después los pensadores que les sucedieron en la denominada Escuela de Frankfurt (Benjamin, Adorno y Horkhaimer).

Con base en estas raíces, y a través de su alegoría del ángel caído de la historia, Benjamin es quien ha desarrollo un concepto más elaborado de la justicia ananmética, entendida como una mirada al pasado que trata de atribuir sentido a lo que hasta entonces es considerado como despojo y olvido¹¹. De este modo, para Benjamin, el sufrimiento y sinsentido de las vidas de las víctimas se convierte en el objeto central de la justicia, que se dirige a reavivar, desde la reevaluación del pasado, la esperanza frente al olvido de quienes han sido condenados por la historia oficial de los vencedores¹².

Como el propio Adorno subraya¹³, de esta manera se busca promover que las víctimas puedan reconstruirse del daño sufrido, superando con ello, si bien no olvidando¹⁴, la propia condición de víctima en la que les ha colocado la historia¹⁵. Así, se resalta la importancia de revisar lo que la memoria del vencedor oculta y justifica en detrimento del vencido¹⁶ frente a las posiciones que, ante las demandas de justicia de las víctimas, afirman la necesidad de superar el recuerdo de un pasado que genera más dolor y resentimiento¹⁷.

Pero ¿qué consecuencias puede tener para la definición y aplicación del concepto de justicia ananmética la compresión de que las dinámicas glocales de construcción económica, socio-política y cultural impulsadas por la ciudadanía global han convertido al ser humano medio en el principal objeto de invisibilización del actual modelo de globalización? Esta es, sin duda, una cuestión que ha ser abordada por los teóricos de la justicia ananmética en los próximos años.

Con respecto a la segunda cuestión, Castells¹⁸ ha puesto de manifiesto que la reacción de las poblaciones residentes en las áreas desconectadas, o con conexión subordinada, por escapar de la marginalidad, ha permitido a la delincuencia transnacional organizada desarrollar, con base en dichas poblaciones, una “economía criminal global” dirigida a proveer bienes y servicios prohibidos a quienes son parte de la ciudadanía global, incrementando con ello los flujos en el sistema financiero globalizado, lo que hace cada vez más difícil de deslindar la actividad económica legal y criminal¹⁹.

El sistema organizacional alimentado por las economías ilegales no es aislado, ni se limita territorialmente a una localidad, región o Estado. Así, por ejemplo, en el caso del sistema de narcotráfico en Colombia, si bien la dinámica glocal ha fomentado que los cultivos ilícitos estén cada vez más concentrados en ciertas regiones periféricas o fronterizas del territorio, como el Catatumbo, el Bajo Cauca y el Putumayo (motivando con ello violencias entre las comunidades y actores armados, e incluso entre el Estado y las comunidades), no es menos cierto que el sistema traspasa las fronteras de Colombia y se constituye como un verdadero sistema transnacional, fruto de la alta demanda de estupefacientes en diferentes lugares del mundo, lo que genera el incentivo para producirlos y transportarlos a los grandes centros de consumo global.

Por esta razón, Prieto²⁰ subraya que miembros de los brazos armados y financieros de las denominadas “bandas criminales” (Bacrim), que emergieron tras la desmovilización parcial de los grupos paramilitares entre 2003 y 2006 como parte de la lógica adaptativa del sistema organizacional de la economía ilegal del narcotráfico, mantienen presencia física constante en países limítrofes con debilidades en las zonas fronterizas, como Venezuela, Ecuador o Perú. Además, tienen estrechos vínculos con organizaciones delictivas locales en países con alta participación en eslabones importantes del narcotráfico, como es el caso de México. Sus contactos se extienden también a países como Honduras y Panamá en Centroamérica, y Argentina, Bolivia y Paraguay en Suramérica, con el fin de llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando de bienes, lavado de activos y testaferrato. Así mismo, mantienen puntos de enlace para el narcotráfico en otros países de Suramérica como Brasil y Chile, y su ámbito de acción e influencia llega incluso hasta los mercados de destino, y en particular hasta los EE. UU. (donde para septiembre de 2011 más de un centenar de personas relacionadas con las Bacrim habían sido judicializadas en el sur de Florida) y Europa (especialmente, España).

Para poder desplegar sus actividades a lo largo del tiempo, las Bacrim, al igual que otras organizaciones del crimen transnacional organizado, requieren, entre otras cosas, disponer de una conexión estructural con los poderes públicos (administrativo, legislativo y judicial) y privados (en particular el sector financiero) del ámbito en el que operan, lo que hace que la corrupción juegue “un papel medular” en sus actividades²¹.

Esta conexión estructural entre las organizaciones del crimen transnacional organizado y los poderes públicos y privados en los distintos ámbitos materiales y territoriales en los que actúan constituye un elemento central de la actividad de dichas organizaciones²², que ha sido particularmente estudiado en los últimos años en relación con los cárteles del narcotráfico mexicanos, dada su preponderancia en la exportación de estupefacientes hacia el mayor consumidor mundial de sustancias prohibidas: los EE. UU.²³. Los estudios realizados muestran que los carteles mexicanos actúan junto a funcionarios públicos corruptos o dentro de un marco de aquiescencia, complacencia, no intervención o incorrecta intervención del Estado²⁴. En consecuencia, agencias y agentes estatales coparticipan activa o pasivamente de las actividades criminales²⁵. Además, una vez establecidos los pactos corruptos, la violencia se aplica no solo entre competidores por el mercado ilegal, sino también contra los funcionarios públicos no corruptos²⁶.

Esta situación permite que, debido a su estrecho contacto con el sistema financiero legal y con el sistema político encargado de diseñar la legislación y promover su aplicación, las organizaciones del crimen transnacional organizado, como las Bacrim y los carteles mexicanos, no lleven a cabo sus transacciones ilícitas aprovechándose de “vacíos legales”, sino de la interacción social con las autoridades en los territorios y jurisdicciones en los que realizan sus actividades²⁷.

A la luz de lo anterior, Rodríguez subraya que este tipo de organizaciones constituye una de las principales amenazas que enfrenta en este momento América Latina²⁸, lo cual es confirmado por Garzón cuando afirma que

el crimen organizado está experimentando cambios sustanciales y constantes en América Latina, posicionándose como uno de los actores estratégicos relevantes del hemisferio, reconfigurando las fronteras territoriales, teniendo un papel importante en la economía, penetrando las estructuras políticas y sociales, y poniendo en juego los avances alcanzados en la construcción del Estado y el sistema democrático²⁹.

En consecuencia, la existencia de organizaciones como las Bacrim o los carteles mexicanos se considera como una amenaza importante para las instituciones, puesto que su poder socio-económico les permite sobornar funcionarios, interferir en procesos democráticos, afectar la manera en que ciudadanos y comunidades se relacionan con la institucionalidad (perpetuando escenarios de ilegalidad) y propiciar el retroceso de la acción de los Estados en materia de política social, administración de justicia y gobernanza local³⁰.

A esto hay que añadir que los costos humanos y sociales de la actuación de las Bacrim son muy altos, debido al elevado número de homicidios, secuestros extorsivos, actos de terror hacia la población y de desplazamiento forzado que cometen, además de los problemas de salud pública derivados del microtráfico de drogas que generan en las comunidades en las que operan. Como Rojas³¹ ha subrayado, las organizaciones del crimen transnacional organizado, y en particular las Bacrim en Colombia, tienen un impacto directo en múltiples ámbitos, incluyendo:

1) en la calidad de vida, con más temor; 2) en la convivencia cívica, con menores grados de confianza; 3) en la convivencia democrática, con mayor desafección; 4) en las inversiones privadas, con un retraimiento; 5) en el gasto en seguridad, con más gasto público y privado, 6) en el espacio público, con el abandono; 7) en la privatización de las respuestas a los riesgos; 8) en las políticas públicas, incrementando las complejidades de la gestión y los diseños institucionales; 9) sobre las decisiones, generando un sentido de urgencia y de carencia de efectividad; y 10) en los costos de la violencia, que reducen las oportunidades de desarrollo, en especial del desarrollo humano y sustentable.

3. La apropiación por la racionalidad neoliberal de la ciudadanía global del discurso ambivalente de los derechos humanos

La perspectiva de la ciudadanía global permite esclarecer la cuestión relativa a la apropiación por la racionalidad neoliberal del discurso ambivalente de los derechos humanos. En este sentido, como ya hemos analizado, la racionalidad neoliberal, con su modelo de desarrollo glocal, constituye en la actualidad el epicentro de la racionalidad que impulsa el quehacer de la ciudadanía global. De esta manera, finalizada la confrontación de bloques que caracterizó a la Guerra Fría, los centros de poder económico, político y militar que desde principios de la década de 1970 evitaron la extensión a escala global del neoliberalismo, lo han asumido hoy con los brazos abiertos, al punto de contarse en la actualidad entre sus principales valedores.

Ante esta situación, no es de extrañar que la ciudadanía global, que, salvo contadas excepciones, comparte un mismo modelo de desarrollo económico y tiene la capacidad de establecer la agenda socio-política, las tendencias culturales y la cobertura mediática, haya acogido primero, y reconfigurado después, el discurso de los derechos humanos para garantizar la satisfacción de sus propios intereses.

Como resultado, se han generado toda una serie de transformaciones en el Derecho Internacional, comenzando por la extensión del ámbito de los sujetos objeto de protección por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) a las personas jurídicas³². Así mismo, al tiempo que, después de las dos Convenciones Mundiales sobre los Derechos Humanos de Teherán (1968) y Viena (1993), parecía haberse fortalecido el concepto de interdependencia, indivisibilidad e interrelación de todos los derechos reconocidos en la DUDH³³, se ha promovido la creación de todo un sistema de regímenes fragmentados de Derecho internacional³⁴.

Como resultado de esta fragmentación, se ha dotado de autonomía propia a un derecho internacional económico que ofrece garantías cuasi absolutas a la inversión internacional y la propiedad intelectual, y sustituye los foros judiciales convencionales para la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados por tribunales arbitrales ante instituciones con una clara vocación de protección a los primeros. Además, estos tribunales interpretan normalmente el derecho internacional económico, sin tomar en consideración las graves afectaciones a los derechos humanos (en particular a los derechos DESC, a los derechos de los pueblos indígenas y al derecho colectivo al medio-ambiente) que su aplicación genera en los seres humanos, las comunidades y los pueblos a lo largo y ancho del planeta³⁵. Basta leer con detenimiento las sentencias arbitrales del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) o de las Cámaras de Comercio de París o Londres, para percatarse de que tales afectaciones son generalmente consideradas como meras externalidades³⁶.

Además, la ciudadanía global ha logrado que ciertas cuestiones sean abordadas a través de directrices no vinculantes entre las cuales se pueden mencionar los Principios de Actuación de las Actividades Empresariales del Global Compact de las Naciones Unidas (2000), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), el Documento de Montreaux sobre las Empresas Militares y de Seguridad Privadas (2011), los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y los Derechos Humanos (2011), las Líneas Directrices de la ocde para Empresas Multinacionales (2011), los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2011), la Declaración de Nueva York sobre los Refugiados y los Migrantes (2016) y la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (2017). Tan intensa ha sido la presión para abordar estas cuestiones a través de directrices no vinculantes, que se ha buscado crear una nueva categoría de norma jurídica internacional, caracterizada por su naturaleza no vinculante y denominada soft law³⁷.

4. La cuestión de la multi/inter/trans-culturalidad del fundamento de los derechos humanos

La cuestión de la multi/inter/trans-culturalidad del fundamento de los derechos humanos ha de abordarse a su vez desde la comprensión de la transculturalidad de la que hemos denominado ciudadanía global. Habiéndose educado en los mismos lugares e interactuando constantemente, sus integrantes comparten una serie de valores y criterios de actuación, que hace que se sientan mucho más cercanos entre sí que con respecto al resto de sus connacionales. Esto es particularmente cierto con respecto al 1 % de la población mundial con mayores recursos, que aglutinan más de la mitad de la riqueza del planeta³⁸. En consecuencia, por mucho que se hable del “multiculturalismo” de sociedades como la brasileña, lo cierto es que los integrantes de la élite socio-económica de este país tienen mucho más en común con quienes se encuentran en su misma posición en Estados Unidos, India o Rusia, que con el ser humano medio de Brasil. De esta manera, se puede afirmar la existencia de una aproximación transcultural de la ciudadanía global al fundamento y contenido de los derechos humanos y a la función que los mismos han de desempeñar en la organización política y el desarrollo socio-económico de la actual sociedad globalizada.

Esta transculturalidad de la ciudadanía global está marcada por su racionalidad neoliberal y se manifiesta en los distintos ámbitos del poder económico, político y social de las sociedades nacionales. Además, en el marco de la sociedad internacional no duda en recurrir a la fuerza armada para terminar de “ajustar” la realidad global a sus intereses en nombre de la asistencia humanitaria, los derechos humanos y el fomento de la paz (Bricmont, 2008). Los casos de Serbia (1999) y Libia (2011) constituyen dos ejemplos paradigmáticos de este fenómeno, por tratarse de intervenciones armadas que no fueron inicialmente justificadas con base en la denominada “guerra contra el terrorismo” yihadista global (Afganistán, 2001), o en la presunta existencia de unas armas de destrucción masiva que el tiempo demostró que solo existían en las mentes de quienes promovieron la intervención (Irak, 2003). Además, al menos en el caso de la intervención en Serbia, no se contó ni tan siquiera con la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con ello se muestra que la transculturalidad neoliberal no tiene ningún reparo en legitimar el uso de la fuerza armada cuando lo considera necesario, situación que ha sido calificada por Jorge Bergoglio (30/03/2018) como “la pérdida de todo sentimiento de vergüenza por haber perdido la vergüenza”.

Frente a la actuación de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, hace ya casi una década que Martin Rees (expresidente de la Universidad de Cambridge y de la Academia Real de las Ciencias del Reino Unido) afirmaba en el programa Redes (2008), dirigido por Eduardo Punset en la televisión pública española, que las probabilidades de que el ser humano pudiera continuar habitando la Tierra al finalizar el siglo XXI no superaban, en su opinión, un 50 %. Entre las múltiples circunstancias que mencionaba para sustentar esta posición, cabe mencionar las siguientes a título de ejemplo: i) los riesgos ocasionados por las explosiones “controladas” que tienen lugar en los aceleradores de partículas subatómicas (con un tamaño de hasta 27 kilómetros de largo), en el intento de reproducir la explosión originaria que pudo haber dado lugar al Universo; ii) la pérdida de biodiversidad en un mundo del que desaparecen alrededor de 40.000 especies de seres vivos al año (un ritmo mil veces superior al de la era preindustrial), incluyendo aquellas especies de insectos que cumplen la función de polinización de la flores; iii) el incremento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero³⁹; iv) la crisis social generada por la progresiva concentración de riqueza en un pequeño sector de la población al que hemos denominado ciudadanía global, con el consiguiente empobrecimiento del ser humano medio y el agudizamiento de la pobreza extrema y la hambruna crónica en la que se encuentra la mayor parte del 20 % de la población que sobrevive en unas condiciones de vida más precarias; v) el continuo desarrollo de armamento nuclear⁴⁰; y vi) la proliferación de armas biológicas y químicas, que pueden desarrollarse en laboratorios móviles aptos para instalare en el espacio equivalente a una pequeña habitación (el conflicto en Siria ha puesto de nuevo el foco de atención mundial en la utilización de este tipo de armamento).

5. ¿Cuál es la respuesta de los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos ante el modelo de desarrollo glocal y la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?

A pesar de las advertencias de Rees, que han sido consideradas injustificadamente optimistas por el físico Stephen Hawking poco antes de su fallecimiento en 2017, la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global continúa actuando en la práctica como si los riesgos descritos por Rees y Hawking no existiesen. Sirva como botón de muestra el hecho de que, a pesar de la imprudencia temeraria (por no hablar de dolo) en la que incurrió la gran banca de inversiones asumiendo altísimos niveles de riesgo en productos financieros derivados generó a partir de 2008 la tercera mayor crisis de la era capitalista (con altísimos costes sociales en países como Grecia, Irlanda o España), no ha sido posible establecer regulación alguna de las transacciones financieras internacionales, y eso a pesar de que numerosas entidades bancarias tuvieron que ser rescatadas con fondos públicos nunca recuperados, agravando así los recortes en las políticas sociales.

Del mismo modo, el propio Tratado de París sobre el Cambio Climático (2015), denunciado por los EE. UU. en junio de 2017, evita el establecimiento de objetivos vinculantes de reducción de gases de efecto invernadero, atribuyendo a los distintos Estados Partes la facultad para determinar los objetivos que cada uno considere oportunos. Como resultado de lo anterior, los gobiernos de los Estados Partes han asumido voluntariamente en los dos últimos años objetivos de reducción de emisiones tan limitados, que incluso en el caso de que llegaran a cumplirse nos situarían en una franja de 3 a 6 grados de incremento de temperatura para finales del siglo XXI. Y todo esto mientras el Ártico se deshiela a un ritmo vertiginoso, las aguas incrementan su nivel de manera nunca antes observada (amenazando en el corto plazo con la desaparición de comunidades, e incluso Estados isleños) y los accidentes naturales relacionados con el cambio climático se multiplican por todo el planeta dejando cada año decenas de miles de muertos⁴¹.

Ante esta situación, es inevitable preguntarse sobre la respuesta que ofrecen los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos. Somos conscientes de que en estas líneas no es posible realizar una valoración detallada de conjunto de su actividad. Así mismo, también entendemos que los mecanismos de quejas individuales constituyen solo uno de sus varios ámbitos de actuación, y que normalmente es uno de los menos desarrollados debido a los numerosos obstáculos que enfrentan. Sin embargo, no es menos cierto, que 70 años después de la aprobación de la DUDH, su limitada eficacia causa, cuando menos, perplejidad. Veamos rápidamente algunos ejemplos.

Como Canosa, Bonilla y Buitrago⁴² han señalado, el mecanismo de quejas individuales del Comité de la Convención contra todas las formas de Discriminación contra la Mujer ha dictado algo menos de 2 decisiones de fondo anuales durante el periodo 2004-2017 para un total de 23. Una situación similar encontramos, según Izquierdo y Ugalde⁴³, con respecto al mecanismo de quejas individuales ante el Comité de los Derechos DESC, puesto que en los cinco años que lleva en vigor ha dictado 9 decisiones de fondo, la mitad de las cuales se han pronunciado contra España, que en los últimos diez años casi ha duplicado el número de personas bajo el umbral de pobreza, llegando en la actualidad a superar los diez millones.

A diferencia de los dos casos anteriores, el mecanismo de quejas individuales ante el Comité contra la Tortura se encuentra en vigor desde hace más de cuarenta años. Como explican Chinchón y Rodríguez⁴⁴, durante el periodo 1987-2017 se han presentado 749 quejas individuales relativas a 36 Estados Parte, de las que 294 han sido objeto de decisión de fondo (algo más de 7 al año), con un total de 119 condenas (3 de media anual). Esta situación contrasta con el hecho de que la tortura es una práctica ampliamente extendida en la actual sociedad internacional, como lo demuestra el informe aprobado el 13 de diciembre de 2012 por el Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos en el que se reconoce que la práctica sistemática de tortura formó parte del programa de detención e interrogatorio puesto en marcha por la CIA durante la administración de George W. Bush a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (lo que, sin embargo, no ha generado ningún tipo de procedimiento para dilucidar las responsabilidades penales derivadas de su aplicación).

En consecuencia, como subrayan Chinchón y Rodríguez⁴⁵, dentro del sistema universal, tan solo el procedimiento de quejas individuales ante el Comité de Derechos Humanos, con sus varios cientos de decisiones de fondo al año sobre presuntas violaciones a los derechos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, parece ofrecer, a pesar del carácter no vinculante de sus decisiones, un mínimo nivel de protección⁴⁶.

Con respecto a los sistemas regionales de promoción y protección de los Derechos Humanos, Alija y Bonet⁴⁷ subrayan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), establecido por la Convención Europea para la Protección de los Derechos y Libertades Fundamentales, a pesar de tener más de 50.000 casos pendientes, dicta en torno a mil decisiones de fondo anuales en relación con presuntas violaciones por Estados Partes de los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención (el TEDH no tiene, sin embargo, competencia directa sobre los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en la Carta Social Europea).

Por su parte, Ramírez Lemus⁴⁸ y Lages, Francesconi, Araneda y Rojas⁴⁹ señalan que, mientras la Corte Africana de Derechos Humanos ha resuelto en torno a una treintena de casos en sus diez años de funcionamiento (habiéndose declarado la falta de jurisdicción en al menos dos tercios de los mismos), la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones se han caracterizado por ser particularmente incisivas con los Estados (a diferencia del amplio, con frecuencia excesivo, margen de apreciación otorgado por el TEDH), dicta entre 15 y 20 de decisiones de fondo anuales en casos que, por lo general, requieren largos años de tramitación desde que son presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

De esta manera, más que ofrecer una auténtica protección a las víctimas de las incontables violaciones de derechos humanos que se producen cada año, los procedimientos de quejas individuales ante los diversos organismos del sistema universal y las actuaciones de los tribunales regionales tratan de ofrecer, con grandes limitaciones, una protección simbólica dirigida a generar dinámicas de cambio en la actuación de los Estados. Ante esta situación, y dado el desbordamiento en que se encuentran aquellas jurisdicciones nacionales que, como Colombia, ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales, algunos autores hacen énfasis en la necesidad de promover la justicia comunitaria para abordar la cotidiana violación de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales⁵⁰.

Sin embargo, no es menos cierto que extensas áreas de los núcleos urbanos y las zonas rurales de numerosos países iberoamericanos (Brasil, Colombia, El Salvador o México son tan solo algunos ejemplos) se encuentran bajo la influencia, y con frecuencia el control de hecho, de grupos de la delincuencia transnacional organizada, que, ante la ausencia de trabajo formalizado, se han convertido en una importante fuente de empleo en las zonas en las que actúan⁵¹. En este contexto, surge la pregunta sobre la forma de operar de la justicia comunitaria en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley. Resulta, sin embargo, difícil ofrecer una respuesta, porque los estudios que tenemos hasta la fecha se limitan a áreas muy concretas, como algunas favelas de Río de Janeiro, ciertas colonias de los núcleos urbanos del norte de México y algunos cantones de San Salvador.

6. ¿Qué ofrecen las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso como alternativa al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global?

A la luz de la limitada respuesta de los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio, promovidos por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, aparece como principal respuesta hasta el momento las iniciativas de diálogo intercultural e interreligioso entre los respectivos seres humanos medios de las distintas comunidades, pueblos y Estados. Sin embargo, los desafíos que enfrentan este tipo de iniciativas son múltiples.

Con respecto al desarrollo del diálogo intercultural, el Foro Social Mundial iniciado en 2001 en Porto Alegre ha puesto de relieve que los obstáculos surgen desde el mismo momento en que se constata la necesidad de fomentar la capacidad de comprensión de las premisas sobre las que se construye el pensamiento del otro, con el fin de facilitar el entendimiento del respectivo fundamento de los derechos humanos, tal y como es expresado en sus propios términos desde la alteridad. Solo a partir de aquí, y con base en el pleno respeto al contenido de los distintos fundamentos, parece posible desarrollar iniciativas que permitan su realización conjunta⁵².

En cuanto al diálogo interreligioso, sirva como ejemplo de sus muchas dificultades los limitados frutos que hasta el momento han generado las décadas de conversación entre el cristianismo católico (con cerca de 1.300 millones de creyentes) y el islam (que supera ya los 1.500 millones). A pesar de las varias décadas transcurridas desde que el Concilio Vaticano II promoviese dicho diálogo, lo máximo que, desde una perspectiva cristiano-católica, se ha logrado avanzar es el reconocimiento de que ciertos contenidos del Corán y de la vida en el islam nos remiten a la Palabra de Dios recibida en Cristo. No ha sido, sin embargo, posible hasta el momento dar un paso adicional para reconocer que el Corán contiene una Palabra de Dios propia, cuya autenticidad no depende de su correspondencia con la Palabra de Dios tal y como ha sido revelada al cristianismo-católico (Caspar, 1995).

Conclusión

A diferencia de épocas anteriores, el tiempo comienza a pasar factura de manera inexorable ante la ausencia de una respuesta eficaz al modelo de desarrollo glocal y a la invisibilización del ser humano medio, que promueve la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global. Las respuestas hasta ahora intentadas son lentas, tienen un alcance muy limitado y se enfrentan a numerosos obstáculos. Así, los organismos universales y regionales de protección de los derechos humanos limitan en gran medida su actividad al ámbito de lo simbólico y las jurisdicciones nacionales que ofrecen recursos judiciales accesibles y a bajo costo contra las violaciones de derechos fundamentales se encuentran desbordadas. La función que puede desempeñar en este ámbito la justicia comunitaria se ve con frecuencia obstaculizada en aquellas áreas bajo la influencia o control de grupos armados organizados al margen de la ley y los procesos de diálogo intercultural e interreligioso siguen su curso de manera parsimoniosa, con sus avances y retrocesos.

La aparente tranquilidad que ante esta situación muestra la ciudadanía global no se ha visto alterada, debido, en gran medida, a que mantiene su plena confianza en la ciencia. De esta modo, a la vez que, como hemos visto, continúa haciendo business as usual, invierte ingentes recursos en el desarrollo de la tecnología necesaria para llegar a cabo una doble operación: i) por un lado, la introducción a gran escala de robots que desarrollen con mayor precisión, celeridad y eficacia las funciones que hasta ahora venía realizando el ser humano medio; ii) por otro lado, la exploración de terceros planetas, donde eventualmente la ciudadanía global pueda continuar su existencia, con los robots por ella misma creados, y sin que haya necesidad alguna de embarcar en este viaje a la “pesada carga” que constituyen los miles de millones de personas que encarnan al ser humano medio.

No se trata de delirios de ciencia ficción, sino de la auténtica apuesta científica de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global para el siglo XXI, una vez que ha llegado a la conclusión de que la mejor manera de resolver a medio plazo los graves problemas ocasionados en una Tierra que gime, y un ser humano medio que sufre, es limitar en la mayor medida posible la función que ambos desempeñan.

Frente a esta apuesta, el diálogo interreligioso como alterativa para abordar estos problemas sitúa también al exterior del ser humano medio la condición de posibilidad para que los obstáculos que hasta ahora han impedido su pleno desarrollo puedan ser finalmente superados. Así, si diversas religiones han recibido relevaciones y experiencias parciales de Dios, parece natural que a través de un encuentro de acogida entre estas pudieran mutuamente enriquecerse. Sin embargo, su persistencia en identificar el Todo con los aspectos concretos que les han sido revelados, unido a los continuos apegos materiales al poder, la riqueza, el prestigio y el conocimiento que siguen caracterizándolas, hacen que resulte prácticamente imposible, desde una perspectiva humana, que puedan llegar a tener un encuentro de esa naturaleza. En consecuencia, siendo los caminos de Dios insondables para los seres humanos, es en el terreno de la gracia y del incomprensible amor de Dios hacia estos últimos donde en última instancia reside la condición de posibilidad de un auténtico diálogo interreligioso que permita afrontar los múltiples desafíos de nuestro tiempo⁵³.

Resulta particularmente significativo que tanto la apuesta científica de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, como el proyecto de diálogo interreligioso, coincidan en la externalidad al ser humano (medio) como elemento central de sus respectivas propuestas. Pareciera como si, después de varios siglos, ciencia y religión hubiesen encontrado finalmente un pilar en común: el futuro no se encuentra en los seres humanos, sino al exterior de los mismos.

Ante esta inesperada situación, el movimiento humanista que se encuentra en la base del desarrollo de los derechos humanos, y el diálogo intercultural secular sobre sus fundamentos, no pueden seguir permaneciendo en silencio porque está en juego su propia existencia. Por ello, las numerosas reflexiones realizadas el año pasado con motivo del 70 aniversario de la DUDH se presentan como una excelente oportunidad para dejar en un segundo plano las celebraciones de los hitos del pasado, y sumergirse en la articulación de una propuesta de futuro que pueda abordar de manera eficaz los profundos problemas que genera para el ser humano medio el modelo de desarrollo glocal impulsado por la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global.

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Notas

* La presente contribución desarrolla y actualiza el trabajo titulado “Reflexiones sobre la irrelevancia del ser humano medio para la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global”, publicado en 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la protección universal de los derechos humanos en cuestión, editado por C. Proner, H. Olasolo, C. Villar Durán, C. Back y G, Ricobom, vol. 2. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores), 655-672. isbn: 978-84-9190-026-9. Así mismo, hace parte del proyecto de investigación Fortalecimiento en materia de derecho internacional penal y humanitario de la Red Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y la Red Latino-Americana de Revistas y Publicaciones de Derecho Internacional (2019), financiado por la Dirección de Investigación e Innovación de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.

** Profesor titular de carrera en la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia, donde dirige los programas de Especialización y Maestría en Derecho Internacional, la Clínica Jurídica Internacional y el Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip). Investigador calificado en categoría senior por Colciencias; presidente del Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional (IIH, Países Bajos), donde se desempeña además como coordinador general de la Red de Investigación Perspectivas Ibero-Americanas sobre la Justicia y como director de la Colección del mismo nombre publicada junto con la editorial Tirant lo Blanch (España) y el Instituto Joaquín Herrera Flores (Brasil). Senior lecturer en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas (Países Bajos).

¹ C. Villán Durán y C. Faleh Pérez, Manual de derecho internacional de los derechos humanos, (Universidad de Alcalá de Henares y Asociación Española de Derechos Humanos), 2014.

² C. Fernández Liesa, El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica, (Madrid: Thomson-Civitas, 2013); L. Ortiz, “Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos”, en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, editado por C. Martin, D. Rodríguez-Pinzón, y J. A. Guevara, 23-48, (Ciudad de México: Universidad Iberoamericana, 2004).

³ H. Olasolo, “Epílogo: Reflexiones sobre la irrelevancia del ser humano medio para la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global”, en 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: la Protección Universal de los Derechos Humanos en cuestión, editado por C. Proner, H. Olasolo, C. Villar Durán, C. Back y G. Ricobom, Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, vol. 2, 655-672, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴ S. K. Samir, Cien preguntas sobre el islam. Entrevista a Samir Khalil Samir, (Madrid: Ediciones Encuentro, 2003).

⁵ Ibíd.

⁶ J. Herrera Flores, “La riqueza humana como criterio de valor”, en El vuelo de anteo. Derechos humanos y crítica de la razón liberal, editado por J. Herrera Flores, (Bilbao: Desclée De Brouwer, 2000).

⁷ Banco Mundial, Regional aggregation using 2011 PPP and $1.9/day poverty line, (2017). En este documento se encuentra la estadística de varios años (2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2005, 2002, 1999, 1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 1981) con base en la línea de pobreza extrema de $1,25. Para cambiar a una línea de pobreza de $3,00 es necesario modificar el espacio que se encuentra a la derecha en la tabla denominada: Replicate the World Bank’s regional aggregation, tras las palabras: “Second, input your poverty line”.

⁸ S. Mantilla, “Hacia una perspectiva ‘glocal’ del conflicto armado en Colombia: dinámicas y actores en los espacios transfronterizos y transnacionales”, Papel Político 14, n.o 2 (2009).

⁹ H. Olasolo, Derecho internacional penal, justicia transicional y crímenes transnacionales, (Valencia: Tirant lo Blanch & Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional, 2017). Salvando las distancias, es como si en las clases de geografía impartidas en la educación secundaria se utilizara con plena conciencia e intencionalidad un mapa que fuera manifiestamente contrario a las auténticas dimensiones geográficas de los diversos continentes porque su principal finalidad es reflejar el peso socio-económico de sus creadores (desafortunadamente, esta situación no es meramente hipotética, porque nuestros centros educativos siguen enseñando el mapa Mercator, que sobredimensiona Europa y Norteamérica, dejando en un segundo plano otros mapas como el de Peters, que dan buena cuenta de la subrepresentación de las proporciones geográficas de África y Suramérica).

¹⁰ S. Mantilla, “Hacia una perspectiva ‘glocal’ del conflicto armado en Colombia: dinámicas y actores en los espacios transfronterizos y transnacionales”, Papel Político 14, n.o 2 (2009).

¹¹ W. Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, (México: Contrahistoria, 2005).

¹² Ibíd.

¹³ Adorno, Minima moralia, (Madrid: Akal, 2006).

¹⁴ P. Levi, Los hundidos y los salvados, (Barcelona: Aleph, 2005).

¹⁵ A. A. Berón Ospina, “La memoria como una propuesta de justicia”, en Claves de la justicia desde América Latina, editado por E. A. López, A. Niño Castro y L. Tovar González, vol. 6, 333-342. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2019).

¹⁶ Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos.

¹⁷ F. Nietzsche, Consideraciones intempestivas, (Barcelona: Alianza, 2015).

¹⁸ M. Castells, La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El fin del milenio, vol. III, (Madrid: Alianza Editorial, 1998).

¹⁹ R. Leroy, Microeconomía, (Bogotá: McGraw Hill, 1990); S. Blovich, Vigilante in the Field of Financial Transactions. Ponencia en el seminario iceps sobre Riesgos Corporativos, (Nueva York: Morton Banking Center, 2004).

²⁰ C. A. Prieto, Las Bacrim y el crimen organizado en Colombia, (Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung Colombia, 2013).

²¹ M. Domine, “Criminalidad económica y terrorismo”, Revista de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay 1 (2007).

²² F. Hagan, “The Organized Crime Continuum: A Further Specification of a New Conceptual Model”, Criminal Justice Review 8 (1983). E. Zaffaroni, “Il crimine organizato: una categorizzazione fallita”, en Criminalità Organizzata e Risposte Ordinamentali, tra Efficienza e Garanzi, editado por S. Moccia, (Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 1999); A. Aronowitz, “Trafficking in Human Beings: An International Perspective”, en Global Organized Crime: Trends and Developments, editado por Siegel, D. E., (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003); T. Obokata, Trafficking in Human Beings From a Human Rights Perspective: Towards a Holistic Approach, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2006).

²³ L. Astorga, Drogas sin fronteras, (Ciudad de México: Debolsillo, 2015); S. O’Neil, “The Real War in Mexico: How Democracy Can Defeat the Drug Cartels”, Foreign Affairs 88, n.o 4. (2009): 63-77; M. Medel y F. Thoumi, “Mexican Drug ‘Cartels’”, en Organized Crime, editado por L. Paoli, (Oxford: Oxford University Press, 2014); H. Olásolo y P. Galain Palermo, Los desafíos del derecho internacional penal: especial atención a los casos de Argentina, Colombia, España, México y Uruguay, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2018); S. Paternostro, “Mexico as a ‘Narco-democracy’”, World Policy Journal, 12 (1995); P. Rexton, Drug Trafficking and International Security, (Londres: Rowman & Littlefield, 2016); V. Ríos, “How Government Coordination Controlled Organized Crime: The Case of Mexico’s Cocaine Markets”, Journal of Conflict Resolution 59, n.o 8 (2015): 1433-54.

²⁴ Rexton, Drug Trafficking and International Security.

²⁵ Medel y Thoumi, “Mexican Drug ‘Cartels’”.

²⁶ Paternostro, “Mexico as a ‘Narco-democracy’”.

²⁷ E. Kleemans, “Theoretical perspectives on Organized Crime”, en The Oxford Handbook of Organized Crime, (Oxford: Oxford University Press, 2014).

²⁸ G. Rodríguez, Antiguas y nuevas amenazas a la seguridad de América Latina, ponencia presentada en la VII Asamblea Plenaria del Foro Interparlamentario de las Américas, FIPA, (Ciudad de México, 2010).

²⁹ J. C. Garzón, La rebelión de las redes criminales: el crimen organizado en América Latina y las fuerzas que lo modifican, (Woodrow Wilson Center, 2012), 1.

³⁰ H. Olásolo y P. Galain Palermo, Los desafíos del derecho internacional penal: especial atención a los casos de Argentina, Colombia, España, México y Uruguay.

³¹ F. Rojas, “Violencia en América Latina. Debilidad estatal, inequidad y crimen organizado inhiben el desarrollo humano”, en América Latina y el Caribe: globalización y conocimiento. Repensar las ciencias sociales, editado por F. Rojas, A. Álvarez, F. Rojas, y A. Álvarez, (Montevideo: Unesco-Flacso, 2011).

³² C. Fernández Liesa, El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica, (Madrid: Thomson/Civitas, 2013).

³³ C. Villán Durán y C. Faleh Pérez, Manual de derecho internacional de los derechos humanos, (España: Universidad de Alcalá de Henares y Asociación Española de Derechos Humanos, 2014). Es difícil vislumbrar de qué manera los 1.200 millones de personas que sufren actualmente hambre crónica o no tienen acceso al agua pueden ejercitar de manera efectiva sus derechos de libertad de expresión, libertad de asociación o participación política; situación que nos tememos también se extiende a los varios miles de millones de personas que no disponen de una vivienda digna, no tienen la oportunidad de ser tratados en un centro de salud, no pueden ausentarse del puesto de trabajo por enfermedad o no pueden disfrutar del “lujo” de una pensión de jubilación que no sea inferior al salario mínimo interprofesional.

³⁴ Remiro Brotons, A. et al. Derecho internacional, (Valencia: Tirant lo Blanch, 2007); M. N. Shaw, International Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2014).

³⁵ L. V. García-Matamoros y W. Arévalo-Ramírez, “La actividad del Sistema de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio: su eficacia, limitaciones y uso diferenciado por países en vías de desarrollo y países desarrollados”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 18, 665-706. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional e Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

³⁶ C. Fernández Liesa, El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica, (Madrid: Thomson/Civitas, 2013); C. Focarelli, “International Law in the 20th Century”, en Research Handbook on the Theory and History of International Law, editado por A. Orakhelashvili, (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011). Díaz-Chalela, Gómez-Rey y Prieto-Ríos analizan aquellos casos en los que, de manera excepcional, el Ciadi ha tratado de realizar una interpretación integradora entre el derecho internacional económico y el régimen jurídico internacional de los derechos DESE. M. Díaz-Chalela, A. Gómez-Rey y E. Prieto-Ríos, “La efectividad del Ciadi a través de su integración con otros sistemas de derecho internacional: el caso de los DESE”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por Olasolo, H., Buitrago, N. E., Canosa, J. y V. Bonilla, vol. 4, cap. 19, 707-732. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional e Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

³⁷ C. Fernández Liesa. El derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica; Focarelli, C. “International Law in the 20th Century”.

³⁸ Oxfam-Intermon, Una economía al servicio del 1 %. Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema, 2016. Disponible en https://goo.gl/P5qr2K. En el informe que presenta Oxfam-Intermon, subraya que la única forma de erradicar la pobreza extrema en el mundo es terminar con el fenómeno de la concentración de riqueza que ha caracterizado los primeros quince años del siglo XXI. En particular, según los datos ofrecidos por esta organización, si en 2010 las 388 personas más ricas del planeta poseían la misma riqueza que la mitad de la población mundial, cinco años después esa cifra se ha reducido en cuatro quintas partes a apenas 62 individuos.

³⁹ En la actualidad, el dióxido de carbono constituye en torno al 0,04 % de la atmósfera, equivalente a 400 partes por millón, habiéndose superado el límite del 0,035 % que según los científicos evitaría que la temperatura de la Tierra se incremente por encima de los dos grados a finales del siglo XXI.

⁴⁰ Después de haber denunciado en junio de 2017 el acuerdo alcanzado en julio de 2015 entre Irán y los miembros permanentes del Consejo de Seguridad (más Alemania) en relación con el programa nuclear iraní, EE. UU. enuncia en agosto de 2018 el tratado de no proliferación de misiles balísticos de medio alcance (Tratado imf) que estaba en vigor con Rusia desde 1987 (la retirada de EE. UU. del Tratado imf se hizo efectiva el 8 de febrero de 2019). En el centro del recrudecimiento de las tensiones entre Washington y Moscú se encuentra el misil de crucero Novator 9M729 (ssc-8, según la clasificación de la otan), desarrollado por Rusia, y que, según el gobierno de ee. uu., infringe el Tratado al superar los 500 kilómetros de alcance. Mientras tanto, Corea del Norte continúa con sus esfuerzos por desarrollar tecnología para fabricar misiles balísticos con cabezas nucleares de largo alcance. Estos ejemplos no hacen sino reflejar que la amenaza nuclear está más viva que nunca a raíz del continuo desarrollo de armamento nuclear.

⁴¹ Apenas dos meses antes del inicio el 30 de noviembre de 2015 de la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático de París, salió a la luz pública que Volkswagen había trucado sistemáticamente durante años los mecanismos de medición de los niveles de contaminación de los motores diésel en millones de vehículos. En los años siguientes, se ha podido conocer que esta práctica era habitual en la industria automotriz transnacional, como lo muestran los casos de Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault-Citroen o bmw, por poner solo algunos ejemplos. Así mismo, en 2018 se hizo público que muchos de los vehículos afectados en países como Alemania por este escándalo están siendo vendidos sin haber rebajado sustancialmente su nivel de emisiones a países como Rumanía, donde la legislación es mucho más laxa a este respecto. Simultáneamente, comienzan a aparecer toda una serie de informes que indican que desde comienzos de la década de 1960 las transnacionales energéticas vienen realizando ajustes en el diseño de las plantas de extracción situadas en lugares particularmente sensibles el cambio climático para responder a un fenómeno del que ya tenían conocimiento desde entonces, y que han negado sistemáticamente hasta nuestros días. Sin embargo, el fiscal general del Estado ha bloqueado toda investigación contra compañías como ExxonMobil por ocultar dicha información, en consonancia con la estrategia de negación pública del cambio climático desplegada por el actual presidente de los Estados Unidos y por el director de su Agencia de Protección Medioambiental. Además, por si esto fuera poco, se acaba de reconocer ante la opinión pública norteamericana que en las elecciones presidenciales del 2016, el Comité Nacional del Partido Demócrata intervino de manera deliberada en las primarias del partido para evitar que el único candidato que recogía en su programa la adopción de medidas específicamente diseñadas para abordar de manera comprehensiva el fenómeno de la emisión de gases contaminantes pudiera tener alguna oportunidad para llegar a la presidencia. De esta manera, mientras la Tierra gime y el ser humano medio sufre, asistimos como espectadores a este espectáculo esperpéntico en relación con la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero, aderezado por un alto grado de indiferencia de la transculturalidad neoliberal de la ciudadanía global, como lo muestra, una vez más, la actitud de los gobiernos de Canadá, China, Rusia, ee.uu y algunos de los países escandinavos, y sus respectivas transnacionales, al afrontar el imparable deshielo del Ártico mediante el análisis de la forma de extraer sus minerales de la manera más rentable posible.

⁴² J. Canosa Cantor, V. Bonilla Tovar y N. E. Buitrago Rey, “La actividad cuasi-judicial del Comité contra la Discriminación Racial, Comité contra la Discriminación contra la Mujer y Comité por los Derechos de los Niños: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 5, 183-220. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Ibero-Americano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴³ R. Izquierdo y A. L. Ugalde, “La actividad cuasi-judicial del sistema de protección universidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Comité para la Protección de los Trabajadores Migrantes y Comité para la Protección de las Personas Discapacitadas: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 6, 221-252. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional e Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴⁴ J. Chinchón Álvarez y J. Rodríguez, “La actividad cuasi-judicial del Comité de Derechos Humanos, Comité contra la Tortura y Comité contra las Desapariciones Forzadas: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, vol. 4. cap. 4, 153-182, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴⁵ Ibíd.

⁴⁶ H. Olasolo y S. Cuenca, “Conclusiones sobre la función que cumple la justicia internacional a la luz de su alcance y limitaciones”, en Alcance y Limitaciones de la Justicia Internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 20, 733-760. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴⁷ R. A. Alija Fernández y J. Bonet Pérez, “La actividad judicial del sistema europeo de protección de los derechos humanos: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E., Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 9, 317-346. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴⁸ J. R. Ramírez Lemus, “La actividad judicial del sistema africano de protección de los Derechos Humanos: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4, cap. 10, 347-395. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁴⁹ R. Lages, L. Francesconi, C. Araneda y J. Rojas, “La actividad casi-judicial del sistema interamericano de protección de los derechos humanos: alcance y limitaciones”, en Alcance y limitaciones de la justicia internacional, editado por H. Olasolo, N. E. Buitrago Rey, J. Canosa Cantor y V. Bonilla Tovar, vol. 4. cap. 8, 285-316. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2018).

⁵⁰ C. Proner, “La justicia comunitaria como instrumento de lucha por derechos en el siglo XXI”, Estudios sobre justicia comunitaria en América Latina, editado por C. Proner y C. Back, vol. 8, cap. 1, 23-34. Colección Perspectivas Iberoamericanas sobre la Justicia, (Valencia: Tirant lo Blanch, Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional & Instituto Joaquín Herrera Flores, 2019).

⁵¹ Olasolo, H., Lair, E. y Carcano, L. “Justicia, (des)orden y grupos al margen de la ley: miradas cruzadas sobre Brasil, México y Colombia”, Anuario Iberoamericano de Derecho Internacional Penal (Anidip) 6 (2018): 60-80.

⁵² B. de Sousa Santos, Los derechos humanos y el Foro Social Mundial, ponencia presentada en el XXXV Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, FIDH (Quito, 2-6 marzo de 2004. Barcelona: Institut de Drets Humans de Catalunya, 2004); y A. Aguiló, “Los derechos humanos como campo de las luchas por la diversidad humana: un análisis desde la sociología crítica de Boaventura de Sousa Santos”, Universitas Humanística 68 (2008): 179-205.

⁵³ X. Pikaza, Violencia y diálogo de religiones. Un proyecto de paz, (Santander: Sal Terrae, 2004).

El muro fronterizo entre Estados Unidos y México:

la tentación de violar derechos humanos

Laura Alicia Camarillo Govea*

Resumen

Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, ha resultado rentable su discurso en contra de los migrantes, que siempre va acompañado del anuncio de la construcción de un muro fronterizo. A esas afirmaciones hechas por Trump, se le han sumado una serie de medidas o políticas por parte de su gobierno, que, a nuestro juicio, podrían resultar violatorias de derechos humanos. En ese sentido, es pertinente revisar si aquellas medidas o políticas cumplen con los parámetros mínimos de protección de los derechos humanos. Ante tal escenario, en el presente capítulo se identificarán algunas medidas tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos y se analizarán a la luz del derecho interamericano, para valorar si en efecto hay una latente tentación de violar derechos humanos.

Palabras clave: Trump, México, muro, derechos humanos, derecho interamericano.

Abstract

Upon the arrival of Donald Trump to the presidency of the United States, the discourse against migrants has been predominant. His rhetoric has been accompanied by the threats of building wall. In addition, the US government has implemented several measures and/or policies that could be understood as violations of human rights. We need to explore to what extent Trump’s measures towards migration control at the Mexican border comply with the minimum standards of human rights protection. This paper singles out some of the measures implemented by the Trump administration and analyses them using the Inter-American Law to assess whether there is a latent temptation to violate human rights.

Keywords: Trump, Mexico, wall, human rights, Inter-American Law.

A manera de introducción

El 14 de agosto de 2014 el entonces precandidato a la presidencia de la República de EE. UU. expresó en un tuit: “Debemos construir un muro”. Esa afirmación en redes sociales propició lo que hasta el día de hoy es el estandarte que distingue a la administración de Trump: una permanente campaña para promover el muro que divide a México de ee.uu. y un discurso con colores populistas y xenófobos, que incluso al cierre de este texto generó una fuerte tensión diplomática con México, derivada de otra afirmación del mandatario mediante redes sociales; un tuit, el de 2014, serviría para definir un trazo de cómo abordar la migración a través de un discurso que tienta a violar derechos humanos.

Ciertamente, no estamos frente a una política estadounidense que aborda a la migración con un “nuevo enfoque” o incluso que se plantea cómo construir el muro fronterizo. Sin embargo, el otrora candidato estadounidense le ha dado empuje a un discurso contra los migrantes y no ha “quitado el dedo del renglón” para que finalmente se construya el tan anhelado muro, que en realidad sería una reconstrucción o remodelación del que ya lleva muchos años construido, al menos en una parte de la frontera norte que divide a ambos países. En este contexto, el propósito del presente capítulo es identificar algunas de las políticas del Gobierno de los Estados Unidos, específicamente de Donald Trump, y analizarlas a la luz del derecho interamericano, para de esta manera comprender en realidad cómo se construye un muro o por qué aquellas políticas contravienen el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Para tal efecto, nos ceñimos al análisis de cuatro supuestos que nos muestran las contravenciones al derecho internacional y de los derechos humanos.

1. Elementos a considerar para construir un muro

La construcción del muro que divide a Estados Unidos de México es una promesa de campaña redituable para Donald Trump. El muro que divide a ambos países existe, no en su totalidad, pero ahí está. Afirmar que la relación diplomática entre México y Estados Unidos se ciñe a tal “proyecto” sería mentir, pero al menos ese muro es una latente tentación para la violación de derechos humanos ya no contra los mexicanos que intentan cruzar a Estados Unidos de manera irregular, sino para toda aquella persona que intente cruzar al país estadounidense a través de México, sin importar cuál fuese su nacionalidad.

En este marco, consideramos que existen algunas premisas básicas que deben valorarse para poder discutir sobre “el muro y los derechos humanos” en el contexto de la migración irregular, particularmente de la migración que desemboca en México y Estados Unidos. Desde nuestra consideración, tales premisas serían: i) la existencia de tensiones “legales” entre México y Estados Unidos; y ii) el uso del término muro en el derecho internacional y Estados Unidos como Estado parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

A continuación, se revisarán estos supuestos y posteriormente se discutirán los ítems de la política migratoria de Donald Trump.

1.1. Sobre la existencia de tensiones “legales” entre EE. UU. y México en el ámbito internacional

Afirmar que hay ciertas tensiones entre Estados Unidos y México cobra sentido a partir de un caso particular: el caso Avena resuelto por la Corte Internacional de Justicia (en adelante, la CIJ). En agosto de 2004, dicha Corte resolvió el caso Avena y otros nacionales mexicanos vs. Estados Unidos¹; este es un asunto basado en la detención y luego sentencia de muerte en contra de 54 mexicanos migrantes “irregulares”² cuyos procesos penales en el sistema legal estadounidense violarían la Convención sobre Relaciones Consultares, ya que no se notificó de tales detenciones a las autoridades consulares mexicanas. La sentencia dictada por la CIJ resolvió a favor de México³. No obstante, EE. UU. ha sostenido que resulta complejo jurídicamente ejecutar la sentencia del más alto tribunal internacional; la decisión de la CIJ sobre Avena no constituye una ley federal aplicable directamente y decidió que obligaciones de los Estados Unidos pueden cumplirse mediante la aprobación de leyes federales⁴.

Habiendo pasado más de 14 años desde la resolución del caso Avena, el Estado mexicano logró en diciembre de 2018 obtener una resolución favorable de la Asamblea General de la ONU⁵ en la que se hace un llamado urgente para que se aplique en forma cabal e inmediata el fallo de la CIJ antes citado. En comunicado oficial, México manifestó que “seis ciudadanos mexicanos han sido ejecutados por las Cortes del estado de Texas, sin respetar la orden de la Corte Internacional de Justicia para revisar y en su caso, reconsiderar sus veredictos de culpabilidad y sentencias”⁶.

La resolución de la ONU obtuvo 69 votos a favor, 66 abstenciones y 4 en contra, entre ellos el de Estados Unidos (además de Israel, Liberia e Islas Marshall). EE. UU., por su parte, consideró inapropiado que un asunto de carácter bilateral fuera llevado a la Asamblea General y afirmó que:

nuestro voto no debe interpretarse como un rechazo de nuestras obligaciones internacionales relativas a la notificación y el acceso consulares… que el proyecto de resolución, que finalmente se aprobó, —no convertirá la decisión del Tribunal Supremo en vinculante para el Gobierno de los Estados Unidos. Por ello, en la solicitud de presupuesto del Presidente para el ejercicio económico de 2019 se incluyó una ley que facilitase medidas acordes con el fallo del caso Avena⁷.

El caso Avena es un referente para los estudiosos del derecho internacional, por lo que hace a la discusión del debido proceso en la esfera internacional (cumplimiento de la Convención de Viena sobre relaciones consulares relativa a notificación consular); y por tratarse de una sentencia en la que discusión subyace por los derechos de los migrantes en situación irregular en Estados Unidos. Así pues, dicha sentencia no sería traída a colación si no fuera porque coincide con la “era Trump”. El apoyo que México recibió en la Asamblea General de la ONU en recientes fechas es significativo, si bien no impacta directamente en la política migratoria de EE. UU., por lo menos inyecta cierta presión desde esa óptica, la internacional. En ese marco temporal y unos años antes, como señala Gómez Robledo⁸, México solicitó y obtuvo una “opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH) que precisa y aclara el contenido y el alcance de los derechos que tiene todo Estado parte de la Convención de Viena, así como de los derechos reconocidos a los individuos que se encuentren en un país que no es el suyo. Estos derechos individuales fueron calificados por la Corte Interamericana como auténticos derechos humanos”. Así, al caso Avena le preceden “los insumos” de la jurisprudencia interamericana que se dan en el marco de la solicitud de opinión consultiva que hiciera México ante la Corte IDH⁹.

1.2. Sobre el uso del término muro

Como premisa menor, pero que hemos de comentar, se encuentra lo relativo al uso del término muro; si bien no hay extensa doctrina respecto del tema o del uso del término específicamente¹⁰, haremos una breve referencia a otro muro, aclarando desde ahora que, con las profundas distancias históricas, políticas y hasta religiosas entre los diversos casos se pueden analizar, el derecho internacional ha tenido ya la oportunidad de pronunciarse sobre la construcción de muros, específicamente sobre el construido en Palestina. Así, en la opinión consultiva emitida por la CIJ, relativa a la construcción del muro en territorio palestino¹¹, además de pronunciarse sobre la competencia que tenía ese alto tribunal para dictar una opinión, la CIJ denunció tal construcción. Es decir, cobran relevancia los matices con los que se aborda la construcción de aquel muro, la CIJ lo denomina muro porque así le había denominado la Asamblea General de la ONU, mientras que Israel le había llamado valla o cerca¹². En ese caso concreto, la CIJ discutió, inter alia, lo relativo al “trazado concreto” que ha escogido Israel para que el muro fuera necesario para conseguir sus objetivos en materia de seguridad. “El muro, a lo largo del trazado elegido, y su régimen conexo, infringen gravemente diversos derechos de los palestinos que residen en el territorio ocupado por Israel y las infracciones derivadas de ese trazado no pueden justificarse por exigencias militares ni por necesidades de seguridad nacional u orden público”. En este fragmento recogido del cas d’espece, se observa “analógicamente” la justificación de la construcción del muro por cuestiones de seguridad. Ahora, ¿qué implicaciones podría tener la terminología? Parece que “suavizar” el término podría generar la empatía de quienes critican una construcción con miras a separar dos territorios.

En el caso del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, sabedores de dos soberanías cuyos límites están claramente establecidos, ya existe de manera previa a la llegada de Trump a la presidencia un muro fronterizo que recorre la mayor parte del territorio mexicano o estadounidense; lo que en realidad propone Trump es el reforzamiento de este por temas de seguridad nacional¹³. Sin embargo, llama la atención que en recientes fechas Trump, quien enfrenta la resistencia del Congreso para financiar su billonario proyecto de muro, ha optado por llamar al muro “bello muro”¹⁴.

1.3. Sobre la pertenencia de Estados Unidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos: algunas precisiones

Estados Unidos ha expresado que la Declaración es “solo una manifestación acordada de principios generales sobre derechos humanos, no obligatorios”¹⁵ y un “instrumento no‐vinculante que por sí mismo no genera derechos o impone obligaciones legales sobre los Estados signatarios”¹⁶, reconoce la facultad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de interpretarla¹⁷. Ha manifestado también la jurisprudencia de la Corte IDH en la cual se interpreta que la Convención Americana no resulta aplicable a sus obligaciones bajo la Declaración Americana y que, de la misma forma, “las opiniones consultivas de la Corte IDH que interpretan otros tratados internacionales, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), no resultan relevantes”. Esa es básicamente la posición de Estados Unidos, más allá de compartir esa postura, una de las preguntas que hemos de responder tiene que ver con por qué analizar las políticas de Estados Unidos o incluso la construcción del muro a la luz del derecho interamericano. Al respecto, la Corte IDH, en su opinión consultiva Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, señaló que la competencia consultiva de la Corte puede ejercerse, en general, sobre toda disposición, concerniente a la protección de los derechos humanos, de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados Americanos, con independencia de que sea bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estados ajenos al Sistema interamericano¹⁸ y que, en aras de la necesidad de claridad y aplicación uniforme de los derechos humanos básicos internacionales de los migrantes, decidió que esta aplicaba a los Estados Miembros de la OEA —entre ellos, Estados Unidos—, que han firmado la carta de la OEA, Declaración Americana, Declaración Universal, etc., independientemente de que hayan o no ratificado la cadh.

La interpretación de la Corte IDH respecto de los derechos a favor de la persona humana no tendrían condicionantes. Más allá de ser dueña de su competencia competende dè la competence, hay un legítimo derecho de que en el caso concreto se analicen las políticas o medidas en el espectro del sistema interamericano y en general del derecho internacional de los derechos humanos.

1.4. Imposición de aranceles por no reducir la migración

Al cierre del presente texto, en la relación entre México y EE. UU. había cierta tensión diplomática porque el presidente Trump manifestó a través de redes sociales que, de no detener el tráfico migratorio, habría de imponer aranceles del 5 % a México, señalando incluso una fecha límite para tal cumplimiento. Dicha situación impactó en los mercados financieros y, por qué no decirlo, en las medidas migratorias que el Estado mexicano debe tomar, dando así cierto revés a la política de “puertas abiertas” para los nacionales de Centroamérica que había anunciado el reciente presidente mexicano.

Sin duda este escenario “imprevisto” se trae a colación, porque este nuevo escenario, que generó algunas medidas en México para “contener/ controlar” la migración centroamericana, podría llevar a la criminalización de los migrantes pero en México. ¿Acaso no es este un nuevo muro? No puede pasar desapercibido el más reciente suceso en el que el Gobierno mexicano se ve envuelto gracias a un tuit: la amenaza de tarifas arancelarias contra las exportaciones mexicanas hasta en tanto se detenga la migración. Si bien este suceso amerita una discusión de mayor calada con matices relativos a la diplomación mexicana, al comercio entre ambos países, etc., basta decir que México aparentemente transó entre aranceles y migración, hoy la frontera surmexicana tiene su propio muro: la Guardia Nacional mexicana, vigilando/controlando el flujo migratorio, de nueva cuenta, en los márgenes interamericanos e incluso en los contenidos sobre migrantes, asilados y refugiados, amparados por el derecho internacional de los derechos humanos y, en general, por el derecho internacional. A nuestro juicio, este escenario es propicio para fomentar la xenofobia o expansión en la criminalización de las personas migrantes (sin distinguir acaso su estatus de refugiados o asilados), frente a tantos señalamientos, a su situación de vulnerabilidad, su criminalización es, por decir lo menos, una realidad o una muy próxima situación.

2. Sobre la política migratoria de Estados Unidos y sus inconvencionalidades (análisis a la luz del derecho internacional de los derechos humanos)

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana se ha definido “política migratoria” como aquella que está constituida por todo acto, medida u omisión institucional (leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, etc.) que versa sobre la entrada, salida o permanencia de población nacional o extranjera dentro de su territorio.

Durante la administración de Trump se ha dado especial atención a las políticas migratorias que hoy sometemos a debate. Para Koh, la cara más visible de Trump, en política internacional, ha sido la migración: retirar fondos federales para las ciudades santuario, control irrestricto de las fronteras y el muy repetido anuncio de que México pagará por la construcción del muro¹⁹. Aunque quizá la medida más drástica y dolorosa fue la de separar a los padres migrantes de sus hijos.

Bajo este escenario, como se indicó anteriormente, nos abocaremos al análisis de cuatro medidas (políticas) migratorias que tienen un impacto directo en México y su frontera. Tres de esas políticas, como se verá, tienen como centro a las personas migrantes (el Título 8 de Código 1325, la efectividad de la Sección 235 y la política de tolerancia cero), y la última, la Orden Ejecutiva 13767, que se relaciona con la justificación de la construcción del muro (o reconstrucción).

A continuación, analizaremos cada una de esas políticas. A pesar del argumento que el Gobierno de Estados Unidos sostiene (en esencia, la inaplicación de los convenios interamericanos y otros tratados, y el carácter no vinculante de la Declaración Americana), es ineludible revisar las medidas bajo el canon interamericano o universal de los derechos humanos, como ahora lo haremos, porque, como sostuvo la CIDH y “debido al creciente uso de la detención migratoria, era relevante efectuar investigaciones sobre la compatibilidad de las políticas y prácticas en esa materia, con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Estados Unidos”²⁰.

2.1. Código de Estados Unidos, Título 12, Sección 1325

La reforma que tuvo el Código de Estados Unidos (US Code) relativo al Título 12 Sección 1325 (improper entry by alien)²¹ es de especial importancia de cara a la situación vulnerable en la que se encuentran los migrantes. Hay que decir, para empezar, que esta sección “criminaliza” a los migrantes, pues, como se señala en dicha sección, puede haber prisión para los migrantes. La sección 1325 dispone que

cualquier extranjero que 1) entre o intente entrar a los Estados Unidos en cualquier momento o lugar que no sea el designado por los oficiales de migración, 2) eluda la inspección o examen de los oficiales de migración o 3) intente entrar o entre a los Estados Unidos de manera engañosas será, en la primera comisión de ese delito, multado bajo el título 18 o encarcelado no más de 6 meses, o ambos, y de reincidir en alguno de estos supuestos, será multado bajo lo previsto en el artículo 18 o encarcelado no más de dos años.

De esta manera, con la imposición de penas se avanza en la criminalización de las personas.

Como sabemos, los Estados están facultados para establecer políticas migratorias. La Corte IDH ha sostenido que, en ese ejercicio, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. Es decir, si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por estas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes²². Ante tal supuesto, cabría preguntarnos si la imposición de una pena por el cruce ilegal a un país atiende al respeto de los derechos humanos de una persona. Nos parece que los supuestos que plantea el Título 12, Sección 325 del Código de Estados Unidos, pierde de vista el contexto en el que se presentan estos escenarios, es decir, las personas migrantes se ven forzadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida. La Corte Interamericana ha sostenido que la condición de migrantes es “una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no migrantes (nacionales o residentes). Esta condición de vulnerabilidad tiene una dimensión ideológica y se presenta en un contexto histórico que es distinto para cada Estado, y es mantenida por situaciones de jure (desigualdades entre nacionales y extranjeros en las leyes) y de facto (desigualdades estructurales)”²³, por tanto resulta inadmisible considerarlos “delincuentes”, o cualquiera que sea la denominación que no se expresa en la Sección 1325 pero que se concreta con la detención de la persona.

Las medidas impuestas en Estados Unidos son, en principio, incompatibles con los estándares de protección de los derechos humanos; la migración como fenómeno social dista mucho de un “acto criminal” como se ha “etiquetado” bajo el mandato de Trump. Contrario a lo que se estableció en la sección en comento, en el contexto mundial se ha apelado a que los Estados garanticen la protección de los derechos humanos de los migrantes,²⁴ situación que de la revisión normativa estadounidense no se desprende.

Desde la óptica interamericana, debe existir reconocimiento a situaciones de vulnerabilidad. Aunado a ello, la Asamblea General de la ONU estableció en su resolución sobre “Protección de los Migrantes” que la situación de vulnerabilidad atiende, inter alia, a que estos no viven en sus Estados de origen y a las dificultades que afrontan a causa de las diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como a las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus Estados de origen a que deben hacer frente los migrantes sin documentación o en situación irregular. De la Sección 1325 nada de ello se desprende o, como mínimo, no tiene base normativa considerando las condiciones que aquí se mencionan.

2.2. Orden Ejecutiva 13767 del 25 de enero de 2017

El 25 de enero de 2017 el presidente Trump emitió la orden ejecutiva sobre el cumplimiento de las leyes migratorias (inmigration enforcement improvements)²⁵.

Esta es una orden de seguridad fronteriza diseñada como medio para proteger la seguridad nacional y reducir la criminalidad y terrorismo. La Orden 13767²⁶ establece, inter alia, los siguientes supuestos: en la Sección 1 señala que “no se pueden instrumentar de manera fehaciente las leyes migratorias de los Estados Unidos si se realizan excepciones de grupos o categorías de extranjeros deportables de una aplicación potencial de la ley migratoria”; en la Sección 2 expresa que se debe “a) Asegurar la frontera sur de los Estados Unidos a través de la construcción inmediata de una barda fronteriza en la frontera sur, monitoreada y apoyada por personal adecuado para prevenir la inmigración ilegal, el tráfico humano y de drogas, y actos de terrorismo”; en esta orden se le da carácter de seguridad nacional a la construcción (o renovación) del muro fronterizo y señala que entre los objetivos que se pretenden cumplir es “la prevención del terrorismo”; y en la Sección 5 estipula la necesidad de aumentar la capacidad carcelaria migratoria autorizando el uso de todos los recursos legales posibles para “establecer contratos de construcción, operación, y control de los centros de detención cerca de la frontera” y clasificando el tipo de personas que deben ser deportadas, es decir, que “han sido condenados por cualquier delito criminal; han sido acusados de cualquier delito criminal, cuando tal cargo aún no se haya resuelto; han cometido actos que se puedan construir en delito criminal imputable; sean sujetos a una orden final de remoción (deportación)”, pero que no han dado cumplimiento legal a su obligación de salir de los Estados Unidos y que, de acuerdo al criterio del oficial de migración, representan un riesgo a la seguridad pública o seguridad nacional.

Siendo así que lo primero que se observa es la alusión a distintas categorías de personas, en este rubro la orden ejecutiva plantea que no deben realizarse excepciones de “extranjeros deportables”. Estamos frente una distinción arbitraria y, por ende, discriminatoria. Por otro lado, un aspecto medular de esta orden es la construcción sobre la que basan la construcción del muro, es decir, plantea una necesidad de asegurar la frontera para evitar el tráfico de personas, drogas y actos de terrorismo. Tal parece que la construcción del muro tiene una base legal: la orden ejecutiva. Si acaso esto fuera poco, se añade un elemento especial: construir un muro para combatir el terrorismo.

Nos parece que, so pretexto de la seguridad nacional, se esconde una medida que tiene un origen xenofóbico y es que históricamente la frontera entre Estados Unidos y México no revela o refleja el tránsito de terroristas que pudieran poner en peligro la seguridad nacional estadounidense, al margen del resto de los alegatos de Estados Unidos. Aludir a la migración, particularmente la mexicana y centroamericana, como una fuente de violencia generalizada que impone inseguridad nacional a Estados Unidos es un discurso vacío pero que es altamente escuchado por aquellos que rechazan a un sector de la población por su nacionalidad o condición social o económica. Para el TEDH, en el caso D. y N. T vs. España²⁷, “es la autoridad y el control que un Estado ejerce sobre un territorio o sobre una persona lo que determina la aplicabilidad de sus obligaciones jurídicas internacionales y no la nacionalidad de la persona o su localización geográfica”.

Los alcances de esta orden fueron amplios y contundentes. Ahí se plantea retirar el apoyo de fondos federales en las “ciudades santuario”²⁸ y otros aspectos que, como se resumía anteriormente, solo exacerban la discriminación de los extranjeros (latinoamericanos) en Estados Unidos.

2.3. Política de tolerancia cero del 6 de abril de 2018

La política de tolerancia cero por la entrada ilegal (criminal illegal entry) se refiere que al infringir el Título 8 del Código 1325 inciso (a); en la que se advierte que “la situación de la frontera sur es inaceptable. El Congreso ha fallado en emitir legislación efectiva que salvaguarde los intereses de la Nación. Teniendo como resultado, crisis en la frontera sur que necesita mayor refuerzo para perseguir a aquellos que escogieron cruzar la frontera de forma ilegal”²⁹. El abogado Jeff Sessions agregó a esta política que “aquellos que desean desafiar el compromiso de la administración de Trump, por el interés público, la seguridad nacional y el estado de derecho, les advierto: la entrada ilegal no será recompensada, por el contrario, será perseguida por el poder del Departamento de Justicia”.

Observamos una vez más el tratamiento a la migración como una cuestión relacionada con actos criminales. La política de tolerancia cero refrenda ese discurso y además le agrega componentes como la amenaza, la crisis fronteriza y la seguridad nacional.

Al respecto, la Corte IDH ha sido muy puntual, al señalar que

la situación regular de una persona en un Estado no es condición necesaria para que dicho Estado respete y garantice el principio de la igualdad y no discriminación, puesto que, como ya se mencionó, dicho principio tiene carácter fundamental y todos los Estados deben garantizarlo a sus ciudadanos y a toda persona extranjera que se encuentre en su territorio.

Tomar medidas para control migratorio no es inconvencional, “lo importante es que, al tomar las medidas que correspondan, los Estados respeten sus derechos humanos y garanticen su ejercicio y goce a toda persona que se encuentre en su territorio, sin discriminación alguna por su regular o irregular estancia, nacionalidad, raza, género o cualquier otra causa”.³⁰ Esta política concatena de manera natural con el resto de las medidas o políticas que se han tomado y que consideramos que se alejan de los estándares interamericanos, ya que no observamos una alusión o trato a las personas migrantes reconociendo su sensible situación.

2.4. Efectividad de la Sección 235 (b) (2) (c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad del 20 de diciembre de 2018 que entró en vigor 20 de enero de 2019

Esta sección permite al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) que de manera discrecional haya procedimientos de remoción de ese país para aquellas personas que han ingresado al territorio estadounidense vía terrestre, y que ahí han empezado un procedimiento de regularización. La decisión de remoción del país implicaría que las personas esperen en un país contiguo (en este caso, México) su proceso de regularización migratoria en Estados Unidos, y solo reingresarían a aquel país en caso de que un juez apruebe su solicitud. En enero de 2019, se publicó un memorándum en el que se instruye a los oficiales de DHS a que actúen en respeto al principio de non refoulment contenido en la Convención de 1951³¹, sobre todo en casos de que un extranjero alegue que de retornarlo a México, podría correr peligro su vida.

Es importante el énfasis que recientemente pone el Gobierno de Estados Unidos en el respeto al principio de no devolución. Para Alesio Mirra, México está deliberadamente sujetando su autonomía soberana en decidir las formas y las modalidades de ingreso de extranjeros a su territorio, a las políticas migratorias de los Estados Unidos; y eso conduciría a una discusión incluso diplomática; sin embargo, esta sección de la Ley de Migración pone en jaque los principios básicos relativos a las personas refugiadas³². Si bien es cierto que se ha difundido recientemente el memorándum que recuerda las obligaciones internacionales frente a las personas cuyas vidas corren peligro, esta sección es un atentando contra el principio de no devolución y deja en manos “discrecionales” de los agentes migratorios la decisión de retornarlos a México o no. Isaacson³³

sostiene que regresar una persona mexicana solicitante de la condición de refugiado a México es una violación del principio de no devolución. El comunicado del DHS manifiesta que las personas extranjeras deportadas a México tendrían acceso a los ministerios públicos y a los juzgados estadounidenses encargados de su caso, sin embargo, no se establecen las modalidades para ello ni se mencionan cuáles serían los procedimientos para garantizar la efectiva participación de los solicitantes. Lo más probable es que las personas carecerán de los recursos necesarios para acceder a una defensa legal efectiva, etc.

Ante estas medidas, el Gobierno mexicano fijó posición señalando que “reafirma su derecho soberano de admitir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio”, en ejercicio de su política migratoria. En general, el Gobierno de México sin constituirse en “tercer país seguro”, ha autorizado “estancias” temporales y humanitarias para ciertas personas extranjeras, permisos para entrada y salida del país, permisos de trabajo y protección constitucional, y sin embargo la pregunta permanece: se viola o no el principio de non refoulment.

Es oportuno traer a colación el criterio de la Corte Interamericana, que recientemente tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto y ha sostenido que “el principio de no devolución o non-refoulement constituye la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y solicitantes de asilo”³⁴. El principio de no devolución en este ámbito ha sido reconocido como una norma consuetudinaria de derecho internacional³⁵ vinculante para todos los Estados, sean o no partes en la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967³⁶. Por lo tanto, y no obstante lo que aparentemente pareciera, pretende convertir a México en un “tercer país seguro”; en estricto apego a los parámetros internacionales e interamericanos, Estados Unidos tiene la obligación de dar trámite hasta su conclusión a las solicitudes de asilo o refugio que reciba.

Conclusiones

Este texto es solo la antesala de lo que también juega como política migratoria y como campaña electoral, ya que el presidente de Estados Unidos junto con estas medidas y otras incluso más graves (separación de niños y padres/madres migrantes) pretende inhibir la migración.

La construcción del muro ha funcionado políticamente, pero ha sido también la oportunidad de concretar algunas decisiones o medidas que desde nuestra óptica exacerban la discriminación, como antes lo hemos dicho. Las medidas que aquí se expusieron tales como la orden ejecutiva, la Sección 1325, etc., no necesariamente reflejan la preocupación de la seguridad nacional de Estados Unidos, sino un discurso de discriminación; tampoco son el resultado de un análisis pormenorizado de la violencia en Estados Unidos, cuyas causas lejos están de las fronteras. Por lo que hace al muro, al reconstruido en realidad, la orden ejecutiva lo dibujó. En el marco de la protección contra el terrorismo, el presidente Trump justificó la urgencia de conseguir recursos para tales fines y, como se sostuvo aquí, no hay ni mínimamente una reflexión en torno al derecho internacional o, peor aún, a su derecho interno.

Si el propósito de este trabajo era analizar las políticas o medidas señaladas a la luz del sistema interamericano y, en general, del derecho internacional de los derechos humanos, tal parece que resulta relativamente ocioso por no encontrar un mínimo de elementos en todas estas medidas. Por el contrario, consideramos que estas anulan la posibilidad de justificar la migración en el contexto que lo han hecho los expertos en la materia y que, no obstante en el último dictamen que se alude (supra 2.4), se subraya tomar en cuenta el principio de no devolución; también es verdad que los procesos administrativos de migración para las personas que aplican se demoran y podrían poner en riesgo otros derechos.

En general, con la administración de Trump, que podría extenderse otros cuatro años, vemos ahogados los principios de la dignidad humana de las personas migrantes y sus derechos humanos, pues ha llevado al extremo de “positivizar” su discurso contra los migrantes y contra México. ¿Acaso el muro en construcción es la tentación para violar derechos humanos? Por lo menos, y como se expuso, no se cumplen con los estándares que ha fijado el sistema interamericano.

Bibliografía

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Secretaría de Relaciones Exteriores. SRE-México. Comunicado de Prensa n.o 17 del 20 de diciembre de 2018.

Notas

* Decana, profesora-investigadora de la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1.

¹ De tal sentencia, véase Bernardo Sepúlveda Amor, La Corte Internacional de Justicia y la protección de los derechos del individuo: el caso Avena, (SCJN: 1.a ed., 2013).

² El asunto concluyó en la discusión sobre 51 de esos 54 migrantes mexicanos condenados a diversas penas.

³ En este caso, México sostuvo que EE. UU. infringió el artículo 36 (1) a, b, c y 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, y argumentó que aquel Estado debería restituir a favor de México, es decir, anular las condenas de los mexicanos sentenciados a pena de muerte. El fallo emitido por la cij concluyó que al no informar a los mexicanos de sus derechos y al no notificar a las autoridades consulares mexicanas de los arrestos y condenas de sus nacionales, los EE. UU. habían violado sus obligaciones estipuladas en el art. 36 referido. Cfr. Pablo A. Arrocha Olabuenaga, “Caso Medellín vs. Texas”. Comentarios al fallo de la Suprema Corte de los Estados Unidos, así como a la solicitud de interpretación del fallo Avena del 31 de marzo de 2004, presentada a la Corte Internacional de Justicia por México en junio de 2008”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, IX, (enero 2009).

⁴ Cfr. Asamblea General 63.a sesión plenaria, 20 de diciembre de 2018.

⁵ Resolución aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 2018, A/RES/73/257. Fallo de la Corte Internacional de Justicia de 31 de marzo de 2004 en la causa relativa a Avena y otros nacionales mexicanos: necesidad de cumplimiento inmediato. A/RES/73/257 A/73/PV.63.

⁶ Secretaría de Relaciones Exteriores. SRE-México. Comunicado de Prensa n.o 17 del 20 de diciembre de 2018.

⁷ Supra nota 6.

⁸ Juan Manuel Gómez Robledo, “El caso Avena y otros nacionales mexicanos, México c. Estados Unidos de América) ante la Corte Internacional de Justicia”, Anuario mexicano de Derecho Internacional V (2005), 177, http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2005.5.

⁹ Corte IDH. Opinión Consultiva oc-16/99, “El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal” (1999).

¹⁰ Pueden consultarse Vanda Felbab-Brown, The Wall: The Real Costs of a Barrier between the United States and Mexico, (Brookings Institution Press, 2017); Sthepen Lynn, “Mexico, Immigration, and Trump: Towards Transborder Thinking”, (2017); Cynthia Weber, “The Trump presidency, episode 1: simulating sovereignty”, Theory & Event 20, n.o 1 (2017): 132-142.

¹¹ CIJ, Opinión Consultiva, “Consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado”, (2004).

¹² “La Corte explica que ha optado por utilizar el término ‘muro’ empleado por la Asamblea General, porque los otros términos utilizados ‘valla’ o ‘barrera’ no son más precisos si se entienden en su acepción física”, párrs. 66-69. Señala además que la solicitud de la Asamblea General se refiere a las consecuencias jurídicas del muro que se está construyendo “en el territorio palestino ocupado […] y considera que no le incumbe examinar las consecuencias jurídicas de la construcción de las partes del muro que están en el propio territorio de Israel”.

¹³ Se sugiere revisar: Michael Gonchar, “Deconstructing the Wall: Teaching About the Symbolism, Politics and Reality of the U.S.-Mexico Border, New York Times”, consultado junio 6, 2019, https://www.nytimes.com/2019/01/06/learning/lesson-plans/border-wall-lesson-plan.html

¹⁴ “The Democrats, are saying loud and clear that they do not want to build a Concrete Wall — but we are not building a Concrete Wall, we are building artistically designed steel slats, so that you can easily see through it […] It will be beautiful and, at the same time, give our Country the security that our citizens deserve. It will go up fast and save us BILLIONS of dollars a month once completed!”. Tuits del 19 de diciembre de 2018.

¹⁵ CIDH, Caso 10.573, Informe n.o 31/93, párr. 21.

¹⁶ Ibíd., párr. 24.

¹⁷ CIDH, Caso 12.626, Informe n.o 80/11, párr. 3.

¹⁸ Corte IDH, Opinión Consultiva n.o 18/03. Condición jurídica y derechos de los migrantes indocumentados, (2003), párr. 119.

¹⁹ Harold Hongju Koh, The Trump Administration and International Law, (Oxford University Press, 2019), 22.

²⁰ CIDH. Informe sobre Inmigración en Estados Unidos: detenciones y debido proceso, (2011), 4.

²¹ Código de Estados Unidos, Título 12, Sección 1325, última modificación junio 5, 2019, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1325

²² Corte IDH, Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana, (2014), párr. 350.

²³ Corte IDH. Opinión Consultiva número 18/03, supra nota 19, párr. 112.

²⁴ Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución A/RES/54/166 sobre “Protección de los migrantes”, (2000); cfr. Naciones Unidas, Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhague, (1995), Programa de Acción, párrs. 63, 77 y 78; Naciones Unidas, A/CONF.171/13, (1994).

²⁵ Un estudio más detallado lo realizó Alejandra Castañeda, La política migratoria en Estados Unidos: los primeros meses de la administración Trump, Observatorio de Legislación y Política Migratoria. Colef. (2017).

²⁶ Esta Orden incluye otros aspectos tales como b) detener a individuos arrestados bajo la sospecha de violar leyes federales o estatales, c) hacer expedita las determinaciones sobre la elegibilidad de permanecer en Estados Unidos de los individuos detenidos; d) pronta remoción de los individuos cuyos reclamos legales de permanecer en Estados Unidos han sido legalmente rechazados, etc.

²⁷ TEDH, Caso N. D. y N. T. vs. España (Demandas n.o 8675/15 y 8697/15), sentencia del 3 de octubre de 2017.

²⁸ Las ciudades santuario están conformadas por San Fancisco, Los Ángeles, Nueva York, etc. Estas nacen, con la resolución HR 4437, para impedir cumplir cualquier ley federal que criminalice personas indocumentadas.

²⁹ Anuncio del Abogado general de EE. UU. Jeff Sessions del 6 de abril de 2018, relativo a tolerancia cero por entrada ilegal, última revisión junio 4, 2019, https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-announces-zero-tolerance-policy-criminal-illegal-entry.

³⁰ Corte IDH, Opinión Consultiva n.o 18/03, supra nota 19, párr. 100.

³¹ Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, (1951).

³² Alesio Mirra, “Externalizaciones que se convierten en realidad”, Animal Político, https://www.animalpolitico.com/columna-invitada/externalizaciones-que-se-convierten-en-realidad/

³³ David Isaacson, Destroying the Case in Order to Save It: Why Returning Asylum Applicants to Contiguous Territory Under INA §235(b)(2)(C). Would Often Violate Both Law and Common Sense, última modificiación de junio 4, 2019, http://blog.cyrusmehta.com/2017/02/destroying-the-case-in-order-to-save-it-why-returning-asylum-applicants-to-contiguous-territory-under-ina-§235b2c-would-often-violate-both-law-and-common-sense.html

³⁴ Corte IDH, Caso Familia Pacheco Tineo vs. Bolivia, (2000) párr. 151.

³⁵ UN DOC. HCR/MMSP/2001/9, adoptada el 13 de diciembre de 2001, que en su párrafo 4 indica: “Aceptando la continua relevancia y adaptabilidad de este régimen internacional de derechos y principios, centrado en el principio de no devolución (non-refoulement) cuya aplicabilidad se inserta en el derecho consuetudinario internacional”.

³⁶ Corte IDH, Opinión Consultiva número 25/18. La institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el Sistema Interamericano de Protección (interpretación y alcance de los artículos 5, 22.7 y 22.8, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), (2018).

La creación de la Guardia Nacional en México, sus retos en materia de seguridad pública, a fin de garantizar la seguridad e integridad de las personas, como un derecho humano

Daniel Jiménez Sánchez*

Resumen

En marzo del 2019, entró en vigor en México la creación de la Guardia Nacional, la cual estará integrada inicialmente por el Ejército, Marina y Policía Federal. Sin embargo, el problema de seguridad pública en México sigue persistiendo. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentara la Guardia Nacional? ¿Garantizará la seguridad e integridad de las personas? ¿Saben aplicar el uso y empleo de la fuerza? Hace algunos años, el Estado consideró necesario que las autoridades encargadas por mandato constitucional de la seguridad pública fueran auxiliadas por las Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México). Después de varios años de venir realizando estas actividades, las Fuerzas Armadas han sido ovacionadas y criticadas por su participación en labores de seguridad pública, ya que la mayor parte de la población ve bien la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, pero también hay a quienes no les agrada. El caso es que tanto Fuerzas Armadas como Guardia Nacional realizarán actividades de seguridad pública. La falta de una ley específica que faculte su actuación y una ley de procedimientos que regule la forma de proceder dan lugar a que estas instituciones, que realizan actividades de seguridad pública, redacten manuales y protocolos de actuación con base en estándares internacionales sobre el uso y empleo de la fuerza. Sin embargo, la capacitación y profesionalización a sus integrantes no parece la adecuada, ya que la forma de interpretación de los manuales y protocolos sobre el uso y empleo de la fuerza no se hace correctamente, provocando violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, la intervención de instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Palabras clave: Guardia Nacional, uso y empleo de la fuerza, ley, ley de procedimiento, capacitación y profesionalización, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Abstract

In March 2019, the Mexican National Guard was created and it was initially formed by the Army, the Navy, and the Federal Police. Nonetheless, the problem of public security in Mexico persists. What are the challenges that the National Guard will face? Will they guarantee the security and integrity of people? Do they know how to exert and use force? Some years ago, the State considered necessary that the authorities in charge of the public security by constitutional mandate were helped by the Armed Forces (Mexican Army, Air Force, and Navy). After a few years performing these activities, the Armed Forces have been both acclaimed and criticized for their participation in public security tasks as most of the population likes the presence of Armed Forces in the street, although some people disagree. The point is that both the Armed Forces as well as the National Guard will perform public security tasks. The lack of a specific law that allows their acting as well as a procedural law that regulates their procedural acting makes it possible that these institutions, that perform public security activities, write up manuals and action protocols using international standards in the use of force. Nonetheless, the training and professionalization to their members doesn't seems to be the right one because the interpretation of this manuals and action protocols is not made correctly, causing human rights violations, and accordingly, the interventions of international bodies such as the Inter-American Court of Human Rights.

Keywords: Mexican National Guard, use and employ of force, law, procedural law, capacitation and profesionalization, Inter-American Court of Human Rights.

Introducción

La finalidad de escribir el presente capítulo es porque en México existe un problema de inseguridad. Los cuerpos de Policía pública pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública no son suficientes para poder controlar este problema de inseguridad. El Estado, como principal garantista de seguridad, dispuso de las Fuerzas Armadas de México (Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México) para que realizaran misiones de seguridad pública, sin embargo ante esta situación, los miembros de las Fuerzas Armadas al realizar estas funciones se vieron involucrados en violaciones a derechos humanos, situación que llevó a que organizaciones de derechos humanos se manifestaran en contra, incluso hubo quienes presentaron quejas a instancias internacionales, como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por asuntos de su competencia, también hubo organizaciones internacionales que presentaron informes a la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes internacionales. Recientemente, en México hubo cambio de administración y el Gobierno en turno proveniente de izquierda propuso la iniciativa para la creación de la Guardia Nacional, integrada en su gran mayoría por miembros de las Fuerzas Armadas bajo la dirección administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la parte operativa a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

1. La creación de la Guardia Nacional en México

Con la entrada en funciones del nuevo Gobierno en México, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se propuso la creación de un cuerpo de seguridad que hiciera frente a los problemas de inseguridad que tanto azota a la población. La Constitución establece que la seguridad pública corresponde al Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios¹. Los fines de la seguridad pública son garantizar la vida, la integridad, las libertades y el patrimonio de las personas. En marzo de 2019, entró en vigor el decreto mediante el cual se crea la Guardia Nacional, siendo esta una institución de carácter civil, profesional y disciplinado. La formación que tendrán los integrantes de la Guardia Nacional será con base a una Policía que se enfoque principalmente en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. En el decreto mediante el cual se crea la Guardia Nacional se establece que durante cinco años a partir de su entrada en vigor, mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implementación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, situación que desde mi opinión personal ya se viene presentando desde hace varios años, ya que las Fuerzas Armadas se han hecho cargo de la seguridad pública, sobre todo en entidades federativas donde el crimen organizado ha sobrepasado a las policías.

1.1. Integración de la Guardia Nacional

Inicialmente este cuerpo de seguridad nacional estará integrado por la Policía Militar, Policía Naval y Policía Federal, y dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, dependencia que a su vez elaborará la estrategia de seguridad nacional. La Secretaría de Seguridad Pública se encargará del manejo administrativo, ya que en lo operativo estará bajo el mando de un militar en situación de retiro del Ejército mexicano. De igual forma, estará integrada por una coordinación operativa institucional, la cual estará integrada por un representante de la Policía Federal, un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional y uno más por parte de la Secretaría de Marina².

2. Narcotráfico y crimen organizado en México

El narcotráfico en México tiene sus orígenes en los estados del norte, principalmente Durango, Sinaloa y Chihuahua, sin dejar de ver hacia los estados de Guerrero y Michoacán. El narcotráfico es el comercio ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El proceso (que comienza con el cultivo de las sustancias, sigue con la producción y finaliza con la distribución y la venta) suele ser realizado por diversas organizaciones ilícitas (denominadas carteles) que se especializan en distintas partes. La lucha contra el narcotráfico en México es un conflicto interno que enfrenta el Estado contra las bandas que controlan diversas actividades ilegales, principalmente el tráfico ilegal de drogas; esta lucha se viene dando desde varios años atrás, sin embargo, quedó marcado para la historia el hecho de que el 11 de diciembre de 2006, cuando el Gobierno federal anunció un operativo contra el narcotráfico en el estado de Michoacán, donde a lo largo de 2006 se había contabilizado cerca de 500 asesinatos de miembros de los cárteles del narcotráfico³.

Para enfrentarlos, el Gobierno mexicano ha privilegiado el uso de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del conflicto, se ha movilizado a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios; a ellos se han sumado el Ejército y la Marina.

El expresidente Felipe Calderón desde el inicio de su administración (fines de 2006), al declararle la guerra al “narco” e iniciar el operativo conjunto Michoacán, primera de las acciones en que se manda a más de 5000 soldados, marinos y policías al sureño estado mexicano a librar una “batalla” contra el crimen organizado⁴.

Transcurrieron más de cuatro años de aquel toque de trompeta, es difícil, salir en defensa de esta estrategia, que entiende al narcotráfico más como un problema de seguridad que como uno de salud pública al que hay que atajar por medios eminentemente policíacos y militares.

2.1. El crimen organizado, un problema en materia de seguridad en México

En la actualidad, se ha agudizado la inseguridad en México, siendo el punto de atención a nivel internacional, tomando en consideración la situación geográfica en la que se encuentra México, cercano a un país poderoso, el cual muestra un alto interés en la adquisición de drogas. Esto lleva a que nuestro país sea usado como paso obligado por parte de las diferentes organizaciones del crimen organizado, teniendo como resultado que exista un alto grado de inseguridad, volviéndose un problema social, público, económico y gubernamental de carácter internacional.

Existen diversos estudios y diagnósticos de la inseguridad en México. Bergman, Magaloni, Negrete y Azola, y Zepeda concluyeron que existe una ineficacia por parte de las instituciones responsables de combatir el crimen organizado; sin embargo, en el ámbito nacional ha aumentado la inseguridad pública, principalmente en ciudades fronterizas entre México y Estados Unidos, como son los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora⁵.

La inseguridad pública no es un problema reciente en México, debe de considerarse como uno de los problemas nacionales más importantes que afecta la seguridad de las personas y la calidad de vivir, por lo tanto, afecta también el tejido social. En la última década, México ha sido escenario de actos violentos como consecuencia de la lucha por el poder y por mantener el control de los territorios, dando origen a una lucha armada entre las diferentes organizaciones delictivas, generándose la muerte de una gran cantidad de personas inocentes; es el caso que desde hace aproximadamente una década se vienen presentando graves problemas de inseguridad en México, los cuales se han agudizado durante los años 2006-2012, el estado tomó en México, mediante una campaña por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas contra las diferentes organizaciones criminales.

2.2. Las Fuerzas Armadas de México

Las Fuerzas Armadas en México se encuentran integradas por el Ejército, Fuerza Aérea y Marina Armada de México. En el caso del Ejército, este actúa con base en las misiones generales que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, siendo las siguientes:

A. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación.

B. Garantizar la seguridad interior.

C. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas.

D. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país.

E. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Por su parte, el artículo 1.o de la Ley Orgánica de la Armada de México establece que la Armada de México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país⁶.

Con respecto a la primera misión del Ejército y Fuerza Aérea de México, “Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación”, de acuerdo con el Manual de Operaciones en Campaña, del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, debe entenderse primordialmente a las amenazas provenientes del exterior, y la segunda misión se refiere a que busca el logro del orden interior por el mantenimiento del imperio de la constitución y demás leyes, en problemas que requieren ser solucionados por la fuerza y procedimientos militares, y no solamente por métodos policiacos.

Es necesario especificar que en la actualidad las Fuerzas Armadas no enfrentan un enemigo proveniente del exterior, como lo sería un ejército legalmente constituido; lo real es que las Fuerzas Armadas en México realizan diferentes actividades para salvaguardar las seguridad integral de las personas, así como su patrimonio, mediante la aplicación del Plan DN-III, ayudando a la población civil en caso de desastres, prestando ayuda para el mantenimiento del orden, el auxilio a las personas y la reconstrucción de las zonas afectadas, siendo esta tarea una de las más frecuentes que desempeñan las Fuerzas Armadas.

Otras de las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en forma constante son las actividades de labor social en beneficio de la población, son las relacionadas con la labor social, como lo son: atención médica y odontológica a la población, así como trabajos de mantenimiento en áreas públicas como son parques, escuelas, y centros de beneficencia pública como asilos e internados, participando también en la cruzada contra el hambre, mediante el establecimiento de cocinas comunitarias en aquellos lugares marginados.

2.3. Las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad pública en México

El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos son instituciones de las más antiguas y confiables en el país. Es el caso que en la actualidad, en cumplimiento a un mandato presidencial y por ser una necesidad del país y de los ciudadanos, se da a la tarea de realizar actividades de seguridad pública en los diferentes estados del país en donde su estructura de seguridad ha sido vulnerada y corrompida⁷.

La actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de la seguridad pública siempre es a solicitud expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles encargadas de esta actividad, la cual realizan por conducto del gobierno federal y se limita a auxiliar a los cuerpos de seguridad pública, pero sin sustituirlas en sus funciones. Esta labor de las Fuerzas Armadas siempre es en situaciones extraordinarias de violencia e inseguridad que hayan rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades estatales, municipales y federales en materia de seguridad pública.

Cabe mencionar que, con motivo de que las instituciones armadas por el tipo de adiestramiento militar con el que cuentan, se ha llegado a dar el caso de que durante su desempeño en labores de seguridad pública cometen actos que constituyen delitos de competencia del fuero común o federal, y con este motivo son colocados en una situación legal que de acuerdo con los nuevos ordenamientos en relación con que el fuero militar no debe juzgar a los militares que cometan delitos en donde se encuentre involucrada una persona civil, por tal motivo el agente de las Fuerzas Armadas que se vea en este supuesto deberá de estar a sujeto a proceso ante un juez federal o del fuero común, según el caso.

Las dependencias que son responsables de garantizar la seguridad de las personas son prácticamente las mismas que conforman el gabinete de seguridad, estas son: el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) es el órgano superior del snsp, y es presidido por el presidente de la República, e integrado por los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, seguridad pública, el procurador general de la República, los gobernadores de los estados, el jefe del Gobierno del Distrito Federal y el secretario ejecutivo del SNSP⁸.

Hace aproximadamente diez años, se decía que no existía zona del país que esté libre del crimen organizado y que por las dimensiones que ha adquirido se debe considerar como un problema de seguridad nacional, por la forma en que afecta al Estado, a la población, a sus estructuras de seguridad municipal, estatal y federal.

El problema de inseguridad que existe en México, es una de las principales preocupaciones del Estado y de la población, que afecta la tranquilidad y la paz que debe prevalecer en todo el territorio de la República mexicana y en sus habitantes. La inseguridad provoca además una inestabilidad política, económica y jurídica, a nivel nacional como internacional, con motivo de que el Estado como garante de la seguridad de las personas emplea inicialmente las Fuerzas de Seguridad Pública para garantizar la paz de las personas, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 constitucional, el cual define la seguridad pública como una función que estará a cargo del Estado, y comprende la prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva⁹.

En México, las Fuerzas de Seguridad Pública se encuentran distribuidas en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, siendo el caso de que a nivel federal se encuentra a cargo de la Policía Federal, conformada por las siguientes divisiones: División de Inteligencia, División de Investigación, División de Seguridad Regional, División Científica, División Antidrogas, División de Fuerzas Federales, Unidad de Asuntos Internos, Órgano Interno de Control y División de Gendarmería, esta última es de reciente creación, entró a funcionar en el año 2014 y uno de los objetivos de esta división de gendarmería es reforzar la seguridad de las zonas rurales y urbanas del país, principalmente en aquellas regiones que cuentan con alto índice de delincuencia. En el ámbito estatal, se cuenta con la Policía estatal; en algunos estados del país, estas policías cuentan con unidades especializadas de reacción inmediata para hacer frente a la delincuencia y garantizar la seguridad de las personas¹⁰.

A nivel municipal es donde nos encontramos con que la Policía es más frágil, ya que presenta mayor vulnerabilidad de ser penetrada por el crimen organizado; esta termina siendo corrompida e incluso llega a cambiar de bando. Las fuerzas públicas de seguridad habían sido superadas por el crimen organizado, ocasionando con esto un estado de temor por parte de la población, por lo que, con base en sus facultades, el Estado tomó medidas al respecto, las cuales consistieron en hacer uso de las Fuerzas Armadas, esto es, Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, con el fin de que en auxilio a la seguridad pública se lograra el mantenimiento de la paz y el orden público, esto de conformidad con los fundamentos legales que otorgan al Estado para hacer uso de la totalidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior del país, protegiendo y salvaguardando la vida, y todos los problemas de carácter interno.

Con la participación de las Fuerzas Armadas mexicanas en auxilio a la seguridad pública, se logró mantener el orden público, sobre todo en aquellos estados en donde sus municipios se quedaron temporalmente sin policías con motivo de que algunos de estos servidores públicos fueron retirados de sus cargos por tener vínculos con organizaciones criminales y con integrantes de la delincuencia organizada, otros se integraron a los diferentes grupos delictivos y los pocos policías que continuaron prestando sus servicios se sometieron a un proceso de selección, adiestramiento y preparación que los ausentó por algunos meses de sus actividades policiales¹¹.

Algunos de los integrantes de las Fuerzas Armadas, encontrándose en apoyo a la seguridad pública, se vieron involucrados en casos legales con motivo de presuntas denuncias en su contra por haber cometido conductas que son consideradas delitos, al grado de que llegó a tenerse conocimiento de organismos internacionales protectores de los derechos humanos que emitieron resoluciones al respecto. Uno de los casos más relevantes tuvo lugar el 23 de noviembre de 2009, cuando la Corte Interamericana emitió una sentencia en contra del Estado mexicano en un caso cuyos hechos tuvieron lugar en 1974. La resolución textual fue la siguiente: “El estado deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del código de justicia militar, con los estándares internacionales en la materia y de la convención americana sobre derechos humanos”¹². La corte interamericana declaró que el artículo 57 del código de justicia militar es incompatible con la Convención Americana, por lo tanto el Estado debería de adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la convención; en ese contexto también le fue recomendado al Estado realizar una reforma al artículo 13 constitucional, relacionado con la regulación del fuero de guerra, con el fin de “impedir que los elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”¹³.

2.4. ¿Por qué las Fuerzas Armadas en México deben auxiliar a la Policía en sus funciones de seguridad pública?

Es importante señalar que la seguridad pública es una actividad a cargo de la federación y corresponde garantizar al Estado, mediante las instituciones de seguridad pública (Policía). Sin embargo, al verse superada la capacidad de estas para garantizar la seguridad de las personas, la paz y la tranquilidad pública del territorio nacional, fue necesario que el Estado dispusiera de las Fuerzas Armadas, conforme a las facultades establecidas en la carta magna de nuestro país, y demás ordenamientos legales que facultan al presidente de la república para disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior del país. Lo anterior es con la finalidad de asegurar el mantenimiento del orden y la paz pública, sobre todo en aquellos estados del país con grandes índices de criminalidad.

Nuestro país ha vivido un grave problema de inseguridad, principalmente durante el sexenio (2006-2012), cuando el Estado tomó medidas para garantizar la seguridad de las personas, con motivo de que las fuerzas de seguridad pública fueron rebasadas, quedando algunos lugares del país sin policías, hecho que originó que, de acuerdo con las facultades del presidente de la República, dispuso de la totalidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior del país. Esta situación tuvo como resultado una serie de enfrentamientos entre los mismos grupos criminales y entre estos y las fuerza armadas y de seguridad pública.

La población en México mantiene altos niveles de confianza en las Fuerzas Armadas, ubicándola en tercer lugar como la organización más confiable del país, después de la Iglesia, así lo menciona la más reciente encuesta nacional en vivienda de paramétrica. Esto lleva a que el Ejército, como una de las instituciones de mayor confiabilidad y respeto, el Estado mexicano, de acuerdo con sus facultades, tenga la necesidad de utilizarlo en auxilio de la Policía. Cabe mencionar que el Ejército y la Marina en México, en comparación con otros países de América, son una de las instituciones mejores evaluadas, ubicándose como una de las cinco fuerzas castrenses con mayor credibilidad y confianza en dicho continente, detrás de la armada de Brasil, Ecuador, Colombia y El Salvador¹⁴.

En algunos países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas han sido utilizadas para combatir la delincuencia organizada. Colombia, Nicaragua o El Salvador han sido algunos de esos países que han empleado a sus fuerzas armadas para auxiliar a la seguridad pública y garantizar la seguridad y la paz de las personas. Sin embargo, también han existido casos en que no todos los países han tenido suerte en que la población vea con simpatía esta actividad; tal es el caso de Nicaragua, donde no se alcanzó esta aceptación. En el caso de Estados Unidos, se observa que una gran mayoría de la población confía más en los militares que en la Policía y en la Iglesia, considerándose que los miembros de las Fuerzas Armadas contribuyen mucho al bienestar de la sociedad, seguido por los profesores, médicos, científicos e ingenieros. Es así que se observa que mientras para los latinos la institución más confiable es la Iglesia, para Estados Unidos son las Fuerzas Armadas.

Además de lo anterior, es necesario señalar que durante la participación de las Fuerzas Armadas se ha podido obtener resultados satisfactorios, a pesar de que quizá no se ha logrado erradicar de forma permanente la criminalidad en México. En todo caso, la participación de las Fuerzas Armadas definitivamente ha contribuido a reducir los índices de violencia en nuestro país.

2.5. Marco jurídico que faculta a las Fuerzas Armadas en México para auxiliar a la Policía en funciones de seguridad pública

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

Jurisprudencia número 37/2000. Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Pueden actuar acatando órdenes del presidente, con estricto respeto a las garantías individuales, cuando, sin llegarse a situaciones que requieran la suspensión de aquellas, hagan temer, fundadamente, que de no enfrentarse de inmediato sería inminente caer en condiciones graves que obligarían a decretarla.

Jurisprudencia número 38/200. Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Su participación en auxilio de las autoridades civiles es constitucional (interpretación del artículo 129 de la Constitución).

La interpretación histórica, armónica y lógica del artículo 129 constitucional autoriza considerar que las Fuerzas Armadas pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando estas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen. Por esta razón, el instituto armado está constitucionalmente facultado para actuar en materias de seguridad pública en auxilio de las autoridades competentes¹⁵.

Es necesario aclarar que las Fuerzas Armadas actúan en auxilio de las autoridades civiles, pero sin desplazar a estas de sus funciones. La actuación de las Fuerzas Armadas es únicamente en coordinación con las diversas autoridades públicas y estando siempre subordinadas a estas, a menos que por mandato del presidente de la República, ante una situación relevante, se requiera investir a un militar de un mando especial por razones particulares de seguridad, este realizará sus funciones únicamente por el tiempo que dure la comisión nombrada.

Ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. Establece en el artículo 1 las misiones generales del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, dentro de las cuales destaca la segunda misión, garantizar la seguridad interior, refiriéndose a todos aquellas conflictos de inseguridad de carácter interno que suceden en el país, tal y como lo es el crimen organizado.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89 fracción VI, establece que el presidente de la República Mexicana dispondrá de la totalidad de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior y defensa exterior de la federación, además de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea en su artículo 11, “el mando supremo del ejército y fuerza aérea mexicanos, corresponde al presidente de la república, quien lo ejercerá por sí o a través del secretario de la defensa nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará comandante supremo de las fuerzas armadas”.

Se reafirma el mandato que se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, el cual establece: “El Presidente de la República dispondrá del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Las Fuerzas Armadas, en sus misiones de seguridad interior y seguridad exterior del territorio nacional, actúan con base en las órdenes que emita el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, a través del secretario de la Defensa Nacional, misiones que son encaminadas a proteger la vida y la tranquilidad de las personas, en el caso de la seguridad interior, y a proteger la soberanía de la nación, cuando se trata de garantizar la seguridad exterior de la federación.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno federal señaló que el diseño de la política de Seguridad Nacional responde a su identificación como una función esencial del Estado y como un derecho fundamental de los ciudadanos, que asume los compromisos suscritos ante la comunidad internacional y que, desde sus aspiraciones y objetivos, define los términos de cooperación en la materia¹⁶.

La misión de las Fuerzas Armadas de México es emplear el poder militar de la federación para la defensa exterior y para coadyuvar en la seguridad interior del país. Las Fuerzas Armadas, en el caso de la seguridad interior, han tomado un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas.

Puede observarse que en el Plan Nacional de Desarrollo, en la parte correspondiente de defensa exterior y seguridad interior, se hace mención de la relevante tarea que tienen las Fuerzas Armadas en coadyuvar con las autoridades civiles en la seguridad pública. Incluso se hace mención de que es necesario reforzar el marco legal ya existente. Igualmente, se deberá adecuar el adiestramiento para que responda a las exigencias de los tiempos actuales. Dicho Plan menciona además que los sistemas educativos naval y militar requieren de una orientación balanceada en torno a la defensa nacional, seguridad interior y misiones de carácter social que respondan a las necesidades actuales del país.

Es necesario mencionar que el Código de Justicia Militar en su artículo 434 numeral i define al Ejército como la fuerza pública de diversas milicias, armas y cuerpos que sirven a la nación para hacer la guerra en defensa de su independencia, integridad y decoro, y para asegurar el orden constitucional y la paz interior¹⁷.

El 22 de mayo del 2014 se emitió el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las tres Fuerzas Armadas, y se publicó en el diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2014. Este Manual regula el uso legítimo de la fuerza por parte del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, y en relación con lo establecido en artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el cual establece:

Artículo 19, el titular de cada Secretaría de Estado y Departamento Administrativo expedirá los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los sistemas de Comunicación y coordinación y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determine la Ley y las condiciones generales de trabajo respectivas¹⁸.

El manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas incorpora los principios que regula el uso de la fuerza de manera legítima contemplados por la Cruz Roja Internacional (CICR), y aplicados por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la Policía en sus funciones de seguridad pública. El enfoque utilizado por el Gobierno federal para utilizar a las Fuerzas Armadas a fin de apoyar a las autoridades civiles en tareas de seguridad pública está sustentado en la defensa de la seguridad interior, ante la amenaza del crimen organizado en la seguridad y no la seguridad pública en sí misma, esta última a cargo de la autoridad civil, como lo establece el artículo 21 constitucional¹⁹.

El Plan Sectorial de Defensa 2013-2018. Se observa el mensaje del presidente de la República, en el cual menciona la importancia del papel que desempeñan las Fuerzas Armadas en coaduvancia con la Policía en funciones de seguridad pública. Entre otras cosas, el Plan destaca lo siguiente:

La secretaría de la Defensa Nacional juega un papel importante dentro del contexto de la Defensa Exterior de la Federación, a fin de preservar la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; así como, coadyuvar en la Seguridad interior del país para mantener el orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, en este sentido el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, han actuado de forma permanente con valor y lealtad al servicio de la patria dentro del devenir histórico de la nación, donde han sido pilares en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, el carácter social de las Fuerzas Armadas las identifica como un Ejército de paz por su entrega, y compromiso con el pueblo de México en casos de necesidades públicas, así mismo, por el apoyo inmediato a la población en casos de desastres, lo que les ha valido ganarse el reconocimiento íntegro y el aprecio de la ciudadanía. México ha enfrentado en los últimos años una problemática sin precedentes por la inseguridad que generan las organizaciones del crimen organizado, situación que incide negativamente en el desarrollo nacional. Debido a este flagelo, las Fuerzas Armadas han permanecido desplegadas en forma permanente en todo el territorio nacional y con mayor densidad en las áreas álgidas del país, en coadyuvancia a las autoridades responsables de la seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, de tal forma que el programa las identifica de Defensa Nacional 2013-2018 proyecta para los próximos seis años, fortalecer y modernizar las capacidades operativas, logísticas y administrativas de sus organismos²⁰.

El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley es primordial para medir la conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los cuales son respetar la legalidad vigente y proteger la dignidad humana y los derechos humanos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza en casos de necesidad, pero en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas²¹.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por unanimidad por la Asamblea General de 1848 es de suma importancia para este tema, ya que refiere el uso legítimo del uso de la fuerza, además protege el derecho a la vida²².

Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer cumplir la Ley fueron adoptados por La Habana en 1990. Este documento sin fuerza vinculante incorpora en términos generales los principios básicos del uso de la fuerza y armas de fuego de manera diferenciada que se deben observar durante el desarrollo de una acción policiaca o bien a cargo de las Fuerzas Armadas. Debe ser determinante que matar no es más aceptable si existe la posibilidad de un arresto y de proteger vidas. Los principios en este documento se encuentran ampliamente difundidos en la práctica de los Estados, así como en legislaciones nacionales y manuales del uso legítimo de la fuerza. Si bien dichos principios no se encuentran en un tratado, por lo que no tienen la fuerza de ley en derecho internacional, sus contenidos han sido refrendados abundantemente en la jurisprudencia resultado de tribunales regionales de derechos humanos, así como del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas²³.

2.6. ¿Cómo deben de actuar las Fuerzas Armadas en auxilio a la seguridad pública en México?

El manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas en México contempla algunos principios aplicables al uso de la fuerza, los cuales deberán ser aplicados con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad²⁴, según se muestra a continuación.

• Oportunidad: cuando se utiliza en el momento en que se requiere, se debe evitar todo tipo de actuación innecesaria, cuando exista evidente peligro o riesgo de la vida de las personas ajenas a los hechos. Esto significa que debe procurarse en el momento y en el lugar en el que se reduzcan al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes en general, en afectación de los derechos de los habitantes.

• Proporcionalidad: cuando se utiliza en la magnitud, intensidad y duración necesarias para lograr el control de la situación, atendiendo al nivel de resistencia o de agresión que se enfrente. Se refiere a la relación entre la amenaza al bien de la población civil ajena a los hechos, y el nivel de la fuerza utilizada para neutralizarla. La gravedad de una amenaza se determina por la magnitud de la agresión, la peligrosidad del agresor, sea individual o colectiva, las características de su comportamiento ya conocidas, la posesión o no de armas o instrumentos para agredir y la resistencia a la oposición que presenten.

• Racionalidad: Cuando su utilización es producto de una decisión en la que se valora el objetivo que se persigue, las circunstancias de la agresión, las características personales y capacidades tanto del sujeto a controlar como el integrante de las Fuerzas Armadas. Esto implica que, dada la existencia del acto o intención hostil, es necesaria la aplicación del uso de la fuerza, por no poder recurrirse a otro medio alternativo.

• Legalidad: cuando su uso es desarrollado o con apego a la normativa vigente y con respeto a los derechos humanos.

Estos principios tienen compactibilidad y se encuentran ajustados a los que se establecen en la jurisprudencia internacional. Se trata de mecanismos de escrutinio internacional relevantes para México tanto universal con el comité de derechos humanos de naciones unidas, y regional con los trabajos de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas establece que se deberá de elaborar un informe detallado del evento donde se efectuó uso de la fuerza de conformidad con las disposiciones que sobre el particular emitan ambas secretarias. Otro aspecto relevante en relación con el uso de la fuerza es el de la rendición de cuentas de parte de los agentes a sus superiores y de parte de la institución a la sociedad para asegurar un control adecuado para el uso de la fuerza. En el caso de México, las Fuerzas Armadas en auxilio de la Policía puede ser de dos formas; una es cuando estas de manera directa realizan las tareas de Policía, por ausencia de estos servidores públicos. Regularmente sucede en aquellos estados con alta incidencia en narcotráfico y donde las corporaciones de Policía fueron penetradas por grupos criminales.

La otra forma es cuando las Fuerzas Armadas actúan y coadyuvan con la Policía realizando operativos de manera conjunta, en áreas urbanas y rurales. Para realizar esta actividad, se integran bases de operaciones mixtas (BOM), que normalmente son integradas por militares, policía federal, policía estatal, policía municipal, agentes del Ministerio Público del fuero común y federal²⁵.

Cuando las Fuerzas Armadas actúen temporalmente de manera directa, realizando las funciones de un policía, estas deberán de conocer perfectamente las normas procedimentales que debe aplicar en su calidad de servidor púbico (policía), y saber que su deber es proteger la vida, la integridad de las personas y sus bienes, mantener la paz y la tranquilidad en todo el país, evitando realizar conductas que puedan tener como consecuencia una responsabilidad legal. Para eso, las Fuerzas Armadas deberán de conocer qué conductas llevan a la configuración de un delito, tanto por parte de una persona como de uno mismo en calidad de servidor público.

La participación de las Fuerzas Armadas de forma conjunta con las autoridades civiles, formando BOM, al respecto, el procedimiento sistemático de operar (PSO) bases de operaciones mixtas, editado por el Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, contempla claramente la organización, funciones, misiones, dispositivos durante los movimientos y lineamientos.

En el citado PSO (bases de operaciones mixtas), se contemplan algunos puntos que deben especificarse claramente, en cuanto a los alcances y limitaciones por parte del personal de las Fuerzas Armadas, siendo los siguientes:

1. Su actuación es en apoyo a las autoridades judiciales y policiales.

2. En caso de que las autoridades policiales judiciales, ministeriales o preventivas se vean rebasadas en sus capacidades para la atención de algún ilícito, podrá actuar el personal militar en apoyo de las mismas para controlar la situación, siempre con la asesoría legal del agente del ministerio público, para evitar una posible violación a los derechos humanos.

3. El personal militar integrante de la BOM, en su función de coadyuvancia a las autoridades judiciales y policiales responsables de la ejecución de las actividades operativas, se mantendrán a distancia de apoyo y actuarán en los casos en que estas autoridades sean rebasadas.

4. En caso de alteraciones del orden, los integrantes de las BOM emplearán la fuerza necesaria para controlar la situación.

5. En caso de que las autoridades policiales judiciales, ministeriales o preventivas se vean rebasadas en sus capacidades para la atención de algún ilícito, podrá actuar el personal militar en apoyo de las mismas para controlar la situación, siempre con la asesoría legal del agente del ministerio público, para evitar una posible violación a los derechos humanos.

6. Las BOM para atención de grupos armados y en apoyo a la seguridad pública que operen en áreas rurales deberán evitar reducir sus efectivos a fin de mantener la seguridad del dispositivo y de sus integrantes en caso de agresión, por lo que no deben realizar operaciones si no se encuentra presente por lo menos un amp, para que respalde legalmente su actuación.

7. La actuación del personal militar encuadrado en las BOM solo es de coadyuvancia, proporcionando seguridad inmediata al personal ministerial, judicial y preventiva, quienes son los responsables de prevenir y perseguir el delito, por lo tanto el personal militar no está facultado para hacer revisiones, interrogatorios, detenciones, aprehensiones u otra actividad del ámbito de competencia de las autoridades civiles; en el caso de las BOM que cuentan con binomios sensores por parte del personal militar, únicamente el manejador del canino puede acercarse al área de revisión.

Todos los puntos antes mencionados deberán sujetarse al modelo reactivo de control gradual de uso de la fuerza, de aplicación por parte de los miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en funciones de auxilio a la seguridad pública, es necesario que los miembros de las Fuerzas Armadas conozcan los principios fundamentales que gobiernan el uso legítimo de la fuerza y actúen conforme lo establecen citados principios e instrucciones operacionales o directrices, dependiendo de sus acciones de apoyo a las autoridades civiles federales y locales en las acciones de seguridad pública (BOM), o bien en relación con las tareas de apoyo en materia de seguridad interior al combatir a la delincuencia organizada y narcotráfico²⁶.

Las siguientes reglas del uso de la fuerza son aplicables al Ejército mexicano en auxilio a la seguridad pública y en el combate contra la delincuencia organizada, los cuales se encuentran ajustados a los estándares internacionales, así como a lo que establece el manual de uso de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas en México.

Reglas del uso de la fuerza son aplicables a las Fuerzas Armadas en auxilio a la seguridad pública

1. Podrá hacer uso de la fuerza y las armas de fuego solo cuando sea estrictamente inevitable con el fin de proteger la vida humana, esto es, en defensa propia y cuando esté en peligro su vida o la de terceros.

2. Utilice en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir a la fuerza: advertencias verbales claras; persuasión; empleo de instrumentos no letales y de equipo defensivo; comportamiento y control de multitudes; negociación y solución de conflictos.

3. Haga uso de la fuerza solo como última opción si su vida o la de terceros se encuentra en peligro, o se puede ocasionar lesiones graves.

i. Responda al fuego con fuego dirigido.

ii. Siempre tiene el derecho de repeler actos hostiles con la fuerza necesaria.

iii. Si como último recurso hace uso de la fuerza letal, porque medios no hostiles probaron ser ineficaces, esta deberá usarse con moderación y en proporción a la agresión enfrentada.

4. Si como última opción hace uso del arma de fuego cuando su vida o la de terceros se encuentre en peligro, así como la amenaza sea inminente de muerte y lesiones graves, observe lo siguiente:

i. Tiros de advertencia están prohibidos.

ii. Identifíquese como miembro del Ejército mexicano.

iii. Dé una señal verbal clara de advertencia para disuadir la amenaza con tiempo suficiente para que se tome en cuenta.

iv. Si hay indicios de claras intenciones hostiles y si la advertencia verbal resultara evidentemente inadecuada o inútil, dadas las circunstancias del caso poniendo en peligro su vida o la de otras personas, podrán hacer uso de la fuerza letal de manera racional y proporcionada a la agresión enfrentada.

5. Después del uso de la fuerza letal, deberá llevar a cabo lo siguiente:

i. Se prestará atención médica a todas las personas heridas.

ii. Se presentará un informe completo y detallado del incidente al superior jerárquico.

Reglas del uso de la fuerza en caso de un enfrentamiento armado con miembros de la delincuencia organizada

1. Podrá hacer uso de la fuerza y las armas de fuego solo cuando sea estrictamente inevitable con el fin de proteger la vida humana, esto es, en defensa propia y cuando esté en peligro su vida o la de terceros.

2. Utilice en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir a la fuerza: advertencias verbales claras; persuasión; empleo de instrumentos no letales y de equipo defensivo.

3. Cuando haga uso de la fuerza letal o armas de fuego, utilice el mínimo necesario para controlar la situación o disuadir la amenaza a su vida o la de terceros. En estos casos, deberá observar lo siguiente:

i. Haga uso de la fuerza en la misma proporción a la agresión.

ii. El uso de la fuerza se ejercerá con moderación.

iii. Se reducirán al mínimo los daños y lesiones.

iv. Evite la confrontación con personas no hostiles.

4. Haga uso de la fuerza solo como última opción si su vida o la de terceros se encuentra en peligro.

i. Responda al fuego con fuego dirigido.

ii. Siempre tiene el derecho de repeler actos hostiles con la fuerza necesaria.

5. Si como última opción hace uso del arma de fuego cuando su vida o la de terceros se encuentre en peligro, así como la amenaza sea inminente de muerte y lesiones graves, deberá observar lo siguiente:

i. Tiros de advertencia están prohibidos.

ii. Identifíquese como miembro del Ejército mexicano.

iii. Dé una señal clara de advertencia para disuadir la amenaza, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta.

iv. Si hay indicios de claras intenciones hostiles y si la advertencia verbal resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso poniendo en peligro su vida o la de otras personas, podrá hacer uso de la fuerza letal de manera racional y proporcionada a la agresión enfrentada.

6. Podrá utilizar la fuerza letal solo en el marco de una misión asignada y solo si fuera absolutamente necesario y razonable para:

i. Prevenir la comisión de un crimen grave e inminente que ponga en peligro la vida propia o de otras personas o que puedan ocasionarles lesiones serias.

ii. Proteger la vida propia y la de inocentes cuando el uso de la fuerza letal parezca ser ineludible y la acción criminal sea inminente, lo cual no significa que sea instantáneo, ejemplos de estos son:

a) El presunto agresor posee un arma o está en capacidad de hacerse allegar de una o más en circunstancias que indiquen su intención de usarla(s) poniendo en peligro su vida y la de terceras personas.

b) Si el presunto agresor no posee un arma pero está en posibilidad de poner en peligro su vida o la de terceras personas u ocasionarles serias lesiones. Ejemplo, la utilización de un auto como arma hostil.

c) Si la agresión proviene o es inminente su procedencia de un automóvil en movimiento o en utilización del mismo con un ocupante u ocupantes con intenciones que claramente representen una amenaza a su vida o la de terceros o que pueda ocasionarles lesiones graves.

7. Después del uso de la fuerza letal, deberá observar lo siguiente:

i. Se prestará atención médica a todas las personas heridas.

ii. Se presentará un informe completo y detallado del incidente al superior jerárquico.

8. Deberá informar al superior jerárquico de cualquier desviación a la disciplina militar o de excesos a los límites legítimos del uso de la fuerza:

i. Cuando se cometan abusos de estas normas no podrá alegarse obediencia de órdenes superiores.

ii. Cuando se niegue a ejecutar órdenes ilícitas de sus superiores se gozará de inmunidad.

3. Difusión y enseñanza a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública y uso y empleo de la fuerza

Es necesario que se impartan conferencias a la totalidad de las Fuerzas Armadas sobre el empleo y uso de la fuerza y se materialicen talleres en donde se puedan exponer las normas procedimentales existentes actualmente que guarden relación con la actuación de las Fuerzas Armadas en auxilio de la Policía. En labores de seguridad pública, es necesario hacerles ver la importancia que tiene conocer y aplicar las leyes nacionales e instrumentos internacionales, explicarlos de manera forma digerible, incluso haciendo ejercicios de práctica de tal manera que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas comprendan las normas procedimentales existentes y que se encuentran diseminadas en diferentes normas nacionales e internacionales.

La universidad del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos y la Marina Armada de México, a través de sus planteles de educación militar, ya imparten materias de derechos humanos, derecho internacional humanitario y sobre el empleo y uso de la fuerza, a fin de que los jóvenes cadetes dentro su formación profesional reciban los conocimientos necesarios a fin de que una vez egresados cuenten con las herramientas necesarias que les permitan desempeñarse bajo el más estricto apego a las normas jurídicas, respetando en todo momento los derechos humanos.

El plan nacional de desarrollo, el Gobierno federal, hace ver que las exigencias de los tiempos actuales requieren que los sistemas educativos naval y militar tengan una orientación balanceada en torno a la defensa nacional, seguridad interior y misiones de carácter social que respondan a las necesidades actuales del país.

3.1. Se necesita una ley general y una ley de procedimientos que regule la actuación de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública

A pesar de que ya existe un marco legal que faculta al Estado para emplear a sus Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior del país, mediante el auxilio a las autoridades civiles en labores de seguridad pública, es necesario la existencia de una ley general y de una ley de procedimientos que dé sustento y certeza a las Fuerzas Armadas durante sus funciones en auxilio a las autoridades civiles en labores de seguridad pública.

México es parte del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, así como de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que debe de existir la obligación de adaptar su legislación interna a las normas internacionales. Es claro que en México se carece de un marco normativo concreto tanto en lo legal como en lo práctico para el correcto uso de la fuerza y armas de fuego, estas como último recurso en la defensa de la vida, la propia y la de todos aquellos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los mecanismos de escrutinio tanto a nivel regional como universal, es decir, del sistema interamericano y de las Naciones Unidas respectivamente, han señalado en su jurisprudencia la importancia sobre la elaboración de códigos de conducta y actuación para las fuerzas del orden. Tanto en el Sistema Universal del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como en los sistemas regionales de control de derechos humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Europea de Derechos Humanos, hay coincidencia en la enunciación de principios básicos que deben respetarse cuando se utiliza la fuerza por los estados a través de sus representantes del orden, dichos principios son respetuosos de los derechos humanos y enaltecen el carácter consuetudinario del derecho a la vida.

Debe considerarse que es importante que exista también una ley procedimental que les indique de qué forma será esa actuación, cómo lo harán, sus capacidades y limitaciones respetando en todo momento los derechos humanos.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno de la República reconoce que la colaboración de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad interior ha tomado un papel predominante en los últimos años, debido a la violencia generada por las organizaciones delictivas. No obstante, el mismo Gobierno federal dice que deberá de fortalecerse el marco jurídico que dé certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública: “Tanto la guardia nacional como las Fuerzas Armadas enfrentan retos importantes, sin embargo es necesario un marco jurídico que sirva para satisfacer la realidad que se vive en materia de seguridad pública”.

Conclusión

Es importante la existencia de un marco jurídico sólido que respalde y dé confianza a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas para realizar sus funciones en auxilio de las autoridades civiles, así como la creación de una norma procedimental que regule la actuación de estas fuerzas que realizarán funciones de seguridad pública. Esto le permitiría al Estado garantizar el derecho a la seguridad e integridad física de las personas con estricto apego y respeto a los derechos humanos.

El problema actual que vive México en materia de seguridad ha llevado a que el Estado, en su calidad de garante de la seguridad de las personas, haga uso de sus facultades constitucionales, empleando a las Fuerzas Armadas para auxiliar a las autoridades civiles en labores de seguridad pública. Sin embargo, este hecho le ha costado el Estado mexicano recomendaciones por parte de tribunales internacionales, incluso se han presentado informes a la Corte Penal Internacional en contra de exfuncionarios mexicanos por su supuesta responsabilidad en delitos de competencia de esa instancia internacional.

Se trata de un problema real y actual en México. Es necesaria la capacitación y adiestramiento a la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, así como la existencia de un marco legal que faculta a las Fuerzas Armadas de México para actuar en auxilio de las autoridades civiles en funciones de seguridad pública.

Existen precedentes de resoluciones de tribunales internacionales, en el sentido de que los Estados pueden hacer uso de sus Fuerzas Armadas para que realicen funciones de seguridad pública. Sin embargo, deberán de limitar esta actividad, y solo cuando se trate de una situación grave de carácter interno podrá disponer de estas fuerzas para la restauración del orden y la paz pública.

Existen normas procedimentales de carácter internacional que tienen relación con el empleo y uso de la fuerza por parte de los agentes o encargados de hacer cumplir la ley, y aunque estas normas se encuentran diseminadas en diferentes ordenamientos, la jurisprudencia internacional recomienda a los estados crear normas para uso de la fuerza. En el caso de México, existe el manual de uso y empleo de la fuerza de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas, mismo que se ajusta a los estándares de carácter internacional.

Se recomienda que con el fin de evitar que se sigan cometiendo abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos por parte de las diferentes autoridades que realizan funciones de seguridad pública, deberán implementarse una serie de conferencias, talleres y cursos relacionados con el empleo y uso de la fuerza, con el objeto de que las autoridades públicas y los miembros de las Fuerzas Armadas conozcan a la perfección el marco legal y procedimental relacionado con este tema, en definitiva, una amplia difusión a conciencia de este tema, de tal forma que se logre penetrar y hacer conexión con los oyentes, se logre un efecto de entendimiento y comprensión, a fin de que las autoridades públicas y las Fuerzas Armadas no ignoren el procedimiento que deben de aplicar durante sus funciones en auxilio a la seguridad pública.

Bibliografía

Libros

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Fuentes primarias

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Tratados internacionales

Leyes especiales

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Opiniones consultivas

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Notas

* Capitán de Justicia Militar y licenciado en retiro del Ejército mexicano, Integrante del Foro Internacional de Justica A. C., en Ciudad de México.

¹ La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, Diario Oficial de la Federación, consultado abril 10, 2019, https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019.

² Milenio, consultado abril 18, 2019, https://www.milenio.com/politica/amlo-presenta-a-mando-de-guardia-nacional.

³ Estado Mayor de la Defensa, Manual de actuación del personal del Ejército y Fuerza área Mexicanos en la lucha permanente contra el narcotráfico, 1ª ed., (México D. F: Estado Mayor de la Defensa Nacional, 1998), 49-78.

⁴ Wilbert Torre, Narcoleaks, La alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado, 1.ª ed., (México D. F.: Grijalbo, 2013), 163-176.

⁵ José Ramos García, Inseguridad pública en México: una propuesta de gestión de política estratégica en gobiernos locales, (Universidad Autónoma de Baja California, 2006), 15-20.

⁶ Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, México, (2013).

⁷ Junta Interamericana de Defensa Secretaría, “Pesquisa sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas del Continente Americano en actividades de seguridad pública”, (Washington, D. C., junio 26, 2012).

⁸ Ibíd.

⁹ Miguel Carbonell, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2015), 59.

¹⁰ Comisión Nacional de Seguridad, disponible en página web de la Secretaría de Gobernación, consultado mayo 1, 2015, uridadhttp://www.ssp.gob.mx/portalWebApp/wlp.c?__c=7d1

¹¹ Adolfo Karam, La unificación de mandos de las policías federales en México como estrategia de seguridad pública, (México: Porrúa, 2012), 126.

¹² Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, Sentencia de 23 de noviembre de 2009, http://fueromilitar.scjn.gob.mx/Resoluciones/Radilla_Pacheco.pdf

¹³ Código de Justicia militar, (Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Defensa Nacional, 2014), 18.

¹⁴ Parametría, Investigación Estratégica, Opinión y Mercado, “El Ejército mexicano mantiene altos niveles de confianza”. Consultado abril 26, 2015, http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4622.

¹⁵ Secretaría de la Defensa Nacional, Manual de derechos humanos para el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, (2013), 143.

¹⁶ México, Gobierno de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-1018. Consultado mayo 1, 2015, http://www.snieg.mx/contenidos/espanol/normatividad/MarcoJuridico/PND_2013-2018.pdf

¹⁷ México, Secretaría de la Defensa Nacional, Código de Justicia Militar, 139.

¹⁸ Gobierno de México, Manual del uso de la fuerza de aplicación común a las tres fuerzas armadas. Consultado mayo 1, 2005, http://www.sedena.gob.mx/pdf/normateca/3.doctrina_y_edu_mil/uso_fuerza_unificado.pdf

¹⁹ Ley de la Administración Pública Federal. Consultado mayo 1, 2005, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Federalwo13235.doc

²⁰ Gobierno de México, Plan Sectorial de Defensa Nacional, 2013-2108. Consultado, mayo 1, 2005, http://www.sedena.gob.mx/archivos/psdn_2013_2018.pdf

²¹ Código de Conducta Para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Consultado mayo 1, 2015, https://www.scjn.gob.mx/libro/InstrumentosCodigo/PAG0753.pdf

²² Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 9. Consultado mayo 1, 2015, www.un.org/es/documents/udhr/index.shtml, mayo 1, 2015.

²³ Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, (La Habana, septiembre de 1990). Consultado mayo 2, 2015, http://acnudh.org/2012/01/regulacion-del-uso-de-la-fuerza-por-los-funcionarios-encargados-de-hacer-cumplir-la-ley/

²⁴ Manual de Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, 3.

²⁵ Procedimiento Sistemático de Operar (Bases de Operaciones Mixtas), de la Secretaría de la Defensa Nacional, texto vigente, editado por el Estado Mayor S-7, Operaciones contra el Narcotráfico 26.

²⁶ Ibíd.

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