NO LO SÉ, NO RECUERDO,

NO ME CONSTA

Alfonso Pérez Medina

NO LO SÉ, NO RECUERDO,

NO ME CONSTA

© del texto: Alfonso Pérez Medina, 2021

© de esta edición: Arpa & Alfil Editores, S. L.

Primera edición: julio de 2021

ISBN: 978-84-18741-06-7

Diseño de colección: Enric Jardí

Diseño de cubierta: Anna Juvé

Maquetación: Nèlia Creixell

Producción del ePub: booqlab

Arpa

Manila, 65

08034 Barcelona

arpaeditores.com

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio sin permiso del editor.

A mis padres —y a mis abuelos, que ya no están— porque todos sus sacrificios merecieron la pena.

A Cristina, Paula y Patricia por todo lo demás.

SUMARIO

INTRODUCCIÓN

PRIMERA PARTE. LOS AÑOS LOCOS

CAPÍTULO 1

El día que se jodió Madrid

CAPÍTULO 2

El gobierno de los mejores... abogados

CAPÍTULO 3

El legado de Aguirre: la Lezo y la Púnica

CAPÍTULO 4

La España de los volquetes

CAPÍTULO 5

Pacto de silencio alrededor de una tarjeta black

CAPÍTULO 6

El asalto de las cajas de ahorro

CAPÍTULO 7

El urbanismo desbocado: de Malaya al Pocero

CAPÍTULO 8

Todo el pueblo, de viaje al Caribe

CAPÍTULO 9

Gürtel, el imperio de Don Vito Correa

CAPÍTULO 10

El lujo suizo de Bárcenas

CAPÍTULO 11

Excusas para imbéciles

SEGUNDA PARTE. TODO POR EL PARTIDO

CAPÍTULO 12

Con Filesa empezó todo

CAPÍTULO 13

El «requerigistro» de Génova

CAPÍTULO 14

La caja b del PP que le quisieron endiñar a Bárcenas

CAPÍTULO 15

Operación Kitchen: salvar los secretos del PP

CAPÍTULO 16

El 1 % madrileño

CAPÍTULO 17

El tres per cent catalán

CAPÍTULO 18

Podemos y otros partidos

CAPÍTULO 19

La complicada relación entre políticos y jueces

TERCERA PARTE. REYES Y CACIQUES

CAPÍTULO 20

Iñaki Urdangarin, el yerno ideal

CAPÍTULO 21

El rey de las comisiones

CAPÍTULO 22

La herencia del abuelo Florenci

CAPÍTULO 23

No pagar a hacienda también es corrupción

CAPÍTULO 24

Los ERE, clientelismo a la andaluza

CAPÍTULO 25

Galicia: barra libre de caciques

CAPÍTULO 26

Carlos Fabra, un tipo con suerte

CUARTA PARTE. CORRUPCIÓN TRANSVERSAL

CAPÍTULO 27

«Las putas reglas del juego»

CAPÍTULO 28

Todo está conectado: Juan Miguel Villar Mir

CAPÍTULO 29

Villarejo: las cloacas del establishment

CAPÍTULO 30

Un problema de la política

CAPÍTULO 31

¿España, paraíso de la corrupción?

EPÍLOGO

NOTAS

INTRODUCCIÓN

Cuando en el invierno de 2021 la infanta Elena tuvo que explicar por qué había aprovechado una visita a su padre, el rey Juan Carlos, en Emiratos Árabes Unidos para vacunarse contra la covid-19, saltándose el turno que le correspondía en España, soltó una frase que sintetiza a la perfección en qué consisten los privilegios de la monarquía y también, de paso, por qué se produjeron muchos de los escándalos de corrupción que el país vivió durante las dos primeras décadas del siglo. «Se nos ofreció y accedimos», argumentó la infanta.

Este es un libro sobre ofrecimientos y accesos. Sobre corruptores y corruptos. Sobre personas que no supieron o no quisieron decir que no. La crónica de cómo la burbuja inmobiliaria hizo que un país entero se volviera loco en una espiral de crecimiento desbocado y cómo la corrupción política anegó la vida pública y la convirtió en una inmensa cloaca de casos judiciales de la que muy pocos actores del régimen del 78 salieron indemnes.

Durante quince años trabajé en la agencia de noticias Europa Press, primero en la sección de Local de la Comunidad de Madrid y después en la de Nacional, especializándome en la información de Justicia y Tribunales. En los últimos cinco años, lo he hecho en la cadena de televisión La Sexta, ocupándome también de esta parcela. Durante estas dos décadas he conocido a muchos de los protagonistas de «la cloaca», políticos, empresarios y funcionarios que se encontraban en la cima de sus carreras y con los que volví a cruzarme, pasados los años, en los tribunales, ya en plena caída a los infiernos judiciales. Hablamos de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados, Francisco Correa, Gerardo Díaz Ferrán o Arturo Fernández. Pero sus historias son solo un gancho para analizar los grandes casos de corrupción que se han producido en España en los últimos veinte años y algunas de las causas que los han provocado. Desde la traición del «Tamayazo», que abrió la puerta a la corrupción en la Comunidad de Madrid, hasta la investigación sobre los paraísos fiscales del rey emérito. Del caso Gürtel a la operación Kitchen.

No voy a abordar todos los casos judiciales que se han instruido por corrupción en España en los últimos años porque se cuentan por miles, pero sí los más relevantes, los más mediáticos y los que mejor ayudan a construir el retrato de una época, la estampa de un país cuyo devenir político se vio sometido al ritmo que iban marcando los tribunales. Tampoco pretendo presentar un ensayo analítico concienzudo sobre las causas profundas de la corrupción y los mecanismos que sería necesario corregir en el futuro. Más bien quiero ofrecer un recorrido ameno, contextualizado y comprensible alrededor de los acontecimientos más relevantes que se han producido en las dos últimas décadas, y describir cómo se las gastaba una buena parte de la clase dirigente que mandaba en España.

El relato está basado, fundamentalmente, en las decenas de sumarios judiciales, sentencias, autos, providencias, informes policiales o comisiones rogatorias que he tenido que leer en estos últimos veinte años, así como en las informaciones que he elaborado —calculo que más de 30.000 teletipos, casi 8.000 directos de televisión y decenas de artículos y reportajes—, las noticias que han conseguido otros compañeros y la infinidad de anécdotas que he vivido o me han contado. El relato comienza el 10 de junio de 2003, el día que se jodió Madrid. En aquella fecha se produjo el «Tamayazo», la traición de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez que impidió a la izquierda romper las décadas de Gobiernos consecutivos del Partido Popular (PP) en la Comunidad, propiciando que se repitieran las elecciones y que Esperanza Aguirre accediera al poder. El día del «Tamayazo» me encontraba cubriendo la sesión constitutiva de la Asamblea y me crucé en el pasillo con el protagonista de esos hechos en el momento en el que se marchaba del parlamento y provocaba uno de los escándalos mayúsculos que ha vivido la democracia española. Con esa maniobra, nunca investigada por la Justicia, se abrió una puerta por la que se coló la corrupción desaforada del Gobierno de Aguirre, como demuestran los sumarios de los casos Gürtel, Púnica o Lezo.

La experiencia madrileña —sustentada en el ladrillo sin límites, en la falta de escrúpulos de muchos de sus dirigentes políticos y en el deterioro progresivo de los servicios públicos— es muy similar a la que se vivió en otros muchos lugares de España durante esos años, en los que, de forma repetida, se saquearon administraciones, empresas públicas y cajas de ahorro. Los escándalos se sucedieron en la Cataluña del pujolismo, en la Andalucía de los ERE, en la Galicia de los caciques o en la Comunidad Valenciana de los pelotazos urbanísticos. La corrupción se convirtió en un fenómeno transversal del sistema que nació en 1978 —el mismo año que yo— y su máximo exponente, el rey Juan Carlos, con el que toda mi generación creció pensando que era un jefe de Estado ejemplar, moderno y campechano, acabó ahogado bajo un manto de sospecha, merced a la investigación de un fiscal suizo que le presenta como un auténtico «rey de las comisiones»: no solo capaz de cobrar, presuntamente, a los adjudicatarios de la construcción del AVE a La Meca por conseguirles un contrato, sino también a los adjudicadores por lograr una rebaja del precio. Todo un hito.

Los grandes casos judiciales también ponen de manifiesto que la corrupción responde a causas profundas que se reflejan de forma sistemática en todos los sumarios y que se podrían sintetizar en tres grandes ámbitos: la financiación de los partidos políticos —desde la Filesa del PSOE hasta la caja B del PP, pasando por el tres per cent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)—, el establecimiento de estructuras clientelares y caciquiles que buscan perpetuar a un determinado grupo en el poder, y la codicia individual de sus protagonistas.

La corrupción de estas últimas décadas ha revelado historias que demuestran la extravagancia, mezquindad y miseria en la que se movía una buena parte de la cúpula política que gobernaba en todas las administraciones. Presidentes autonómicos que se creían protegidos por la providencia, responsables de diputación que amenazaban con orinar en las sedes de los partidos rivales, alcaldes que reconocían que estaban en política para «tocarse los huevos»… Era «la España de los volquetes de putas», un país donde las adjudicaciones de contratos públicos se decidían en cacerías, bares o discotecas a golpe de cubata, y en el que los presuntos corruptos salían de la cárcel crecidos y desafiantes para argüir excusas solo aptas para imbéciles cuando tenían que explicarse ante los tribunales.

Este también es un libro de entrevistas en el que toman la palabra no solo corruptores y corruptos, sino también quienes luchan contra ellos desde las instituciones judiciales y policiales para que acaben pagando por sus actos. Si algunas investigaciones llegan a buen puerto es gracias a la colaboración de quienes, sabiéndose cazados, se arrepienten y deciden tirar de la manta, y también del trabajo ímprobo de los verdaderos «héroes de la Justicia»: un puñado de magistrados, fiscales, agentes de la UDEF o de la UCO, o técnicos de la administración tributaria que, con sus modestos sueldos de funcionarios, se tienen que enfrentar con el batallón de abogados excepcionalmente bien pagados que suelen defender a los corruptos.

Manuel García-Castellón, que instruye los casos más importantes de corrupción que están abiertos en la Audiencia Nacional, explica en el libro qué falla en la Justicia para que los procedimientos se eternicen en el tiempo y, a menudo, triunfen las estrategias dilatorias que diseñan las defensas de los corruptos. Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción, analiza las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones de su departamento, y relata cómo los delincuentes son unos adelantados a su tiempo y siempre cambian sus estratagemas para que no les pillen la próxima vez. Esperanza Aguirre y Rafael Simancas reflexionan sobre el «Tamayazo» y los años de la corrupción en Madrid, que la primera niega con vehemencia y que el segundo sitúa como el origen de todos los males. Otros dos magistrados opinan, al cabo de los años, sobre dos investigaciones judiciales que dirigieron y que cambiaron la historia de España. Baltasar Garzón habla del caso Gürtel, que acabó provocando la primera moción de censura exitosa de la democracia y que destapó el escándalo de financiación irregular de un partido más importante investigado nunca: los papeles de Bárcenas. José Castro analiza la investigación al rey emérito y el caso Nóos, que acabó con la impunidad de la monarquía y sentó en el banquillo de los acusados a una integrante de la Casa Real, la infanta Cristina, absuelta no obstante a base de repetir en el juicio expresiones como «No lo sé», «No recuerdo», «No me consta». Su hermana Elena, sin pretenderlo, lo resumió mucho mejor a principios de este año: «Se nos ofreció y accedimos». Esa frase explica mucho de lo ocurrido en este país en los últimos treinta años.

PRIMERA PARTE
LOS AÑOS LOCOS

«Cuando fuimos los mejores el dinero se gastaba, se podía comprar todo, incluso vuestras almas»

JOSÉ MARÍA SANZ, LOQUILLO,

«Cuando fuimos los mejores»

CAPÍTULO 1
EL DÍA QUE SE JODIÓ MADRID

Nunca he sido demasiado bueno haciendo pronósticos, así que el día que se jodió Madrid, aquel inolvidable 10 de junio de 2003, le dije a mi jefe de sección en Europa Press, la agencia de noticias en la que trabajaba, que podía apañármelas solo para cubrir la sesión constitutiva de la Asamblea autonómica. No esperaba nada distinto a lo de siempre: unos saludos protocolarios, especialmente sonrientes en la bancada izquierda, ya que el PSOE e Izquierda Unida diseccionaban en aquel momento el Gobierno de la Comunidad para repartírselo. También, quizá, unas aburridas votaciones para elegir los órganos parlamentarios y, como mucho, alguna declaración a los medios de usar y tirar.

El Parlamento regional, que los políticos madrileños construyeron en el barrio de Entrevías para que nadie les pudiera decir que nunca pisaban los barrios humildes del sur, tiene una particularidad que lo diferencia de cualquier otro: su hemiciclo se sitúa en un lateral, con un pasillo central que lo atraviesa y que desemboca en el verdadero lugar de encuentro de todos los diputados: el bar. Aquel día que se jodió Madrid, de camino al centro neurálgico de la política regional —insistiré, el bar—, me crucé con Eduardo Tamayo Barrena. Al verle, recordé la pésima impresión que me había producido unas semanas antes, durante un acto electoral, cuando había adulado hasta la náusea al candidato socialista Rafael Simancas mientras explicaba las carencias que arrastraban los juzgados de plaza de Castilla. Los mismos juzgados en los que Tamayo nunca llegó a declarar por lo que, justo ese día, se disponía a hacer.

La historia es conocida: el adulador se tornó traicionero. El 10 de junio, Tamayo enfiló el mencionado pasillo, se llevó a su compañera María Teresa Sáez de la mano y ambos salieron por la puerta del Parlamento situada frente al supermercado Eroski —el mismo supermercado donde, años después, unos guardias de seguridad trincaron a la presidenta Cristina Cifuentes intentando mangar dos botes de crema cosmética—. Con su ausencia repentina, Tamayo y Sáez, diputados electos, se saltaron la disciplina de voto sin habérselo comunicado a sus compañeros de partido, se negaron a participar en las votaciones para elegir los órganos de gobierno de la Asamblea de Madrid y alteraron la mayoría elegida en las urnas, que pasó, de repente, a caer del lado de la candidata del PP, Esperanza Aguirre. Aquellas elecciones en la Comunidad habían abierto, por primera vez en doce años, la posibilidad de que se configurara un Gobierno de izquierdas presidido por Rafael Simancas, secretario general de los socialistas madrileños. Aguirre, exministra de Educación y expresidenta del Senado, y especialmente famosa por sus continuas apariciones en el programa de televisión Caiga quien caiga, había ganado los comicios de forma ajustada, por apenas 200.000 votos. Un margen insuficiente, sin embargo, frente a la suma de diputados de PSOE e IU, que dejó al PP a un escaño de la mayoría absoluta. Con la jugada de Tamayo y Sáez, sin embargo, se dio la vuelta a la tortilla.

Ese 2003 era el penúltimo año de Gobierno de José María Aznar, quien había desalojado a Felipe González de La Moncloa y acuñado el lema «España va bien» para resumir el «milagro económico» atribuido a su vicepresidente Rodrigo Rato. Desde 1996, cuando Aznar llegó al poder, la tasa de paro se había reducido en ocho puntos, con crecimientos del producto interior bruto (PIB) superiores al 3 %. La bonanza económica, no obstante, no consiguió frenar el desgaste político que habían sufrido los populares por las protestas educativas, por la catástrofe ecológica del Prestige y por la guerra de Irak. Y por algún asunto más. Porque si Madrid se jodió el día del «Tamayazo», es probable que España se hubiera jodido unos meses antes —no muy lejos de la Asamblea— en la faraónica boda de Ana Aznar Botella. La hija del presidente se casó con Alejandro Agag en el monasterio de El Escorial por todo lo alto, con una celebración que parecía un acontecimiento de Estado y que fue organizada, en parte, por la red de corrupción Gürtel. Al enlace, oficiado por el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, asistieron los reyes de España, mandatarios extranjeros como Silvio Berlusconi o Tony Blair, y una pléyade de políticos, banqueros y empresarios que, años después, protagonizaron algunos de los episodios más bochornosos de la historia de España. En la boda, esos invitados desfilaban estirados, sonrientes, orgullosos de haberse conocido a sí mismos; la viva imagen del triunfo, la fotografía de una época. De Miguel Blesa a Rodrigo Rato, de Francisco Correa a Luis Bárcenas, de Francisco Camps a Jaume Matas. Todos, manchados por la corrupción. Aunque ninguno de sus tejemanejes era todavía público.

Bodas aparte, la primera cita importante con las urnas de la legislatura 2000-2004 se centró en lo que se denominó «La batalla por Madrid». Aznar quiso proteger la Alcaldía de la capital, por la que pugnaban Alberto Ruiz-Gallardón, que llevaba ocho años presidiendo la Comunidad, y Trinidad Jiménez, quien mostraba el cambio de imagen del nuevo PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. La dirección federal socialista se volcó con su candidata, presentándola en chupa de cuero y con un aluvión de actos denominado «Trinimaratón». Pero Ruiz-Gallardón la derrotó con claridad, haciendo buena la apuesta de Aznar. Sin embargo, el presidente desguarneció la contienda autonómica, en la que Aguirre obtuvo una victoria pírrica frente a la alianza de Simancas con IU. Todo un triunfo para el hijo de un matrimonio emigrado a Alemania y retornado en la década de los setenta a Leganés, que se había convertido en concejal de Cultura de Madrid y cuya habilidad para gestionar los equilibrios y las traiciones internas en la Federación Socialista Madrileña (FSM) le permitió convertirse en el líder regional del partido. Desde esa atalaya, concurrió como candidato a la Comunidad tras el nombramiento de Jiménez para la Alcaldía. A pesar de que muchos madrileños no le conocían, el nuevo mirlo blanco del PSOE, una vez acabado el escrutinio, estaba a un paso de dirigir una administración con un presupuesto total de 14.000 millones de euros; de gestionar la sanidad o la educación de uno de los motores del país.

Las elecciones habían estado marcadas por las multitudinarias movilizaciones contra el entusiasta apoyo de Aznar a la invasión de Irak, ejecutada por una coalición encabezada por tropas de Estados Unidos y Reino Unido. El «No a la guerra» era tan generalizado que en las riadas que recorrieron Madrid aquellos días te podías encontrar —doy fe— a personas que trabajaban para el propio PP. Aguirre hizo una buena campaña y consiguió remontar posiciones, pero se quedó a 30.000 votos de la mayoría absoluta. El recuento de los comicios autonómicos se retrasó por problemas técnicos, por lo que la mayoría de los madrileños se fueron a la cama sin saber que el Gobierno de la Comunidad había cambiado de signo hacia la izquierda. En la habitual imagen de celebración en la sede del PP, Ruiz-Gallardón exhibía una amplia sonrisa, mientras que Aguirre, mucho más seria, comenzaba a encajar la derrota. Estuve aquella noche en el Círculo de Bellas Artes, cuartel general de los socialistas, y recuerdo a Simancas salir del edificio a las seis de la mañana mascullando: «¡Qué trabajito nos ha costado!». Se veía presidente y empezó a actuar como tal. Craso error: un runrún comenzó de inmediato a extenderse entre las élites políticas y empresariales de la sociedad madrileña, rechazando un Gobierno en el que IU pudiera asumir tres consejerías y manejar la política de vivienda. Los periódicos de la derecha alertaban de los riesgos de una alianza «socialcomunista» —tal y como lo hacen hoy, veinte años después, sobre los peligros del Gobierno nacional de coalición puesto en marcha por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Y entonces apareció Tamayo. O más bien, desapareció. El fugado, al que los periodistas no teníamos muy claro si definir como «díscolo», «traidor», «tránsfuga» o incluso «felón» —calificativos que se iban sucediendo en cascada en las crónicas—, justificó su deserción y su negativa a participar en las votaciones parlamentarias por el descontento que decía sentir con las negociaciones que Simancas había entablado con los «comunistas». Como si hubiera descubierto en aquel momento que en Izquierda Unida, tercer partido del Parlamento, había comunistas. Tamayo también se quejaba de que Renovadores por la Base, su corriente dentro de la siempre convulsa Federación Socialista Madrileña, no había recibido suficiente parte del pastel. El líder de este grupo, José Luis Balbás, no atesoraba otro mérito que presumir en sus intervenciones de haber elegido el bando ganador en el doloroso Congreso del PSOE de 2000, al apoyar la candidatura de Zapatero a la Secretaría General frente a la de José Bono. Un mérito del que se enorgullecía paseándose por las tertulias de la cadena conservadora Intereconomía.

Simancas se negó a pactar con Renovadores por la Base y luego pasó lo que pasó. Tras el «Tamayazo», se embarcó en la denuncia de una «trama inmobiliaria corrupta» vinculada al PP, que supuestamente había desbaratado el primer Gobierno progresista en Madrid desde los años ochenta para proteger los intereses de especuladores y grandes empresarios. Uno de los culpables a los que señalaba Simancas era Francisco Bravo, dueño de una empresa de autobuses y militante del PP, quien alquiló dos habitaciones y una sala de conferencias en las que se alojaron los tránsfugas justo después de su deserción¹. Aquel 10 de junio, por la mañana, Bravo tenía una cita en la sede del PP de Madrid, en la calle Génova, con el entonces secretario general del partido, Ricardo Romero de Tejada, quien le recibió para tratar un asunto sobre el municipio de Sevilla la Nueva, según declaró después en la comisión de investigación parlamentaria que se organizó para esclarecer los hechos: «Hablé entre uno y tres minutos con él. Lo conocí hace un año más o menos y lo he visto en dos o tres ocasiones. No sabía que era promotor inmobiliario y tampoco que era afiliado al PP», añadió².

El segundo indicio que vinculaba a los desertores socialistas con el PP eran las llamadas que, el día antes del golpe de mano, se intercambiaron Romero de Tejada y el abogado José Esteban Verdes, también afiliado al PP, quien a su vez estaba en contacto con Tamayo. Ambas sospechas fueron recogidas en una denuncia escrita por el catedrático de Filosofía del Derecho Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, que el PSOE presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Y que tardó cinco minutos en ser archivada. Los magistrados argumentaron que los socialistas presentaban como pruebas meras «conjeturas inconexas y sujetas a interpretación múltiple», y que no existían indicios de que los diputados hubieran sido comprados y, por lo tanto, incurrido en un delito de cohecho.

En 2003, la burbuja inmobiliaria crecía a un ritmo nada desdeñable, espoleada por la liberalización que permitió la reforma de la Ley del Suelo de 1998. Esta norma consideraba urbanizable todo el suelo que no fuera urbano ni protegido, bajo la sacrosanta convicción liberal de que, al poner en el mercado una gran cantidad de terreno disponible para construir, su precio bajaría. Los grandes proyectos urbanísticos encontraban financiación pública y privada sin demasiados problemas. En ese ambiente de efervescencia del ladrillo, Simancas comenzó a oficiar en aquellos días previos al «Tamayazo» como presidente in pectore. En una entrevista con el entonces periodista de la Cadena Ser Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez, Simancas aseguró que tenía previsto trasladar la nueva mayoría progresista que existía en la Asamblea hasta el Consejo de Administración de Caja Madrid, en el que, bajo la presidencia de Miguel Blesa, ya circulaban alegremente las tarjetas black desde hacía varios años.

El candidato socialista se presentó a la investidura y la perdió a causa de la abstención de los dos díscolos felones. Sin embargo, la crisis política e institucional posterior, la más grave en la historia de la Comunidad, se saldó con una comisión de investigación esperpéntica que perjudicó sobremanera a la FSM, pues salieron a relucir todos sus trapos sucios, los follones recurrentes por los que la dirección federal del PSOE consideraba a la federación madrileña «una jaula de grillos». El PP, desplegando una estrategia magistral que ha ido perfeccionando con los años, consiguió que calara en la opinión pública un relato que explicaba el transfuguismo no por la intervención de los populares, sino como consecuencia de la actuación de los propios protagonistas; en este caso, por las disputas urbanísticas entre Tamayo y Enrique Benedicto Mamblona, marido de la número dos de Simancas en la Asamblea, Ruth Porta, quien trabajó para una fundación que participaba en la construcción de viviendas protegidas.

De aquel escándalo mayúsculo para la democracia, que nos tuvo todo el verano encerrados en un edificio inteligente —el de la Asamblea— en el que era posible morirse de frío en Madrid en pleno mes de agosto, me quedan básicamente dos recuerdos, y los dos son frívolos, lo que demuestra que la estrategia con la que el PP afrontó aquella comisión de investigación fue todo un éxito. El primero es el ciclópeo «embolicamiento» que la compañera de fuga de Tamayo, María Teresa Sáez, sufrió durante su comparecencia parlamentaria. Abrumada por las preguntas, perdió los nervios y acabó zanjando el asunto con un concluyente «No a todo». Lejos de beneficiar al PSOE, su nula capacidad argumentativa puso de manifiesto la falta de exigencia que el partido tenía a la hora de confeccionar sus listas, con candidatos y candidatas de escasa preparación hasta para hablar en público. El segundo recuerdo que guardo es el denominado «Rap de Tamayo», que Pablo Motos y Raquel Martos cantaron en la Cadena Ser para describir las decenas de llamadas que el tránsfuga se intercambió, el día antes de su deserción, con José Esteban Verdes —pareja de la viceconsejera de Presidencia de la Comunidad, Paloma García Romero, próxima a Ruiz-Gallardón— y con el número dos de los populares madrileños, Ricardo Romero de Tejada: «Vaya trasiego de llamadas. Tamayo llama a Verdes y Verdes a Tejada, Tejada a Verdes vuelve a llamar, van acumulando puntos Movistar»³, decía el rap. Nunca se supo con certeza de qué hablaron los tres en aquellas horas cruciales.

Al cabo de los años, resulta tragicómico que el único condenado por el «Tamayazo» sea Alberto Moreno de Lucas, el extrabajador de Telefónica que sustrajo los datos de las llamadas y que los filtró a la prensa. En una entrevista concedida en 2018⁴, Moreno juró «por la vida» de sus padres que no había filtrado las comunicaciones, y denunció que la investigación, que llevó a cabo el juez de Plaza de Castilla Adolfo Carretero, se había prolongado demasiados años. «Mi padre me ha cogido por las solapas en tres ocasiones en estos quince años: “¡Dime que has sido tú. Si has sido tú, dímelo!”. Y siempre le he dicho lo mismo: “Padre, le juro por madre que yo no he sido”», relató.

El periodista Felipe Serrano, quien mejor ha contado el «Tamayazo» y sus angostos recovecos, sostiene en su libro sobre el escándalo⁵ que el PP no estaba interesado en investigar el caso por razones obvias, y que, cuando Zapatero llegó a La Moncloa en el año 2004, también se desentendió del asunto. Ni siquiera el PSOE ahondó. Un confuso episodio señala que el expresidente de la Junta de Castilla-La Mancha José Bono, siendo ya ministro de Defensa, confió a Simancas que tenía «pillados» a quienes estaban detrás de la deserción, pero que no había encontrado en Zapatero «una actitud muy positiva para mover el asunto»⁶.

Que el «Tamayazo» es una historia inconclusa lo demuestra también la escena que se produjo el 18 de marzo de 2010 en la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, siete años después del escándalo. El exdiputado socialista se presentó en la puerta del edificio y, tras enseñar su carné de identidad, apuntó que tenía una cita con la presidenta, Esperanza Aguirre. Cuando los empleados de seguridad comprobaron que no aparecía en la agenda de reuniones, le invitaron a marcharse, pero Tamayo aprovechó la presencia de algunos informadores para adelantar que quería entregar a la jefa del Ejecutivo regional «cierta información relacionada con el exdiputado Ricardo Romero de Tejada» y con la parlamentaria Carmen Rodríguez Flores. «Algo tienen que ver con lo ocurrido en 2003», deslizó, enigmáticamente⁷. La mencionada diputada era amiga íntima del extesorero del PP Álvaro Lapuerta, quien supervisó durante veinte años la contabilidad B de la formación junto a Luis Bárcenas. Esa caja B se nutría de las donaciones ilegales que abonaban —en metálico— grandes constructoras, que posteriormente resultaban adjudicatarias de concursos públicos, según quedó acreditado en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la primera época de actividades de la trama Gürtel —sentencia ratificada después por el Tribunal Supremo⁸—. En 2013, la tránsfuga María Teresa Sáez indicó que la popular Carmen Rodríguez Flores se puso en contacto con ella para confesarle que «Tamayo cobró mucho dinero», y para reprocharle que no tenía que haber dejado «pasar tanto tiempo para reclamar su situación»⁹. Sobre esa extraña visita de Tamayo a Aguirre dio más detalles el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, número 3 del partido y del Gobierno, cuando salió en junio de 2017 de la cárcel de Estremera. Nada más dejar la prisión, Granados concedió una entrevista a Eduardo Inda en Ok Diario¹⁰ en la que reveló que Tamayo le había reconocido, siete años antes, cómo pactó el Gobierno de la Comunidad. Estas fueron sus palabras:

—Lo que me cuenta es que había llegado a un acuerdo para formar un gobierno con el PP porque no estaba de acuerdo en cómo funcionaba su partido, la guerra aquella entre Renovadores por la Base, guerristas y toda aquella ensalada que había en el PSOE de Madrid. Ese acuerdo no llega a buen puerto porque, finalmente, gobierna el PP en solitario, y Tamayo me dice que quiere una compensación económica porque no ha conseguido lo que supuestamente se había pactado en aquellas reuniones. Le digo que no sé de qué me está hablando, que me suena a chino todo lo que me está diciendo, pero que se lo voy a trasladar a la presidenta. Aguirre me dice que ella no conoce esos acuerdos, y, por lo tanto, que de compensación económica, nada.

—¿Y qué compensación económica decía que había pactado? —pregunta Inda.

—Algún millón de euros, más de dos y menos de cinco. Se los negué, porque Aguirre no conocía nada de ese acuerdo. Tamayo después se presentó algún día en la Puerta del Sol exigiéndolo. Eso es todo lo que sé del «Tamayazo», que es nada. Es lo que me contó Tamayo y que yo no me creo, porque vi cómo Esperanza Aguirre dijo: «A este señor, nada de nada».

—¿Y con quién le dijo que había pactado?

—Con los que entonces mandaban en el PP de Madrid. No me especificó.

—¿Pío García-Escudero?

—Tamayo me dijo que él había hablado con la dirección del PP en Madrid. No sé si fue con uno o con tres. O con ninguno.

La tesis de la traición remunerada también se desprende de los denominados «Papeles de Tamayo», publicados por Infolibre¹¹. Son cuatro folios manuscritos, supuestamente elaborados por el exdiputado socialista, en los que, de forma bastante embrollada, sitúa a Dionisio Ramos en el centro de la trama. Este enigmático personaje había sido compañero de militancia de José Luis Balbás en UCD. Balbás, a su vez, fue el mentor de Tamayo, y también compañero en la Universidad Complutense de Madrid de la entonces diputada y después presidenta regional Cristina Cifuentes, a quien además recomendó el máster que posteriormente supuso el principio del fin de su carrera política.

Alrededor del «Tamayazo» se repiten siempre los mismos nombres propios. Y se suceden las coincidencias. En los años previos a la traición, entre 1999 y 2002, la Complutense mantuvo también una caja de fondos B que funcionaba de forma paralela a la contabilidad oficial, con la que se realizaron gratificaciones a personal ajeno a la institución por valor de 894.000 euros. Entre los beneficiarios de esa contabilidad oculta, que supuestamente gestionaba Dionisio Ramos, se encontraba José Antonio Expósito, el vigilante privado que acompañó a Tamayo y Sáez cuando abandonaron la Asamblea aquel día que todo comenzó a joderse¹². Expósito, según El País, trabajó en el Banco Santander durante diez años, primero como miembro del equipo de seguridad y después, como conductor. Más tarde, fue empleado del Grupo Intereconomía. En 2010 fue condenado a 22 meses de prisión por hacerse pasar por agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y conseguir que dos agentes le facilitaran información reservada entre 2003 y 2004. El falso espía se bautizó a sí mismo como «Agente Tango 00»¹³.

Tamayo, por su parte, se mudó a Guinea Ecuatorial, donde comenzó a hacer negocios relacionados con la asesoría empresarial y la construcción en 2009. Once años más tarde, en 2020, un juzgado de Vigo llegó a imputarle por una presunta extorsión a un empresario — junto al líder del sindicato Manos Limpias, Miguel Bernad—, pero la Audiencia Provincial de Pontevedra archivó la causa por falta de indicios.

Uniendo todas las piezas del puzle, se llega a la conclusión de que el PP tenía abiertos canales de comunicación con Tamayo y con las personas que posibilitaron su escapada en un momento en el que el partido recibía aportaciones millonarias para su caja B de grandes constructoras, empresas que, a cambio, multiplicaron sus beneficios en la Comunidad durante el auge de la burbuja inmobiliaria. La deserción del socialista contribuyó decisivamente a que la izquierda no haya vuelto a gobernar en Madrid desde 1995. Pero el «Tamayazo» nunca se llegó a investigar en los tribunales. El entonces fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, más tarde ministro de Justicia con el PSOE, aseguró en 2007 que recibió órdenes para no hacerlo¹⁴. Al frente de la Fiscalía General del Estado se encontraba en aquel momento Jesús Cardenal, nombrado por el Gobierno de Aznar. Los perfiles que se publicaron sobre Cardenal le definían como «un alma educada, disciplinada, obediente y muy conservadora», que además era miembro del Opus Dei¹⁵.

Dieciocho años después de aquellos hechos, charlo con el principal afectado del «Tamayazo», Rafael Simancas, el hombre que pudo ser presidente. Repite los mismos argumentos que decía en aquel lejano 2003. Si cierro los ojos, me puedo ver a mí mismo, con veintipocos años, tomando notas en alguna de las maratonianas ruedas de prensa que Simancas protagonizaba en la Asamblea de Madrid o en la destartalada sede de los socialistas madrileños en la calle Santa Engracia. Simancas es el único protagonista que sigue en primera línea de la política, como portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, desde el que defiende al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez frente a la oposición de derechas. Continúa negando con la misma contundencia que el «Tamayazo» se debiera a presiones entre las familias socialistas: «Fue una operación artera, ilegítima y antidemocrática que les dio una sensación de impunidad extraordinaria», afirma muy serio. Reconoce, meneando un poco la cabeza, que la traición le causó «una gran frustración personal» y que supuso «una decepción colectiva» para su organización. Pero, sobre todo, lamenta las consecuencias para la sociedad madrileña: «Urbanismo salvaje, depredación de lo público y privatización de la sanidad y la educación».

Para Simancas, lo que propició aquel episodio negro fue el enriquecimiento desbocado de la burbuja inmobiliaria: «Estábamos en los tiempos en los que la legislación de Aznar liberalizaba el suelo, y algunos entendían que las recalificaciones urbanísticas eran el gran maná. De pronto, aparece un candidato que habla de someter el suelo a una mayor regulación; de hacer un plan de estrategia territorial en el que iban a participar las universidades y en el que los ayuntamientos, de uno y otro color, no iban a tener vía libre para transformar suelo rústico o dotacional en suelo residencial». Mientras mueve las manos con vehemencia, añade: «¡Unos cuantos decidieron que mejor no!, ¡que quiénes eran los madrileños para elegir a su presidente!, ¡que para eso estaban ellos!». Simancas sostiene que el «Tamayazo» abrió la puerta de la corrupción en Madrid: «Fue el principio de toda esta escalada de corruptelas que han protagonizado los Gobiernos del Partido Popular. Allí, en buena medida, empezó todo; significó la barra libre. Si podían comprar un Gobierno y salir impunes, recalificar un par de parcelas y repartirse los beneficios, o ejercer de comisionistas y poner la mano ante los contratistas en la Administración, eso eran asuntos menores. Si habían podido hacer lo mayor, ¿por qué no iban a hacer, con total impunidad, lo menor?».

CAPÍTULO 2
EL GOBIERNO DE LOS MEJORES...
ABOGADOS

De aquella bochornosa comisión de investigación del «Tamayazo», en la que solo salieron a la luz las miserias políticas de los socialistas madrileños y en la que la política quedó enfangada en lo que se llamó la «táctica del calamar» —echar la tinta sobre el oponente, por decirlo finamente—, emergió un político simpático y campechano, encargado de presidir la mesa que controlaba los interrogatorios. Lo hizo con mesura y sentido común, y fue elogiado a izquierda y derecha por la sensatez con la que había manejado una situación institucional tan delicada. Su ascenso en el partido, paralelo a los negocios que años después fue desvelando el sumario del caso Púnica, resultó meteórico.

Francisco Granados Lerena llegó a la Asamblea de Madrid como el alcalde de moda en el PP, pues había conseguido romper el cinturón rojo de la izquierda en Valdemoro y encadenar un par de mayorías absolutas consecutivas. Su flechazo con una parte de la prensa fue inmediato, hasta el punto de que, al término de la comisión de investigación, celebró el final de las sesiones con una cena en un restaurante oriental a la que asistieron varios informadores. No estuve en ese encuentro, pero no por un don para detectar a políticos relacionados con asuntos turbios, sino porque estaba fuera de Madrid de vacaciones.

En las elecciones repetidas en octubre de 2003, que se desarrollaron en un clima de apatía y desmovilización de la izquierda, con casi siete puntos menos de participación, Aguirre recuperó la mayoría absoluta por 28.000 votos y le arrebató al PSOE los dos escaños que necesitaba para gobernar en solitario. IU subió en porcentaje de voto casi un punto, pero el crecimiento no bastó para aumentar sus nueve diputados. Nuevo Socialismo, el partido que lideró Tamayo para «centrar» a los descolgados del PSOE madrileño, consiguió 6.176 votos, un 0,22 % del electorado. Durante la campaña, visité su sede en una pequeña oficina de uno de los edificios más cochambrosos de la plaza de Castilla. Al cabo de unos meses, no quedaba ni rastro de ella.

El sábado 22 de noviembre de 2003, en la Real Casa de Correos, Esperanza Aguirre tomó posesión de su cargo con un mensaje a los madrileños: podían estar «tranquilos» porque tenía «el mejor equipo» de gestión de la «historia del Estado autonómico de España». Eran nueve hombres y dos mujeres, y a dos de ellos se les veía especialmente radiantes: Ignacio González, quien, tras su paso por el Ministerio del Interior, fue nombrado vicepresidente regional y consejero de Presidencia con amplios poderes; y Francisco Granados, al que Aguirre le entregó la Consejería de Obras Públicas, desde la cual iba a acometer la mayor ampliación del Metro de Madrid de su historia.

El acto de aquella toma de posesión de los cargos públicos no lo organizó la trama Gürtel, a la que la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo más de seis millones de euros de contratos durante los años siguientes¹, no organizó el acto de aquella toma de posesión, pero sí muchos de los que vinieron después, como el homenaje a las víctimas del 11M, que se troceó en más de diez facturas diferentes para que ninguna superara el límite de 12.000 euros que obligaba a publicitar el concurso. En aquel momento, nada auguraba algo así, pero la «doble G» del Gobierno de Aguirre, Granados y González, los enemigos íntimos que ordenaban espiarse y que se cruzaban dosieres sobre sus negocios, acabaron su trayectoria política sentados en el banquillo de los acusados por gravísimos delitos de corrupción. Los dos, señalados como presuntos líderes de sendas organizaciones criminales cuyos entramados desentrañaron las investigaciones judiciales de las operaciones Púnica —Granados— y Lezo —González—. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco abrió dos macrosumarios en 2014 y 2016, respectivamente, que investigaron decenas de amaños de contratos públicos a cambio de mordidas, así como el saqueo de instituciones públicas como el Canal de Isabel II o la empresa Áreas de Promoción Empresarial con Gestión Industrial Organizada, S. A. (Arpegio). El «Gobierno de los mejores» acabó siendo el de los mejores abogados de Madrid, que asumieron la defensa en los tribunales de los políticos implicados a cambio de elevadas minutas.

Durante aquellos años de contratos insólitos, el sospechoso enriquecimiento personal de Ignacio González se convirtió en un secreto a voces en Madrid. Hasta el punto de que, durante una de las cenas de Navidad que el Gobierno regional organizaba en su sede —a todo trapo—, Esperanza Aguirre, siempre socarrona, llegó a pasearse de mesa en mesa preguntando a los periodistas si su número dos era «tan corrupto como se decía». Atónitos, mis compañeros y yo nos limitábamos a sonreír, cuando lo que deberíamos haber hecho es dedicar más tiempo a investigarle. Algunos diputados incluso nos recomendaban tomar fotografías de los valiosos relojes que González exhibía cada semana en las ruedas de prensa posteriores a los consejos de gobierno, porque, según insistían, «algún día serán noticia». Tan notorios eran los desmanes que al gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, se le conocía jocosamente como el Egipcio por su manera —decían— de colocar la mano para cobrar comisiones. Al cabo de los años, el juez abrió una investigación para determinar si la construcción de los Teatros del Canal, que acumuló más de veinticinco millones de euros en sobrecostes, incluyó mordidas.

Tras aquellas multitudinarias cenas de Navidad con la prensa, los invitados a la Real Casa de Correos cruzaban al edificio de enfrente, hasta la Consejería de Presidencia, que dirigía el siempre divertido Granados, para disfrutar de la barra libre que organizaba su amigo Pepe, «el inventor de la discoteca móvil». Pepe era José Luis Huertas, dueño de Waiter Music, otra de las empresas investigadas en la operación Púnica por hinchar contratos a cambio de favores personales al político de Valdemoro. ¿Qué periodista no se tomó en aquella época un cubata con Granados, entre risas y chascarrillos? ¿Quién podía sospechar que era un presunto corrupto? No seré yo quien levante la mano. En aquella primera legislatura de Aguirre, los viajes de prensa empezaron a multiplicarse, la mayoría sin sentido. Cubrí uno de cinco días en Israel, con visitas a Tel Aviv, Jerusalén y los Santos Lugares, cuyo único interés informativo consistió en una reunión de los técnicos del Canal con expertos israelíes en gestión del agua. Forzando las naderías que nos habían contado, titulé el teletipo que envié a la agencia apuntando que el Gobierno de Madrid estudiaba «bombardear las nubes con yoduro de plata para incrementar las lluvias en el embalse de El Atazar»². Algo que, por supuesto, nunca sucedió.

La Comunidad de Madrid vivía entonces un furor de hormigón: siete nuevos hospitales, la ampliación del Metro y hasta tres actos al día de Aguirre con la prensa. «Nos llevaba con la lengua fuera», cuenta el cámara de televisión Carlos Matarranz, quien cubría la información de la Comunidad. Recuerdo la inauguración del Metro a Villaverde, con conciertos de Isabel Pantoja y Medina Azahara sufragados por la constructora FCC³. Populismo puro y duro antes de que los ahora llamados populistas entraran en la escena política. Aguirre era la estrella de aquellas fiestas y los vecinos la aplaudían: «¡Sois los mejores, Esperanza presidenta!», gritaban. Y Aguirre, sin parar de dar besos, repetía: «De todas las inauguraciones de Metro que vamos a hacer, esta es la que más me llega al corazón». El control con el que manejaba el partido, el Gobierno y la comunicación durante aquella primera legislatura era absoluto, a pesar de sus reiteradas negativas en los tribunales a reconocer la financiación irregular del PP de Madrid. La presidenta era la primera que se beneficiaba de aquellos actos de propaganda y exaltación de su persona. Su frase preferida, como le recordó Granados en una carta desde prisión, era: «Todo se puede delegar, menos la supervisión».

Varios ejemplos demuestran que en los años locos del «aguirrismo» que siguieron al «Tamayazo» nada se hacía sin el visto bueno de la Jefa, como la llamaban sus colaboradores. Romero de Tejada, el secretario general al que se vinculó con la deserción de Tamayo, se enteró de que no iba a seguir en su puesto por un titular de prensa que fue portada del diario El Mundo y que probablemente es uno de los más antológicos que he leído en toda mi carrera: «Romero de Tejada va a dimitir tras el 26-O, pero aún no lo sabe»⁴. Enterarse por la prensa de un nombramiento o una destitución es un clásico de la política, esa entrañable disciplina en la que existen «adversarios, enemigos y compañeros de partido», según la cita que —con pequeñas modificaciones y matices— se suele atribuir a Giulio Andreotti, Konrad Adenauer y, cómo no, a Winston Churchill.

«Aguirre lo controlaba todo, si había una rotonda que no le gustaba, nos decía que la cambiáramos», asegura el exalcade de Boadilla del Monte Arturo González Panero, quien ha aportado a la operación Púnica un valioso testimonio sobre la omnipresencia de la política madrileña en sus años de mandato. El periodista de La Sexta Rubén Regalado también da fe de esa realidad: «Una vez fui a visitar un colegio público recién estrenado y dijo que no le gustaba el color de las puertas. Al día siguiente las habían pintado todas de otro color». El control absoluto de Aguirre —que después negó ante los tribunales alegando que solo dos cargos públicos, Francisco Granados y Alberto López Viejo, le salieron «rana»— lo ejemplifica otra anécdota que me trasladaron los compañeros que la seguían a diario: en una ocasión, a la presidenta le disgustó el belén que habían instalado en la sede de la Comunidad con motivo de las fiestas navideñas porque no tenía «lavandera». En aquella época, el entonces líder de Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod-Rovira, era considerado como el enemigo público número uno en Chamberí. Así que, tras escuchar la observación de Aguirre, uno de sus colaboradores fue a una tienda de souvenirs y compró una bandera nacional, que colocó con mimo en los faldones del belén, dando al conjunto un aspecto verdaderamente pintoresco. Cuando «la Jefa» advirtió el cambio, en lugar de la esperada felicitación, se rio y espetó: «¡Pero, hombre, yo decía lavandera de lavar!». Hasta el belén de la Puerta del Sol controlaba Aguirre.

CAPÍTULO 3
EL LEGADO DE AGUIRRE:
LA LEZO Y LA PÚNICA

Al principio de los años dos mil, la burbuja inmobiliaria seguía creciendo en Madrid. Lo sabemos bien quienes nos independizamos de casa de nuestros padres en esa época y, alentados por las desgravaciones fiscales y la trampa de las cuentas de ahorro para la vivienda, cometimos el error de comprar un piso en la capital, que en mi caso estaré pagando hasta el simpático año 2032 —si la cosa no se tuerce, y las series de ficción que anuncian el colapso del sistema y el apocalipsis planetario no se hacen realidad—. «¿Qué puede salir mal adquiriendo una hipoteca joven que viene avalada por la Comunidad de Madrid?». «Esto de la cláusula suelo es muy difícil que pase, ¿no?». Ambas eran preguntas que cualquier joven pareja lanzaba al amable director de la sucursal del barrio. El director contestaba —siempre con una amplia sonrisa— con el mismo mensaje de seguridad y confianza en el futuro que minutos más tarde trasladaba a la anciana a la que convencía para que metiera los ahorros de toda su vida en un nuevo producto financiero que ofrecía más rentabilidad que los depósitos: «Se llaman preferentes». Por alguna razón, cuando la crisis empezó a asomar, aquel director de banco, con el que había que reprimirse para no abrazarle de agradecimiento, pidió el cambio de sucursal y se dio el piro. Y si te he visto, no me acuerdo.

En 2004, los atentados del 11M sacudieron la capital. Las mentiras con las que el Gobierno de Aznar intentó atribuir la matanza yihadista a la banda terrorista ETA llevaron al candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa tras derrotar a Mariano Rajoy, el elegido por el dedazo de Aznar para pilotar su sucesión. Lejos de incomodarse con la nueva situación, Esperanza Aguirre vio una oportunidad para afianzar su poder y proyectarse como la líder nacional que la derecha necesitaba para «liberar» a España del socialismo. Era la nueva «lideresa», como ya se empezaba a decir. Y la Margaret Thatcher castiza estaba lanzada. Ese año consiguió el control total del PP madrileño tras vapulear en el congreso del partido a Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, al que nunca perdonó sus gestos con el PSOE con motivo del «Tamayazo». Aunque investido alcalde, Gallardón continuaba siendo presidente regional en funciones cuando Tamayo tomó la palabra en la investidura frustrada de Simancas¹, momento en el que el del PP abandonó el hemiciclo de la Asamblea junto a los diputados de la izquierda. Aguirre se cobró la venganza en el congreso de 2004: Granados fue nombrado secretario general del PP y González, responsable del Comité Electoral. El «aguirrismo» tomaba el poder. Así se inició una alocada carrera entre la presidenta y el alcalde, haciéndose mutuamente la puñeta, con la vista en la posible caída del derrotado Rajoy, competición en la que involucraron a las dos administraciones encargadas de gestionar los asuntos más importantes de los madrileños. La tensión se mantuvo hasta 2011, cuando Gallardón fue propuesto para el Ministerio de Justicia —el último cargo que ocupó antes de desaparecer del mapa político—, y dejó la Alcaldía en manos de Ana Botella, esposa de Aznar.

Durante su gobierno, Aguirre despachaba a Simancas en la Asamblea de Madrid sin prestarle demasiada atención y centraba su verdadera labor política en hacer de oposición al Gobierno socialista de la nación, repitiendo machaconamente una idea que empezó a dominar todos los discursos, entrevistas y notas de prensa de la Administración autonómica: «Zapatero asfixia a Madrid». Cualquier carencia que sufría la región se debía a la falta de inversión del Gobierno central, que marginaba a los madrileños para beneficiar a otras regiones, especialmente a Cataluña. «Cero Zapatero para Madrid», reiteraban los dirigentes del PP. Si algún colegio no tenía calefacción, la culpa era de Zapatero. Si había peajes en las carreteras, los permitía el Ministerio de Fomento. Había nacido el nacionalismo madrileño liberal, del que Isabel Díaz Ayuso, quince años después, es digna heredera.

Por contra, el PP, en su funcionamiento interno, era una balsa de aceite que Aguirre controlaba con rotundidad. En 2005 se encontró con un pequeño problema en Majadahonda, motivado por un conflicto con la adjudicación de unas parcelas, que la presidenta solucionó con el relevo del alcalde, Guillermo Ortega, y con la expulsión de dos desconocidos concejales, Juan José Moreno y José Luis Peñas. Según el relato de Peñas, el presidente de Dico, una constructora con importantes intereses en Madrid, llamó al alcalde Ortega el mismo día en el que la Jefa del Gobierno regional iniciaba un viaje a China en compañía de la prensa, y le dijo: «Te tienes que ir. El candidato oficial de la presidenta de la Comunidad y de Génova es Narciso de Foxá. Vete mirando qué puesto quieres en la Comunidad». La expulsión de los dos concejales, marionetas en manos de un empresario con excelentes contactos con el PP llamado Francisco Correa, permitió a Aguirre presumir en la Asamblea de Madrid de no haber cedido a su chantaje con una frase que le persiguió durante años: «Yo destapé la trama Gürtel»². Nadie lo sabía entonces, pero esa decisión puso la semilla para que dos años más tarde estallara el citado caso cuando Peñas decidió grabar subrepticiamente a su protector. Porque, mientras se solventaban los problemillas internos y se denunciaban las agresiones del malvado Gobierno central, la corrupción iba incrementando el poder y el patrimonio de los dos delfines de Aguirre: González y Granados. Vicepresidente regional y responsable electoral el primero, y consejero de Obras Públicas y secretario general del PP madrileño el otro. Pero entonces, su presunto enriquecimiento ilícito solo se intuía.

Casi todas las adjudicaciones pasaban por sus manos. Las siete piezas que componen el sumario del caso Lezo ponen de relieve los manejos de Ignacio González, el lugarteniente más cercano a Aguirre, que se quedó al frente de la Comunidad en septiembre de 2012 cuando aquella dimitió por «razones personales». La expresidenta definió a González como la persona «con más experiencia y mejor dotada» con la que había trabajado, un colaborador «enormemente trabajador» y «con un gran conocimiento de la Administración»³. Cinco años más tarde, tras comparecer como testigo del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, los periodistas de tribunales contemplamos con estupefacción cómo Aguirre llegaba prácticamente a las lágrimas al hablar de su delfín, quien había sido detenido unos días antes. «Si es culpable, para mí, que he puesto mi confianza en él durante tantos años, es un palo verdaderamente muy, muy relevante. Y si no lo es, yo también estoy conmocionada por el calvario que está pasando y que le queda por pasar, porque la Justicia en España es muy lenta», dijo. Acto seguido, salió de la Audiencia, esquivó como pudo los gritos que le lanzaban una veintena de «preferentistas» de Caja Madrid que protestaban a la puerta, y se montó en un coche que escapó derrapando. La guinda del colosal follón la pusieron cuatro figurantes disfrazados de ranas que bailaban al son de la canción «Comerranas» de Seguridad Social, enviados por el programa de televisión El Intermedio⁴.

En el caso Lezo, la pieza principal se centra en la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte del Canal de Isabel II —el cortijo en el que hacía y deshacía González—. La operación se desarrolló entre 2012 y 2014, y tuvo un presupuesto de 27 millones de euros. La investigación destapó un supuesto sobrecoste de entre 6,4 y 9,6 millones, y un reparto de comisiones de 5,4 millones del que, además del político madrileño, se habrían beneficiado presuntamente su amigo y testaferro, Edmundo Rodríguez Sobrino, y el exdelegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro. En otra pieza, en la que llegó a estar imputado el exministro Alberto Ruiz-Gallardón, se investigó la adquisición de la empresa colombiana Inassa, aunque el juez acabó archivando las actuaciones contra González al no encontrar indicios de delito.

El juez Manuel García-Castellón abrió otra causa para saber si González cobró 1,4 millones de euros a través de una cuenta en Suiza a cambio de la adjudicación a la constructora OHL del tren que iba a unir Móstoles con Navalcarnero, obra que nunca se llegó a realizar. E igualmente resultó sospechosa la modificación del proyecto del Tercer Depósito del Canal en Chamberí, que reconvirtió unos terrenos que se iban a destinar inicialmente a un parque en un campo de golf urbano. El cambio de uso benefició presuntamente a un hermano del vicepresidente regional y a su cuñado. También se investigaron irregularidades en la empresa pública Mercasa por blanqueo de capitales, e incluso en el concurso de adjudicación de los videomarcadores del Palacio de los Deportes⁵. Pero la lista de supuestos chanchullos del número dos de Esperanza Aguirre no acaba ahí: un juzgado de Estepona (Málaga) le investigó por la sospechosa adquisición de un ático dúplex de lujo que había sido propiedad de una empresa establecida en el paraíso fiscal de Delaware, en Estados Unidos. La causa se enredó durante años en comisiones rogatorias y traducciones fallidas y se acabó archivando. González, hombre de trato áspero y especializado en la intriga, se defendió siempre de las acusaciones con suficiencia. En 2007, ante una pregunta parlamentaria sobre la legalidad del proyecto del Canal, atribuyó la contratación a los servicios técnicos de la empresa y sugirió que, si «alguien» consideraba que «alguna actuación administrativa» pudiera ser «delictiva» y poseía «pruebas», lo denunciara ante la Justicia. Ese día acabó llegando.

El sumario del caso Púnica también destapó a qué se dedicaba Francisco Granados en aquellos años en los que inauguraba estaciones de Metro, comía con empresarios e invitaba a los periodistas a las fiestas de Valdemoro. Granados dirigía supuestamente una organización delictiva que había amañado contratos por valor de más de 250 millones de euros para adjudicar suelo a empresarios amigos, para que construyeran viviendas y colegios concertados. En marzo de 2019, el Tribunal Supremo confirmó la pena de dos años de cárcel por un delito de revelación de secretos que le impuso la Audiencia Nacional a causa de un chivatazo sobre la investigación que un guardia civil que participaba en las pesquisas⁶ le había dado a Granados. Las doce piezas que tiene este sumario se centraron en los contratos, el amaño de concursos y las adjudicaciones supuestamente irregulares de parcelas en Valdemoro, en otros municipios madrileños, en la Diputación de León y en la Región de Murcia. Con la llegada de la crisis de 2008, los chanchullos habituales tuvieron que reconvertirse en otros negocios y los cerebros de la trama Púnica alumbraron la feliz idea de trucar la adjudicación de programas de eficiencia energética para los edificios municipales⁷. De una pieza desgajada de la Púnica y otra de la Lezo, a su vez, surgió un procedimiento sobre la financiación supuestamente irregular del PP de Esperanza Aguirre.

Granados, hijo de agricultor y un político hecho a sí mismo, comparte con su antigua jefa la chulería madrileña de quien se cree más listo que los demás. Siempre ha defendido su inocencia, a pesar de que la Guardia Civil localizó una cuenta en Suiza en la que ocultó 1,6 millones de euros, cuenta que había abierto dieciséis días antes de ser proclamado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, en 1999. Su patrimonio también incluye una casa en construcción en este municipio del sur de Madrid que figuraba a nombre de un empresario. En la vivienda de sus sueños, que se estaba construyendo cuando fue detenido, tenía previsto instalar suelos de mármol y una gran cascada de agua que cruzaría el jardín. La Audiencia Nacional también le adjudica una finca en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas, con caballerizas, piscina y un embalse. Un informe sobre la investigación patrimonial aportado al caso en 2021 señaló que Granados mantuvo cuentas abiertas en Suiza entre 2000 y 2006, y que parte de ese capital se transfirió a su entonces socio, David Marjaliza, acabando en Singapur a nombre de terceros⁸.

En los primeros interrogatorios de la causa, el juez instructor Eloy Velasco se afanó en esclarecer si una de las prebendas que el político había recibido era un caballo blanco, trasladado a su finca en Ávila. Muchos testigos que comparecieron aseguraron haber oído hablar de ese regalo, pero nadie lo vio en realidad. El unicornio de la corrupción en España es el caballo blanco de Granados. A su suegro, Juan Alarcón Domenech, le encontraron en 2015 un millón de euros en un maletín, oculto en el altillo de su dormitorio. La explicación que le dio al juez Velasco merece la medalla de oro en el ranking de excusas para idiotas de la historia judicial española: «En mi vida lo había visto», atestiguó. Asombrado, y con toda la sorna con la que pudo acompañar la pregunta, el magistrado añadió: «¿Cómo es posible que un maletín con un millón de euros, que no tiene patas, llegase hasta el altillo de su armario?». «No lo sé, señoría, en mi casa ha entrado mucha gente, gente del Ikea y fontaneros…», esbozó el suegro, dubitativo. La defensa de Granados argumenta que, cuando se abrió la investigación, en 2014, se le acusó de haberse apropiado de más de 700 millones de euros y que, sin embargo, los últimos informes aportados a la causa se refieren a «cantidades irrisorias» que, según su versión, siempre han formado parte de su patrimonio personal.

El caso Púnica se conoce en buena medida por la colaboración con la Justicia del empresario de la construcción David Marjaliza, amigo de Granados desde la adolescencia, compañero en Nuevas Generaciones de Valdemoro y principal beneficiario de las adjudicaciones de suelo que, presuntamente, les hicieron millonarios a ambos. En una frase que le trasladó al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, Marjaliza resumió a la perfección en qué consistió la burbuja inmobiliaria en España: «Pasamos de cultivar patatas a cultivar ladrillos»⁹. Le entrevisto un viernes por la tarde y le pillo atareado en una de sus empresas, dedicada a la intermediación y promoción de vivienda, sector en el que lleva trabajando desde los dieciocho años. Mi primera pregunta es directa:

—¿Cómo eran aquellos años?

—Las casas se vendían como churros, había promociones de vivienda protegida y las oficinas se quedaban hasta las doce y la una de la mañana recibiendo gente. Se manejaba mucho dinero, en la época del boom inmobiliario te daban mucho dinero en efectivo los clientes, el padre, la madre, el otro… Te ofrecían dinero en efectivo para pagar menos, para tener menos impuestos...

—Dinero negro, ¿no?

—Sí, dinero en efectivo que supongo que venía de actividades distintas. Había actividades que eran más proclives a no declarar: los bares, los taxistas, un montón de oficios, fontaneros, electricistas. Muchos «poquitos», que a la hora de darte 15.000 o 20.000 en efectivo, para ellos era cómodo. No lo teníamos ni que pedir, te lo ofrecían. Era habitual, porque suponía menos gastos de escrituración o de notario. Hoy eso ya ha cambiado completamente, ahora el efectivo prácticamente no existe.

—¿Eso ha cambiado por la legislación o porque la gente se ha concienciado de que hay que pagar impuestos?

—Mitad y mitad. Una parte significa meterte en el camino y acorralarte. Si a las empresas no les dejan pagar ni cobrar más de 2.500 euros, ya tienes una limitación. Y otra parte se debe a que la gente se está mentalizando de este tipo de cosas, pero esa es la razón menor. Si te van a arreglar una gotera o la bañera a tu casa, nadie pide el IVA. No digo «nadie» totalmente, porque generalizar tampoco es bueno, pero muy poca gente hace eso. Hoy todavía cuesta, la gente no está mentalizada para eso.

En la época de Púnica, las reglas del juego entre la Administración y los empresarios estaban claras: si querían optar a un contrato, antes debían pasar por caja. «Yo te recalifico y yo construyo», le llegó a decir Granados a Marjaliza, según el testimonio del promotor¹⁰. En esa mecánica perversa, según su relato, participaban todos los partidos. El empresario entregó al juez Manuel García-Castellón una carpeta repleta de documentos sobre la contabilidad en negro de sus empresas, que supuestamente refleja pagos y regalos por valor de 970.290 euros para altos cargos del PSOE, más 105.489 euros para dirigentes municipales del PP y 15.025 para representantes de IU. Cuando la tarta se repartía, todos cogían un trozo. Marjaliza me reconoce que pagó mordidas a electos de las tres organizaciones políticas con representación en Madrid. «En muchos ayuntamientos se ponían de acuerdo. Se repartían las tartas proporcionalmente a los concejales que tenían», asegura. La componenda era tal que algunos partidos se abstenían en determinadas adjudicaciones urbanísticas para disimular: «Si había cuatro parcelas, el partido que gobernaba se llevaba dos y los de la oposición, una cada uno». Y todos contentos.

Marjaliza lleva años contando a los distintos jueces instructores del caso Púnica cómo compraba voluntades con mordidas y regalos. Le pregunto cómo fue ese momento en el que decidió cambiar radicalmente el destino de su vida y empezar a contar la verdad, y lo atribuye a una iniciativa de su abogado, José Antonio Choclán: «Esto es como un médico: te tienes que fiar. Él me transmitió mucha confianza». En todo caso, asegura que la decisión no fue fácil: «Llevaba cuatro o cinco meses en la cárcel y me explicó que podía enfrentarme a muchos años de prisión. Le dije que iba a hablar con la familia y le trasladé que yo no valía para medias tintas. O decía toda la verdad o decía toda la mentira. No iba a hacer una colaboración intermedia mintiendo, porque a mí eso se me nota y me iban a pillar rápidamente. Hablé con mi familia y tomé la decisión de contar todo. Mi hijo tenía en aquella época seis años y me planteaba no verle crecer nunca».

El sumario del caso Púnica es un ir y venir de relojes de marca, cestas de navidad, televisiones de plasma, escopetas, cacerías, viajes o paseos en yate. A Eduardo Larraz, ex consejero delegado de la empresa pública Arpegio, centro neurálgico de la corrupción tejida en torno a Granados, le localizaron 146 lingotes de oro en un banco en Suiza. Antes de que Marjaliza empezara a contar lo que sabía, la Audiencia Nacional le decomisó al empresario cuatro coches, entre ellos un Mercedes Clase A-180 de color dorado, y localizó un zulo en su casa destinado a ocultar su patrimonio, que el juez Eloy Velasco cifró en más de 33 millones de euros. Su sobrina, con apenas dieciocho años, tenía a su nombre catorce inmuebles, valorados catastralmente en 589.600,24 euros. Le pregunto si aquel ritmo de vida tan exagerado y tan corrupto nunca le ocasionó dilemas morales:

—En aquel momento, en el que estaban en la cresta de la ola, ¿nunca se plantearon lo que estaban haciendo? ¿Alguna vez pensó en eso?

—No, yo estaba en una vorágine con muchísimos empleados y muchísimos trabajadores. La empresa crecía y las necesidades financieras me obligaban a tener una máquina y una producción como si fuera una fábrica. Si una fábrica tiene que producir mil coches al día, yo tenía que producir cien viviendas al año, o doscientas o trescientas. Tenía una maquinaria a la que dar de comer. No te planteabas echar a nadie a la calle, quedarte los cuartos y vivir bien. No, nosotros somos empresarios. En mi caso, me considero empresario. Yo no soy un comisionista como en la Gürtel, que montabas una visita del papa, costaba un millón, cobrabas dos y te llevabas uno. Yo no he hecho eso nunca. Yo he hecho viviendas, he hecho locales, he hecho colegios, residencias. Yo no comisionaba, yo hacía producción.

—Me imagino que el regalo, el viaje, el cohecho con el político de turno era parte de la producción, un gasto que tenía presupuestado.

—Claro, era un gasto que se presupuestaba como «exceso de suelo». Lo poníamos en los planes financieros. La comisión era un exceso en el precio del suelo.

—Este eufemismo me recuerda a la «cuenta de quebrantos» de las tarjetas black, que cubría los supuestos robos.

—Algo parecido. Tú ponías que un suelo valía 300.000. Y ahí iba todo: la comisión que le ponías al político, o si tenías que hacer tres regalos, si quería que le regalaras un reloj a su mujer, o un viaje o que le invitaras a no sé dónde. Todas esas cosas iban en ese «exceso de suelo».

—¿Alguna vez los sobornados intentaban cambiar algún regalo?

—Eso me ha pasado muchas veces. Hacer un regalo y tener que cambiarlo porque a lo mejor no les gustaba el reloj que había mandado.

Marjaliza poseía una colección de plumas tan valiosa que la Fundación Montblanc le llegó a pedir prestados varios ejemplares para organizar una exhibición en una sala de exposiciones del barrio de Salamanca. Una de las plumas, de la marca Van Cleef & Arpels, fue tasada en 700.000 euros, según contó el joyero del empresario, quien le vendió relojes de la marca Versace, Rolex y Cartier. El joyero acabó su declaración ante el juez Velasco llorando y pidiendo que le desbloquearan las cuentas, pero reconoció que, mientras el dinero iba entrando, nunca se preocupó por su origen. «Me limitaba a hacer mi labor comercial», dijo, provocando la siguiente pregunta del magistrado: «¿Y tenía usted muchos clientes como Marjaliza?». En pleno trago por declarar en la Audiencia Nacional, pero sin acabar de renegar de aquellos días en los que los billetes entraban a mansalva en su caja registradora, contestó: «Por suerte o por desgracia, ya no sé qué decirle estando aquí, no». Y así se ganó la reprimenda del juez: «Cuando es un cliente serial, uno se tiene que preguntar más que cuando es algo puntual. Alguien puede hacer un esfuerzo en una boda o una comunión, pero un cliente serial…».

La impunidad con la que se desenvolvían políticos y empresarios era absoluta. En las Navidades de 2006 y 2007, Granados cargó a la sociedad pública Arpegio, que él mismo presidía, gastos que superaban los 100.000 euros para regalar cestas de navidad a familiares, compañeros de trabajo y amigos. Entre los beneficiados estaban un primo y una hermana de su mujer, los compañeros de trabajo de esta, la dermatóloga del matrimonio e incluso el médico que operó a su suegra. Todo, por supuesto, con cargo al erario público¹¹. El constructor Ramiro Cid, uno de los más favorecidos por la política municipal en Valdemoro, también repartía cestas de navidad de hasta seiscientos euros entre los amigos de Granados. Las cajas de viandas eran tan horteras que tenían nombres como Afrodita, Diana o Cleo.

Arpegio era la empresa pública en la que supuestamente mangoneaba Granados, mientras que el Canal de Isabel II era el coto reservado para Ignacio González. Por alguna extraña razón, la primera empresa, dedicada a la compra y gestión del suelo en la región, patrocinó en marzo de 2007 un espectáculo musical llamado The night of the proms, que tiene cierta fama en otros países europeos y que ese año llegaba por primera vez al Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. El evento había sido organizado por la empresa Waiter Music, propiedad de José Luis Huerta, ese empresario —ya fallecido— amigo de Granados al que presentaba como «el inventor de la discoteca móvil». Como las entradas no se vendían al ritmo esperado, Arpegio patrocinó el evento para reducir las pérdidas, lo que supuso un coste para las arcas de la Administración autonómica de 139.200 euros, según la investigación. El espectáculo era un pastiche de pop y música clásica: en el escenario se iban sucediendo las actuaciones de una orquesta sinfónica, un coro infantil y una pléyade de artistas que ya en 2007 parecían absolutamente desfasados, como Mike Oldfield, Tears for Fears o Ana Torroja. Según la crónica de El País, «deleitaron a un público que, en su mayoría, no pagó los cincuenta euros que costó la entrada»¹². Estuve allí aquella noche (probablemente porque no tenía otra cosa mejor que hacer) y tengo que desmentir categóricamente la primera parte de esa información y confirmar la segunda. No recuerdo haber presenciado en mi vida un espectáculo musical tan nefasto como aquel, en el que se sucedían los gallos de los solistas y las desafinaciones de la orquesta. Lo bueno es que no gasté un duro. En aquellos tiempos en los que Esperanza Aguirre repetía sin parar que el «gratis total» no existía —el mismo gratis que el PSOE quería instaurar en el transporte público para jóvenes y mayores de sesenta y cinco años—, le podían caer unas entradas por la cara al último mono que se paseaba por las dependencias autonómicas.

El sumario del caso Púnica también revela que el contratista José Luis Huerta, que supuestamente hinchaba hasta en un 50 % los contratos que hacía con los ayuntamientos del PP, pagaba de su bolsillo, a cambio, fiestas privadas para Granados y sus amigos. Las fiscales Anticorrupción sospechan de al menos dos celebraciones, entre ellas un cumpleaños del político madrileño en su casa de Valdemoro que contó con catering, equipo de luces y sonido y la actuación de un grupo musical llamado Los Hobbies, que hacían versiones de canciones de los sesenta, setenta y ochenta. La factura, que no consta que Granados pagara, superó los 7.000 euros. En el sentido inverso, las adjudicaciones se hacían a dedo. Los concursos públicos eran una pantomima, pues se organizaban para dar apariencia de legalidad. Buena prueba de ello es una conversación intervenida al ex primer teniente de alcalde de Valdemoro y concejal de Hacienda José Javier Hernández, donde el político garantizaba a Marjaliza que un contrato en lid iba a ser para alguna de sus empresas. El diálogo entre ambos lo comienza el concejal:

—¡Va a ser la empresa que este señor traiga, que me suda la polla el nombre, cómo se llame! ¡Qué pinta él, qué no pintan! ¡Van a ser los adjudicatarios y no va a ser otro! En el documento que hagamos voy a poner: «La empresa tal, con representación de tal, se va a presentar». Le he dejado muy claro que el único adjudicatario de esa parcela va a ser esta gente. Me suda la polla cómo se llame el que la compre, la empresa, su puta madre, que tendrá que cumplir con todos los requisitos que saquen en el pliego. Y los únicos que van a poder comprar esa parcela, o no se venderá jamás, serán ellos. La empresa va a ser esta, con este CIF y con este no sé qué, y yo soy el barrendero. La empresa Pepito Jiménez, con CIF no sé qué y domicilio en no sé cuánto. ¡Y ya está y se acabó el problema!

—Ya está. ¡Y el representante legal soy yo y punto!

—¡Ea! ¡Y ya está! Eso sí, el adjudicatario de la parcela tiene que estar al corriente de pago de la Seguridad Social y presentar el correspondiente aval.

—Sí, claro, todas las cosas legales.

—Y al día siguiente, la empresa le está soltando el millón de pavos al Ayuntamiento. Es lo que me está haciendo falta. Y ya está, ese va a ser el objetivo y no va a ser otro, sino este señor con la empresa que venga. Me suda la polla de quién sea, ya lo sabré cuando esté en el concurso.

La sumisión del exconcejal al empresario era tal que, en otra conversación registrada con autorización judicial, Hernández enviaba saludos a Marjaliza de parte del arquitecto municipal y de un tercer técnico del Ayuntamiento, ambos encargados de adjudicarle la parcela que pretendía. «Estoy aquí con tus dos… Estamos los tres juntitos, ¡a tus órdenes!».

Marjaliza —en nombre de Granados, según el juez— hacía su santa voluntad en los ayuntamientos y en los bancos en los que, una semana sí y otra también, ingresaba enormes cantidades de dinero que difícilmente podían justificarse con actividades legales. En una tercera conversación telefónica, la secretaria del constructor se quejaba ante el director de la sucursal de que el conductor de la empresa no pudiera ingresar 3.000 euros en efectivo sin más formalismos. Al final, entre los dos lograban convencerle para que se hiciera responsable de la operación. Comienza hablando el director de la sucursal y responde la secretaria:

—Tenemos un problema con un ingreso, el de los 3.000 euros del cantante. La ley ha cambiado y ahora es necesario identificar a la persona que hace el ingreso en efectivo.

—¿Cómo que no puede ingresar dinero en efectivo? O sea, ¿yo no puedo ingresar en la cuenta de mi madre dinero si quiero ingresárselo?

—Sí, porque eres hija. Pero si no, no. Que no lo sé, que es un rollo patatero, no te puedo dar explicaciones. El ordenador no me deja o sea que… ese es el problema. Haz un garabato, Andrés. Andrés irá a la cárcel, ¿eh?

—No. Qué lástima, dile que luego le llevamos los bocadillos, que no pasa nada, jajaja. ¡No le digas eso al chiquillo! ¡Ay, qué lástima! Cada vez complican más, en vez de facilitar.

—No te quepa la menor duda. Di que, como yo solo atiendo cuando viene alguno como vosotros, no me entero, porque si no mandaría a cascar a más de una.

—A tomar por culo, sí, a tomar por culo. Que mandarías a tomar por culo a más de uno, ¿no?

—Bueno, a los que hacen las leyes estas, que estoy hasta los huevos de ellos.

Aparte de las cuitas en los bancos, los contratos podían amañarse porque en las administraciones públicas había técnicos y funcionarios que se corrompían y que acababan firmando los informes que les pedían. En el sumario de la trama Púnica¹³ consta que cargos públicos vinculados con la red «presionaban, amenazaban e incluso acosaban» a los trabajadores de los ayuntamientos que se resistían a avalar las licitaciones irregulares. Es el caso de un técnico de Urbanismo del Ayuntamiento de la localidad madrileña de Collado Villalba, quien declaró ante la Guardia Civil que sus dudas para amañar uno de los concursos de eficiencia energética —que los ayuntamientos pusieron de moda para seguir haciendo chanchullos después de la crisis— le pasaron factura en su vida personal. El funcionario explicó que sus reticencias respecto a la forma de licitar un contrato de 50 millones de euros le hicieron objeto de «un acoso intenso» que le obligó a tomar ansiolíticos. «Dos empleados me amedrentaron y me instaron a firmar los pliegos», aseguró. Sus reparos comenzaron al comprobar la extraña participación de uno de los directivos de Cofely, empresa que pretendía el contrato, durante la fase de redacción del concurso. Según su relato, el representante de Cofely le llamó para darle indicaciones sobre determinados puntos del contrato que tenía que modificar. En esa tesitura, el técnico se quejó al concejal de Urbanismo y le indicó que no firmaría los pliegos de un contrato que iba a ser amañado. Esa comunicación, según se recoge en el sumario, provocó un gran enfado del cargo público, quien se dirigió al técnico con «gritos y amenazas». Llegó a decirle que, «si no seguía redactando el pliego, se atuviese a las consecuencias».

En aquella época, entré en contacto con un funcionario de la Comunidad de Madrid que me contó cómo la sobrina de un alto cargo del Gobierno de Aguirre había ascendido varias categorías laborales de forma meteórica al poco de ocupar su puesto. Tras cotejar toda la información en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, conseguí dar la noticia, a pesar de que los responsables de prensa de la consejería nos tuvieron casi una hora al teléfono intentando convencernos para que no la contáramos. El caso tuvo cierta repercusión y el diputado de IU Eduardo Cuenca presentó varias preguntas escritas sobre la cuestión. El PSOE prefirió no entrar en el asunto. «Si les sacas a los suyos, ellos nos sacan a los nuestros», me dijeron en la Asamblea. El mismo funcionario que me había puesto sobre la pista de la sobrina me contó que había infraestructuras que se llegaban a inaugurar varias veces, y que las presiones que recibían para informar en un determinado sentido iban en aumento con el paso de los años. Para escribir este libro, quince años después, intenté volver a contactar con él, a través de una persona próxima, para que me refrescara la memoria. Tras declinar educadamente la invitación, contestó con un mensaje que no quiero dejar de reproducir: «No os puedo ayudar. Desde hace un tiempo formo parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid y dedico todo mi esfuerzo profesional a que [el cargo] que me han encomendado sea un éxito». El funcionario filtrador acabó prosperando.

En abril de 2021, un día antes de que comience la campaña electoral madrileña que encumbró de manera incontestable a Isabel Díaz Ayuso como presidenta, charlo con Esperanza Aguirre y le pregunto por los indicios de corrupción que pesan sobre sus dos lugartenientes, Ignacio González y Francisco Granados. Aguirre rechaza todas las imputaciones, con este primer argumento:

—Mi opinión es que la instrucción ahora es una investigación. Entonces, en lo que hay condenas es en la primera etapa de Gürtel. En Púnica ni siquiera se ha abierto el juicio oral, en Lezo creo que sí, pero no estoy muy segura. ¿Y el otro cuál era?

—Básicamente, las piezas de Lezo, Púnica y Gürtel. Yo lo que quiero preguntarle es si nunca supo usted en realidad a qué se dedicaban, presuntamente, el señor Granados y el señor González.

—Vamos a ver, yo, de ninguna manera, Alfonso, puedo condenar a gentes que no han sido ni tan siquiera juzgadas. La presunción de inocencia es la columna vertebral del sistema de justicia penal y, por lo tanto, cuando el juez investigue y les condene y la condena sea en firme, te diré algo.

—Pero hay muchos indicios [de corrupción] sobre González y Granados.

—¡Pero yo no soy el juez! Ignacio González y Francisco Granados tendrán sus abogados defensores y yo les concedo la presunción de inocencia.

—Pero, señora Aguirre, eran su número dos en el Gobierno y su número dos en el partido. Más allá de la responsabilidad in vigilando…

—Les concedo, les concedo la presunción de inocencia, ¿vale? Se la concedo. Yo he dimitido en los dos casos cuando les han detenido. ¿Por qué? Pues porque entiendo que, si un juez detiene a alguien, será porque ha encontrado indicios suficientes. Pero hasta que esos indicios no se transformen en pruebas, yo no les voy a quitar la presunción de inocencia. ¿Me entiendes?

—Sí, perfectamente. Le quería preguntar otra cosa: hay una grabación de Ignacio González en el caso Lezo en la que afirma que López Viejo estaba «chantajeando con la agenda de la presidenta». Llega a decir que se lo dijo a usted, que le avisó de esa circunstancia y que usted no hizo nada. ¿Qué le parece esa grabación que, insisto, es de Ignacio González y aparece en el sumario?

—Lo que me parece es que yo cesé a López Viejo. Y ya no te voy a contar más cosas, querido Alfonso. Me parece muy bien y te deseo mucho éxito con tu libro, ¿vale?

—No sé si le puedo preguntar una última cosa…

—La anterior era la última, macho.

—La penúltima.

—No, no, esta es la última.

—Esta es la última. Pasados ya los años, con el reposo que da todo este tiempo que ha transcurrido, ¿qué fue exactamente el «Tamayazo», en su opinión?

—Pues el «Tamayazo» fue la decisión de dos diputados socialistas que llevaban dos legislaturas allí, que no eran unos desconocidos, de ausentarse el día de la constitución de la Asamblea. Que todos los periodistas que no estábais entonces en eso…

—Sí, sí, yo aquel día estuve allí.

—¡Ah, vale! Que no fue la investidura de Simancas, que fue, como tú sabes si tú estabas allí, la sesión constitutiva y la elección de la Mesa de la Asamblea. ¿Por qué hicieron estos dos eso? Pues los del PSOE decían que era una trama inmobiliaria del PP. Han pasado dieciocho años y ninguno de los dos [Tamayo y Sáez] han cambiado de vida, ni les han dado dinero, ni hay trama inmobiliaria, ni nada de nada de nada. ¿Mi opinión? Es que un grupo dentro de la… ¿cómo se llama la cosa socialista?

—La FSM.

—¡La FSM! Un grupo liderado por este cuyo nombre me he olvidado ya...

—Tamayo.

—¡No!

—Balbás.

—¡Balbás, Balbás! No estaban de acuerdo con el reparto que Simancas había anunciado que iba a hacer de las consejerías, que le iba a dar... me parece que era Educación y Medio Ambiente a Izquierda Unida. Y le pareció que era una manera de presionar a Simancas que se ausentaran estos dos en esa Asamblea. A mí me vino Simancas y me dijo (está la grabación) que no era un retraso, sino un plante. Mi punto de vista es que fue un error garrafal de Rubalcaba y de Zapatero, que obligaron ese mismo día a mediodía a romper todos los lazos con estos y a… Yo creo que, si Simancas hubiera llamado a esta pareja y les hubiera dicho: «Venga, machos, vamos a hablar, ya veremos lo que haremos con las consejerías de IU, no sé qué, tal, y venid a la investidura que va a ser tal día...».

—Entiendo que, en su opinión, no tuvo nada que ver con el hecho de la «burbuja inmobiliaria» o de la construcción desaforada que había en aquella época en la Comunidad de Madrid.

—¿Pero qué burbuja inmobiliaria? [risas] Mira, si yo no estaba en la Comunidad de Madrid, estaba Alberto Ruiz-Gallardón. Pero fíjate, se lo puedes preguntar a Simancas, si quieres. Cuando se inauguró una Ciudad del Atleti en Alcorcón o algo así, algo del Atlético de Madrid en Alcorcón, de repente le digo yo a Simancas: «¡Ahí va! ¿Pero esto no era la trama inmobiliaria del PP?». Y es que se cascaba de risa. A ver, ¡no! No ha habido ninguna prueba y ha pasado ya suficiente tiempo para que encontraran pruebas y eso. Pregúntale a Pepe Blanco [exsecretario de Organización del PSOE], que al principio pensaba que sí las había y no. Es que fue así de sencillo, esta chica, que no me acuerdo de cómo se llamaba, yo les llamaba Tamayo y Baus…

—María Teresa Sáez.

—Se llamaba Sáez, esta. Pues me parece que era auxiliar administrativa en el 12 de Octubre y siguió siéndolo hasta que se haya jubilado. Supongo ya que se habrá jubilado...

En mayo de 2007 se celebraron elecciones autonómicas, en las que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón arrollaron a sus competidores del PSOE, Rafael Simancas y Miguel Sebastián, respectivamente. Catapultada por la ampliación del Metro, la construcción de siete hospitales y cincuenta centros de salud, y por la cuestionada reducción de las listas de espera en la sanidad pública, Aguirre sacó diez escaños más que en las segundas elecciones de 2003. Simancas perdió tres diputados y presentó su dimisión. Una nueva etapa se abría en la política madrileña. También para mí, con un nuevo destino en la sección de Nacional y, concretamente, en el departamento de Tribunales, en el que, como tardaría poco en comprobar, me volvería a cruzar con muchos de los protagonistas de aquella época.

CAPÍTULO 4
LA ESPAÑA DE LOS VOLQUETES

La España de los años locos y la corrupción descontrolada, que se desarrolló desde finales de los noventa hasta bien entrada la segunda década del siglo XXI, recuerda a la que reflejó el cineasta Luis García Berlanga en La Escopeta Nacional para ilustrar el tardofranquismo. Las adjudicaciones se cerraban en cacerías, bares, discotecas o prostíbulos. La clase política y empresarial que perpetraba el saqueo se desenvolvía con unas formas y un lenguaje dignos del policía Torrente, «el brazo tonto de la ley», otro personaje de ficción que describe a los protagonistas de esta historia. Si hay belleza en lo cutre, España es uno de los países más hermosos del mundo.

En pleno siglo XXI seguían celebrándose reuniones como las de Berlanga, con Granados, número dos de Aguirre en el PP madrileño, como personaje central. El promotor de la constructora Dico, David Merino, describió en un manuscrito que llegó a la Fiscalía Anticorrupción una cacería que tuvo lugar en febrero de 2006 en la finca La Parrilla, en la localidad toledana de Los Yébenes, en la que se juntaron empresarios, políticos e incluso algún juez ya fallecido. Todos querían pasar un buen rato y hablar de negocios. Merino cuenta que él mismo abatió un venado y un jabalí: «Eran mis primeras piezas en una cacería oficial, por lo que los demás cazadores me hicieron lo que se llama un “bautizo de sangre”». El rito, que parece de otro tiempo, lo ofició Granados: extrajo las vísceras sanguinolentas del jabalí y se las puso a Merino sobre la cabeza, como recogió el periodista Javier Chicote en una información publicada en el diario ABC¹. Las cacerías empezaban un viernes y acababan el domingo. Al llegar la noche, los invitados se empujaban suculentas mariscadas —en una ocasión, trajeron el género en helicóptero— y después participaban en largas partidas de póker con billetes de quinientos euros encima de la mesa. «Si el cazador de turno así lo deseaba, por la noche se le ofrecían prostitutas, de las que podía disfrutar en la finca o en los hoteles cercanos en los que se alojaban algunos de ellos», cuenta Chicote.

El negocio de la corrupción iba viento en popa y, con él, otros igual de sórdidos, como la prostitución. A Granados se le atribuye, erróneamente, una de las frases más vergonzosas pronunciadas por un político en los últimos años: «Habéis declarado muy bien, hay que celebrarlo con un volquete de putas». En realidad, la egregia sentencia la pronunció supuestamente el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alejandro Halffter, según el testimonio de un agente de la Guardia Civil que había sido imputado en un caso en el que se investigaba si el Gobierno regional había espiado a los compañeros de partido que se separaban de la línea oficial del «aguirrismo». Durante una entrevista, a Granados le preguntaron si «un volquete de putas» podía llegar a constituir en algún momento «una compensación en política», a lo que respondió: «Es una expresión desafortunada, pero no puedo contestar porque nunca me he dedicado al asunto de los volquetes»².

Los intereses de la red Púnica estaban centrados en las licencias urbanísticas y en la adjudicación de contratos públicos. Cuando Granados comentó al otro cerebro de la trama, el empresario David Marjaliza, que estaba siendo vigilado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el empresario hizo dos cosas. Primero, preguntar «qué es la UCO», y después, llamar a su secretaria para que comprobara si algún agente estaba apostado en ese momento en la puerta de su oficina. «Como la gente es así de gilipollas, lo mismo va cualquiera y se piensa que nos dedicamos al tráfico de armas, o de blancas, o de putas o yo qué sé. Échale un vistazo a ver si hay alguien», le dijo³. Los investigadores de la UCO —que llegaron a conocer muy bien a Marjaliza, según sus informes— comprobaron las numerosas «atenciones» que recibían los cargos públicos investigados en el sumario, caso de la compra de «dos pisos en Barcelona para dos señoras» con las que solían verse Granados y el también exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno —este último pasará a la historia por un alarde de sinceridad en las escuchas judiciales que refleja el verdadero objetivo de muchos cargos públicos: «¡Aquí estoy, tocándome los huevos, que para eso me hice diputado!»—. Las mencionadas viviendas de Barcelona, situadas a cinco minutos andando desde la Sagrada Familia, fueron adquiridas por Marjaliza en 2003. Pagó 186.000 y 219.000 euros por cada una y luego, supuestamente, se las alquiló a las amigas de los políticos populares. Sin embargo, según le contó al juez Manuel García-Castellón, el propio empresario se abonaba a sí mismo la renta de forma ficticia⁴. El magistrado también sospecha que Granados utilizó «fondos de origen desconocido» para amueblar un piso del que disfrutaba una amiga de nacionalidad brasileña, a la que también abonó facturas médicas por valor de ochocientos euros. La mujer declaró como testigo, pero salvó la cara de Granados y negó los pagos: «Es la forma de ser de Paco. Él dice que sí a todo y al final no lo hace».

Los corruptores no escatimaban para tener bien atendidas las braguetas de los corrompidos. Un directivo de Cofely —la empresa que supuestamente amañaba los contratos de eficiencia energética de los edificios municipales— fue grabado mientras proponía a un tercero invitar a «un sitio con masajes relajantes», llamado Sensuality Wellness, a un exalcalde de la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, alcalde que le había adjudicado un contrato para la gestión del alumbrado exterior del municipio durante quince años. «El alcalde es un descojone, es del PP. Y si luego le dices que le llevas al sitio ese de masajes, se sube por las paredes», se escucha en la conversación. No consta que el regidor —que mostraba en sus redes sociales una feliz vida familiar— aceptara la propuesta.

En otros escándalos de corrupción que afectaron a la Junta de Andalucía también apareció el pago de prostitutas con dinero público. En noviembre de 2020, el juez de Instrucción número 6 de Sevilla propuso juzgar a Fernando Villén, ex director técnico de la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo (FAFEE) —dependiente de la Consejería de Empleo—, y a Ana Valls, antigua directora financiera, por autorizar pagos por valor de 32.566 euros en clubes de alterne entre los años 2004 y 2011. Los directivos investigados dentro de la causa utilizaban presuntamente las tarjetas de crédito del organismo público en varios prostíbulos. En la relación de extractos bancarios enviada al juzgado figuraban nombres como Don Angelo, Sala Delux Pub La Movida, La Casita o Top Show Girls⁵.

CAPÍTULO 5
PACTO DE SILENCIO ALREDEDOR
DE UNA TARJETA BLACK

Mientras la corrupción se iba adueñando de todo en Madrid, los medios de comunicación miraban para otro lado. Entre otras razones, por la ingente publicidad institucional que recibieron de la Comunidad durante esos años. Según los datos que manejaba el PSOE, solo en 2007 el Gobierno autonómico gastó noventa millones de euros en publicidad, el triple de lo destinado a las ayudas a la vivienda¹. Telemadrid se convirtió en el aparato más eficaz de propaganda del Ejecutivo, aunque, a medida que incrementaba la manipulación informativa, se iban despeñando sus índices de audiencia. En agosto de 2012, Esperanza Aguirre fue a visitar los trabajos de extinción de un incendio en el municipio de Valdemaqueda y se topó con un cámara y con una redactora de la cadena: «¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan?»², les espetó visiblemente enfadada. Su jefe de prensa, que contemplaba la bronca, no sabía dónde meterse. Unos meses después, la televisión anunció un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que fueron despedidos 861 trabajadores, muchos de ellos remisos a colaborar con la estrategia informativa de la dirección del ente. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró que el ERE no era «ajustado a derecho», al entender que la situación económica de la cadena no justificaba el volumen de despidos. Cerca de sesenta trabajadores fueron readmitidos, pero el resto tuvo que conformarse con la indemnización que les correspondía por haber sido despedidos de forma improcedente.

En esa situación de corrupción generalizada, todo el mundo parecía mirar para otro lado. ¿Por qué la oposición no denunciaba los desmanes evidentes con más fuerza? ¿Por qué los medios de comunicación no cumplían con su función de informar al ciudadano y controlar al poder político? En muchas ocasiones, me pareció que existía un pacto de silencio no escrito entre el Gobierno de Aguirre, la oposición y los sindicatos, que compartían sillones en el Consejo de Administración de Caja Madrid, presidido por Miguel Blesa. Todos los directivos de la entidad disfrutaban de una tarjeta black a efectos fiscales, es decir, que no tributaba a Hacienda, tarjeta que utilizaban para gastos personales de los que no tenían que dar cuenta a los órganos de dirección. Recuerdo cómo muchos dirigentes socialistas me decían: «Pregúntale a Antoñito por la tarjeta esa que le dan». Al ser solo rumores sin mayor soporte documental, nada se podía publicar, pero la existencia de las tarjetas black era conocida por todos. Antoñito era Antonio Romero Lázaro, secretario de Organización y número dos de la FSM, y la famosa tarjeta era la misma con la que, según los extractos validados por el Tribunal Supremo, se gastó 900 euros en una agencia de viajes el día que a Simancas le birlaron la presidencia regional. El día que se jodió Madrid.

En mi entrevista con Simancas, le recuerdo esa presencia de los socialistas madrileños en el Consejo de Administración de Caja Madrid. Se produce el pasaje más tenso de la conversación justo cuando le pregunto lo siguiente:

—Allí todo el mundo estaba metido: representantes de los partidos políticos, de los empresarios, de los sindicatos… Y todos han sido condenados. ¿Había un pacto de silencio en torno a Caja Madrid?

—Distingamos la financiación de operaciones urbanísticas y de otras empresas extrañas e irregulares en las que entró Caja Madrid del caso de las tarjetas black, en el que hay involucrados, procesados e incluso condenados de varias formaciones políticas y sindicales, incluida la mía. En lo primero no estaban todos, estaba el PP. En lo de las tarjetas, sí.

—Me refiero a Caja Madrid. Estaban todos los partidos, todos y, de hecho, había peleas grandes por tener un sillón. Lo sabes y lo sé.

—Sí, sí, pero las grandes operaciones las manejaban quienes las manejaban: los que mandaban en Caja Madrid. La representación de algunos partidos políticos, a través de la Asamblea de Madrid o de los ayuntamientos, eran puestos en la Asamblea General de la Caja, que se reunía dos veces al año en Ifema, acuérdate.

—Y en el Consejo de Administración también.

—Sí, sí, es que no me has dejado terminar. Y en el Consejo de Administración. Pero, vamos, que mandaban y se enteraban de lo que se enteraban. El equipo directivo era el que mandaba. No quiero eludir responsabilidades, es evidente que ahí había una responsabilidad compartida en algunas cosas. Las decisiones importantes las adoptaba el equipo directivo que encabezaba Blesa, que era el amigo de Aznar. No obstante, el papel del Consejo de Administración en ese entramado no fue, por lo que yo sé, muy protagonista.

—Pero todos los miembros del Consejo de Administración tenían una tarjeta black que iba a la cuenta de quebrantos y que utilizaban para gastos personales.

–Sí. Eso se investigó, se enjuició, se procesó a los culpables y han estado en la cárcel, efectivamente.

—Y como líder del PSM, ¿no cabría asumir algún tipo de responsabilidad también por eso?

—En cuanto supimos lo que ocurrió, lo que hicimos fue separar a esas personas inmediatamente del partido. En algunos ayuntamientos hubo corruptelas. ¡Yo eché a seis alcaldes en ejercicio, eso no lo ha hecho nadie en este país!

El banquillo de las tarjetas juntó a dos protagonistas del «Tamayazo» en una imagen icónica de una época: Antonio Romero, número dos de Simancas en la FSM, y Ricardo Romero de Tejada, el ex secretario general del PP madrileño que se enteró por la prensa de que iba a dimitir de su cargo, y también el mismo dirigente que había recibido al empresario que pagó el hotel en el que se alojaron Tamayo y Sáez. Sentados delante del tribunal, olvidadas las rencillas que les habían hecho enfrentarse a cara de perro, Romero y Romero de Tejada compartieron —además de apellido— el argumento de que sus dispendios con las tarjetas eran perfectamente legales. «Los gastos eran adecuados todos», dijo Romero de Tejada para justificar que empleara el dinero en puros, armas o lotería. O para explicar por qué el día más luctuoso de la historia reciente de España, el 11 de marzo de 2004, en el que murieron casi doscientas personas por los atentados terroristas en los trenes de Atocha, pagó 347 euros en lotería³. Por su parte, el socialista Antonio Romero defendió que, «si tenía cargos en días festivos y fines de semana, era porque tenía actividades».

Por acción o por omisión, muy pocos se salvan de lo que se hizo en aquellos años, cuando los diputados del PP reconocían que el Parlamento regional era «un balneario» y «una bendición del cielo», y algunos de quienes se sentaban enfrente, en las filas de la izquierda, soltaban a modo de chiste que en la oposición se vivía mejor, porque en el Gobierno se trabajaba más. «Lo bueno de ser portavoz en la Asamblea y candidato a la Alcaldía a la vez es que, cuando no estás en la Asamblea, piensan que estás en el Ayuntamiento, y cuando no estás en el Ayuntamiento, piensan que estás en la Asamblea», solía decir un antiguo líder regional de IU.

El 23 de febrero de 2017, la Audiencia Nacional condenó a sesenta y cinco antiguos dirigentes de Caja Madrid⁴, con sus expresidentes Blesa y Rato a la cabeza, a penas de entre tres meses y seis años de cárcel por la apropiación indebida continuada de más de quince millones de euros entre los años 2003 y 2012. Los gastos contabilizados entre 1999 y 2003 habían prescrito y quedaron sin castigo. Entre los condenados estaban dirigentes de IU como José Antonio Moral Santín, representantes de la patronal CEIM (Confederación Empresarial de Madrid-CEOE) y portavoces de los sindicatos CC.OO. y UGT⁵. La sentencia encarceló a Rato —que se encontró en 2010 con un «sistema perverso, lo mantuvo y lo trasladó a la Bankia»— y también al establishment de una época en la que se sembró la semilla que posteriormente condujo a las cajas de ahorro a la quiebra. La crisis derivada del estallido de la burbuja urbanística implicó un rescate bancario y provocó que miles de personas humildes, atrapadas en preferentes y productos bursátiles complejos, perdieran los ahorros de su vida.

Salvo decorosas excepciones como la del ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú, que devolvió la tarjeta y llegó a advertir a Rato de que no la usara si no quería «salir en los papeles», la clase dirigente madrileña caída en desgracia se dedicó a negar la evidencia, a justificar los gastos como parte de su sueldo y a intentar defender que pensaban que «la Caja» —entendida como un ente abstracto— tributaba por ellos. Como si «la Caja» no fueran ellos. Los que admitieron su responsabilidad y reconocieron los errores fueron una minoría, pero reflejan una gota de realismo en un mar de soberbia y ceguera. Entre ellos se encontraba un exdiputado regional con el que trabé una buena amistad en la Asamblea de Madrid. Me lo encontré un día en una cafetería cercana a la Audiencia, a la espera de ingresar en prisión en cuanto la sentencia fuera confirmada por el Supremo, como así sucedió. La explicación que me dio cuando le pregunté si nunca se cuestionó lo que estaba haciendo resume toda una época: «La tarjeta nos la daba el presidente y nos decía que hiciésemos lo que quisiéramos con ella. ¿Cómo no la íbamos a coger?». A las pocas semanas, cruzó la puerta del módulo de accesos de la prisión de Soto del Real.

De todos los botines saqueados en España en aquellos años no hay ninguno que sea tan vergonzoso como el de las tarjetas black de Caja Madrid y Bankia: un robo a manos llenas perpetrado por los exconsejeros y altos directivos de la entidad, conocido por la totalidad de la clase política, empresarial y sindical madrileña, y bendecido por las organizaciones que les aupaban a esos puestos. Los quince millones de euros dilapidados no se declaraban a Hacienda, se cargaban a la denominada cuenta de quebrantos, un fondo destinado a cubrir imprevistos de los clientes como los robos de tarjetas, y no tenían otro objetivo que satisfacer sus caprichos personales. El destino de los gastos era absolutamente pornográfico: el 33,2 % se correspondía con efectivo sacado de los cajeros automáticos, lo que hacía que su rastro se perdiera en el mismo momento en el que entraba en el bolsillo de los agraciados; el 14,8 % cubrió desplazamientos y viajes de los exconsejeros y sus familias; el 11 % sufragaba sus compras en grandes superficies; el 10 % se destinó a restaurantes; el 8,3 % a hoteles; el 5,8 % a ropa y complementos, y el 3,3 % a alimentación. El 13,4 % restante se correspondía con gastos no especificados. Los dispendios, que en los medios de comunicación analizamos profusamente en octubre de 2014, cuando se hizo pública la investigación, constituyen uno de los escándalos más bochornosos que he tenido que contar en mi vida profesional. Sobre todo sabiendo que el rescate de Bankia, que se llevó a cabo en mayo de 2012, supuso un gasto al erario público de 22.424 millones de euros, del que solo se ha podido recuperar una mínima parte⁶.

Durante los tres últimos meses de Rodrigo Rato al frente de Bankia, en los que consumó su intento postrero para salvar las cuentas de la entidad y evitar su salida de la presidencia —que empujó el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos—, Rato aumentó las extracciones del cajero automático: sacó hasta 16.300 euros en efectivo utilizando su tarjeta black. Concretamente, entre el 22 de febrero de 2012 —mes en el que comenzaron los rumores sobre la inestabilidad de Bankia— y el 5 de mayo de ese año —dos días antes de su dimisión—, retiró efectivo en diecisiete ocasiones distintas, casi siempre por un montante de mil euros. Los extractos bancarios también ponen de relieve que el exvicepresidente del Gobierno, que devolvió el dinero antes de que se celebrara el juicio, cargó a su tarjeta un total de 1.849 euros entre los días 23 y 26 de febrero de 2011, en cuatro pagos consecutivos que aparecen consignados con la referencia «Clubs, salas de fiestas, pubs, discotecas y bares». En esos días se cerró la fusión de Caja Madrid con Bancaja y con las otras cinco cajas de ahorro que dieron origen a Bankia, y se produjo el nombramiento de los 53 directivos que cubrieron los puestos clave de la Dirección General de Negocio. Los elegidos no escatimaron en la celebración. Entre los gastos de Rato —casi 100.000 euros en total— se encontraba también la compra de billetes de avión, instrumentos musicales o suscripciones de televisión, más pagos en gasolineras, hoteles, clubes de golf y restaurantes. El recibo más alto fueron 3.547 euros en bebidas alcohólicas y el más bajo, de 33 euros, en un supermercado de la cadena Mercadona. Su antecesor en el cargo, Miguel Blesa, que se suicidó en julio de 2017, gastó en un solo día casi 9.000 euros en el Hotel Ritz de Madrid. Su tarjeta no declarada a Hacienda acumuló más de 436.000 euros, con pagos en viajes, joyerías o tiendas de vino.

Algunos consejeros mostraron un gran apego por la familia, como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que gastó casi 50.000 euros en los restaurantes del Grupo Arturo, propiedad del entonces presidente de la patronal madrileña y a la sazón su cuñado, Arturo Fernández. El economista Juan Iranzo tenía otras preferencias: empleó 5.300 euros en joyas, novecientos en locales de ocio nocturno de Madrid, 421 euros en flores y plantas, y 246 en lencería de Women’s Secret. A otros, como el ex director general de la Caja Ildefonso Sánchez Barcoj, les gustaba presentarse en la oficina y sacar el dinero en ventanilla. De los 484.000 euros que cargó a su tarjeta entre 2003 y 2010, 135.000 se correspondían con extracciones de efectivo. El 18 de diciembre de 2007, la fiebre navideña le llevó a sacar 10.000 euros de una sola tacada. Su sitio preferido para gastar era El Corte Inglés, aunque también tenía cargos en Vázquez, una conocida frutería de la Milla de Oro de Madrid, y en el bar de copas Honky Tonk. La tarjeta black valía para todo: desde una compra de tres euros hasta los 3.356 que se gastó en el supermercado en una ocasión. No obstante, en las visitas constantes al cajero ganó el imbatible José Antonio Moral Santín, intocable en Izquierda Unida en aquellos tiempos en los que tan a gustito se vivía en la oposición: fue 692 veces a sacar dinero durante los nueve años que estuvo de consejero, lo que le permitió disponer en efectivo de 366.350 euros de los 456.522,20 que cargó a su tarjeta opaca.

El sector de la joyería fue uno de los más beneficiados con el saqueo de Caja Madrid. Matías Amat, ex director general del Banco Financiero de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, acumuló 10.000 euros en la Joyería Durán del barrio de Salamanca, 4.860 en Tiffany’s y Pomellato, y 3.500 en la Joyería Suárez. Rafael Spottorno, exjefe de la Casa del Rey Juan Carlos I, quien igualmente participaba en el Consejo de Administración de la entidad, le endosó 235.817 euros a su tarjeta, que repartió entre tiendas de electrodomésticos y menaje del hogar, clubes deportivos, peleterías, joyerías, restaurantes, bombonerías o farmacias.

Por contra, el escándalo dejó un rosario de explicaciones que colocaron al país entre la hilarante incredulidad y la más que justificada indignación. En mayor o menor medida, salvo honrosas excepciones, los acusados intentaron justificar que merecían una tarjeta que no tributaba a Hacienda. Un grupo optó por demonizar el documento Excel que detalló sus gastos, listado que dio origen a la investigación cuando la intervenida Bankia se lo entregó al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y este organismo, creado para tratar de reconducir la pavorosa crisis, lo trasladó a la Fiscalía Anticorrupción. Aunque las defensas intentaron descalificar el documento como «sesgado» y «manipulado», el director de Auditoría de la entidad financiera, Iñaki Azaola, defendió que era un simple volcado de los datos. Azaola fue sometido a siete horas de interrogatorio por parte de algunos de los mejores abogados penalistas del país. Algunos procesados, como el exdiputado socialista Virgilio Zapatero, cuestionaron la existencia de gastos exagerados o muy seguidos en el tiempo, caso de comidas con media hora de diferencia o pagos simultáneos de varias plazas de aparcamiento. «Soy gordo, pero no tanto, no como para ir a tanto restaurante», apuntó Zapatero. Su compañero de partido José María Arteta, exalcalde de Móstoles, insistió en esa idea: «No puedes comer a las tres y a las tres y media otra vez».

El que mejor verbalizó el resentimiento generalizado hacia el Excel fue el expresidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, quien cargó contra un archivo informático que no tenía voz para defenderse. «Estoy muy cabreado con esa hoja, no vale nada, es papel mojado», masculló. También resultaba sorprendente que aparecieran en el documento numerosos gastos de pequeña cuantía, bajo el concepto de «instrumento musical», probablemente por la compra de canciones para su reproducción. «¡Aquí, en vez de un consejo de administración, parece que tengamos una orquesta!», señaló, divertido, el abogado defensor José María de Pablo. Otros acusados intentaron hacer creer al tribunal que les habían clonado las tarjetas y que alguien había realizado por ellos los pagos que aparecían reflejados. «Lo único que reconozco es el daño que me ha hecho», señaló el sindicalista Rodolfo Benito. El consejero Javier de Miguel sacó la calculadora para asegurar que el Excel le atribuía 18.000 litros de gasolina, lo que, aplicándolo al consumo de su vehículo particular, le habría permitido «haber dado la vuelta al mundo 7,9 veces».

Otra estrategia muy repetida en el juicio, con el expresidente Miguel Blesa como máximo exponente, fue señalar que las tarjetas habían sido fruto de la herencia recibida de Jaime Terceiro, quien presidió Caja Madrid entre 1988 y 1996. Azaola, responsable de Auditoría, aseguró que las tarjetas de Blesa no tenían «nada que ver» con las que Azaola había creado en 1986. Y Azaola, que declaró como testigo, añadió que en su época eran «white» y que «se fueron oscureciendo» con la llegada a la Caja del compañero de pupitre de José María Aznar.

Si Blesa le echó el muerto a Terceiro, Rato hizo probar a Blesa su misma medicina y le atribuyó toda la responsabilidad. En su declaración, el exvicepresidente del Gobierno afirmó que, cuando llegó a Caja Madrid en 2010, ningún departamento le explicó el sistema de retribución de los consejeros. Incluso aseguró que no leyó el correo en el que se decía que las tarjetas, «black a efectos fiscales», tenían la «bendición presidencial». Sin embargo, varios testimonios coincidieron en apuntar a su número dos, Ildefonso Sánchez Barcoj, como el encargado de emitir y gestionar los plásticos fraudulentos. En un alarde de ingenio, Blesa también trató de sortear su responsabilidad señalando a los organismos que visaban las cuentas de la entidad como los verdaderos responsables de no haber detectado las irregularidades. Apuntó como culpables del desfalco a los auditores de la entidad, a los técnicos del Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que habían certificado su funcionamiento. «Los auditores tenían suficientes pistas», llegó a soltar Blesa. «Teníamos empotrados analistas del Banco de España que tenían acceso online a todas las cuentas de la caja», apostilló Sánchez Barcoj.

Como muchos gastos consignados tenían difícil explicación, al tratarse de cargos en viajes, restaurantes, alcohol o tiendas de lencería, algunos de los acusados prefirieron defender que los pagos eran parte de su sueldo. «Cuando llega Blesa, queda claro que cada uno puede usar la tarjeta para lo que quiera», sintetizó el expresidente de Libertad Digital Alberto Recarte, quien también se había hecho con un sillón en el Consejo de Administración. «Era un instrumento de liquidez», definió Rato. Algunos tuvieron los arrestos de presentarse en la Audiencia Nacional como víctimas, «apestados» y tratados como si fueran «chorizos» o «atracadores», cabezas de turco que estaban pagando el peaje de una época en la que los excesos en la banca fueron generalizados. El exsecretario de Estado de Comercio José Manuel Fernández Norniella acabó su declaración sollozando, mientras que Ignacio Navascués se quejó amargamente: «Se nos acusa hasta de la muerte de Manolete». Quienes optaron por una posición más humilde prefirieron hacerse perdonar por el tribunal, y defender que no tuvieron mala fe y que habían devuelto el dinero con la intención de reparar el daño causado. «Si me da la tarjeta la Caja, ¿por qué iba a pensar mal?», se excusó el exconsejero Ramón Ferraz. Rato fue uno de los primeros en devolver lo gastado, incluso antes de que el escándalo saltara a los medios de comunicación, porque, según declaró, «no quería líos con Bankia».

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