© LOM Ediciones Primera edición, 2014 ISBN IMPRESO: 9789560005526 ISBN DIGITAL: 978-956-00-1314-9 RPI: 246.933 A cargo de esta colección: Julio Pinto Edición y maquetación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2688 52 73 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

A la memoria de Margarita Cabrera, protagonista de este libro y de esta historia.

Presentación

Diez años atrás, en el contexto de recuperación simbólica inspirado por el trigésimo aniversario del golpe militar, la Colección Historia de LOM ediciones convocó a un grupo de historiadoras e historiadores a recordar los mil días de la Unidad Popular en una clave que, parafraseando un bello artículo de Tomás Moulian¹, destacara más lo «festivo» que lo «dramático» o lo «trágico» de dicha experiencia. Quisimos entonces, deliberadamente, poner el acento en lo que esos años tuvieron de aspiración utópica y protagonismo social; o, como lo dijimos textualmente, de «positividad histórica y esfuerzo vivo y entusiasta por construir una sociedad más humana, más justa y mejor». Desde una óptica que se asumía como empática y celebratoria de ese proceso –y que nos mereció más de alguna crítica de «sobreideologización» y «escritura militante»–, elaboramos ocho artículos que, además de ese espíritu de reconocimiento y homenaje, compartían un marco metodológico que priorizaba lo historiográfico por sobre lo testimonial; la elaboración crítica de conocimientos nuevos a partir de fuentes primarias por sobre la simple evocación de cosas ya sabidas. El fruto de ese esfuerzo fue un texto aparecido el 2005 bajo un título que declaraba abiertamente su posicionamiento y carácter: Cuando hicimos historia.

Han transcurrido otros diez años, y la sociedad chilena ha presenciado cambios que al publicarse Cuando hicimos historia difícilmente se podían vislumbrar. El 2010 la derecha volvió al gobierno, veinte años después del término de su aventura dictatorial y más de cincuenta desde su último triunfo en una elección presidencial. Acto seguido, el 2011, se desató una ola de movilizaciones que uno de los autores de este libro no dudó en bautizar en su momento como «El despertar de la sociedad»², y que afortunadamente no ha amainado hasta el minuto en que estas líneas se redactan. Este fue un fenómeno novedoso no solo por su masividad (pues movilizaciones sociales ya habían existido antes), emblematizada por las sucesivas jornadas de protesta estudiantil; sino particularmente por poner en tela de juicio y deslegitimar en su más profundo núcleo de sentido uno de los pilares en que se sostiene el orden legado por el régimen de Pinochet: la búsqueda del lucro como principio básico de cohesión colectiva y realización personal. Aunque sería prematuro anunciar una «crisis hegemónica» de dicho principio, su cuestionamiento cada vez más difundido y su creciente «desnaturalización» arrojan luces claramente más empáticas sobre una experiencia, la de la Unidad Popular, que se orientó precisamente hacia la erradicación de esas lógicas de convivencia histórica y social.

Luego, el 2013, vino la conmemoración de los cuarenta años del golpe militar, la que provocó un nuevo fenómeno de desbordamiento simbólico y recuperación de memoria histórica que superó con creces lo vivido diez años antes. Decenas de miles de chilenas y chilenos, especialmente jóvenes que no experimentaron directamente ni la dictadura ni la Unidad Popular, se volcaron hacia las múltiples instancias de reflexión y debate que jalonaron ese año, reflejando tanto un reforzado deseo de informarse sobre el carácter de tales procesos, como de indagar en su condición de fuentes de sentido para nuestra problemática actual. Así las cosas, no debería causar sorpresa que un gobierno de «Nueva Mayoría» que ha anunciado un plan de reformas más que cosméticas en los ámbitos tributario, educacional, previsional y constitucional, esté teniendo por efecto suscitar denuncias derechistas de «atentados a la libertad de enseñanza», «nostalgias estatistas» y «prácticas hostiles al espíritu de emprendimiento», que evocan en más de algún aspecto la retórica de medio siglo atrás. Cuarenta años después de su derrota, los fantasmas de la Unidad Popular porfían por volver a la vida.

En un contexto de tales características, las motivaciones que llevaron a la confección de Cuando hicimos historia adquieren una fuerza y urgencia renovadas, sobre todo considerando que ese primer esfuerzo dejó, como lo reconocimos expresamente en su momento, numerosos aspectos y actores sin tratar. Considerando también, y lo decimos con sincero orgullo, que él fue muy bien recibido por la comunidad lectora nacional y latinoamericana. Convocados por tales constataciones, varias de las autoras y autores de la anterior obra nos hemos vuelto a congregar bajo el alero de la Colección Historia de LOM para elaborar una suerte de continuación de dicha iniciativa, nutrida obviamente por las reflexiones y transformaciones de estos últimos diez años. Lo hemos hecho, por tanto, abordando nuevos procesos, actores y temáticas, e incorporando también a nuevos integrantes, cuyos campos de especialización nos parecieron particularmente relevantes para avanzar hacia una visión más amplia y matizada de lo que fueron los años de la Unidad Popular. El resultado de este trabajo, que nos ha tenido ocupados desde comienzos del emblemático año 2013, es lo que ofrecemos ahora bajo el título, también actualizado, de Fiesta y drama: nuevas historias de la Unidad Popular.

Los tres primeros capítulos se focalizan en actores sociales emblemáticos de la experiencia historiada: campesinos y pobladores. Los primeros, cuya ausencia de la anterior obra ya tuvimos ocasión de lamentar, son abordados ahora por María Angélica Illanes y Flor Recabal a través de un estudio sobre la historia y la memoria de la Reforma Agraria, focalizado fundamentalmente en las provincias del sur del país, zona poco considerada cuando se recuerda ese proceso de profunda transformación estructural que la Unidad Popular heredó y profundizó del gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva. Junto con rescatar el protagonismo de un sector ancestralmente preterido de nuestra sociedad, las autoras lo resignifican a la luz del concepto de «democracia social» que según ellas buscó materializar el gobierno liderado por Salvador Allende, y que a su juicio constituye uno de los rasgos históricamente más innovadores y dignos de rescatar de la recordada experiencia.

Siguen a continuación dos artículos centrados en el mundo poblacional, ya trabajado en la obra anterior pero que ahora se observa desde nuevos ángulos. En el primero, Mario Garcés vuelve a insistir en su tesis sobre los pobladores como sujeto autónomo y protagónico tanto del gobierno popular como de la historia reciente de Chile en general. Agrega ahora a su mirada anterior una cobertura cuantitativamente más completa de las movilizaciones poblacionales del período, incorporando datos inéditos sobre las ciudades de Valparaíso y Concepción, y un rescate en profundidad de memorias correspondientes a tres poblaciones capitalinas emblemáticas, como lo fueron la Pablo Neruda, Nueva Habana y Villa Francia. Uno de los testimonios recogidos en esta última población corresponde precisamente al autor de nuestro tercer artículo, Eugenio Cabrera, quien desde su doble condición de actor e historiador rememora –pero también elabora– lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en su villa, la Villa Francia. Reivindica allí el carácter de «fiesta» que nuestro libro anterior quiso subrayar, pero que en su opinión no había resultado relevado en toda su magnitud. Sus recuerdos como joven poblador que efectivamente se sintió «haciendo historia», sentimiento compartido con entusiasmo por el resto de sus «vecinos-entrevistados», vienen así a ratificar lo que entonces tratamos de homenajear.

Los tres artículos siguientes se enmarcan en lo que podríamos denominar la dimensión «cultural», en el más amplio alcance de la palabra, de los mil días encabezados por Salvador Allende. Partiendo por el sentido más «clásico» del término «cultura», Luis Osandón y Fabián González incursionan en el contexto educativo del gobierno popular, considerando tanto el legado histórico que debió enfrentar, las políticas y objetivos que se planteó, y los cada vez más enconados conflictos a que dio lugar. Como se sabe, y como lo demuestran los autores, estos últimos culminaron en el emblemático pero muy mal conocido proyecto de Escuela Nacional Unificada (ENU), cuya mera enunciación desató una furia opositora que ilustra el «drama» que finalmente desplazó a la «fiesta» popular destacada en los capítulos anteriores. Al abordar este proceso, dicho sea de paso, saldamos también otra de las deudas temáticas que nuestro anterior trabajo había dejado pendientes.

Sigue a continuación, en un registro que podría denominarse de «cultura de masas», un estudio de César Albornoz sobre la experiencia televisiva de la Unidad Popular, que complementa pero a la vez tensiona su anterior aporte centrado en las expresiones musicales, editoriales y plásticas que identificaron ese período. Revelando y relevando lo que denomina el «lado B» de la vida cultural chilena, Albornoz no solo nos sumerge en la cotidianidad más «banal» de aquellos años, sino también nos recuerda que no todo entonces fue militancia, epopeya y compromiso social, alumbrando las sombras que acompañaron, ¿y en definitiva frenaron?, el despliegue de un proceso que se quería revolucionario. La pantalla televisiva viene así a reforzar ese contrapunto entre fiesta y drama que atraviesa el período estudiado, y también este esfuerzo editorial colectivo.

Cierra la segunda sección del libro el texto de Rolando Álvarez sobre los trabajos voluntarios, la expresión a su parecer más profunda del sentido de «revolución cultural» que también revistió el período allendista, y que el reduccionismo económico del análisis izquierdista de la época tendió a subordinar a las determinaciones supuestamente irremontables de la estructura material. Se pone así de relieve que el hacer historia a que aspiraba la Unidad Popular no se remitía única ni principalmente al plano de los intereses económicos y las condiciones «objetivas» de clase, sino también a las mentes y los corazones de esos cientos de miles de personas que creyeron en la utopía de lo que en esos tiempos de muy incipiente conciencia de género se conoció limitadamente como el «hombre nuevo». En la práctica social si no en el discurso ideológico, la revolución ambicionada debía ser tan subjetiva como objetiva.

Finalmente, a modo de colofón y contrapunto dramático de las tensiones que el resto del libro ha venido destacando, el artículo de Verónica Valdivia se interna en otro «lado B» de la experiencia vivida por la Unidad Popular: el de la creciente militarización con que la oposición de la época fue cercando los propósitos transformadores del gobierno, a través de medidas de excepción de las cuales la Ley de Control de Armas fue la más importante y de más profundo impacto. Se buscaba con esto, a final de cuentas, suprimir el propio orden constitucional en cuyo marco Allende ambicionaba transitar hacia el socialismo, y del cual sus declarados y supuestos defensores (de la entonces oposición) terminaron convirtiéndose en sepultureros. Fue así como se pavimentó el camino hacia la institucionalización de las prácticas represivas que otorgaron un sello identitario al régimen que derrocó a la Unidad Popular, y marcó el fin de la fiesta que otros artículos de esta obra han relevado.

Como en la ocasión anterior, esta antología ciertamente no aspira a responder todas las preguntas o a extraer todas las lecciones que nos deja la experiencia de la Unidad Popular. Para ello se requiere de un esfuerzo historiográfico que, pese a los innegables avances experimentados en los diez últimos años, sigue constituyendo una deuda importante de nuestra disciplina para con la sociedad. Sí aspira, en cambio, a subrayar una vez más la densidad histórica de una época que Tomás Moulian caracterizara certeramente como de «fiesta» y «drama» a la vez, conceptos que hemos seleccionado, a modo de sincero homenaje, para titular esta segunda entrega de una iniciativa que nos ha parecido oportuno prolongar en el tiempo. Pero por sobre todo, aspira a rescatar la pertinencia de un mundo y un proyecto que a veces se perciben tan lejanos y ajenos al Chile en que nos toca vivir en este comienzo de nuevo siglo. Porque aunque hayan pasado más de cuarenta años desde su despliegue, esa referencia podría no ser tan extemporánea para una sociedad, para unos hombres y mujeres de carne y hueso, que parecen estar visiblemente en vías de recuperar su capacidad para hacer Historia.

Julio Pinto Vallejos

Coordinador Colección Historia

LOM ediciones

¹ Tomás Moulian, La forja de ilusiones (Santiago: ARCIS/FLACSO, 1993).

² Mario Garcés Durán, El despertar de la sociedad (Santiago: LOM, 2012).

Liberación y democracia en la tierra. Historia y memoria de la Reforma Agraria-Unidad Popular.Chile, 1971–2012 ³

M. Angélica Illanes O.

Flor Recabal V.⁴

1. Introducción

Nosotros hemos hablado de un proceso profundo de transformaciones en la tenencia de la tierra y en la explotación del campo. […] Hemos dicho y lo haremos, vamos a expropiar 1000 latifundios este año y, de la misma manera lo sostengo, nada tienen que temer los pequeños y medianos agricultores, porque (hacia ellos) tenemos la misma consideración, el mismo respeto y el mismo reconocimiento que para los pequeños y medianos industriales y comerciantes de Chile. Si he dicho que hay situaciones conflictivas es porque hay sectores que no comprenden que una premura artificial o natural en esta materia, puede crear serios trastornos a Chile. De la misma manera, hay sectores patronales que no comprenden que no se detienen las mareas de la historia ni con leyes opresivas ni con diques que detienen por segundos la avalancha social. Yo lo he dicho con claridad frente a mis compatriotas: no soy compuerta. Somos nosotros cauce, queremos conducir, organizar el gran proceso de transformación chilena y lo estamos haciendo con la responsabilidad de los que saben que es fundamental el respeto a la personalidad humana y la sólida garantía a los derechos que establece la Constitución Política para hombres, partidos e instituciones y con respeto a todas las ideologías y a todas las creencias ⁵ .

Con su preclara conciencia de que la historia de Chile estaba viviendo el momento más álgido de su movimiento dialéctico, Salvador Allende manifiesta en este párrafo su decidida voluntad de abrir ampliamente las compuertas y las puertas a las fuerzas sociales de la historia, con el fin de alcanzar y realizar, sin más demora y al fin, su anhelado y secular proyecto de justicia y democracia social. Allende también define, en este sentido, a la política como la ‘conducción maestra de las fuerzas de la historia’, a través de un juego de encausamiento-transformador: concepto que porta la doble energía de la continuidad y el cambio como dirección y sentido de la acción política UP.

Política que, especialmente respecto de los cambios que estaban teniendo lugar en la tenencia de la propiedad de la tierra, requería la combinación de una férrea voluntad, conjuntamente con una gran precaución y flexibilidad, capaz de continuar e impulsar decididamente la tan demandada, legislada y ya iniciada Reforma Agraria (en adelante R.A.), recogiendo, al mismo tiempo, las complejidades, problemas y conflictos ya desatados en un campo histórico con fuerte resistencia al cambio, como era el ámbito agrario. Esta «política maestra» se continuaba con la distinción de los dos niveles a la hora de propiciar las transformaciones: el nivel de la gran propiedad, donde anidaban, por excelencia, las relaciones patrones-trabajadores agrícolas, las que debían ser intervenidas profundamente; y un nivel de la mediana y pequeña propiedad, la que permanecería inafectada desde el punto de vista de la expropiación y que, tal como veremos, buscaba ser integrada y beneficiada con el proceso de Reforma Agraria.

Nunca será suficiente insistir en subrayar aquel planteamiento enfático de Allende, en cuanto a que las transformaciones habrían de realizarse en un horizonte de sentido y en base a unas prácticas fundadas en la más plena libertad y democracia, siguiendo la línea estratégica popular secular de la «vía chilena a la democracia social» y continuando con el espíritu y modalidad política con que se había iniciado el proceso de transformaciones estructurales desde el gobierno anterior de la Democracia Cristiana. Aún más, el alcance y la completitud que debían tener estas transformaciones tal como se proyectaban en el programa UP y como tuvieron en los hechos, junto a las fuertes y rabiosas reacciones opositoras a dichas transformaciones, hizo del desafío del proceso chileno Unidad Popular de realizar una revolución no solo «en» democracia», sino «ampliando y profundizando» dicha democracia, una apuesta medular y un aporte central de Salvador Allende y del gobierno de la Unidad Popular a la historia de las revoluciones modernas.

Así, esta «revolución en democracia» no significaba que la revolución dejaría incólume la democracia existente, la cual, a su vez, había de revolucionarse para profundizar su propio sentido democrático. Como señalaba el Programa de Gobierno de la UP, las «transformaciones revolucionarias que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente». Esta toma de poder debía realizarse «sobre la base del traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y el campo. El triunfo popular abrirá paso, así, al régimen político más democrático de la historia del país»⁶. Es decir, la articulación entre revolución y democracia consistía, en definitiva, en la construcción de una nueva democracia, una democracia social-popular. Construcción de democracia social como redistribución social del poder, que exigía y suponía la transformación de todas las estructuras del ordenamiento social existente, especialmente, la estructura de tenencia de la tierra, ancestral fundamento histórico en América del ejercicio de poder y dominación de la clase terrateniente y dirigente (en sus distintos rostros), sobre el campesinado y el pueblo sujeto a su influencia, así como sobre la sociedad en general.

Considerada, pues, la R.A. como uno de los fenómenos nodales en la historia de las transformaciones de la estructura de ordenamiento social y político, nos hemos interesado en revisitar algunos aspectos de este proceso de R.A., tal como se desarrolla en Chile en la década de 1960-70; específicamente, este artículo trata acerca del proyecto y proceso de Reforma Agraria en su fase Unidad Popular (en adelante, R.A.-UP), mirado especialmente en un momento de plena realización, cual es el año 1971, apenas asumido el gobierno de Salvador Allende G. (1970-1973).

No es intención de este texto hacer una historia de dicha R.A.-UP, acerca de la cual se han escrito varios importantes textos, todos los cuales nos inspiran y sirven de apoyo⁷. En este breve artículo solo nos interesa realizar una revisión y reflexión del fenómeno de Reforma Agraria–Unidad Popular, comprendiéndolo, en primer lugar, desde un proceso histórico ampliado y como una fase específica de ese mismo proceso: fase en la que buscamos identificar y comprender la R.A.-UP como movimiento de «continuidad-y-diferencia» en tanto tercer momento de aplicación de las leyes de Reforma Agraria de los años 60 del siglo xx. En segundo lugar, buscamos visualizar el proyecto y la práctica de la R.A.-UP en un tiempo muy específico y muy especial de su historia: el año 1971: al modo de una suerte de «instalación histórica» de un escenario significativo y de un momento especial para leer y visualizar dicho proyecto en acción, cuando tanto el gobierno como las fuerzas sociales se ponen ampliamente en marcha tras el objetivo de finalizar y consumar la R.A., sin graves obstaculizaciones, aún... Un momento en que todos sus actores, sus palabras y sus acciones se visibilizan, permitiéndonos ver ampliamente el proyecto vivo, en pleno desarrollo, fenómeno que acompañaremos y presentaremos tal como lo podemos seguir a través de algunos textos y documentos testimoniales de esa época. En tercer lugar, buscamos significar el proyecto y las realizaciones de la R.A.-UP a través de la memoria de algunos de sus protagonistas, quienes hoy día revisitan y significan su experiencia vivida en aquellos años-UP en una localidad de Chile/Sur.

Al respecto, en este texto queremos plantear: a) que la Reforma Agraria-UP representa la continuidad de un tercer momento de la R.A. realizada en Chile en los años 60-70, respecto de la cual la fase UP correspondería a su momento de «culminación», expresado en el cumplimiento y «florecimiento» de un largo deseo y antigua relación entre tierra-y-campesino, que alcanzaba la hora de su plena manifestación como justicia redistributiva. b) Por otra parte, quisiéramos plantear que la R.A., especialmente en el período R.A.-UP, consistió no solo en un proceso de expropiación y de redistribución de tierra a trabajadores agrícolas, sino que dicha R.A.-UP estaba trabajando en la construcción de una Democracia Social y Territorial Ampliada (en adelante DSTA), que estaba sustentada sobre el proyecto, ya activo y en realización, de una participación amplia de todas las capas del campesinado, junto a otros sectores sociales dados en el habitar de una comuna o un territorio. DSTA que fuese capaz de construir las bases de un nuevo poder social capaz construir la hegemonía de una nueva modalidad de relación social agraria, basada en la tenencia y en formas cooperativas de producción y comercialización, sirviendo de barrera de contención del ancestral poder patronal hacendal y su lógica de dominio propio. c) Asimismo, deseamos mostrar y plantear que, respecto del «campesino reformado» propiamente tal, este habría vivido un proceso de profunda transformación identitaria hacia una «identidad campesina emancipada» respecto de su servidumbre ancestral; identidad presente hasta hoy y transmitida a través de su memoria personal y colectiva: huella y herencia imborrable de la R.A., especialmente en su fase R.A.-UP.

Finalmente, habría que plantear que esta reflexión histórica sobre el momento R.A.-UP la hacemos desde lo que denominamos «lengua de la memoria»: desde una «escritura-a-40-años-del-golpe-militar-y-civil» en Chile, que busca leer y comprender lo vivido desde su re-significación actual. Desde este lugar de nuestra lecto-escritura, hoy valoramos la gran tarea realizada en los 60-70 y, especialmente, la gran voluntad política puesta en el cumplimiento de una ley que, a partir de un mayoritario consenso democrático, buscaba reconducir la clásica intervención del Estado en el orden agrario hacia una justa redistribución de la tierra, beneficiando, por primera vez, a aquellos que ancestralmente entregaban a ella su vida y su cuerpo, cultivándola para todos. Desde esta valoración memorial, se puede apreciar, una vez más, la ilegitimidad del golpe violento que desconoció el cumplimiento histórico de una Ley de Reforma Agraria decisiva de la historia de Chile, haciendo borrón y cuenta nueva de su mandato por la vía de las armas y el terror: hecho ante el cual consideramos la necesidad de una justa revisión y reparación.

2. El secular pacto Estado-clase terrateniente

«Antes de la peluca y la casaca» fue el modo comunitario de vivir y producir en la tierra de AméricAmérica: habitación de pueblos, mayoritariamente, asentados en el suelo de su cultivo, trabajando colectivamente la tierra unidos por lazos de consaguinidad. Este modo de producción de la tierra en comunidad constituye la raíz profunda de AméricAmérica, violentada en la conquista y muy debilitada y arrancada de su raigambre en la apropiación colonial; pero siempre se mantiene latente su raíz, ante la posible oportunidad de su afloramiento y nuevo florecimiento…

Ocurrida esa violencia y ocupación colonial, el Estado español fue un ente protagónico en el proceso de conformación de la propiedad de la tierra y su régimen social de producción en América y Chile. Como se sabe, desde la conquista de América y durante toda la época hispano-colonial, el Estado metropolitano actuó apropiándose de toda la tierra americana y, en su calidad de tal soberano del territorio de América, realizó un íntimo pacto con los conquistadores y colonizadores privados, distribuyéndoles la tierra conquistada («mercedes de tierras») y entregándoles sus propios súbditos en custodia productiva, determinando su régimen de trabajo («encomienda de indígenas» o prohibición de encomiendas de indígenas, etc.), vigilando y controlando el proceso de conformación y transformación de dicho régimen de tenencia de tierras y de producción a lo largo de los tres siglos coloniales, definiendo, delineando y determinando, asimismo, la tenencia indígena de la tierra –a veces resguardando el «modo de producción de comunidad» indígena en los territorios donde dicha comunidad aún existía o fijando límites con las tierras de la «nación mapuche», etc.–, como asimismo determinando la tenencia privada de ella, así como de los territorios que se considerarían «fiscales» a través de una persistente doble política de «radicación indígena y de liberación de tierras fiscales», etc.: todos procesos de fuerte intervención estatal⁸. Aún más, el 27 de marzo de 1767 el Estado español decretó la expulsión de América de la orden de los Jesuitas, grandes poseedores de tierras, realizando lo que podríamos identificar como la «primera Reforma Agraria en América», a través de la cual el Estado español produjo una masiva expropiación de la propiedad agraria jesuita, tomando posesión de sus tierras americanas para luego proceder a redistribuirlas, en gran medida, a través del remate fiscal de las mismas, generando una importante movilidad de la propiedad de la tierra hacia fines del siglo xviii⁹. Interesa, así, enfatizar en el hecho de que a fines de la época hispano-colonial, aún convivían tipos distintos de tenencia de la tierra en América y Chile, coexistiendo la propiedad colectiva indígena con la propiedad privada y la propiedad fiscal, con una fuerte presencia y control del Estado.

Durante el siglo republicano del xix, la íntima alianza entre el Estado y los señores «privados» se constituyó en una poderosa fuerza de acción dirigida hacia la consolidación de la conquista de la tierra –básicamente la conquista de la nación mapuche– y hacia la liquidación del modo de producción colectivo comunitario americano. Desde temprano y mediados del siglo xix, el Estado chileno está «privatizando» los Pueblos de Indios, induciendo una colonización extranjera en Chile/Sur Austral y dictando leyes de apropiación estatal de la Araucanía, antes de avanzar militarmente sobre ella¹⁰. Al finalizar ese siglo y luego de la violenta conquista de las tierras de la nación mapuche con todas las fuerzas militares accionadas por el Estado chileno, este último procede a «reducir» al pueblo mapuche en tierras marginales, a rematar a los señores privados parte de la tierra fiscal «liberada» y a colonizar con extranjeros y nacionales segmentos de dicha tierra fiscal¹¹. En este sentido, interesa aquí enfatizar el carácter protagónico del Estado Republicano en el ordenamiento agrario: un Estado que termina por consumar y consolidar el proyecto de conquista y colonización hispano-metropolitano de la tierra americana, con el fin de consolidar el proyecto capitalista europeo moderno de fundación de propiedad privada de la tierra como modo de producción y de ordenamiento social predominante y hegemónico.

En suma, durante cuatro siglos, el Estado en América y Chile fue agente y actor por excelencia de la conquista de la tierra americana para y por los grandes propietarios privados llamados, por su parte, a la tarea de consolidar la conquista de América y Chile como propiedad privada de la tierra como sólido fundamento de la construcción de un orden socialmente estratificado y generador de relaciones de dominación/subordinación social. Proyecto que se realizó por todas las vías, especialmente por la vía de la violencia militar extrema, violando los derechos humanos fundamentales del pueblo americano y mapuche y, básicamente, negando el poder-de-habitar el pueblo la tierra al modo de sus raíces comunitarias y cooperativas americanas.

Así, el proceso de modernización de AméricAmérica y Chile se había hecho durante el siglo xix y se continuaría haciendo durante buena parte del siglo xx, reforzando y consolidando el ordenamiento social de clase basado en la propiedad de la tierra: el medio de producción por excelencia y el lugar secular de habitar, de producir y de vivir de la mayoría de la población y fundamento, en última instancia, de la dominación y subordinación social y de clase. El proceso de modernización de la política y de las instituciones se había realizado cuidando no tocar ese basamento estructurador de las relaciones sociales.

Abundaban, sin embargo, desde principios de siglo xx y con especial énfasis desde la crisis salitrera y capitalista –décadas de 1920 y 1930–, las críticas a dicho régimen de tenencia de la tierra, visibilizando la concentración de la propiedad y su poca eficiencia en materia productiva, así como la pobreza extrema campesina y los abusos patronales en los campos, mientras en las ciudades y faenas campeaba la cesantía de trabajadores y de la clase media¹².

En medio de un panorama de alta cesantía (crisis de 1930) y grave carestía de los artículos de primera necesidad, al momento de formarse la coalición radical-izquierdista del Frente Popular (1936) y de llegar dicha coalición a la presidencia (1938), los partidos de izquierda que conformaban dicha coalición, especialmente el recién creado Partido Socialista (1933), instalaron el problema de la tenencia de la tierra y de la explotación y subordinación campesina en el centro de la mesa de debate y de la acción política. En esa hora salieron a la luz, hacia los cuatro puntos cardinales, las voces de denuncia y de protesta acerca de las abominables condiciones de vida y las injustas relaciones de trabajo que debían soportar los campesinos chilenos ancestralmente. Siguiendo las directrices del Código del Trabajo vigente, dichos partidos estimularon la organización campesina, generándose un fenómeno de alta sindicalización y de presentación de pliegos de peticiones por parte del campesinado chileno en demanda de cambio y mejoramiento¹³. Por su parte, el Partido Socialista presentó en 1939, a través de su senador Marmaduque Grove, un primer proyecto de Reforma Agraria que, bajo el lema de «Ni hombres sin tierras ni tierras sin hombres», promovía y afianzaba la intervención del Estado en torno a una política de expropiación de tierras no cultivadas y/o dedicadas a la renta por parte de grandes propietarios y su distribución por el Estado a quienes deseasen efectivamente trabajarlas. Acompañado de un discurso justiciero, este proyecto despertó, por vez primera, las esperanzas del campesinado y el pueblo de tener acceso redistributivo a la tierra como acción legal e institucional¹⁴ .

Pero no solo esta esperanza, sino también la movilización y organización de los campesinos chilenos fue gravemente negada y obstaculizada en esos años. El gobierno Frente Popular y radicales, desviando su discurso electoral y siguiendo los pasos del gobierno derechista anterior, levantó fórmulas y accionó prácticas políticas, legales, reglamentarias y policiales para tapar la boca a dichas voces, haciendo zancadillas a las nuevas organizaciones del campo y obstaculizando toda posibilidad de sindicalización campesina y de cambio en el agro por la fuerza de la ley. Así, los gobiernos radicales de la época siguieron la tradición colonial y republicana y apoyaron legal y policialmente, una vez más, a los terratenientes, quienes demostraron su autoritarismo y prepotencia de clase, violando gravemente los derechos humanos de los campesinos que entonces osaron organizarse, no solo despidiéndolos de su trabajo, sino des-alojándolos de la tierra de su habitar junto a sus mujeres y sus hijos: arrojando masivamente a los caminos a cientos de familias trabajadoras campesinas, como simple demostración de su voluntad-de-poder-patronal, exiliándolos de la tierra de su habitar como negación de su Ser (o su habitar; Heidegger) o como forma radical de muerte. Acción de des-alojar que manifestaba, una vez más, la violencia y la violación del habitar o del ser-campesino, como vía para la mantención del orden social ancestral basado en relaciones de dominación/subordinación, ordenamiento que hallaba en la propiedad privada de la tierra el fundamento de su construcción y la propia legitimidad de su acción de violación¹⁵.

En suma, la mirada sobre el proceso histórico vivido en tierra de América/Chile, nos muestra la activa y protagónica acción de un Estado construyendo violentamente propiedad privada y privativa de una clase determinada: la clase terrateniente o propietaria privada de la tierra. Lejos de construir una Nación –inclusiva en su diversidad y legítimamente viviente su sociedad en la tierra de su habitar o de su cultivar–, nuestros Estados (coloniales, republicanos y modernos s. xx) fueron agentes históricos de una clase a la que se le otorga la tarea de fundar y construir cotidianamente, desde el propio seno de la tierra que nos cobija y alimenta, el orden social como relación jerárquica y radical-dicotómica de dominación/subordinación, ordenamiento generador por excelencia de des-igualdad: principio anti-ético de toda política.

Necesariamente y «más temprano que tarde»… «las mareas de la historia», al decir de Allende, presionarán por el cambio de signo, de dirección y de sentido de la acción del Estado en torno al problema de la tierra en Chile/América.

3. El camino hacia la Tierra Prometida: la esperanzadora Alianza Estado-Pueblo/campesino.

Si bien los derechos del campesinado no fueron reconocidos en esos tiempos de su despertar en el Frente Popular y la esperanza campesina fue entonces ahogada, esta esperanza ya vivía en su tiempo y su siglo. Siglo xx que se había iniciado en América Latina con el levantamiento campesino-indígena de la Revolución Mexicana, y que continuaría moviéndose en AméricAmérica en busca de la recuperación de la tierra donde afincar nuevamente las raíces de su pueblo. Mejor tarde que nunca, en un panorama clásico y anquilosado de grave concentración de la propiedad de la tierra, de persistente pobreza y subordinación del campesinado, de la necesidad de modernizar e integrar al modelo de desarrollo al agro chileno y, especialmente, ante un ambiente de miedo a la revolución social que se sentía ad portas… Así, la ya muy atrasada e impostergable tarea de organizar al campesinado y de realizar una Reforma Agraria surgió como una de las urgencias sociales y políticas más agudas de los años sesenta y setenta.

Los programas y las leyes de Reforma Agraria de los años sesenta y setenta en América-Latina y Chile llegaban con el retraso de la opresión social y con el apuro del mandato del siglo, pero llegaban al fin. Leyes decisivas y emblemáticas en cuanto ellas encarnaban el cambio de orientación que debía tomar el Estado respecto de su tradicional alianza con los «privados», especialmente en el campo de su clásica intervención sobre el modo de tenencia de la tierra. Cambio de orientación que quedaba definido por el compromiso del Estado de construir Nación y, por ende, de terminar con su alianza unilateral con la clase propietaria, haciendo con el pueblo despojado y marginalizado un pacto de inclusión, de compensación y de igualdad, a través, especialmente, de su participación en la propiedad de la tierra como lugar donde realizar-recuperar su poder-de-habitar/cultivar al modo ancestral cooperativo y comunitario americano.

a) Camino de reforma en tres fases

Este pacto de construcción de nueva Nación como inclusión popular campesina en el ejercicio del poder y como participación en la distribución de propiedad se realizó en tres fases: a) La fase conservadora (gobierno de Jorge Alessandri R., 1958-1964) , en que dicho nuevo «pacto» con el pueblo campesino se expresó en la dictación de la primera Ley de R.A. (Ley Nº 15.020, promulgada el 27 de noviembre de 1962), cuyo objetivo era «…dar acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajan; mejorar los niveles de vida de la población y aumentar la producción agropecuaria y la producción del suelo». En esta primera fase la R.A. se realizó muy mínimamente, pero sirvió de base legal para comenzar a realizar dicha reforma agraria en el gobierno siguiente¹⁶; asimismo, levantó las principales instituciones que se encargarían de llevar a cabo dicha R.A. en las etapas sucesivas: principalmente, el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y la Corporación de Reforma Agraria (CORA).¹⁷ b) La fase demócratacristiana (gobierno de Eduardo Frei M., 1964-1970), en la que se da un paso decisivo y progresista hacia la construcción de Nación a través de la integración del pueblo campesino al ejercicio del poder sindical a través de la legalización de los sindicatos rurales (abril de 1967) e impidiendo el mecanismo histórico de obstaculización a la organización campesina por parte de los patrones, cual era el des-alojo. Dicha legalización otorgaba «inmunidad de despido para todos los trabajadores agrícolas durante el período de organización sindical y para los dirigentes sindicales elegidos durante la totalidad de su mandato»¹⁸. En esta segunda fase se dicta una segunda Ley de R.A. (Ley Nº 16.640, publicada el 28 de julio de 1967), cuyo objetivo era «promover en forma simultánea el aumento de la producción y la productividad agrícola, mediante una mejor y más justa distribución de la propiedad de la tierra y de los derechos de aguas, así como la transformación del campesinado en una fuerza social de carácter dinámico que participe activamente en el proceso económico, social y cívico del país»¹⁹. Con esta ley se dio inicio a una amplia redistribución de la propiedad de tierra y de construcción de un modo colectivo de habitar/cultivar, a través de una organización denominada «asentamiento», modalidad transitoria previa a su acceso a la propiedad privada familiar campesina²⁰. Desatada en esta fase la abierta oposición de la derecha terrateniente y económica al proceso de R.A. que se llevaba a cabo, mientras los propietarios acometían la división artificial y familiar de sus predios con el fin de evitar su expropiación, en esta fase se logró también dictar una ley modificatoria de la Ley Nº 16.640 que agilizaba las expropiaciones e impedía y prohibía la subdivisión de predios (Ley Aylwin Nº 17.280, publicada el 17 de enero de 1970). Significativa ley «que terminó siendo mucho más amplia que lo concebido originalmente en el proyecto, casi constituyéndose en una nueva y drástica ley de R.A. (…) cuyas disposiciones serían ampliamente utilizadas en la administración Allende»²¹. c) La fase Unidad Popular (gobierno de Salvador Allende G., 1970- 11 sept. 1973), en que continúa la aplicación de la 2da. Ley de R.A., alcanzando todo el territorio y llevándola a su culminación y progresiva irradiación hacia el resto de los segmentos campesinos de cada comuna²². Al mismo tiempo, aumentó notablemente el número de trabajadores agrícolas sindicalizados²³, mientras se desarrolló un democracia social ampliada desde los territorios a través de los Consejos Comunales Campesinos, donde se integraban todas las capas y rostros campesinos con el fin de diseñar y proponer políticas agrarias y conducir el proceso social a nivel territorial en esa decisiva hora de transformación de Chile.

De este modo, a través de estas tres fases legales y gubernamentales consecutivas, se llevó a cabo la Reforma Agraria-S.XX en Chile, la que, portando su propia energía transformadora, tocó el clarín de la justicia a los campesinos, erosionando, a su paso, las estructuras de dominación.

Si bien en este texto nos interesa analizar, en un acápite especial, la 3ra. fase, pensamos que la comprensión de la R.A.-U.P. debe surgir desde la pregunta por la transición de dicha R.A. desde su 2da. fase, desde donde emana tanto el mandato legal de la R.A., como su continuidad y culminación como necesidad histórica. Para ello, nos interesa identificar y encarnar la transición entre la 2da. y la 3ra. fase de la R.A. en la significativa persona de Jacques Chonchol Chait. ¿Quién es este personaje y qué papel jugó en dicha R.A. y proceso de transición entre la 2da. y 3ra. fase de la misma?

b) Las tareas pendientes. Transición desde la Reforma Agraria DC a UP: Jacques Chonchol

Nacido en 1926 y agrónomo de profesión, con estudios de postgrado en Ciencias Políticas en París y en Economía aplicada a la agricultura en Londres, Jacques Chonchol se desempeñó en distintos cargos públicos antes de los años 60: en el Ministerio de Tierras y Colonización, en el Ministerio de Agricultura, en CORFO, en la FAO, etc. Como militante del Partido Demócrata Cristiano, cuando Eduardo Frei Montalva asume la presidencia en 1964, se le encomienda a Chonchol la vicepresidencia de INDAP²⁴, donde le cabe la responsabilidad de dirigir en gran medida todo el proceso de la Reforma Agraria, participando activamente en la redacción de la 2da Ley de R.A. y dirigiendo dicha R.A. en su primera etapa²⁵, la que creó, como modalidad transitoria, los «asentamientos campesinos»: lugar de tierras expropiadas en las cuales se «asentó» a un grupo de «campesinos-reformados» y sus familias, trabajando colectivamente dicha tierra y recibiendo apoyo económico y asesoría técnica de CORA; asentamientos que, según dicho mandato legal, adquirían un carácter transitorio, debiendo ser luego adjudicados ya en forma individual, ya en forma cooperativa, a los «campesinos-reformados».

Profundo conocedor en el terreno de la realidad agraria en transformación, Chonchol era partidario de acelerar el cumplimiento de la ley de R.A. y de transformar los «asentamientos campesinos» en «propiedad comunitaria», dada la importancia que adquiría en la práctica la eficiencia del trabajo de la tierra en colectivo: postura que expresaba, a nivel de la R.A., la «vía no capitalista al desarrollo» de la que Chonchol era fehaciente partidario e impulsor, y que fue chocando con una posición dubitativa y de moderación de la R.A. por parte del gobierno de Frei –ante una creciente y concertada oposición de la derecha económica y terrateniente–, lo que le haría distanciarse cada vez más del gobierno. Distanciamiento que terminó en ruptura, renunciando Chonchol a INDAP en 1969, saliéndose de la DC y contribuyendo a la formación de una nueva organización partidaria izquierdista, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), que lo nombra como su candidato a la presidencia de la república ante la mesa de la Unidad Popular. En términos laborales, Chonchol se incorpora ese año 1969 a la Universidad Católica como director del Centro de Estudios de la Realidad Nacional (CEREN) que, tal como su nombre lo indica, buscaba reunir a los intelectuales en torno al reconocimiento de la sociedad chilena en su proceso histórico, diagnosticando sus problemas a partir de las preguntas y desafíos que se planteaban en ese momento en que se vivían transformaciones estructurales.

¿Cuál era la visión que planteaba Chonchol sobre la R.A.-DC que le había tocado presidir? ¿Cuáles las características propias de la R.A. chilena y cuales los problemas y desafíos que, a su juicio, planteaba dicha R.A. para una segunda etapa de su aplicación por un nuevo gobierno?

En una conferencia dictada en junio de 1969, luego de valorar el hecho de que, al fin, se había logrado pasar en Chile «de las palabras a los hechos» en materia de R.A., Chonchol identifica algunas características de la R.A. chilena que resultan interesantes para su comprensión histórica. Al respecto, significativo era comprender que la R.A. chilena se trataba de un «esfuerzo de cambio que afecta a un sector significativo de nuestra sociedad», pero que se realizaba «mientras en el resto de la misma sociedad no ha habido cambios significativos, de tipo revolucionario, que tocaran las relaciones económicas y sociales». Ello, dentro de un «sistema democrático tradicional», en que «las posibilidades de expresión que detentan otros sectores sociales (…) son mucho más importantes que el sector campesino». A partir de esta característica propia de la R.A. chilena, Chonchol plantea una serie de problemas que habían surgido de su aplicación en la primera fase D.C. Por una parte, aquellos problemas derivados de las dificultades de alcanzar –más allá del consenso programático electoral– el apoyo de los sectores empresariales, enfocados más bien en generar temor social ante los cambios que se realizaban. «Tal fue concretamente la táctica: crear un clima de incertidumbre favorable para una oposición política amplia de los sectores empresariales y de cualquiera que tuviera algún bien, al proceso de R.A.»²⁶. En segundo lugar, había serios problemas tanto a nivel de la representación social de los Consejos de los organismos públicos (donde estaban representadas principalmente las organizaciones empresariales), como a nivel de la mentalidad de los técnicos y profesionales que operaban en los ministerios y reparticiones públicas, quienes «estaban acostumbrados a trabajar exclusivamente para los latifundistas», mientras, promovidos por su título profesional, mantenían cierto «desprecio o menosprecio hacia el hombre de pueblo, especialmente hacia el campesino, ignorante y analfabeto»²⁷.

Por su parte, otros problemas derivaban de la mentalidad «apatronada» del propio campesinado, especialmente entre los empleados de fundo, mientras «existe falta de conciencia política entre la mayor parte del campesinado (…) no perciben, por lo general, las relaciones de dominación, las relaciones sociales que se dan en el campo ni aquellas del campo con el resto de la sociedad. Recién ahora, a través de una labor organizada de capacitación comienza a surgir una nueva conciencia, aparecen nuevos líderes. Pero todo ello es muy incipiente», plantea Chonchol en su conferencia. Mención especial, respecto del campesinado, decía relación con el problema de la división al interior de los mismos, mirando en menos los pequeños propietarios a los trabajadores asalariados, sintiéndose superiores. Que la mitad de los campesinos no eran asalariados, explica, sino comuneros, minifundistas, medieros, advirtiendo que «un programa de acción que plantea exclusivamente la organización sindical en el campo, deja al margen de esa organización a la mitad del campesinado que no tiene cómo expresarse en ella, dado que la organización sindical se expresa contra un patrón … y ellos no tienen patrón. Hay, pues, que pensar en una pluralidad de formas necesarias y complementarias de organización campesina». Al respecto, Chonchol prosigue:

En el proceso de R.A. se plantea el caso de los que reciben tierras y de aquellos que no la reciben. Los que las reciben… son mirados en la comunidad local como privilegiados por los que no las han recibido. Otra fuente, pues, de separación (…) Y este sentimiento de frustración existe y es muy hábilmente explotado por quienes quieren oponerse a la R.A.. Uno de los argumentos más clásicos de la oligarquía rural chilena ha sido decir a los miles de pequeños propietarios: «La R.A. no es para ustedes, es para los puros ‘patipelaos’ que están en los fundos; ustedes, los que realmente tienen capacidad de trabajo, que son empresarios, que son los que más saben hacer producir la tierra, no cuentan. La R.A. no es para Uds» (…)

Lo dicho nos lleva a la conclusión que es fundamental diseñar una política destinada a crear un sentido de unidad campesina con distintas formas de organización complementarias, cuidando evitar esa separación y esa oposición que tiende a producirse y que es utilizada muy hábilmente para crear tensiones y conflictos en contra de la R.A.²⁸

Luego de apuntar a otros problemas suscitados por la R.A. en marcha (problemas económicos y financieros, así como problemas derivados de la estrecha relación entre la agricultura y el resto de la economía), el exvicepresidente de INDAP, Jacques Chonchol, con una clara conciencia del profundo proceso de transformación que se vivía en el agro chileno, caracteriza a la R.A. como «una lucha política permanente. (…) La ley es sólo un primer paso, un instrumento. Realizar una reforma agraria verdadera es una lucha larga y constante»²⁹.

Habiendo renunciado a su candidatura a la Presidencia de la República en favor de la de Salvador Allende (diciembre de 1969), Jacques Chonchol se dispuso a continuar con «la lucha política permanente» que significaba la R.A. en su 2da. fase: el momento de la R.A.-UP. En la redacción del programa de Gobierno de la U.P. se nota la mano y/o la orientación de Chonchol en el acápite sobre la Reforma Agraria, donde se recogen las inquietudes y desafíos por él planteados en 1969. Al asumir el gobierno Salvador Allende, este nombra a J. Chonchol como ministro de Agricultura, donde podrá, como sólido eslabón de continuidad y energía renovadora, proseguir «la lucha política permanente» por la Reforma Agraria en Chile.

4. La reforma Agraria-Unidad Popular

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país. (…)La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra en base a las siguientes directivas: 1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida … incluso los frutales, vitivinícolas y forestales, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. (…); 2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal; 3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa. Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y la comercialización sobre bases de cooperación mutua. También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna; 4) En casos calificados se asignarán tierras a 1os pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario; 5) Reorganización de la propiedad minifundaria a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola; 6) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas que operen en su área geográfica; 7) Defensa de la integridad y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas³⁰.

Con estas palabras, el Programa de Gobierno de la Unidad Popular, en su acápite titulado «Profundización y extensión de la Reforma Agraria», sentaba las bases de su política agraria, en tanto segundo momento del proceso de R.A. iniciado en Chile de acuerdo a la Ley Nº 16.640 de 1967. En cuanto 2do. momento de dicha R.A., la Unidad Popular dejaba claro que la R.A.-UP buscaba acelerar, expandir y radicalizar el proceso de expropiaciones, así como tomar el control productivo de las propiedades agrícolas del Estado (1er. y 2do. punto del programa). Los restantes cinco puntos buscaban superar y responder a los problemas de la 1ra. etapa de la R.A., de acuerdo al diagnóstico proporcionado por el exvicepresidente de INDAP y responsable de la R.A.-DC, Jacques Chonchol: se referían a la voluntad de construir, de estimular y de proteger las formas cooperativas de producción en el seno de todo el campesinado, en sus distintas figuras, incluyendo el pueblo mapuche; asimismo, dichos puntos del programa manifiestan la voluntad de ampliar los beneficiarios de la R.A.-UP a todas las figuras del campesinado, más allá de los trabajadores agrícolas e inquilinos: a pequeños agricultores, arrendatarios, medieros, empleados agrícolas, afuerinos, etc. Es decir, la continuidad y, al mismo tiempo, la diferenciación R.A.-UP consistía básicamente en la decidida voluntad política de seguir avanzando en las expropiaciones y en construir un modo de producción cooperativo ampliado en el campo chileno que formase una red territorial social, productiva y comercial, contando con el apoyo técnico y crediticio del Estado y erigiéndose como una modalidad de propiedad social cooperativa paralela a la propiedad privada tradicional a nivel territorial, conformando una nueva fuerza social en los territorios y comunas del país.

¿Cómo y en qué medida se llevaría a la práctica esta modalidad de relación social y económica cooperativa en el campo chileno en la fase de la R.A.-UP? En los párrafos que siguen intentaremos delinear algunos de los caminos que se trazaron en la fase R.A.-UP en vista de la construcción de lo que llamaremos una «Reforma Agraria como Democracia Social» (RADS).

a. aceleración y profundización de la R.A.-UP

Con la voluntad férrea de poner todo el aparato gubernamental al servicio del cumplimiento del mandato de la Ley de R.A. Nº 16.640, Jacques Chonchol tomó el timón de dicho proceso en 1970 en su calidad de ministro de Agricultura bajo el lema de hacerla rápida, drástica y masiva. «El deseo del Gobierno es acelerar al máximo el proceso de expropiaciones. Ojalá, antes de terminar el actual año agrícola y empezar el nuevo, pudiéramos expropiar todo lo que en el programa de 1971 tiene que ser expropiado»³¹. Esto, con el fin de cuidar el ciclo anual de producción agrícola y de evitar la exacerbación del conflicto que, naturalmente, el proceso de R.A. en democracia conllevaba. En efecto, las cifras muestran esta voluntad política en acción:

Avance de las expropiaciones anuales

| Nº Predios | Hectáreas Totales | % expropiaciones | % de tierras expropiadas
1965-1970 | 1.408 | 3.563.554 | 30 | 40
1971-1972 (30 junio) | 4.690 | 8.860.310 | 70 | 60

Fuente: Susana Bruna, «Luchas campesinas en Chile», op. cit., p. 121

Así, el proceso de transformación de la tenencia de la tierra en Chile se realiza en un tiempo total menor de siete años, alcanzando su culminación en el último tramo de 1 ½ año, correspondiente a la fase R.A.-UP. Proceso de aceleramiento de la R.A. que, al mismo tiempo, contemplaba «la restitución de tierras a los mapuche», asunto que quedó en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, con el «respaldo material y humano de otros organismos del sector del agro»³².

La R.A. despertaba los sueños de miles de campesinos a lo largo del país, percibiendo en ella la llegada, al fin, de la justicia y de la protección, superando su centenario desamparo, iluminando su esperanza y activando sus proyectos de futuro.

Con un acto público de hondo significado, los campesinos de Ninhue celebraron algo que para ellos ya parecía un sueño: la aplicación de la reforma agraria en esa comuna. Y no era para menos. Después de sufrir las más increíbles explotaciones, miseria y abandono y luego de dar una larga y hasta ayer, infructuosa pelea, por fin vieron que un gobierno, el Gobierno de la Unidad Popular se acordó de ellos y ordenó la expropiación de los siete latifundios que los tenían verdaderamente en la desesperación. En la provincia de Ñuble y también fuera de ella, hablar de Ninhue era referirse al símbolo del sufrimiento y de la humillación de los campesinos. Los trabajadores del fundo «Coroney», por ejemplo, cuentan que su ex propietario, Federico Benavente, no los dejaba acercarse a él sino hasta una distancia de 20 metros y que jamás les escuchaba sus peticiones. (…) Los predios expropiados servirán de base para la creación de una gran empresa regional campesina. (…) Galvarino Andrade agradeció a nombre de todos los campesinos de Ninhue al gobierno del compañero Allende, a INDAP, a CORA, al SAG, «por lo que se ha hecho, por estas expropiaciones: lo que antes era un sueño para nosotros y hoy es una realidad. Unidos y organizados saldremos adelante y haremos más grande y masiva la R.A. para bien nuestro y de nuestro país»³³.

De modo que, en los dos primeros años del gobierno de la UP, el fenómeno legal y legítimo de R.A. es ya un hecho consolidado, habiendo alcanzado su culminación, transformándose radicalmente el ancestral sistema de latifundio en nuestro país, construyéndose una nueva modalidad de tenencia de la tierra: el «asentamiento campesino» o el «Centro de Reforma Agraria», como figuras transitorias de tenencia colectiva hacia su consolidación, ya como propiedad cooperativa o como asignación individual y, especialmente, como espacio de liberación de los trabajadores agrícolas exapatronados y sus familias –conformando un total de 55.800 familias³⁴– que llegaban, al fin, a la Tierra Prometida que acogía y realizaba su histórica desproletarización.

La R.A.-UP no solo se preocupó del cumplimiento de las expropiaciones determinadas por ley, las que hacían justicia principalmente a los trabajadores asalariados de los latifundios, sino que también buscó hacer justicia en el ámbito de otras relaciones sociales campesinas que ancestralmente sufrían de explotación y abuso, cual era el caso de los medieros. Trabajador de tierra ajena, en que, a cambio de la cesión temporal por parte de un propietario, de un pedazo de tierra para trabajar, el mediero ponía toda la fuerza de su trabajo, debiendo repartirse a medias los frutos producidos³⁵. Al momento de intervenir la UP sobre estos sujetos, ellos estaban regidos por el Decreto Ley Nº 9 de 1968 que mantenía el hecho de que «el dueño es quien pone las condiciones y el trabajador mediero no tiene a quien recurrir para defenderse en forma efectiva, (…) encontrándose en sus derechos totalmente limitado porque no tiene ni dinero, ni tierra, ni contactos sociales para defenderse». Ante lo cual Allende envió al Congreso, el 31 de marzo de 1971, un Proyecto de Ley que planteaba que las medierías o aparcerías imperantes en los campos tienen la «verdadera calidad de un contrato de trabajo, puesto que las modalidades usadas constituyen un verdadero vínculo de subordinación o dependencia del campesino en relación al dueño de la tierra, que es la característica de la relación laboral»³⁶.

Lo natural sería que este tipo de trabajador campesino tuviera la misma causa que sus compañeros de clase como son los obreros agrícolas. Esto es justamente lo que persigue el proyecto de ley del compañero Allende: hacer del mediero un verdadero trabajador agrícola con las mismas posibilidades de defensa a través de las organizaciones sindicales campesinas y de las leyes laborales y de previsión. El proyecto le reconoce su calidad de trabajador agrícola al mediero para que así pueda obtener «los beneficios de la explotación de la tierra, de la cultura, de la educación y de la vivienda»³⁷.

Un proyecto que buscaba, así, integrar al mediero –una de las figuras ancestrales del trabajo sufrido y expoliado de los campos– al proceso de R.A., especialmente buscaba incorporarlo al proceso de construcción de su sujeto como parte del sujeto colectivo-trabajador campesino que en esos momentos vivía la revolución de su condición, de sus derechos y de su conciencia histórica.

El proceso de Reforma Agraria buscaba alcanzar su culminación el año 1971 con la expropiación de 1000 latifundios, especialmente avanzando hacia el sur del país (Malleco, Valdivia, Llanquihue), casi intocado en el período de gobierno anterior, incluyendo varias estancias ganaderas de Tierra del Fuego («561.386 hectáreas de ricas tierras de praderas y bosques maderables»). Al mismo tiempo, el gobierno procedía a crear un «gigantesco complejo maderero en Panguipulli» a través del traspaso de 19 fundos expropiados por la CORA a la CORFO, ubicado en la zona precordillerana de Valdivia³⁸. Realizadas estas expropiaciones, el ministro de Agricultura Jacques Chonchol anunciaba a la Confederación Nacional de Asentamientos que «en mayo se iniciarán las asignaciones de tierras a los asentados», abocándose la CORA «a la entrega de los títulos de dominio a más de 5.000 campesinos asentados», abriéndose para ellos los «créditos del Banco del Estado», para lo cual «cada asentamiento tendrá su propia cuenta corriente previa presentación del plan de explotación del predio»³⁹.

Es así que en 1971 el campo agrario chileno se encontraba configurado en base, al menos, a cinco modalidades de tenencia de la tierra: a) el ancestral de «comunidad indígena»; b) el tradicional de propiedad privada familiar o individual; c) el tradicional de propiedad fiscal o estatal (0,5%)⁴⁰; d) formas cooperativas de tenencia y producción y e) el área reformada como preparación al modo cooperativo de propiedad de la tierra (2% de los predios)⁴¹. Cinco modalidades entre las que la propiedad privada seguía siendo hegemónica, principalmente en cuanto pequeña propiedad (80% de los predios de menos de 5 HRB). Cinco modalidades que significaban el reconocimiento histórico al modo diverso de habitar, producir y relacionarse con la tierra los distintos grupos y sujetos en Chile; modos plenamente legítimos y avalados por la legalidad vigente en Chile, llamados a incorporar a todos los rostros del campesinado a participar del habitar la tierra con pleno derecho de pertenencia y propiedad.

b. La R.A.–UP como democratización social ampliada: los Consejos Comunales Campesinos.

Simultáneamente con el activo y masivo proceso de expropiaciones y fiel al sentido democratizador del gobierno UP, con especial énfasis puesto en la generación de instancias a través de las cuales el pueblo, en este caso, el campesino organizado, ejerciese poder directamente, influyendo con sus decisiones las propias políticas de gobierno, apenas asumido el gobierno de la Unidad Popular, el presidente salvador Allende dictó el Decreto Nº 481 del 21 de diciembre de 1970 que creó los Consejos Campesinos a nivel comunal, provincial y nacional, «en virtud del cual todas las grandes definiciones en materias agrarias debían tratarse en dichos consejos para asegurar la participación consciente del movimiento campesino en la marcha del proceso»⁴². Dichos Consejos estarían compuestos por representantes de los sindicatos agrícolas, de las cooperativas, de los comités de asentamientos y centros de reforma agraria⁴³.

La creación de los Consejos Campesinos (C.C.) permite a los trabajadores agrícolas transmitir sus propias opiniones al gobierno en materias que tienen que ver con los planes nacionales de desarrollo rural, producción agropecuaria y reforma agraria. El sistema de los C.C. permite que sean ellos los que aporten sus sugerencias ante el Ministro de Agricultura respecto de los programas y presupuesto de los organismos públicos, semi-fiscales y de administración autónoma del sector agrícola. Corresponderá a estos campesinos así organizados dar su opinión en relación a los problemas generales en materia social y económica del sector laboral campesino⁴⁴ .

Estos Consejos Campesinos se constituirían a lo largo del país a partir de las comunas, donde estarían los Consejos Comunales Campesinos, desde los cuales se formarían los Consejos Provinciales Campesinos y de estos saldría el Consejo Nacional Campesino. «Los campesinos y sus organizaciones tendrán las mayores responsabilidades en la elaboración, discusión y ejecución del proceso de R.A.», por lo que el gobierno llamaba «a los campesinos a actuar en conjunto con el gobierno y no en forma aislada para favorecer la R.A.» hacia su total cumplimiento⁴⁵.

A poco andar, las autoridades se dieron cuenta de que la representación campesina vista a través de las «organizaciones» señaladas se había quedado corta, quedando muchos campesinos fuera de dicha representación, principalmente «los afuerinos», que representaban «el 32% de los hombres activos de la agricultura (los que), por su movilidad… no pueden estar en un sindicato»; además de «los pequeños propietarios que, por no estar organizados ni legalmente reconocidos, quedan sin representación oficial en los Consejos Campesinos». En efecto, el gobierno estaba consciente del diagnóstico realizado por el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol en 1969 –así como por parte de otros estudiosos de la realidad agraria de la hora–, de que las transformaciones profundas que necesitaba la agricultura chilena no pasaban solo por reformar parcialmente la tenencia de la tierra, sino que ello también exigía un proceso largo, progresivo y continuo, de articulación entre todos los sujetos campesinos, en sus distintos rostros, a nivel territorial, con el fin de realizar una alianza social campesina que tendiese a generar relaciones cooperativas y de amplia participación social en la toma de decisiones relativas al agro en proceso de transformación; esto, a través de instancias de organización para la toma de decisiones conjuntas y de socialización hacia formas de asociación cooperativa, tanto en el plano de la comercialización como de la producción. Planteamiento de Chonchol que surgía de un sólido conocimiento de la realidad agrícola y la histórica situación de pobreza, falta de capacidad productiva y de acceso al capital, así como de subordinación de los pequeños propietarios (que eran la mayoría de los propietarios agrícolas) respecto de hacendados y comerciantes locales y nacionales, poderosamente organizados a través del país y en centrales gremiales como la Sociedad Nacional de Agricultura. Con el fin de contrarrestar este poder hacendal, la R.A.-UP debía invitar a participar a los pequeños y medianos propietarios de un proceso profundo de reforma de la estructura agraria, que decía relación con el empoderamiento social amplio en cada territorio por parte del campesinado en sus distintos rostros, con el fin de propiciar la toma de decisiones conjuntas en vista de constituir un poder de influjo y demanda ante el Estado (especialmente crediticias y técnicas), así como para incentivar formas cooperativas de producción y comercialización de sus productos.

Ante este vacío, el Ministerio de Agricultura determina, en enero de 1971, la ampliación de la representación campesina en dichos C.C., generando un impacto progresivo y decisivo, tanto a nivel de la correlación de fuerzas sociales en los territorios agrarios como en el plano de la democratización de las estructuras de decisión sobre las políticas agrarias en el país.

La posibilidad de representación de estos grupos campesinos permitirá que el Consejo Comunal Campesino quede constituido realmente por la base, lo que implica una representación democrática. Serán los campesinos, entonces, quienes determinarán el ritmo y la profundidad que quieren imponerle a la revolución agraria. Salvaguardaremos, así, los intereses de la gran mayoría que no ha tenido respuesta a sus inquietudes. ¿Cuál será el beneficio de una mayor representatividad campesina en los Consejos Comunales? El más importante: constituir un Consejo generado por las bases integradas por campesinos que nunca antes tuvieron voz en las organizaciones. Evitaremos, así, los hechos del pasado cuando la R.A. se hizo un poco a nombre de los campesinos, pero realizada por los técnicos, sin que los campesinos tuvieran voz. Nosotros creemos que la participación campesina tiene que ser fundamental en la planificación de la R.A. y en que el campesino diga dónde, cómo y en qué forma la desea. Este cambio nos parece revolucionario e indispensable para el desarrollo campesino»⁴⁶.

De este modo, la Unidad Popular no solo estaba realizando y llevando a su culminación la R.A., sino que estaba transformando, en el terreno mismo de su accionar histórico, el propio sistema político democrático, al propiciar una «democracia social» surgiendo desde el seno mismo del campesinado (en todas sus expresiones sociales), el segmento social históricamente más excluido y marginalizado de toda representación y participación en el ámbito de la toma de decisiones políticas. Esto, obviamente generaría un fenómeno de politización ampliada en los territorios agrarios y, especialmente, un proceso de empoderamiento y concienciación acerca de su ser-sujeto-colectivo-campesino: una cuestión sin duda trascendente, desde el punto de vista de la superación de la autoinferiorización de clase y del desarrollo social y político chileno como construcción de comunidad. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo:

En la ceremonia realizada en Lautaro, la Asamblea Comunal Campesina acordó que las tierras nuevas que se consignan a través de las expropiaciones se pondrán bajo el control de la Asamblea Comunal y serán trabajadas por todos los compañeros sin tierra de la comuna en beneficio propio y de todos los trabajadores de nuestro país⁴⁷.

Con la asistencia de más de 2.000 campesinos se constituyó en Carahue el C.C.C. de esa localidad. En el acto participaron representantes de los pequeños y medianos agricultores, de los mapuche, de los trabajadores agrícolas y autoridades de gobierno. (…) Adrián Vásquez, Vice-Presidente de INDAP, señaló la importancia que tiene para el campesinado chileno la constitución de estos C.C., ya que ellos aseguran la construcción de un verdadero poder campesino. (…) Expresó que es necesario crear una responsabilidad común para que las cosas salgan adelante con el esfuerzo de todos y no solamente con la participación del gobierno. Mora, del campamento A. Ríos, de Rucalán, señaló que la creación del nuevo C.C. permitirá a los campesinos defender sus derechos aún a costa de sus vidas. Agregó que él estaba dispuesto a luchar por sus demás compañeros, porque tenía una conciencia clara de las injusticias que han tenido que soportar hasta ahora los trabajadores de la tierra. Dijo que serán los campesinos quienes, con su apoyo al gobierno, hagan realidad la R.A. en Chile⁴⁸.

«Ha llegado el día en que levantemos la voz como Caupolicán y Lautaro. Este Consejo se levanta para apoyar al mapuche pobre, pero que puede ser verdaderamente hombre y para que pueda elevar su condición de vida. (…) Nosotros, que hemos sido tan postergados, tenemos ahora la oportunidad de participar, con nuestras opiniones y experiencia, en la política agraria del gobierno (…) la voz de los campesinos nunca habría sido escuchada si no hubiera triunfado en Chile un gobierno popular». Así se expresó Francisco Llanquinao, representante de la Confederación Mapuche, al iniciar el acto de constitución del Consejo Comunal Campesino de Temuco, el nº 15 que se formaba en la provincia de Cautín. (…) A la Asamblea asistieron representantes de los pequeños agricultores, de los mapuche, de los obreros agrícolas y del gobierno. Todos los oradores estuvieron de acuerdo en que la formación del gran frente de masas con obreros, campesinos, estudiantes y las fuerzas políticas de izquierda permitirá la auténtica toma de poder por parte del pueblo chileno⁴⁹.

Con este discurso, tendiente a generar conciencia entre el campesinado acerca del profundo cambio histórico que se estaba generando en Chile y en sus propias vidas, se estaba construyendo el poder campesino en Chile a través de los Consejos Comunales Campesinos, elegidos por sus propias bases, los que se comenzaban a levantar progresivamente a lo largo del país. Dichos CC, como lo decían sus dirigentes, constituían un espacio para que, por primera vez en la historia republicana tuviese lugar la manifestación pública de la voz de sujetos no solamente explotados, sino también dominados y subordinados a través de su invisibilidad y silenciamiento. La democracia popular chilena entonces en gestación estaba levantando, por todas partes y territorios, los escenarios donde ocurriese lo opuesto, es decir, su visibilidad, su voz y su encuentro colectivo, formando una nueva unidad social y un frente social y político de lucha por sus derechos.

Los Consejos Campesinos están orientados en el sentido de dar unidad al movimiento de los trabajadores de la tierra, terminando con el divisionismo que significan las distintas organizaciones. Esta unidad significa, al mismo tiempo, mayor fuerza para enfrentar a la burguesía del campo y la ciudad que está empeñada en impedir el proceso de R.A.. Con la organización de los campesinos a través de los Consejos, se pretende crearles una conciencia de clase para vencer, de este modo, la división natural que existe entre los trabajadores de la tierra debido a sus distintos estratos sociales⁵⁰.

En este esfuerzo de construcción de un poder campesino ampliado a lo largo del país se estaba realizando, en su real profundidad, el cambio estructural en Chile, no solo puntualmente en el agro chileno, sino a nivel de toda la sociedad, hacia la cual aquel cambio irradiaba. En efecto, la remoción del estrato más rígido de la sociedad histórica chilena cual era el estrato rural, donde anidaba, se criaba y fundaba históricamente la relación dominación/subordinación social, irradiando su ordenamiento hacia el resto de la sociedad, configuraba un panorama de pacífica pero, al mismo tiempo, telúrica revolución político-social en Chile: se trataba de un fenómeno removedor de la estructura social más profunda de Chile.

El 26 y 27 de marzo se efectuó en Temuco el 1er. Encuentro de Consejeros de los Consejos Comunales Campesinos de la Provincia de Cautín. Los campesinos discutieron un amplio temario que se refirió a la participación en el proceso de R.A. y visión crítica de la Ley de Sindicalización Campesina, participación en el crédito y en el proceso de comercialización y organización de la producción, (…) el nuevo decreto de los Consejos Campesinos, constitución del Consejo Provincial Campesino y la sedición que tiene orquestada la burguesía agraria.

En el acto inaugural del Encuentro habló el presidente de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile con sede en Temuco, Antonio Coloma, quien llevó el saludo de los universitarios a los campesinos:

Quiero hacer llegar el saludo revolucionario y fraternal de los estudiantes universitarios a los compañeros campesinos por esta iniciativa que Uds. han comenzado a gestar en toda nuestra patria, que es la constitución de estos C. C. C. (…) La verdad es que si antes la historia de nuestra patria la escribía un grupo reducido de personas, ahora la están escribiendo la mayoría de los chilenos. La historia la están escribiendo los propios campesinos que, cansados de la tramitación a que fueron sometidos en regímenes anteriores, cansados de la explotación y de la humillación, hoy día alzan la voz, se organizan y se incorporan, junto al gobierno de la UP, a dirigir su destino y a escribir su propia historia⁵¹.

30.000 trabajadores del campo y la ciudad, estudiantes y otros sectores obreros se reunieron el domingo 28 de marzo en la Asamblea Provincial de Trabajadores con el Presidente Allende en Temuco. (…) Fue la ocasión en que los campesinos se encontraron con el compañero Allende para plantearle sus inquietudes y problemas. No fue una concentración política, fue una auténtica Asamblea (en que) los Consejeros Comunales Campesinos entregaron al Presidente Allende las conclusiones del Encuentro del 26 y 27 de marzo. (…) Fue el día en que se juntaron trabajadores del campo y de la ciudad, estudiantes y otros sectores laborales. El domingo 28 sirvió para demostrar con hechos el empuje y la fuerza del movimiento popular que se juntó en el corazón mismo de la burguesía agraria⁵².

Al diferenciar «una asamblea» de un «encuentro político», al afirmar positivamente la primera y negar lo segundo, el discurso de los C.C.C. apunta a valorar la presencia allí de una voz que surge desde el pueblo, voz que se emite ante las autoridades en su propio lugar de emisión y donde aquella ha acudido especialmente a escucharla. Se trata, por otra parte, de una voz que ha construido previamente un discurso y texto escrito propio, el que porta su opinión y sus demandas colectivamente establecidas. Expresión del ejercicio de una práctica de democracia social que estaba llamada a cambiar el contenido y significado de la democracia en Chile, generando descentralización en las decisiones y democracia social territorial; como decía uno de los oradores, esta amplia participación popular y social territorial estaba escribiendo, con otros lápices y otros actores, una nueva historia de Chile.

Reclamo con legítimo orgullo el honor de haber establecido la participación real de los campesinos, que no sólo puede medirse por entrevistas más o entrevistas menos con altos ejecutivos, sino básicamente en la participación real y consciente de todas las masas campesinas en el avance del proceso de Reforma Agraria y en la campaña de producción agropecuaria⁵³.

* * *

Habiendo, efectivamente, finalizado el gobierno de la Unidad Popular el proceso de expropiaciones determinadas por la ley a inicios del año agrícola de 1971 (1.400.000 hectáreas ya reformadas), Salvador Allende y su ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, hicieron un llamado a la responsabilidad de los campesinos reformados y productores agrícolas en general, a producir bien la tierra para generar los alimentos que la población chilena requería –especialmente en un momento histórico de ampliación social de la demanda–, proceso que debía ser controlado por los propios Consejos Campesinos. Con el fin de alcanzar el gran objetivo productivo –en el cual se jugaba el éxito inmediato de la R.A.–, el gobierno constituyó el Comando Nacional de la Campaña de Aumento de la producción Agropecuaria para 1971, presidido por el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol; comando constituido por los jefes de los Servicios Agrícolas y representantes de la CUT, y de los Consejos Campesinos⁵⁴.

Como parte y motor de esta «campaña por la producción agrícola», el gobierno y los trabajadores del agro, a través de sus representantes, firman un Acta de Compromiso por el aumento de la producción agrícola: «Los trabajadores agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores del Agro, conscientes de que nuestro destino e intereses son los de la clase obrera y el campesinado, hemos firmado un Acta de Compromiso para luchar por el aumento de la producción agropecuaria, junto a las organizaciones campesinas y a la Central Única de Trabajadores»⁵⁵.

En el acto de firma de este pacto de compromiso, al que asistieron las autoridades de gobierno y los representantes de los trabajadores agrícolas, el gobierno dio inicio, en abril de 1971, a la «campaña nacional de aumento de la producción agropecuaria». En dicho acto, el ministro Chonchol señaló que

la batalla por el aumento de la producción, es también la batalla por el éxito de la Reforma Agraria. Debemos demostrar que la tierra en poder de los campesinos es capaz de producir más que en poder de los latifundistas. (…) Tenemos que ayudar a los campesinos a trabajar con mayor eficiencia, pero teniendo cuidado de no convertirnos en los nuevos patrones, de no asumir una actitud paternalista. (…) En la campaña de aumento de la producción el pueblo debe tener plena participación ya que se trata de constituir un país más libre, en el que cada chileno tenga la posibilidad de ser un hombre integral⁵⁶.

En dicho acto habló el presidente de la Confederación de Trabajadores del Agro, Ulises Manríquez: «Estamos conscientes de la responsabilidad que hemos asumido y a las tareas a que nos hemos comprometido. Con este Acto nos estamos incorporando como trabajadores a una tarea patriótica en beneficio de todos los chilenos»⁵⁷.

Por otra parte, el gobierno define su política agraria hacia los latifundistas, transparentando el proceso de R.A., y hacia los pequeños y medianos productores, facilitando el crédito e incentivando la producción en estos sectores. Asimismo, el gobierno ya había procedido al reparto de semillas, pesticidas y fertilizantes a los campesinos, disponiéndose el otorgamiento de asistencia técnica a todos los sectores reformados, trabajadores agrícolas, pequeños propietarios y medianos agricultores: los principales sujetos a través de los cuales se buscaba construir el Chile Nuevo en el campo nacional.

Nos gustaría que pudieran ver lo que son estas tierras ahora y

lo que haremos con ellas

trabajándolas con empeño y cariño⁵⁸.

5. El caso de la Reforma Agraria en la comuna de Los Lagos: la experiencia vivida por sus protagonistas⁵⁹.

Durante el gobierno de la Unidad Popular, el proceso de Reforma Agraria logró materializarse en la comuna de Los Lagos (Región de Los Lagos): cientos de campesinos tuvieron la oportunidad de cumplir aquel tan anhelado sueño, trabajar autónomamente un pedazo de tierra. Así, frente a la necesidad de redistribuir la propiedad de la tierra y entregarla a los campesinos para su producción, se expropió una gran cantidad de fundos de extensas proporciones. En el transcurso de los años de la Unidad Popular se formaron en la comuna de Los Lagos alrededor de treinta y siete asentamientos campesinos, quienes se organizaron en conjunto con la CORA y el apoyo permanente de INDAP y el Banco del Estado, produciéndose durante este tiempo un avance significativo en cuanto a la producción y organización de los campesinos tanto en los asentamientos como en sindicatos agrícolas. Las palabras de don Jorge Fuentes Espinoza, quien fue un arduo dirigente sindical y de asentamiento campesino durante aquellos años, muestran el sentir que tuvo la reforma agraria como proceso de cambio en la comuna, señalando que:

en el periodo de la Unidad Popular de Allende tuvimos una oportunidad muy grande todos los campesinos (…) se aprovechó mucho la oportunidad que la gente pudiera tener un pedazo de tierra (…) por medio de los asentamientos que se crearon, hubo un gran despertar dentro de la gente, una gran facilidad para poder hacer producir la tierra, se dio la oportunidad de poder tener, algo que no se había dado antes⁶⁰.

Dentro de las particularidades que tuvo la reforma agraria en la comuna de Los Lagos respecto de la situación nacional, podemos destacar que el proceso de expropiaciones realizado bajo la normativa del programa de reforma agraria de la Unidad Popular no fue muy resistido por parte de los propietarios de la tierra; según los testimonios recogidos, en muchos casos este proceso se realizó por la propia voluntad de los dueños de fundos, acogiéndose a la ley y entregando la tierra bajo mutuo acuerdo con los trabajadores. De este modo se pudieron evitar las expropiaciones forzadas y los conflictos que de esta situación pudieron surgir, tal como ocurrió en otras zonas de nuestro país.

Tanto la reforma agraria como la sindicalización campesina fueron dos procesos que se vieron fuertemente profundizados en la comuna de Los Lagos, significando positivamente las vidas de los campesinos y de sus familias, representando una posibilidad efectiva de acceso a la tierra, con la consiguiente mejora en las condiciones de vida y de trabajo.

El proceso de Reforma Agraria vivido por los campesinos y dirigentes en la comuna de Los Lagos durante el periodo de la Unidad Popular fue muy relevante, ya que marcó un antes y un después en las vidas de estos protagonistas; de igual modo, fue un cambio significativo que vivió la sociedad rural de la comuna de Los Lagos en su conjunto, pues permitió la transformación de una comuna caracterizada por la presencia de grandes propiedades, a una con presencia de muchos pequeños productores agrícolas que lograron, con gran esfuerzo familiar, mantener su parcela asignada, fruto de la Reforma Agraria, tal como la podemos ver hoy día.

La historia vivida por los campesinos en la comuna estuvo caracterizada por una fuerte dependencia patronal, generaciones tras generaciones trabajando la tierra del patrón, con condiciones de vida y de trabajo bastante deficientes. Sin embargo, el proceso social, económico y político que comenzaba a surgir hacia fines de la década del sesenta, principalmente la Reforma Agraria, trajo para los campesinos de estas latitudes, la esperanza y la firme convicción de que todo aquello que ya estaba ocurriendo en otras zonas del país (zona centro principalmente) llegaría por fin a tocar estas tierras sureñas. Y estos son los recuerdos que tiene don Manuel Quilaqueo, excampesino asentado y dirigente de asentamiento, al decirnos con profunda emoción que:

aquí ya se iba escuchando de que con el tiempo la tierra iba ser del campesino… queríamos que se hiciera la reforma agraria… después llegó Allende y profundizó este planteamiento… y los campesinos lo apoyamos, porque veíamos que había mucho sufrimiento en nosotros, estábamos marginados… como postergados… los dueños de fundos hacían lo que querían con nosotros, nos explotaban a su manera, nos miraban como ellos querían…⁶¹.

Cuando la reforma agraria tocó estos campos sureños, surgió paulatinamente el despertar de los campesinos y de los trabajadores del campo, la toma de conciencia, la necesidad de cambio, la lucha por lo anhelado, por el trabajo colectivo y la producción de la tierra. Don Evaristo Barra Ibáñez, excampesino asentado y exdirigente sindical, nos grafica este sentir al contarnos que «la reforma agraria para nosotros los campesinos, fue un cambio muy grande… después trabajábamos a nuestra voluntad de lo que podíamos hacer… mientras que cuando era fundo era lo que nos decían que hagamos y lo hacíamos… después teníamos que ingeniarnos para hacer lo que teníamos que hacer… tomamos conciencia… cuando estábamos apatronados era recibir órdenes no más, igual que un perro, después uno se organizó como una familia no más»⁶². Por su parte y como un fiel impulsor de la reforma agraria en el sur, don Santiago Acuña, exfuncionario de la CORA, nos cuenta que «con esto de terminar con el latifundio a su vez se termina con el inquilinaje en Chile y esa situación le devolvió dignidad al campesino propiamente tal, como ser humano, o sea se sintió más libre, se sintió con derechos… la sociedad lo pasaba a reconocer como sujeto importante en el proceso que se estaba llevando a cabo…»⁶³.

Don Santiago nos habla de libertad y dignidad, dos palabras claves para entender el proceso de cambio que estaba viviendo la sociedad rural chilena en su conjunto y la comuna de Los Lagos en particular. Libertad del campesino, en el sentido de verse desvinculado de la antigua condición de trabajador apatronado, libertad de poder ser parte y verse favorecido de un proceso de carácter nacional y que los estaba poniendo a ellos como protagonistas, a la vez que se les instaba y motivaba a la organización sindical. Por otro lado, ahí está presente la dignidad, al tener la oportunidad de cambiar su condición de marginalidad, pobreza y miseria por una condición más justa y con mayor reconocimiento por parte del Estado y de la sociedad. El trabajador del campo chileno fue sacado del estado de postergación en que se encontraba y conducido a través del trabajo y la organización a una vida más justa.

El trabajo colectivo en el sistema de asentamiento campesino fue muy valorado por los campesinos asentados, desde el momento en que se formaron los asentamientos y se elegían democráticamente los dirigentes de los mismos; existió la conciencia de que debían trabajar, producir la tierra, pues estaban aportando a la economía nacional y solventando las necesidades de ellos mismos. Se formaban Comités de Producción, los que se encargaban de coordinar lo relativo a una determinada área productiva, tal como lechería, agricultura, explotación maderera, etc. Los asentamientos contaron con la ayuda y el apoyo técnico requerido a través de los técnicos agrícolas, funcionarios de la CORA, que los orientaban en materias de producción.

La vida en comunidad que se vivía en este espacio de producción y organización fue muy favorable para los campesinos asentados, así lo recuerda don Manuel Quilaqueo, quien nos cuenta que «aquí nosotros trabajábamos muy bien, no había problema, no habían vicios, era responsable la gente»⁶⁴. La organización democrática de este espacio es apreciada por don Jorge Fuentes Espinoza, excampesino asentado y exdirigente sindical, quien nos dice que: «todas las decisiones se tomaban de forma democrática, en tranquilidad, todo en común acuerdo, todos apoyaban, porque nunca hacíamos acuerdos para destrucción, sino para cosas buenas, para ir avanzando cada día más»⁶⁵.

La comuna de Los Lagos destacó por la eficiente producción especialmente de trigo, remolacha y avena. Los asentamientos se organizaron de tal manera que lograron, la mayoría de ellos, cumplir con las metas de producción y solventar los gastos de insumos y sueldos, también para responder con la deuda que contraían con el Banco del Estado en ese periodo. Don Francisco Guajardo, subdelegado comunal en el gobierno de la Unidad Popular, señala que hacia el año 1973, Los Lagos lideraba el ranking de productores de trigo en esa temporada; se sembraron cerca de 2.500 hectáreas de trigo:«… para poder dar cumplimiento a esto, como autoridades (…) teníamos que ir al campo, conversar con los 5 ó 6 representantes de cada asentamiento y decirles que la tarea era hacer producir la tierra, no era para tenerla tirada, se expropió esta tierra para hacerla producir más que cuando estaban en manos de propietarios, los patrones (…) tenemos la tierra y debemos poner el esfuerzo para producir, de lo contrario nadie nos va a venir a dar…»⁶⁶.

Lo significativo de la reforma agraria para los campesinos asentados de la comuna de Los Lagos en los años de la Unidad Popular se puede visualizar también en la creciente organización sindical que se llevó a cabo en aquel periodo. En la comuna se lograron organizar cuatro sindicatos agrícolas: sindicato «Esperanza del Sur», sindicato «El Despertar Campesino», «Venceremos Unidos» y el sindicato «Porvenir». La situación previa a 1970 mostraba a una sociedad rural escasamente organizada en la actividad sindical; al respecto, don Alberto Chacón, exfuncionario de la CORA, nos dice: «Bueno, aquí en Los Lagos, hasta ese momento la parte sindical poco se conocía, o sea en las zonas rurales; claro que en las áreas urbanas había empresas que fomentaban la sindicalización, pero en la parte rural no se conocía mucho, porque al patrón no le convenía y por desconocimiento de los propios trabajadores, tampoco se organizaban… entonces había un adormecimiento y no se avanzaba en ese aspecto»⁶⁷.

En relación a la labor ejercida por los sindicatos, don Rodolfo Rojas, excampesino asentado y dirigente del asentamiento «Los Valientes de Santa Julia», nos cuenta: «Yo por mi parte hallaba bueno tener representación…muchas cosas se hacían por medio de los sindicatos… yo hallaba que era bueno, muy bueno que hubiera un intermediario, era más fácil… los sindicatos se ayudaban unos con otros, fue bueno, fue un apoyo…»⁶⁸. Así también lo recuerda don Joel Leal, excampesino asentado, al contarnos sobre las gestiones que realizaban los sindicatos en apoyo a los asentamientos y a los campesinos, «aquí recibimos mucho apoyo de los sindicatos, todos los meses se hacían reuniones, se daban a conocer las metas… todo se hacía a través de una asamblea, cuánta era la producción de leña, madera, y todo tipo de cosechas»⁶⁹.

La labor de los dirigentes campesinos de los asentamientos y de los sindicatos agrícolas fue muy importante durante este periodo, pues ofrecieron apoyo y orientación en cuanto al trabajo, motivándolos a elevar el nivel de producción de los campos, promoviendo la cooperación mutua y sirviendo de representantes de los campesinos en el ejercicio de sus derechos.

Así, la reforma agraria permitió al campesino visualizar críticamente su condición de campesino apatronado y semimarginado de la sociedad chilena, así como su derecho histórico a la propiedad de la tierra. Desde el inicio del proceso de Reforma Agraria en la comuna, este fue visto como una oportunidad real de acceso a la tierra, en un sentido de colectividad, es decir, para trabajarla organizadamente, en este caso en el sistema de asentamientos campesinos.

La nueva situación que caracterizó la vida de los campesinos asentados en la comuna de Los Lagos, de la mano de la Reforma Agraria, contribuyó al fortalecimiento de la propia identidad campesina, proceso que se caracterizó por el logro de la igualdad y la justicia que tanto se había difundido. Los campesinos pasaron a transformase en los nuevos actores sociales, conscientes del proceso que estaban viviendo y con nuevas y mejores expectativas de vida y de trabajo, situación que se manifestó en la creciente participación en la actividad sindical que tuvieron los campesinos asentados de la comuna de Los Lagos durante los años de la Unidad Popular.

Sin embargo, el intenso proceso llevado a cabo en la comuna de Los Lagos durante los años de la Unidad Popular se vio abruptamente interrumpido con la intervención de la dictadura militar, comenzando a gestarse un nuevo escenario político, social y económico en la zona, caracterizado por la represión a los dirigentes de asentamientos y sindicatos, y la trasformación en el sistema de asignación de la tierra. La interrupción del proceso de reforma agraria en la comuna de Los Lagos provocó un gran impacto en las vidas de los campesinos asentados y los dirigentes, pues significó una transformación, un retroceso de todo lo logrado hasta ese periodo. En relación a la intervención de la dictadura en el proceso, don Alberto Chacón, exfuncionario de la CORA, nos señala que: «El golpe de Estado fue un quiebre totalmente brusco, un golpe represivo, un golpe a todas las personas, que detuvo abruptamente todo lo que se había echado a andar en el campo, la producción, los créditos, con el golpe se viene todo abajo»⁷⁰.

Si bien varios asentamientos campesinos en la comuna de Los Lagos siguieron funcionando por dos o tres años después del golpe, la realidad que caracterizó el trabajo y las relaciones de los campesinos en este sistema de tenencia de tierra sufrió abruptas transformaciones. En un breve tiempo comenzó a desarticularse la organización sindical, se originaron cambios en los funcionarios de la CORA y en los dirigentes de asentamientos. Sumado a todo esto, comienza a efectivizarse la asignación de tierra de manera individual, lo cual produjo entre los asentados un hondo desconcierto, puesto que la falta de apoyo por parte del Estado los dejó entregados a su suerte, sin tener acceso a créditos para continuar produciendo sus predios y sin asistencia técnica, dificultando gravemente las posibilidades de gestión adecuada de sus tierras. Esta situación los llevó a desprenderse de aquello por lo cual tanto habían luchado: la tierra. Así lo recuerda don Santiago Acuña, exfuncionario de la CORA, al contarnos que: «A poco andar un alto porcentaje de parceleros vendieron sus tierras y emigraron a la ciudad, pasando a engrosar los bolsones de pobreza, miseria y cesantía.⁷¹ Así, los campesinos asignatarios de la comuna de Los Lagos, en su mayoría, se vieron en la necesidad de vender su tierra, si bien algunos todavía conservan unas hectáreas de lo asignado, muchos de ellos debieron desprenderse de la totalidad de su parcela por no contar con el apoyo financiero requerido y de la ayuda técnica y preparación personal que necesitaban. Ciertamente, esta situación provocó en muchos casos una desvinculación con la vida del campo, como también pérdida de identidad.

Conjuntamente con los cambios producidos en la tenencia de tierra en la comuna de Los Lagos, durante los primeros años de dictadura se reprimió violentamente la organización sindical campesina; los dirigentes de sindicatos fueron apresados y violentados física y psicológicamente. En efecto, una vez que el gobierno socialista de Salvador Allende es derrocado, la dictadura deja caer toda su violencia hacia los sectores rurales, elevándose a miles las muertes en el campo. «Campesinos activistas, dirigentes sindicales, beneficiarios de la reforma agraria e indígenas fueron las víctimas principales en la represión llevada a cabo por la dictadura en el campo»⁷². Según nos relató don Santiago Acuña, exfuncionario de la CORA, en la comuna de Los Lagos, «se desata una represión generalizada a campesinos, destruyendo el sindicalismo en el campo, declarando ilegales a los sindicatos y federaciones, reprimiendo la ardua labor realizada por los dirigentes campesinos en aquellos años»⁷³.

La represión ejercida específicamente en la comuna de Los Lagos, se puede ejemplificar a través de la experiencia que tuvieron los campesinos asentados del asentamiento Pancul, donde un número de entre 10 a 16 campesinos son detenidos y llevados a prisión. En un primer momento fueron detenidos y torturados en la Comisaría de Los Lagos y posteriormente son trasladados a la cárcel Isla Teja de Valdivia. De los siete campesinos entrevistados, cuatro de ellos estuvieron en prisión a lo menos ocho meses, mientras el subdelegado comunal estuvo en prisión por más de cuatro años. Sin duda que los testimonios de aquellos que sufrieron la represión de la dictadura impactan profundamente, puesto que al preguntar sobre la intervención de la dictadura en el proceso de Reforma Agraria, son rememorados con precisión aquellos duros y amargos episodios.

De este modo, el proceso conocido como «contrarreforma agraria», propiciado y conducido por la dictadura, vino a generar un hondo desconcierto entre aquellos que estaban viviendo uno de los procesos más trascendentes de Chile. Todos los avances hasta ese momento conseguidos fueron frenados por la dictadura militar, avances tanto a nivel de la redistribución de la propiedad de la tierra, como también lo conseguido en términos de organización sindical, provocando inevitablemente un fuerte remezón en las vidas de los campesinos y dirigentes. El temor, la angustia y la incertidumbre se apoderaron de ellos, mientras la violencia y la represión cayó especialmente sobre los dirigentes y defensores de la Reforma Agraria. En múltiples casos, aquel tan anhelado sueño de ser beneficiado con un pedazo de tierra, se vio truncado.

En este sentido, la situación antes expuesta provoca una pérdida de identidad campesina, al verse desvinculados de la vida en el campo, sobre todo entre los que quedaron fuera del proceso de parcelación y debieron buscar nuevas oportunidades, migrando en este caso a la ciudad de Los Lagos, donde claramente tuvieron que sortear grandes dificultades como la falta de apoyo y la presencia de escasas fuentes de trabajo.

Aun así, en el día de hoy sigue existiendo entre los excampesinos asentados y exdirigentes campesinos un fuerte apego a la tierra, a las actividades que en este espacio se realizan, mientras la Reforma Agraria es recordada como un proceso que marcó sus vidas y la vida de la comuna misma, formando parte de la historia y la memoria individual y colectiva de este territorio.

A modo de conclusión

Desde la perspectiva de la R.A., los años sesenta-setenta constituyen una manifestación de la presencia de un gran florecimiento de la conciencia humana, cansada de la injusticia y la desigualdad con que hasta ese momento se había construido la historia. Conciencia activa, que se mostró dispuesta, comprometida y políticamente decidida a construir lo contrario, es decir, justicia e igualdad social en la tierra.

Más allá de las conveniencias político-económicas y de los temores sociopolíticos del momento –todos muy reales–, podemos apreciar en aquellos grupos que emprendieron la tarea de la R.A. por la vía legal-estatal, la presencia de una íntima convicción acerca de la necesidad y la urgencia de poner límite a la opresión del hombre por el hombre, tal como se daba ancestralmente en la tierra de Chile/América. Sobre este fundamento ético y en este horizonte de sentido, en el lapso de tres gobiernos sucesivos, que representaron a los tres espectros políticos existentes en Chile, la R.A. fue realizándose como un proceso que encarnaba y portaba en sí aquella voluntad política amplia y consensual. Intentando superar los intereses particulares de una clase privilegiada, la R.A. se puso en marcha, en la década de 1960 hasta septiembre de 1973, en pos de la construcción de una nueva nación, desde la justa distribución de la propiedad agraria y desde la voz de aquellos más silenciados de la Tierra.

Desde esta perspectiva procesual, hemos querido comprender el fenómeno de la R.A.-UP como parte de este proceso ampliado que, en tres etapas sucesivas, fue preparando al Estado chileno y entregándole las herramientas legales e institucionales necesarias para acometer, con toda legitimidad política, dicha tarea histórica. Es así que, como tercer momento del proceso de Reforma Agraria, la R.A.-UP contó con el terreno legal e institucional preparado y el proceso de reforma iniciado, pudiendo realizar, desde este doble puntal, la finalización y culminación de la tarea y misión comprometida, desde los años sesenta, por el Estado chileno ante la sociedad y la historia.

Cuando hablamos de finalización y culminación nos referimos a la continuación y cumplimiento total de la tarea de las expropiaciones según mandato de la ley, a lo largo y ancho del territorio nacional, así como a la ampliación de la participación y organización del campesinado a través de los Consejos Comunales Campesinos, abarcando más allá del campesino-reformado y del sindicato campesino, a todos los sectores y rostros del campesinado, quien se constituía en el sujeto-eje articulador de la participación de los diversos grupos sociales no patronales de los territorios, comunas y localidades del país. La R.A.-UP fue el momento en que el «campesinado» fue visualizado como «sujeto» autónomo, en y por sí mismo, siendo apoyado institucionalmente por el Estado para construirse como «poder campesino» propiamente tal, capaz de diseñar sus propias políticas y de decidir sus formas de relacionarse y sus modelos de trabajo, incluyendo a todas las figuras del campesinado territorialmente configurado y cooptando a otros grupos sociales aledaños. Se llevaba, así, a cabo una histórica inversión del secular pacto Estado-clase terrateniente, hacia un pacto Estado-campesinado, que suponía el reconocimiento del campesino como sujeto con plena soberanía: acto de «inversión» de pacto que, sin duda, constituía un fenómeno revolucionario por sí mismo; revolución que aún vive en la conciencia herida de sus testigos y protagonistas.

En definitiva, a través de esta culminación histórica que adquiría la Reforma Agraria como organización y poder campesino, se ponían los fundamentos en Chile de una Democracia Social y Territorial ampliada, llamada a transformar, desde la base misma, el régimen político y social en Chile. Democracia Social Territorial que era una clara manifestación de que la R.A.-UP, lejos de dar paso a una centralización-estatización de la reforma y del agro, generaba una amplia democratización social que irradiaba hacia todos los territorios del país, descentralizándolos desde la voz y el mentón levantado de los otrora oprimidos, quienes poco a poco supieron nombrar, a cielo abierto, sus derechos, sus proyectos y sus sueños.

El golpe militar-civil de 1973 y el terror institucional que ello desencadenó fue la violenta vía política-institucional utilizada por las clases terratenientes y la derecha económica y política para la interrupción de este proceso. Violencia a través de la cual se violaron, una vez más, los derechos humanos y la vida de los campesinos y, en segundo lugar, se violó la legalidad vigente en materia de Reforma Agraria, la cual había sido fruto de un largo proceso de concordancia política nacional: es decir, se violó la soberanía ciudadana chilena propiamente tal. En suma, dicha violencia estatal-civil violó el amplio consenso histórico alcanzado en vista de levantar un pacto Estado-Pueblo/campesino para la construcción de un proyecto de nación inclusiva, justa y democrática. A través de la liquidación del proceso de R.A., se involuciona históricamente y se regresa al pacto Estado-clase propietaria y terrateniente, violándose la propia nación.

El campesinado chileno, una vez más, con el despliegue de todas las armas de hierro, fue violentado y engañado por el propio Estado que, días antes, en nombre de la Ley, lo liberaba…; la nación chilena, era así negada e imposibilitada de ser y de construir su democracia o su sociedad como «comunidad».

Somos sobrevivientes de esta violación, cuyo acto de pedofilia política construye nuestra sociedad hace cuarenta años. Ha llegado ya el tiempo propicio para la apertura de su caso, de su revisión y reparación. Así lo anhelan los campesinos que sufrieron directamente sobre sus cuerpos la violación; así lo espera la nación que aún busca su «comunidad» y su «democracia».

Es la tarea de la nueva generación que ya está abriendo la alameda de su conciencia.

Niebla, octubre, 2013

³ Este texto surge del interés suscitado y el conocimiento histórico generado sobre el problema de la tierra y la cuestión campesina en Chile a partir del Proyecto Fondecyt Nº ١١١٠٢٨٥, actualmente en curso, titulado «Cuestión campesina y políticas sociales rurales en el Frente Popular y gobiernos radicales, Chile, 1936-1952». Asimismo, el punto 5 de este texto ha surgido de la tesis de grado de autoría de Flor Recabal, titulada, «Campesinos del área reformada en la comuna de Los Lagos durante la Unidad Popular: memoria de algunos de sus protagonistas», Tesis de Grado para optar al título de Profesora y al grado de Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013.

⁴ M. Angélica Illanes es doctora en Historia y académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile. Flor Recabal es profesora y licenciada en Historia y Ciencias Sociales de Universidad Austral de Chile y colaboradora docente en el Instituto de Historia y Ciencias Sociales, UACH.

⁵ «Defenderemos las fronteras económicas de la patria. La Reforma Agraria, hecho irreversible», Discurso de Salvador Allende en Talca el sábado 6 de marzo de 1971, La Nación, 13 de marzo de 1971.

⁶ Programa Básico del Gobierno de la Unidad Popular, aprobado por los partidos integrantes de la coalición Unidad Popular el 17 de diciembre de 1969, Santiago, p. 12.

⁷ Al respecto, habría que mencionar, entre otros, a: Moisés Poblete, La reforma agraria en América Latina (Santiago: Andrés Bello, 1961); Brian Loveman, Struggle in the countryside. Politics and rural labor in Chile, 1919-1973, (Bloomington, Ind., 1976); M. Antonieta Huerta, Otro agro para Chile. La historia de la Reforma Agraria en el proceso social y político (CISEC, CESOC, Santiago: 1989); José Garrido (editor), Historia de la Reforma Agraria en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1988); Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena (Santiago: LOM, DIBAM, 2009); Francisco Vío, Resistencia campesina en Chile y en México (Consejo de Educación de Adultos de A.L. [CEAAL], 1990); José Bengoa, Haciendas y campesinos. Historia social de la agricultura chilena, SUR, 2 tomos, Santiago, 1988 y 1990; Jacques Chonchol, El desarrollo de América Latina y la reforma agraria (Santiago: Editorial Pacífico, 1964); Rafael Moreno, Sin reforma agraria no hubiese sido posible (Santiago, 2013).

⁸ Ver José Bengoa, Historia del pueblo mapuche (Santiago: SUR, 1987).

⁹ Sobre la problemática de la expulsión jesuita en Chile, ver Herman Schwember, Las expulsiones de los jesuitas (Santiago: Comunicaciones Noroeste, 2005).

¹⁰ Ver José Bengoa, Historia del pueblo mapuche, op. cit.; Fernando Silva, Tierras y pueblos de indios en el Reino de Chile (Santiago, 1962); M. A. Illanes, Chile Des-centrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (Santiago: LOM, 2004).

¹¹ Sobre este tema, Luis Berger, «La matanza de colonos de Loncoche. Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra en el sur de Chile., 1910», Ponencia ADHILAC, Buenos Aires, 3013, inédito.

¹² Sobre la crítica de comienzos de siglo xx acerca del sistema agrario en Chile, ver Tancredo Pinochet-Le Brun, «Inquilinos en la hacienda de Su Excelencia», Antología Chilena de la Tierra (Santiago: 1970), 81-112.

¹³ Ver al respecto, Brian Loveman, Struggle in the countryside, op. cit

¹⁴ M. Grove, Reforma agraria. La tierra para el que la trabaja (Santiago: Departamento de Publicaciones, Secretaría Nacional de Cultura, 1939).

¹⁵ M. Angélica Illanes, «Despertar campesino-desalojo patronal. Chile, 1936-1950», artículo en elaboración, Proyecto Fondecyt Nº 1110285.

¹⁶ El área afectada por la aplicación de la Ley de R.A. de Alessandri «fue de aproximadamente 60.000 has., de las cuales 40.000 pertenecían a una propiedad del Estado, la Hacienda Mariposas de Talca. Del resto, 18.000 has. fueron adquiridas de propietarios privados y 2.000 has. fueron transferidas a la CORA», Francisco Vío, op. cit, 157 y 175.

¹⁷ Artículo 3 de la Ley 15.020 de 1962. Citado en José Garrido, op. cit., 116.

¹⁸ Asimismo, «la ley de inamovilidad estableció un procedimiento de despido tan complejo… que se hizo difícil despedir a un trabajador sin gastar una gran cantidad de tiempo y dinero. Además, los patrones debían pagar un impuesto para financiar las actividades de los sindicatos rurales». Como resultado, en 1967 se formaron 262 sindicatos rurales con un total de 50.309 miembros; en 1970 dichos sindicatos alcanzaban el número de 483, los que agrupaban un número de 140.292 miembros. Citado en Francisco Vío, op. cit., 159.

¹⁹ Chile, Ministerio de Agricultura, Ley de Reforma Agraria Nº 16.640, citada en F. Vío, op. cit., 121.

²⁰ En la administración de Frei Montalva se expropió un total de 1.388 propiedades, equivalentes a 3.564.553 has., beneficiándose 29.567 campesinos, mayoritariamente inquilinos y voluntarios.

²¹ Este proyecto de ley lo presentó el senador demócratacristiano Patricio Aylwin. José Garrido, op. cit., 126.

²² El número de fundos expropiados durante el gobierno de Salvador Allende, entre diciembre de 1970 y 1972, alcanzó a un total de 3.282, equivalentes a un total de 5.296.756 has. Citado en F. Vío, op. cit., 167.

²³ El número de trabajadores agrícolas sindicalizados se duplica, aumentando de 103.643 en 1969 a 216.219 en 1972. C. Kay, «La participación campesina bajo el gobierno de la UP», Revista Mexicana de Sociología, (abril-junio, 1974), citado en F. Vío, op. cit., 166.

²⁴ EL INDAP fue creado por Ley Nº 15.020, de Reforma Agraria del 27 de noviembre de 1962, promulgada por el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, a partir de la transformación del Consejo de Fomento e Investigación Agrícola (1953) en el INDAP. El INDAP fue creado para apoyar a la pequeña agricultura, en el marco de la esta ley, que formulaba una política de impulso a la producción agropecuaria, permitiendo el acceso a la propiedad de la tierra a quienes la trabajaban (www.wikipedia).

²⁵ A pesar de que la 2da. Ley de R.A. se aprobó recién en 1967, el gobierno D.C. comenzó a realizar expropiaciones con la 1ra. Ley Alessandri 15.020 de 1962.

²⁶ Jacques Chonchol, «Poder y Reforma Agraria en la experiencia chilena», Conferencia dictada en el Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO) de la Universidad de Chile, el 18 de junio de 1969, en: Cuadernos de la Realidad Nacional, Nº 4 (Santiago, junio 1970), 50-60.

²⁷ Ibíd., 73-79.

²⁸ Ibíd., 80-82.

²⁹ Ibíd., 84.

³⁰ Programa básico de gobierno de la Unidad Popular, op. cit, 21-22.

³¹ «Resolución del Gobierno: acelerar expropiaciones», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de febrero, 1971, 12.

³² «Expropiar todos los latifundios antes del próximo año agrícola: tarea de los servicios del agro», Poder Campesino, ibíd., 5.

³³ «La reforma agraria llegó por fin a Ninhue», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de febrero, 1971, 10.

³⁴ Poder Campesino Nº 7, Santiago, abril, 1971, 8-9.

³⁵ «Se entenderá por contrato de mediería o aparcería aquel en que una parte se obliga a aportar el uso de una determinada superficie de terrenos y la otra el trabajo para realizar cultivos determinados, con el objeto de repartirse los frutos o productos que resulten…». Decreto Ley 993, del 24 abril de 1975; decreto que quitó los beneficios para los medieros estipulados por el proyecto de Allende.

³⁶ «Los medieros también son de la clase trabajadora», Poder Campesino, Nº 7, Santiago, 1971, 5.

³⁷ «Estas son las modificaciones a los contratos de mediería», Ibíd. En dicho proyecto de Ley se establecía: «que todas las formas de medierías o aparcerías […] constituyen un contrato de trabajo. Los medieros o aparceros a que ellas se refieren, tienen la calidad de obreros agrícolas y los cedentes tienen el carácter de patrón respecto de aquellos». El proyecto especificaba que: «las medierías hortícolas, de leña, carbón y pecuarias (deberán) sujetarse a las siguientes normas especiales: a) el mediero tendrá derecho a recibir, a lo menos, el 50% de los productos o su valor y b) el cedente tendrá la obligación de pagar las imposiciones previsionales al mediero, sin derecho a reembolso». Firman: S. Allende y J. Chonchol.

³⁸ «Gigantesco complejo maderero será creado en Panguipulli», Poder Campesino Nº 7, Santiago, abril 1971, 12-13.

³⁹ «En mayo empezarán las asignaciones de tierra» y «Rápida toma de posesión de predios expropiados», Ibíd.

⁴⁰ «Allende pone en su lugar a un senador de la DC», Ibíd., 10-11.

⁴¹ Susana Bruna, op. cit., 122.

⁴² Palabras de Allende en «Real participación de los campesinos en la campaña», Poder Campesino, N° 7, Santiago, abril, 1971, 9.

⁴³ Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena de enero, 1971, 3.

⁴⁴ «Los Consejos se formarán por las bases campesinas», Ibíd.

⁴⁵ «UP reafirma posición frente a R.A.», Poder Campesino, 2da. quincena de febrero, 1971, 3.

⁴⁶ Ibíd.

⁴⁷ «Consejos Comunales Campesinos se constituyen en Cautín», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena enero 1971, 6.

⁴⁸ «Constituido CC de Carahue», Poder Campesino, Santiago, 2da. quincena enero 1971, 14.

⁴⁹ «Constituido el Consejo Comunal de Temuco», La Nación, 30 de marzo, 1971

⁵⁰ Palabras de Zila Branco, funcionaria de ICIRA. «La unidad hace la fuerza», La Nación, Santiago, 1º de junio, 1971, 2.

⁵¹ «Primer Encuentro de los Consejeros Campesinos Comunales de Cautín», La Nación, 30 de marzo, 1971.

⁵² «Cautín: primer paso», La Nación, ibíd.

⁵³ Palabras de Salvador Allende, «Real participación de los campesinos en la campaña», Poder Campesino, Nº 7, Santiago, abril 1971, 8-9.

⁵⁴ «La producción será el motor del Chile Nuevo», Poder Campesino Nº 7, Ibíd.

⁵⁵ «Confederación del Agro: nuestros intereses son los de la clase trabajadora», Ibíd.

⁵⁶ «Trabajadores del agro firmaron compromiso para producir más», Ibíd.

⁵⁷ Ibíd.

⁵⁸ Palabras de Osvaldo González, presidente del Asentamiento de Huiticalán en Aculeo (42 familias, 218 hectáreas), «Asentados de Huiticalán preparan sus tierras para hacerlas producir», Ibíd., 10-11.

⁵⁹ Este escrito (punto Nº 5 de este texto) es de autoría de Flor Recabal Vega y está basado en la Tesis de Grado de su autoría titulada, «Campesinos del área reformada en la comuna de Los Lagos durante la Unidad Popular: memoria de algunos de sus protagonistas», Tesis de Grado para optar al título de Profesora y al grado de Licenciada en Historia y Ciencias Sociales, Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, Valdivia, 2013.

⁶⁰ Jorge Fuentes Espinoza, entrevista realizada en Los Lagos el 7 de octubre de 2012.

⁶¹ Manuel Quilaqueo, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de septiembre de 2012.

⁶² Evaristo Barra Ibáñez, entrevista realizada en Los Lagos el 4 de junio de 2012.

⁶³ Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de junio 2012.

⁶⁴ Manuel Quilaqueo, entrevista realizada en Los Lagos, el 9 de septiembre de 2012.

⁶⁵ Jorge Fuentes Espinoza, entrevista realizada en Los Lagos, el 7 de octubre de 2012.

⁶⁶ Francisco Guajardo, subdelegado comunal durante el gobierno de la Unidad Popular, entrevista realizada en Los Lagos el 29 de mayo de 2012.

⁶⁷ Alberto Chacón, entrevista realizada en Los Lagos el 2 de octubre de 2012.

⁶⁸ Rodolfo Rojas, entrevista realizada en Los Lagos, el 1 de junio de 2012.

⁶⁹ Joel Leal, entrevista realizada en Los Lagos el 31 de agosto de 2012.

⁷⁰ Alberto Chacón, entrevista realizada en Los Lagos el 22 de octubre de 2012.

⁷¹ Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 28 de agosto de 2012.

⁷² Cristóbal Kay, «Estructura agraria y violencia rural en América Latina». Revista Sociologías N° 10, Porto Alegre (2003): 223.

⁷³ Santiago Acuña, entrevista realizada en Los Lagos el 28 de agosto de 2012.

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