DIDÁCTICA REFLEXIVA

SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN COLOMBIA

LUZ MIREYA MENDIETA PINEDA

ÓMAR HUERTAS DÍAZ

EDSON ROMARIO PÉREZ MARTÍNEZ

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

2021

Didáctica reflexiva sobre los delitos contra la vida y la integridad personal en Colombia / Reflective Teaching on Crimes Against Life and Personal Integrity in Colombia / Mendieta Pineda, Luz Mireya; Huertas Díaz, Ómar; Pérez Martínez, Edson Romario. Tunja: Editorial UPTC, 2021. 176 p.ISBN 978-958-660-542-7ISBN Digital 978-958-660-543-4 1. Vida. 2. Integridad personal. 3. Tipos penales. 4. Clasificación. 5. Características. 6. Tasación punitiva.(Dewey 345 /21) (THEMA L - Derecho)

Primera Edición, 2021

50 ejemplares (impresos)

Didáctica reflexiva sobre los delitos contra la vida y la integridad personal en Colombia

Reflective Teaching on Crimes Against Life and Personal Integrity in Colombia

ISBN 978-958-660-542-7

ISBN Digital 978-958-660-543-4

Colección Académica UPTC N.º 30

Proceso de arbitraje doble ciego

Recepción: junio de 2020

Aprobación: agosto de 2020

© Luz Mireya Mendieta Pineda, 2021, UPTC

© Ómar Huertas Díaz, 2021, UNAL

© Edson Romario Pérez Martínez, 2021, UPTC

© Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2021

Editorial UPTC

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Libro financiado por la Dirección de Investigaciones de la UPTC. Se permite la reproducción parcial o total, con la autorización expresa de los titulares del derecho de autor. Este libro es registrado en Depósito Legal, según lo establecido en la Ley 44 de 1993, el Decreto 460 de 16 de marzo de 1995, el Decreto 2150 de 1995 y el Decreto 358 de 2000.

Libro resultado del proyecto con SGI 2710 titulado Políticas públicas de igualdad ante el vacío en la jurisprudencia en la ejecución de la pena del juez competente.

Citar este libro / Cite this book

Mendieta Pineda, L.; Huertas Díaz, Ó. & Pérez Martínez, E. (2021). Didáctica reflexiva sobre los delitos contra la vida y la integridad personal en Colombia. Tunja: Editorial UPTC.

DOI: https://doi.org/10.19053/9789586605427

Resumen

El objetivo de esta obra es analizar los diferentes tipos penales previstos en el título primero de la parte especial del Código Penal colombiano de manera didáctica, para facilitar su comprensión a los estudiosos del derecho penal. Con este propósito se señala de forma individualizada la estructura del tipo penal, sus características, su marco normativo interno e internacional y los conceptos jurisprudenciales y doctrinales; además, se incluyen los posibles subrogados penales, se concretan el mínimo y el máximo de la pena para cada uno de ellos, y se examina la pena sustitutiva de prisión domiciliaria en los casos en que sea procedente. La metodología de la investigación es básica jurídica, dado que su esencia es el estudio de los tipos penales con una dimensión descriptiva. Igualmente, en la parte final de la obra se estudian algunos casos prácticos que podrán ser de utilidad al lector en su ejercicio profesional.

Palabras clave: vida, integridad personal, tipos penales, clasificación, características y tasación punitiva.

Abstract

The objective of this work is to analyze the different typifications of the crimes determined in the first title of the special part of the Colombian Penal Law to facilitate its understanding by criminal law students. For this purpose, the structure of the crimes, its characteristics, its internal and international normative framework, and the judicial rulings and doctrinal concepts are individually indicated; in addition, possible criminal surrogates are included, the minimum and maximum of the penalty for each of them are specified, and the alternative sanction of home confinement is examined in the cases in which it is appropriate. The research methodology is basic legal, since its essence is the study of criminal offenses with a descriptive approach. Likewise, in the final part of the work some practical cases are studied that may be useful to the reader in his/her professional practice.

Keywords: Life, personal integrity, crime typifications, classification, characteristics and punitive assessment.

Contenido

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1.

GENERALIDADES

1. El tipo objetivo del tipo penal:

2. Según su estructura típica

3. Según su contenido

4. Según el bien jurídico tutelado

5. Término de prescripción

6. Beneficios en la punibilidad

CAPÍTULO 2

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓNA LA VIDA

CAPÍTULO 3

DE LA PROTECCIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN LA NORMATIVA INTERNA DE COLOMBIA

3.1 Etapas de la vida

3.1.1 Etapa autónoma dependiente

3.1.2 Etapa de vida dependiente

3.1.3 Etapa de vida independiente

CAPÍTULO 4

DESARROLLO DE LA ETAPA AUTÓNOMA DEPENDIENTE

4.1 Instrumentos internacionales de protección a la vida e integridad personal en la etapa dependiente

4.2 Conductas punibles

4.2.1 Manipulación genética

4.2.2 Repetibilidad del ser humano

4.2.3 Fecundación y tráfico de embriones humanos

CAPÍTULO 5

DESARROLLO DE LA ETAPA DEPENDIENTE

5.1 Parto o aborto preterintencional

5.2 Aborto

5.3 Aborto sin consentimiento

5.4 Lesiones al feto

5.5 Lesiones culposas al feto

CAPÍTULO 6

DESARROLLO DE LA ETAPA INDEPENDIENTE

6.1 Genocidio

6.1.1 Antecedentes

6.1.2 Consagración del genocidio en la legislación penal de Colombia

6.1.3 Fundamento constitucional del delito de genocidio

6.1.4 Características del tipo penal de genocidio

6.2 Apología del genocidio

6.3 Homicidio

6.3.1 Fundamento constitucional

6.3.2 Homicidio simple

6.3.3 Homicidio agravado

6.4 Feminicidio

6.5 Homicidio preterintencional

6.6 Homicidio por piedad

6.7 Inducción o ayuda al suicidio

6.8 Muerte de hijo de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo no consentidas

6.9 Homicidio culposo

CAPÍTULO 7

LESIONES PERSONALES

7.1 Lesiones

7.2 Incapacidad para trabajar o enfermedad

7.3 Deformidad

7.4 Perturbación funcional

7.5 Perturbación psíquica

7.6 Pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro

7.7 Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares

7.8 Lesiones culposas

CAPÍTULO 8

ABANDONO DE MENORES Y PERSONAS DESVALIDAS

CAPÍTULO 9

ABANDONO DE HIJO FRUTO DE ACCESO CARNAL VIOLENTO, ABUSIVO, O DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL O TRANSFERENCIA DE ÓVULO NO CONSENTIDAS

CAPÍTULO 10

OMISIÓN DE SOCORRO

CAPÍTULO 11

ACTOS DE DISCRIMINACIÓN

11.1 Hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología, política, u origen nacional, étnico o cultural

11.2 Circunstancias de agravación punitiva

ANEXO: CASOS PRÁCTICOS

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN

Esta es una obra de carácter didáctico, cuyo fin principal es poner a disposición de la comunidad académica y jurídica, de los operadores jurídicos y, en general, de la comunidad educativa en el derecho, una herramienta que facilite el estudio de los tipos penales denominados “contra la vida y la integridad personal” en Colombia. Para tal propósito, este texto se fundamenta en la estructuración de estos tipos en la Ley 599 de 2000 o Código Penal colombiano, sus elementos constitutivos, sus aspectos y dimensiones formales y materiales, así como en los principales debates y desarrollos legales, jurisprudenciales y doctrinales sobre el tema.

De igual manera, se pretende que este texto pueda ser empleado como fuente de consulta para los estudiosos del derecho, sobre el tratamiento tanto genérico −de sus definiciones, aproximaciones básicas y elementos teóricos fundamentales− como especializado −de las particularidades, avances jurisprudenciales y posturas doctrinales− de estos tipos penales, como un aporte significativo a la labor pedagógica, académica y jurídica.

El libro presenta una estructura compuesta por once grandes capítulos que, a su vez, se dividen en subcapítulos. El capítulo inicial, “Generalidades”, da cuenta de las cuestiones básicas, previas y contextuales que es preciso tomar en consideración antes de entrar en el estudio detallado de los tipos penales en mención. De tal manera que en esta parte, y de conformidad con el carácter didáctico y pedagógico de esta obra, se sientan las bases que un estudioso del derecho penal, y más aún, del derecho penal especial, debe tener totalmente claras y que serán de utilidad en tanto en cuanto se dedique al tratamiento de los tipos penales o injustos criminales.

Por eso, en este capítulo se estudian conceptos tales como sujeto activo, sujeto pasivo, ingredientes del tipo (objetivos, subjetivos), objeto (objeto material, objeto jurídico), entre otros. Así mismo, se establecen las definiciones básicas sobre la tipología de los delitos (o cierta taxonomía, dependiendo de diferentes categorías de clasificación), donde dos de los ejemplos claros, según su contenido, serían aquellos (a) de mera conducta; (b) de resultado; (c) instantáneos y (d) permanentes; o según el bien jurídico tutelado: (i) simple o momo ofensivo, (ii) complejos o pluriofensivos; (iii) de lesión y (iv) de peligro.

Es de resaltar que los escenarios propios de la discusión teórica académica o doctrinal respecto de los diferentes elementos que determinan o cualifican una u otra taxonomía, pueden variar entre los múltiples autores, que bien pueden utilizar diversas clasificaciones. No obstante, lo que se busca principalmente con este texto es que sirva de soporte y herramienta didáctica a quien comienza a aproximarse a estos temas. En otras palabras, en este primer capítulo se presenta el conjunto de constructos teóricos necesarios para que el estudiante aborde y se apropie de los elementos y de los recursos definitorios y previos que le permitirán comprender las conductas punibles y sus respectivas sanciones.

El segundo capítulo está especialmente dedicado al tratamiento que el bien jurídicamente tutelado por los referidos delitos tiene en el contexto internacional, esto es, el marco normativo internacional de protección a la vida. En esta parte se traen a colación las bases normativas internacionales que protegen el derecho fundamental a la vida, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana), la Convención sobre los Derechos del Niño, los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos adicionales.

Hay que destacar que estos instrumentos internacionales contienen ciertas disposiciones que bien vale la pena examinar en esta fase introductoria. Por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece de manera concreta que el fundamental derecho a la vida es una prerrogativa que resulta inherente a la persona humana. Esto es, que es inseparable de esta, como derecho que no puede ser violado ni limitado en forma alguna que sea injusta e ilegal. Es más, la misma normativa internacional deja claro que esta prerrogativa debe estar protegida por la ley, lo cual, en rigor, significa que los Estados que firmaron tal Pacto están obligados en virtud de su adopción en sus ordenamientos jurídicos internos, para que se establezcan, determinen y expidan mecanismos legales que busquen y logren realmente tal protección. Esto es, impone una obligación de hacer a los Estados. Además, el Pacto indica que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente o de manera injusta.

En este Pacto se evidencia la enorme importancia que tiene la vida como derecho fundamental, bien jurídico de mayor valor y, consecuentemente, de mayor tutela. En tal sentido, se puede apreciar cómo se materializa esta importancia en los diversos instrumentos jurídicos internacionales que los Estados, en aplicación directa de sus principios y en ejercicio pleno de sus derechos como sujetos de derecho internacional público y, principalmente, del principio de voluntariedad de los Estados, han acordado promulgar.

Así, vale la pena señalar que, como resultado de tales instrumentos, los Estados −como el colombiano− se han obligado a acatar las normas internacionales sobre protección de la vida y, lógicamente, a adaptar su normativa interna a tales mandatos. Esto es posible gracias a un constructo jurídico de valor imprescindible para el estudio de estos temas que atañen al fenómeno internacional en materias como las que en este texto se exponen. De lo que se está hablando aquí es, pues, del llamado “bloque de constitucionalidad”, figura por medio de la cual los convenios y tratados internacionales firmados por el Estado colombiano gozan del mismo rango que el texto constitucional, es decir, son literalmente “norma de normas”, para todos los efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

En el tercer capítulo se expone la taxonomía y su fundamentación sobre las etapas de la vida y su protección legal en Colombia: (i) la vida autónoma dependiente, (ii) la vida dependiente y (iii) vida independiente. Se ha acogido tal clasificación, división o taxonomía de las etapas de la vida para explicar de qué manera la legislación penal colombiana, con el ánimo de proteger estas etapas, contempla los diferentes delitos que pueden atentar contra cada una de estas.

Ahora bien, los siguientes capítulos se dedican a analizar detenidamente cada uno de los tipos penales dentro de las fases mencionadas. En el capítulo cuarto, por ejemplo, se analizan los siguientes injustos penales que buscan proteger la vida autónoma dependiente: manipulación genética, repetibilidad del ser humano y la fecundación y tráfico de embriones humanos.

En relación con este tema, hoy existe la imperiosa necesidad, en el contexto del avance científico, tecnológico y técnico-biológico, de estudiar este tipo de delitos que suponen un gran debate en el campo no solo jurídico sino, además y fundamentalmente, en los ámbitos de la bioética, la política y hasta de la cosmovisión de diversos grupos poblacionales. De hecho, en la actualidad las diferentes discusiones y los avances teóricos en materia de bioética se enfrentan a algunos problemas fundamentales relacionados con estos delitos. Por ejemplo, en primer término, la posibilidad o no de emplear información del genoma humano como material eventual o hipotéticamente modificable en la búsqueda de un avance científico; en segundo lugar, la relación entre la medicina y el derecho como pilares de los avances en estos campos en los tratamientos en salud, pero sin pasar por alto sus posibles consecuencias bioéticas en cuanto a la responsabilidad que acarrean estos experimentos; y, en tercer lugar, la forma como el derecho penal responde a tales asuntos o, por lo menos, intenta dar respuesta limitando ciertas prácticas en tales campos. Es así como surge, por ejemplo, el tipo penal de repetibilidad de ser humano o manipulación genética.

En esta relación medicina-derecho-avances científicos observamos que uno de los artículos del Código Penal colombiano establece sanción consistente en pena privativa de la libertad, que oscila entre los dieciséis (16) a noventa (90) meses para aquel que “manipule genes humanos alterando el genotipo con finalidad diferente al tratamiento, el diagnóstico, o la investigación científica” (artículo 132 de la Ley 599 de 2000). Adicionalmente, indica la misma norma que tal investigación científica debe estar “relacionada con ellos en el campo de la biología, la genética y la medicina, orientados a aliviar el sufrimiento o mejorar la salud de la persona y de la humanidad”. La Ley 599 de 2000 define “investigación científica”, tema que se trata en este capítulo.

En el capítulo quinto se aborda el tratamiento legal de la vida autónoma dependiente, esto es, aquella que se encuentra comprendida entre el momento llamado de “la fecundación” y el denominado “del nacimiento” para el derecho, como se conoce hoy. Tales delitos son los relacionados con el parto o aborto preterintencional, el aborto autónomamente comprendido, el aborto sin consentimiento, entre otros.

En esta sección también se analiza la cuestión del tratamiento legal penal de la conducta de aborto, a la luz de la jurisprudencia más relevante al respecto en Colombia: la sentencia C-355 de 2006 con ponencia de la Magistrada Clara Inés Vargas Hernández. Se estudia el debate profundo que existe en torno a la consideración del hecho del aborto como conducta punible o como legítimo derecho de la mujer. Este debate, por lo menos en lo que respecta a tres casos específicos que se tratan en dicha sentencia y que se detallan aquí, logra establecer una primera regla fundamental sobre la despenalización de tal conducta en las circunstancias que allí se describen. Pero es preciso aclarar desde ahora que tal figura no indica que se elimine el delito en plenitud, sino que se considera que, si bien el delito sigue existiendo, en ciertos casos puntuales este no genera una sanción.

En el capítulo sexto se examinan los delitos que pueden presentarse en la etapa de la vida independiente: genocidio, apología al genocidio, homicidio, feminicidio, homicidio preterintencional, homicidio por piedad, entre otros. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 599 de 2000 sobre estas conductas punibles, se presenta la caracterización y descripción típica de aquellas conductas que se consideran más graves en contra del bien jurídicamente tutelado.

Se trata de los actos que atentan contra la vida humana en su dimensión mayor, genérica, grupal, por ello la alusión al “genocidio”; las graves consecuencias que trae para la cultura, la política y la sociedad en general manifestarse a favor o mostrar cualquier simpatía en público por las tendencias genocidas o de desaparición total o parcial de un grupo en razón de la pertenencia al mismo, cuestión que se castiga con la llamada “apología al genocidio”; y el dar muerte a una persona individualmente considerada, como en el caso del homicidio. En pocas palabras, se criminaliza la conducta de atentar contra la vida humana en grupo, en singular o el hacer “propaganda” o manifestaciones en público en favor de las conductas genocidas (como el genocidio nazi, ruandés, etc.).

Los elementos estructurantes de estos injustos penales o delitos, su fundamento constitucional y legal, así como su desarrollo jurisprudencial son traídos a colación en este acápite. Muchos de ellos suponen una consagración legal específica, sumamente detallada y puede decirse “técnica” o “estricta”, como se observa en el tratamiento, por ejemplo, de las causales de agravación punitiva del delito de homicidio. Es preciso resaltar que en este capítulo se analiza el genocidio, uno de los delitos de mayor importancia en el contexto nacional y, naturalmente, dentro de la tradición jurídica colombiana.

Aquí exhortamos a la lectura detallada y reflexiva de los antecedentes históricos −incluso etimológicos− y del fundamento constitucional de este injusto jurídico. En esta obra se estudia el origen etimológico de la palabra “genocidio” y se relata el episodio histórico de los juicios en el Tribunal de Nuremberg, que marcó un notable avance jurisprudencial, pues allí la Fiscalía se refirió a tal crimen con la denominación genérica de “crímenes de lesa humanidad”, cuestión que posteriormente daría origen a su consagración normativa internacional en el Estatuto de Roma. A partir de este hecho se empieza a considerar el tema relacionado con las conductas constitutivas de genocidio; aunque inicialmente no goza de una tipicidad estrictamente hablando, finalmente es adoptado en los diferentes Estados y particularmente en el Estado colombiano, con los cinco grupos protegidos con tal consagración.

Dentro de los elementos estructurantes de este delito se destacan aquellos relacionados con lo que se denomina en el derecho penal especial “el sujeto pasivo” (o sujetos sobre quienes recae la conducta punible). Para el contexto colombiano, se exponen en este apartado los cinco grupos que son el sujeto pasivo de esta conducta: nacional, étnico, racial, religioso y político. Lo que buscó el legislador fue proteger estas agrupaciones que, por su especial condición, suelen ser blanco de la perpetración de este tipo de delitos.

El capítulo séptimo de este texto examina lo relacionado con el tipo penal de lesiones personales. Allí se abordan los delitos que se configuran cuando tales lesiones se presentan con deformidad, perturbación funcional, perturbación psíquica y pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, entre otros. También se indica cómo es posible identificar cuando un funcionario judicial se encuentra ante la presencia de uno u otro tipo penal, sus puntuales características y las consecuencias en términos de cuantía de la pena y su variación con respecto a cada una de las conductas anteriormente descritas y aquellas otras que allí se plantean a la luz de la norma sustantiva penal.

Ahora bien, bajo la denominación genérica de “lesiones personales” también se encuentran, entre otras, las lesiones culposas, es decir, las que no se realizan plenamente con la intención dañina de causar agravio en la salud de otro, y aquellas que infortunadamente han tenido gran importancia a raíz de su ocurrencia sistemática en sociedades como la colombiana (incluso, también presentes en diferentes pueblos de Latinoamérica y del mundo), como son las lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares. En este sentido, en este capítulo se exponen de manera concisa y directa las penas que consagra la norma penal y las especificidades de tan grave conducta que generalmente afecta a las mujeres.

Los restantes capítulos, del octavo al undécimo, se dedican al estudio del abandono de menores y personas desvalidas, abandono de hijo fruto de acceso carnal violento −uno de los de mayor ocurrencia en países como Colombia−, la omisión de socorro y los actos de discriminación.

Entre estos, hay que hacer especial alusión a aquel que describe la conducta de la madre que abandona a su hijo cuando este ha sido fruto de un delito contra la libertad, integridad y formación sexuales como lo es el acceso carnal violento. La ley castiga con pena privativa de la libertad, comprendida entre dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, la acción de la madre que abandona a su hijo cuando este ha sido fruto de tal acto sexual en su contra, pero igualmente la ley, a título de atenuante punitivo, determina que si ella “se arrepiente” y recoge voluntariamente al hijo abandonado, la pena en referencia no procederá. No obstante, establece la misma norma, que a ello habrá lugar siempre que el hijo no haya sido auxiliado por alguien más previamente y que no hubiera padecido o sufrido lesión alguna.

Este es uno de los elementos más particulares que presentan los delitos en la legislación en cuanto inmediatamente después de su tipificación (artículo 128 de la Ley 599 de 2000) establece un artículo (129) para “retirar” la sanción o, mejor, declarar su improcedencia, cuando se cumplan los presupuestos ya mencionados.

Por último, en un anexo se señalan algunos casos emblemáticos, particulares, con fines didácticos y como recurso para que los estudiantes apliquen de forma práctica los conocimientos adquiridos.

Ponemos entonces a disposición del lector esta obra didáctica, escrita con la intención de contribuir desde la academia y con fundamento en la ley, la jurisprudencia y la doctrina, al estudio especial, riguroso y cuidadoso de los delitos contra la vida y la integridad personal.

Los autores

Desde Tunja y Bogotá D.C., septiembre de 2020

CAPÍTULO 1

GENERALIDADES

La protección a la vida humana cuenta con el respaldo de la normativa internacional, expresada en los tratados internacionales sobre derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, con fundamento en los artículos 91, 442, 933, 944, 1025 y 2146 de la Carta Política. Además, de acuerdo con lo enunciado por la Corte Constitucional colombiana, en la normativa interna, concretamente el preámbulo de la Constitución establece: “(…) y asegurar a sus integrantes la vida, (…)”; el artículo 2.° de la Carta preceptúa que “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida (…)”; el 5.° señala que “El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona”, y el artículo 11 de esta Constitución dispone: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”, (…)”7. Y el Código Penal, por su parte, dedica su primer título a proteger la vida e integridad de la persona humana y señala una serie de actos con sus sanciones respectivas para las personas que los lesiones o los pongan en peligro.

La Corte Constitucional ha reconocido que la vida se “inicia con la concepción, se desarrolla y perfecciona luego con el feto, y adquiere individualidad con el nacimiento”8. De manera que con la concepción se genera un tercer ser, distinto de la madre y su nacimiento no puede quedar a la libre decisión de la mujer gestante9. Por lo tanto, debe existir el amparo estatal, toda vez que la vida del nasciturus encarna “un valor fundamental, por la esperanza de su existencia como persona que representa”10; sin embargo, “la vida prenatal no ostenta la titularidad del derecho a la vida y así la determinación de la existencia legal de la persona se da desde el nacimiento”11 en atención a lo establecido en el artículo 90 del Código Civil que expresa que con la existencia legal de la persona esta pasa a ser sujeto de derechos, lo cual incluye el derecho a la vida, diferente del que está por nacer, cuya protección es el valor de la vida, mas no de la titularidad de un derecho12.

La Corte Constitucional ha dicho que

la vida tiene diferentes tratamientos normativos, pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11º constitucional, de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad, como la de todos los derechos, está restringida a la persona humana, mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición13.

Además, ha expresado que

El derecho a la vida es uno de aquellos derechos inalienables de la persona cuya primacía reconoce el artículo 5º de la Constitución, lo que hace que ellos vinculen al Estado en dos sentidos: en la de su respeto y en la de su protección. La autoridad estatal está constitucionalmente obligada a no hacer cosa alguna que destruya o debilite el contenido esencial de esos derechos, y a crear las condiciones indispensables para que tengan cabal observancia y pleno cumplimiento14.

Con respecto a la protección penal, La Corte Constitucional aclaró que si bien es verdad que el ordenamiento jurídico otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o “el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta”15. Además, la Corte aclaró que “La determinación de la existencia legal de la persona desde el nacimiento no viola el deber de protección de la vida desde la concepción, establecido en el artículo 4.1. de la Convención Americana, ya que la vida como valor es un bien constitucionalmente relevante, pero no tiene el mismo grado de protección que el derecho a la vida”16 y termina esa protección con la muerte de la persona.

De la doctrina se pueden extraer posiciones sobre la protección al derecho a la vida:

1) Una de ellas sostiene que el derecho a la vida consiste en el derecho a vivir, a permanecer con vida; 2) Otra sugiere que este derecho consiste en el derecho a vivir bien, o vivir con dignidad; 3) Una tercera propone entender que el derecho a la vida consiste en el derecho a recibir todo lo mínimamente necesario para no morir en lo inmediato; 4) Una cuarta concepción propone entender el derecho a la vida simplemente como el derecho a que no nos maten; y, finalmente, 5) Una quinta postura suscribe la idea de que este derecho consiste en que no nos maten arbitrariamente17.

Por lo tanto, se protege la vida del nasciturus tanto como la de la persona humana, mírese desde donde se mire.

Teniendo claro que la normativa interna, específicamente la ley penal, protege la vida en sus diferentes etapas, se analizará cada una de ellas con sus respectivos tipos penales, desde la doctrina y la jurisprudencia, resaltando en cada uno de ellos sus diferentes elementos estructurales. Se recordarán brevemente unos conceptos que son necesarios para entender la estructura del tipo penal.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Código Penal, las modalidades de la conducta punible son tres −dolo, culpa y preterintención−. La Corte Suprema ha dicho con respecto al dolo, que es “la disposición de ánimo hacia la realización de una conducta típica que genera un daño o una puesta en peligro del bien jurídico, sin justificación alguna”.18 Igualmente, sobre esta figura agregó que “se compone de dos elementos: uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal respectivo, y otro volitivo, que implica querer realizarlos”19. Del mismo modo, se han reconocido tres clases de dolo:

El dolo directo de primer grado se entiende actualizado cuando el sujeto quiere el resultado típico. El dolo directo de segundo grado, llamado también de consecuencias necesarias, cuando el sujeto no quiere el resultado típico pero su producción se representa como cierta o segura. Y el dolo eventual, cuando el sujeto no quiere el resultado típico, pero lo acepta, o lo consiente, o carga con él, no obstante, habérselo representado como posible o probable20.

Por otra parte, la conducta es culposa cuando “produce un resultado que era previsible para el autor, a causa de la infracción del deber objetivo de cuidado que le correspondía en esa situación y de acuerdo con sus conocimientos”21. Mientras que la preterintención ocurre “cuando el autor quiere realizar una conducta que da lugar a unos hechos constitutivos de infracción penal, pero cuyo resultado, siendo previsible, es diferente al querido”22.

A continuación, se hará un repaso sobre los elementos estructurales del tipo penal.

1. El tipo objetivo del tipo penal:

Está conformado por:

1.1 Sujeto activo: es la persona humana a quien se le imputa conducta que se realiza por acción −que es considerada un hacer− o por omisión −consiste en no llevar a cabo una determinada acción que el sujeto tenía la obligación de ejecutar y que podía realizar−. Por tanto, el delito de omisión es siempre, estructuralmente, un delito que consiste en la infracción de un deber23 jurídico. La omisión, a su vez, se divide en dos: omisión propia, la cual consiste simplemente en la infracción de un deber de actuar24 y que debe estar descrita dentro de un tipo penal; por ejemplo, omisión de denuncia; y la omisión impropia, también denominada “comisión por omisión, o de omisión impropia”, y de que se describe como “el comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo, que sólo describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero la más elemental sensibilidad jurídica obliga a considerar equivalentes desde el punto de vista valorativo y a incluir, por tanto, en la descripción típica del comportamiento prohibido determinados comportamientos omisivos que también contribuyen a la producción del resultado prohibido”25.

Tanto la acción como la omisión cumplen la función “de elementos básicos de la Teoría del Delito, aunque sólo en la medida en que coincidan con la conducta descrita en el tipo de la correspondiente figura delictiva serán penalmente relevantes”26.

Retomando, el sujeto activo puede ser i) indeterminado, referido a cualquier persona, y se puede identificar con las palabras “el que” “quien” “los que”; ii) determinado, natural o jurídicamente, requiere de una calidad especial y lo encontramos en locuciones como “la madre que”, “el servidor público”. Igualmente puede ser singular o plural, conocido también como monosubjetivo o plurisubjetivo.

1.2 Sujeto pasivo: es el titular del bien jurídicamente protegido por el legislador y que puede resultar víctima o perjudicado con el acto del sujeto activo. La calidad de sujeto pasivo (víctima) y/o perjudicado en algunas ocasiones está en cabeza de la misma persona y en otras en diferentes personas. Este puede ser una persona natural o jurídica, imputable o inimputable. También se puede clasificar en indeterminado o determinado y singular o plural.

1.3 La conducta: se construye sobre el o los verbos rectores. Estos pueden ser simples o compuestos. Los compuestos se subdivide en: i) compuestos alternativos, en los cuales la conducta del sujeto activo se puede llevar a cabo con cualquiera de los verbos descritos en el tipo penal; ii) compuesta conjuntivos, en los que se requiere para la configuración de la conducta punible la concurrencia de dos o más verbos descritos en el tipo penal.

1.4 El objeto: se clasifica en material y jurídico. Objeto material: es sobre lo que recae la acción u omisión del sujeto activo y puede ser: i) personal, cuando recae sobre una persona, ii) real, cuando viene a parar sobre una cosa, bien mueble o inmueble; ii) fenomenológico, se da cuando la conducta descrita en el tipo penal viene a caer sobre un fenómeno distinto a una persona o una cosa. Además, lo constituye un evento externo de connotación jurídica, natural o social. Pese a esta clasificación, existen algunos tipos penales de los que no se puede deducir con certeza que puedan estar incluidos en dicha clasificación.

Objeto jurídico o bien jurídico: se concreta al inicio de cada uno de los títulos esbozados en la parte especial del Código. Se refiere a que

La norma penal tiene una función protectora de bienes jurídicos. Para cumplir esta función protectora eleva a la categoría de delitos, por medio de su tipificación legal, aquellos comportamientos que más gravemente lesionan o ponen en peligro los bienes jurídicos protegidos. El bien jurídico es, por tanto, la clave que permite descubrir la naturaleza del tipo, dándole sentido y fundamento27.

1.5 Ingredientes del tipo: estos pueden ser subjetivos, descriptivos o normativos.

- Subjetivos: son aquellos que hacen alusión al ánimo o propósito del autor y deben estar consagrados expresamente en el tipo penal; ejemplo: “para poner fin”.

- Descriptivos: son palabras que expresan circunstancias de tiempo, modo y lugar.

- Normativos: su contenido es valorativo y, a su vez, pueden ser jurídicos o extrajurídicos, porque pueden estar en normas jurídicas o en normas culturales entre otras.

1.6 Nexo de causalidad: está dirigido a la atribución de un resultado producto de la acción que ejecutó.

2. Según su estructura típica

2.1 Tipos básicos o fundamentales: son aquellos que no dependen de otro tipo penal y describen de manera general y autónoma un comportamiento humano y su respectiva pena; ejemplo: el homicidio doloso simple.

2.2 Tipos subordinados o complementarios: son aquellos que dependen de un tipo penal básico o subordinado, ya sea porque no tienen la conducta o porque no tienen la pena, como es el caso del homicidio agravado.

2.3 Tipos penales especiales: se caracterizan por describir un comportamiento humano con su respectiva pena; además los integran nuevos elementos que los hacen especiales con respecto a los tipos penales autónomos o subordinados; ejemplo: el homicidio por piedad.

2.4 Tipos penales en blanco: “son aquellos en los que al definir el supuesto de hecho (es decir, la conducta que se quiere prohibir) el Legislador menciona un referente normativo específico, por lo que se habla de una remisión o reenvío normativo”28. También a

este se denomina propio, si se dirige a una norma de la misma jerarquía o impropio, si lo hace a una de inferior jerarquía. Los tipos penales en blanco son válidos, siempre que, una vez efectuada la remisión, se cumplan los requisitos de certeza, claridad y precisión exigidos por el principio de estricta legalidad, de manera que la norma objeto de remisión debe también respetar el principio de definición taxativa, pues sólo así el juez penal y los ciudadanos pueden conocer inequívocamente cuál es la conducta penalizada29.

Asimismo, “la norma objeto de remisión debe existir al momento de la integración definitiva del tipo”30, como “ser determinada, de público conocimiento, y respetar los derechos fundamentales31. También se indicó que

Los tipos penales en blanco responden a una clasificación reconocida por la doctrina y aceptada por la jurisprudencia constitucional colombiana ante la incapacidad práctica de abordar temas especializados y en permanente evolución, siempre que la remisión normativa permita al intérprete determinar inequívocamente el alcance de la conducta penalizada y la sanción correspondiente32.

3. Según su contenido

3.1 De mera conducta: se perfecciona con la acción u omisión del sujeto activo, sin importar el resultado final; ejemplo: la apología al genocidio.

3.2 De resultado: son aquellos en los que se debe verificar el resultado producto de la acción u omisión del sujeto activo; ejemplo: el aborto.

3.3 Instantáneos: son aquellos en que la conducta activa u omisiva del sujeto activo se desarrolla en un solo momento; ejemplo: el homicidio.

3.4 Permanentes: son aquellos en que la conducta activa u omisiva del sujeto activo se prolonga en el tiempo; ejemplo: el desplazamiento forzado.

4. Según el bien jurídico tutelado

4.1 Simples o monoofensivos: son aquellos tipos penales que protegen un solo bien jurídico; ejemplo: el homicidio.

4.2 Complejos o pluriofensivos: son aquellos tipos penales que protegen varios bienes jurídicos; ejemplo: la desaparición forzada.

4.3 De lesión: se requiere para su configuración el menoscabo, el detrimento del bien jurídicamente protegido; ejemplo: el homicidio.

4.4 De peligro: se requiere para su configuración un peligro real y concreto al bien jurídicamente protegido. La Corte Constitucional con respecto a estos tipos penales dijo:

En los tipos de peligro debe considerarse la mayor o menor cercanía de la conducta peligrosa al bien jurídico protegido. Cuando el peligro es remoto, el bien no se halla amenazado en forma concreta, y lo que en realidad se castiga es la mera desobediencia o violación formal de la ley con la realización de una acción inocua en sí misma. En última instancia, la potencialidad dañina que encierra la conducta se juzga realizable a partir de consideraciones que involucran no al acto mismo sino a su autor. Por el contrario, cuando el peligro es próximo porque la realización de la conducta está vinculada con la potenciación de un daño concreto, resulta justificada la represión de la misma, pues el derecho penal no sólo tiene por objeto sancionar los delitos, sino también prevenirlos33.

5. Término de prescripción

Por ser los tipos penales de este título de ejecución instantánea y de acuerdo con el artículo 84 del Código Penal, “el término de prescripción de la acción comenzará a correr desde el día de su consumación”.

6. Beneficios en la punibilidad

Nos referiremos en cada tipo penal a dos situaciones: a los subrogados penales y a la pena sustitutiva de prisión domiciliaria. Se analizará si se puede acceder a ellos y en cuál cuarto medio de la pena que se ha de imponer.

Subrogados penales o mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad:

- Suspensión de la ejecución de la pena: la cual y según el artículo 63 de la ley penal, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos: 1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años; 2. Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2 del artículo 68ª de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo; y, 3. Si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

- Libertad condicional: el juez, previa valoración de la conducta punible34, concederá la libertad condicional a la persona condenada a pena privativa de la libertad cuando haya cumplido con los siguientes requisitos: 1. Que la persona haya cumplido las tres quintas (3/5) partes de la pena; 2. Que su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario en el centro de reclusión permita suponer fundadamente que no existe necesidad de continuar la ejecución de la pena; y, 3. Que demuestre arraigo familiar y social.

- Prisión domiciliaria: son requisitos para conceder la prisión domiciliaria:1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de ocho (8) años de prisión o menos; 2. Que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso 2 del Artículo 68 de la Ley 599 de 200035; 3. Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso corresponde al juez de conocimiento, que imponga la medida, establecer con todos los elementos de prueba allegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo; y, 4. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las obligaciones a imponer.

1 “Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.

2 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.

3 “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen “en el orden interno.

Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia

- Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1.° del Acto Legislativo n.° 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:

El Estado Colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas y, consecuentemente, ratificar este tratado de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución.

La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él”.

4 “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

5 “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”.

6 “Los Estados de Excepción a que se refieren los artículos anteriores se someterán a las siguientes disposiciones.

Los decretos legislativos llevarán la firma del Presidente de la República y todos sus ministros y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción.

No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Una ley estatutaria regulará las facultades del Gobierno durante los estados de excepción y establecerá los controles judiciales y las garantías para proteger los derechos, de conformidad con los tratados internacionales. Las medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos (…)”.

7 COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA. [En línea]. 1991. Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/index.php/constitucion-politica

8 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-133. Expediente D-386. 17 de marzo de 1994. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

9 Ibid

10 Ibid.

11 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-327. Expediente D-11058. 22 de junio de 2016. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

12 ibid

13 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-355. Expediente D- 6122, 6123 y 6124. 10 de mayo de 2006. M.P. Jaime Araujo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández..

14 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-013. Expedientes D-1336 y D-1359. 23 de enero de 1997. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

15 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-355, 2006.

16 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-327, 2016.

17 FIGUEROA GARCÍA-HUIDOBRO, Rodolfo. Concepto de derecho a la vida. En : Revista Ius et Praxis. N°. 1 (2014); p. 261.

18 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CASACIÓN PENAL. Providencia 32964. Acta Aprobado 267. (agosto de 2010). M. P. José Leonidas Bustos Martínez. [en línea]. Bogotá, D.C., 2010.

19 Ibid.

20 Ibid.

21 CASTRO OSPINA, Sandra Jeannette. Lección 14: Tipo subjetivo. En : Lecciones de derecho penal. Parte general, 2a ed. [Base de datos UPTC]. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2011. p. 20

22 Ibid., p. 26. Concepto tomado por la autora de Mir Puig Derecho penal, cit., p. 308.

23 MUÑOZ CONDE, Francisco y GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal parte general. 8ª ed. Valencia : Tirant lo Blanch, 2010. p. 239.

24 Ibid., p. 241.

25 Ibid., p. 241.

26 Ibid., p. 214.

27 MUÑOZ CONDE. Op. cit., p. 261.

28 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-091. Expediente D-11506. 15 de febrero de 2017. M.P. María Victoria Calle Correa.

29 Ver sentencias C-559 de 1999, C-091de 2017 y C-121 de 2012.

30 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencias C-605. Expediente D-6180. 1 de agosto de 2006. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra..

31 Ibid. Ver, así mismo, las sentencias C-739 de 2000, C-917 de 2001 y C-091de 2017.

32 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-442. Expediente D-8295. 25 de mayo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

33 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-430. Expediente 1271. 12 de septiembre de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz..

34 El aparte subrayado fue declarado condicionalmente exequible. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-757. Expediente D-10185. 15 de octubre de 2014. M.P. Gloria Stela Ortiz Delgado.

35 La Corte se declaró inhibida para fallar por ineptitud de la demanda. COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-646. Expediente 11323. (16 de noviembre de 2016). M.P. Jorge Iván Palacio Palacio..

CAPÍTULO 2

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN A LA VIDA

Un recorrido por los instrumentos internacionales permite determinar la protección amplia que se le brinda al derecho a la vida e integridad personal. Además, como lo ha mencionado la Corte Constitucional, la jurisprudencia proferida por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sirve como criterio relevante que se debe tener en cuenta para fijar el alcance y contenido de los derechos y deberes que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico interno”36. Algunos de ellos son:

Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”37.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Artículo 6. “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”38.

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Declaración Americana). Artículo I. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”39.

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana). Artículo 4. Derecho a la vida. 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley; y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”40.

Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo 6. 1. “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida”41.

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley42. Numeral 5. “Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: (…) b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana; c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas”; (…)

Numeral 9. “(…) En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida”.

Convenios de Ginebra de 1949. Artículo 3 común. “En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:

1. Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.

A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:

a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;

b) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2. Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos (…)”43.

Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra, Relativo a la Protección de Víctimas de Conflictos No-Internacionales. Protocolo II. Artículo 4. “garantías fundamentales:

1. Todas las personas que no participen directamente en las hostilidades, o que hayan dejado de participar en ellas, estén o no privadas de libertad, tienen derecho a que se respeten su persona, su honor, sus convicciones y sus prácticas religiosas. Serán tratadas con humanidad en toda circunstancia, sin ninguna distinción de carácter desfavorable. Queda prohibido ordenar que no haya supervivientes.

2. Sin perjuicio del carácter general de las disposiciones que preceden, están y quedarán prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas a que se refiere el párrafo 1:

a) los atentados contra la vida, la salud y la integridad física o mental de las personas, en particular el homicidio y los tratos crueles tales como la tortura y las mutilaciones o toda forma de pena corporal”; (…)44.

La protección a la vida en la jurisprudencia interamericana ha resaltado que “El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos”45. Por lo tanto, considera la Corte Interamericana que “los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones necesarias para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como el deber de impedir que sus agentes, o particulares, atenten contra el mismo”46.

36 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-327, 2016.

37 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humanos. [En línea]. [Consultado el 11 de dic. 2019]. Disponible en <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

38 FUNDACIÓN ACCIÓN PRO DERECHOS HUMANOS. Normas. Pacto derechos Civiles y Políticos. [En línea]. [Consultado el 11, dic., 2019]. Disponible en <http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/1966-PactoDerechosCivilesyPoliticos.htm>

39 OEA. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre. Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948. [En línea]. [Consultado el 11 dic., 2019]. Disponible en

<https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf>

40 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada. [En línea]. [Consultado el 11, dic. 2019]. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf

41 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Derechos Humanos. Convención sobre los Derechos del Niño. Noviembre de 1989. [En línea]. [Consultado el 11, dic. 2019]. Disponible en <https://www.ohchr.org/sp professionalinterest/pages/crc.aspx>

42 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana: Cuba, 1990. [En línea]. [Consultado el 11, dic., 2019]. Disponible en <https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/carceles/1_Universales/B%E1sicos/5_Funcionarios_hacer_cumplir_ley/1153_Ppios_B%E1sicos_Empleo_Fuerza_Armas.pdf>

43 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Convenio de Ginebra de 1994 y sus protocolos adicionales. 2014. [En línea]. [Consultado el 9, dic., 2019]. Disponible en <https://www.icrc.org/es/document/los-convenios-de-ginebra-de-1949-y-sus-protocolos-adicionales>

44 COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977. [En línea]. [Consultado el 9, dic., 2019]. Disponible en <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm>

45 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Cuadernillo de Jurisprudencia n.° 21. Derecho a la Vida. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C, n.° 63, p 6.

46 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C, n.° 304, p. 6.

CAPÍTULO 3

DE LA PROTECCIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN LA NORMATIVA INTERNA DE COLOMBIA

La Constitución Política en su artículo 11 proclama que el “derecho a la vida es inviolable”47, y ya desde el Preámbulo y el inciso 2 del artículo se precisa que entre los bienes jurídicos dignos de proteger está la vida.

No menciona la Constitución el bien jurídico de la integridad personal; no obstante, debe señalarse que este hace parte del concepto de la vida, puesto que “toda agresión contra la integridad personal entraña un ataque al derecho de la vida”, en cuanto “la plenitud de esta lleva implícita aquella”48. La integridad personal es por definición un derecho inalienable de la persona. Vulnerar la integridad personal significa de suyo afectar la vida humana, porque entre ellas existe una correspondencia ineludible.

El inciso 1 del artículo 44 de la Constitución Política evidencia que la integridad personal es asunto que valora significativamente nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que allí se contemplan entre los derechos fundamentales de los niños “la vida, la integridad física, la salud”. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos considera la integridad personal como bien jurídico protegido, además reconoce su interdependencia recíproca con la vida, puesto que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 1 ha postulado que “Todo ser humano tiene derecho a la vida (...) y a la integridad de la persona”. El carácter de bien jurídico de la integridad lo reconoce paladinamente el numeral 1 del artículo 5.° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”.

También parece desprenderse ello del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, habida cuenta de que el artículo 3.° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos precisa que “Todo individuo tiene derecho a la vida (…) y a la seguridad de su persona”.

La Corte Constitucional expresa sobre el derecho a la vida:

El Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe incluir la adopción de normas penales, que están libradas al criterio discrecional del legislador, dentro de los límites del ordenamiento constitucional49.

En otra sentencia, la misma Corte precisó que “El derecho a la vida aparece como el primero y más importante de los derechos fundamentales y tiene, según el texto de la norma, el carácter de inviolable“50. Por lo tanto, consideró que el Estado “está obligado a prevenir, reprimir y sancionar los comportamientos que impliquen ataque a la vida de la persona”51 y, más aún, observa que “una característica relevante de este derecho es que la vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos. Es decir, la vida misma es el presupuesto indispensable para que haya titularidad de derechos y obligaciones”52.

La Corte Constitucional ha enfatizado que la vida comienza desde la formación del cigoto y, por lo tanto, se desprende que siempre, desde la fecundación, fue y sigue siendo digna de respeto y tutela jurídica53, y termina con la muerte. No hay duda de que el derecho penal protege la vida humana desde la fecundación que se desarrolla en el útero materno y se prolonga hasta la muerte real de la persona, y por ello consagra una serie de conductas prohibidas en el título primero de la ley penal, los cuales se agrupan en nueve capítulos, establecidos así: genocidio, homicidio, lesiones personales, aborto, lesiones al feto, abandono de menores y personas desvalidas, omisión de socorro, manipulación genética y actos de discriminación.

Asimismo, se protege la integridad personal, según se deduce del artículo 111 del Código Penal, pues al referirse al daño en el cuerpo y la salud se estaría protegiendo la integridad psicofísica del ser humano54. Su protección también se desprende de los artículos 4455, 4756, 4957, 5458, 6459, 35660 y 36661, como del inciso final del artículo 49º de la Constitución Nacional62.

En este orden de ideas, la Corte Constitucional aclaró, frente a las etapas de la vida humana, que su protección debe ser diferente, porque “La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas, las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. El ordenamiento jurídico, si bien es cierto que otorga protección al nasciturus, no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. Tanto es así, que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y, por ello, la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta63. De ahí que doctrinariamente se hayan desarrollado tres etapas de la vida, atendiendo la regulación de estructura realizada en la Ley 599 de 2000, aunque se aclara que la ley no especifica cuando se comienza o se termina una etapa.

3.1 Etapas de la vida64

3.1.1 Etapa autónoma dependiente

La protección a esta etapa tiene arraigo constitucional, pues la Carta Política permite la procreación por “asistencia científica” en el inciso 4 del artículo 42. Esta comienza cuando se une el óvulo y el espermatozoide en un ambiente diferente al aparato reproductivo femenino65. Se presenta una unión de gametos hasta antes de la implantación de ese embrión en el útero materno. Este embrión se denomina preimplantario. La fase de terminación se da cuando el óvulo fecundado es implantado y se ha anidado, que es hasta donde se extiende la protección penal. Esta fase es autónoma, porque no depende de la mujer (si está muerta o viva). Es dependiente, porque requiere de condiciones físicas o químicas para su evolución66. Para la implantación se necesita la existencia de una relación íntima entre la madre y el embrión, cuyo fin último es la formación de la placenta67.

Y la protección penal, por su parte, se da a través de las conductas descritas en los tipos penales de manipulación genética (art. 132B C.P.), repetitividad del ser humano (art. 133 C.P.) y fecundación y tráfico de embriones humanos (art. 134 C.P.).

3.1.2 Etapa de vida dependiente

La Corte Constitucional ha dicho que la vida se inicia con la concepción, por ello autoriza al legislador para penalizar los actos destinados a provocar su muerte68. Su protección constitucional está en el preámbulo y en los artículos 2.º y 5.º de la carta y comprende la protección de la vida durante su proceso de formación y desarrollo, por ser “condición para la viabilidad del nacimiento, que da origen a la existencia legal de las personas”69. Esta etapa termina con el nacimiento.

Las conductas penales que tiene en cuenta el legislador para su protección en esta etapa son: aborto (art. 122 C.P.), aborto sin consentimiento (art. 123 C.P.), lesiones al feto (art. 125 C.P.), lesiones culposas al feto (art. 126 C.P.).

3.1.3 Etapa de vida independiente

Comienza con el nacimiento. El Código Civil en su artículo 90 preceptúa: “La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre”. Y ha dicho la Corte Constitucional que de este artículo se “deduce que la existencia legal comienza en el momento del nacimiento; y la vida, en el momento de la concepción”70.

CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU dice que BACIGALUPO opina con respecto a la vida independiente, que ella “comienza de las contracciones expulsivas”, y que HURTADO POZO considera el límite entre aborto y homicidio en “los primeros dolores del parto”, que corresponden a las contracciones dilatantes71. La Corte Constitucional acoge lo dispuesto en el Código Civil, en el entendido de que se es persona “Desde el momento de su nacimiento, el hombre es persona, tiene personalidad jurídica. Tiene un estado civil, atributo de la personalidad”72. Criterio que compartimos.

Esta etapa termina con la muerte real de la persona, mas no con la muerte aparente ni cerebral, entendida aquella como la cesación o término de la vida como proceso fisiopatológico que se da por una causa natural o violenta73. En el caso de esta última, lo importante es que exista un nexo causal entre la conducta del sujeto activo y el resultado muerte, que puede ser inmediato o darse días después.

Las conductas descritas en el Código Penal y que tienen protección, corresponden al genocidio (art. 101), homicidio (art. 103), homicidio preterintencional (art. 105), homicidio por piedad (art. 106), homicidio culposo (art. 109), lesiones personales (art. 111), abandono de menores y personas desvalidas (art. 127), omisión de socorro (art. 131), actos de discriminación (art. 134a), hostigamiento (art. 134b).

47 La primera parte del numeral I del artículo 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, Ley 16 de 1972, estatuye que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida”.

48 PACHECO OSORIO, Pedro. Derecho Penal Especial. Bogotá : Temis, 1978. pp. 189 y 193.

49 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-133, 1994.

50 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-013, 1997.

51 Ibid.

52 Ibid.

53 Ibid.

54 DUQUE RUIZ, Guillermo. Delitos contra la vida y la Integridad persona. 2ª. ed. Medellín : Unaula, 2013. p. 27.

55 “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, (…)”.

56 “El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

57 “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud (…)”.

58 “(…) El Estado debe propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud”.

59 “Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud (…)”.

60 “Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación (…)”.

61 “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (…)”.

62 Ibid., p. 28l.

63 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-355, 2006.

64 GÓMEZ PAVAJEAU Carlos Arturo y URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín. Delitos contra la vida y la integridad personal. Lecciones de derecho penal parte especial. Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2003. p. 878.

65 GÓMEZ PAVAJEAU. Op. cit., p. 135.

66 Ibid., p. 135.

67 BERNABEU, R., BROTONS, A., MENDIOLA, J., GUERRERO, J. y TEN, J. Estado actual del conocimiento de la implantación embrionaria humana. En : Revista Iberoamericana de Fertilidad. Vol. 21, n.° 3, 2004. [En línea]. [Consultado el 15, enero, 2020]. Disponible en <http://www.revistafertilidad.org/RecursosWEB/fertilidad/Fert-May-Jun-04-Trabajo5.pdf>

68 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op. cit., Sentencia C-133, 1994. M.P.

69 Ibid.

70 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-591. Expediente 973. 07 de diciembre de 1995. M.P. Jorge Arango Mejía..

71 GÓMEZ PAVAJEAU. Op. cit., p. 135.

72 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Op cit., Sentencia C-591, 1995.

73 POSADA MAYA, Ricardo. de los Delitos contra la vida y la integridad personal. Tomo I: el homicidio, el genocidio y otras infracciones. Bogotá : Universidad Andes, 2015. p. 78.

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