Orígenes sociales de los derechos humanos

Orígenes sociales de los derechos humanos: violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010

Resumen

El activismo de derechos humanos suele asociarse con el trabajo de organizaciones internacionales que buscan incidir en la manera en que los estados abusivos actúan en diferentes partes del mundo. En Barrancabermeja, Colombia, según sostiene Luis van Isschot en Orígenes sociales de los derechos humanos, la lucha por los derechos se ha dado de forma más orgánica y ha estado circunscrita a un ámbito local, como resultado de una larga historia de activismo civil y social. El autor analiza en profundidad las vidas de activistas locales en una zona de conflicto y enmarca sus experiencias en importantes cambios sociales que han moldeado a América Latina a lo largo del siglo XX.

Creada por la Standard Oil en 1919 y sede de la mayor refinería de petróleo del país, Barrancabermeja ha sido desde hace tiempo un campo de batalla crucial del conflicto armado colombiano. La ciudad, una de las áreas urbanas más militarizadas del mundo, ha sido base regional de las fuerzas armadas colombianas, así como de guerrillas de izquierda y del movimiento paramilitar nacional. En el contexto de una guerra sucia, cuyas víctimas fueron en su mayoría civiles, movimientos urbanos y rurales de Barrancabermeja y de su entorno próximo se unieron y crearon un movimiento para la defensa de los derechos humanos. Estos activistas prominentes solicitaron al estado colombiano la protección de derechos humanos básicos y denunciaron las más profundas desigualdades económicas, que consideraban como el origen del conflicto. Mediante el estudio detallado de las complejas dinámicas que se entretejen en Barrancabermeja, van Isschot muestra cómo las iniciativas que describimos como activismo de “derechos humanos” se derivan en gran parte de tales vivencias, asociadas con el autoritarismo, la guerra, la pobreza y la exclusión social. A través de un enfoque social e histórico, su análisis complementa y cuestiona el trabajo de investigadores que miran los asuntos asociados con los derechos fundamentalmente mediante una lente jurídica.

Palabras clave: ambiente, América Latina, Colombia, derechos humanos, historia, política.

The Social Origins of Human Rights: Protesting Political Violence in Colombia’s Oil Capital, 1919-2010

Abstract

Human rights activism is often associated with international organizations that try to affect the behavior of abusive states around the globe. In Barrancabermeja, Colombia, argues Luis van Isschot in The Social Origin of Human Rights, the struggle for rights has emerged more organically and locally, out of a long history of civil and social organizing. He offers deep insight into the lives of home-grown activists in a conflict zone, against the backdrop of major historical changes that shaped Latin America in the twentieth century.

Built by Standard Oil in 1919, and home to the largest petroleum refinery in the country, Barrancabermeja has long been a critical battleground in Colombia’s armed conflict. One of the most militarized urban areas on earth, the city has been a regional base for the Colombian armed forces as well as for leftist guerrillas and a national paramilitary movement. In the midst of a dirty war in which the majority of victims were civilians, urban and rural social movements from Barrancabermeja and the surrounding area came together to establish a human rights movement. These frontline activists called upon the Colombian state to protect basic human rights and denounced the deeper socioeconomic inequalities they saw as sources of conflict. Through close study of the complex dynamics at work in Barrancabermeja, van Isschot shows how the efforts we describe as “human rights” activism derive in large part from these lived experiences of authoritarianism, war, poverty, and social exclusion. Through its social and historical approach, his analysis both complements and challenges the work of scholars who look at rights issues primarily through a legal lens.

Keywords: human rights, history, Latin America, Colombia, politics, environment.

Citación sugerida/Suggested citation

Van Isschot, Luis. Orígenes sociales de los derechos humanos: violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010. Bogotá, D. C.: Editorial Universidad del Rosario, 2020.

https://doi.org/10.12804/th9789587844764

Orígenes sociales de los derechos humanos:

violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010

Luis van Isschot

Traducción de

Claudia Caicedo

Van Isschot, Luis

Orígenes sociales de los derechos humanos: violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010 / Luis van Isschot. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2020.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Derechos humanos – Colombia. 2. Luchas sociales – Colombia. 3. Movimientos sociales – Colombia. 4. Violencia – Colombia. 5. Violación de los derechos humanos – Colombia. Industria del petróleo – Colombia. I. Van Isschot, Luis. II. Universidad del Rosario. III. Título.

341.48 SCDD 20

Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI

JAGH
Agosto 6 de 2020

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

© Editorial Universidad del Rosario

© Universidad del Rosario

© Luis van Isschot

© Claudia Caicedo, por la traducción

Los orígenes sociales de los derechos humanos: violencia y protesta en la capital petrolera de Colombia, 1919-2010 de Luis van lsschot se publica por acuerdo con la University of Wisconsin Press. © 2015 por la Junta de Regentes del Sistema de la Universidad de Wisconsin. Todos los derechos reservados.

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editorial.urosario.edu.co

Primera edición en español: Bogotá, D. C., 2020

ISBN: 978-958-784-475-7 (impreso)

ISBN: 978-958-784-476-4 (ePub)

ISBN: 978-958-784-477-1 (pdf)

https://doi.org/10.12804/th9789587844764

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo:Lina Morales

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A Stephanie, Jordi y Nicolasa

Autor

Luis van Isschot es profesor asociado de historia moderna de América Latina en la Universidad de Toronto, especializado en la historia de Colombia. Ha trabajado e investigado sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos en América Latina, Canadá y los Estados Unidos, así como en la región de los Grandes Lagos de África.

Contenido

Lista de figuras y mapas

Prefacio

Agradecimientos

Abreviaturas

Cronología de la historia de Barrancabermeja

Introducción. “Un auge de lucha muy grande”

La guerra contra los derechos humanos

Los derechos humanos como protesta social

Para comprender la represión paramilitar

Un nuevo paradigma de protesta social

Panorama general

1. Trabajadores petroleros, colonos y las raíces del radicalismo popular

Una ciudad rebelde

Conquistadores, colonos y capitalistas

La llegada de los petroleros

La vida y el trabajo en una ciudad pujante

Raíces de la cultura de políticas radicales

El levantamiento comunero de Barrancabermeja

Conclusión

2. Nuevos movimientos sociales se dan a conocer

Surgen nuevas formas de protesta

Surgen nuevos actores sociales en Barranca

Una nueva identidad regional

Nace el movimiento cívico popular

La huelga petrolera de 1971

Represión y contrainsurgencia

Reclamaciones de derechos sociales

La militarización de Barranca

Conclusión

3. La guerra en el campo y la transformación de una ciudad-empresa

Introducción

El crisol de los derechos humanos en Colombia

Campesinos denuncian el paramilitarismo

La Coordinadora Popular de Barrancabermeja

La masacre de Vuelta Acuña

Conclusión

4. La protesta popular y el activismo por los derechos humanos

Introducción

Los primeros disparos en la guerra sucia

Advenimiento de la militancia por los derechos humanos

La angustia y la protesta popular en las secuelas de la violencia

Derechos humanos y revolución

Conclusión

5. Biografía extraordinaria de un movimiento por los derechos humanos

Introducción

Un nuevo paradigma de protesta social

Defensa de la cultura popular de protesta

Una ciudad y una región asediadas

Conclusión

6. La guerra contra los defensores de derechos humanos

Un mensaje aterrador

La violencia paramilitar en Barrancabermeja

La masacre en La Rochela

Nace el comité de los derechos humanos

Los ataques contra Credhos

La naturaleza cambiante de la propuesta popular

Conclusión

7. Respuesta de los movimientos sociales al cambio catastrófico

La toma de Barrancabermeja

La masacre del 16 de mayo de 1998

Los movimientos sociales responden a la ocupación paramilitar

Conclusión

Conclusión. “Esta utopía… esta posibilidad de seguir soñando”

En la línea de fuego

Los derechos humanos, los movimientos sociales y el Estado

Reconsiderando las redes de defensa

El legado de los movimientos locales de derechos humanos

Bibliografía

Listas de figuras y mapas

Figuras

Figura 1. El Cristo Petrolero, símbolo de Barrancabermeja

Figura 2. Refinería en Barrancabermeja

Figura 3. Marcha laboral a principios de los años sesenta

Figura 4. Visita del presidente Julio César Turbay Ayala a Barrancabermeja en 1980

Figura 5. Reunión del partido político Unión Patriótica en Barrancabermeja, años ochenta

Figura 6. Un salón atestado en una reunión del concejo municipal en Barrancabermeja, años ochenta

Figura 7. Sabotaje al gasoducto al sur de Barrancabermeja, 1998

Figura 8. Dirigente del sindicato de los trabajadores petroleros, Hernando Hernández, hablando en una manifestación en protesta de la masacre del 16 de mayo de 1998

Figura 9. “Las mujeres no parimos ni forjamos vida para la guerra”. Miembros de la Organización Femenina Popular protestan contra la violencia en el Magdalena Medio. Mayo de 1998

Figura 10. Sirviendo sancocho. 1º de mayo de 1998

Mapas

Mapa 1. Norte de Colombia, con cifras de población de las principales zonas urbanas. Circa 1905

Mapa 2. Barrios seleccionados de Barrancabermeja, la refinería, El Centro y los barrios nororientales. Circa 1998

Mapa 3. Lugares populares, oficinas de los movimientos sociales y calles principales en el centro de Barrancabermeja. Circa 1998

Mapa 4. Región del Magdalena Medio, incluyendo topografía, ríos importantes, municipios seleccionados y sitios de actividad guerrillera y paramilitar. Circa 1997

Prefacio

Diariamente miles de personas viajan desde y hacia Barrancabermeja por vía fluvial. La mayoría viene del campo en tránsito a otro destino en el interior del país, a buscar trabajo, a vender sus productos agrícolas y pescado, o en busca de seguridad. Los taxis acuáticos, conocidos como ‘chalupas’, y las canoas con motores fuera de borda, conocidas como ‘johnsons’, zumban y saltan por todo el río Magdalena a la sombra de la refinería de petróleo más grande de Colombia. Terraplenes de concreto se extienden por dos kilómetros a lo largo de la orilla. Antes de llegar a la ciudad, embarcaciones originarias de Puerto Wilches, Cantagallo, Puerto Berrío, Simití u otras pequeñas poblaciones pueden ser sometidas a requisas por parte de las fuerzas de seguridad colombianas, por paramilitares o por guerrillas. Barrancabermeja es la capital no oficial de una región rica en recursos y asediada por la guerra, conocida como el Magdalena Medio. Este es un territorio de tierras bajas, cálidas y húmedas, que se extienden por unos 30 000 kilómetros cuadrados e incluye siete departamentos de Colombia.¹ A pesar de que en el Magdalena Medio se produce una gran cantidad de riqueza, se calcula que hasta un 70 % del millón de residentes de la zona vive en la pobreza, casi el doble del promedio nacional.² Desde mediados del siglo XX, el Magdalena Medio ha sido escenario de operaciones de insurgencia y contrainsurgencia. Las dificultades económicas y la violencia han llevado a miles de personas a abandonar en forma permanente las zonas rurales.

Mapa 1. Norte de Colombia, con cifras de población de las principales zonas urbanas. Circa 1905

Figura 1. El Cristo Petrolero, símbolo de Barrancabermeja

Fuente: fotografía del autor.

En un retén de la Armada justo al norte de la refinería, los viajeros son interrogados y registrados por soldados jóvenes. Desde ahí hay un corto viaje hasta el muelle municipal. Los migrantes pueden dirigirse desde la zona del puerto, a través de un centro comercial de la ciudad bastante congestionado, pasando ante filas de apartamentos modestos. En la vía, pueden dar un vistazo al Cristo Petrolero (véase la figura 1), una escultura de Cristo, en hierro, de 26 metros de altura, con sus manos elevadas hacia el cielo, erigida en 1995 en la ciénaga Miramar, la laguna que separa a la refinería del centro de Barranca. Buses municipales y motocicletas resuenan al pasar por la sede principal del sindicato de los trabajadores del petróleo y al cruzar la vía férrea hacia los barrios populares de la ciudad que se expanden cada vez más. Los barrios orientales, que una mayoría de barranqueños llama su hogar, consisten principalmente en pequeñas cabañas de concreto, con grupos de casuchas de madera ensambladas más recientemente en la periferia. El terreno del otro lado de la vía férrea, de lo que se conoce como el puente elevado, está desnivelado, es de un verdor sorprendente y está físicamente aislado de la ciudad más próspera, construida con las ganancias de la industria del petróleo.

Desde principios del siglo XX, Barranca ha estado conectada con Bogotá y con el mundo exterior por vía aérea. Cuando uno llega en avión, lo primero que lo sorprende es el calor. La humedad llena la cabina de los aviones Fokker 50 de doble turbina de la aerolínea Avianca, a medida que se desciende hacia el exuberante valle. Barranca tiene una temperatura promedio de 30 °C, pero el mercurio a menudo sobrepasa los 45 °C al mediodía. A diferencia de las zonas costeras de Colombia, el aire de Barranca es caliente y espeso. Está ubicada a 500 kilómetros de distancia del mar. Casi nunca hay brisa y las hojas penden inmóviles de los árboles. El río Magdalena, rugiente y colmado de sedimento, ofrece muy poco alivio. Desde la llegada de la Jersey Standard en 1919 han estado viniendo a la capital y otros lugares administradores e ingenieros que vienen a trabajar a la industria petrolera. Bajo el control del gobierno central desde 1961, Barranca ha seguido siendo el centro industrial más importante de país. Hasta las últimas décadas del siglo XX la ciudad pasó de ser uno de los principales lugares del conflicto armado y de la represión oficial a ser un centro de activismo social. Desde esa época, al personal de la compañía petrolera se han unido pequeños grupos de trabajadores de derechos humanos en sus vuelos a Barranca.

Viví en Barrancabermeja desde enero hasta diciembre de 1998. En esa época trabajaba como voluntario con las Brigadas Internacionales de Paz (PBI), una organización de derechos humanos fundada sobre los principios de la no violencia que, desde 1981, apoya movimientos populares amenazados en América Latina. A veces se nos ha descrito como “guardaespaldas desarmados” y nuestro trabajo consistía primordialmente en acompañar a defensores de derechos humanos en sus rondas cotidianas.³ Nosotros pasamos muchas horas en las oficinas locales de organizaciones de derechos sindicales y de derechos humanos. Cuando un activista recibía amenazas de muerte directas pasábamos las 24 horas del día a su lado. También emprendimos con regularidad viajes en busca de información a poblaciones a lo largo del río Magdalena. En todos los lugares a los que fuimos había ciudadanos comunes y corrientes, sacerdotes, sindicalistas, organizadores campesinos, abogados, concejales municipales y maestros de escuela que conformaban una red regional de activistas de derechos humanos.

Mientras estuve en Colombia me reuní con frecuencia con oficiales de la Policía Nacional, el Ejército y la Armada involucrados en el trabajo de contrainsurgencia. Algunos de estos encuentros tuvieron lugar en pequeñas poblaciones, en refugios, mientras había intercambio de disparos con otra fuerza. Soldados jóvenes nos dijeron que debían viajar en parejas y totalmente armados para hacer el corto viaje atravesando la ciudad para llamar a sus familias y a sus novias desde la oficina local de Telecom. También me reuní con oficiales de alto rango, como el general Fernando Millán, quien fuera acusado de organizar fuerzas paramilitares y quien fue comandante de la Quinta Brigada del Ejército colombiano en la ciudad de Bucaramanga. A medida que él hablaba con enojo de los activistas de derechos humanos de Barranca y denunciaba a individuos por su nombre como bandidos y subversivos, yo observaba en la pared detrás de su escritorio lo que parecía ser una foto de él posando con el dictador chileno Augusto Pinochet. En momentos como ese, los peligros del trabajo en derechos humanos se hicieron mucho más que evidentes.

En la noche del 16 de mayo de 1998, un grupo grande de hombres armados, vestidos con uniforme militar, asesinaron a siete personas y secuestraron a otras 25 en Barrancabermeja. Miguel, un voluntario de las Brigadas proveniente de España, nos llamó para darnos la noticia. En ese momento, él estaba acompañando a Osiris Bayter, la entonces presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos). Los detalles aún no eran claros y nadie sabía exactamente cuánta gente había sido asesinada. Nuestros temores e incredulidad fueron alimentados por rumores y por desinformación. La lista de muertos, hombres y mujeres jóvenes, era actualizada de boca en boca. Durante la semana siguiente, Barranca fue escenario de la mayor protesta en toda una generación. Pasamos cinco días con sus noches acompañando a los activistas de distintos grupos locales, en tanto ellos permanecían en vigilia en las barricadas que habían levantado en puntos estratégicos alrededor de la ciudad. Turnándonos en la oficina de las Brigadas de Paz escribimos informes sobre lo que estaba ocurriendo y los enviamos a grupos de derechos humanos alrededor del mundo, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y el Comité Inter-Iglesias Canadienses Pro Derechos Humanos en América Latina.

La masacre del 16 de mayo y el paro cívico que tuvo lugar en consecuencia ocurrieron en una época en la cual los activistas de derechos humanos en Colombia estaban adquiriendo un perfil internacional cada vez mayor como críticos de la revitalizada guerra de las drogas de Estados Unidos. Antes de los ataques terroristas al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, Colombia era una de las principales preocupaciones de la política exterior del gobierno estadounidense. En junio del año 2000, un paquete de ayuda militar de 1300 millones de dólares fue aprobado por el presidente Bill Clinton tras más de un año de debate público. Los grupos de derechos humanos buscaban impedir el llamado Plan Colombia, al exponer los vínculos entre las fuerzas armadas colombianas y los escuadrones de la muerte de los paramilitares. Para hacerlo, muchos se apoyaron en la historia de Barranca como un ejemplo admonitorio.⁴ A medida que el Plan Colombia era discutido por el Congreso de Estados Unidos, decenas de activistas de derechos humanos colombianos viajaron a Washington, D.C., a convencer a los legisladores para que no aprobaran lo que llegó a ser un plan ligeramente velado de contrainsurgencia. Los miembros del Partido Demócrata de mente liberal insistieron en la asistencia humanitaria para los miles de personas que con certeza serían desplazadas por el empuje militar financiado por el Plan Colombia hacia el sur de Colombia controlado por los rebeldes.⁵ Los oportunistas estaban a la orden del día en busca de contratos para compra de armas. Tras una visita a la zona en el año 2001, Adam Isacson, observador de Colombia de vieja data y crítico perseverante del Plan Colombia, escribiría: “A medida que Washington se acerca más al largo y sangriento conflicto de Colombia, Barranca nos ofrece un adelanto de la pesadilla que se acerca”.⁶ La cantidad de organizaciones internacionales presentes en el Magdalena Medio se incrementaría notablemente durante aquellos meses y años.

A pesar de la atención dada a Barrancabermeja, los trabajadores de derechos humanos tendrían que encarar nuevos y terribles desafíos. A medida que el Plan Colombia entraba en efecto, las conversaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se fueron a pique y la violencia política en el Magdalena Medio se incrementó. Yo me marché de Barrancabermeja en diciembre de 1998, pero seguí trabajando para las Brigadas de la Paz en el proyecto de Colombia hasta el año 2003. Durante mi trabajo en la organización viajé con regularidad entre Washington, D.C., Ottawa, Bogotá y Barranca para ayudar a convocar grupos de la sociedad civil, diplomáticos, legisladores y ciudadanos comunes y corrientes en pro de la defensa de los trabajadores de derechos humanos. Durante los últimos meses, de la eventual conquista paramilitar de la ciudad en el año 2001, pude retornar a Barranca varias veces. En ese tiempo aprendí que mucho antes de que Barranca fuera conocida como una de las ciudades más violentas, en uno de los países más violentos del mundo, había sido un modelo de organización de los movimientos sociales. Cuando regresé a realizar la investigación para este libro en el año 2005, encontré a Barranca transformada. Los paramilitares ejercían ahora un control casi hegemónico sobre la política y la economía de la ciudad. Frustrados por los reveses que habían sufrido, pero decididos a neutralizar la continua amenaza de violencia, muchos de los activistas con quienes hablé se encontraban en un estado de reflexión. Durante nuestras conversaciones me enteré de cosas extraordinarias acerca de los movimientos populares de la ciudad y de su relación con el reciente contexto de guerrillas, paramilitares y fuerzas de seguridad del Estado. Los diversos hilos de la madeja de una larga historia de activismo social se fueron desenvolviendo a medida que exploramos travesías personales a través de la esperanza, la desilusión y la supervivencia.⁷

Una de las personas a las que entrevisté mientras realizaba la investigación para este libro fue al presidente de Credhos, David Ravelo, quien fue encarcelado el 14 de septiembre de 2010. El 7 de diciembre de 2012, David Ravelo fue sentenciado a 18 años y 3 meses por homicidio agravado. Margaret Sekaggya, quien fuera reportera especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos de 2008 a 2014, ha afirmado que el caso contra Ravelo fue parte de un patrón de acoso legal contra los defensores de derechos humanos en Colombia.⁸ Decenas de organizaciones de derechos humanos colombianas e internacionales, así como expertos, han denunciado irregularidades en el proceso judicial al cual fue sometido Ravelo. Muchos observadores han indicado que el caso contra Ravelo, al igual que aquellos contra otros activistas sociales, se basaron en declaraciones de paramilitares desmovilizados que ofrecieron su testimonio a cambio de la reducción de condenas, de acuerdo con los términos de la polémica Ley de Justicia y Paz del año 2005. El testigo clave contra Ravelo fue el comandante paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias ‘El Panadero’, quien actualmente está cumpliendo condena por su participación en la masacre de 32 personas en Barrancabermeja el 16 de mayo de 1998.⁹ En 2014, se anunciaron investigaciones contra ‘El Panadero’ por cargos de fraude y testimonio falso, en relación con el caso de David Ravelo, y por secuestro, tortura y asalto sexual en relación con el caso de la periodista Jineth Bedoya. El caso de Ravelo fue sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz en 2015, y el defensor de derechos humanos recuperó su libertad en 2017.

Las experiencias de muchos activistas con quienes hablé y los interrogantes que plantearon fueron la fuente de inspiración de este libro. He sido sumamente afortunado al tener la oportunidad de investigar, escribir y enseñar acerca de las raíces de los movimientos de derechos humanos en América Latina. Esta obra fue desarrollada como resultado de la tensión creativa entre la investigación académica, la enseñanza y la práctica en materia de la justicia.

Notas

¹ Santander, Cesar, Bolívar, Antioquia, Boyacá, Caldas y Cundinamarca.

² Miguel Barreto Henriques, “El laboratorio de paz en el Magdalena Medio: ¿un verdadero ‘laboratorio de paz’?”, en Guerra y violencia en Colombia: herramientas e interpretaciones, editado por Jorge A. Restrepo y David Aponte (Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009), 504.

³ Liam Mahony y Luis Eguren, En buena compañía: el acompañamiento internacional para la protección de los derechos humanos (Santander, España: Universidad de Cantabria, 2006).

⁴ A partir de 1994, las Brigadas Internacionales de Paz mantuvieron equipos en Barrancabermeja conformados por media docena de observadores internacionales. En los años siguientes, otras organizaciones internacionales, incluyendo a Médicos Sin Fronteras, Christian Peacemaker Teams, Amnistía Internacional, Paz y Tercer Mundo, y otros establecieron proyectos en la ciudad. La ciudad se convertiría en un punto de referencia para muchos activistas internacionales. En mayo de 1999, Amnistía Internacional publicó por primera vez un reporte detallado sobre Barranca. Amnesty International, Barrancabermeja: A City under Siege (Londres: Amnesty International Publications, 1999).

⁵ En las audiencias del Senado de Estados Unidos para evaluar el progreso del Plan Colombia en octubre de 2003, testigos expertos y legisladores establecieron el vínculo entre el Plan Colombia, la erradicación de los cultivos de droga y la migración interna forzada. Según testigos expertos, en esa época hubo aproximadamente 2,5 millones de personas desplazadas internamente en Colombia. Committee on Foreign Relations, U.S. Senate, Challenges for U.S. Policy towards Colombia: Is Plan Colombia Working? (Washington, D.C.: U.S. Department of State, 2003), 34.

⁶ Adam Isacson, “Los nuevos dueños de Barranca: reporte del viaje de CIP a Barrancabermeja, Colombia, 6-8 de marzo del 2001” (Washington, D.C.: Center for International Policy, 2001).

⁷ He discutido el proceso de conducir entrevistas de la historia oral en Barrancabermeja en el ensayo “The Heart of Activism in Colombia: Reflections on Activism and Oral History Research in a Conflict Area”, en Off the Record: Unspoken Negotiations in the Practice of Oral History, editado por Stacey Zembrycki y Anna SheẠel (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2013), 239-254.

⁸ International Federation for Human Rights (FIDH), Colombia: caso de David Ravelo Crespo, Communiqué (noviembre 4, 2014), https://www.fidh.org/es/americas/colombia/16400-colombia-caso-de-david-ravelo-crespo#nb1.

⁹ “¿Las mentiras de ‘El Panadero’?”, El Espectador, septiembre 16, 2014; “‘El Panadero’, a juicio por el caso de la periodista Jineth Bedoya”, El Tiempo, septiembre 30, 2014.

Agradecimientos

Deseo agradecer a todas aquellas personas en Colombia que compartieron sus historias y experiencia conmigo. Extiendo un especial agradecimiento a Credhos por permitirme con gran generosidad consultar sus archivos, así como también a la Organización Femenina Popular, la Unión Sindical Obrera, la Pastoral Social y a todas las organizaciones de la región que me abrieron sus puertas y compartieron sus análisis.

Deseo expresar mi muy especial agradecimiento a Claudia Caicedo Núñez, la excelente traductora de esta edición de mi libro en español. La dedicación de Claudia a su labor es extraordinaria y para mí fue un verdadero placer trabajar con ella. Mi comprensión de la historia colombiana aumentó considerablemente durante las largas horas que pasamos enfrascados analizando párrafos, oraciones y términos en los dos idiomas. Gracias a Claudia, podré interactuar mucho más a fondo con los lectores latinoamericanos. Para mí, hablante para quien el español es una lengua heredada, es especialmente importante que mi libro sea impreso en el idioma de los miembros de mi familia que viven en Ottawa, Montreal, Washington, D.C., Quito, Guayaquil y Las Palmas de Gran Canaria, entre otros lugares.

Deseo agradecer a Miguel Fernández, Glenis Pérez, Mirjam Koppe, Elena Rey, Camilo Castellanos, ya fallecido, Eleanor Douglas, Katia Urteaga y a las Brigadas Internacionales de Paz, por su hospitalidad y apoyo en Bogotá y en Barrancabermeja. Agradezco también a todos mis amigos, maestros y mentores colombianas y colombianos, especialmente a Rosa Pinzón, Amanda Romero, Francisco Campo, Régulo Madero, Yolanda Becerra, Luisa Serrano, Leila Celis, Matilde Vargas, Pedro Galindo, Alfonso Torres Duarte, Mauricio Archila, Cristina Rojas, Pilar Riaño-Alcalá, Jorge González Jácome y Catalina Muñoz. A lo largo de gran parte del proceso gocé de la compañía y el respaldo de John Jairo Bedoya, quien me ofreció comentarios detallados sobre el manuscrito. Mi gratitud a la extraordinaria comunidad de académicos de Barrancabermeja, especialmente a Rafael Velásquez, quien ha arrojado abundante luz sobre la historia del pueblo indígena yareguíe. Gracias también a los historiadores barranqueños Jorge Núñez y Fernando Acuña, por sus apreciaciones y generosidad. Debo hacer un llamado especial a Germán Plata. Mi gratitud también se debe extender a William Mancera por su gran ayuda llevando a cabo la investigación en las bibliotecas de Bogotá.

Agradezco a Catherine LeGrand, por su energía y sabiduría. Cuando viví en Colombia en 1998, varios años antes de comenzar mi doctorado, un amigo que enseñaba historia en el Instituto Universitario de la Paz en Barrancabermeja me habló de Catherine LeGrand. Él no la había conocido, pero me dijo que ella había escrito un clásico de la historia colombiana y que yo no podía dejar de buscarla cuando regresara a mi hogar en Montreal. Nunca podría haberme imaginado cuán significativo resultaría ser su consejo.

Agradezco a Jesús Abad Colorado, por la maravillosa fotografía que aparece en la portada. Gracias a la dueña de Foto Estudio Joya de Barrancabermeja de quién compré en 2005 las impresiones fotográficas que aparecen en este libro.

Mi agradecimiento a Winifred Tate y Mary Roldán por sus comentarios detallados y su apoyo incondicional. Además, quiero agradecer a Nancy Appelbaum, por sus inmensamente generosos comentarios al manuscrito. Gracias también a Aviva Chomsky por sus comentarios y por darme ánimo.

En la Editorial de la Universidad del Rosario, un especial gracias al director, Juan Felipe Córdoba Restrepo, por su apoyo y confianza, así como a Ingrith Torres Torres y Lina Morales. Deseo agradecer también a Gwen Walker y Steve J. Stern y todo el equipo de la Editorial de la Universidad de Wisconsin. Estoy profundamente agradecido con todos aquellos que me brindaron consejo, apoyo editorial y estímulo.

En la Universidad de Connecticut tengo muchas personas a quienes agradecer por su apoyo a este proyecto y por su amistad, especialmente a Jason Oliver Chang y Mark Overmyer-Velázquez, al igual que a Mark Healey y a muchos otros colegas en el Departamento de Historia, en el Instituto de Derechos Humanos y en El Instituto: Institute of Latina/o, Caribbean, and Latin American Studies. Mi especial agradecimiento a Orlando Deavila por su ayuda en la investigación. Jason Oliver Chang fue una gran fuente de energía para mí durante los últimos dos años y aprecio profundamente sus comentarios a los borradores de los capítulos. También estoy en deuda con John E. Harmon, profesor emérito de la Central Connecticut State University, por haber creado mapas originales para esta publicación.

En la Universidad de Toronto tengo una cantidad de colegas y amigos maravillosos a quienes agradecer, incluyendo a Sean Mills, Melanie Newton, Kevin Coleman, Yvon Wang, Tamara J. Walker, Eric Jennings y Nick Terpstra, todos ellos del Departamento de Historia. Mi agradecimiento a todos en Estudios Latinoamericanos, incluyendo a Susan Antebi, Berenice Villagómez y Donald Kingsbury. Extiendo mi especial reconocimiento a Ana María Bejarano, ya fallecida, cuya presencia y contribuciones a la universidad echamos mucho de menos.

Una gran oportunidad que he tenido en los últimos años ha sido trabajar con miembros de la comunidad colombiana en Toronto, especialmente de la Alianza de Solidaridad y Acción por Colombia, así como de los grupos que trabajan en defensa de la justicia, la paz y los derechos humanos, incluyendo a Kairos: Iniciativas Ecuménicas Canadienses de Justicia, las Brigadas Internacionales de Paz Canadá, Amnistía Internacional y otros.

Agradezco a mis padres, Joyce Canfield y Carlos van Isschot, a mi hermana Andina van Isschot y a Bernard Pelletier. También agradezco a mi hermana Isabel van Isschot y a Carlos Osorio. El amor de mi madre, su intelecto y fortaleza, son simple y sencillamente ilimitados. Creo que mi padre lo debe saber, pero vale la pena repetirlo, que él me inspiró su amor a la historia latinoamericana y su espíritu de rebeldía. En esta obra he tratado de honrar una visión de la justicia social en América Latina que aprendí por primera vez en mi hogar. Doy las gracias también al ya fallecido Christopher Conway. Gracias por ser un maravilloso narrador y un inconformista incorregible.

En Washington, D.C., agradezco a Michael Evans del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad de George Washington y a Viviana Kristicevic y Michael Camilleri del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). En la Universidad de McGill, doy un especial agradecimiento a Daviken Studnicki-Gizbert por su generosidad y apoyo. Gracias también a Philip Oxhorn, Iain Blair y al inimitable Samuel J. Noumoff, ya fallecido. Extiendo mi agradecimiento a todo el personal del Departamento de Historia de la Universidad de McGill. En la Universidad de Concordia deseo agradecer a todos aquellos con quienes trabajé en el Proyecto de Historias de Vida de Montreal, en particular a Anna Sheftel, Sandra Gasana, Stacey Zembrzycki y Steven High.

Este proyecto fue posible gracias al apoyo del Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), del McGill Centre for Developing Area Studies (actualmente el Institute for the Study of International Development), el Departamento de Historia de la Universidad de McGill, el Departamento de Historia de la Universidad de Toronto y el Social Science and Humanities Research Council (SSHRC).

Mis muchos amigos y colegas de las Brigadas Internacionales de Paz merecen un reconocimiento muy especial. Sin ellos, este proyecto no habría podido ser concebido. Si en este texto se incluyen apreciaciones que hacen honor a la verdad, es debido a que los argumentos más claros son aquellos que ya han pasado la prueba del consenso. Esta historia, por lo tanto, pertenece también a las decenas de miembros de las Brigadas de Paz que han pasado tiempo en Barrancabermeja a lo largo de los años. En una visita de investigación en el año 2006, participé en un ejercicio de memoria histórica durante el cual más de una docena de miembros de las Brigadas de Paz compartieron historias de esta singular y extraordinariamente maravillosa ciudad colombiana. Espero haber logrado captar en las páginas que siguen una mínima parte de esa sabiduría colectiva.

Esta publicación nunca podría haberse finalizado sin el amor y el apoyo que recibí de Stephanie Conway. Ella ha compartido mi pasión por este trabajo. Por encima de todo, Stephanie y yo hemos compartido la dicha de ser padres de dos maravillosos niños, Jordi y Nicolasa.

Abreviaturas

AAA | Alianza Americana Anticomunista
ACCU | Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá
Acdegam | Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio
ACMM | Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio
ACVC | Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra
AGN | Archivo General de la Nación
ANUC | Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
Asfaddes | Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
Asodesamuba | Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja
Asorvimm | Asociación Regional de Víctimas de Crímenes del Estado del Magdalena Medio
AUC | Autodefensas Unidas de Colombia
Ausac | Autodefensas Unidas de Santander y Sur del Cesar
Cajar | Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Cinep | Centro de Investigación y Educación Popular
Cejil | Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CNRR | Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación
Codhes | Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
Convivir | Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada
Credhos | Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (anteriormente Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos)
CSTC | Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia
CUT | Central Unitaria de Trabajadores
DANE | Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DAS | Departamento Administrativo de Seguridad
Dijín | Dirección de Investigación Criminal e Interpol
Ecopetrol | Empresa Colombiana de Petróleos
ELN | Ejército de Liberación Nacional
EPL | Ejército Popular de Liberación
FAM | Frente Amplio del Magdalena Medio
FARC-EP | Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
Fedepetrol | Federación de Trabajadores Petroleros
FILA | Frente de Izquierda Liberal Auténtico
Funprocep | Fundación para la Promoción de la Cultura y la Educación Popular
ILSA | Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos
IPC | Instituto Popular de Capacitación
IPS | Instituto de Estudios Políticos de Washington, D.C.
JAC | Juntas de Acción Comunal
JUCO | Juventud Comunista Colombiana
M-19 | Movimiento 19 de Abril
MAS | Muerte a Secuestradores
MRL | Movimiento Revolucionario Liberal
OEA | Organización de los Estados Americanos
OFP | Organización Femenina Popular
PBI | (Peace Brigades International) Brigadas Internacionales de Paz
PCC | Partido Comunista Colombiano
PSR | Partido Socialista Revolucionario
Sijín | Seccional de Investigación Judicial
UIS | Universidad Industrial de Santander
UP | Unión Patriótica
Usaid | Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
USO | Unión Sindical Obrera
WOLA | Oficina de Washington para América Latina

Cronología de la historia de Barrancabermeja

1905
Roberto de Mares obtiene los derechos de la concesión petrolera en Barranca

1916
La Tropical Oil Company comienza las perforaciones

1919
La Tropical Oil Company es vendida a la Standard Oil de Nueva Jersey

1921
Se construye una refinería en Barranca

1922
Barrancabermeja se convierte en municipio

1924
Primer gran paro petroleroLos dirigentes del paro son arrestados y enjuiciados por un tribunal militar

1926
Se completa el oleoducto Barranca-Cartagena

1927
Segundo gran paro petrolero

1929
Levantamiento ‘bolchevique’ en Santander y Tolima

1935
Tercer gran paro petrolero

1938
Cuarto gran paro petrolero

1948
Quinto gran paro petroleroLevantamiento tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán: la comuna de Barranca

1950
Huelga por la nacionalización de la producción petrolera colombiana

1951
Se nacionalizan las operaciones de perforación

1958
Declaración de Sitges: final de La Violencia y comienzo del Frente Nacional

1960
La Unión Sindical Obrera se une al ‘paro de solidaridad’ con trabajadores del petróleo en otras regiones

1961
Se nacionaliza la refinería de Barranca

1963
Paro de los trabajadores del petróleo (primer gran paro en trece años)Primer paro cívico por los derechos sociales y el desarrollo local

1964
Primera acción militar del Ejército de Liberación Nacional en el Magdalena Medio

1967
Creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)

1968
Las FARC abren un frente en el sur del Magdalena Medio

1970
Misael Pastrana Borrero, el candidato conservador es elegido presidente

1971
Paro de los trabajadores del petróleo y toma de la refineríaCorte marcial de los dirigentes del paroDivisión en la ANUC

1972
Creación de la Organización Femenina Popular

1973
El Ejército lleva a cabo la Operación Anorí contra el Ejército de Liberación Nacional

1975
Paro cívico por los servicios públicos y la tierra para los campesinosCreación del barrio Primero de Mayo mediante la invasión de tierras

1976
El Magdalena Medio es declarado ‘zona de guerra’ por el gobierno nacional

1977
Varios paros breves por parte de los trabajadores del petróleoParo de los trabajadores del petróleo dura 43 díasEs nombrado en Barranca un alcalde militar, el teniente Álvaro Bonilla LópezParo cívico nacional

1978
Formación del grupo de ‘autodefensas’ que se convertiría en las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (ACMM)Julio César Turbay Ayala, candidato Liberal, es elegido presidente de Colombia

1980
Primera evidencia de abusos a los derechos humanos por grupos paramilitares

1981
Creación de Muerte a Secuestradores (MAS) en el sur del Magdalena Medio

1982
Primeras protestas de derechos humanos en el Magdalena Medio, organizadas en Puerto Berrío

1983
Paro cívico por el aguaCreación de la coalición de la sociedad civil, la Coordinadora Popular

1985
Asesinato del cofundador del ELN y activista social Ricardo Lara Parada Masacre de Vuelta Acuña, seguida de un desplazamiento masivo a Barranca

1986
Asesinato de Leonardo Posada, congresista por el partido Unión Patriótica

1987
Ataques con granadas a tres miembros del partido Unión Patriótica Paro cívico para protestar por los ataques contra el partido Unión PatrióticaAsesinato de la niña de 14 años Sandra RondónPrimera gran protesta por los derechos humanos (paro cívico por la vida)Paro del Nororiente (protestas campesinas en toda la región)Creación del Comité Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos)La Organización Femenina Popular se independiza de la Iglesia católica

1988
Paro cívico para protestar por el asesinato de Manuel Gustavo Chacón, dirigente laboralMarcha campesina y protesta en el primer aniversario del Paro del NororienteMasacre de campesinos por parte del Ejército colombiano en Llana CalienteParo cívico para protestar por el asesinato de Hamet Consuegra, dirigente laboralI Asamblea General de Credhos

1989
Primer Foro Regional de Derechos Humanos convocado por Credhos Masacre de doce miembros de la comisión judicial en La Rochela por fuerzas paramilitares y militaresParo cívico para protestar por el asesinato de Orlando Higuita, concejal de la Unión PatrióticaCreación del albergue campesino para campesinos desplazados

1990
Creación del Comité de Derechos Humanos de Sabana de Torres, SantanderII Asamblea General de Credhos

1991
Creación de la red de inteligencia de la Armada NacionalTrabajadores petroleros se declaran en huelga durante la negociación colectiva

1992
III Asamblea General de CredhosSeis miembros de Credhos son exiliadosParo cívico para protestar por el asesinato de Ismael Jaimes, concejal y editor de prensa

1994
Las Brigadas Internacionales de Paz establecen su presencia permanente en Barranca

1997
Marcha campesina desde el Magdalena Medio hasta Cartagena

1998
Masacre del 16 de mayo en el suroriente (7 muertos, 25 desaparecidos) Se funda en Barranca la sucursal de la Asociación de Familiares de Detenidos DesaparecidosAndrés Pastrana Arango es elegido presidente de ColombiaMédicos Sin Fronteras establecen su presencia en el Magdalena Medio Miles de campesinos de zonas rurales azotadas por la guerra en el Magdalena Medio ocupan los principales edificios públicos de Barrancabermeja durante las marchas campesinasExilio de la presidente de Credhos, Osiris Bayter

1999
El Congreso de Estados Unidos aprueba financiar el Plan Colombia

2001
Toma paramilitar de Barrancabermeja

2002
Álvaro Uribe Vélez es elegido presidente de Colombia

2003
Se disuelve la Coordinadora PopularExdirigentes de Credhos crean la ong Corporación RegiónSe crea el Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos del Magdalena Medio

2005
El Estado crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación Ley 975 de Justicia y PazUna coalición de grupos colombianos de derechos humanos, incluyendo a Credhos, crea el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado

2010
El presidente de Credhos, David Ravelo, es arrestado

Introducción
“Un auge de lucha muy grande”

Los movimientos cívicos cogieron una gran fuerza en Barrancabermeja, pero en los últimos momentos, hacia el año 1987, asesinaron a una niña, y eso despertó un fervor popular por la defensa de la vida, creó un ambiente muy propicio en Barrancabermeja para crear una organización que orientara en este sentido. Es decir que Credhos no nace tan en frío.

No, pues, absolutamente no nace en frío. Nace al calor de las mil cosas que se estaban dando: por un lado, la violencia; por otro lado, las necesidades, crear una infraestructura en Barrancabermeja, como la que se merece, por ser una ciudad rica; por otra parte, las organizaciones sociales en un auge de lucha muy grande.

RAFAEL GÓMEZ SERRANO, sindicalista, activista de derechos humanos.¹

La guerra contra los derechos humanos

El asesinato el 2 de mayo de 1987, de la adolescente de 14 años, Sandra Rondón, por parte de presuntos paramilitares en Barrancabermeja, inspiró el primer paro general por los derechos humanos en la historia colombiana. Rondón iba camino a la iglesia un tranquilo domingo en el barrio central de Torcoroma cuando dos hombres se acercaron en una motocicleta. El hombre que iba en la parte de atrás abrió fuego a quemarropa con una pistola de nueve milímetros. Disparó varias veces y la niña murió instantáneamente.² Rondón había sido identificada recientemente por los medios como una testigo clave de un ataque terrorista. Dos semanas antes, un artefacto explosivo había sido lanzado a una heladería que estaba llena de gente y ocho personas resultaron heridas, incluyendo el hermano menor de Rondón.³ Los aparentes objetivos del ataque eran tres miembros del partido político de izquierda Unión Patriótica. Sandra Rondón no fue la primera víctima de la guerra sucia en Barranca.⁴ Pero su asesinato estremeció a los lugareños como solo lo puede hacer la muerte de un niño inocente y ella se convirtió en un símbolo de la lucha de la ciudad por los derechos humanos básicos. Aunque los funcionarios locales y los movimientos sociales denunciaron con rapidez el asesinato de Rondón, de Bogotá no se recibió ninguna respuesta inmediata. En Barranca, católicos, comunistas, liberales, conservadores, sindicalistas y organizadores comunitarios llevaron a cabo una demostración masiva, tal como lo habían hecho decenas de veces anteriormente, para demandar que el gobierno nacional garantizara salarios justos y servicios públicos como el agua, la educación y la salud. Pero esta vez ellos pedían que los civiles fueran protegidos de la violencia.

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) con sede en Barrancabermeja fue creada en una época en que la represión militar y paramilitar amenazaba con dar un vuelco a lo difícilmente ganado por los movimientos populares locales. Los campesinos habían sido los primeros en elevar su voz en contra de la violencia política en la región para principios de los años ochenta. Para finales de la década, a ellos se unieron activistas urbanos. En la ciudad, un movimiento cívico popular había logrado aunar las fuerzas de los partidos de los trabajadores, políticos progresistas y organizaciones comunitarias, incluyendo los grupos comunitarios de base, dirigidos por mujeres y campesinos desplazados. La confianza de los activistas de Barranca en que pronto lograrían un auténtico cambio político y social se vio afectada por la dinámica que estaba teniendo lugar a nivel nacional. Hasta mediados de los años ochenta, un número nunca antes vista de colombianos salieron a las calles a reclamar una amplia gama de derechos.⁵ En 1987, los colombianos organizaron 47 paros cívicos. Más del doble del promedio, ya de por sí notorio, de los paros cívicos realizados durante la década anterior.⁶ El año en que se fundó Credhos también fue el año más cruel en la historia de Colombia desde el final de La Violencia.⁷ Las autoridades colombianas calcularon que el conflicto armado había producido 2500 muertes y 200 desapariciones en lo que los medios nacionales llamaron “el año de la guerra sucia”.⁸ Solo en 1987 tendrían lugar aproximadamente 250 homicidios motivados políticamente en Barranca.⁹ En respuesta a los ataques en contra de los dirigentes laborales y sociales más prominentes de la ciudad, el activismo en pro de los derechos humanos surgió como el paradigma que encabezaría la protesta popular.

Mapa 2. Barrios seleccionados de Barrancabermeja, la refinería, El Centro y los barrios nororientales. Circa 1998

Fuente: elaborado por John Harmon.

Las luchas históricas en pro de la justicia social lideradas por trabajadores y campesinos organizados le proporcionaron al movimiento de derechos humanos de Barranca la base para movilizar grandes cantidades de ciudadanos. Al igual que las luchas anteriores por el agua, la lucha por los derechos humanos tocó la vida de todos los residentes de la zona. Según el historiador Mauricio Archila, “los movimientos cívicos de los años 60 y 70 demostrarían las implicaciones radicales de un pueblo que se va interesando por el destino de su municipio”.¹⁰ El paro cívico tal como fue practicado por los movimientos populares en Colombia en los años ochenta combinó las tácticas usadas durante las huelgas, las invasiones de tierras urbanas y las marchas campesinas de los trabajadores, colonos y campesinos pobres de las décadas anteriores. Los paros cívicos implicaron la interrupción de toda la actividad comercial, la ocupación de calles de la ciudad y la realización de manifestaciones masivas en plazas públicas. Los paros cívicos fueron, por lo tanto, distintos de las huelgas encabezadas por los trabajadores del petróleo que se enfocaron en detener las operaciones de explotación y refinación. Los movimientos campesinos fueron los primeros en usar de manera regular lo que el sociólogo Leon Zamosc ha denominado la negociación colectiva por la perturbación como instrumento de la participación popular.¹¹ Mediante marchas, éxodos e invasiones organizadas desde los años sesenta, que a menudo incluyeron la toma de centros urbanos por parte de miles de manifestantes, organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y otras demostraron que la movilización masiva de ciudadanos comunes y corrientes podía lograr que funcionarios del gobierno de alto nivel se sentaran a negociar con respecto a la titulación de tierras, el desarrollo económico y la represión militar. El influjo de campesinos politizados a Barranca, muchos de los cuales huían de zonas afectadas por la guerra, inspiró a muchos movimientos sociales urbanos en la misma dirección. Las campañas masivas por el agua potable y los servicios públicos en los años setenta se convertirían en un modelo para las campañas por los derechos humanos de los años ochenta y de ahí en adelante.

Durante los paros cívicos, los activistas hicieron uso de su conocimiento de la peculiar topografía urbana de Barranca para hacer despliegues poderosos de unidad. Solo había una calle principal que entraba a la ciudad y unas pocas carreteras vinculaban a la bastante segregada zona del centro con los distritos orientales. Un paro cívico comenzaba con grupos de jóvenes que se reunían simultáneamente en dos principales puntos estratégicos. Uno es el paso elevado que va a lo largo de la línea férrea y divide a Barranca en dos partes. En el lado occidental está la Barrancabermeja planificada y formal. En el lado oriental están los barrios orientales, que desde principios de los años sesenta han sido el lugar de invasiones de tierra, organizadas por migrantes pobres. Conocido como el puente elevado, este puente era la principal vía que conectaba estas dos mitades. El otro punto estratégico clave es el As de Copas, una intersección ubicada en la parte alta del límite sur de la principal zona urbana, llamado así por una tienda ubicada allí. Otro lugar de importancia estratégica, era la intersección de la carretera que salía de la ciudad hacia Bucaramanga, hacia el oriente, y hacia Bogotá, hacia el sur. Este punto es conocido como El Retén, porque en el pasado allí ubicaban un control las fuerzas de seguridad. Además, contaba con una barrera de acero. Aunque está algo aislado, El Retén era estrecho y podía ser tomado por un grupo pequeño de manifestantes. Al prenderle fuego a llantas y otros escombros en dos o más de estos puntos, los organizadores del paro cívico podían detener con efectividad todo el movimiento dentro de la ciudad hasta que todo el mundo quedaba exhausto o hasta que hacía presencia una gran cantidad de Ejército. Los paros cívicos ayudaron a forjar lazos de solidaridad entre los participantes, desde la gente que pasaba toda la noche en las barricadas hasta las personas que preparaban sancocho en fogones en las calles y aquellas que transmitían las noticias sobre los movimientos de las fuerzas de seguridad o negociaban con el gobierno.

Mapa 3. Lugares populares, oficinas de los movimientos sociales y calles principales en el centro de Barrancabermeja. Circa 1998

Fuente: elaborado por John Harmon.

El Paro Cívico por la Vida en 1987, una protesta contra la violencia política llevada a cabo tras el asesinato de la niña de 14 años Sandra Rondón, fue excepcional debido a su escala, su espontaneidad y a la singular atención dada a los derechos humanos. Los grandes paros cívicos organizados en Barranca durante los años setenta a menudo coincidieron con negociaciones colectivas por parte de los trabajadores del petróleo que se ocupaban de reclamaciones de vieja data con relación a los servicios públicos y requerían semanas de preparación. En contraste, el Paro Cívico por la Vida y otras protestas por los derechos humanos se llevaron a cabo como respuesta directa a acciones represivas específicas y requirieron relativamente de muy poca anticipación. El día del asesinato de Rondón, los líderes del movimiento social convocaron un comité organizador. Sin embargo, varias horas antes de que el comité de paro pudiera enviar a sus miembros a bloquear el centro de la ciudad, grupos de jóvenes ya habían acudido a los lugares de reunión usuales.¹² Tal como se verá, aunque el Paro Cívico por la Vida fue el más impactante de las protestas de este período, una serie de demostraciones menores, organizadas en respuesta a actos de violencia estatal, lo habían precedido. Francisco Campo, un activista de toda una vida, nacido y criado en Barrancabermeja, recuerda los primeros paros cívicos por los derechos humanos a finales de los años ochenta como experimentos emocionantes en democracia popular. Campo estaba completamente involucrado por el movimiento de protesta de la ciudad:

Todos corríamos muchos riesgos. Éramos un tanto irresponsables. Éramos muy jóvenes aún, pero muy convencidos de lo que hacíamos. Nadie nos obligaba, nadie nos manipulaba. No dormíamos. Estuvimos en el paro cívico de principio al fin. Terminamos agotados, agotados. Pero era la felicidad. Eso era la mayor escuela de formación que tuvimos los jóvenes. Me formé allá, y luego en la universidad. Después, en los derechos humanos creo que me cualifiqué. Pero mi formación fundamental fue allí en la calle.¹³

El paro cívico en respuesta al asesinato de Sandra Rondón duró tres días y tres noches, y participaron miles de personas. El riesgo asumido que describe Campo, la pérdida de las inhibiciones, por lo general, fue parte del ethos de los paros cívicos. El Paro Cívico por la Vida fue un precursor del estado permanente de descontento en el que muchos activistas de la ciudad estaban a punto de sumirse.

Mientras que el asesinato de Sandra Rondón impulsó a amplios sectores de la sociedad de Barranca, las protestas que surgieron también provocaron importantes debates entre los participantes. Los grupos cívicos locales, los sindicatos de trabajadores del petróleo y los partidos políticos, todos estuvieron presentes en las barricadas levantadas en puntos estratégicos de entrada a la ciudad. Algunos recordaron que estuvieron allí también grupos de milicianos de las guerrillas. En dicho ambiente nació entonces el movimiento en pro de los derechos humanos en Barranca: colmado de significados contrapuestos. Las organizaciones campesinas, que fueron las primeras en dar la alarma sobre las violaciones masivas que estaban siendo llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y sus aliados paramilitares, estuvieron entre los grupos que se preguntaron si tomarse las calles en protesta por los derechos humanos básicos ofrecía un camino promisorio.¹⁴ ¿Eran los derechos humanos demasiado reducidos políticamente? Este fue un interrogante que tuvo resonancia más allá de Barranca. Como escribió el intelectual del Partido Comunista y dirigente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos con base en Bogotá, Hernando Hurtado: “A diferencia de protestas anteriores, ésta no enarbola reivindicaciones económicas ni sociales, su objetivo único es el Derecho a la Vida”.¹⁵ Más allá de la reflexión teórica, hubo unas implicaciones prácticas. En el momento del asesinato de Sandra Rondón, se estaba planeando una movilización histórica de campesinos, llamada el Paro del Nororiente, concebida como un éxodo masivo proveniente de áreas rurales en Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. A algunos líderes campesinos les preocupaba agotar a sus miembros y poner a prueba la paciencia del resto de la comunidad. En últimas, ambas protestas tuvieron lugar. Los debates dentro de los grupos de activistas con respecto a la mejor manera de defender a las comunidades vulnerables de la violencia política continuarían. No obstante, en el año siguiente al asesinato de Sandra Rondón, activistas en Barranca organizarían ocho paros cívicos más en pro de los derechos humanos. Además de los movimientos campesinos, los sindicatos de los trabajadores del petróleo, la Iglesia católica, la Organización Femenina Popular y el gobierno municipal se movilizaron en contra de la violencia política en sus propios términos, estableciendo subcomités especializados de derechos humanos y publicando acciones urgentes. Organizaciones de Bogotá establecerían proyectos en Barranca en respuesta a una creciente guerra sucia. Durante el transcurso de la década siguiente, los activistas con base en Barrancabermeja perfilarían los debates a nivel nacional e internacional sobre los asuntos de derechos humanos.

Los derechos humanos como protesta social

En este libro se examina el porqué, el cómo y con qué impacto la gente que vive en zonas de conflicto se organiza colectivamente para defender los derechos humanos. En Barrancabermeja han sido asesinadas miles de personas, primordialmente por las fuerzas armadas colombianas y sus aliados paramilitares.¹⁶ Las guerrillas en la ciudad también han sido responsables de actos de violencia allí y en su región circundante, aunque de menor manera. Los activistas sociales con base en Barrancabermeja se unieron alrededor de la causa de los derechos humanos en medio de un conflicto armado en el cual la gran mayoría de las víctimas eran civiles. Desde principios de los años ochenta, unidades paramilitares que trabajaban en colaboración con fuerzas de seguridad del Estado habían estado llevando a cabo acciones represivas en contra de los movimientos populares en la región del sur del Magdalena Medio. Al mismo tiempo, los grupos guerrilleros expandieron su control sobre territorios estratégicos cercanos. Para asegurar sus posiciones, las guerrillas efectuaron secuestros y asesinatos selectivos, así como actos de sabotaje contra la infraestructura. En respuesta a las represalias paramilitares contra campesinos que vivían en zonas bajo influencia guerrillera, decenas de miles de personas abandonaron el campo y buscaron refugio en zonas marginales en las afueras de Barrancabermeja. Para mediados de los años ochenta, los homicidios y desapariciones forzadas también estaban ocurriendo en las calles de la ciudad y tenían por objetivo a dirigentes y activistas sociales y políticos. Entretanto, la violencia paramilitar se intensificó en el campo, desplazando a más personas y permitiendo que traficantes de drogas acumularan gigantescas propiedades.¹⁷ A finales de los años ochenta, activistas de Barranca y de la región del Magdalena Medio se unieron para exponer a los autores de la violencia, hablar en nombre de las víctimas y sus familias, hacer un llamado al Estado colombiano a proteger los derechos humanos y denunciar las cada vez más profundas desigualdades socioeconómicas que ellos consideraban fuentes del conflicto.

Los movimientos de derechos humanos han tendido a surgir en lugares donde el Estado tiene una presencia fuerte. Esto se pone en evidencia en toda América Latina en la concentración de organizaciones de derechos humanos en grandes centros urbanos, particularmente en ciudades capitales, donde la interacción con el gobierno y las organizaciones internacionales es más directa. Los movimientos de derechos humanos más conocidos en la región son aquellos que surgieron en el Cono Sur durante el período de las dictaduras militares a comienzos de los años setenta. Por lo tanto, no es evidente que un movimiento de derechos humanos emergiese y perdurase en el contexto de un conflicto armado irregular, dominado por actores armados ilegales, en un país donde el Estado central es históricamente débil y se ha desarrollado de manera desigual.¹⁸ Aunque Barrancabermeja es distante de Bogotá y está ubicada en lo que generalmente se conoce como una región de frontera, allí hay una presencia robusta del Estado debido al petróleo. Por décadas, Barranca ha albergado al movimiento sindical más importante de Colombia. A lo largo del siglo XX, los partidos gobernantes, Liberal y Conservador, garantizaron el flujo de petróleo mediante acciones represivas en contra de los sindicatos y de las interrupciones regulares del orden constitucional, conocidas como declaraciones de estado de sitio.¹⁹ Barrancabermeja fue un sitio singular de distensión entre esos rivales, incluso durante la conflagración de mediados de siglo conocida como La Violencia. El afincamiento del gobierno por dos partidos durante los gobiernos del Frente Nacional de los años sesenta y setenta dieron origen a la formación de nuevos movimientos sociales paralelamente a las insurgencias armadas, quienes se levantaron contra la exclusión política. Para los residentes de Barranca, las autoridades del Estado nacional eran una presencia constante y representaban una frustración para los activistas. Para Bogotá, Barranca representaba un problema al que se le debía hacer frente.

Figura 2. Refinería en Barrancabermeja

Fuente: fotografía del autor.

Barrancabermeja y el circundante Magdalena Medio por largo tiempo han estado asociados con la política radical. Los fundadores de la insurgencia conocida como Ejército de Liberación Nacional inicialmente tomaron el nombre de Brigada José Antonio Galán, en honor al dirigente santandereano de la Revolución de los Comuneros de finales del siglo XVIII.²⁰ Durante la primera década del siglo XX, liberales que huían de la represión conservadora tras la derrota en la Guerra de los Mil Días establecieron colonias en la zona. En los años veinte, el socialista Raúl Mahecha organizó los primeros paros de los trabajadores del petróleo. Los comunistas María Cano e Ignacio Torres Giraldo viajaron a Barranca a hacer parte de los movimientos de esa época.²¹ En 1927, un movimiento autodescrito como bolchevique, cuya sede estaba en una estación ferroviaria a pocos kilómetros de Barranca, participó en el primer levantamiento comunista en la historia de América Latina, cinco años antes de que Agustín Farabundo Martí tomara las armas en El Salvador. En 1948, barranqueños leales al candidato presidencial populista Jorge Eliécer Gaitán, tras el asesinato de su líder se tomaron el control de la ciudad en lo que se conoce como la Comuna de Barrancabermeja. Durante la guerra civil que se desencadenó, las guerrillas liberales de orientación de izquierda se convirtieron en una fuerza dominante en la región. El conflicto conocido como La Violencia, durante el cual 300 000 personas fueron asesinadas, duró de 1948 a 1958. En ese período, el sindicato de los trabajadores del petróleo fue prohibido y la política popular fue forzada a la clandestinidad. La suma de estos eventos inspiraría de manera directa a los grupos guerrilleros que se formaron en la región durante los años sesenta.

Movimientos insurgentes armados, particularmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), han desempeñado papeles fundamentales en la historia de Barrancabermeja. Durante los años ochenta, se establecieron en la ciudad milicias guerrilleras urbanas de ambos grupos. Previamente, en tanto las guerrillas proclamaban tener operativos en la ciudad, no comandaron ninguna unidad militar capaz de dominar los barrios, como sí lo harían durante los años noventa. El desarrollo de milicias urbanas representó un giro fundamental para lo que hasta aquí habían sido los movimientos en zonas rurales. El ELN en particular se asociaría estrechamente con sus milicias urbanas en Barrancabermeja.²² Tal como se verá, inicialmente las acciones militares de las guerrillas en los alrededores de Barranca en los años setenta incluyeron ataques a las fuerzas de la seguridad y a la infraestructura petrolera, así como secuestros políticos ocasionales. Las depuraciones letales en las guerrillas, de aquellos acusados de traición dentro de sus propias filas, resultarían un factor divisor, tal como lo serían los intentos oportunistas de participar en las protestas lideradas por la sociedad civil. Las guerrillas nunca fueron tan brutales como los paramilitares y los movimientos sociales locales tuvieron la posibilidad de mantener un alto grado de autonomía. No obstante, los grupos insurgentes fueron una presencia influyente. Los combatientes guerrilleros eran principalmente lugareños y gozaban de una amplia, mas no incondicional, simpatía. Pero las acciones de la guerrilla implicaban serios riesgos para los civiles en la ciudad. Cuando llegó la represión del Estado, los miembros de movimientos políticos legales asociados con las FARC (Unión Patriótica) y el ELN (¡A Luchar!) fueron entre los primeros en ser perseguidos. A medida que escalaban las operaciones paramilitares durante los años noventa, las guerrillas multiplicaban sus acciones armadas dentro de la ciudad, incluyendo ataques a puestos y patrullas de la Policía y el Ejército. En este decisivo período, en tanto los grupos paramilitares cerraban el círculo alrededor de Barrancabermeja, las guerrillas incidieron en que se desagregasen los movimientos sociales más antiguos de Colombia.

Los movimientos populares en Barrancabermeja por décadas se habían centrado en asuntos laborales y de justicia social interdependientes, tal como se pone de manifiesto en la refinería, los campos petroleros y los barrios más pobres de la ciudad. Así, el giro hacia los derechos humanos es una forma de resistencia a la violencia política por parte del movimiento popular de Barrancabermeja, que implicó un significativo cambio discursivo. El léxico de los derechos humanos era nuevo para muchos activistas veteranos aun cuando sus inquietudes a menudo eran articuladas en términos de los derechos laborales, sociales y económicos. De hecho, por generaciones, los barranqueños habían participado en el diálogo con el Estado central y se habían involucrado en regulares batallas legales con respecto a convenciones colectivas, despidos sin justa causa y demás. Los conceptos de detención arbitraria, tortura, asesinato extrajudicial, desaparición y desplazamiento forzado se convertirían cada vez más en parte del lenguaje de la protesta en la ciudad. Estos activistas se apropiaron del lenguaje de los derechos humanos para ayudar a describir la represión a la cual estaban siendo sometidos y así defender sus movimientos. Según la antropóloga Winifred Tate, “violación de derechos humanos” es en sí misma una categoría para hacer que la violencia sea legible socialmente y establecer la rendición de cuentas, además para ubicar actos específicos dentro de historias más amplias.²³ Para los activistas de los movimientos sociales asediados en Barranca, la cuestión de los derechos humanos básicos fue inseparable de las cuestiones relativas a la justicia social y económica, la democracia y el desarrollo regional. Lo que unió a los activistas de los derechos humanos en Barranca no fue el estado de violencia como tal, fue el hecho de que la violencia hubiese sido dirigida contra los movimientos populares, así como en contra de ciudadanos comunes y corrientes, como Sandra Rondón. La legitimidad de los activistas de los derechos humanos en Barranca fue, por lo tanto, determinada por las experiencias compartidas por la gente en nombre de quienes ellos hablaban y las comunidades en las que ellos vivían.

Barranca ha sido descrita como el “corazón del activismo” en Colombia.²⁴ Aunque Colombia ha sido dominada por largo tiempo por los partidos Liberal y Conservador, así como por extensas redes clientelistas asociadas por dichos partidos, Barranca desarrolló una marca propia de inconformismo. La destacada longevidad y combatividad de los movimientos sociales de la ciudad se debe a su historia como un enclave de refinamiento de petróleo y a la generalizada identificación entre los barranqueños con la política nacionalista, obrera y antiestablecimiento.²⁵ En las palabras de Irene Villamizar, quien ha trabajado por décadas como maestra y activista comunitaria en los barrios surorientales pobres: “Aquí este pueblo no es de los ricos”.²⁶ Las entrevistas que llevé a cabo con líderes populares que experimentaron el cambio en dirección a los derechos humanos en Barranca durante los años ochenta revelan una relación directa entre la agitación social, la violencia política y la renovación de la protesta popular. En Barranca, los derechos humanos no fueron ni una utopía ni un simple instrumento, fueron acogidos por una diversidad de fuerzas sociales progresivas y fueron intensamente debatidos. Tampoco desplazaron la cultura de rebeldía que animaba el impulso para alcanzar el cambio.

Para comprender la represión paramilitar

Mi investigación examina la intersección del activismo de derechos humanos con el paramilitarismo y los procesos de formación del Estado. El advenimiento de los derechos humanos en los años ochenta alteró el paisaje político de la violencia en el Magdalena Medio. Las protestas realizadas por los movimientos campesinos en la región arrojaron luz sobre los patrones de conducta abusiva de las fuerzas armadas colombianas. A medida que se multiplicaron los esfuerzos para documentar y exponer los asesinatos extrajudiciales, las detenciones arbitrarias y la tortura, lo hicieron también las amenazas en su contra. Esta reacción tuvo lugar en el contexto de una oleada mayor de violencia de contrainsurgencia que arrasó con el campo y llegó a la ciudad para mediados de la década. En Barrancabermeja el uso de automóviles y motocicletas sin placas por asesinos que utilizaban vestimenta de civiles fue denunciado por los activistas de derechos humanos como evidencia de operaciones encubiertas que estaban siendo ejecutadas por las fuerzas de seguridad del Estado. La creación de escuadrones de la muerte paramilitares durante este período empañó la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos. Esta fue una continuación de la política del estado de sitio y la exclusión por otros medios, mediante la cual los mandos militares justificaron la supresión de las libertades civiles en nombre de la seguridad nacional, tal como fue el caso durante los grandes paros de los trabajadores del petróleo y los paros cívicos de los años setenta. El Ejército y la Policía se mantuvieron inquietos respecto al orden público en Barrancabermeja y sus zonas circundantes, pero la principal razón de los asesinatos fue la mayoría de las veces velada. Los activistas de derechos humanos denunciaron estas contradicciones. En su informe de 2005 sobre Barrancabermeja, el Banco de Datos de Violencia Política escribe: “La filosofía de la estrategia paramilitar es salvar las apariencias y confundir, es decir, pretender que el Estado no aparezca como autor de todos estos crímenes sino que los hechos sucios de violencia queden en la incertidumbre de si los hicieron agentes del Estado o lo que han dado en llamar las fuerzas oscuras”.²⁷

Los grupos paramilitares se refieren a una serie variada y global de fenómenos históricos. Mejor conocidas para los historiadores de Europa en el siglo XX son las milicias paramilitares vinculadas a los movimientos políticos, como el Sturmabteilung o SA, asociada con el Partido Nazi en Alemania.²⁸ Los paramilitares vinculados a fuerzas de seguridad del Estado más que a movimientos políticos incluyeron una diversidad de grupos legales, tales como el Special Task Force en Sri Lanka, y grupos ilegales, como los Tigres de Arkan en Serbia. Académicos y activistas preocupados con la violencia política en América Latina han escrito ampliamente acerca de los grupos paramilitares legales e ilegales dedicados a la contrainsurgencia. Grupos legales han sido formados bajo la supervisión del Estado en El Salvador (Organización Democrática Nacionalista) y en Guatemala (Patrullas de Autodefensa Civil), así como en Colombia (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).²⁹ Grupos ilegales han incluido a los llamados ‘escuadrones de la muerte’ que operan dentro de la estructura militar en Chile (Caravana de la Muerte), en Argentina (Alianza Anticomunista Argentina) y en Perú (Grupo Colina), al igual que en Colombia (Alianza Americana Anticomunista).³⁰ Grupos ilegales capaces de llevar a cabo operaciones militares a gran escala también han sido establecidos en tiempos de guerra, notoriamente en Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia).

Los primeros grupos paramilitares modernos colombianos fueron creados por las autoridades regionales en los años cincuenta durante La Violencia y estaban aliados o bien con el Partido Conservador o con el Partido Liberal. Durante el intervalo entre La Violencia y el período más reciente de conflicto armado, continuaron existiendo grupos tales como los contrachusmas, aliados con el Partido Conservador y que efectuaban operaciones de limpieza política, así como asesinatos por venganza.³¹ La segunda oleada de grupos paramilitares colombianos apareció en los años setenta como ‘escuadrones de la muerte’ organizados por los militares colombianos.³² Estos eran pequeñas unidades dedicadas primordialmente a la tortura y a la ejecución extrajudicial. La siguiente oleada de grupos paramilitares apareció a principios de los años ochenta fundados por traficantes de drogas y élites rurales en el sur del Magdalena Medio. Grupos como Muerte a Secuestradores y otros similares respaldados por Pablo Escobar estaban integrados por cientos de hombres en armas, incluyendo a soldados en servicio activo.

Las organizaciones paramilitares presentes en la región del Magdalena Medio cumplen dos propósitos estrechamente interrelacionados: la contrainsurgencia y el tráfico de drogas. Han tratado de lograr estas metas gemelas atacando a individuos y comunidades bajo la sospecha de ayudar y simpatizar con las guerrillas, así como otros que eran percibidos como opositores a sus intereses en una región dada. Con el fin de hacer avanzar sus metas, los grupos paramilitares han practicado por largo tiempo varios medios de control político, económico y social violento. Ejemplos de ataques paramilitares incluyen asesinatos individuales y masivos, al igual que amenazas de muerte, torturas, desplazamiento forzoso y desaparición, a menudo dirigidos contra activistas de los movimientos sociales y líderes comunitarios, incluyendo a funcionarios, clérigos y maestros, entre otros. Desde los años ochenta, los líderes paramilitares en la región han encontrado aliados dispuestos entre los mandos militares que comparten su aversión a las guerrillas. Los grupos paramilitares que trabajaban con los militares competían con las guerrillas por el control del territorio y las rutas de tráfico comercial usadas para fines legales e ilegales, incluyendo, pero sin limitarse, a la producción y a la exportación de cocaína. Sin embargo, los paramilitares y las guerrillas solo en raras ocasiones se enfrentaron en combate abierto. En lugar de ello, el conflicto entre los paramilitares y las fuerzas guerrilleras tuvo como resultado una oleada de víctimas civiles. Investigadores del gobierno colombiano han calculado que el 81 % de los 220 000 muertos en el conflicto armado de Colombia entre 1958 y 2012 fueron civiles. De los pocos soldados, paramilitares y guerrilleros que han muerto, la mayoría fueron asesinados fuera de combate.³³

Históricamente, el estado legal de los grupos paramilitares ha sido ambiguo. En 1987, el manual militar colombiano Reglamentos para el combate de contrainsurgencia alentaba a organizar unidades paramilitares o “comités de autodefensa”.³⁴ Ese mismo año, el periódico El Tiempo contabilizó ocho grupos paramilitares que afirmaban tener una presencia nacional, así como más de cien ejemplos regionales, incluyendo nueve en el Magdalena Medio.³⁵ En 1989, el gobierno colombiano declaró ilegales a todos los grupos paramilitares, pero, para ese entonces, ya era demasiado tarde para recuperar el poder cedido a terceros en la lucha de contrainsurgencia.³⁶ En 1994, el gobierno del presidente César Gaviria usó su poder y declaró la emergencia a fin de permitir una vez más la constitución legal de grupos paramilitares para “proteger la seguridad ciudadana”.³⁷ El estatus de estos grupos fue revocado tres años más tarde en respuesta a las reclamaciones de derechos humanos, pero muchas de las llamadas cooperativas de seguridad (Convivir) siguieron funcionando ilegalmente. Para 1997, redes paramilitares de diversa procedencia y de distintas regiones del país, algunas originadas a finales de los años setenta, se habían unido bajo una organización nacional conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los académicos colombianos han desarrollado diversas maneras de categorizar a los paramilitares dependiendo de sus historias específicas, fuentes de financiamiento, estructura de comando, ideología, relación con el Estado o nivel de influencia.³⁸ El caso de Barrancabermeja demuestra la importancia de distinguir entre los grupos paramilitares, por un lado, y las acciones paramilitares llevadas a cabo directamente por fuerzas de seguridad del Estado, por el otro.³⁹ De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado usaron tácticas paramilitares en Barrancabermeja y el Magdalena Medio de manera más flagrante que en regiones del país donde los líderes de las AUC proclamaron su autonomía. En decenas de denuncias publicadas por grupos de derechos humanos en Barranca, quienes perpetraron actos de violencia e intimidación son mencionados como presuntos paramilitares. La razón de esto es sencilla. En la mayoría de los casos, los autores no se ponen en evidencia. Incluso cuando supuestos grupos de ‘autodefensa’, como el MAS o las AUC, asumen la responsabilidad de sus actos, los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja tienen sumo cuidado de creer lo que ellos dicen. Hacerlo sería aceptar una coartada a la violencia patrocinada por el Estado. El paramilitarismo en Colombia ha sido asociado correctamente con operaciones de contrainsurgencia en zonas rurales de frontera donde la presencia del gobierno civil y los movimientos sociales ha sido históricamente débil.⁴⁰ El impulso inicial de organizar grupos paramilitares en el Magdalena Medio provino de los vínculos de la contrainsurgencia de traficantes de drogas, terratenientes y comandos de las fuerzas armadas.⁴¹ El punto más importante en términos de la distinción en Barranca es, sin embargo, el alcance hasta el cual las fuerzas de seguridad nacional llevaron a cabo directamente ataques clandestinos sobre objetivos no militares en un esfuerzo por suprimir los movimientos sociales fuertes en la ciudad. Desde los años ochenta, los trabajadores de derechos humanos urbanos han prestado una atención importante a las operaciones encubiertas por las fuerzas de seguridad. Tal como se verá, dichas operaciones incluyeron una red secreta de asesinos empleada por la Armada colombiana en los años noventa. No fue sino hasta finales del año 2001 que las autollamadas autodefensas llegaron a proclamar tener una presencia permanente en Barranca.

Mapa 4. Región del Magdalena Medio, incluyendo topografía, ríos importantes, municipios seleccionados y sitios de actividad guerrillera y paramilitar. Circa 1997

Fuente: elaborado por John Harmon.

Un nuevo paradigma de protesta social

Los ‘derechos humanos’ son históricamente ideas, prácticas y normas contingentes derivadas de experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y exclusión. Este estudio se enfoca primero y principalmente en los derechos como un paradigma de protesta. He centrado mi atención en el repertorio de acciones usadas por activistas de derechos humanos en Barrancabermeja. Las fuerzas específicas de resistencia organizada a la violencia política surgida en los años ochenta en Barrancabermeja representaron un cambio significativo en cuanto al énfasis para los movimientos populares locales que se habían unido alrededor de reclamos en pro de la justicia social. En ese tiempo, los activistas colombianos llamaron la atención sobre la violencia estatal endémica y modificaron las conversaciones sobre Colombia en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y dentro de círculos políticos en Washington, D.C., de la “guerra contra las drogas” a los derechos humanos.⁴² Este giro fue facilitado por la participación de los activistas colombianos en redes no gubernamentales transnacionales ya establecidas.⁴³ De esta manera, la historia de Barrancabermeja está estrechamente relacionada con los movimientos globales en pro de los derechos humanos que aunaron su voz en toda América Latina durante finales de la Guerra Fría. No obstante, el modus operandi de la movilización popular con respecto a los asuntos locales siguió dominando a la capital petrolera de Colombia, desafiando la noción de que los activistas de derechos humanos eran principalmente de orientación transnacional. A diferencia de los abogados que trabajaban en Bogotá, los defensores de derechos humanos con sede en Barranca estaban profundamente involucrados en procesos locales de transformación, incluyendo la política local y el desarrollo económico de base comunitaria. Incluso cuando los activistas en Barranca participaron en debates nacionales y transnacionales en cuanto al impacto del conflicto colombiano sobre las poblaciones civiles y la guerra de las drogas patrocinada por Estados Unidos, los proyectos previos en busca del cambio social continuaron, al igual que lo hicieron las modalidades más importantes de protesta popular, incluyendo la organización de paros cívicos. Tal como se verá, los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja estaban involucrados en una política de múltiples escalas. Ellos posicionaron al fuerte movimiento cívico de la ciudad dentro de procesos más amplios. Los activistas de derechos humanos en Barranca en los años ochenta estaban inmersos en una lucha para proteger físicamente a la población civil. Al mismo tiempo, se hicieron intentos de vincular este urgente propósito a un análisis de la economía política de la ciudad y la región circundante.

En esta obra se presenta un estudio detallado del movimiento de los derechos humanos comunitario. Apoyado en el trabajo de académicos colombianos que privilegian las fuentes locales, puedo demostrar las maneras en que los derechos humanos se producen socialmente.⁴⁴ El activismo académico sobre la violencia y los derechos humanos en Colombia data del período inmediatamente posterior a La Violencia. Generaciones de científicos sociales e historiadores han sido llamadas a servir para tratar de explicar los devastadores y extraordinariamente complejos ciclos de conflicto social y político del país. Publicado en 1962 por investigadores afiliados a la Universidad Nacional, La violencia en Colombia fue el primer estudio integral del fenómeno de la violencia y sigue siendo un texto fundamental para el movimiento de los derechos humanos en este país.⁴⁵ A principios de los años sesenta, cuando los académicos colombianos comenzaron a ver las complejidades de la violencia política, emplearon nuevos métodos de investigación que desafiaron la narrativa oficial de una guerra civil en la que se enfrentaron los conservadores contra los liberales. Los detalles obtenidos mediante grabaciones a nivel de parroquias en este estudio demuestran la importancia del conocimiento local para entender la violencia y los derechos humanos. La mayoría de los análisis más incisivos de la violencia en Colombia en los años siguientes provendrían de organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuya primera obra, El libro negro de la represión, se publicó en 1974.⁴⁶ El Centro de Investigación y Educación Popular en Bogotá y el Instituto Popular de Capacitación en Medellín, así como otros, seguirían produciendo importantes estudios críticos de derechos humanos. Uno de los textos más significativos publicados durante los cada vez más violentos años ochenta fue la obra comisionada por el gobierno Colombia: violencia y democracia. Publicada en 1987 bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, este informe analizó no solo el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, sino las experiencias diarias de violencia de millones de colombianos comunes y corrientes.⁴⁷ Otro estudio emblemático publicado por una comisión financiada por el gobierno fue Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, publicado en 1992.⁴⁸ Entre el año 2005 y 2012, el Grupo de Memoria Histórica publicó docenas de casos de estudio detallados, así como un reporte final titulado ¡Basta ya! Cabe destacar que los investigadores del Grupo de Memoria Histórica hicieron amplio uso de los registros creados por organizaciones no gubernamentales. Desde que se creó en 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado decenas de monografías sobre la violencia en Colombia, basándose en su mayoría en el trabajo de los defensores de derechos de primera línea, así como en entrevistas con las víctimas. Todos estos son esfuerzos académicos para entender el conflicto colombiano a través del vector de los derechos humanos.

Durante un período de casi veinte años, comenzando a finales de los años ochenta, la atención de los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja y en toda Colombia fue la defensa de los derechos humanos básicos, definida principalmente, pero no únicamente, en términos del derecho a no ser víctima del abuso y la violencia.⁴⁹ El activismo de derechos humanos fue una respuesta directa a la escalada de represión política, particularmente a los abusos cometidos por los agentes de seguridad estatal y sus aliados paramilitares en contra de la población civil. La adopción del discurso de derechos humanos por parte de los activistas en Barrancabermeja y en el resto de Colombia marcó el rumbo para la siguiente generación. Los activistas aprenderían a realizar investigaciones en el terreno, a escribir informes, a formular ‘acciones urgentes’, apelaciones, y a emprender el trabajo de abogacía transnacional. La continua movilización de protestas en las calles a favor de los derechos humanos constituyó un vínculo fundamental con la larga historia de protesta popular en Barranca. Gracias a estos esfuerzos, los derechos humanos se convertirían en una importante herramienta para comprender el conflicto colombiano y en una base sobre la cual se disputaría el cambio político. Para 1988, los derechos humanos eran la principal razón de la protesta social en Colombia.⁵⁰ Entre 1989 y 1994 la cifra de organizaciones de derechos humanos en Colombia se cuadruplicó.⁵¹

La expansión del activismo de derechos humanos en toda Colombia engendró importantes debates acerca de las posibilidades y limitaciones de este nuevo paradigma. Varios académicos internacionales han documentado los desacuerdos surgidos entre los activistas colombianos con respecto al significado de derechos humanos. La primera monografía de un académico internacional sobre derechos humanos en Colombia es el libro de la antropóloga Winifred Tate, publicado en 2007.⁵² La investigación pionera de Tate da una mirada histórica a los discursos de derechos humanos y a las tácticas empleadas por los activistas, así como por los gobiernos, los sistemas judiciales y las fuerzas armadas. Según Tate, cuando los derechos humanos comenzaron a hacer parte del lenguaje de la protesta en Colombia en los años ochenta, los activistas sociales asediados buscaron nombrar las fuentes, los tipos y los impactos de la violencia política a la cual estaban siendo expuestos: “Confrontados con el complejo panorama de la violencia colombiana, los activistas comenzaron a utilizar el marco de los derechos humanos para clasificar los homicidios violentos que anteriormente habían sido considerados violencia partidista o parte de campañas de insurgencia y contrainsurgencia”.⁵³ Al mismo tiempo, afirma Tate, a los activistas colombianos les preocupaba que los derechos humanos representaran una clase de traición a la lucha de clases. El libro de la antropóloga Lesley Gill, publicado en 2016, se centra en las especificidades del caso de Barrancabermeja. Gill observa que la adopción de los derechos humanos por los activistas de Barranca representó para algunos un alejamiento errado de la tradición de radicalismo popular de la ciudad. Más agudamente, ella argumenta que “el activismo de derechos humanos no podría ocuparse de la marginalización económica y la fragmentación social que se profundizó bajo el neoliberalismo”.⁵⁴ En una entrevista realizada en 2016, Gill afirmó, sencillamente, que “el discurso de los derechos humanos habla de la derrota de la izquierda”.⁵⁵ Yo afirmo en cambio que los activistas de derechos humanos en Barrancabermeja no se alejaron de las tradiciones anteriores. Los individuos y organizaciones que se unieron a las protestas de derechos humanos en Barranca durante los años ochenta lo hicieron con el fin de defender una diversidad de metas de justicia social y lidiaron con las diferencias políticas e ideológicas, que a menudo fueron exacerbadas por la violencia patrocinada por el Estado. El activismo de derechos humanos no se consideró un sustituto de la justicia social, ni fue concebido como tal. La fragmentación y el debilitamiento del poderoso movimiento cívico popular de la ciudad ocurrieron como resultado de un largo y sostenido período de represión violenta emprendido en nombre de la contrainsurgencia en el cual miles de civiles fueron asesinados.

La presente investigación, publicada inicialmente en el año 2010 como una tesis doctoral y en 2015 como un libro, escrito en inglés, trata de mostrar cómo se desenvolvieron los procesos del movimiento social y formación del Estado en Barrancabermeja en el transcurso del siglo XX. Emprendí este proyecto en el año 2003, en una época de cambio catastrófico en la historia de Barrancabermeja durante la cual los activistas estaban tratando de lograr un acuerdo sobre la reciente toma paramilitar de la ciudad. Yo traté de comprender las condiciones históricas que dieron origen a los derechos humanos a nivel local, porque hasta aquí la historia de los derechos humanos había sido dominada por investigadores de relaciones internacionales. Estas redes de activistas transnacionales que fueron el centro de atención en el trabajo influyente de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras: redes de defensa en política internacional, están, de hecho, compuestas de tres niveles de interacción entre los activistas individuales y los grupos.⁵⁶ A nivel transnacional, las ONG internacionales bien financiadas trabajan en colaboración con grupos comunitarios vinculados a comunidades religiosas progresistas, comités integrados por refugiados de regiones afectadas por la violencia, sindicalistas, gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Keck y Sikkink se interesan principalmente en el trabajo de derechos humanos que tiene lugar a este nivel, enfocándose en la capacidad de las redes transnacionales de afectar las relaciones entre los Estados. A nivel nacional, en cambio, Winifred Tate ha examinado las actividades y culturas de las redes de activismo de derechos humanos en Colombia y sus interacciones con las autoridades civiles y militares. Tate ha expandido en forma significativa el modelo propuesto por Keck y Sikkink con el fin de observar las acciones emprendidas por organizaciones no gubernamentales nacionales para impactar la conducta del gobierno colombiano, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales. En tercer lugar, se encuentra el nivel menos examinado. En este texto se procura observar el alcance y el impacto de las acciones emprendidas por las redes de activistas de derechos humanos a nivel local. Mi enfoque sociohistórico complementa y, a la vez, desafía el trabajo de los académicos que recuentan la historia de los derechos humanos principalmente desde el punto de vista de abogados y legisladores.

En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales han impulsado nociones diversas y críticas de derechos humanos a pesar de todas las adversidades. Tal como lo observa Boaventura de Sousa Santos:

En el mundo entero, millones de personas y miles de organizaciones no gubernamentales han estado luchando por los derechos humanos, a menudo corriendo grandes riesgos, en defensa de las clases sociales oprimidas y de los grupos que en muchos casos han sido victimizados por Estados capitalistas autoritarios […] La tarea central de la política emancipatoria de nuestro tiempo, en este campo, consiste en transformar la conceptualización y la práctica de los derechos humanos de un localismo globalizado a una lucha cosmopolita.⁵⁷

Como lo sugiere De Sousa Santos, ¿es posible tal tipo de transformación? ¿Pueden los movimientos de derechos humanos constituir una forma de globalización progresiva desde abajo? Upendra Baxi nos recuerda que la historia de los movimientos de derechos humanos contemporáneos son “crónicas de contingencia” que deben ser comprendidas dentro de sus contextos locales específicos.⁵⁸ Él afirma que debemos desarrollar una “teoría social de los derechos humanos” que pueda dar cuenta de la diversidad de respuestas populares a la represión y el sufrimiento. El antropólogo Richard A. Wilson ha llevado este imperativo metodológico más lejos al defender una etnografía de los derechos. Él escribe: “Estudiar la ‘vida social de los derechos humanos’ implicaría centrarse, entre otras cosas, en las dimensiones performativas de los derechos humanos, las dinámicas de la movilización social y los cambios de actitud de los actores sociales de las élites y de los ciudadanos comunes y corrientes con respecto a las formulaciones de ‘derechos’ y ‘justicia’, tanto dentro como fuera del proceso legal”.⁵⁹ Una manera de emprender este importante proyecto es contar la historia de los derechos humanos desde la perspectiva de activistas de primera línea que buscan confrontar la violencia por medio de la acción directa más que desde la perspectiva de funcionarios de las Naciones Unidas, funcionarios elegidos y jueces responsables de negociar y hacer cumplir normas legales. Al tratar de comprender de mejor forma las circunstancias que dan origen a los movimientos de derechos humanos a nivel local, podemos arrojar luz sobre las maneras específicas en que los derechos humanos se construyen, utilizan y articulan socialmente. Este enfoque también nos permitirá observar de mejor modo los cambios históricos, si los hay, a causa del advenimiento de los derechos humanos a nivel internacional.

La principal meta de este libro es comprender mejor los orígenes sociales de los movimientos de derechos humanos centrando la atención en los resultados del conflicto armado a finales del siglo XX en América Latina. Al escribir la historia de un movimiento de derechos humanos en una zona de conflicto tuve en cuenta tres series de preguntas históricas amplias. La primera serie de preguntas depende de las condiciones sociales, políticas y económicas que, en primer lugar, dan origen a los movimientos de derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre las luchas históricas en pro de la justicia social y las luchas contemporáneas en defensa de los derechos humanos? La segunda serie de preguntas gira alrededor de los cambios históricos puestos en movimiento por el advenimiento de los derechos humanos. ¿Los movimientos de derechos humanos crean nuevos canales de participación popular? ¿Fomentan la solidaridad dentro de las comunidades y entre diversos actores sociales y políticos? La tercera serie de preguntas tiene que ver con los problemas particulares que los activistas de derechos humanos encaran en zonas de conflicto. ¿Cómo responden los gobiernos, las fuerzas de seguridad del Estado y los actores armados no estatales al activismo de derechos humanos en contextos de conflicto armado interno? ¿Hasta qué grado pueden los movimientos de derechos humanos mantener su autonomía y efectividad de cara a estas presiones?

Tomando en cuenta lo arriba mencionado, el presente estudio es enfocado principalmente en la continuidad entre el movimiento de derechos humanos y la historia de luchas sociales y políticas en Barrancabermeja. Esta obra se enfoca en la historia de la ciudad petrolera más importante de Colombia y centro de activismo social, la cual a finales de los años ochenta dio origen a un movimiento de derechos humanos combativo e influyente. ¿Cómo cambió la protesta popular en Barrancabermeja en respuesta a las rupturas históricas causadas por la violencia política, a la colonización de una región de frontera por parte de la compañía petroquímica más grande del mundo en los años veinte, a la guerra civil conocida como La Violencia a mediados del siglo, al surgimiento de grupos guerrilleros en los años sesenta, a la represión militar al sindicato de los trabajadores petroleros en los años setenta, a la guerra sucia en los años ochenta, a la lucha armada por el control de la ciudad en los años noventa y al período de hegemonía paramilitar en el siglo XXI? Por más de cinco décadas Colombia ha estado inmersa en lo que ahora es comúnmente descrito sencillamente como ‘el conflicto’. No obstante, es algo erróneo hablar de ‘la violencia’ o de ‘el conflicto’ en singular. Los enfoques regionales de la historia de Colombia revelan que múltiples formas de violencia social y política ocurren simultáneamente. Un enfoque regional nos permite observar la confluencia de fuerzas locales, nacionales e internacionales que perfilan las identidades y conductas de los actores sociales. Barrancabermeja ha sido un crisol de la historia colombiana: un lugar de convergencia del capital extranjero, el Estado nacional, los grupos guerrilleros y las fuerzas militares y paramilitares.

Lo que surge al organizarse el movimiento social en Barrancabermeja es un enfoque a los derechos humanos que hace énfasis en los vínculos causales entre la inequidad y la violencia. Desde el inicio, el movimiento de derechos humanos en Barrancabermeja se definió como perteneciente al movimiento popular. En sus documentos legales de constitución, presentados en 1989, Credhos definió su primer objetivo como “la formación y capacitación de promotores del derecho social y los derechos humanos a través de los organismos populares con proyección a la comunidad para que sea ésta quien a partir de su conocimiento asuma la defensa de sus derechos”.⁶⁰ Las maneras en que los derechos humanos fueron discutidos y operacionalizados reflejan el inicio abierto del grupo. A mediados de los años ochenta, en el apogeo de la efervescencia del movimiento social, esta diversidad podía percibirse claramente. La causa de los derechos humanos fue llevada a la acción por trabajadores, campesinos, estudiantes, mujeres, partidos políticos y la Iglesia católica. En medio de un terrible período de violencia, estos grupos tuvieron que debatir e impulsar los principios básicos de los derechos humanos.⁶¹ Los procesos de debate sobre los derechos humanos no fueron fáciles. Esto fue, en parte, una reflexión de las diferencias de opinión que existían entre los movimientos urbanos y rurales. Fue una tensión productiva en muchos sentidos. Los activistas de Barranca tuvieron que ser creativos para poder resistir una oleada tras otra de amenazas y violencia. Las acciones mancomunadas, desde documentar las atrocidades en contra de los derechos humanos hasta convocar a protestas callejeras, fueron facilitadas debido a que el movimiento cívico popular de la ciudad tenía una larga historia de colaboración y estaba profundamente enraizado en las comunidades locales. El lenguaje de los derechos humanos, particularmente el registro estandarizado utilizado por las redes de activistas transnacionales, ¿allanó las diferencias políticas? El arco de la historia reciente de Barrancabermeja es indicativo de tendencias más amplias y heterodoxas de los derechos humanos en América Latina, donde los movimientos populares afrontaron la represión severa. Mientras que los informes que circulan entre las organizaciones internacionales no siempre reflejan las diversas bases sociales de los movimientos de derechos humanos, esta diversidad es evidente si observamos la extensión de sus actividades.

Panorama general

Este texto está organizado cronológicamente. El primer capítulo se enfoca en el desarrollo de Barranca como un enclave controlado por extranjeros hasta finales de La Violencia (1919-1961). En el segundo capítulo se explora la nacionalización de la industria petrolera y el surgimiento de nuevos movimientos sociales con la Guerra Fría y la insurgencia guerrillera como telón de fondo (1961-1980). En los siguientes cuatro capítulos se da una mirada detallada al advenimiento del activismo de derechos humanos en respuesta a la violencia paramilitar (1980-1997). En el capítulo final se examina el proceso de paramilitarización que enfrentó Barranca comenzando en 1998, haciendo una pausa con el fin de considerar las posibilidades y limitaciones de organizar los derechos humanos en una zona de conflicto desde el punto de vista de los activistas de primera línea.

La historia de la ciudad petrolera de Barrancabermeja y el Magdalena Medio, la región circundante rica en recursos, nos ayuda a esclarecer las fuentes y resultados de la violencia política en Colombia en el siglo XX y la relación entre distintos modos de organización popular, social y política. Para comprender como surgió el activismo en pro de los derechos humanos en Barranca, es importante comprender las circunstancias que causaron la violencia política en las zonas rurales. Las formas de violencia que se perfilaron en la región del Magdalena Medio reflejaron las funciones especiales que el Estado nacional ha desempeñado en Barrancabermeja. La historia de Barranca es la historia de una lucha de décadas por la justicia social, el desarrollo económico regional y nacional, y los derechos humanos. Barranca ha sido el lugar de una confrontación directa y prolongada entre el Estado y los movimientos sociales con la extracción petrolera, el conflicto partidista, la Guerra Fría y el surgimiento del paramilitarismo como telón de fondo. Barranca también ha sido un lugar de importante intervención del Estado nacional en el terreno de los derechos humanos. Yo ubico las experiencias de los defensores de derechos humanos dentro de la historia más amplia de los movimientos sociales y del conflicto armado colombiano.

Notas

¹ Rafael Gómez Serrano, entrevista con el autor (Bogotá, septiembre 27, 2005).

² “Asesinada menor que presenció atentado a miembros de la UP”, El Tiempo, mayo 5, 1987.

³ “La desbarrancada”, Semana, mayo 25, 1987.

⁴ La expresión “guerra sucia” usada por activistas colombianos desde mediados de los años ochenta para describir un patrón de acciones terroristas cuyo objetivo son los civiles es un concepto clave en este libro. Una “guerra sucia” puede ser definida como una campaña militar encubierta, llevada a cabo por fuerzas estatales o representantes en contra de disidentes políticos. Prácticas como la detención arbitraria, la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial fueron empleadas por fuerzas militares y paramilitares colombianas en contra de activistas sociales y políticos, pero también de guerrilleros, de sospechosos de ser guerrilleros o de simpatizantes de la guerrilla.

⁵ Mauricio Archila, Idas y venidas: vueltas y revueltas. Protestas sociales en Colombia, 1958-1990 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, fiflflXP-Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 2004), 149.

⁶ Ibid., 195.

⁷ Las tasas de homicidio en Colombia han estado aumentando de manera constante desde mediados de los años setenta. El incremento más dramático ocurrió entre 1984 y 1987. Hubo 9969 homicidios en 1984, 12 922 en 1985, 15 735 en 1986 y 17 447 en 1987. Ibid., 237.

⁸ “1987, el año de la ‘guerra sucia’: más de 2500 muertos”, El Mundo, diciembre 28, 1987.

⁹ Credhos, “Barrancabermeja y la impunidad en los delitos de lesa humanidad” (noviembre, 1989), 24, archivos de Credhos, Barrancabermeja.

¹⁰ Mauricio Archila, Aquí nadie es forastero. Testimonios sobre la formación de una cultura radical: Barrancabermeja 1920-1950 (Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 1978), 199.

¹¹ Leon Zamosc, “The Political Crisis and the Prospects for Rural Democracy in Colombia”, Journal of Development Studies 25, no. 4 (1990): 48.

¹² “Incidentes en paro de Barranca”, El Tiempo, mayo 7, 1987.

¹³ Francisco Campo, entrevista con el autor (Barrancabermeja, septiembre 20, 2005).

¹⁴ Leila Iliana Celis González, Luchas campesinas en Colombia (1970-2016). Resistencias y sueños (Bogotá: Ediciones Desde Abajo, 2018).

¹⁵ “Jornada ejemplar: el segundo paro cívico en Barrancabermeja”, Voz Proletaria, mayo 14, 1987.

¹⁶ Es difícil calcular la tasa de homicidios políticos para Barrancabermeja durante el período de 1980 a 2010 con absoluta certeza. Con base en fuentes gubernamentales y no gubernamentales, podemos calcular que en Barranca se cometieron entre 3000 y 5000 asesinatos entre 1982 y 2002. Otros 1000 homicidios fueron cometidos en Barrancabermeja entre 2003 y 2009. La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) documentó 902 homicidios entre 1988 y 1990 solamente. Credhos, “La complicidad de la indiferencia” (abril, 1991), 19, archivos de Credhos, Barrancabermeja. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) registró 331 homicidios para el año 1991. Vicepresidencia de la República de Colombia, Panorama actual de Barrancabermeja (Bogotá: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 2001), 8. La Oficina de Instrucción Criminal en Barrancabermeja documentó 1307 homicidios entre 1992 y 2003, y concluyó que entre el 84 % y el 89 % de los homicidios cometidos en el año 2000 (429 de 480) y en 2001 (325 de 383) fueron motivados políticamente. Véanse los informes del Centro de Referencia Nacional sobre la Violencia, “Lesiones infligidas por otros”, http://www.medicinalegal.gov.co/.

¹⁷ Luis van Isschot, “Rural Colombia: The Architecture of State-Sponsored Violence and New Power Configurations”, en Dominant Elites in Latin America, editado por Liisa North y Timothy D. Clark (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2017), 119-148.

¹⁸ Mary Roldán, A sangre y fuego: La Violencia en Antioquia, Colombia, 1946-1953 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, 2003), 44-48.

¹⁹ Mauricio García Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes, “La normalisation de l’exceptionnel sur le contrôle juridictionnel des états d’urgence en Colombie”, en Justice et démocratie en Amérique Latine, editado por Marie-Julie Bernard y Michel Carraud (Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 2005), 117-144.

²⁰ John Ledy Phelan, The People and the King: The Comunero Revolution in Colombia, 1781 (Madison: University of Wisconsin Press, 1978).

²¹ Miguel Urrutia, Historia del sindicalismo en Colombia, 1850-2013 (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016), 98.

²² En 1989, en su ‘Segundo Congreso Poder Popular y Nuevo Gobierno’, el ELN decidió adoptar una expansión militar y política, prestando especial atención al desarrollo de las milicias urbanas. Milton Hernández, Rojo y negro: aproximación a la historia del ELN (Tafalla, Navarra: Txalaparta Editorial, 2005), 465. Para finales de los años noventa, el ELN había dedicado un porcentaje mucho mayor de sus recursos en zonas urbanas en comparación con las FARC (más del 12 % de sus fuerzas en comparación con menos del 5 %). Human Rights Watch, War Without Quarter: Colombia and International Humanitarian Law (Nueva York: Human Rights Watch, 1998), 131, 162.

²³ Winifred Tate, Counting the Dead: The Culture and Politics of Human Rights Activism in Colombia (Berkeley: University of California Press, 2007), 4.

²⁴ Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, “Informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia”, sesión 58 (Ginebra, marzo 13, 2002).

²⁵ Luis van Isschot, “The Heart of Activism in Colombia”, en Oral History off the Record: Toward an Ethnography of Practice, editado por Anna Sheftel y Stacey Zembrzycki (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2013), 241.

²⁶ Irene Villamizar, entrevista con el autor (Barrancabermeja, marzo 8, 2006).

²⁷ Banco de Datos de Violencia Política, Caso tipo Nº 3, Barrancabermeja, la otra versión (Bogotá: Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, 2005), 25.

²⁸ Doris Bergen, War and Genocide: A Concise History of the Holocaust (Nueva York: Rowman and Littlefield Publishers, 2003), 49.

²⁹ Véase el artículo 3º, “Permiso del Estado”, del decreto, creando estas unidades de seguridad privada. Colombia, Presidencia de la República, Julio César Trujillo, y Ministerio de Defensa Nacional, Rafael Pardo Rueda, Decreto 356 de 1994 (febrero 11), “por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.

³⁰ Ha surgido evidencia de que la AAA servía como un frente de operaciones militares encubiertas. Véase Michael Evans, “The Truth About Triple-A”, The National Security Archive, julio 1, 2007, https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB223/index.htm.

³¹ Roldán, A sangre y fuego, 191.

³² Tate, Counting the Dead, 50.

³³ “Infografía: Conflicto armado en Colombia dejó más de 260 000 muertos”, El Tiempo, agosto 2, 2018, https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/cifras-del-conflicto-armado-en-colombia-251228.

³⁴ Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, El camino de la niebla. Vol. 3. Masacres en Colombia y su impunidad (Bogotá: Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, Sección Colombiana, 1990), 444.

³⁵ “Grupos identificados y áreas de asentamientos”, El Tiempo, octubre 1º, 1987.

³⁶ Tate, Counting the Dead, 51.

³⁷ Edward L. Cleary, The Struggle for Human Rights in Latin America (Westport, CT: Praeger, 1997), 63.

³⁸ Véase Winifred Tate, “Paramilitary Forces in Colombia”, Latin American Research Review 46, no. 3 (2011): 191-200. Véase también Edwin Cruz Rodríguez, “Los estudios sobre el paramilitarismo”, Análisis Político 20, no. 10 (2007): 117-134; Gustavo Duncan, Los señores de la guerra: de paramilitares, mafiosos y autodefensas en Colombia (Bogotá: Planeta-Fundación Seguridad y Democracia, 2007).

³⁹ Julie Mazzei, Death Squads or Self-Defense Forces: How Paramilitary Groups Emerge and Threaten Democracy in Latin America (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2009), 17.

⁴⁰ Véase Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación, el caso ‘Puerto Boyacá’ (Bogotá: Editorial Documentos Periodísticos, 1990); y Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas: 1982-2003 (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, S.A.-Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2003).

⁴¹ En años recientes un escándalo político que remeció a Colombia se basó en revelaciones de que varios miembros del Congreso colombiano y del gobierno de Álvaro Uribe estuvieron involucrados en la financiación y la organización de grupos paramilitares de extrema derecha. Mauricio Romero, ed., Parapolítica: la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos (Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, 2007); y Jasmin Hristov, Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia (Athens: Ohio University Press, 2009).

⁴² Tate, Counting the Dead, 175.

⁴³ William Patrick Kelly, Sovereign Emergencies: Latin America and the Making of Global Human Rights Politics (Cambridge-Nueva York: University of Cambridge Press, 2018).

⁴⁴ Véase Flor Alba Romero, “El movimiento de derechos humanos en Colombia”, en Movimientos sociales, Estado y democracia en Colombia, editado por Mauricio Archila y Mauricio Pardo (Bogotá: Centro de Estudios Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de Colombia, 2001).

⁴⁵ Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, La Violencia en Colombia 2 vols. (reimpresión, Bogotá: Taurus Historia, 2005).

⁴⁶ Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), El libro negro de la represión: Frente Nacional 1958-1974 (Bogotá: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, 1974). Para leer un comentario sobre esta publicación y su legado, véase Jorge González Jácome, “Derechos humanos y pensamiento de izquierda en Colombia (1974-1978): una relectura del Libro negro de la represión”, Universitas Javeriana Indexada 65 (2016): 105-138.

⁴⁷ El término ‘violentología’ se volvió de uso común entre los académicos colombianos a finales de los años ochenta, en una época en que las explicaciones de la violencia en Colombia, que iban más allá de la hipótesis de la competencia entre liberales y conservadores, obtuvieron el reconocimiento generalizado. Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: violencia y democracia. Informe presentado al Ministerio de Gobierno (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1987). Para una revisión de la literatura producida durante este período, véase Catherine C. LeGrand, “La política y la violencia en Colombia (1946-1965): interpretaciones en la década de los ochenta”, Memoria y sociedad 2, no. 4 (1997): 79-110.

⁴⁸ Alejandro Reyes Posada, ed., Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz (Bogotá: Comisión de Superación de la Violencia, 1992).

⁴⁹ Varios activistas de derechos humanos de Barranca han escrito tesis de pregrado o de posgrado reflejando circunstancias locales sociales, económicas y políticas. Véase Juan de Dios Castilla Amell, “Participación popular y movimiento social: Barrancabermeja 1971-1985” (Tesis de maestría, Universidad de los Andes, 1989); Ubencel Duque Rojas, “Conflictos y paz, realidad y aprendizajes significativos en la región del Magdalena Medio” (Tesis de maestría, Universidad Pedagógica Nacional, 2004); Jhon Jairo Londoño et al., “Estudio económico-social de Barrancabermeja 1977-1988” (Tesis de grado, Universidad Cooperativa de Colombia, 1991).

⁵⁰ Archila, Idas y venidas, 235.

⁵¹ Cleary, The Struggle for Human Rights, 63.

⁵² Véase también Organización Femenina Popular, Diana Obando, Mery Yolanda Sánchez, et al., Vidas de historia: una memoria literaria de la OFP (Barrancabermeja: Organización Femenina Popular, 2016); Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Veinte años de historia y lucha: Asfaddes con todo el derecho (Bogotá: Asfaddes, 2003).

⁵³ Tate, Counting the Dead, 71.

⁵⁴ Lesley Gill, A Century of Violence in a Red City: Popular Struggle, Counterinsurgency, and Human Rights in Colombia (Durham: Duke University Press, 2016), 25.

⁵⁵ Lina Britto, “El discurso de los derechos humanos habla de la derrota de la izquierda”, El Espectador, octubre 16, 2016.

⁵⁶ Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics (Ithaca: Cornell University Press, 1998).

⁵⁷ Boaventura de Sousa Santos, “Towards a Multicultural Conception of Human Rights”, en Space of Culture: City, Nation, World, editado por Mike Featherstone y Scott Lash (Londres: SAGE Publications, 1999), 220.

⁵⁸ Upendra Baxi, The Future of Human Rights (Oxford: Oxford University Press, 2002), xi.

⁵⁹ Richard A. Wilson, “Afterword to ‘Anthropology and Human Rights in a New Key’: The Social Life of Human Rights”, American Anthropologist 108, no. 1 (2006): 77-83.

⁶⁰ Credhos, “Estatutos de constitución” (abril, 1989), 2, archivos de Credhos, Barrancabermeja.

⁶¹ Los sacerdotes católicos progresistas juegan un papel vital en la construcción del cimiento del trabajo comunitario en defensa de los derechos humanos. Dicho activismo clerical era la excepción en Colombia. Véase Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Trujillo, una tragedia que no cesa: primer informe de memoria histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2ª ed. (Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, 2008).

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