Ayotzinapa

y la crisis política de México

(Testimonio)

Ayotzinapa

y la crisis política de México

Javier Balladares Gómez/Yared Elguera Fernández

(Compiladores)

CoNtRaStE

Primera edición electrónica, 2016

© Javier Balladares Gómez, © Yared Elguera Fernández

© Contraste Editorial S. A. de C. V.

I. Ramírez 4, Chilpancingo, Guerrero, 39000

www.contrasteed.jimdo.com

Contacto: contrasteeditorial@hotmail.com

Diseño de portada: © Arq. Juan Carlos Rendón Alarcón

Imagen de la portada: detalle en blanco y negro del cuadro “Procesión y retorno” de René Villalobos

eISBN 9786079612078

Reservados todos los derechos conforme a la ley

Hecho en México

“El dios-maíz, el dios-flor, el dios-agua, el dios-sangre, la Virgen, ¿todos se han muerto, se han ido, cántaros rotos al borde de la fuente cegada?

¿Sólo está vivo el sapo,

sólo reluce y brilla en la noche de México el sapo verduzco,

sólo el cacique gordo de Cempoala es inmortal?”

Octavio Paz

(El cántaro roto, 1955)

“Todo es andar a ciegas, en la

fatiga del silencio, cuando ya nada nace

y nada vive y ya los muertos

dieron vida a sus muertos

y los vivos sepultura a los vivos.

Entonces cae una espada de este cielo metálico

y el paisaje se dora y endurece

o bien se ablanda como la miel

bajo un espeso sol de mariposas”

Efraín Huerta

(El Tajín, 1963)

Contenido

Presentación

Debilidades democráticas, Sergio Pérez Cortés

Guerrero y el régimen político mexicano, Jorge Rendón Alarcón

Es el Estado. Soberanía y normalidad, Javier Balladares Gómez

Iguala: Imperio de la excepción… y la (a)norma, Roberto Hernández López

Ayotzinapa y la crisis de legitimidad institucional, Alejandro Nava Tovar

La injusticia de Ayotzinapa,

una consecuencia de las relaciones de poder en México, Yared Elguera Fernández

México y la gente sin historia, Zaida Olvera Granados

Ayotzinapa y el cercamiento de los comunes, Ricardo Bernal Lugo

Ayotzinapa y México, México y Ayotzinapa, Mario Rojas Hernández

Los autores

Presentación

Los acontecimientos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero —que dejaron un saldo oficial de seis personas asesinadas, veintisiete heridos y la desaparición de 43 estudiantes de la “Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa—, han sido la razón de una serie de manifestaciones, demandas políticas y de justicia en los últimos meses. Esos acontecimientos han indignado a todo aquel que ha tenido conocimiento de ellos, pero también nos han interpelado a dar cuenta de su significado. Por ello, consideramos que es de vital importancia detenernos a pensar en lo que ha ocurrido en nuestro país. A este llamado ha respondido una serie de profesores y estudiantes de posgrado en filosofía de diversas universidades mexicanas, quienes se han dado a la tarea de reflexionar y dar inteligibilidad a los eventos de violencia que tocan hoy en día al país. La intención no es ofrecer la posición filosófica sobre el tema, sino comenzar a reflexionar desde distintas posiciones filosóficas sobre lo que ha ocurrido. Consideramos no sólo que desde la filosofía se puede decir algo al respecto, sino que este tipo de hechos son el motor de reflexión del pensamiento filosófico. Nuestra intención es dar los primeros pasos en esa dirección.

Ha pasado más de un año desde que los 43 estudiantes normalistas se encuentran desaparecidos, y en este lapso de tiempo mucha información se ha hecho pública. Los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) han sido muy valiosos para los interesados en reflexionar acerca de este tema. Desafortunadamente los autores de los artículos aquí recopilados -por el momento en que han escrito sus colaboraciones- no han tenido acceso a esa investigación del grupo que ha surgido del acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas de Ayotzinapa y el Estado mexicano. La investigación judicial no ha concluido aún. Cada semana, cada mes, se hacen públicos nuevos elementos que permiten agregar y acumular información acerca de lo que ha tenido lugar en Iguala. Sin embargo, lejos de brindarnos tranquilidad o de dar por cerrado nuestro conocimiento acerca del caso Ayotzinapa, este cúmulo de información nos obliga a darle algún sentido, pues el caso Iguala no es un caso aislado; éste no es únicamente la serie de hechos sucedidos la noche del 26 de septiembre, sino todo el proceso que dio lugar a ese acontecimiento. En cierto modo, Iguala es el síntoma de la descomposición del ejercicio del poder político y gubernamental. La arbitrariedad del ejercicio del poder público en nuestro país parece desbordar cualquier principio ético, jurídico y normativo. Considerando esto, la pregunta sobre los fundamentos del poder resulta plenamente pertinente: ¿a qué categorías hemos de recurrir para pensar el problema del ejercicio de la política?, ¿cómo dar cauce racional a los sentimientos provocados por el terrible crimen de 2014 y demás hechos que dan cuenta de la crisis política de México? Estas son preguntas ineludibles hoy para todo aquel que se ocupa de la filosofía política.

Las reflexiones aquí presentadas comienzan con el artículo “Debilidades democráticas”, de Sergio Pérez, quien busca dar cuenta de la racionalidad implicada en la violencia que se ha desatado en nuestro país en las últimas décadas. La respuesta a las razones de esta violencia, nos dice el autor, no debe centrarse únicamente en los agentes que la ejercen. Sí, los grupos de narcotraficantes han destruido la vida civil pacífica allí donde se establecen, pero lo que hay que preguntarse es ¿cómo fue posible su establecimiento?, ¿cuáles fueron las condiciones que lo permitieron? La fragilidad y debilidad de las instituciones democráticas han de ser puestas en primer plano para hacer inteligible no sólo que Ayotzinapa haya tenido lugar, sino toda una serie de problemas presentes en nuestra sociedad. No se trata de centrarse en los procedimientos formales de elección de autoridades, sino del ejercicio de la soberanía popular a través de sus instituciones. Sólo fortaleciendo esas instituciones es que resulta posible pensar en una solución que no sea peor que la enfermedad.

Por su parte, Jorge Rendón busca dar cuenta de la situación de Ayotzinapa y del estado de Guerrero a través de un rastreo histórico de la situación en aquella región. “Guerrero y el régimen político mexicano” muestra que la serie de acontecimientos violentos y de problemas en Guerrero no se encuentran desvinculados ni son productos del azar o de la mala fortuna, sino que son resultado de los contenidos mismos del régimen político mexicano. El despotismo, el ejercicio arbitrario de los poderes públicos, la corrupción, la impunidad, etc., no son sino aspectos de una estructura política ilegitima, de la inexistencia de un Estado de derecho. La historia de caciques, gobernadores destituidos, etc., son el síntoma de esta ilegitimidad. La pregunta filosófica que problematiza la legitimidad y forma del Estado de derecho muestra su pertinencia no sólo académica o jurídica, sino que apunta justo en la sustancia del problema del poder político y su desempeño social, es decir, remite al modo en que vivimos y nos vinculamos como sociedad.

En ese mismo orden de ideas Javier Balladares, en su artículo “Es el Estado. Soberanía y normalidad”, toma como punto de partida la consigna “Fue el Estado” surgida en las manifestaciones políticas de finales de 2014 para señalar que, en efecto, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa no es reductible a un mero caso judicial. Sí, se trató de un crimen terrible, pero lo que esto devela no es sólo la violación de la ley, sino la ilegitimidad de algunas instituciones del Estado mexicano. Utilizando a la soberanía como categoría filosófico-política, Balladares busca dar cuenta de esa ilegitimidad no mediante un enjuiciamiento extrínseco al funcionamiento de algunas instituciones del Estado, sino dando seguimiento precisamente a su modo de operar. La soberanía no es solamente la centralización del poder político, sino primordialmente el establecimiento de un espacio de normalidad en el que el ciclo de la ley se establece y funciona (i.e. permitiendo que cada violación de la misma sea castigada). ¿Qué significa que un Estado no castigue los crímenes? Justamente que no existe esa normalidad necesaria para una vida regulada por la ley.

Por su parte, Roberto Hernández en “Iguala: Imperio de la excepción… y la (a)norma” da cuenta de un enfoque distinto de la soberanía. Guiado por la obra de Giorgio Agamben y su tesis del estado de excepción (exclusión-inclusión originaria), Hernández reflexiona sobre si los hechos de Iguala pueden considerarse propios de un estado de excepción, en el sentido dado por el filósofo italiano. El artículo problematiza tres aspectos de los hechos relacionados con la desaparición de los estudiantes: 1) La excepcionalidad de los normalistas, en tanto que se encuentran al mismo tiempo incluidos y excluidos de las instituciones del Estado; se trata de dar cuenta de la anormalidad civil en que se encuentran los mismos; 2) El abandono de Iguala, es decir, la puesta a merced de los normalistas a la precariedad que hizo posible el crimen mencionado. Esos crímenes no son accidentales, sino que ocurren en un horizonte preciso; y 3) la vinculación de la nuda vida y los homo sacer de los normalistas de Ayotzinapa con otros más que hallamos en nuestro país. Para Hernández, los desaparecidos serían el rostro sin cuerpo de los más de 23 mil desaparecidos en poco más de ocho años.

El ensayo de Alejandro Nava es una reflexión en torno a las consecuencias políticas y culturales de lo sucedido en Iguala. El autor parte de la indignación por la desaparición de los normalistas para mostrar la tesis de que una injusticia extrema unifica la opinión pública en su defensa de los derechos humanos. A pesar de la relativización moral contemporánea, hay una universalidad que impide relativizar estos crímenes. El escepticismo y la indignación de la ciudadanía manifestada bajo la forma de protestas o de reclamos por el respeto a los derechos humanos implican, para el autor, una crítica al relativismo moral. Pero esta crítica tendrá una dimensión real sólo si se ven transformadas las instituciones jurídicas, sólo si ocurren cambios que den cuenta de esa universalidad de los derechos humanos y si éstos se integran al derecho positivo. Estos cambios implicarían, para Nava, la legitimación del Estado mexicano.

Por su parte Yared Elguera, en su artículo “La injusticia de Ayotzinapa. Una consecuencia de las relaciones de poder en México”, piensa el problema de cómo justificar los derechos humanos ante las relaciones de dominación presentes en toda sociedad moderna. Guiada por la teoría de la justicia inherentemente vinculada con los derechos humanos del filósofo alemán Rainer Forst, Elguera explora los contenidos de los derechos humanos con el modo en que éstos son justificados discursivamente. Tal aspecto formal debe ir acompañado de su elevación a norma jurídica. En tal sentido las demandas de justicia, argumentadas discursivamente, cuando llegan a ser norma jurídica subvierten las relaciones de poder que someten a partes de una sociedad. En tal medida, las demandas de justicia son demandas universales y no peticiones parciales de agentes particulares. Viendo las cosas de este modo, los derechos humanos deberían ser un contrapeso tanto a las relaciones de dominación como a los callejones sin salida del derecho positivo que permiten esa dominación. Y esa tarea es impuesta a los ciudadanos cuando casos como el de Ayotzinapa develan de manera incontrovertible la injusticia de las relaciones de poder y su estructura jurídica y política.

Otro aspecto importante es el de la memoria que Zaida Olvera busca problematizar en su colaboración. Ella parte de la memoria y la historia a propósito del modo en que las investigaciones del crimen de Iguala han tenido lugar. “México y la gente sin historia” intenta dar cuenta de las estrategias de olvido puestas en marcha a través de los intentos de “superar” la indignación. Para Olvera, se trata de implementar aquello que Nietzsche llamó historia monumental y que despoja a la gente de su historia. Zaida Olvera sostiene que esa historia monumental —una historia basada en estrategias de olvido que generan una memoria compulsiva— pretende imponerse sobre el testimonio de las víctimas. Este tipo de historia se contrapone a las estrategias de memoria que pueden mantener vivo el recuerdo, haciéndolo operativo en el presente. La historia viva es entendida como una reconciliación entre el pasado y el presente hecha posible por una memoria que, en lugar de olvidar y repetir, recuerda.

Además del problema de la memoria hay que pensar el caso desde el aspecto económico, pues este ámbito no es ajeno al conjunto de condiciones que provocaron el crimen de Iguala. Con “Ayotzinapa y el cercamiento de los comunes”, Ricardo Bernal nos propone reflexionar sobre los problemas implicados en una de las soluciones propuestas por el gobierno mexicano para salir de la crisis institucional y económica que provocó el caso Ayotzinapa. La creación de “zonas económicas especiales” busca impulsar la actividad económica en estados con altos índices de pobreza como Guerrero. Sin embargo, tras un análisis de lo que son esas zonas económicas especiales reconocemos no una solución, sino una radicalización del problema de la pobreza y la explotación, pues ellas, lejos de responder a los objetivos de un desarrollo económico sustentable para la población, responden a las necesidades del proceso de acumulación del capital. Finalizamos con un diagnóstico general de la crisis política, económica, cultural y educativa en México. “Ayotzinapa y México, México y Ayotzinapa” de Mario Rojas proporciona elementos para reconocer la magnitud de la crisis en la que se encuentra el país.

La intención al reunir estas colaboraciones es, por supuesto, pensar y dar elementos para entender lo que ha ocurrido en nuestro país más allá del aspecto judicial del caso. Pensar los aspectos político, jurídico y económico nos puede dar un marco para hacer inteligible lo que ha ocurrido. Ello, además, nos permite mostrar que las categorías filosóficas, si bien pueden dar la impresión de ser categorías alejadas del mundo político-social, en verdad son indisociables del mundo que habitamos. En este sentido, las siguientes reflexiones desde la filosofía sobre el caso Ayotzinapa buscan dar cuenta de la realidad no sólo del crimen de Iguala, sino de la crisis política de México.

Javier Balladares Gómez/Yared Elguera Fernández

Enero, 2016

Debilidades democráticas, Sergio Pérez Cortés

Desde el punto de vista de la violencia, nuestro país empezó a resentir un cambio profundo a partir del fin de la década de 1980 cuando los cárteles mexicanos incrementaron su presencia en diversas regiones. Su actividad se hizo sentir gradualmente, primero bajo la forma de delincuencia común pero extrema; luego, esta presencia se hizo más visible a medida que tomaron el control de algunas zonas y ciudades dejando al descubierto la complicidad de algunas instituciones políticas. Un nuevo tipo de criminal, con su forma específica de violencia, se asentó en el país. Este invitado indeseable encontró tierra fértil en la debilidad de nuestra vida pública y lo ha puesto todo a prueba: el poder coercitivo del Estado, el tejido social y la civilidad. Pero sobre todo puso en evidencia —ésta es nuestra tesis principal— la fragilidad de las estructuras democráticas de México.

La violencia del narcotráfico tiene ya más de tres décadas en el país dando muestra de una inhumanidad inadmisible. No obstante, Ayotzinapa es un suceso que cimbró a la sociedad, ciertamente por su brutalidad, pero sobre todo porque dejó al descubierto la complicidad de las instituciones de gobierno con la delincuencia, la incapacidad de los gobiernos estatal y federal, el contubernio de los partidos políticos. Nuestra tesis es que hizo patente la brecha que existe entre las instituciones políticas y la sociedad civil que dicen gobernar y, con ello, hacen ver las tareas del futuro próximo si el país desea mantener un régimen aceptablemente democrático y una vida pública tolerable. No hablaremos pues en este trabajo de “estado fallido”¹ o de “estado débil”, sino del pobre estado de la democracia y de la vida política en diversas zonas del país.

Los responsables del crimen

Cuando se le examina con cierto detalle, un suceso como Ayotzinapa revela que en la sociedad nada acontece por azar: en ese preciso momento confluyen condiciones políticas y sociales las cuales, sin quitarle su dramatismo, permiten hacerlo inteligible, mostrando que es la cima visible de problemas de mayor alcance. Veamos algunas de esas condiciones políticas. Como hoy sabemos, el Sr. José Luis Abarca, cuya carrera política se había iniciado como candidato independiente a la alcaldía de la ciudad de Iguala en las elecciones de 2012, recibió el apoyo de diversas organizaciones de izquierda, especialmente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), las cuales lo respaldaron bajo el demagógico lema de “Iguala nos une”; como resultado, el candidato obtuvo la presidencia municipal con el 39.7 % de los votos emitidos.² En una historia que se repite regularmente, el Sr. Abarca, originalmente un pequeño comerciante, acumuló en pocos años una fortuna considerable. Si se mira en retrospectiva, su gestión al frente del municipio se caracterizó por dos cosas: su corrupta opacidad económica y su violencia política: se acusa al Sr. Abarca de haber ultimado personalmente al Sr. Arturo Hernández Cardona, no sin antes pedir a otros cautivos que cavaran la tumba, una escena que cualquiera creería que pertenece a las viejas crónicas de la revolución mexicana.

Todo esto era conocido por las instancias estatal y federal,³ pero ante la complicidad de unos, la ineficiencia de otros y el desdén de todos, nada se había hecho. Entre todas las acusaciones destaca la que afirmaba que el Sr. Abarca tenía vínculos con los cárteles de la zona. Estos vínculos provenían de su esposa, la Sra. María de los Ángeles Pineda, candidata a sucederle en la alcaldía de Iguala, cuya familia tiene amplios antecedentes en el narcotráfico, incluido su padre acusado de ser un líder del grupo Guerreros Unidos, el grupo que se encargaría de la ejecución material de los jóvenes. Desde luego, nadie es responsable por los actos de los familiares cercanos, pero todo ello hace irrumpir la pregunta: en nuestra democracia, ¿quién controla al que gobierna?

Detengámonos en ello un momento: ¿cómo es posible que un país que se pretende democrático permita tal red de complicidades, tal abandono de los deberes de las instituciones judiciales y políticas? ¿Cómo puede un pequeño cacique local llegar a esos extremos de enriquecimiento e impunidad? La respuesta no es compleja: se encuentra en las formas de gestión pública del país. Sin duda, el municipio es una pieza esencial de la vida republicana en México cuyo propósito original es oponerse a una concentración excesiva del poder en los gobiernos estatal o federal. Desde el punto de vista formal el ejercicio de los derechos político-electorales está asegurado por instituciones que la sociedad ha construido laboriosamente: los procesos electorales son organizados y vigilados por el ostentoso Instituto Nacional Electoral y validados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero la democracia no se limita a una serie de procedimientos formales y requiere de un contenido real. Y aquí las cosas son diferentes. Seguramente un cierto número de municipios responde al propósito original de tener una forma de gobierno “popular”, pero en muchos otros, sobre todo en las zonas pobres del país, prevalecen los cacicazgos fácticos que permiten toda clase de complicidades. La participación democrática es “encauzada” por diferentes medios económicos y políticos, incluidas las amenazas; prevalecen las prácticas de compra de votos, de intercambio del ejercicio de los derechos políticos por bienes a menudo miserables. No es extraña la presencia del clientelismo y los cacicazgos personales y familiares como estuvo a punto de suceder en Iguala. Históricamente, los gobiernos locales y federal no sólo no han impedido estas prácticas sino que hasta la fecha son sus principales promotores.⁴ En nuestro país la democracia aún está luchando contra una doble pobreza: la material, que debilita el ejercicio libre del derecho a elegir, y la pobreza en la valoración que de sus derechos políticos hacen algunos ciudadanos. En estas condiciones, el ciudadano “virtuoso” al que se refieren algunas teorías de la democracia, tiene pocas posibilidades de aparecer.

Estas estructuras municipales, ya de suyo frágiles desde el punto de vista democrático, han sido sometidas a una dura prueba con la irrupción de los cárteles, mucho más poderosos económicamente y mucho mejor armados que cualquier autoridad local. Abandonados a sí mismos, los municipios tienen pocas posibilidades de resistencia. Los grupos de delincuentes no se proponen sustituir a las autoridades electas (lo que daría una dimensión enteramente distinta a sus actos); buscan más bien cooptarlas con dinero o someterlas si se resisten. Luego, ya no es sencillo distinguir entre una colaboración forzada y una complicidad abierta, pero la infiltración del narcotráfico es real y afecta toda la vida pública de la ciudad y de la región. Se comprende entonces la actuación de la fuerza pública de Iguala y Cocula: atenazada entre el poder del cacique local del que depende y la corrupción o la amenaza del narcotráfico, el poder coercitivo se disolvió, o mejor, se revirtió contra los ciudadanos. Esta perversión del uso de la fuerza pública es la prueba más patente de la ruptura de una sociedad con las instituciones que dicen gobernarla.

Si por democracia se entiende el procedimiento formal de elección de autoridades, entonces ésta se cumple. Pero si por democracia se entiende el ejercicio de la soberanía popular a través de sus instituciones, entonces ésta es una carencia, al menos en algunas regiones de México. Es por eso que los sucesos de Iguala han conducido a exigir una verdadera reforma constitucional que, sin alterar el espíritu republicano que anima al municipio, pueda hacer frente al estado de indefensión económica y social que lleva a los ciudadanos, a veces por propia iniciativa, a renunciar a sus derechos políticos. Naturalmente, el actual Estado mexicano no va tan lejos y ninguna reforma semejante está a la vista. Por ahora, una iniciativa presidencial propone simplemente eliminar las policías municipales en todo el país, especialmente en aquellas entidades más comprometidas con el narcotráfico. La figura del “mando único” es en realidad una forma de retirar al municipio el poder coercitivo de la violencia concentrándolo en el gobierno estatal y la policía federal. La solución es parcial pero el Estado mexicano no arriesga alterar la red de compromisos, poderes fácticos y caciques locales en la que descansa buena parte de su penetración en la sociedad. Por otra parte, tampoco es fácil: cualquier reforma requiere modificar diversos artículos de la Constitución a lo que se oponen algunos defensores de la vida republicana de nuestro país.

Si los sucesos hicieron visible la complicidad de las instituciones de gobierno, ellas no fueron las únicas culpables. En la elección del Sr. Abarca participaron diversas organizaciones de izquierda, especialmente su partido más importante. Por lo demás, a medida que los hechos eran revelados apareció un movimiento de auto-defensa por parte del PRD.⁵ Aún hoy, después de una comisión especial, ese partido no ha sido capaz de exponer los mecanismos internos de selección de candidatos y menos aún las fuerzas que intervinieron en el caso de Iguala. A la exigencia de desaparición de poderes en el estado de Guerrero, dada su incapacidad y su negligencia, la dirección nacional respondió dejando en manos del gobernador la decisión de continuar hasta que juzgara que resultaba imposible seguir “gobernando”. Finalmente, debió abandonar su cargo sin ninguna acusación en su contra y sin costo personal previsible. ¿Por qué un partido de izquierda lleva a puestos de representación popular a individuos de esta clase? La respuesta se encuentra en la situación actual de los partidos políticos en México.

Se ha llamado “transición a la democracia” al proceso que ha permitido a México dejar atrás 71 años de gobierno por parte de un único partido. Durante este período, los ciudadanos intercambiaron un período de estabilidad política y crecimiento económico contra el ejercicio de sus derechos políticos, cedido casi por entero al PRI. El camino para lograr recobrar esos derechos políticos ha sido arduo: antes de obtener la presidencia de la República en el año 2000, los partidos de oposición ganaron trabajosamente terreno haciendo frente al poder del Estado disfrazado de partido político. En esta transición naturalmente los partidos políticos, que son esenciales para la formación de una voluntad pública, debían jugar un papel preponderante; por ello la Constitución los ha declarado “instituciones de interés público”, es decir, reciben financiamiento del Estado. La cantidad de recursos que reciben los 10 partidos políticos con registro oficial es colosal: el año de 2015 equivale a 5,356 millones de pesos. Esta enorme suma se justifica bajo la consideración de que el financiamiento público es lo que ha permitido la existencia de una oposición real, capaz de competir ante el que fue un partido de Estado. Según los documentos oficiales, el financiamiento tiene como objetivos: fomentar la participación ciudadana, una mejor difusión de las propuestas de cada candidato e inducir un mayor involucramiento de la ciudadanía en la vida interna de los partidos.

No obstante el dispendio de recursos ninguno de estos objetivos parece alcanzarse. Aunque la legislación permite que los partidos políticos reciban ingresos adicionales, continúan dependiendo mayoritariamente del dinero público como consecuencia de su pobre penetración en la sociedad. Dentro de este financiamiento público, con el fin de asegurar un punto de partida equitativo, el 30% del presupuesto anual se distribuye de manera uniforme a cada uno y el restante 70% se distribuye de manera proporcional al número de votos recibidos en la elección precedente.⁶ Esta dependencia ha provocado tensiones internas porque agudiza la contradicción de que sus obligaciones democráticas sean derrotadas por la necesidad de obtener resultados electorales. La burocratización interna de los partidos políticos es un fenómeno antiguo que ha sido estudiado por teóricos de la democracia como Weber, Michels, Duverger u Ostogorski. La situación en nuestro país se agrava porque los recursos son administrados por los órganos directivos centrales, convirtiendo a la organización en una maquinaria burocrática y de empleo en la que la elección de los candidatos depende más de sus posibilidades de éxito que de su trayectoria política. Esto se hizo patente en el caso de Iguala: el PRD parecía dispuesto a continuar con el cacicazgo familiar prestando oídos sordos a toda clase de denuncias. El dispendio de recursos tampoco está cumpliendo el propósito de fomentar una mayor participación de la ciudadanía en la vida interna de esas organizaciones: por el contrario, hay una marcada tendencia a hacer carrera permanente por parte de pequeños grupos que se distribuyen periódicamente los puestos de elección popular. Hacer carrera pública con semejante botín en las manos es abandonar, de ser posible para siempre, el deslucido puesto de simple ciudadano. El resultado es que, entre todas las democracias de América Latina, México es el único país que no ha logrado una verdadera renovación de su clase política, que continúa con sus prácticas de enriquecimiento e impunidad. En nuestro país no se ha logrado crear un clima democrático de participación y esto debido a los obstáculos que erigen los mismos partidos que deberían asegurarla.⁷ Ciertamente no existe un modelo único que defina la organización democrática de los partidos, pero las particularidades de nuestra historia reciente provocan que los derechos de los ciudadanos no coincidan con su injerencia en las decisiones partidarias.

Los ciudadanos en nuestro país valoran los progresos de su democracia, incluidos los partidos políticos.⁸ Pero éstos no están cumpliendo con el papel de formadores de una voluntad popular. Los partidos políticos carecen de una visión a futuro para fortalecer la democracia en el país y viven en la coyuntura de su sobrevivencia privilegiada. Entre otras cosas, tampoco contribuyen a la educación democrática: en las campañas electorales presentes, en las que se acusan mutuamente de corrupción demostrable, el estrépito sustituye al contenido: la prueba es que los ciudadanos recibiremos en los meses de abril y mayo de 2015, por los oídos y la vista, la astronómica cantidad de 11.3 millones de mensajes promocionales, esto es, 92 000 horas de propaganda política por radio y televisión. El logro más grande al que aspiran no es una propuesta de gobierno sino superar la indiferencia ciudadana.

La actividad actual de algunos partidos políticos no fortalece sino que debilita la expresión de los intereses reales de la sociedad. Un índice de ello es una encuesta publicada recientemente por Transparencia Mexicana y que indica que 7 de cada 10 mexicanos no se sienten representados por sus diputados locales o federales. Como consecuencia, está generalizada la idea de que los partidos políticos reciben mucho más de lo que entregan a la sociedad. Esta profunda debilidad democrática se expresa igualmente en el hecho de que los “representantes del pueblo” ocupan el último lugar en la confianza ciudadana, por debajo incluso de la desprestigiada policía nacional. Esto, que afecta a todos, alcanza especialmente al PRD, el partido al que se deben algunos de los avances más significativos de la democracia nacional. Su reacción de autodefensa, su irresponsabilidad en la elección del Sr. Abarca, deja ver que ese partido se encuentra sumergido en mezquinos intereses de grupos internos cuyo oportunismo político condujo esta vez a resultados trágicos. Carente de autocrítica, este partido se ha visto fragmentado por la renuncia de sus líderes históricos, quienes consideran que la organización requiere de una refundación para reanudar su compromiso con las causas más progresistas del país. Por ahora, no hay indicios de semejante refundación y este sin duda es un serio riesgo para la democracia en México.

A pesar de todo, no deseamos dejar la impresión de que la sociedad mexicana sufre pasivamente esos males. Por el contrario, es una sociedad que gradualmente exige más de su vida pública y de sus instituciones. Los avances democráticos los ha obtenido en una lucha política frontal muchas veces contra las instituciones que dicen representarla. Los ciudadanos reclaman sus derechos por la vía institucional, pero si ella se muestra renuente, la resistencia no cesa y, como lo muestra la rabia homicida del Sr. Abarca, los ciudadanos son capaces de llegar hasta el heroísmo.

Las víctimas y su entorno

En un suceso cualquiera, especialmente si tiene una dimensión social, concurren factores de orígenes muy diversos, algunas veces originados en dominios muy lejanos de aquellos en los que tendrán repercusión. Las condiciones que hacen que un hecho suceda se forman en largos procesos de manera a veces imperceptible. Esto puede constatarse en Ayotzinapa donde, a las condiciones políticas ya referidas, se unen condiciones sociales que ayudan a explicar en buena medida lo sucedido: nos referimos a las formas que adoptan los conflictos sociales y las formas de marginación y desprecio social que aún perviven en el estado de Guerrero. Veamos.

Los jóvenes sacrificados provenían de una escuela normal rural. Diversos estudios⁹ nos han dado a conocer las características de estas instituciones que se afincan desde el momento de su fundación, poco después de la Revolución mexicana. Estas escuelas provienen de una de las grandes contradicciones de la sociedad posrevolucionaria, entre la ideología declarada y los actos reales de gobierno. Es una contradicción porque de un lado el afán modernizador de formar individuos preparados capaces de influir en sus comunidades de origen se estrella con un campo abandonado a las formas de producción y de poder político más arcaicas. Es normal entonces que los enemigos naturales de esos jóvenes sean los caciques locales, los comerciantes acaparadores y las compañías extranjeras que explotan los recursos de la zona, lo mismo que los gobiernos estatal y federal, que están muy lejos de cumplir con los ideales de libertad e igualdad que animaron el movimiento rural revolucionario del siglo XX. ¿Alguien puede sorprenderse de que ahí hayan surgido líderes importantes de la oposición más radical como los dos últimos guerrilleros históricos del estado de Guerrero, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez?

Debido a su ideología, la situación de estas escuelas normales se modifica de acuerdo a la orientación, liberal o conservadora, de los gobiernos federales. Considerada en el largo plazo, la existencia de esas escuelas es una anomalía respecto a los objetivos de la política educativa nacional. No solamente su matrícula se ha reducido sino que en el caso de los planteles más combativos se procede simplemente a su clausura.¹⁰ En este clima de tensión, las escuelas que sobreviven —como la de Ayotzinapa— deben movilizarse cada año mediante manifestaciones más o menos violentas para asegurar el presupuesto que permita su continuidad.¹¹ Tal tensión se expresa igualmente en las formas de manifestación a las que recurren: bloqueo de carreteras, recaudación forzada de dinero al ocupar las casetas de peaje en las carreteras,¹² saqueo de autobuses mercantiles. Todas estas estrategias conforman su arsenal de lucha: son simplemente delitos del fuero común, pero no son perseguidos: o bien son tolerados o bien son puntualmente impedidos sin ningún castigo por parte de las autoridades locales o federales. Tal situación no hace más que erosionar el ya débil Estado de derecho pero las autoridades, quizá íntimamente convencidas de su falta de legitimidad política, no ejercen ninguna acción jurídica, temerosas de agravar por la represión cualquier conflicto de apariencia menor. Estas derrotas del Estado de derecho son menores sólo en apariencia.

Esto es exactamente lo que sucedía la noche del 26 de septiembre de 2014. Aunque las condiciones generales del suceso ya estaban puestas, también intervino una cierta dosis de contingencia: sólo uno de los autobuses de estudiantes tomó la ruta hacia la ciudad de Iguala: eran sobre todo estudiantes de primer año que así recibían una suerte de “iniciación política” por parte de los más veteranos de la escuela. Visto a la distancia hay una nota trágica en que las víctimas se dirigían hacia una trampa compuesta por todo un tejido de complicidades: desde su arribo a la ciudad el autobús estaba siendo vigilado por los “halcones”, es decir, cómplices en pequeño que por sumas insignificantes forman un cinturón de protección a los grandes delincuentes. Uno de ellos, que además de pertenecer a la delincuencia trabajaba para la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad, telefoneó a la policía local, al presidente municipal y de paso a la policía de la vecina ciudad de Cocula. A cada particular esta complicidad parece no presentarle problemas éticos, pero sus actos minúsculos acaban contribuyendo a las grandes tragedias: cada uno antepone sus beneficios personales poniendo en peligro la vida pública de todos, lo que indica el poco valor que conceden a ésta. El alcalde, quien tenía razones para temer la presencia de los estudiantes, ordenó detenerlos a cualquier precio. Los alumnos fueron baleados, algunos encerrados en el autobús, y otros más que habían podido escapar rompiendo la ventanilla de emergencia, en la calle; los disparos alcanzaron ahí a una mujer y a un joven deportista que se encontraban casualmente en el lugar: ambos murieron, con esa muerte circunstancial que deja a cada uno la sensación de que en este país la vida pende de un delgado hilo que el azar puede romper.

La orden de disparar no puede ser comprendida sin este trasfondo de encono político, pero también del origen de los estudiantes, de su situación social. En el estado de Guerrero la confrontación en las calles es frecuente, con la impunidad de unos y de otros, pero además esta vez se trataba de estudiantes pobres de origen campesino. Esa orden brutal de asesinar no está exenta del desprecio racista que sufren los campesinos más pobres del país. Es difícil imaginar esa orden y su cumplimiento si estuviera dirigida contra otro grupo social. En México, el racismo no tiene orígenes étnicos (pues todos somos más o menos mestizos), y tampoco tiene orígenes religiosos, pero descansa en la extrema discriminación sustentada en las enormes desigualdades económicas que existen. Una encuesta publicada este mes de marzo (2015) acerca de la “Calidad de la Ciudadanía en México” revela que el 74% de los ciudadanos es proclive a la discriminación económica. Hay una real hipocresía social cuando los mexicanos se enorgullecen de su pasado prehispánico, pero desprecian a aquellos que sobreviven en las comunidades tradicionales; son éstos los que sufren un racismo de origen económico, discriminación que coincide con los grupos que tienen los rasgos más indios y que suelen ser monolingües en sus lenguas de origen. Nuestro país aún no aprende suficientemente a respetar a todo ciudadano y la educación cívica que poseemos no ha logrado contrarrestar la insolencia del dinero.

Si el racismo económico es una de las condiciones que se encuentran detrás de los acontecimientos, no es la única: la otra es la violencia constante en la zona. Una de las premisas de la vida democrática es la solución pacífica de los conflictos. En efecto, la democracia obliga a renunciar a la violencia directa entre los participantes e impone, a todos, una alta autocontención, cualesquiera que sean los resultados de las contiendas jurídicas o electorales. Pero esta premisa de civilidad no se cumple en el estado de Guerrero. Los diferentes gobiernos locales y federales son ampliamente responsables de esta situación porque históricamente ellos mismos han recurrido o tolerado abiertamente la represión violenta directa. En este estado prevalecen formas arcaicas de solución de conflictos. Las órdenes asesinas del Sr. Abarca pertenecen a esta caduca tradición y se ajusta perfectamente a la historia de los movimientos sociales en esta zona del país. Veamos.

El estado de Guerrero es rico en recursos naturales, sobre todo mineros, forestales y turísticos. Pero es uno de los tres estados más pobres del país, al lado de Oaxaca y Chiapas, y por ello concentra una población importante en pobreza extrema. La suya es la historia de los cacicazgos más primitivos, de los comerciantes más rapaces y las compañías trasnacionales más voraces; por eso tiene una larga tradición de movimientos en demanda de libertades civiles y democráticas y de la defensa de los recursos naturales que son propiedad de las comunidades. Pero estas demandas han enfrentado toda clase de represiones violentas, sea por parte de los poderes fácticos, sea por los gobiernos corruptos, cómplices u omisos que debido a la debilidad de la democracia encuentran políticamente más rentable el apoyo de estos poderes fácticos que el apoyo democrático de la sociedad. La ejecución de los 43 jóvenes es un eslabón más de la serie de represiones sangrientas de las que sólo se diferencia porque esta vez corrió a cargo de una autoridad de bajo nivel. Una de estas represiones que marcó la historia del estado de Guerrero ocurrió el año 1995, en un lugar llamado Aguas Blancas, cuando la policía local emboscó a un grupo de manifestantes provocando 17 muertos. Lo mismo que hoy, se produjo una conmoción en todo el país. El caso llegó a los tribunales federales pero el poder judicial quedó lejos de cumplir con sus obligaciones: una sentencia emitida contra 49 personas no sólo fue de una lentitud exasperante sino que permitió a la mayoría de los acusados abandonar la prisión poco tiempo después.¹³ Tal impunidad jurídica no sólo suscitó una nueva inconformidad sino que marcó el futuro de los conflictos sociales en el estado. Si merece recordarse es porque el Estado mexicano parece incapaz de comprender que restaurar el Estado de derecho es poner fin a un ciclo de violencia y venganza, es decir, es restablecer una premisa de la vida democrática, un bien que alcanza a todos y ha preferido la complicidad caciquil de los poderes fácticos. Lo que está en juego en estos momentos es más sustantivo que la complicidad con unos y el dolor de otros: es la construcción de un régimen que cancele la venganza privada y cree las bases de una solución no violenta a los conflictos sin la cual el crimen reaparecerá, tarde o temprano. Esta impunidad jurídica endémica es una de las más grandes debilidades de la democracia en nuestro país.

El ciclo de inconformidad-protesta-violencia-impunidad no ha cesado de repetirse en Guerrero y corre el riesgo de reabrirse. Es este ciclo el que explica el surgimiento de la guerrilla en los años 1970 y la reaparición esporádica de movimientos armados, afortunadamente menores, como el del Ejército Guerrillero del Pueblo Insurgente.¹⁴ La represión violenta tiene como consecuencia di-recta una nueva ola de represión política y militar en el estado. La aparición de estos grupos tiene como consecuencia incrementar los abusos contra la población civil, el atropello a los derechos humanos y el reforzamiento de los poderes fácticos locales que aprovechan el revuelo para saldar sus cuentas con sus opositores, ya sean estos violentos o pacíficos. Estamos ante una nueva oportunidad de que ese ciclo continúe o encuentre solución: la sociedad exige que este crimen no quede impune, incluidos los responsables políticos: no se trata de un sencillo deseo de justicia, ni una suerte de venganza colectiva; se trata de hacer prevalecer el estado de justicia sin el cual la sociedad civil queda librada a sí misma, esto es, a expensas de los impulsos rabiosos de unos cuantos. El “estado de naturaleza”, la guerra de todos contra todos, no está detrás de la instauración del derecho sino adelante, cuando el Estado de derecho se desvanece.

Sin embargo, es preciso insistir en que este ciclo ha sufrido transformaciones: la abrumadora mayoría de ciudadanos ya no ve en la vía de las armas una alternativa para el país. Las formas de organización y resistencia civil son institucionales y pacíficas. Lo notable en Guerrero es que, a pesar del fracaso reiterado de sus instituciones y a pesar de los antecedentes sangrientos, permanece una oposición tenaz y decidida, tanto individual como comunitaria. Estos luchadores sociales hacen uso de todos los recursos institucionales a su alcance, pero su tenacidad ha costado la vida a un cierto número entre ellos. El papel de luchador social en Guerrero es ciertamente una de las vocaciones más peligrosas de nuestro país.

El invitado indeseable, el narcotráfico

Creemos haber dejado claro que no atribuimos al tráfico de drogas el deterioro de la vida pública, pero la situación actual sería incomprensible sin su irrupción. El poder económico y armado¹⁵ que representa ha puesto a prueba todas las estructuras de la sociedad mexicana, especialmente las instituciones judiciales y políticas. El narcotráfico no es la causa de la debilidad de esas instituciones, pero su presencia vino a acelerar las cosas dejando al descubierto la magnitud de sus carencias.

Es importante subrayar que el tráfico de narcóticos es sólo la satisfacción (criminal) de una de las demandas propias de las sociedades del capitalismo avanzado. El consumo de drogas es un mal endémico de las sociedades modernas. Las razones pueden ser diversas: por placer, por estrés en el trabajo o simplemente por afán de experiencias, pero el consumo parece ser imposible de erradicar y está aún en expansión. Esto, que corresponde a las deformidades del capitalismo tardío, irrumpió en las estructuras de un capitalismo atrasado como es el de México, de manera que el país está atrapado entre dos inercias de la vida capitalista: los síntomas del capitalismo más moderno y los restos del capitalismo más retrógrado en algunas zonas del país. Lo primero está lejos de nuestro alcance, lo segundo está bajo nuestra responsabilidad.

El tráfico de drogas tiene una larga historia en el país, especialmente en los estados del norte más próximos a la frontera con Estados Unidos, pero la situación se agravó en las últimas décadas: hacia finales de 1980, Estados Unidos tuvo la capacidad de cerrar la ruta que, a través del Caribe, permitía a los cárteles colombianos introducir la mercancía vía Miami. Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la amenaza del terrorismo provocó que la frontera se endureciera aún más. Las cosas empeoraron cuando en el año 2007 Colombia empezó a tener éxito al hacer menos rentable la producción y distribución de drogas. Todo ello produjo un desplazamiento hacia otros países. Los llamados “cristalizaderos” (laboratorios clandestinos de producción) abandonaron Colombia y se asentaron en Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. Este último, hasta entonces un país de tránsito, se convirtió en productor y ahora en consumidor. Los cárteles mexicanos adquirieron más fuerza, desplazando a veces y aliándose otras veces con los cárteles colombianos.

Su presencia criminal hizo su aparición paulatinamente en fenómenos que aparentaban una delincuencia común, pero que mostraban un aspecto terrible, como en el asesinato de más de doscientas jóvenes mujeres en Ciudad Juárez entre los años 2002 y 2008. Mientras los cárteles mexicanos eran poco poderosos, los gobiernos solían adoptar una cierta tolerancia: los negocios sucios podían llevarse a cabo siempre y cuando no perturbaran demasiado la vida civil. Sin embargo, hacia el año 2006 la situación era por completo diferente; el narcotráfico asolaba regiones y ciudades enteras, sus crímenes eran más visibles y cínicos, y era ya notable su incidencia en las estructuras judiciales y políticas del país. En diciembre del año 2006, como uno de sus primeros actos de gobierno, Felipe Calderón declaró “una guerra abierta al narcotráfico” que correría a cargo del ejército y la armada nacionales ante la falta de preparación, la corrupción y la desmoralización de las policías existentes. Era un cambio radical porque los gobiernos anteriores habían sido renuentes al uso abierto de la fuerza coercitiva pública y más bien se habían concentrado en medidas institucionales como la creación de la Agencia Federal de Investigación (una suerte de FBI a la mexicana), la profesionalización de la policía nacional y una serie de medidas de excepción, como la intervención de llamadas telefónicas.¹⁶ Un intenso debate se abrió en el país: para muchos analistas el enfrentamiento se produjo prematuramente, sin preparación ni información suficiente acerca del poder del adversario. El ejército no estaba preparado y, además de exponerlo a la corrupción, se provocaba en los hechos una militarización que podía amenazar las libertades civiles. ¿Era la mejor decisión? ¿Había que preferir el orden a las libertades? Para muchos otros, entre los que yo me cuento, todos estos argumentos son poderosos, pero no consideran las alternativas reales que existían en ese momento. Las premisas para una estrategia más eficaz, esto es, contar con cuerpos judiciales y policíacos confiables, la reducción de las desigualdades económicas en esas zonas y un mejor conocimiento del adversario, requieren todas ellas de años de preparación (y como muestra el caso de Ayotzinapa, nueve años después de iniciada, aún no se ha logrado). El proceso de implantación social y política de los cárteles se cuenta en semanas o meses y el gobierno mexicano tenía en mente el caso de Colombia, cuya pasividad gubernamental condujo al país a un conflicto que, después de 30 años, no encuentra solución.

El resultado de esta lucha declarada fue un aumento vertiginoso de la violencia: de acuerdo con cifras de la oficina de Seguridad Pública, el número de muertos el año 2007 fue de 2,700, esto es, 600 muertos más que el año anterior y el doble de los registrados el año 2005; el año 2008 la cifra se elevó a 5,000 debido al incremento de las “narco-ejecuciones”, producto de la intensificación de las luchas internas por una nueva distribución de territorios. Aún no hay datos que logren un acuerdo general, pero los más confiables indican 80,000 muertes. Hasta la fecha, México se encuentra entre los tres países con el mayor número de muertes por conflictos violentos. Es un magro consuelo pero es verdad que no es un reflejo del país en su conjunto. Tal violencia se concentra en seis estados, aquellos en los que concurren diversos factores: primero que sean rutas importantes del tráfico de drogas, segundo, que tengan zonas geográficas de muy difícil acceso, y tercero que sufran de una pobreza y una marginación significativa.¹⁷ A pesar de ese número conmovedor de muertes, la tasa de criminalidad violenta en México se sitúa por debajo de otros países de la región comparables al nuestro, como Venezuela, Colombia o Brasil.

La democracia que está en juego

Cifras tan escalofriantes han obligado a considerar diversas alternativas ante la situación, en primer lugar, en la manera de comprender el conflicto. El alto número de víctimas ha llevado a analistas serios a definirla como una “guerra interna”, una “narco-guerra”.¹⁸ A nuestro juicio el término de “guerra” no describe adecuadamente la situación, porque define mal la naturaleza de los adversarios y los fines que ellos se proponen. En efecto, no se encuentran frente a frente dos combatientes similares. Los narcotraficantes son numerosos y están fuertemente armados pero no son una organización militar, no poseen ni la estructura interna, ni el adiestramiento, ni la disciplina: son sencillamente delincuentes fuertemente armados cuyo núcleo original estuvo compuesto por desertores de ciertos cuerpos de élite del ejército mexicano, pero cuyo enrolamiento posterior descansa en civiles mediocremente entrenados. Desde luego esta es la peor pesadilla: un civil provisto de armas de alto poder, sin ningún ideal, movido por la codicia y probablemente con sentimientos de injusticia social. Los fines que persiguen explica la forma de violencia que ejercen: su propósito fundamental es paralizar mediante el miedo cualquier oposición eventual, primero entre otros grupos rivales potenciales y, luego, entre la población civil. Su violencia tiene un carácter “ejemplarizante”: cada muerte es un mensaje disuasivo que quiere sembrar el terror por la desmesura, como lo muestra la destrucción de los cuerpos de los 43 estudiantes secuestrados. En consecuencia, estos grupos ignoran por completo las normas de contención de la violencia que existen en los conflictos armados entre ejércitos regulares; desconocen también la diferencia que se establece entre combatientes y no combatientes, la cual trata de circunscribir los blancos legítimos en cualquier guerra formal: los sicarios no distinguen sexo, edad u origen étnico.¹⁹ Por lo demás, no combaten sólo contra la fuerza pública sino que combaten entre sí, al punto que a medida que un grupo se debilita se acentúa contra éste la crueldad y la compasión desaparece. Aunque parezca trivial decirlo, para dirimir sus diferencias esos grupos no pueden recurrir al derecho institucional, de manera que cualquier diferencia entre ellos se resuelve con la muerte. Una muerte simplemente por codicia, por dinero, es decir la muerte más carente de nobleza, más sinsentido que puede existir. Por eso ha puesto a prueba los valores de la sociedad mexicana que se pregunta, asustada: ¿de qué somos capaces?

A fin de medir lo que está en juego en la vida pública es preciso comprender hacia dónde se dirige esta amenaza. Ante todo, no está en cuestión el poder político. Estos grupos armados no pretenden suplantar al poder del Estado: no son una guerrilla, no reclaman ningún fin político y tampoco han hecho suya ninguna reivindicación social: un criminal armado no es inmediatamente un guerrillero, ni un insurgente de manera que no conviene otorgarle ninguna simpatía política. Pero si no buscan apoderarse del poder político, en cambio sí buscan doblegarlo y si logran su complicidad socavan las débiles bases en las que descansa su legitimidad. En su progresiva implantación nadie está a salvo y su tarea es debilitar toda fuerza social susceptible de oponerle resistencia. Por la complicidad o por la amenaza, el hecho es que separan a la sociedad civil de las instituciones que pueden defender el orden democrático y libre. No son una amenaza al poder político, pero pueden diluir el orden político indispensable para asegurar la vida en común. El miedo disuelve la cohesión social porque borra cualquier sentido de destino común entre los ciudadanos. Por ello, la única posibilidad para la sociedad mexicana, si desea preservar la libertad, es fortalecer sus instituciones coercitivas, judiciales y políticas. Reducida a su último extremo, la existencia de una sociedad exige recuperar el poder coercitivo de la violencia legítima, asegurando además un sistema de procuración de justicia que cumpla sus objetivos. Sin esta premisa elemental, no hay un régimen de derecho que permita la vida en común.

En segundo lugar, se ha vuelto más visible el gran peligro social que la desigualdad económica y la falta de educación trae consigo. En efecto, el narcotráfico está asociado con la pobreza porque pone a su disposición un amplio material humano no sólo de sicarios sino de cómplices en pequeño. Ciertamente, a lo largo del tiempo su reclutamiento cambia porque ingresan individuos cada vez más marginales, reclutados con dinero o con amenazas, los cuales no pueden asegurar su ascenso en la organización sino mostrando una mayor ferocidad.²⁰ Aquí la pobreza actúa con toda su fuerza. Pero la pobreza no es el único factor, porque el tráfico de drogas es un delito asociado a la codicia.²¹ Diversos estudios han mostrado que el origen social de las bandas organizadas no se restringe a los más pobres sino que se extiende a todas las clases sociales, especialmente en sus capas menos educadas. Una sociedad democrática requiere sin duda la reducción de las desigualdades económicas, pero tiene necesidad de mecanismos de educación civil y de cohesión social sin los cuales aun esa premisa económica se revela insuficiente.

En tercer lugar, el número de víctimas ha llevado a algunos actores políticos a proponer una tregua, una suerte de pacto de tolerancia que establezca ciertos niveles de criminalidad tolerable a cambio de impunidad. Pero esta no es una alternativa: ningún régimen democrático de libertades puede convivir con esta delincuencia (y no se trata aquí de una afirmación meramente moral). Los cárteles no son un adversario organizado, sujeto a un mando único con el cual pactar. Aunque cada grupo minúsculo tenga una férrea disciplina interna, en conjunto no tienen control sobre sus propias estructuras, ni sobre otros cárteles, no poseen reglas internas y no conocen ningún límite a su acción. La ilusión de que anteriormente se podía “pactar” se debe simplemente a que en ese momento no eran tan poderosos como lo son hoy. La tolerancia anterior del Estado se debía a que representaban un problema de “seguridad pública” pero no, como lo son ahora, un problema de seguridad nacional. Es verdad que cuando se instalan en una ciudad o en una región imponen una pacificación a la violencia que ellos mismos generan. En esos momentos, con poco dinero obtienen apoyo, simpatías y hasta logran comprar algunas fidelidades y reina un ilegalismo “aceptable”. No obstante, esta “pacificación” es ficticia porque se paga con el sometimiento más arbitrario: extorsiones, “impuestos”, violaciones.²² Incluso sus relaciones con los poderes fácticos y con los caciques locales suelen terminar dramáticamente: si en un primer momento pueden servir como sicarios a sueldo, muy pronto su propia lógica los lleva a concentrar todo el poder, sin admitir socios.

Finalmente, se han elevado voces que intentando poner fin a esta violencia proponen la legalización de las drogas en nuestro país. Pero ante ello se erige el contexto internacional. De hecho los países centrales, Estados Unidos y Europa, mantienen una política de gran tolerancia ante el consumo de drogas: lo hacen parte del derecho a la libertad individual (y por ello en ciertos casos legalizan el uso recreativo) y sólo penalizan el tráfico abierto; por otra parte, las políticas de castigo al tráfico o de prevención que aplican son cambiantes y a menudo insuficientes. Por ahora, en esos países el narcotráfico es un problema de “salud pública” y no amenaza su seguridad interna, de ahí su tolerancia. Una legalización de las drogas unilateral sería un suicidio (para cualquier país de América Latina) porque aquí la oferta es infinitamente mayor que la demanda y el crecimiento en el consumo interno provocaría un problema de magnitud impredecible, sin que desaparezca el tráfico ilegal hacia el norte. Es natural que nuestro país busque mitigar un problema que no creó y que no puede resolver. Por ahora está encerrado en una trampa del capitalismo contemporáneo: lo que de un lado de la frontera es placer, distracción o estrés, en el otro lado es violencia y dolor. Los Estados Unidos ponen los consumidores, el dinero y las armas, y México pone los muertos. La única solución a nuestro alcance para confrontar esta nueva delincuencia es fortalecer nuestra vida pública interna.

Históricamente, la incapacidad del Estado para hacer prevalecer las libertades básicas provoca su remplazo por otras formas de organización comunitaria. En nuestro país estas organizaciones espontáneas has sido llamadas “autodefensas”: se trata de grupos de ciudadanos pobremente armados si se les compara con los grupos de narcotraficantes que deben enfrentar, pero que prueban todos los días que saben arriesgar la vida. Estos grupos están formados por hombres y mujeres (las cuales han mostrado, como siempre, su fortaleza y su liderazgo en todos los conflictos del país). Se puede encontrar a campesinos, amas de casa, profesoras de escuela elemental, pequeños comerciantes, todos armados e involucrados sin distinción en tareas de vigilancia. Han tenido mucho éxito no sólo en expulsar de sus comunidades a las bandas de narcotraficantes, sino también en contener el saqueo de sus recursos naturales, sobre todo forestales. Sus relaciones con el gobierno institucional no son sencillas: cuando atrapan a un delincuente, en ocasiones hacen las veces de “tribunal popular” y sólo con reticencia lo entregan a las autoridades gubernamentales, tratando de asegurarse que sea efectivamente sancionado. Existen casos en que aquellos que encabezan tales organizaciones se encuentran acusados de delitos dudosos y algunas veces infundados. Hasta ahora ninguna de ellas ha derivado en una organización paramilitar opuesta al poder político, pero son vistas como potencialmente peligrosas y el estado suele “regularizar” su presencia, sea exigiendo el registro de todas las armas con las que cuentan, o bien dándoles un estatuto oficial: el de “policías rurales”. Tiene razón en temer, porque en cierto modo estos grupos hacen la experiencia de que un estado obeso, ineficiente y corrupto es simplemente una mala alternativa que merece ser desechada.

La irrupción de esta nueva criminalidad que es el narcotráfico ha puesto a prueba todas las estructuras del país. Desde luego, en el proceso ha quedado exhibida la debilidad del Estado mexicano. Pero creemos que no es un problema de debilidad institucional y nos hemos esforzado en señalar que indica la debilidad de la vida democrática en México, especialmente en algunas regiones tradicionalmente caracterizadas por la falta de respeto a los derechos civiles y políticos. La sociedad mexicana no ha alcanzado la fuerza suficiente para lograr que sus instituciones gubernamentales, pero también sus partidos políticos, sean representativas de sus intereses más significativos. Hay un déficit democrático en México y no hay otra opción que fortalecer las instituciones capaces de asegurar una vida democrática real. Pero esto no es suficiente: es preciso también crear una conciencia democrática más fuerte en la ciudadanía, que valore los principios de la civilidad, que sepa resistir la inhumanidad que cunde. Finalmente, también hemos querido dejar constancia de que, en medio del tumulto, la sociedad mexicana sigue luchando por alcanzar una vida democrática más lograda; lo hace en la vida cotidiana y común, pero si las cosas aprietan, es capaz de llegar al sacrificio. Esta es a nuestro juicio la apuesta que hoy se juega en México.

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Guerrero y el régimen político mexicano, Jorge Rendón Alarcón

La violencia y el ejercicio arbitrario de los poderes públicos en Guerrero tiene que ser explicado en el marco de la configuración actual del ejercicio del poder en nuestro país y es que, en efecto, en la construcción política de México el acento se puso en el ejercicio discrecional del poder, por los supuestos alcances sociales de la Revolución, y no en las leyes e instituciones. En este sentido, el régimen de la Revolución impidió las legítimas expresiones de la sociedad mexicana con un sistema político corporativo que violentó la vida pública para mantener un país homogéneo configurado desde el partido oficial. Así, la inexistencia de un orden que por su legitimidad no tenga otro propósito que la salvaguarda y realización del ciudadano es y ha sido el origen de los problemas de violencia en la entidad.

Tragedias como la ocurrida a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, resultado de la complicidad entre las instancias de gobierno y el crimen organizado, ponen de manifiesto la descomposición extrema del régimen de la Revolución hasta un punto tal en que hoy México se encuentra frente a la disyuntiva, impostergable, entre un Estado de derecho democrático o continuar con ese ejercicio del poder que en su supuesto contenido social dio lugar —en realidad— a un ejercicio arbitrario y discrecional del poder que terminó convirtiéndose en instrumento de corrupción y enriquecimiento de una burocracia siempre ajena a la legalidad constitucional. Lo anterior explica en buena parte, también, la situación de deterioro de la vida pública y su fragilidad ante el crimen organizado. El presente trabajo busca mostrar esa realidad social y política en un estado —Guerrero— que por sus características constituye uno de los ejemplos extremos de lo aquí mencionado.

La historia política reciente del estado de Guerrero ha sido una cadena ininterrumpida de violencia y arbitrariedad en el ejercicio del poder, uno y otro hecho han puesto reiteradamente de manifiesto la inexistencia de poderes legítimos conforme a su formal origen constitucional. En este sentido, bien puede decirse que el ejercicio de los poderes locales no ha hecho más que reproducir el despotismo del propio régimen político mexicano y su reiterado ejercicio al margen de la Constitución. Sólo de esta manera puede explicarse que durante el último medio siglo el estado de Guerrero se haya convertido en el escenario de una tragedia social y política sin fin que se inició por cierto, en los tiempos recientes, en medio de los mayores logros económicos del régimen surgido de la Revolución mexicana resultado de lo que se llamó el desarrollo estabilizador.

Cuando México conseguía sus mayores éxitos económicos con un crecimiento hasta del 8 por ciento anual el régimen mostraba ya en Guerrero la peor de sus caras: su carácter cerrado y autoritario y, por ello, un ejercicio del poder ajeno también a cualquier forma de legitimidad apegada al acuerdo constitucional. Tal estado de cosas se habría de poner de manifiesto con todas sus graves consecuencias en una de las entidades del sur del país más precarias, poniendo así también de manifiesto las profundas contradicciones del régimen surgido de la Revolución. En efecto, en los años sesenta del siglo pasado, habiendo dejado ya atrás lo que podría llamarse el periodo activo de ese movimiento y con la consolidación del carácter corporativo del mismo, ese ejercicio del poder se exacerbó hasta el límite del rompimiento con lo que hasta entonces podría haber sido considerada su base social.

Como consecuencia de lo anterior, tuvo lugar en la capital estatal —en Chilpancingo— la exacerbación del conflicto entre ciudadanos y el despotismo político del régimen hasta un extremo tal que el Ejército llegó a masacrar a una ciudadanía que, inerme frente a ley, se encontraba ahora además inerme ante las propias fuerzas armadas. De esta manera, uno de los diarios nacionales informaba un día después que la tarde del 30 de diciembre de 1960 había tenido lugar en Chilpancingo un trágico hecho de violencia resultado de dicho ejercicio arbitrario del poder: “Trece muertos y treinta y siete heridos hubo esta tarde aquí cuando elementos del 6o. y 24o. batallones del Ejército sostuvieron un encuentro a tiros con ciudadanos de esta capital”.²³

Los hechos tuvieron lugar como resultado de un ejercicio del poder —como decimos—, sin controles constitucionales; en este caso exacerbado por el gobernador en turno de la entidad, Raúl Caballero Aburto. Ese ejercicio arbitrario del poder y al margen de la ley sin otro beneficiario que quien detentaba el cargo, sus familiares y amigos —lo que se puede constatar hasta el cansancio en los diarios de la época— dio lugar a la exacerbación del conflicto y al trágico desenlace. Frente a ello, los poderes federales terminaron por desconocer a su gobierno pero dando clara muestra, también, de una incomprensión de fondo del problema político que todo ello planteaba: la puesta en cuestión de la legitimidad del régimen y, en consecuencia, la exigencia de poderes legítimos y como tales a favor de la realización de los propios ciudadanos.

En un régimen político donde las acciones de gobierno no se encuentran enmarcadas dentro de reglas legales ni sujetas al escrutinio público, es explicable que quien lo ejerza concentre un poder que va mucho más allá del ámbito político para inmiscuirse en la sociedad y en la economía en su conjunto, pervirtiendo así la vida pública y dando lugar, con ello, al debilitamiento y a la descomposición de la vida social: esto es exactamente lo que hemos tenido en el estado de Guerrero durante los últimos cincuenta años y lo que explica, también, los hechos y las circunstancias actuales.

Todo lo anterior porque el ejercicio del poder se convirtió, sobre todo a partir del último medio siglo, en un medio para afianzar poderes personales y ajenos a la ley que al transgredir los controles constitucionales permitían disponer discrecionalmente de los bienes públicos y, de esta manera, trastocar la vida pública, en este caso de la sociedad guerrerense. Sin embargo, a principios de 1961 y con una plena incomprensión del origen del problema el Senado de la República se limitaba a señalar, para justificar la desaparición de los poderes locales, que: “Se ha producido una incomprensión recíproca entre gobernantes y gobernados, de tal naturaleza que hace imposible entre ellos toda relación humana, social y constitucional, la cual es indispensable para la existencia del orden político y para la vigencia de la libertad de los individuos y de los grupos que integran la sociedad guerrerense [...] la sociedad guerrerense ha llegado a un estado de tensión, inconformidad y repudio... que impediría por completo la restauración del orden normal”.²⁴

Al limitarse a señalar eufemísticamente la incomprensión entre gobernantes y gobernados, el Senado de la República realmente eludía el problema de fondo, es decir, el ejercicio de poderes públicos ajenos a la ley y a la Constitución y, por ello, abiertamente ilegítimos. Debemos decir además, por otra parte, que tal reconocimiento era prácticamente imposible en un régimen que surgido de la Revolución mexicana había depositado ya el poder en el presidente de la República más allá también de todo control constitucional, por lo que incluso la prerrogativa de la desaparición de poderes se convirtió en una facultad discrecional del Presidente con el Senado como mero instrumento de esa voluntad. Finalmente, dicho ejercicio discrecional del poder terminó por convertirse, en el convulso estado de Guerrero, en una variable fundamental de la inestabilidad política local. Es a partir de esas circunstancias que una década después accedió al poder uno de los cacicazgos prototípicos del estado: el de Rubén Figueroa Figueroa (1 de abril de 1975-31 de marzo de 1981), quien por voluntad del presidente Luis Echeverría (su “compadre”) llegaba a la gubernatura en abierta confrontación con el gobernador que le antecedió Israel Nogueda Otero; todo ello en medio del movimiento guerrillero de esos años y, por cierto, después de la liberación del propio Rubén Figueroa el 8 de septiembre de 1974.

Como testimonio de que nada realmente cambiaba en Guerrero, conforme a la propia naturaleza del régimen mexicano, Figueroa afirmó en su primer informe lo siguiente: “Nuestro estado era un caos, así en lo político como en lo económico, igual en lo social que en lo moral […] el orden jurídico se vio quebrantado desde sus bases, con autoridades entregadas al peor desenfreno, irresponsables y corruptas, indiferentes al cumplimiento de su deber pero atentas al uso del poder para la realización de actos ilícitos y escandalosos”.²⁵ Paradójicamente, Figueroa no sólo habría de continuar con los mismos vicios de poder sino que los habría acentuado, como lo dio a conocer una televisora francesa al mundo entero respecto de lo que era ese ejercicio del poder: una mezcla de arbitrariedad y barbarie. Por lo demás, hay que decir también que su testimonio en primera persona era en realidad una prueba inexcusable de lo que ha sido el régimen de la Revolución mexicana en Guerrero, mismo que se ha continuado hasta hoy, como dan fe los hechos de terrible violencia en la entidad.

En ese sentido la política local se ha convertido en una absurda tragedia de degradación, de dolor y de sangre, pues el hijo de Rubén Figueroa Figueroa (Rubén Figueroa Alcocer) accedió también a la gubernatura sólo para dar lugar, conforme a las prácticas de ese ejercicio del poder, a un nuevo y terrible hecho de violencia política por lo que terminó por ser relevado a causa de la muerte de 17 campesinos provocada por la policía estatal en Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995. Figueroa Alcocer (1 de abril de 1993-12 de marzo de 1996) fue substituido por Ángel Aguirre Rivero (12 de marzo de 1996-31 de marzo de 1999), quien fungía entonces como presidente del PRI en la entidad y era, por tanto, un apoyo incondicional del gobernador. Incluso dos días antes de la renuncia de Figueroa, Aguirre Rivero, en su condición de dirigente estatal del PRI, encabezó marchas tanto en Acapulco como en Chilpancingo en apoyo del todavía gobernador.

Que luego de unos años (en 2011) Aguirre Rivero haya sido postulado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la gubernatura del estado es revelador del rotundo fracaso de lo que se ha llamado la transición democrática de México, pues la misma más que impulsar la descentralización política del país lo que ha hecho es afianzar la arbitrariedad de los cacicazgos locales hasta el punto tal de condicionar incluso el papel en la identidad de los partidos políticos nacionales y al conjunto de las instituciones. Aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia e incluso lo que se llamó la Procuraduría Especial para el caso Aguas Blancas realizaron investigaciones sobre estos hechos de violencia, ha prevalecido otro de los gravísimos rasgos del régimen: la impunidad como consecuencia de la inexistencia de un Estado de derecho legítimo.

Podemos decir, en consecuencia, que la inexistencia de un orden que por su legitimidad no tenga otro propósito que la salvaguarda y realización del ciudadano es —y ha sido— el origen de los problemas de violencia en la entidad, pero ahora además de la perversión de la vida pública y de la descomposición de la vida social, es decir, de la destrucción de una convivencia civilizada y en favor del desarrollo material y humano de los guerrerenses, todo ello como resultado de ese ejercicio arbitrario del poder. El estado de Guerrero ofrece así hoy un panorama de lo más desolador desde el punto de vista social y humano, pues con recursos naturales generosos —incluyendo sus 500 kilómetros de litoral—, sus pueblos y ciudades viven todo tipo de carencias: desempleo, servicios públicos ineficientes, violencia e inseguridad. Todo ello agravado y propiciado por el despilfarro y el uso arbitrario de los recursos públicos en los distintos niveles de gobierno; al lado de ello se encuentra hoy una sociedad inerte e incapaz de generar riqueza y bienestar por la mediatización de que ha sido objeto.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), impulsada sobre todo por los recursos federales la economía de Guerrero avanzó un 7% en el tercer trimestre de 2014. No obstante, el índice de tendencia laboral de pobreza creció un 4% durante el cuarto trimestre (frente al 2.8% a nivel nacional). Otras cifras señalan un incremento en el porcentaje de personas cuyos ingresos no les alcanza para comer diario (de 62.8% a 65.3% en 2014), así como la grave crisis de inseguridad que se vive en Guerrero, uno de los estados con más alta incidencia de los delitos denominados de “mayor impacto” según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: el homicidio llegó a 66.01 por cada 100 mil habitantes (2012), mientras que el secuestro fue 5.87 y la extorsión 4.94 por cada 100 mil habitantes (2013).²⁶ Por otra parte, Guerrero es uno de los estados con mayor rezago educativo a nivel primaria y secundaria. Según estudios realizados por la organización ciudadana “Mexicanos Primero”, 8 de cada 10 niños de la entidad reprueban o con dificultades superan pruebas internacionales, el 51% de los jóvenes egresan de la secundaria y únicamente el 19% termina el bachillerato; además de que el 0.1% de los jóvenes de la entidad alcanza alto desempeño y sólo 2 de cada 10 de 15 años de edad comprenden lo que leen.²⁷

Es así que la violencia y el ejercicio arbitrario de los poderes públicos en el estado de Guerrero tiene que ser explicado en el marco de la configuración actual del propio ejercicio del poder político en nuestro país y es que, en efecto, en la construcción política del México independiente el acento se puso en el ejercicio discrecional del poder, por los supuestos alcances sociales de la Revolución, y no en las leyes e instituciones. En este sentido, el régimen de la Revolución impidió las legítimas expresiones de la sociedad mexicana al mantener un sistema político corporativo que violentó la vida pública para mantener un país homogéneo configurado desde el partido oficial. Como lo señaló Arnaldo Córdova a principios de los años setenta (las mismas fechas en las que se desata la violencia política en Guerrero), “la política de la omnipotencia [...] basta y sobra para que las masas populares no sean capaces de trascender con la acción ni con el pensamiento el marco político institucional en el que se encuentran enmarcadas. Por lo demás, toda alternativa de cambio es desprestigiada de súbito cuando se la confronta con el poderío presidencial”.²⁸ La idea de México que prevaleció fue la de la exigencia de un orden social y político impuesto desde las esferas de un poder centralista y jerárquico.

El despotismo político del régimen mexicano, es decir la monopolización del poder por reducidos grupos bajo la égida del Presidente en turno, resultó así cada vez más adversa a una política constitucional de leyes e instituciones con las consecuencias sociales y políticas que se manifestaron en Guerrero ya en los años sesenta. A las inercias del absolutismo y a la supremacía histórica del poder central se sumó, con el régimen de la Revolución mexicana, el ejercicio personalizado y autoritario del poder en el ámbito cerrado de las estructuras de la burocracia y el “oficialismo revolucionario”, lo que dio lugar en nuestro particular siglo XX a una práctica de los poderes políticos ajena a la competencia y a los controles constitucionales del Estado moderno, que es precisamente lo que explica la peculiaridad del estado de Guerrero. De allí nos parece que el mayor de los retos de entonces —como el de ahora— siga siendo en lo esencial la contención constitucional en el ejercicio del poder a través de leyes e instituciones democráticas que den cabida a la realización de los ciudadanos en un sentido amplio y, por ello, más allá sólo de los derechos económicos.

Sin duda, a la consolidación del reformismo del régimen de la Revolución supuestamente —como decimos— en favor de las causas sociales contribuyó de manera decisiva el autoritarismo político y el carácter jerárquico del orden social heredados del pasado, pues frente a ellos el oficialismo revolucionario esgrimió no los derechos individuales y la construcción de instituciones democráticas y libres para destruir los privilegios del pasado e inaugurar así un nuevo régimen político, sino sobre todo la pretensión —como dice Alexis de Tocqueville respecto del “antiguo régimen” — de «abolir la forma antigua de la sociedad», lo que originó sin embargo en nuestro caso no sólo una nueva forma de centralización administrativa, sino también la idea del régimen de partido único, porque de acuerdo con esta práctica e idea del poder sólo desde el poder personalizado y centralista era realmente posible la construcción de la nueva nación mexicana. El problema es que la idea de la redención social y la concentración arbitraria del poder corrieron paralelas, además de que en Guerrero el ancestral atraso económico y la debilidad organizativa de la población campesina exacerbaron las estructuras jerárquicas y centralistas del régimen, convirtiendo así a los campesinos y la manipulación de la demanda social en base electoral del sistema político mexicano a nivel local.

El régimen de la Revolución demandó, en esas condiciones, la consecución de un “orden con justicia social” a través de un ejercicio del poder autoritario y personalizado y no en cambio a través de la ciudadanía y del ejercicio de sus derechos. El reformismo dentro de las estructuras del régimen se convirtió en bandera del conjunto de las fuerzas políticas del país, impidiendo con ello la transformación social por la vía democrática y de las garantías individuales. La debilidad y subordinación de la sociedad mexicana, también heredera de las injusticias del México colonial, se convirtió así en otro de los rasgos inherentes de nuestra realidad política.

En la tensión que es inherente en la historia del país respecto de las garantías y derechos individuales y el fortalecimiento del poder por sobre la Constitución, el régimen de la Revolución abiertamente promovió este último. Con ello, la subordinación y manipulación de la vida social se convirtió en un hecho reiterado, situación que durante la década de 1960 —e incluso ya antes en 1958— dio lugar al conflicto social y político con las trágicas consecuencias que tuvo en Guerrero, por ejemplo, con la represión arriba señalada. De esta manera el poder político que se ejerció durante los años del régimen de la Revolución fue casi siempre un poder ilimitado, también en cuanto a su capacidad de intervención e intromisión en la vida económica y social. La teoría constitucional misma del país quedó inserta en esta pretensión, desbordándola unas veces, y en otras más bien incluso distorsionándola, como se manifestó en esas fechas en el Senado de la República respecto del estado de Guerrero.

En suma, con la Revolución mexicana la vida política del país habitó abiertamente en dos mundos e incluso en dos realidades sociales y políticas contradictorias: por un lado la pretensión de un orden político normado por la Constitución pero, por otro, una práctica discrecional del poder cuya pretensión de legitimidad dependía de la abolición de las herencias del pasado a través del reformismo social.²⁹ Sin embargo, la desigualdad y el autoritarismo político minaron de manera creciente y definitiva ese régimen y desde luego su legitimidad misma, sobre todo porque con el carácter reformista del gobierno de la Revolución se afirmó otro de los rasgos que Tocqueville señala a propósito del “antiguo régimen”: se trató también de sucesivos gobiernos que se propusieron “reformas” antes que hacer valer “las libertades y los derechos ciudadanos” conforme a una política fundada en la Constitución. Con esa pretensión reformista se consolidó entonces no solamente la centralización administrativa, sino además la personalización del poder para dar lugar a ese ejercicio discrecional del mismo que ha propiciado tanto el atraso social como la violencia política en Guerrero, hechos mismos que nos hablan del fracaso del régimen de la Revolución en cuanto a su propósito de promover la justicia social en el país.

Es esa doble herencia del pasado (el fortalecimiento de la centralización administrativa y, con el reformismo de la Revolución, la personalización y discrecionalidad del poder), lo que terminó por afirmar el carácter autoritario y despótico del régimen político mexicano con las consecuencias de las que el estado de Guerrero es hoy ejemplo paradigmático. La política del país se definió y se puso en práctica no desde el pacto constitucional y las instituciones que de él emanan, sino desde la sola voluntad de quien ejerce el poder. Discrecionalidad y corrupción habrían de correr así de manera paralela. Ello violentó y desgastó el orden político impidiendo el ejercicio de los derechos del ciudadano de participar como tal, es decir como ciudadano, en la vida pública. Es ese reformismo que dio origen a los privilegios de la burocracia el que hoy en día parecen disputarse los partidos políticos en México, distanciándose así de una política constitucional en favor de la transformación social del país conforme a los derechos ciudadanos y la soberanía popular.

Son, en resumen, esos viejos hábitos de un ejercicio del poder autoritario, despótico y fuera de la Constitución lo que ha prevalecido en Guerrero con las trágicas consecuencias que hoy conmueven, incluso, más allá de nuestras fronteras. A ello se suma la supremacía histórica del poder central y la discrecionalidad con que se ejerce y que, como decimos, no solamente no se debilitó con el régimen de la Revolución, sino que se potenció a través de un régimen corporativo y jerárquico que descansaba en la voluntad última del Presidente. Para desmontar todo ello ha resultado completamente insuficiente una “transición política” circunscrita, como ya había ocurrido con Madero, a sus contenidos electorales y en última instancia a la distribución de cuotas de poder entre los partidos, pues el problema como vemos se encuentra en una idea de México como nación que no ha sido postulada ni decidida por los mexicanos, sino desde un ejercicio del poder no subordinado a la normatividad constitucional.

El problema de la legitimidad en el ejercicio del poder no sólo no es una cuestión de orden formal, sino la sustancia misma del problema del poder político y su desempeño social, por cuanto da lugar al despliegue efectivo de las potencialidades ciudadanas en la vida social. Es la inexistencia de esa legitimidad lo que ha dado lugar al trastocamiento de la vida pública y al deterioro social en el estado de Guerrero como hoy ocurre, por cierto, en otros muchos lugares del país. En ese sentido, conviene destacar que Guerrero no es una excepción sino solamente la situación más extrema. Ya desde la presidencia de Miguel Alemán los gobiernos de la Revolución se limitaron a propiciar la especulación inmobiliaria en Acapulco en detrimento del desarrollo social y económico del estado en su conjunto. Frente al interés público, el ejercicio de poderes ajenos a la Constitución no ha hecho sino acrecentar los negocios y las fortunas privadas hasta un grado tal que la exclusión y la desigualdad social es hoy, en el siglo XXI, el mayor de nuestros problemas.

Bajo esas condiciones, lo que se gestó en el estado fue una concentración de la riqueza —que hoy nos equipara con las regiones más atrasadas del planeta— y es que las estructuras del régimen de la Revolución no hicieron sino inmovilizar el atraso social y económico del estado al imponer controles corporativos a la demanda campesina y afianzar así el centralismo del régimen. En este caso, el corporativismo resultó eficaz no para resolver las demandas sociales, sino para contenerlas y bloquear la acción organizada y autónoma de los propios ciudadanos, como se manifestó abiertamente en los años sesenta que aquí reseñamos.

*

De lo anterior que tengamos que insistir que la democracia efectiva, incluso en sus contenidos más radicales, desde el punto de vista social solamente puede conseguirse cuando se organiza políticamente bajo los presupuestos de la idea misma de la ley que den lugar a la autodeterminación del ciudadano. Sólo entonces parece posible la configuración de una ciudadanía efectiva comprometida con las prácticas e instituciones en las que se reconoce en cuanto resultado de su libre y autónoma decisión para afrontar los pormenores, las disputas y el conflicto de la vida pública y social. Cuando los retos del orden social y político se afrontan desde una ciudadanía que se reconoce en la legitimidad de las instituciones políticas y del derecho, entonces la ciudadanía no solamente se afirma en su propia condición, sino que da lugar también al impulso y desarrollo de la vida social. Lo que ha pasado en el estado de Guerrero —y en todo el país— es exactamente lo contrario: tenemos una sociedad que no solamente no se reconoce en sus prácticas e instituciones, sino que frente a los excesos y la corrupción del poder asume que la normatividad en su conjunto se encuentra viciada por los intereses de esa burocracia política. Es una sociedad desorganizada políticamente la que hoy ha sido sometida por la violencia criminal.

La trasgresión de cualquier forma de legalidad se ha convertido en parte de nuestra cotidianidad, lo que explica la penuria y los desequilibrios de la sociedad guerrerense. De allí también la extrema fragilidad del orden público actual. Cuando se reconoce, por el contrario, que las prácticas e instituciones políticas y el derecho mismo tienen un carácter civilizador en tanto la normatividad constitucional asegura formas de relación social con las que no solamente se identifica el ciudadano, sino que se reconoce en los hechos políticos a los que dan lugar esas normas, entonces el ciudadano puede afirmarse también en un conjunto de libertades que son el resultado de la vinculación de todos a la ley (y desde luego en primer término la subordinación a la ley de los propios poderes políticos), por cuanto todo ello significa la autónoma adhesión a una ley que es el resultado, como dice Jean-Jacques Rousseau, de la voluntad general.

Lo anterior no constituye una simplificación de la realidad política de Guerrero y del país en su conjunto. Por el contrario, reivindicar hoy la legitimidad del orden político como condición misma para afrontarlo es, desde nuestro punto de vista, situar el problema en sus verdaderas dimensiones. Con ello lo que hacemos es reconocer la gravedad de nuestro actual estado de cosas: un sistema educativo en crisis y heredero del corporativismo afianzado hoy por los gobiernos que tendrían que haber llevado a cabo la transición; el agotamiento de los programas sociales del gobierno por la corrupción a que han dado lugar y la inexistencia de instituciones y de un proyecto cultural en gran escala. Todo ello da lugar a la exacerbación de la crisis que vive la sociedad mexicana y en la que ya sólo parece quedar margen para las iniciativas de la misma sociedad.

El resultado —hasta ahora— de una transición circunscrita a la distribución del poder ha sido a lo sumo una nueva repartición del mismo entre los grupos políticos. Estos grupos y partidos políticos, sin el sustento de la legalidad constitucional, no sólo no han propiciado la participación política ampliada de los ciudadanos, sino que han hecho imposible también una nueva práctica del poder donde tengan justificación y cabida las libertades y los derechos ciudadanos: las campañas políticas que hoy tienen lugar en Guerrero, completamente vacuas y ajenas a los problemas de los guerrerenses, son fiel testimonio de lo que decimos.

Para romper con las herencias del pasado es entonces ahora indispensable un gobierno de leyes e instituciones, pues solamente una política constitucional democrática puede dar pie y cabida a la participación ampliada de la ciudadanía conforme a sus libertades y derechos en el ámbito de la vida política del país. Lo que podemos sostener en suma a propósito de la violencia y de un desarrollo social y político fallido en Guerrero, en el último medio siglo, es que ha sido la ausencia de un orden político propiamente constitucional en cuanto al ejercicio legítimo del poder lo que ha dado lugar a la leyenda negra de ese estado. Se trataría ahora, por todo lo anterior, de dar lugar al redescubrimiento ciudadano en la política, condición indispensable de la vida política constitucional. Abrir la democracia a la participación del ciudadano para hacer valer así sus derechos frente a lo que ha sido un orden político cerrado y autoritario es pues, hoy, el reto de Guerrero y de México. El reclamo democrático consiste, por todo ello, en un orden social y político mediado por la legitimidad de la ley y por instituciones fundadas constitucionalmente para acceder —sólo así— a un ejercicio de gobierno y de realización de la sociedad civil fincados en un auténtico Estado de derecho.

En este sentido, la democratización del país solamente puede llevarse a cabo a través del protagonismo de los ciudadanos y de sus derechos, pues es el contenido y normatividad de los derechos fundamentales el que permite a los ciudadanos una nueva comprensión de su vida política y de cuándo esos derechos establecidos por la Constitución se transgreden. El ejercicio faccioso de los mismos resulta así a todas luces incompatible con el pacto de convivencia constitucional. El referente de los derechos garantizados constitucionalmente puede entonces permitirnos una nueva lectura y comprensión de nuestra historia política y de la crisis social y política recurrente inherente a las sociedades subdesarrolladas, donde la selectividad y la aplicación unilateral de esos derechos ha sido del todo incompatible con el sentido de esas mismas normas y su fundamento constitucional. Como concepto de gobierno, el Estado democrático de derecho tiene que partir, para la ciudadanía, de la lectura del contenido normativo de los derechos consagrados en la Constitución, pues ella misma es ya un concepto resultado de la modernidad política y, como tal, resultado en principio de un gobierno civil. De ahí que el ejercicio faccioso de los derechos, como lo que en la práctica hemos tenido, lo contravenga pues desvirtúa la idea del pacto constitucional y de la prioridad, racionalidad y legitimidad de la ley que le da origen.

Finalmente, debiéramos decir que la discusión sobre el Estado democrático de derecho conlleva, de manera ineludible, responder a la pregunta de orden filosófico-jurídica en torno al problema de la legitimidad de ese hipotético Estado de derecho, misma que no puede ser respondida sino desde el proceso de constitución del Estado moderno en el marco de la emancipación de la modernidad política y la exigencia de un orden propiamente civil más allá de su concepción liberal y, precisamente por ello, no circunscrita a la visión más estrecha como simple demanda de salvaguarda de los derechos privados frente al ejercicio despótico del poder inherente al absolutismo monárquico.

Por el contrario, en su contenido democrático el Estado de derecho tiene que partir del claro deslinde con esa concepción liberal del poder como salvaguarda de los derechos privados para situarse, más bien, en una concepción de la racionalidad y validez de la ley como condición de posibilidad de la realización del ciudadano. En este caso, es con la primacía de los derechos políticos que el Estado de derecho alcanza con Rousseau el impulso de su contenido propiamente democrático —y que es el que aquí reivindicamos. Así, el problema se centra en un sujeto político reivindicativo capaz de reconocerse como tal en la validez del orden que se impone por lo que no admite ya otro principio de validez que el que se da en cuanto sujeto políticamente emancipado: Hegel habrá de decir en cuanto sujeto en sí y para sí de conformidad con su propia y radical autonomía.

El legado de Hegel, en este sentido, consiste en la formulación del Estado en cuanto idea ética. Se trata, en este caso, de la autorreflexión y acción consciente del sujeto que se reconoce políticamente emancipado y capaz así de reconocerse en la validez y universalidad de los fines que se impone. Ciertamente tal principio de universalidad resulta aquí indisociable de ese sujeto capaz de reconocerse en la validez de sus fines (y como tal indisociable del proceso de emancipación de la modernidad política), pero significa también —como el mismo Hegel sugiere— la comprensión de la validez del orden jurídico-político desde la propia acción consciente de los seres humanos como hecho fundamental de la modernidad política.

El rasgo distintivo de la modernidad consiste para Hegel en la emancipación del sujeto político en cuanto capaz de decidir en sí y por sí mismo respecto de la validez del orden que se impone. Por esta razón, Hegel habrá de insistir en que la libertad subjetiva constituye el principio y la forma peculiar de la modernidad política por cuanto da lugar a la reflexión y, con ello, a la capacidad de enjuiciamiento propio y a la capacidad, también, de imponerse fines más allá del yo subjetivo, es decir, a la auto-imposición de fines universales como realización concreta de esa libertad consciente en cuanto voluntad políticamente libre, al reconocimiento, en todo caso, de la exigencia de preceptos, leyes, decisiones generales y válidas para la generalidad como condición de validez del orden jurídico-político. Tal es el fundamento del Estado como idea ética.

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Hemerografía

Excélsior.

El Financiero.

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