DE DAMNIFICADOS A VÍCTIMAS

Fernanda Espinosa Moreno

DE DAMNIFICADOS A VÍCTIMAS

LA CONSTRUCCIÓN DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (1946-1991)

De damnificados a víctimas : la construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia (1946-1991)

Clasificación Dewey: 320.9861 ES77 2021

Clasificación LC: HN303.5 E87 2021

De damnificados a víctimas: la construcción del problema público de los afectados por la violencia en Colombia (1946-1991) / Fernanda Espinosa Moreno. – Ciudad de México: UAM, Unidad Cuajimalpa; Bogotá: Universidad del Rosario 2021.

1. Violencia política -- Colombia -- 1946-1991. 2. Daños y perjuicios -- Colombia -- 1946-1991. 3. Guerra --Derechos de los civiles -- Colombia -- 1946-1991. 4. Colombia -- Historia -- Periodo de la violencia, 1947-195. 5. Colombia -- Condiciones sociales -- Siglo XX.

Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995 (Colombia)

Primera edición: Ciudad de México; Bogotá, D. C., 2021

ISBN México: 978-607-28-2163-7 (impreso)

ISBN Colombia: 978-958-784-682-9 (impreso)

ISBN Colombia: 978-958-784-683-6 (ePub)

ISBN Colombia: 978-958-784-684-3 (pdf)

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Cuidado de la edición

División de Ciencias Sociales y

Humanidades, Universidad Autónoma

Metropolitana-Unidad Cuajimalpa

Corrección de estilo: Ricardo Gallardo y

Rubén Espinoza.

Montaje y diagramación: Susana Vargas

Hecho en Colombia

Made in Colombia

Los conceptos y opiniones de esta obra son responsabilidad de su autor y no comprometen a las universidades ni sus políticas institucionales.

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de las editoriales.

Autora

Fernanda Espinosa Moreno

es Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. Maestra en Estudios Políticos e Historiadora por la Universidad Nacional de Colombia. Se ha especializado en historia de los derechos humanos, estudios sociales de la memoria, violencias y conflicto armado. Actualmente es investigadora del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, Colombia.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

PROBLEMA PÚBLICO DE LAS AFECTACIONES POR LA VIOLENCIA Y EL DUELO SOCIAL

CAPÍTULO 2

LOS “DAMNIFICADOS” DEL 9 DE ABRIL DE 1948: EL SURGIMIENTO DE UN PROBLEMA PÚBLICO

CAPÍTULO 3

LA “REHABILITACIÓN” DE LOS DAMNIFICADOS POR LA VIOLENCIA BIPARTIDISTA: CONTROVERSIAS ENTRE HIGIENIZACIÓN, ASISTENCIALISMO Y DESARROLLISMO (1953 A 1962)

CAPÍTULO 4

MÁRTIRES DE LA REPRESIÓN (1965 A 1978)

CAPÍTULO 5

EL SURGIMIENTO PÚBLICO DE LA VÍCTIMA: LA NARRATIVA TESTIMONIAL, LA RESPUESTA ESTATAL Y LAS REDES TRANSNACIONALES (1979-1991)

CONCLUSIONES

TRANSFORMACIONES EN EL PROBLEMA PÚBLICO DE LOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA

BIBLIOGRAFÍA

AGRADECIMIENTOS

En primer término, agradezco el apoyo institucional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), y la sucesiva beca de “apoyo extraordinario” otorgada por la rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que hicieron posible este trabajo de investigación. Fundamentalmente, a quienes en estas instituciones hacen posible este apoyo a los estudiantes de doctorado, más aún reconociendo que se trata de recursos públicos.

Agradezco al cuerpo docente del posgrado en ciencias sociales y humanidades de la UAM-Cuajimalpa sus seminarios y sus intercambios académicos que me permitieron conocer sus investigaciones en curso, nuevos acercamientos teóricos y estudios interdisciplinarios: gracias por su generosidad y su entrega académica.

Especialmente expreso mi gratitud al doctor Mario Barbosa. Su asesoría en esta investigación desde el principio y a lo largo de todo el doctorado fueron fundamentales; por su respaldo en el proceso de escritura, por sus correcciones siempre oportunas y precisas, y por su soporte no sólo académico sino personal en los momentos difíciles de este proceso.

También quiero agradecer, de manera particular, a las sinodales de la tesis que dio origen a este libro: a la doctora Esperanza Palma, cuyo seminario y acompañamiento como asesora desde el primer momento, con su conocimiento de la ciencia política, contribuyó ampliamente a este trabajo; a la doctora Eugenia Allier, por compartir conmigo su conocimiento de los estudios sociales de la memoria, y a la doctora Diana Silva, cuyos comentarios oportunos desde una mirada sociológica y con base en una lectura detallada ayudaron a clarificar algunos de los argumentos de esta investigación.

A los profesores del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, porque las bases históricas de los cursos que tomé hace años me han permitido adentrarme en las ciencias sociales de manera interdisciplinaria. Particularmente, agradezco al doctor Mauricio Archila, un maestro en todo el sentido de la palabra, quien ha sido fundamental en mi formación y un referente profesional.

También agradezco a la doctora Cristina Gómez, de la Universidad Iberoamericana, por permitirme participar en su seminario e introducirme en los debates sobre violencia y derechos humanos en México.

Igualmente, a mis amigas y amigos, quienes me han enseñado mucho y me han permitido compartir. En especial, a Angélica Tamayo, cuya compañía, fraternidad e intereses académicos similares me procuran un intercambio fructífero de ideas acerca de la historia del tiempo presente y de la vida cotidiana. A Pilar Rey, por sus palabras, sus historias y su apoyo. A Gabriela Ardila, por permitirme una amistad fraterna, divertida y permanente a pesar de las distancias. A Rosario Arias, a quien admiro por su capacidad de realizar tantos proyectos vitales, personales, laborales y profesionales. A Veka García, amiga feminista y latinoamericanista, por darme esperanza. A las compañeras del doctorado, Alexandra, Mónica y Yadira, por la complicidad durante los seminarios y las asesorías que compartimos.

Mi familia fue fundamental durante los años de la investigación. Agradezco a mi mamá, Nubia, por sus cuidados, por su amor constante y permanente, además de ser siempre mi ancla y mis alas. A mi padre, Armando, por sus consejos desde su racionalidad y su estoicismo. A Sebastián, mi hermanito, por su compañía, por su cariño y por su manera de entender el mundo que siempre me aterriza. A mi abuelita, la razón y el origen de todo, que sigue acompañándome a pesar de su partida reciente.

A Emmanuel Heredia González, por su lectura a mis borradores, por sus enseñanzas y, primordialmente, por su paciencia y su amor recíproco. A Arya y Luna, por su ternura inquebrantable y por su cariño infinito. A todos los integrantes de mi familia, incluidos Yago y Atila. Sin esta familia no hubiera podido terminar está investigación: gracias por el círculo de afecto del cual me permiten ser parte.

INTRODUCCIÓN

La idea original de realizar la presente investigación surgió mientras trabajaba en una organización defensora de derechos humanos entre 2008 y 2015, en Bogotá, Colombia. Esa organización tiene como fin la formulación e implementación de proyectos sociales y de derechos humanos en zonas altamente afectadas por el conflicto armado y, especialmente, el acercamiento de las organizaciones y los colectivos de personas afectadas a la Ley 1448 (sobre víctimas y restitución de tierras) de 2011. El conocimiento directo del impacto del conflicto sobre la población despertó mi interés por el tema. Un aspecto esencial de mi trabajo en derechos humanos fue precisamente la referida ley, la cual marcaba un hito en el reconocimiento de las víctimas en Colombia. Incluso, la ley fue promocionada oficialmente como una de las demostraciones de la “voluntad de paz” del gobierno nacional, pues reconocía la existencia del conflicto armado colombiano cuando el gobierno antecesor había negado su existencia.

Pero en la realidad colombiana existen distintos factores que han dificultado la implementación integral de la ley de víctimas. Para empezar, aunque fue pensada para una situación transicional, el conflicto armado aún persiste. Además, después de iniciada su implementación, varios informes evaluaron negativamente su desempeño y señalaron los grandes desafíos que debían superarse.

Por ejemplo, el tema de la reparación individual y colectiva de las víctimas con fondos procedentes de la incautación de bienes al narcotráfico y a los actores armados ilegales, lo cual no ha resultado eficaz, pues hasta el momento esas incautaciones han sido mínimas, entre otras razones por los altos niveles de corrupción y testaferrato que persisten.

En el momento en que se formuló esta investigación tenía lugar el ciclo más reciente de negociación entre la insurgencia y el gobierno nacional. A lo largo de la historia de Colombia han existido distintos ciclos de negociación, como consecuencia de los cuales algunos grupos insurgentes se desmovilizaron. En 1989 la negociación con el Movimiento 19 de Abril (M-19) y con otros grupos guerrilleros como el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) hicieron posible un cambio constitucional en 1991. En este contexto, de la relevancia de los impactos del conflicto, del universo de las víctimas y del acercamiento a un escenario de posconflicto, han cobrado gran importancia las políticas públicas y la legislación en materia de memoria; en vista de lo cual podemos prever que las políticas de memoria y reparación existentes y futuras serán muy significativas para el país.

Inicialmente, el proyecto de investigación planteó analizar un periodo cronológico más corto y reciente de las políticas de memoria y reparación. Sin embargo, debido a las fuentes y a los hallazgos documentales, el capítulo que originalmente se pensó como de antecedentes sobre los periodos de la Violencia Bipartidista y del Frente Nacional terminó convirtiéndose en una parte central de la investigación. Debo agradecer al tutor de esta investigación, el doctor Mario Barbosa, por incentivarme a recurrir a un énfasis más histórico sobre esos periodos poco estudiados, el cual ha resultado muy interesante y fructífero.

Finalmente, la investigación abarcó el periodo de 1946 a 1991, lo cual nos permitió analizar el problema público de las víctimas, las políticas de memoria y reparación de mediana duración, así como concentrarnos en los cambios y las continuidades de los distintos momentos para caracterizar las particularidades de cada uno de ellos. Consideramos que esta perspectiva permite analizar los movimientos de mayor duración, los cambios graduales y las continuidades de las respuestas a la violencia.

Las interrogantes básicas de las que partió esta investigación en parte son resultado de una mirada contemporánea a los hechos del pasado. Sin lugar a dudas, el papel de las víctimas es un problema del presente colombiano y de las sociedades que enfrentan violencias estructurales, donde los actuales escenarios de justicia transicional han destacado la importancia de conceptos como la reparación a las personas afectadas. Como veremos, desde 1946 ya existía en Colombia un cuestionamiento sobre las acciones del gobierno respecto de los sujetos afectados por la violencia, así como un debate paralelo sobre el carácter mismo de la violencia. En este sentido, esperamos que este texto pueda ayudar a posicionar al sujeto víctima como parte del proceso histórico colombiano.

La periodización de las políticas de memoria y reparación que se proponen en este trabajo provienen del análisis de las fuentes. Observamos una relación de los ciclos de violencia y conflicto con los distintos periodos del gobierno. Así, el periodo de 45 años estudiado en esta investigación se dividió en cuatro subperiodos, de acuerdo con los cuales se organizaron los capítulos: de 1946 a 1953, de 1954 a 1964, de 1965 a 1978 y de 1979 a 1991.

Cabe destacar que un cambio fundamental entre el proyecto original y los resultados de la investigación fue el énfasis en las políticas de reparación. En un primer momento, una hipótesis era encontrar más políticas referidas a la memoria colectiva sobre la violencia; por ejemplo, conmemoraciones. Sin embargo, se hallaron más políticas y debates sobre los damnificados por la violencia. Desde el inicio de la Violencia Bipartidista se discutieron y se instrumentaron políticas sobre los afectados por los hechos violentos. En vista de lo anterior, en esta investigación adquirieron un énfasis importante las políticas de reparación y rehabilitación. Resultó particularmente provechoso discutir las definiciones de víctima y victimario en cada periodo.

Tanto mis hallazgos de fuentes de archivo como mi estancia en México me permitieron abrir una perspectiva internacional y particularmente continental. Temas claves como las redes transnacionales de derechos humanos, el exilio de colombianos, la solidaridad internacional y los procesos conjuntos en América Latina, fueron ampliando mi mirada, para observar a Colombia con una perspectiva más internacional. Esto implicó un acercamiento al análisis desde la historia global, que es fundamental para el problema estudiado.

En todos los países que han padecido periodos de conflicto armado las comisiones de la verdad han marcado un hito en las políticas públicas de memoria. Sin embargo, por la complejidad y la duración del conflicto colombiano no había existido una comisión de la verdad propiamente, pero sí ejercicios con estas características.

En 2005 se conformó una Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, que en 2010 produjo un informe final. De igual manera, algunos ejercicios del Centro Nacional de Memoria Histórica, como el informe ¡Basta ya!,¹ tienen características de comisión de la verdad. Adicionalmente, en el seno de la sociedad civil colombiana se había discutido y presionado sobre la importancia y la necesidad de crear una Comisión de la Verdad con características incluyentes, la cual sería fundamental para los ejercicios de justicia transicional. Finalmente, en el marco de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), se incluyó la creación de una comisión de la verdad, la cual fue instalada en mayo de 2018 y trabajará durante tres años para presentar su informe. Este contexto presente resulta clave para el análisis histórico.

En el acto de instalación de la Comisión de la Verdad, el presidente Juan Manuel Santos señaló que se trataba de:

Un acuerdo que, no sobra repetir, tiene a las víctimas como la columna vertebral de todo el proceso: los derechos de esas víctimas, el derecho a la justicia, a la reparación, a la no repetición y a la verdad. Hoy estamos dando un nuevo paso en esa construcción de la paz y en ese respeto a los derechos de las víctimas, porque muchas de las víctimas, y he hablado con cientos de ellas, tal vez con miles de ellas, muchas veces ni siquiera exigen reparación; lo que ellas quieren es verdad, por muchos motivos, pero eso es una realidad.²

Este trabajo no pretende sistematizar y recopilar sólo información sobre las políticas públicas ya realizadas y aprobadas, sino también las alternativas discutidas por la sociedad civil y por los movimientos sociales. Se trata de recoger las propuestas formuladas por los “empresarios de la memoria”,³ nombre dado por la investigadora argentina Elizabeth Jelin a diferentes actores sociales que tienen iniciativas en este campo. Al mismo tiempo, busca observar cómo estas propuestas han logrado impactar o no el sistema político, en un proceso de negociación donde los movimientos sociales también han logrado incidir en las políticas existentes. Tal como se define en los ejemplos internacionales en que se han promulgado leyes de “memoria”, una parte fundamental de las reparaciones colectivas para las comunidades es la recuperación de la memoria para permitir una reconstrucción del avance social. Por lo tanto, para diseñar políticas de memoria en Colombia es esencial contribuir desde las comunidades victimizadas.

Hasta el momento no existe ningún trabajo académico que recoja la historia de las víctimas de la violencia política y de las políticas de memoria y reparación en Colombia durante el siglo XX, por lo cual la investigación se concentró en fuentes primarias. Se utilizó una metodología cualitativa y un método histórico. Para observar las narrativas sobre víctimas y victimarios de cada periodo fueron particularmente útiles el análisis del discurso histórico y la historia conceptual.

Durante la primera fase de la investigación se realizó un barrido de la literatura relevante para entender el contexto y la generalidad del proceso político del país, especialmente la violencia, el conflicto armado y los distintos procesos de paz. También fue fundamental la revisión de literatura teórica sobre las políticas públicas y políticas de memoria y reparación.

La segunda fase consistió en el trabajo de archivo y búsqueda de fuentes documentales. Para la revisión de la prensa nacional se acudió a la hemeroteca de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Allí se revisaron los periódicos El Tiempo y El Espectador, los de mayor difusión en el periodo, y para obtener una mirada alternativa y de los movimientos sociales se consultó el semanario Voz Proletaria y la revista Alternativa. También se revisaron los Anales del Congreso en el Archivo del Congreso de la República, donde se ubicaron los debates en los que se discutieron temas sobre las víctimas, la memoria y la violencia. En el Archivo General de la Nación se revisaron los fondos presidenciales, en particular los documentos y los informes sobre violencia, así como los archivos de las oficinas de rehabilitación.

Las fuentes internacionales se rastrearon en los archivos digitales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se analizaron las convenciones internacionales de derechos humanos y su introducción a la legislación colombiana. También se hizo una búsqueda en la Benson Latin American Collection, University of Texas Libraries, en la Universidad de Texas, en Austin. Estas fuentes fueron fundamentales para el análisis de las redes transnacionales de derechos humanas de y hacia Colombia, las cuales se referencian en el capítulo 4.

Una tercera fase de la investigación fue la crítica de fuentes externa e interna. Se agruparon las distintas políticas revisadas para conformar una periodización temporal, en la cual también se estructuraron los capítulos. En esta fase se registraron sistemáticamente los debates y la legislación sobre políticas públicas de la memoria y reparación en Colombia.

Durante una cuarta fase se realizó el análisis de fuentes, se propusieron y se aplicaron categorías y ejes analíticos, y se identificó a los actores en cada periodo. En una quinta fase se llevó a cabo la síntesis y la integración de la narración histórica, misma que contempló la discusión y la redacción de los argumentos de los capítulos y las conclusiones.

Los cinco capítulos que integran el presente texto corresponden con los periodos cronológicos en los cuales existieron cambios fundamentales respecto de la manera de concebir los tipos de violencia, las políticas sobre las víctimas, la reparación, y los gobiernos nacionales. En este sentido, esta historia de las políticas de reparación y memoria quiere destacar que se trató de un proceso no progresivo; esto es, existieron etapas definidas por la forma en que se consolidaron una definición y acciones hacia las víctimas y los victimarios, durante las cuales participaron numerosos actores con diferentes capacidades de incidencia. En otras palabras, el proceso de la construcción de los afectados por la violencia como un problema público en Colombia a lo largo del siglo XX, y las consiguientes políticas de memoria y reparación, tuvieron implicaciones distintas en cada periodo.

Cabe destacar que el interés de la investigación fue abordar los hechos relacionados con la política de memoria durante los años de violencias desde sus propias transformaciones. Lejos de valorar como positivo o negativo dicho proceso, nos interesó dilucidar sus distintas fases y sus construcciones históricas. Ciertamente, nos encontramos ante un panorama de distintos niveles de negociación entre Estado y sociedad civil, donde las organizaciones no gubernamentales (ONG) desempeñaron un papel clave. Si bien en algunos capítulos nos concentramos en la voz y la acción de algunos de estos actores, resaltamos que todo el tiempo hubo una constante interrelación entre ellos. Adicionalmente, en Colombia muchos de los referidos roles se imbricaron; por ejemplo, los defensores de derechos humanos también son, o fueron, académicos, políticos o abogados, y algunas veces víctimas.

Dicho lo anterior, el primer capítulo corresponde al marco teórico y conceptual de la investigación. El segundo capitulo explora las distintas formas de reparación que otorgó el Estado entre 1946 y 1953. En especifico, se reconstruye el proceso mediante el cual se debatió y se realizó la reparación a las personas afectadas en el primer periodo de la Violencia Bipartidista, que se caracterizó por el enfrentamiento entre los partidos liberal y conservador. Tan pronto como en 1948 identificamos un momento inicial de surgimiento del tema como problema público, ¿qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? Ésta era una pregunta sin respuestas claras, por lo que el protagonismo lo tuvo el Poder Ejecutivo, quien ordenó créditos hipotecarios, préstamos y exenciones de impuestos a los afectados.

Entre 1948 y 1950 se publicó una serie de decretos extraordinarios al respecto, legislados de manera nacional, pero que se implementaron fundamentalmente en Bogotá y generaron una nueva institucionalidad; por ejemplo, la Junta Informadora, la Junta de Reconstrucción y el Sistema de Socorro Nacional. El segundo capítulo está dividido en cinco apartados. El primero revisa la conformación de la Junta Informadora de Daños y Perjuicios y las indemnizaciones entregadas. En el segundo se comentan los decretos para los comerciantes y los propietarios afectados. En el tercero, los créditos financieros entregados por el Estado. En el cuarto se abordan los debates en el Congreso sobre la propuesta de una ley general de reparación. Mientras que el quinto y último apartado trata sobre la ayuda humanitaria, en particular el trabajo de la Cruz Roja Colombiana y la promulgación de una Ley de Socorro Nacional.

En el tercer capítulo analizamos el periodo que va de 1953 a 1965, que incluye la corta dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y los inicios del Frente Nacional, así como el acuerdo entre los partidos políticos liberal y conservador para compartir y alternar en el ejercicio del poder durante un periodo inicial de 12 años, prolongado a 16, como pacto para poner fin a la Violencia Bipartidista. Durante estos años se implementó una política de rehabilitación más amplia, la cual osciló entre prácticas humanitarias, higienistas y desarrollistas. Es perceptible una legislación más ordenada y general que se refiere a una política de Estado de pacificación a través de la “Rehabilitación y el Socorro”, dando a la “violencia” un tratamiento similar al de los desastres naturales. De hecho, las organizaciones que se crearon para atender esta tarea estaban inspiradas en la idea de la “defensa civil”. En este periodo identificamos dos instituciones del gobierno que desempeñaron un papel destacado en estas políticas. Por un lado, la Secretaría de Acción Social, inspirada en la caridad cristiana, la cual atendió a huérfanos, madres, ancianos y “exiliados” por la violencia, mezclando la reparación de víctimas de la violencia con la beneficencia tradicional de la Iglesia. Por otro lado, se creó la Oficina Nacional de Rehabilitación, en la cual la “rehabilitación” fue entendida como construcción de escuelas, carreteras, infraestructura, hospitales en zonas donde la violencia no cesaba, y, al mismo tiempo, como una manera de “pacificar” a los actores armados de estas regiones.

El cuarto capítulo aborda el periodo de 1965 a 1978, durante el cual coincidieron varios fenómenos sociales y políticos directamente relacionados con el debate sobre la memoria y la reparación a las víctimas de violencia política. Entre ellos debemos destacar: 1) el surgimiento y crecimiento de las guerrillas contemporáneas; 2) las elecciones de 1970, las cuales fueron un parteaguas histórico del Frente Nacional; 3) el fortalecimiento de la oposición parlamentaria y de los movimientos sociales, y 4) las repetitivas y constantes declaraciones de Estados de excepción que permitían al gobierno el uso de políticas represivas y de justicia penal militar para juzgar a civiles. En la década de 1970 hubo un aumento de la denuncia política de “represión” hacia grupos de izquierda y contra la bancada de oposición, quienes visibilizan ciertas víctimas a las que consideraban “mártires” de la violencia de Estado.

En los inicios de la década de 1970 existió una constante denuncia política sobre víctimas de tortura y detenidos políticos, la cual en repetidas ocasiones llegó a un escenario fundamental de construcción de políticas públicas, como era el Congreso. Hallamos 26 debates y denuncias presentadas por el “bloque de oposición” al gobierno nacional, que tuvieron efectos en la manera de narrar la violencia política y las acciones del gobierno. Estos debates evidencian gran parte de las discusiones del periodo: ¿se trataba de “víctimas” o de “mártires”? ¿El Estado tenía una obligación de reparación?

La oposición parlamentaria, el movimiento social y la izquierda hicieron uso del concepto y la idea del “mártir” en sus denuncias y en sus publicaciones, pues éste implicaba una exaltación de las acciones realizadas por los afectados por la violencia. Lo anterior significó que en el periodo haya habido una síntesis entre la narrativa revolucionaria y la narrativa humanitaria, que implicó la introducción del discurso de los derechos humanos y de los tratados internacionales con base en una lectura de la “represión” del Estado.

El quinto capítulo, que aborda el periodo de 1979 a 1991, analiza el surgimiento público de la voz testimonial de la víctima como sujeto político en Colombia. Durante esos años se consolidaron las primeras ONG de derechos humanos y tuvieron lugar los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo. Igualmente, fue el periodo de consolidación de redes transnacionales de derechos humanos, en particular con los grupos de solidaridad internacional y de exiliados, además de la aparición de grupos latinoamericanos de derechos humanos. En las décadas de 1980 y 1990 surgió la voz testimonial de la víctima de manera pública y existió una “tecnificación” de la denuncia, muy influida por la presión internacional y por algunas respuestas iniciales del gobierno, que reconoció parte del problema priorizando a ciertos sujetos y ciertas acciones. Por primera vez aparecía públicamente la figura de la víctima-sobreviviente que narraba los hechos. A lo largo de esa década, la voz testimonial se consolidó en la esfera pública, pero también sufrió transformaciones. Así, de la voz de la víctima “directa” de los torturados-sobrevivientes se transitó a la voz de los familiares de los desaparecidos.

Definimos el año 1991 como un marcador cronológico de cierre de la investigación, debido al cambio constitucional en la década de 1990, cuando se produjeron cambios importantes en la política pública de derechos humanos y de afectaciones por violencia política. En la Constitución de 1991 se consolidó una normatividad jurídica de protección a los derechos humanos y a las víctimas de ser reconocidas como sujetos de derechos. En 1991 se abrió un nuevo periodo para las políticas hacia las víctimas, que recientemente tuvieron hitos fundamentales en el marco legal, como la Ley de Atención al Desplazamiento Forzado (Ley 387 de 1997), la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) y la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Notas

¹ Comisión Nacional de Reparación, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, Bogotá, Centro Nacional de Memoria Histórica , 2013.

² Juan Manuel Santos, palabras del presidente durante la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Bogotá, martes 8 de mayo de 2018, en http://es.presidencia.gov.co/discursos/180508-Palabras-del-Presidente-Juan-Manuel-Santos-durante-la-instalacion-de-la-Comision-para-el-Esclarecimiento-de-la-Verdad-la-Convivenciay-la-No-Repeticion.

³ Elizabeth Jelin, Los trabajos de la memoria. Memorias de la represión 1, Madrid Siglo XXI de España Editores/Social Science Research Council, 2002.

CAPÍTULO 1

PROBLEMA PÚBLICO DE LAS AFECTACIONES POR LA VIOLENCIA Y EL DUELO SOCIAL

En Colombia la violencia ha tenido un gran impacto en la población. En el informe ¡Basta ya!, publicado por el Grupo de Memoria Histórica (GMH) en 2013, se calculaba que durante el conflicto armado “se ha causado la muerte de aproximadamente 220 000 personas entre el 1o de enero de 1958 y el 31 de diciembre de 2012”. En el informe también se referían otras violaciones graves a los derechos humanos:

Al 31 de marzo del 2013, el Registro Único de Víctimas reportó 25 007 desaparecidos, 1 754 víctimas de violencia sexual, 6 421 niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados, y 4 744 046 personas desplazadas. El trabajo de Cifras & Conceptos para el GMH reporta 27 023 secuestros asociados con el conflicto armado entre 1970 y 2010, mientras que el Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas Antipersona, reporta 10 189 víctimas de estos artefactos, entre 1982 y 2012.¹

Además, las cifras anteriores representan apenas una aproximación de lo ocurrido realmente, pues existe un enorme subregistro.

Tanto por el nivel de afectación y daño, como por su participación en los procesos políticos, económicos y sociales, es indiscutible que las víctimas forman una parte fundamental de la realidad histórica de Colombia. Afortunadamente, desde las últimas décadas las voces testimoniales han pasado de los espacios marginales de la sociedad al centro de la escena. Crenzel (2011) relata cómo la voz de las víctimas comenzó a ocupar un lugar preponderante en las narraciones sobre la violencia en toda Latinoamérica, pues:

la condición de víctima de las violaciones a los derechos humanos fue alcanzando una legitimidad pública inédita en la región, por supuesto con matices según cada caso nacional y erigiéndose como una de las voces más autorizadas para tomar la palabra en la escena pública y dar cuenta de los pasados de violencia política, guerra y horror. La prevalencia de estas voces se tradujo en buena parte de los países de América Latina en la incorporación o directamente en la oficialización de la narrativa humanitaria como la clave para relatar e interpretar los procesos de violencia política y guerras civiles.²

Este fenómeno también ha sido descrito por distintos investigadores como una característica internacional del siglo XX. A partir de la década de 1960, particularmente con el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén, el mundo vio la masiva emergencia de testimonios de víctimas de sobrevivientes del exterminio nazi. La historiadora Annette Wieviorka (2006) la ha denominado la era del testigo,³ durante la cual hubo una explosión testimonial mundial que la caracterizaría y que tendría su punto máximo en las décadas de 1980 y 1990; se trata de un presente obsesionado con las voces del pasado. Incluso el investigador Gabriel Gatti (2017) habla de un “mundo de víctimas”, en el que la multiplicidad de éstas es el sujeto central, más que el ciudadano. “El mundo se llenó de víctimas y ocupan ahora el centro: de la vida política, de la mediática, de nuestra economía moral”. En esta investigación seguimos la agenda global propuesta por el autor: “Situar social e históricamente la emergencia de esa figura, pensar su consolidación y analizar tanto las formas de identidad, socialidad y agencia que se ordenan en torno a ellas como los dispositivos (institucionales, redes expertas, oficios) que intervienen en estos procesos”.⁴

En el mundo actual se ha posicionado la “autoridad” de la víctima como una posibilidad de aproximarse a la verdad.⁵ Aparece con fuerza la reflexión sobre la relevancia de las narraciones desde el yo en las tentativas por comprender los procesos sociales. François Hartog reafirma que “el testigo comprendido como portador de memoria se ha vuelto central en nuestro espacio público. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que la centralidad de Auschwitz en la memoria occidental se acrecienta”.⁶

En el siglo XXI en la legislación internacional se consolidó la noción de víctima como sujeto violentado y con derecho a ser reparado. Se trata de un fenómeno relativamente reciente. Resulta apropiado entender e historizar las distintas formas en que se ha definido a las víctimas y su reparación durante la historia. En Colombia, desde el inicio de la Violencia Bipartidista se discutieron las políticas que se debían tomar hacia los afectados por hechos violentos. Las víctimas no pueden homogenizarse en un doliente genérico, universal y permanente; por eso consideramos pertinente observar las formas en que se consolidó y se articuló la idea del afectado por las violencias.

La presente investigación analiza la construcción de la categoría social de víctima en Colombia durante los distintos ciclos de la violencia entre 1946 y 1991. Se propone historizar el surgimiento de la “víctima” (y sus variantes), así como observar los cambios en las formas de su nominación, nombramiento y registro. En este sentido, reconocemos la polisemia de la categoría con respecto al contexto nacional y las dinámicas de la violencia, así como con la forma como ésta se interpretaba y se narraba. Pretendemos salir del modelo universal del doliente para caracterizar a las personas afectadas en cada periodo según el tipo de violencia que experimentaron, su contexto y sus acciones. También nos proponemos analizar al sujeto afectado por la violencia en los discursos gubernamentales, en los pronunciamientos sobre el impacto de la violencia y en el conflicto armado. En cada periodo estudiado tomamos en cuenta las múltiples variables con las que se identificó a las víctimas tanto colectivas (damnificados, exiliados, desaparecidos y mártires) como individuales (personas con nombre y apellido).

Algunas preguntas que surgieron a lo largo de la investigación fueron las siguientes: ¿De qué manera el afectado por la violencia se volvió de interés de la política estatal? ¿Qué acciones se debían tomar respecto de los “damnificados” por la violencia? ¿Cómo se llegó al consenso sobre la intervención del Estado frente a estas afectaciones con políticas de asistencia y de reparación? ¿Cómo el afectado por la violencia se transformó en víctima sujeto de intervención política, administrativa y judicial? Para responder estas preguntas observamos el proceso que condujo a que el Estado considerara necesario y legítimo intervenir, por el cual los “afectados” se empiezan a considerar un problema público sobre el cual hay que legislar. Descubrimos varios momentos de construcción del tema como problema y de acciones de los distintos gobiernos en relación con las víctimas. Las personas afectadas por la violencia se fueron transformando en sujetos de intervención política y administrativa. Finalmente, analizamos los procesos de negociación y contenciosos alrededor de la caracterización de la víctima y su reparación.

Las preguntas centrales que guiaron la investigación fueron las siguientes:

¿Cuál fue el proceso de inclusión de las víctimas de violencia política como problema público en Colombia entre 1946 y 1991? ¿Cómo ocurrió el proceso de negociación de las políticas públicas hacia los afectados por la violencia entre el Estado, los actores internacionales y la sociedad civil?

¿Cómo se transformó la definición del sujeto afectado, es decir, de quien se consideraba víctima en cada periodo? ¿Qué sujetos tuvieron un “duelo social” y un reconocimiento como objeto de política pública?

¿Qué impacto tuvieron las variaciones y las disputas por las memorias y las narraciones de la violencia de cada periodo en las “escalas del duelo” y en el reconocimiento de las víctimas? ¿Cuáles fueron los periodos de narración de la violencia y de las políticas de memoria y reparación? ¿Cómo se gestionó y se interpretó histórica, social y políticamente el pasado violento y los sujetos afectados?

Las víctimas como problema público y objeto de políticas públicas

Nos interesa analizar la génesis de la víctima desde la perspectiva del análisis de los problemas públicos. Existen dos grandes vertientes teóricas de los problemas públicos que pueden aportar al estudio de nuestro problema de investigación: una es la sociología de los problemas públicos, y otra, el problema público en el ciclo de la política pública.

La sociología de los problemas públicos, poco abordada en Latinoamérica, surge particularmente en Estados Unidos en la década de 1960. Se trata de una perspectiva propuesta para analizar cómo se consolidan los problemas públicos. Algunos académicos de la Escuela de Chicago señalaron que:

la existencia de un problema no es una realidad objetiva sino una producción de grupos sociales, los que en todo caso establecen, a partir de sus propias normas, que un fenómeno es una transgresión y una desviación. Por lo tanto, el proceso a través del cual un suceso es etiquetado como problemático se convertía en el centro del análisis. Bajo la nueva perspectiva, el énfasis era colocado sobre las interacciones de grupos sociales o de individuos, insertos en espacios precisos y buscando influir en las orientaciones, concepciones, controversias, argumentaciones en torno a una situación específica.⁷

Un primer aporte de la sociología de los problemas públicos, pertinente para este trabajo, es la “desnaturalización” de lo que se considera problemático en una sociedad que no se concibe como realidad objetiva, sino como una producción de grupos sociales. En este sentido, el centro de nuestro análisis es el proceso por medio del cual los afectados por la violencia se convirtieron en un problema público reconocido por distintos grupos sociales.

El sociólogo Joseph Gusfield,⁸ pone énfasis en el proceso a través del cual se define un problema en la arena pública en pugna entre grupos sociales e instituciones y sus transformaciones a través del tiempo con base en la ritualización, la escenificación, la persuasión y la retórica. En la agenda pública el problema se define como algo factible de ser transformado o resuelto. Por eso, además de nombrar algo como un problema, se disputa socialmente el camino a seguir para su resolución.

Para Gusfield, un problema público tiene cierta estructura, lo que equivale a sostener que aun si el estudio de las interacciones es importante, también lo es observar cómo se compone una estructura que contiene ideas y acontecimientos, cambiantes, imprecisos y contingentes. Un problema público mantiene siempre tres dimensiones, afirma este autor, cognitiva, moral y normativa. En palabras de Gusfield: utilizo el concepto problema público para designar el proceso a través del cual un hecho se convierte en un asunto de reflexión y de protesta pública y un recurso, así como un objetivo, para la acción pública.⁹

Esta investigación parte de que la construcción de un problema público constituye un proceso de pugna, de negociación y contencioso. Es decir, de disputa en la “arena pública” entre actores sociales, poderes e instituciones, no sólo para su inclusión sino también para su definición y su eventual solución. Descubrimos cómo el campo de los afectados por la violencia se convirtió en susceptible de “acción pública”, de ser “transformado” o “solucionado”. En particular, pueden distinguirse cuatro distintos niveles de pugnas en el proceso de construcción del problema público: a) por el reconocimiento de las víctimas en la arena pública, b) por la misma definición y características impuestas a los reconocidos como afectados, c) por la priorización de ciertos sujetos sobre otros y, d) por las formas de “transformar” o “reparar” el problema.

Otros autores, como Stephen Hilgartner y Charles Bosk, han señalado que existe además una competencia entre problemas por la atención pública. Destacan la disputa por el significado de esos problemas en el interior de diferentes círculos de discusión. Los autores proponen “una lógica de mercado, pensando a la atención pública como un bien escaso y por lo tanto circunscribiendo en buena medida el análisis al estudio de la competencia entre los problemas públicos para lograr captar dicha atención”.¹⁰ Esta perspectiva de análisis de disputa entre problemas públicos se vuelve interesante cuando observamos cómo en el interior del campo de las víctimas existieron disputas por la visibilidad pública de ciertas afectaciones sobre otras; por ejemplo, la tortura o desaparición forzada.

Desde las teorías de la política pública, más propias de la ciencia administrativa, también se han hecho aportes sobre los problemas públicos. Diversos autores consideran la consolidación de un problema público como un primer paso en el ciclo de la política pública. Existen múltiples definiciones de lo que es una política pública. Raúl Velásquez Gavilanes (2010) identifica al menos 26 definiciones distintas, cada una de las cuales tiene un énfasis y proviene de contextos diferentes. Para él, la política pública “es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades con la participación eventual de los particulares y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener”.¹¹

Siguiendo a Luis F. Aguilar, entendemos como política pública “las acciones de gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanzan con eficacia y aun eficiencia; son lo que en términos genéricos puede llamarse política pública”.¹² En esta investigación revisamos las acciones de gobierno que tuvieron como objetivo reconocer y caracterizar a los afectados por la violencia y construir una memoria colectiva y pública. Adicionalmente, reconocemos que las acciones de gobierno tienen una doble dimensión —política y técnica—, un componente normativo y un componente científico-técnico. En ese sentido, pretendemos observar tanto la dimensión política como su desarrollo técnico. Consideramos pertinente analizar las distintas etapas, procedimientos e instituciones involucrados en la política pública, etapas que Aguilar (2010) define desde la consolidación de un tema como problema público, el planteamiento de posibles soluciones, la definición de una política particular y su implementación.¹³

Con base en el enfoque teórico de las políticas públicas se pueden distinguir algunas fases que incluyen: la identificación del problema para la formulación de una política, su adopción, su implementación y su evaluación. Como se verá a lo largo de los capítulos de este libro, para esta investigación nos concentramos únicamente en la primera fase (identificación del problema y formulación de una política). Las otras fases podrían ser objeto de investigaciones posteriores.

Para esta perspectiva de las políticas públicas desde la administración pública, la definición correcta y precisa de los problemas públicos es de gran importancia porque de ella depende la toma de decisiones acertadas. Por eso se propone la tecnificación de la definición de los problemas públicos, pues “el enfoque de la política pública ha caído en una patología que se ha dirigido a saber más cómo se resuelven los problemas y no tanto qué problemas llegan a ser objeto de intervención gubernamental, es decir, se observa un cierto predominio de la ‘receta’ por sobre la enfermedad que se quiere resolver”.¹⁴ Este predominio e interés por la definición “técnica” del problema permite pensar el interés, a partir de la década de 1970, por la definición de las “víctimas” mediante una serie de dispositivos técnico-científicos, sobre los cuales profundizaremos más adelante.

En este marco debemos discutir las políticas publicas de la memoria. En el caso de España, según Paloma Aguilar, este debate inició con las iniciativas de proclamar, en 2006, el Año de la Memoria, y posteriormente, en 2007, con las discusiones del proyecto de Ley de Reconocimiento y Ampliación de Derechos de las Víctimas de la Guerra y de la Dictadura. Se trató de debates políticos importantes en la sociedad nacional, fuertemente mediatizados.¹⁵

Sobre Latinoamérica existen algunos análisis de los casos de Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. En países latinoamericanos que vivieron dictaduras o conflictos armados el diseño de políticas públicas de memoria y reparación a víctimas ha sido extenso. Sin embargo, existe todo un campo de estudio alrededor de las políticas de memoria aún sin explorar. Además del diseño de las políticas públicas y del surgimiento de leyes de la memoria, han sido fundamentales la implementación y el desarrollo de acciones gubernamentales que inciden en la construcción de la memoria de una sociedad.

Una definición de política de memoria, propuesta por Paloma Aguilar, señala que “son todas aquellas iniciativas de carácter público (no necesariamente político) destinadas a difundir o consolidar una determinada interpretación de algún acontecimiento del pasado de gran relevancia para determinados grupos sociales o políticos, o para el conjunto de un país”.¹⁶ Adicionalmente, según Carmen González, Alexandra Barahona y Paloma Aguilar, “la política de la memoria consiste en dos cosas. Estrictamente concebida, se refiere a las políticas diseñadas para lidiar con el pasado en la transición (memoria oficial o pública); de manera más amplia, trata de cómo la sociedad interpreta y se apropia de su pasado (memoria social)”.¹⁷ Las políticas recopiladas en esta investigación tienen estas dos características; es decir, hacen referencia al carácter público y político de la narración del pasado y ponen énfasis en el cierre de pasados violentos.

Como señala Ricard Vinyes,¹⁸ una de las funciones de la política de memoria consiste en garantizar el acceso de la ciudadanía a la confección de la memoria pública y resalta el carácter participativo y público que debe tener. Por lo tanto, nos interesa abordar las políticas de la memoria como una forma de observar las relaciones Estado-sociedad. Los actores que consideramos partes de este proceso son las organizaciones de víctimas, la academia, los partidos políticos, entre otros.

En lo que se refiere a las políticas de reparación, éstas se definen como las políticas públicas diseñadas para resolver los impactos de la violencia sobre sus afectados directos. Actualmente existen unos “lineamientos principales para una política de reparación” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¹⁹ La mayor parte de la literatura académica reciente define cuatro componentes de la reparación: la compensación, la satisfacción, la rehabilitación y las garantías de no repetición. En este trabajo observamos las distintas políticas de reparación antes de que se consolidaran esas disposiciones, esto es, el proceso anterior a la normativa actual.

Existe además una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación. Las medidas de satisfacción de la reparación individual de las víctimas se refieren justamente a medidas simbólicas que incluyen la difusión de la memoria, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas.

Con base en la literatura de las políticas públicas se analiza el paso de una situación problemática a la definición de un problema que entra en la agenda gubernamental. Por eso se hace énfasis en la agenda gubernamental y no en la agenda pública general. Roger Cobb y Charles Elder definen los problemas públicos de la agenda gubernamental como los asuntos que están dentro de la jurisdicción legítima de la autoridad gubernamental existente.²⁰ Por otra parte, Luis Aguilar define la agenda gubernamental o institucional como “el conjunto de asuntos explícitamente aceptados para consideración seria y activa por parte de los encargados de tomar las decisiones”.²¹ En este sentido, los especialistas se interesan por los problemas públicos que son tratables o modificables para un gobierno de acuerdo con los recursos disponibles. Desde esta perspectiva, el problema se define según los recursos y las capacidades disponibles para su resolución.²²

Sobre lo anterior, resulta interesante observar cómo en la actualidad el campo de las víctimas se define justamente en relación con la acción para su “solución”; por eso se ha impuesto la misma idea de víctima como sujeto de reparación, rehabilitación y/o compensación por parte del Estado. Entonces, el problema se define justamente con base en las eventuales acciones gubernamentales y en los recursos disponibles para su atención. En vista de ello, en esta investigación nos concentramos en las políticas estatales que normativizaron la categoría de víctima. Las políticas de reparación se definen como políticas diseñadas para resolver los impactos de la violencia en los afectados directos.

La emergencia del sujeto víctima plantea un proceso de negociación y políticas de contención entre los actores sociales y el Estado. Particularmente, el Estado desempeña un papel fundamental en la normativización y el sujeto víctima deriva de la acción estatal: “¿Cómo y de qué manera son ‘capturadas’ [las víctimas] por el Estado? ¿Cómo interviene éste para abordarlas, clasificarlas, medirlas y con quién compite en términos de una diferenciación conceptual, semántica?”²³ Mediante estos procesos y procedimientos surge una identidad, derivada del Estado, tanto por la responsabilidad directa o indirecta en la causa victimizante, como porque interviene y normativiza su constitución y, finalmente, determina la producción de subjetividades.²⁴

En este estudio mostramos las rupturas y las continuidades en el proceso histórico de las políticas de reparación con base en las definiciones de víctima y victimario, de los actores nacionales e internacionales y del Estado. Proponemos abordar esas políticas como procesos que resultan de la interacción entre los distintos actores sociales. Comprendemos a la “víctima” como un sujeto con agencia, que actúa para ser reconocido y no sólo como un sujeto pasivo y sufriente, consecuencia de estructuras externas, del momento victimizante, o mero receptor de reparación y de intervenciones.

También observamos las formas de organización, acción, resistencia, articulación, e incluso de acción colectiva de las víctimas, así como la consolidación de “comunidades de dolor” y vinculación con ONG y redes transnacionales. Respecto de estas últimas, exploramos las definiciones de redes transnacionales de derechos humanos en el contexto internacional, particularmente las sugeridas por Kathryn Sikkink en distintos trabajos. Margaret Keck y Kathryn Sikkink estudian la emergencia internacional de las redes, cuya consolidación y mayor incidencia ubican entre 1968 y 1993.²⁵ Esas redes, caracterizadas por multiplicar las voces locales en la arena internacional —las cuales son suprimidas en la política interna— pueden redefinir los debates nacionales e internacionales, así como a sus participantes. Su novedad radica en la capacidad de movilizar información que les permite persuadir, presionar o ganar influencia sobre organizaciones y gobiernos. Sus activistas precisamente intentan influir en los resultados de las políticas públicas y transformar los términos y la naturaleza del debate. En el caso colombiano, las redes transnacionales se potenciaron desde finales de la década de 1970.

En el caso de las redes de Latinoamérica, han sido provechosas para la investigación las reflexiones de Vania Markarian²⁶ y Emilio Crenzel²⁷ sobre la expansión del movimiento de los derechos humanos a escala continental, su efecto conjunto en América y el traslado de la lógica revolucionaria a las razones humanitarias de la izquierda del Cono Sur. Markarian y Crenzel señalan que en todo el continente se produjo un cambio del lenguaje de la izquierda a uno centrado en los derechos humanos con el posicionamiento de la víctima y las comisiones de la verdad.

Escalas del duelo y duelo social

La consolidación del tema de las víctimas como problema público implicó la priorización de ciertas víctimas sobre otras. Mientras que unas obtuvieron reparaciones, o fueron objeto de políticas públicas, otras permanecieron invisibles. Para analizar este fenómeno parecen pertinentes los conceptos de “escalas del duelo” y “duelo social”, pues permiten abordar cómo las víctimas se convierten en problema público, es decir, sujetos afectados que tienen un duelo social público y se reconocen como pérdidas sociales.

A lo largo de esta investigación descubrimos que en cada periodo hubo distintas víctimas de violaciones de derechos humanos que protagonizaron la demanda de reconocimiento. En cada etapa, que analizamos por capítulos, diversas afectaciones protagonizan y se posicionan en la agenda pública; por eso definimos las caracterizaciones de cada tipo de víctima (desplazados, torturados, sujetos de genocidio, desaparecidos, mártires, objetos de homicidio político). Proponemos observar estas transformaciones en el sentido propuesto por Judith Butler²⁸ (2006) de la “escala de duelos” y de la construcción de una jerarquía de las víctimas, pues mientras unas fueron muertes que no dejaron huella, otras se consideraron pérdidas significativas.

Las escalas del duelo de Butler, o la posibilidad de duelo público, define lo que se tiene en cuenta públicamente como una pérdida. A lo largo de los siguientes capítulos veremos cómo en los distintos periodos algunas pérdidas humanas y materiales fueron consideradas importantes para el Estado y para las cuáles se diseñaron políticas de reparación, sin reconocer a otras. En nuestro caso, más que una escala del duelo, hablamos de una escala de la pérdida y el daño, que conlleva la posibilidad de una reparación.

El duelo social se elabora a partir de la noción de haber perdido algo: se trata del sufrimiento de una pérdida. Butler señala que “si el duelo supone saber que algo se perdió (y, en cierta manera, la melancolía significa originalmente no saberlo), entonces el duelo continuaría a causa de su dimensión enigmática, a causa de la experiencia de no saber incitada por una pérdida que no terminamos de comprender”. El duelo social también permite reconstruir cómo funciona una comunidad política:

Mucha gente piensa que un duelo es algo privado, que nos devuelve a una situación solitaria y que, en este sentido, despolitiza. Pero creo que el duelo permite elaborar en forma compleja el sentido de una comunidad política, comenzando por poner en primer plano los lazos que cualquier teoría sobre nuestra dependencia fundamental y nuestra responsabilidad ética necesita pensar. Si mi destino no es ni original ni finalmente separable del tuyo, entonces el “nosotros” está atravesado por una correlatividad a la que no podemos oponernos con facilidad; o que más bien podemos discutir, pero estaríamos negando algo fundamental acerca de las condiciones sociales que nos constituyen.²⁹

En este estudio entendemos el duelo social como una continuidad de la comunidad política, puesto que en el duelo se pueden observar las estructuras sociales. Las formas de reconocimiento del duelo, de la pérdida, responden a las estructuras de las sociedades de los vivos. Descubrimos que, además de las víctimas de homicidio por violencia política, otros tipos de víctimas también tuvieron un duelo social; por ejemplo, los propietarios y los comerciantes que sufrieron pérdidas patrimoniales, que fueron reconocidos por el Estado colombiano durante la Violencia Bipartidista, así como los torturados y los familiares de los desaparecidos políticos. Fueron sujetos que tuvieron derecho a la manifestación pública de la pena y la pérdida. En este sentido, los obituarios y los duelos públicos refieren vidas dignas de atención y de recordación. Butler señala:

Si tuvieran su obituario tendrían que haber sido vidas, vidas dignas de atención, vidas que valiera la pena preservar, vidas que merecieran reconocimiento. Aunque podría argumentarse que no sería práctico escribir obituarios para toda esta gente, o para toda la gente, pienso que tenemos que preguntar una y otra vez cómo funciona el obituario como instrumento por el cual se distribuye públicamente el duelo. Se trata del medio por el cual una vida se convierte en —o bien deja de ser—una vida para recordar con dolor, un icono de autorreconocimiento para la identidad nacional; el medio por el cual una vida llama la atención. Así, tenemos que considerar el obituario como un acto de construcción de la nación. No es una cuestión simple, porque si el fin de una vida no produce dolor, no se trata de una vida, no califica como vida y no tiene ningún valor. Constituye ya lo que no merece sepultura, sino lo insepultable mismo.³⁰

Como refiere Butler, el duelo social es parte de la construcción de la nación. En este libro nos preguntamos entonces por el reconocimiento a las víctimas en la construcción de la nación colombiana contemporánea. Las muertes que tienen duelo social son de las víctimas integradas en la comunidad política, mientras que otras pérdidas no cuentan ni son recordadas; más bien son silenciadas, anónimas y sin rostro. Son muertes que no dejan huella, que desparecen del discurso público. Estas muertes sin huella, sin derecho a duelo social, también hablan de la violencia que las afecta:

¿Cuál es la relación entre la violencia por la que estas vidas que no valen la pena se han perdido y la prohibición de su duelo público? ¿La prohibición del duelo es la continuación de la violencia? ¿Y la prohibición del duelo exige un control más riguroso de la reproducción de imágenes y palabras? ¿Cómo surge la prohibición del duelo como limitación de la representabilidad, de modo que nuestra melancolía nacional pueda encajar en el marco de lo que puede ser dicho y mostrado?³¹

Podemos decir entonces que hay pérdidas que implican duelos sociales. El duelo, además de un proceso individual y personal, es un fenómeno social, pues es la manera en que las sociedades enfrentan una pérdida. Expresar el dolor en la escena pública implica reconocimiento y valoración social de lo perdido. El reconocimiento del duelo social transita también por proponer soluciones o posibles reparaciones, como inclusión en la legislación nacional. Elsa Blair habla de duelos nacionales y cómo éstos se relacionan,

admitiendo que no es igual “elaborar los duelos” en el caso de los individuos y en el de las naciones; estas últimas tienen, sin embargo, una vida y un discurso públicos y los individuos pueden verse decisivamente influidos por el análisis del pasado que hacen –precisamente en público– sus dirigentes, sus escritores o sus periodistas: una puesta en escena de rituales colectivos de expiación. Es este registro público oficial, asumido por las autoridades políticas o por sus “portavoces” y puesto en la escena pública, el que ayuda a los dolientes a la elaboración subjetiva (individual y privada) del duelo. Un ejemplo claro y relativamente reciente es el reconocimiento de la categoría de desaparecidos en la legislación argentina.³²

El duelo social y la inclusión de los afectados por la violencia como problema público implican una identificación del Estado con un proceso de reparación pública, con el reconocimiento de los derechos de las víctimas y con la propuestas políticas a las demandas sociales de reconocimiento y reparación.

Durante el periodo abordado en nuestra investigación, las organizaciones de afectados por la violencia, los movimientos sociales de víctimas, que luchan por acceder al duelo público, las “comunidades de dolor”, hacen duelos colectivos y luchan por incluirse en el duelo social y público como en la comunidad política nacional. En el caso colombiano, María Teresa Hincapié Uribe sostiene la hipótesis de que en el conflicto y en el duelo por las violencias la sociedad necesita la elaboración del duelo. Plantea preguntas pertinentes para este trabajo:

¿El duelo por las violencias debe ser también un asunto colectivo, público y abierto en el tiempo y en el espacio, mediante el cual los pueblos y las naciones enfrenten los temas trágicos, dramáticos o vergonzosos de su pasado y su presente, para construir sobre bases más firmes las posibilidades de la convivencia social? ¿El duelo social, colectivo y público está dirigido sólo a las víctimas y a los afectados de manera directa por las violencias y las guerras? O, por el contrario, ¿su necesidad atañe también a los que han convivido con ambientes conflictivos y bélicos, en el pasado y en el presente, es decir, al conjunto de la sociedad?³³

Según la autora, el duelo social y colectivo exige reparaciones económicas, pero también políticas, éticas y culturales. Se concentra en cómo el duelo social se tramita “a través de la recuperación de la palabra y la memoria histórica… mediante las cuales las víctimas y las gentes que habitan estos territorios puedan incorporar sus historias personales y familiares, sus dolores privados e individuales, en contextos explicativos más amplios, e interpretar y otorgarle así un sentido a las situaciones trágicas que han vivido”.³⁴ En este sentido, el duelo social está directamente relacionado con las memorias y las narraciones del pasado violento, tema que atraviesa esta investigación.

Sujetos de memoria y narrativas de la violencia

El duelo social está directamente ligado a las disputas por la memoria y la narración de un pasado violento, y relacionado con la visibilidad y la puesta en público de la voz de las víctimas como sujetos de memoria. “Los duelos en las naciones y las sociedades no se satisfacen solamente con el castigo de los culpables, se requiere desatar las memorias atrapadas en la guerra, presentarlas en público y para el público, configurar historias colectivas y llevar a cabo actos de reparación simbólicos, celebración de rituales conmemorativos y disposición de lugares para la memoria.”³⁵

Además, existe una íntima relación entre las políticas de memoria de pasados violentos y las políticas de reparación. El sujeto víctima es primordialmente un sujeto de memoria, protagonista de luchas políticas por la construcción de memoria y de su introducción en la memoria nacional; ahí se enmarcan las medidas de reparación simbólica. Las víctimas son uno de los ejes constitutivos de diferentes prácticas memoriales. Las personas afectadas se transforman en “instituciones de memoria”, que promueven prácticas y acciones referentes a la narración del pasado violento y a la forma como debe ser reparado. Observamos una tensión entre el sujeto víctima y la narración de la violencia que parte desde la cuestión acerca de cómo comunicar la violencia.

La caracterización de la víctima está ligada a la del victimario. En la revisión de fuentes, durante nuestra investigación encontramos el debate sobre quién o qué sería el “victimario” y sobre el reconocimiento de la “violencia política” como contexto del daño, relacionado con las responsabilidades de los partidos políticos y del Estado. Igualmente, muchas veces las víctimas optan por afirmar o definirse a partir de quien consideran su victimario; por ejemplo, “víctima de crímenes de Estado”, “víctima de las FARC” o “víctima de los pájaros” (como se conocía a los bandoleros conservadores en 1950). Esta definición dual de víctimas-victimarios está presente en estos debates de manera constante. La identificación de víctimas y de responsables está íntimamente ligada a la narración del pasado.

Identificamos las narrativas de memoria de la violencia y el conflicto que narran el pasado y ensamblan discursivamente y manufacturan una memoria colectiva y una representación pública del recuerdo. Se trata de marcos de representación en debate que demuestran las tensiones políticas y sociales frente al “sentido del pasado”. También evidencian una serie de violencias mal tramitadas, de memorias vivas y vividas sin cierres temporales, las cuales persisten.

En las últimas décadas el concepto de memoria ha sido ampliamente utilizado con diversidad de significados. La academia y una parte de la opinión pública lo evocan con multiplicidad de usos y sin suficientes reflexiones, fenómeno que se ha denominado como “boom de la memoria” y “obsesión memorial”.³⁶ Este boom memorístico no sólo tiene expresiones con base en la disciplina histórica, sino también en la antropología, la sociología, la ciencia política y también en las ciencias sociales y políticas. En particular, en las sociedades que han padecido procesos de conflicto o de transiciones democráticas existe un debate político sobre la memoria y un interés por evocar y revisar el pasado.

Un punto de partida necesario son los estudios pioneros de la memoria de Maurice Halbwachs, quien asevera que la memoria siempre es colectiva, pues depende de los grupos sociales en un espacio.³⁷ En nuestro caso, se trata de ver cómo las narrativas de la violencia consolidan unas víctimas que se recuerdan colectivamente, obteniendo reconocimiento social y posibilidades de reparación.

Muchos autores reconocen la relación que existe entre la construcción de la memoria y el poder. Cuando se utiliza el concepto de “memoria oficial”, justamente se hace referencia a la memoria construida desde el Estado y con una intención política particular. Igualmente, cuando se alude a las disputas por la memoria y a la imposición de una memoria sobre otras, se habla sobre cuál prevalece al final. Entonces, la pregunta clave sería respecto de la correlación de las fuerzas políticas en la construcción de memoria y, por lo tanto, en los debates del Estado-nación y las exclusiones que construyen, pues en la manera en que se construyen las memorias hay motivaciones políticas que se disputan la apropiación del pasado.³⁸ En este proyecto observamos las disputas por dar sentido y narrar el pasado del conflicto colombiano en los distintos momentos del periodo analizado. Permanece implícita la existencia de memorias no oficiales, esto es, las de los grupos subalternos. Cabría preguntarse entonces por la relación que existiría entre la memoria nacional y las memorias de grupos usualmente aislados del poder. “La pluralidad de memorias colectivas, en tanto existe una pluralidad de grupos de referencia, trae consigo una cuestión de gran interés, y es que el problema de la memoria es también un problema de poder social.”³⁹ La lucha de distintos sectores subalternos ha sido por ser incluidos en la historia nacional y, por lo tanto, en la memoria oficial. Parte de la disputa por los derechos de grupos de víctimas fue precisamente por tener un pasado reconocido, el cual había sido excluido de la memoria nacional.

Existe una relación entre memoria y olvido, pues no puede haber memoria sin olvido. Autores como Yosef Yerushalmi⁴⁰ y Paul Ricoeur⁴¹ han abordado esta relación. Al igual que la memoria, el olvido también es una acción social. Se trata de dos procesos paralelos, interdependientes y simbióticos. Ahora bien, vale la pena entender que el olvido tampoco es homogéneo, que existen distintos tipos de olvido y su diferencia con la amnesia. En este sentido, es importante reflexionar sobre la obligación de recordar y acerca de la posibilidad de olvidar, debido a que el olvido no siempre implica imposición: también es voluntario. ¿Las políticas de la memoria podrían ser entendidas como una exigencia de memoria? ¿Puede el olvido ser también una opción? ¿Tiene la sociedad el compromiso de recordar?

Félix Vázquez (2001) plantea que debemos entender la memoria como una acción social y examinarla como un nexo relacional.⁴² Según este autor, la memoria sería un conjunto de prácticas discursivas y comunicativas que le otorgan su valor y su significado, además de otros lugares y artefactos que la contienen. Mario Rufer señala que “las acciones de memoria enuncian siempre su compromiso situacional: con una causa política, con la violencia impune. Recuerdan sujetos enmarcados en tramas de vida, entrampados en las palabras y en su propio tiempo, y desde ahí hacen memoria y tiempo”.⁴³ En estas acciones, las víctimas como sujetos de memoria actuarían con base en el compromiso situacional. Según Rita Laura Segato,⁴⁴ en el proceso de construcción de alteridades hay un interés por la continuidad del pasado, es decir, por la memoria como puente entre pasado, presente y futuro. Las víctimas justamente representarían ese puente.

La comunidad política y el Estado son escenarios de la memoria y del duelo social, en el sentido de que representan un lugar donde se construyen y se reconstruyen las identidades y, por lo tanto, también la memoria. Al mismo tiempo, el Estado-nación es forjador de posibilidades de reparación o de rehabilitación. La nación imaginada tiene un pie en las identidades nacionales,⁴⁵ las cuales se consolidan con base en un pasado común, una memoria de hechos que consideran relevantes en su identidad. ¿Cómo se incluye la narración del conflicto y sus víctimas en el pasado nacional común?

Notas

¹ Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, ¡Basta ya! Colombia: Colombia: memorias de guerra y dignidad pp. 31-33.

² Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Chile, Lom Ediciones/Fundación Henry Dunant, 2011, p. 64.

³ Annette Wieviorka, The Era of the Witness, Ithaca, Cornell University Press, 2006.

⁴ Gabriel Gatti, Un mundo de víctimas, Barcelona, Anthropos, 2017, p. 13.

⁵ Débora Cerio, “El resto del pasado. Historia, memoria y testimonio en la perspectiva de Giorgio Agamben”, ponencia, I Jornadas de Historia Reciente del Noroeste Argentino, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, “Memoria, fuentes orales y ciencias sociales”, 2010.

⁶ François Hartog, “El testigo y el historiador”, Estudios Sociales, núm. 21, 2001, pp. 9-28.

⁷ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, Acta Sociológica, núm. 55, 2011, p. 140.

⁸ Joseph R. Gusfield, La cultura de los problemas públicos: el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, Buenos Aires, Siglo XXI, 2014.

⁹ Alicia Márquez Murrieta, “Cartografía de una concepción pragmatista de los problemas públicos”, p. 142.

¹⁰ Ibid., p. 147.

¹¹ Raúl Velásquez Gavilanes, “Hacia una nueva definición del concepto ‘política pública’ “, Desafíos vol. 20, núm. 0, 19 de marzo de 2010, pp. 149-187, especialmente p. 156.

¹² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, México, Siglo XXI Editores, 2010, especialmente p. 7.

¹³ Idem.

¹⁴ Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, Cuadernos de Administración, vol. 20, núm. 33, 2007, pp. 323-335.

¹⁵ Paloma Aguilar Fernández, Políticas de la memoria y memorias de la política: el caso español en perspectiva comparada, Madrid, Alianza, 2008.

¹⁶ Ibid., p. 53.

¹⁷ Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández y Carmen González-Enríquez, Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias, Madrid, Istmo, 2002, p. 69.

¹⁸ Ricard Vinyes, El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, Barcelona, RBA, 2009.

¹⁹ OEA-CIDH, Lineamientos principales para una política integral de reparaciones, OEA/Ser/L/V/II.131, 19 de febrero de 2008.

²⁰ Cit. en Egon Montecinos, “Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un problema público”, p. 329.

²¹ Charles D. Elder et al., Problemas públicos y agenda de gobierno, México, Miguel Ángel Porrúa, 1996.

²² Luis F. Aguilar Villanueva, Política pública, op.cit.

²³ Yomaira García Acuña, “Las víctimas del conflicto armado en Colombia frente a la ley de víctimas y otros escenarios de construcción de memorias: una mirada desde Foucault”, Justicia Juris, vol. 8, núm. 2, 2012, p. 78.

²⁴ Enver Duván Vargas Murcia, “Una genealogía de los sujetos víctima y desplazado en Colombia”, tesis de maestría, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2017.

²⁵ Margaret E. Keck y Kathryn Sikkink, Activists beyond Borders Advocacy Networks in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 2014.

²⁶ Vania Markarian, Left in Transformation Uruguayan Exiles and the Latin American Human Rights Network, 1967-1984, Nueva York, Routledge, 2005.

²⁷ Emilio Crenzel, “Movimiento de derechos humanos en América Latina y políticas de la memoria”, en Ximena Erazo, Gloria Ramírez y Marcia Scantlebury (eds.), Derechos humanos, pedagogía de la memoria y políticas culturales, Santiago de Chile, LOM Ediciones, 2011.

²⁸ Judith Butler, Vida precaria: el poder del duelo y la violencia, Buenos Aires, Paidós, 2006.

²⁹ Ibid., pp. 48-49.

³⁰ Ibid., p. 61.

³¹ Ibid., p. 184.

³² Elsa Blair Trujillo, “Memoria y narrativa: la puesta del dolor en la escena pública”, Estudios Políticos, núm. 2, 2002, pp. 9-28, especialmente p. 13.

³³ María Teresa Hincapié Uribe, “Estado y sociedad frente a las víctimas de la violencia”, Estudios Políticos, núm. 23, 2003, pp. 9-25, especialmente p. 9.

³⁴ Ibid., p. 10.

³⁵ Ibid., p. 21.

³⁶ Enzo Traverso, El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid, Marcial Pons, 2007.

³⁷ Maurice Halbwachs, Los marcos sociales de la memoria, España, Anthropos, 2004.

³⁸ Tzvetan Todorov, Memorias del mal, tentaciones del bien: indagación sobre el siglo XX, Barcelona, Península, 2002.

³⁹ Mauricio Menjívar Ochoa, Ricardo Antonio Argueta y Édgar Solano Muñoz, Historia y memoria: perspectivas teóricas y metodológicas, Costa Rica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 2005, p. 12.

⁴⁰ Yosef Yerushalmi, “Reflexiones sobre el olvido”, en Yosef Yerushalmi et al. (eds.), Usos del olvido, Buenos Aires, Nueva Visión, 1998, pp. 13-26.

⁴¹ Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004.

⁴² Félix Vázquez, La memoria como acción social. Relaciones, significados e imaginario, Barcelona, Paidós, 2001.

⁴³ Mario Rufer, “Nación y condición poscolonial: sobre memoria y exclusión en los usos del pasado”, en Karina Andrea Bidaseca (ed.), Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente, Buenos Aires, Unsam/CLACSO/IDAES, 2016.

⁴⁴ Rita Laura Segato, “Identidades políticas/alteridades históricas: una crítica a las certezas del pluralismo global”, Runa. Archivo para las Ciencias del Hombre, núm. 23, 2002, pp. 239-275.

⁴⁵ Benedict Anderson, Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

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