Por el derecho a comprender

Lenguaje claro

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Ciencias Sociales y Humanidades

Colección

DERECHO Y SOCIEDAD

Director

Libardo José Ariza Higuera

Universidad de los Andes / Facultad de Derecho

Bogotá, Colombia

Por el derecho a comprender

Lenguaje claro

Betsy Perafàn Liévano

Editora académica

Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia

Por el derecho a comprender : lenguaje claro / editora académica, Betsy Perafán Liévano -- Bogotá :

Universidad de los Andes : Siglo del Hombre Editores, 2021.

(Biblioteca universitaria. Ciencias sociales y humanidades). -- (Derecho y sociedad / director Libardo José Ariza Higuera)

Incluye datos de los autores. -- Contiene bibliografía al final de cada capítulo.

ISBN 978-958-665-663-4 (impreso) -- 978-958-665-665-8 (e-Pub) -- 978-958-665-664-1 (digital)

1. Lenguaje jurídico 2. Argumentación jurídica I. Perafán Liévano, Betsy, ed. II. Serie

CDD: 340.14 ed. 23

CO-BoBN– a1073844

© Leonardo Altamirano, Julio Alexander Bernal Chávez, Daniel Eduardo Bejarano

Bejarano, Germán Jair Arenas Arias, Mónica Andrea Rosero Latorre, Carolina

Moreno V., Henrik López Sterup, Brigitte Marcela Quintero Galeano, Claudia

Poblete Olmedo, Alexánder Arbey Sánchez Upegui, Sonia López Franco, Paulina

Yepes Villegas, Betsy Perafán Liévano, Anamaría Rodríguez Peñaloza, Jeffrey Molina

Quiroz, Alejandra Bonivento Martínez y Claudia Lorena Escandón Lozano

La presente edición, 2021

© Siglo del Hombre Editores

Cra. 31A n.° 25B-50, Bogotá, D. C.

PBX: 337 77 00

http://libreriasiglo.com

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Imagen de carátula

Hacia la luz

Martha Inés Peña Delgado

Diseño de carátula

Gloria Díazgranados

Diseño de la colección y armada electrónica

Ángel David Reyes Durán

ISBN: 978-958-665-663-4

ISBN PDF: 978-958-665-664-1

ISBN EPUB: 978-958-665-665-8

Para citar este libro: http://dx.doi.org/10.15425/2017.367

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

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ÍNDICE

PRÓLOGO

Leonardo Altamirano

PRESENTACIÓN

Betsy Perafán Liévano

LA DEFINICIÓN DE LENGUAJE CLARO A PARTIR DE UNAS BREVES CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS

Daniel Eduardo Bejarano Bejarano

Julio Alexander Bernal Chávez

1. ANTECEDENTES SOBRE EL LENGUAJE CLARO

1.1. Perspectivas actuales para el trabajo en LC

2. LA CARENCIA DE UNA DEFINICIÓN COMÚN

3. BREVE APROXIMACIÓN AL LENGUAJE CLARO DESDE LA LINGÜÍSTICA

3.1. La variación lingüística

3.2. El diasistema

3.3. La comunidad lingüística y la comunidad de habla

3.4. El uso del lenguaje frente a la norma lingüística

3.5. Propuestas de definición

3.6. La definición desde la perspectiva textual

3.7. La definición desde la perspectiva oral y comunicativa

3.8. Propuesta unificada de definición del lenguaje claro

4. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE CLARO. MOVIMIENTO INTERNACIONAL Y EL PROYECTO LATINOAMERICANO

Germán J. Arenas Arias

1. PRECAUCIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

2. EL “MOVIMIENTO” DEL LENGUAJE CLARO (MLC)

3. HITOS, BENEFICIOS Y PROBLEMAS DEL MLC

4. EL MLC COMO MOVIMIENTO

5. UN “PROYECTO” DE LENGUAJE CLARO LATINOAMERICANO

6. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

EL LENGUAJE CLARO COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL

Mónica Andrea Rosero Latorre

1. CONTEXTUALIZACIÓN: ACERCA DEL LENGUAJE CLARO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

2. LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL “LENGUAJE OSCURO”: EL CASO DEL ACUERDO DE PAZ Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

3. LA DISCRIMINACIÓN INVISIBLE CAUSADA POR EL LENGUAJE DE DIFÍCIL COMPRENSIÓN, QUE SE ASIMILA CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TICS)

4. EL LENGUAJE CLARO COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR INTERVENCIONES EFECTIVAS QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN SOCIAL

5. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE CLARO: UNA APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN EN LA INTERACCIÓN CON LAS AUTORIDADES

Carolina Moreno V.

1. LENGUAJE CLARO: ¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

2. EL LENGUAJE CLARO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

3. EL LENGUAJE CLARO Y LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO

4. CONCLUSIÓN

BIBLIOGRAFÍA

EL LENGUAJE CLARO Y LA RELACIÓN ABOGADO, CLIENTE Y TERCEROS

Henrik López Sterup

1. EL LENGUAJE JURÍDICO Y EL LENGUAJE CLARO

2. LA RELACIÓN ABOGADO-CLIENTE Y SUS IMPLICACIONES

3. LOS SERVICIOS JURÍDICOS EN COLOMBIA Y EL DERECHO DEL CONSUMO

4. LA RELACIÓN CLIENTE-ABOGADO Y TERCEROS

5. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LA RELACIÓN ENTRE ESTADO Y LENGUA A LO LARGO DE LA HISTORIA DE COLOMBIA

Daniel Eduardo Bejarano Bejarano

Julio Alexander Bernal Chávez

1. LA RELACIÓN ENTRE LENGUA Y ESTADO EN LOS SIGLOS XIX Y XX

2. LOS AÑOS 30, LA RADIO Y LA UNIDAD NACIONAL

3. LOS AÑOS 60

4. LA BREVE ETAPA DE LOS AÑOS 80 Y LA CONSTITUCIÓN DE 1991

5. LA SITUACIÓN RECIENTE DE LA LENGUA EN EL ESTADO Y EL AUGE DEL LENGUAJE CLARO

6. HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA

7. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE CLARO: RUPTURAS DE MI PUNTO DE VISTA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NOSOTROS

Brigitte Marcela Quintero Galeano

1. ¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS LENGUAJE CLARO?

2. ¿QUÉ NOS QUEDA?

2.1. Algunos aprendizajes del lenguaje claro

2.2. En el lenguaje claro, el otro es un yo

2.3. El lenguaje claro no tiene que ver necesariamente con la simplicidad, sino con la familiaridad

3. EL LENGUAJE CLARO ROMPE LA ZONA DE CONFORT: ES DISRUPTIVO

4. EL LENGUAJE CLARO ES UN ACTO CREATIVO

5. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE JURÍDICO CLARO: PROPUESTA DE ESTÁNDARES PARA LA REDACCIÓN JURÍDICA

Claudia Poblete Olmedo

1. CONCEPTOS PREVIOS

2. ESTÁNDARES DE CLARIDAD PARA UNA REDACCIÓN CLARA

2.1. Elementos versus testeo

2.2. Otras “opciones”

3. IDENTIFICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CLARIDAD DEL LENGUAJE

3.1. Estándares “universales”

3.2. Propuestas de estándares para el español

3.3. Estándares de claridad para la redacción jurídica en español

4. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

APROXIMACIÓN LINGÜÍSTICA PARA EL ANÁLISIS Y ESCRITURA DE GÉNEROS INVESTIGATIVOS

Alexánder Arbey Sánchez Upegui

1. UN ACERCAMIENTO A LA ESCRITURA JURÍDICA Y ACADÉMICA

2. LOS LENGUAJES DE ESPECIALIDAD O TECNOLECTOS

3. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA ESCRITURA JURÍDICA

4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA FORTALECER LA ESCRITURA

5. LA ESTRUCTURA RETÓRICA: INTRODUCCIÓN, METODOLOGÍA, RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES (IMRDyC) EN TEXTOS INVESTIGATIVOS EN DERECHO

6. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL: FUNCIONES COMUNICATIVAS EN LA ESTRUCTURA ESQUEMÁTICA GLOBAL

6.1. El resumen en textos de investigación

6.2. Las palabras clave

6.3. La introducción como marco del proceso investigativo

6.4. La metodología investigativa como sección

6.5. Resultados de investigación, nuevo conocimiento, innovación y discusión

6.6. Las conclusiones

7. REFLEXIONES FINALES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE CLARO EN DISCURSOS JURÍDICOS

Sonia López Franco Paulina Yepes Villegas

1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

2. ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Matriz de análisis

2.2. Obtención de datos

3. PROCEDIMIENTOS

4. RESULTADOS

4.1. Estándares de claridad

4.2. Análisis retórico

4.3. Discurso como interacción

5. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

EDUCACIÓN JURÍDICA EN LENGUAJE CLARO

Betsy Perafán Liévano

1. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

2. UN AMBIENTE PROPICIO PARA PROMOVER EL LENGUAJE CLARO

3. FORMAR EN LENGUAJE CLARO

3.1. El álbum de fotos

3.2. El teatro foro

3.3. El picnic en el parque

3.4. La expresión corporal y la mirada

3.5. El aprendizaje basado en problemas

4. CONCLUSIONES

5. ANEXOS

Anexo 1: ¡Ay, Jesús!

Anexo 2: ¡Esas costumbres cachacas!

Anexo 3: La tarjeta profesional

Anexo 4: ¡No eres tú, soy yo!

BIBLIOGRAFÍA

UNA EXPERIENCIA DE LENGUAJE CLARO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Anamaría Rodríguez Peñaloza, Jeffrey Molina Quiroz y Alejandra Bonivento Martínez

1. CONTEXTUALIZACIÓN: SOBRE EL CONSULTORIO JURÍDICO Y LA FUNCIÓN SOCIAL DE LOS ABOGADOS

2. RECUENTO SOBRE LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

3. SOBRE LAS DINÁMICAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO

4. LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN

5. SOBRE LA COMUNICACIÓN ESCRITA

6. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

LENGUAJE CLARO PARA LOS ESTUDIANTES DE DERECHO: UN TRABAJO POR COMPRENDER EL LENGUAJE JURÍDICO

Claudia Lorena Escandón Lozano

1. LA EDUCACIÓN JURÍDICA Y EL APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS

2. EL DISEÑO DE UN CURSO DE ESCRITURA Y ORALIDAD EN DERECHO

2.1. El diseño del curso de Derecho Comercial como un curso de Escritura y Oralidad

3. EL LENGUAJE JURÍDICO PROPIO DEL DERECHO COMERCIAL

3.1. Un lenguaje propio, pero un lenguaje de calidad

4. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO Y VALORACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO CLARO

5. CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

LOS AUTORES

PRÓLOGO

Poco a poco, el lenguaje claro está ganando espacio en la agenda pública iberoamericana. Aunque el proceso comenzó en los primeros años del siglo, su influencia adquirió mayor visibilidad en la última década. En distintos países de la región, se han desarrollado experiencias, más o menos sistemáticas, de clarificación de los documentos jurídicos y administrativos. Un grupo cada vez más numeroso de personas e instituciones, vinculadas en general al sector público, han comenzado a organizarse en redes de trabajo para intercambiar puntos de vista y antecedentes. Justamente en eso radica la importancia del libro Por el derecho a comprender. Lenguaje claro. Es una de las primeras obras colectivas, producidas por intelectuales de Iberoamérica, que ofrece una mirada integral acerca de la necesidad de esclarecer los textos legales.

En los siguientes capítulos de esta obra, el lector encontrará un análisis de las características centrales del lenguaje claro, un compendio de argumentos que explican la urgencia de introducir elementos de clarificación del lenguaje jurídico y administrativo, una descripción de las principales iniciativas puestas en marcha en la región, un pormenorizado catálogo de estrategias discursivas para alcanzar ese objetivo y una colección de herramientas concretas para poner en práctica estrategias de clarificación discursiva.

Otra riqueza del libro está relacionada con la pluralidad de puntos de vista. La argumentación jurídica se amalgama con el análisis lingüístico y con la descripción de contextos históricos, sociales, políticos e institucionales para elaborar un abordaje interdisciplinario de la cuestión.

Por todo ello, este volumen está llamado a convertirse en una herramienta vital para el desarrollo del movimiento del lenguaje claro en la región; cuyo objetivo es extirpar de la escritura jurídica y administrativa aquellos elementos que enrarecen innecesariamente los textos. Dicho de otra manera, el lenguaje claro supone remover los procedimientos y las costumbres que hacen más opaco al discurso legal y que amplían la distancia entre el enunciador legítimo y el resto de la comunidad. Solo así se podrá devolver a los textos legales su condición de dispositivos de comunicación, es decir, que puedan explicar a las personas aquellas decisiones que afectan sus vidas, sus bienes y su libertad.

En concordancia con lo anterior, el trabajo que llevan adelante las personas y las instituciones que promueven el esclarecimiento de la redacción jurídico-administrativa siempre supone, en una primera instancia, generar conciencia del problema; remarcar que si una persona no comprende la ley (y todos los textos que se desprenden de su aplicación) no puede ejercer sus derechos de forma integral y, por lo tanto, sufre una grave discriminación.

Durante años, las administraciones públicas y muchas organizaciones privadas han elaborado sus documentos sin considerar a sus destinatarios concretos. Ponían el énfasis en la creación de un efecto de imparcialidad en los textos, trataron de dotarlos de mayor precisión terminológica y buscaron vincularlos estilísticamente con los discursos fundadores. Sin embargo, en este proceso —que hasta cierto punto era razonable—, se perdió de vista al lector o, por lo menos, al destinatario lego de los documentos legales; aquel que no tiene una formación especializada en la materia, pero que debe soportar —para bien o para mal— las consecuencias de las decisiones judiciales o administrativas.

Para evitar que el lenguaje legal se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos, en lugar de posibilitar su divulgación, no queda más alternativa que poner nuevamente en el centro de las preocupaciones a la comunidad, a los ciudadanos comunes y corrientes, a las personas de carne y hueso. En esta tarea, los profesionales encargados de elaborar este tipo de textos tienen una función imprescindible: volver a pensar en los lectores específicos de los escritos legales, poner en práctica estrategias discursivas que faciliten la comprensión y dejar de lado de una vez por todas aquellos elementos que solo generan confusión y distancia.

Por supuesto, esto no significa que los documentos jurídicos y administrativos tengan que vulgarizarse ni que la imparcialidad y la precisión técnica deban considerarse batallas perdidas. Eso provocaría un daño tan severo como el que pretende subsanarse. La claridad no se opone a la precisión; por el contrario, la favorece. Tampoco pretende ocultar la dimensión institucional de los textos legales.

Busca incorporar elementos discursivos que faciliten la comprensión de aquellos lectores sin formación específica y, paralelamente, despojar a los enunciados legales de los rasgos que únicamente aportan opacidad como los arcaísmos, la sintaxis barroca, la alteración del orden natural de la oración, el empleo anárquico de marcas gráficas, entre otros procedimientos descritos con gran precisión en los artículos que conforman este volumen.

Insisto en que una de las principales virtudes del presente libro reside en la diversidad de perspectivas. No solo se desarrollan argumentos jurídicos para fundamentar el derecho a comprender que tienen todas las personas, también se proponen líneas de acción específicas para que los enunciadores legítimos puedan adecuar sus producciones a las competencias discursivas medias de la ciudadanía. Asimismo, se deja en claro que no solo hay que concretar un trabajo sobre el nivel lingüístico de los enunciados, sino sobre todas las materias significantes que componen los documentos e, incluso, sobre la forma en que los escritos llegan a la gente.

El desafío no es menor, porque dotar de mayor claridad a los documentos implica cambiar prácticas de escritura arraigadas durante muchos años, introducir criterios de diseño innovadores y replantear los modos de circulación de los mensajes. No obstante, a diferencia de otras reformas que están pendientes en la región, la clarificación del discurso legal no requiere grandes inversiones económicas, sino más bien un cambio en la actitud personal e institucional hacia los usuarios de los sistemas jurídicos.

Cada persona desde su espacio profesional y personal puede hacer algo para favorecer la comprensión mutua que, en definitiva, es la clave de una vida social pacífica, democrática y justa.

Leonardo Altamirano

Córdoba, Argentina

31 de enero de 2021

PRESENTACIÓN

Para un efectivo ejercicio de la democracia, los ciudadanos necesitamos entender las leyes y demás comunicados del Estado. Así, requerimos claridad en los textos que recibimos de las empresas —tanto públicas como privadas— para la adecuada defensa de nuestros derechos y el cumplimiento de los deberes. Contrario a esto, es común en la sociedad sentir que los funcionarios son inaccesibles y que los trámites son innecesariamente complejos. De igual forma, la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios.

El presente libro cuenta cómo un grupo de personas y organizaciones se han preocupado por la falta de claridad en el lenguaje y han actuado para contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender, con la consecuente responsabilidad para todas las entidades de hacerse comprensibles.

Ante la ya existencia de iniciativas mundiales de lenguaje claro, esas personas y organizaciones provenientes de la sociedad civil, la academia y los sectores público y privado se unieron tras considerar que la cooperación facilita el trabajo y permite lograr mejores y mayores resultados.

Fue así como surgió la Red de Lenguaje Claro de Colombia, creada oficialmente el 18 de octubre de 2018 bajo el liderazgo de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, cuya pretensión es difundir y promover el lenguaje claro para mejorar la comunicación principalmente entre el Estado y la sociedad. Las seis entidades fundadoras de la Red¹, en las que laboran los autores de los capítulos, son: el Departamento Nacional de Planeación, la Cámara de Representantes del Congreso de la República, el Instituto Caro y Cuervo, la Universidad Icesi, la Universidad Eafit y, por supuesto, la Universidad de los Andes. En esta obra, figura como autora invitada Claudia Poblete Olmedo, profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e integrante de la Red de Lenguaje Claro de Chile, quien ha acompañado el proceso de creación, desarrollo y fortalecimiento de la red colombiana.

Dada la diversidad de entidades que hacen parte de la Red, este es un libro de reflexión sobre discusiones teóricas y experiencias de intervención. También incluye resultados de investigaciones, así como propuestas de pautas para la escritura jurídica y para elaborar material pedagógico. De este modo, el libro reúne trece capítulos con el objetivo común de generar conciencia sobre el tema y contribuir en la transformación de imaginarios culturales sobre el uso del lenguaje (especialmente el jurídico).

Para empezar, el primer capítulo analiza las definiciones que han surgido sobre el lenguaje claro y las cuestiona para plantear una propuesta que podría tener mayor utilidad práctica. Aunque esa definición fue discutida en una reunión de la Red y eso llevó a realizar ajustes en el texto para su versión final, la propuesta es provisional y no necesariamente compartida por todos los autores. Sin embargo, refleja elementos comunes en la comprensión del término que permiten saber que se está hablando de lo mismo.

Los capítulos segundo al quinto ayudan a sustentar la importancia del lenguaje claro para ejercer la ciudadanía democrática. El segundo capítulo cuenta la razón de la existencia del movimiento internacional del lenguaje claro. El tercero argumenta cómo la claridad en el lenguaje genera inclusión social. El cuarto explora de qué manera el lenguaje claro es un instrumento de gestión pública adecuado para establecer relaciones más horizontales entre autoridades y personas. El quinto analiza si existe un deber de lenguaje claro en la prestación del servicio de asistencia jurídica.

Los capítulos sexto al noveno proporcionan los fundamentos del lenguaje claro para comprender la filosofía, el significado, los alcances y los desafíos de este concepto a partir de la práctica institucional. De esta manera, el sexto capítulo brinda un panorama sobre las actitudes lingüísticas que distancian a los sujetos de las instituciones. El séptimo explora el sentido del lenguaje en la vida del hombre principalmente en su relación con el Estado. El octavo propone estándares de claridad para la redacción jurídica. El noveno caracteriza el nivel de lenguaje claro de la escritura investigativa en el derecho.

Para finalizar, los capítulos décimo al décimo tercero presentan experiencias concretas de intervenciones realizadas en facultades de derecho para diagnosticar y mejorar la comunicación de los abogados con la sociedad. En este sentido, el décimo capítulo hace un análisis de textos jurídicos producidos por estudiantes de últimos semestres de la carrera, con el fin de evaluar su claridad. El onceavo propone a los profesores de derecho unos ejercicios didácticos para desarrollar la competencia comunicativa oral y escrita en lenguaje claro. El doceavo narra una experiencia de intervención en un Consultorio Jurídico para promover el lenguaje claro en la atención a usuarios. El último describe el diseño e implementación de estrategias pedagógicas de lenguaje claro en un curso de derecho comercial.

Los capítulos podrían estar organizados de muchas otras maneras, pues en todos ellos hay reflexiones producto de las experiencias en el desarrollo de estrategias para promover el lenguaje claro. Como los presentamos en este libro, buscamos —luego de una comprensión común del término— llamar la atención del lector sobre la conveniencia para la democracia de lograr una comunicación en lenguaje claro. Una vez reconocido su valor, esperamos que los lectores tengan interés en conocer mejor las bases conceptuales y los alcances del lenguaje claro. Por último, quienes estén interesados en promover el lenguaje claro podrán tomar ideas prácticas para aportar en la formación jurídica.

Agradecemos a los estudiantes, egresados, profesores, administrativos, directivos, funcionarios, familiares y ciudadanos en general que con su entusiasmo y cariño nos han animado constantemente a seguir creyendo en las potencialidades del lenguaje para mejorar las condiciones de vida en nuestro país.

Betsy Perafán Liévano

Notas

¹ A la fecha de abril de 2021, se han adherido a la Red otras seis entidades: la Universidad del Norte, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la firma de abogados Peña Delgado & García, la Veeduría Distrital y el Consejo de Estado (Sección Quinta).

LA DEFINICIÓN DE LENGUAJE CLARO A PARTIR DE UNAS BREVES CONSIDERACIONES LINGÜÍSTICAS ¹

Daniel Eduardo Bejarano Bejarano

Julio Alexander Bernal Chávez

Este capítulo realiza una revisión sobre distintos materiales como guías, manuales de redacción o páginas web, elaborados por instituciones u organizaciones de todo el mundo en el marco del Movimiento del Lenguaje Claro. Discute los potenciales problemas que resultan de no contar con una definición unívoca del concepto, aporta una propuesta de definición que se basa en el uso y la variabilidad natural del lenguaje y atiende a cinco elementos centrales: ¿qué es el lenguaje claro?, ¿a qué se aplica?, ¿qué busca?, ¿qué lo caracteriza? y ¿a quién está dirigido? El texto se propone como una contribución del Instituto Caro y Cuervo para la consolidación de una definición propia del lenguaje claro que aporte a los propósitos de la Red de Lenguaje Claro – Colombia.

1. ANTECEDENTES SOBRE EL LENGUAJE CLARO

Las primeras remisiones al concepto de lenguaje claro (LC)

aparecieron en el siglo XIX en el Reino Unido. Para entonces, ya se consideraba la necesidad de contar con reglas o estrategias a seguir para la buena escritura en los entes oficiales, tomando ejemplos de mala redacción y concentrándose más en la precisión del lenguaje que en su simplicidad².

Apenas en la década de los 40, el primer ministro inglés Winston Churchill volvió a abordar el tema cuando solicitó, en un memorando de gabinete de guerra, mayor brevedad en la documentación, pues alegaba que su trabajo requería la lectura de muchos documentos demasiado extensos y eso suponía un gasto de tiempo considerable³. Cerca de treinta años después y en el ámbito civil, iniciaron algunas movilizaciones sociales, generalmente de consumidores que solicitaban entender lo que el gobierno, los bancos e instituciones en general comunicaban. Un hecho trascendental para el nacimiento del LC como movimiento ocurrió en Inglaterra cuando Chrissie Maher, miembro del Consejo Nacional del Consumidor, se percató de la complejidad para diligenciar los formatos para acceder a beneficios sociales, se dedicó a reescribir algunos y a exponer el problema ante el gobierno. La falta de una respuesta pronta la motivó a crear la Plain English Campaign en 1979⁴.

El LC apareció en 1975 en Estados Unidos por la iniciativa de Citibank de redactar claramente los documentos relacionados con créditos para sus clientes⁵. En 1978 y 1979, el presidente Jimmy Carter aprobó las órdenes ejecutivas 12.044 y 12.174 que invitaban a la claridad en el lenguaje y estableció que los reglamentos y órdenes elaboradas por las instituciones públicas debían ser tan sencillas como fuera posible⁶. Un año más tarde, se ratificó la New York Plain English Law, el primer caso de legislación en favor del LC en el país⁷. Casi 20 años después, en 1998, Bill Clinton hizo público un memorando en donde sugirió el uso de LC en textos provenientes del gobierno⁸ y, ese mismo año, la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos lanzó un documento guía para la redacción en LC con grandes repercusiones en los ámbitos comercial y legal: A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents⁹. Finalmente, en el año 2010, Barack Obama aprobó el Plain Writing Act, un acta que busca oficializar la necesidad de redactar en LC en las agencias federales; aunque aún no se reglamenta ni ejecuta¹⁰.

En otros países de habla inglesa como Australia y Nueva Zelanda también se ha trabajado en favor del LC. En el primero, se cuenta con un documento del gobierno que ofrece consejos y orientaciones para la redacción en LC: el Plain English Manual¹¹; mientras el segundo organiza premiaciones como los Plain English Awards¹² y dispone de organizaciones de consultoría que ofrecen servicios de capacitación, redacción y acreditación en LC como Write¹³ y Write Mark¹⁴. Por otra parte, la Unión Europea tiene una publicación en distintas lenguas sobre pautas para escribir en LC, denominada How to Write Clearly¹⁵ y se encuentra disponible en línea a través de la página web de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

Un caso importante es el de Suecia donde, desde las décadas de los 60 y 70, se trabaja en LC. Este país posee una política para que toda la legislación nacional sea escrita paulatina y sistemáticamente en un código simple y comprensible para los ciudadanos. Según Strandvik¹⁶ la comunicación efectiva, clara y comprensible con las personas por parte del Estado es fundamental para la consolidación de la democracia y en este país el LC se considera un medio para que los sujetos puedan ejercer sus derechos y acaten sus deberes, en tanto comprenderán lo que el Estado desea comunicarles. El organismo encargado del control del LC en Suecia es la Secretaría General del Gobierno, un grupo integrado por juristas y lingüistas que, desde 1976, se encargan de revisar las leyes y determinar su calidad de redacción. Como apoyo a su labor, en 2009, fue aprobada y adoptada la Ley Lingüística que propone lograr que el lenguaje administrativo proferido por las instituciones sea cuidado, sencillo y se pueda comprender¹⁷.

Finlandia es otro de los países interesados en involucrar el LC en material legal. En 2011, el Instituto para las Lenguas de ese país adelantó una encuesta para conocer la opinión del pueblo sobre quiénes eran los responsables de implementar un lenguaje más sencillo en la administración pública. Los resultados reflejaron que, para la gran mayoría de ciudadanos, los servidores públicos son responsables de hacer de la comunicación pública y sus textos algo más comprensible¹⁸. De acuerdo con esto, se han intentado crear estatutos que obligan a las instituciones públicas a usar un lenguaje administrativo claro; pero estas iniciativas han encontrado dificultades para su ejecución, teniendo en cuenta que Finlandia es un país bilingüe y, por ende, se requeriría legislar en cada una de sus lenguas oficiales. No obstante, se dio un avance en 2017 con la publicación del Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli¹⁹, un extenso manual para la redacción en LC en sueco.

En los países de habla hispana, el trabajo con el LC ha sido relativamente reciente y se ha adelantado más en algunos países que en otros. El primer caso reconocido es el de España en donde se creó el Manual de estilo del lenguaje administrativo, desarrollado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1990. El texto expone algunas orientaciones sobre redacción y presentación de la información. En 2009, el Ministerio de Justicia creó la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, encargada de coordinar trabajos de campo en distintas áreas como el discurso escrito para poder analizar documentos y proponer alternativas de mejora. Como producto de esta labor, se elaboró el Informe sobre el discurso jurídico escrito español, una serie de recomendaciones generales para la redacción de documentos judiciales en un lenguaje más sencillo. Posteriormente y sumando los trabajos adelantados en otras áreas, se publicó el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico que ofrece recomendaciones para acercar la justicia a la ciudadanía²⁰. Adicionalmente, en el país, existe una organización denominada Lectura Fácil cuyo fin consiste en promover el acceso a la información escrita por la oficialidad por parte de los ciudadanos, pero se concentra en poblaciones en riesgo como adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros.

Otro país con trabajo en el campo es México, donde se utiliza el concepto Lenguaje Ciudadano y se remite específicamente al área administrativa. En el año 2006, la Secretaría de la Función Pública adelantó una iniciativa para escribir toda la documentación de los organismos de la administración pública en un lenguaje sencillo. Gracias a esto, se publicó el Manual de Lenguaje Ciudadano²¹ como guía para la redacción y se iniciaron capacitaciones a servidores públicos con el fin de motivarlos a adelantar una redacción comprensible para las personas. Las preocupaciones en torno al lenguaje fueron impulsadas con la idea de que su simplificación y clarificación impactaría sobre la reducción de los índices de corrupción. No obstante, con el cambio de gobierno, estas iniciativas perdieron su lugar y fueron desapareciendo de la práctica de los funcionarios. Actualmente, algunas aún se mantienen en espacios como la academia o en organizaciones de carácter privado, tal es el caso del grupo Contexto, que se especializa en escritura y sigue algunas de las pautas dictadas por la Secretaría de la Función Pública. En 2007, se lanzó el Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala²². Este no constituyó una guía de LC en sí mismo, pero recogió sus motivaciones en tanto buscó atender a la claridad y a la transparencia como características de un texto que podría ser leído por cualquier persona. Más adelante, en 2015, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey publicó el Manual para la elaboración de sentencias²³ con el ánimo de transformar este tipo de textos tradicionales en un código más sencillo para los interesados.

En Argentina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió adelantar acciones para mejorar el conocimiento de las leyes, los derechos y las obligaciones por parte de los ciudadanos mediante su buena comprensión. La principal iniciativa desarrollada se denomina Derecho fácil²⁴, un sitio web en el que se describen distintos servicios puestos a disposición de la población. Entre esta oferta se destacan: Ley Simple, que busca que el ciudadano entienda las leyes más importantes o aquellas que lo involucran de alguna manera, siguiendo un ejercicio de preguntas y respuestas; Lectura Fácil simplifica documentos oficiales para su mejor consulta por parte de la población vulnerable; Justicia cerca propone ejemplos de la vida real para que los usuarios entiendan la manera como deben enfrentarlos conforme al marco legal; y Wiki Ius, un servicio web con lógica de wiki, consiste en un glosario de términos jurídicos y su respectiva explicación en LC de forma colaborativa entre especialistas e interesados particulares. En el año 2016, se publicó el Manual SAIJ de lenguaje claro²⁵ con pautas para la redacción de información jurídica de forma sencilla, sin expresiones demasiado técnicas y con un estilo directo; todo amparado por el derecho a entender que involucra, entre otros, el derecho a la educación, a la cultura y al acceso a la justicia. Finalmente, en septiembre de 2017, se desarrollaron las Primeras Jornadas de Lenguaje Claro en Buenos Aires y allí se dio origen a la Red de Lenguaje Claro-Argentina. La Red agrupa en un mismo espacio todas las iniciativas surgidas en el campo para producir materiales y capacitar personal.

El caso de Chile se remonta a 2008, cuando surgió la iniciativa Ley Fácil como una propuesta para la clarificación de la ley o hacerla más comprensible para la ciudadanía. Logró consolidarse con su exposición en el congreso Plain en Estados Unidos durante el mismo año y se mantiene vigente hasta hoy²⁶. En 2014, el Poder Judicial de Chile publicó un Glosario de términos legales definidos en un lenguaje sencillo de entender para el lector²⁷. En 2015, empezaron a agruparse distintas instituciones preocupadas por la claridad del lenguaje de los textos administrativos, con el propósito de generar una red. Estos esfuerzos se consumaron en el Acuerdo de Lenguaje Claro cuyos propósitos se resumen en la consolidación de la Red de Lenguaje Claro Chile, en el uso de LC en los documentos que puedan surgir de las instituciones adscritas a dicha Red, la promoción del LC en las instituciones involucradas y demás del orden general y la creación de estándares a seguir para la redacción de documentación pública.

En Perú, existe un antecedente del año 2014 relacionado con el LC. Luego del aviso de Enrique Mendoza, presidente del Poder Judicial, quien sugirió que las sentencias dejarían de ser complejas y se dirigirían en un lenguaje comprensible para los ciudadanos, se publicó el Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos²⁸. El Manual presenta las reglas para la utilización de un lenguaje más sencillo de forma que permita la comunicación con el poder judicial en el país.

El caso de Uruguay es otro con una única iniciativa conocida. Esta la lleva a cabo el Centro de Información Oficial IMPO (antes Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales) y se denomina Lenguaje Ciudadano: La ley en tu lenguaje. Con ella, se busca fomentar el conocimiento de la normatividad del país a través de su adaptación a un código sencillo y se entiende que esta es la manera como la población puede llegar a tener una plena comprensión de sus obligaciones y así, queda facultada para ejecutarlas efectivamente²⁹.

En el caso de Colombia, es necesario mencionar la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana, las políticas del “Buen Gobierno” implementadas bajo el mandato de Juan Manuel Santos, el lanzamiento de la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia y el Curso Virtual de Lenguaje Claro.

En el año 2011, la Escuela Superior de Administración Pública y el Departamento Administrativo de la Función Pública crearon la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana³⁰, un documento que presenta una breve definición del concepto, plantea las necesidades de usar el Lenguaje Ciudadano en el ámbito de lo público, comenta los medios para exponerlo y propone estrategias para aplicarlo en documentos del Estado.

Posteriormente, en el marco de las políticas de “Buen Gobierno” y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el gobierno presentó el LC como una iniciativa de ley que facilitaría el acceso a la información por parte del ciudadano, sin temor a encontrarse con terminología extraña y con la plena seguridad de que se lograrían comprender los contenidos que pudiera consultar gracias a su sencillez; además de ser una alternativa para reducir los índices de corrupción³¹.

Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) lanzó la Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia³². Este documento ofrece consejos y sugerencias para la redacción de textos en el ámbito de lo público y se fundamenta en el objetivo de facilitar la comunicación entre el estado y sus ciudadanos a fin de fortalecer la confianza entre las partes y permitir un mejor cumplimiento de sus responsabilidades. Esta propuesta se complementa con el Curso Virtual de Lenguaje Claro³³, también adelantado por el DNP y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC), dirigido a los servidores públicos del país.

1.1. Perspectivas actuales para el trabajo en LC

Actualmente, la preocupación por utilizar un lenguaje más sencillo y de fácil acceso a la ciudadanía ha escalado hasta el adelanto de desarrollos desde las ciencias computacionales para el procesamiento automático de textos con la posibilidad de obtener retroalimentación sobre la complejidad, extensión y características generales de composición. Tal información constituye un insumo necesario para la depuración y clarificación de los textos. Estos intereses han permitido crear sistemas que se ocupan de la simplificación automática del lenguaje. Algunos de los programas disponibles son: Logios³⁴ y Jasnopis³⁵, StyleWriter³⁶ o el reciente Grammarly³⁷.

De manera general, los sistemas referenciados se basan en la aplicación de fórmulas de legibilidad (por ejemplo la fórmula de legibilidad de Gunning, el gráfico de Fry, el gráfico estimado de Raygor o las fórmulas de Dale-Chall, Spache y Powers-Sumner-Kearl). Estos son métodos matemáticos que se centran en el cruce de cálculos con base en el número de caracteres, sílabas, palabras y oraciones de un texto para su procesamiento y obtención automática de un índice de complejidad, un valor numérico que da cuenta del nivel de dificultad del texto procesado o el grado de escolaridad necesario para su buena lectura y comprensión.

El sistema Grammarly es uno de los pocos que cuenta con un enfoque de corpus. Recurre a cerca de 250 enciclopedias internas para el análisis del léxico de los textos que procesa y el establecimiento de términos alternativos para adaptar aquellos evaluados como complejos.

2. LA CARENCIA DE UNA DEFINICIÓN COMÚN

Muchas de las organizaciones que trabajan con LC se han dado a la tarea de desarrollar materiales como manuales de redacción, guías con instrucciones y consejos para producir textos de fácil lectura y páginas web que ofrecen servicios sobre la materia. Un buen número de estos materiales posee definiciones sobre lo que cada una considera que es el LC. A continuación, se enlistan algunas de las definiciones más reconocidas.

1. La Plain Language Association International (PLAIN) define el LC de la siguiente manera en su sitio web: “Una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información”³⁸.

2. El International Plain Language Working Group (IPLWG), adscrito a la International Plain Language Federation, define el LC de la siguiente manera: “un comunicado está escrito en lenguaje claro si su redacción, su estructura y su diseño son tan transparentes que los lectores a los que se dirige pueden encontrar lo que necesitan, entender lo que encuentran y usar esa información”³⁹.

3. La organización noruega Klarspråk sugiere la siguiente definición de LC en su página web: “Un texto está escrito en lenguaje sencillo si los destinatarios: encuentran lo que necesitan, entienden lo que encuentran y pueden usar lo que encuentran para hacer lo que deberían”⁴⁰. Adicionalmente, esta organización aporta algunos escenarios que justifican el uso de LC, tales como la promoción de la democracia, el fortalecimiento de la relación Estado-ciudadano, el ahorro de tiempo y dinero por parte del gobierno y la promoción de la comunicación, todo desde el sector público.

4. El documento A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents de la Oficina de Educación y Asistencia al Inversor propone:

A plain English document uses words economically and at a level the audience can understand. Its sentence structure is tight. Its tone is welcoming and direct. Its design is visually appealing. A plain English document is easy to read and looks like it’s meant to be read⁴¹.

5. En las orientaciones para adoptar el LC, redactadas por el Gobierno del Estado de Sao Paulo, se hace una breve revisión de definiciones y se destacan las de Cathy Chapman y William DuBay. En primer lugar, Chapman comenta que el LC es “una técnica de organizar la información de forma que [sic] haga sentido para el lector, teniendo en mente su audiencia en primer lugar antes de todo y usando un lenguaje que sea adecuado para las habilidades de lectura de su audiencia”⁴². Por otra parte, para DuBay, el LC consiste en “un estilo literario fácil de leer, porque se adapta a las habilidades de lectura de la audiencia”⁴³.

6. La Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana sostiene que:

El Lenguaje Ciudadano es tanto la forma de expresión clara, precisa, completa, confiable y afable como una actitud abierta y comprensiva, que debe ser utilizada por los servidores públicos al informar y dialogar con los ciudadanos para generar una comunicación fluida y cooperada con ellos. […] El Lenguaje Ciudadano es tanto el mensaje que se llega a intercambiar en palabras e imágenes, en un informe o documento escrito o audio visual claro y sencillo, como la actitud dispuesta al diálogo por parte del servidor público y el ciudadano⁴⁴.

La revisión anterior desvela dos problemas principales:

1. No se cuenta con una definición absoluta de LC.

2. Muchas de las definiciones no se ofrecen de manera directa para develar qué es el LC, sino se centran en proponer las características que debería poseer un texto sobre el que se aplique LC.

Ambos puntos exponen a la luz una situación compleja y observable luego de la tarea documental, esto es, el Movimiento del LC ha avanzado de gran manera sin detenerse mucho en la reflexión de qué es y qué lo compone, y se ha desarrollado desde para qué se aplica y cuáles son sus potenciales resultados. Esto supone un tema de cuidado, pues puede ser riesgoso avanzar en la construcción de una disciplina, práctica, técnica o movimiento sin tener claridad sobre las bases del objeto de estudio mismo. Así, continuar con las amplias y numerosas iniciativas en el marco del Movimiento del LC puede, en algún momento, volverse una tarea difusa en la que no sería posible distinguir qué es LC de lo que no lo es.

3. BREVE APROXIMACIÓN AL LENGUAJE CLARO DESDE LA LINGÜÍSTICA

Teniendo en cuenta las definiciones revisadas y los antecedentes presentados, se entiende que el LC tiende a estar contenido en el campo de la escritura, pues la gran mayoría de elementos consultados hablan de textos en LC para una fácil lectura. Adicionalmente, se tiende a relacionar al funcionario público en el proceso de escritura de esos textos y se asevera que dicho proceso debería cumplir con determinadas características de forma y contenido para obtener materiales fáciles de leer para el ciudadano. Con esto, se da a entender que la práctica de la redacción debe obedecer a un estilo textual e involucrar a dos participantes principales.

Por otra parte, el estilo que supone el LC y que debe tender a la sencillez estructural del documento y a la presentación directa del contenido, se debe acompañar de elementos que contribuyan a la interpretación textual y apelen a la percepción visual del usuario tales como: propiedades tipográficas, uso de colores, tamaños, entre otros. Ahora, toda esta construcción debe orientarse hacia el lector de manera que sus acciones de búsqueda, comprensión y uso del material consultado sean exitosas.

Estas consideraciones iniciales establecen un objeto de estudio muy concreto, pero al involucrar a las personas en calidad de servidores públicos o ciudadanos portadores de la lengua para su comunicación, se hace necesario revisar la posible incidencia de algunos conceptos lingüísticos esenciales como la variación lingüística y los diasistemas, las comunidades lingüísticas y de habla y la importancia del uso frente a la norma lingüística.

3.1. La variación lingüística

Moreno Fernández sostiene que es importante reconocer y comprender el principio general según el cual la lengua es variable, así como sus manifestaciones⁴⁵. Esto supone entender que los hablantes se valen de distintos elementos para la expresión comunicativa que no necesariamente se mantienen en el tiempo y, a su vez, pueden emplear diferentes estrategias comunicativas para referirse o transmitir un mismo contenido. Con relación a esto, Coseriu comenta que:

Concretamente, existen solo actos lingüísticos (Sprechakte), existe solo el hablar (das wirkliche Sprechen, das Gespräch), la actividad lingüística (Sprechtätigkeit); […] que es de por sí a sistémica, puesto que es perpetua creación de expresiones inéditas correspondientes a intuiciones inéditas, y dentro de la cual la distinción de un sistema más o menos estable no significa comprobación de otra realidad, distinta de los actos lingüísticos […]⁴⁶.

Cuando comenta los aportes de Humboldt y de Paul, Coseriu sugiere que, desde la perspectiva del primero, se entiende el lenguaje como enérgeia (actividad) y no érgon (producto); y desde la del segundo, se hace una distinción entre procesos reales del lenguaje como el uso y abstracciones como las lenguas, comprendidas como sistemas. En ese sentido, la variación se puede comprender como una parte fundamental de la lengua y el establecimiento de sistemas rígidos será siempre naturalmente superado por el comportamiento de los hablantes y los actos lingüísticos en sí mismos comprobables en el uso. No obstante, aun si el lenguaje es actividad y cualquier sistema es inestable debido a la naturaleza cambiante de su elemento central, la creación de abstracciones es un ejercicio necesario para el estudio científico de la lengua⁴⁷.

Al retomar los aportes de Moreno Fernández, se observa que la variación puede depender de factores lingüísticos, extralingüísticos, de una mezcla de ambos o de ninguno de ellos. La influencia lingüística sobre la variación es observable en cualquiera de los niveles de la lengua, desde aquellos más profundos como el fonológico y el fonético (estudio de los sonidos de la lengua y sus propiedades acústicas y físicas) hasta los más amplios como el léxico, el semántico o el pragmático (estudio de las palabras, su significado y las intenciones de los hablantes al utilizarlas); mientras que el impacto de elementos extralingüísticos obedece a distintos factores que pueden ser de tipo histórico, geográfico, social o del contexto. Estos factores se pueden abordar desde el concepto de diasistema.

3.2. El diasistema

Los factores incidentes en la variación ya eran tratados en su momento por Coseriu quien sugería hablar de diasistema y lo definía como un conjunto de dialectos, niveles y estilos de lenguaje⁴⁸. No se trata de un sistema en sí mismo (por ejemplo, la lengua española), pero sí de la reunión de sistemas que se relacionan entre sí y que conforman un conjunto que no se establece como lengua unitaria, sino como una lengua concreta en cambio y adaptación constantes (como el español de los abogados, de los periodistas o de los médicos).

Al interior de los diasistemas, la variación puede estar medida por la ubicación espacial (diatopía), las condiciones situacionales de la comunicación (diafasía), las variables sociales (diastratía) o la edad (diageneración). En primer lugar, la diatopía hace referencia a las diferencias de la lengua determinadas por el espacio; las determinaciones que se pueden hacer desde esta perspectiva están asociadas al habla de las personas asentadas en distintos territorios, tal como ocurre con el habla de los bogotanos frente a la de los cartageneros. En segundo lugar, la diafasía corresponde a los elementos o eventos propios del contexto situacional inmediato de la comunicación que permiten establecer diferencias en la lengua, como ocurre cuando un hablante conversa con un amigo cercano y, posteriormente, lo hace frente a un profesor o un desconocido. En tercer lugar, la diastratía se ubica en el plano del contexto social y sus implicaciones se observan en las distintas formas de habla de acuerdo con las clasificaciones socioeconómicas disponibles. Finalmente, el aspecto diageneracional se refiere a la manera en que puede cambiar el lenguaje de acuerdo con la edad de los hablantes.

3.3. La comunidad lingüística y la comunidad de habla

La reunión de personas con características lingüísticas comunes permite hablar de los conceptos comunidad lingüística y comunidad de habla. Por una parte, una comunidad lingüística, según sugiere López Morales, hace referencia a la agrupación de individuos que comparten una misma lengua⁴⁹. En este sentido, todos los países de habla hispana podrían conformar una gran comunidad lingüística en tanto están unidos por el dominio de un sistema de lengua común. Por otra parte, la comunidad de habla, de acuerdo con Moreno Fernández⁵⁰, reúne a personas que comparten, además de una lengua, una serie de elementos concretos propios del uso en contextos tales como aquellos que conforman los diasistemas. De esta manera, una comunidad de habla podría estar conformada por hablantes de español dedicados a la construcción, jóvenes estudiantes de secundaria, integrantes de un colectivo social activista u otro grupo específico.

3.4. El uso del lenguaje frente a la norma lingüística

Tal como comenta Pardo Pardo a finales de los años 80 y aún con gran vigencia en la actualidad⁵¹, es común ver en los cursos de lingüística que se suelen adoptar los términos de oración correcta, oración bien formada u oración anómala en un sentido prescriptivo de la lengua, es decir, desde una forma orientada a configurar y fortalecer la idea de que existe un “buen” hablar y escribir y, gracias a eso mismo, validar la identificación de determinadas expresiones del lenguaje como “malas” maneras, prácticas o usos para comunicarse. Al mismo tiempo que existen visiones prescriptivistas de la lengua, el concepto se asocia con prácticas sociales, niveles de escolaridad u oficios concretos lo cual crea prejuicios sobre el uso del lenguaje de unos y otros. Bajo estos preceptos, se suele sugerir que las personas con un mayor nivel de formación académica o dedicadas a determinadas labores que implican trabajos concretos (como tareas de oficina) tienen un manejo correcto o mejor del lenguaje frente a los ciudadanos con escasa instrucción educativa o dedicados a labores de trabajo manual o físico.

En contraposición a estas maneras de ver y entender el lenguaje, se desarrollan los estudios de lingüística descriptiva que pretenden, esencialmente, acercarse al lenguaje para estudiarlo desde la observación, el análisis y, como su nombre bien lo indica, la descripción. En este caso, los estudios lingüísticos no buscan determinar pautas para el uso correcto de las lenguas, sino se concentran en exponer la manera en la que se comportan, qué las caracteriza o cómo las utilizan sus hablantes para comunicarse efectivamente.

3.5. Propuestas de definición

Antes de aportar una definición del LC, es importante plantear las siguientes reflexiones a la luz de las implicaciones lingüísticas del concepto recién abordadas brevemente.

Con respecto a la variación lingüística, es clave tener claridad sobre la realidad cambiante del lenguaje y sobre la influencia de factores lingüísticos y no lingüísticos en dicho fenómeno. Estos cambios son inapelables, las lenguas varían y lo seguirán haciendo en la medida en la que sean utilizadas. Lo que hoy por hoy sea de uso común, puede caer en desuso en el futuro y, de la misma manera, muchas de las palabras que hoy son desconocidas, podrían perfectamente ganar popularidad y extensión gracias a su empleo constante. Entender esto es un punto básico para sugerir una definición general del LC.

Desde el punto de vista de los diasistemas, al reconocer en el Movimiento del LC la importante presencia de dos partes que se comunican (el Estado y la ciudadanía), se debe profundizar sobre cuál es el tipo de sistema que cada uno utiliza. Comúnmente, aunque no existe una definición o reconocimiento concreto sobre la forma en la que se comunican las instituciones, como hablantes es posible identificar y aceptar que hay diferencias entre el actuar comunicativo de entidades u organizaciones oficiales y el de personas del común. Asimismo, al detectar la existencia de potenciales sistemas distintos, es viable aceptar que la comunicación regida estrictamente por los términos de uno de estos sistemas puede tener problemas para ser interpretada y utilizada por los miembros del grupo que maneja el sistema opuesto.

A partir de esto, es fundamental tener en cuenta que todos los miembros de una comunidad de habla siempre estarán incluidos dentro de una comunidad lingüística, pero no todos los miembros de una comunidad lingüística podrán hacer parte de una misma comunidad de habla. Así las cosas, todos los funcionarios públicos de una entidad en concreto en Colombia harán parte de la comunidad lingüística de hablantes de español; pero no todos los hablantes de español pertenecerán a la comunidad de los funcionarios públicos del país. Esta salvedad es necesaria, pues la definición que se sugiera debe tener en cuenta las diferencias en la utilización de la lengua de las partes involucradas y no intentar ser demasiado específica, pues podría resultar excluyente.

Con el panorama que se puede obtener de la revisión de definiciones, antecedentes y la reflexión sobre asuntos propios de los estudios del lenguaje, se puede hacer el ejercicio de creación inédita de una definición propia; aunque se avisa, como ya se ha abordado, que la lengua posee una variación inherente y constante y la forma en la que distintos sistemas, poblaciones o lugares pueden dar cabida a diferentes comunidades de hablantes, hace que cualquier definición no pueda aplicarse a un colectivo total.

3.6. La definición desde la perspectiva textual

El LC se puede definir como un estilo de escritura y presentación textual con el que se elaboran los documentos producidos por hablantes de distintas entidades públicas y privadas del país, orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información. Se caracteriza por organizar los contenidos y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño para la fácil lectura y comprensión, además de un uso correcto, eficaz y eficiente por parte de los ciudadanos.¿Qué es? Estilo textual y de presentación de documentos

Figura 1. Esquema de la definición del LC desde el punto de vista textual.

Fuente: elaboración propia.

La definición propuesta expone cinco elementos fundamentales: 1) atiende al objeto de estudio directamente y deja en claro qué es el LC; 2) delimita su campo de acción a una tipología textual concreta, los documentos producidos en las entidades públicas y privadas del país; 3) presenta su intención principal al afirmar que está orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información; 4) da cuenta de sus características principales, el contenido, la estructura y el diseño; y 5) devela a quién se dirige a su vez que le da el poder de determinar, de acuerdo con su experiencia, si el LC favorece la lectura, comprensión y uso.

Una eventual aplicación de esta definición sobre un texto permitiría que:

1. Maneje contenidos breves y directos.

2. Se apoye en una estructura sencilla de los mensajes en donde las oraciones respeten el orden de constituyentes del español (sujeto, verbo, objeto) tanto como sea posible.

3. Utilice palabras de uso común por parte de la población.

4. Tenga un diseño agradable a la vista del lector, quien tendrá la potestad de evaluar la idoneidad del material.

En el proceso, la etapa de evaluación es crucial, pues es el insumo para determinar la efectividad en la práctica del LC o la necesidad de reformular los elementos que entran en contacto directo con el ciudadano lector, a saber, la estructura, el contenido y el diseño; todo enmarcado en la transparencia y efectividad de la transmisión de la información.

3.7. La definición desde la perspectiva oral y comunicativa

Si bien la mayoría de los materiales están orientados hacia la redacción de textos escritos de forma clara y con objetivos específicos, el caso de Colombia devela una perspectiva que supera la escritura y que escala al plano de la interacción oral al involucrar los intercambios verbales entre ciudadanos y servidores de las distintas entidades, tal como sugieren Guzmán Petro y Quiñones Serrano en la Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana⁵². En este sentido, se podría pensar en una definición más abierta que la recién sugerida, que supere los estilos de escritura y presentación de textos y se adapte a la relación directa entre las partes involucradas, mediada por la oralidad.

Así, el LC puede comprenderse, desde este punto de vista, como una Práctica comunicativa oral entre los hablantes de entidades públicas y privadas del país y los ciudadanos, que busca favorecer la transmisión transparente y efectiva de la información, caracterizada por ser cordial, respetuosa y concreta, con el fin de que el interés del intercambio comunicativo sea comprensible, útil, correcto, eficaz y eficiente para los interlocutores.¿Qué es? Práctica comunicativa

Figura 2. Esquema de la definición del LC desde el punto de vista oral y comunicativo.

Fuente: elaboración propia.

Esta definición expone seis elementos fundamentales: 1) atiende al objeto directamente, aclarando de qué se trata el LC en términos orales y comunicativos; 2) delimita su espacio de aplicación al intercambio comunicativo entre las distintas entidades del país y las personas; 3) presenta su intención principal al afirmar que está orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información, tal como la primera definición; 4) describe sus propiedades, base del intercambio verbal entre entidades y ciudadanos; 5) especifica a quiénes está dirigido, involucrando activamente a las dos partes, pues al tratarse de una relación comunicativa es necesaria la interacción de mensajes entre ambas; y 6) vincula la evaluación medida por la comprensión y la utilidad que el objeto del intercambio pueda tener para los participantes.

Una eventual aplicación de esta definición en un escenario comunicativo real permitiría que:

1. Se genere un intercambio verbal entre las partes, personificadas en un funcionario en representación de una entidad determinada y un ciudadano, para resolver un asunto.

2. Se intenten satisfacer las necesidades del ciudadano a través de un trato cordial, respetuoso y concreto.

3. Se evalúe el resultado final de la comunicación por parte del ciudadano a la luz de su comprensión y la efectividad medidos por la solución al asunto particular objeto de atención.

3.8. Propuesta unificada de definición del lenguaje claro

La propuesta de una definición de LC incluye tanto un objetivo de elaboración de textos, como de una práctica comunicativa oral, como consecuencia tendríamos dos sentidos diferentes que se describen en dos acepciones separadas:

Lenguaje claro

1. Estilo de escritura y presentación textual con el que se elaboran los documentos producidos por hablantes de distintas entidades públicas y privadas del país, orientado a la transmisión transparente y efectiva de la información. Se caracteriza por organizar los contenidos y las estructuras de manera concreta y precisa, y por orientar el diseño para la fácil lectura y comprensión, además de un uso correcto, eficaz y eficiente por parte de los ciudadanos.

Figura 3. Esquema de la definición del LC textual frente al oral y comunicativo.

Fuente: elaboración propia.

2. Práctica comunicativa oral entre los hablantes de entidades públicas y privadas del país y los ciudadanos, busca favorecer la transmisión transparente y efectiva de la información, caracterizada por ser cordial, respetuosa y concreta, con el fin de que el interés del intercambio comunicativo sea comprensible, útil, correcto, eficaz y eficiente para los interlocutores.

4. CONCLUSIONES

Luego de revisar algunos de los antecedentes del Movimiento del LC y considerar varias de las definiciones que distintas organizaciones interesadas le han dado, se observó una problemática que merece ser atendida, pues no existe un consenso sobre qué es y cómo definirlo. El problema en cuestión es aún mayor cuando se observa cómo el movimiento ha avanzado a nivel global sin contar con una reflexión base sobre su naturaleza y sus características. Este documento propuso una discusión lingüística sobre algunos conceptos o categorías que pueden ser extraídas de la revisión documental y expuso su alcance, sus implicaciones y la forma como pueden contribuir para construir una definición.

Gracias a esto, el presente trabajo realizó una definición propia que reúne los elementos principales de las propuestas revisadas a la luz de sus implicaciones sobre la realidad lingüística e involucra los elementos fundamentales destacados en la práctica del LC.

Con este documento se espera aportar a la consolidación y solidificación del movimiento, pretendiendo delimitar su objeto de estudio y así excluir aquellos intereses que pueden pasar por iniciativas de LC, pero que tal vez tienen un campo de acción distinto y deben ser revisadas con mayor detenimiento en el seno de alguna disciplina particular.

Finalmente, se espera que este trabajo pueda alimentar las discusiones y reflexiones sobre el LC al interior de la Red de Lenguaje Claro Colombia, de la cual el Instituto Caro y Cuervo forma parte.

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Notas

¹ Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.368.

Este capítulo es producto de investigaciones en curso, adelantadas por sus autores sobre el lenguaje claro desde la lingüística de corpus y computacional.

² Australian Government, Plain English Manual (Australia: Office of Parliamentary Counsel, 1993).

³ Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida, “Una mirada al uso del lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano”. Revista de Llengua i Dret, n.° 69 (2018): 119-138.

⁴ Ibídem, 119-138.

⁵ Joanna Richardson, “Lenguaje claro: orígenes, historia y un caso de estudio”. Hemiciclo. Revista de estudios parlamentarios, n.° 12 (2015), 7-13.

⁶ U. S., E. O. 12.044, mar. 23/1978, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12044-improving-government-regulations; y U. S., E. O. 12.174, nov. 30/1979, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12174-federal-paperwork-reduction.

⁷ Rosemary Moukad, “New York’s Plain English Law”. Fordham Urban Law Journal 8, n.° 2 (1980): 451-465.

⁸ Memorandum on Plain Language in Government Writing, Bill Clinton, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/WCPD-1998-06-08/pdf/WCPD-1998-06-08-Pg1010.pdf.

⁹ Office of Investor Education and Assistance, A Plain English Handbook: How to Create Clear SEC Disclosure Documents (Washington: U. S. Securities and Exchange Commission, 1998).

¹⁰ U. S., P. L. 111-274, oct. 13/2010. Barack Obama, https://www.congress.gov/111/plaws/publ274/PLAW-111publ274.pdf.

¹¹ Australian Government, Plain English Manual.

¹² Véase: http://www.plainenglishawards.org.nz/.

¹³ Véase: https://write.co.nz/.

¹⁴ Véase: https://writemark.co.nz/.

¹⁵ European Commission, How to Write Clearly (European Commission, s. f.), https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c2dab20c-0414-408d-87b5-dd3c6e5dd9a5.

¹⁶ Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?”, en Hacia la modernización del discurso jurídico, editado por Estrella Montolío (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 131-150.

¹⁷ Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje”.

¹⁸ Aino Piehl, “Kotus kysyi, puolueet vastasivat − virkakielen parantaminen hallitusohjelmaan”, Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti, última modificación enero de 2011, acceso 6 de julio de 2020, www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=11&aid=2313.

¹⁹ Aino Piehl y Eivor Sommardahl, “Working Towards Clear Administrative Language in Finland–bilingually”, en Language Use in Public Administration: Theory and Practice in European States. Contributions to the EFNIL Conference 2015 in Helsinki, editado por Pirkko Nuolijärvi y Gerhard Stickel (Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences, 2016), 73-81.

²⁰ Comisión de expertos Modernización del lenguaje jurídico, Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (España: Ministerio de Justicia, 2011).

²¹ Secretaría de la Función Pública, Manual de Lenguaje Ciudadano (México: Secretaría de la Función Pública, 2007).

²² Carlos Pérez Vázquez, Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala (México: Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2007).

²³ Yarsinio García, Reyes Rodríguez y Marco Antonio Zavala, Manual para la elaboración de sentencias: justicia electoral cercana a la ciudadanía (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015).

²⁴ Para mayor detalle, consultar: “Derecho Fácil”, Argentina.gov.ar, acceso 5 de julio del 2020, https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil.

²⁵ Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Manual SAIJ de lenguaje claro. Pautas para redactar información jurídica sencilla (Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016).

²⁶ Poblete y Fuenzalida, “Una mirada al uso”, 119-138.

²⁷ Comisión Lenguaje Claro, Glosario de términos legales (Chile: Poder Judicial, 2014).

²⁸ Poder Judicial, Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos (Perú: Fondo editorial del Poder Judicial, 2014).

²⁹ Para mayor detalle, consultar: “La Ley en tu lenguaje”, Centro de Información Oficial IMPO, acceso 4 de julio de 2020, https://www.impo.com.uy/lenguajeciudadano/la-ley-en-tu-lenguaje/.

³⁰ Aura Marina Guzmán Petro y Elsa Yanuba Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana (Bogotá: Departamento Administrativo de la Función Pública y Escuela Superior de Administración Pública, 2011).

³¹ Para más información sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, consultar: DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Bogotá: DNP, 2014), https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf.

³² DNP, Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia (Bogotá: DNP, 2015).

³³ Para mayor detalle sobre el curso, consultar: https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/login/.

³⁴ www.logios.pl.

³⁵ www.jasnopis.pl.

³⁶ www.stylewriter-usa.com.

³⁷ www.grammarly.com.

³⁸ “¿Qué es el lenguaje claro?”, Plain Language Association International PLAIN, acceso 3 de mayo de 2020, https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/.

³⁹ “Definitions”, International Plain Language Federation, acceso 3 de marzo del 2020, www.iplfederation.org/definitions-of-plain-language/.

⁴⁰ “Klarspråk”, Klarspråk, acceso 3 de marzo del 2020, https://www.sprakradet.no/klarsprak/.

⁴¹ Office of Investor Education and Assistance, A Plain English Handbook, 5

⁴² Gobierno del Estado de Sao Paulo, Orientaciones para adopción de Lenguaje Claro (Sao Paulo: Fundación Sistema Estatal de Análisis de Datos, Seade, 2016), 27.

⁴³ Ibídem.

⁴⁴ Guzmán Petro y Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano, 5.

⁴⁵ Francisco Moreno Fernández, “Lenguas de especialidad y variación lingüística”, en Lenguas para fines específicos (VI). Investigación y enseñanza, coordinado por Lina Sierra Ayala, Sebastián Barrueco García y Esther Hernández (Alcalá: Universidad de Alcalá, 1999), 3-14.

⁴⁶ Eugen Coseriu, Lecciones de lingüística general (Madrid: Gredos, 1981), 17.

⁴⁷ Ibídem.

⁴⁸ Ibídem.

⁴⁹ Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989).

⁵⁰ Francisco Moreno Fernández, Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje (Barcelona: Ariel, 1998).

⁵¹ José Felipe Pardo Pardo, “Prescriptivismo y lingüística moderna”. Thesaurus, Tomo XLIV, n.° 1 (1989): 149-159.

⁵² Guzmán Petro y Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano.

LENGUAJE CLARO. MOVIMIENTO INTERNACIONAL Y EL PROYECTO LATINOAMERICANO ¹

Germán J. Arenas Arias

Un texto de Franz Kafka cuenta la historia de un campesino a quien un guardián le impide acceder a la ley. Aunque la ley está representada allí por un edificio de puertas abiertas, el campesino no logra acercarse porque “la ley no es algo para ver o para tocar, sino para descifrar”². El campesino desea “entrar” en el “edificio de la ley” con la esperanza que debería ser accesible para todos y en todo momento, pero a pesar de la paciencia y de la cuestionable práctica del soborno que intenta varias veces, muere ante un guardián infranqueable.

Las tensiones que se encuentran registradas en ese relato sirven para ejemplificar el asunto que subyace a este capítulo, no desde una óptica literaria, sino desde la de uno de los reclamos que sugiere su contenido, el ideal de establecer una comunidad que logre acceder y conocer la norma jurídica para saber lo que se ha mandado, prohibido o permitido. El uso de la referencia kafkiana cobra importancia en este trabajo pues ha sido utilizada por el denominado Movimiento del Lenguaje Claro como un recurso discursivo para sostener que “todavía hoy existen ‘guardianes’ que impiden a las personas acceder a la ley, y uno de ellos es el lenguaje difícil de entender”³. La clarificación del lenguaje representa el propósito central de ese movimiento.

En los años setenta del siglo pasado, surgió el Plain English Movement más conocido ahora como Plain Language Movement o Movimiento del Lenguaje Claro (en adelante, MLC). Según el profesor Carl Felsenfeld, quien estudió el MLC desde sus inicios, este movimiento es “el primer esfuerzo efectivo para cambiar estilos de escritura, particularmente en los textos que están dirigidos a los consumidores, de manera que puedan ser entendidos, no solo por quienes los redactan, sino por los usuarios que están sujetos a sus términos”⁴. El movimiento empezó con pequeñas campañas en países de habla inglesa que reclamaban mayor claridad en la documentación para acceder a servicios y realizar transacciones económicas.

Primero la banca y las aseguradoras implementaron estrategias de escritura clara para hacer más comprensibles los contratos comerciales y, luego, algunos funcionarios parlamentarios comenzaron a extender este tipo de propuestas a su campo⁵. En el mismo sentido, Rabeea Assy señala que “el movimiento se concentró inicialmente en la inteligibilidad de documentos de consumidores, pero su agenda se extendió pronto a la inteligibilidad de la legislación”⁶. La ley, según manifestaciones del MLC, “debe redactarse haciendo todo lo posible para que sean inteligibles para el mayor número de personas posible. No se justifican los defectos de lenguaje y estructura [...]”⁷.

Aspiraciones de ese tamaño y naturaleza han estimulado la preocupación académica de un buen número de juristas y lingüistas por examinar la influencia del MLC específicamente en el ámbito jurídico. Algunos estudios se muestran a su favor y otros cuestionan la idealización y la probable exageración de los potenciales beneficios del lenguaje claro. Sin embargo, ¿qué conocemos en América Latina sobre el MLC?y¿qué importancia tendría conocerlo? En este capítulo, me propongo dos objetivos. Por un lado, ofrezco una exploración conceptual de carácter descriptivo sobre el MLC y la atención intelectual que ha recibido. Demuestro que, independientemente de los resultados alcanzados y de la auténtica posibilidad de que la ley, como producto de un órgano legislativo, resulte inteligible para el conjunto de los ciudadanos, el “Movimiento” todavía no constituye una unidad de análisis concreta. En ese sentido, sugiero una aproximación teórica para explicarlo como un fenómeno social, que sea útil para una comprensión más robusta de sus alcances. Por otro lado, pretendo exponer algunas ideas básicas que permitan concebir un “proyecto” de lenguaje claro, asociado a valores democráticos o que sirva para promoverlos en América Latina.

1. PRECAUCIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS

Merece la pena señalar algunas precauciones conceptuales y metodológicas antes de comenzar el recorrido argumentativo trazado. Como Bejarano y Bernal advirtieron en el primer capítulo de este libro, no contamos con una definición unívoca de lenguaje claro. Aunque la propia inestabilidad del concepto devela su importancia, no voy a detenerme en esa cuestión. Para efectos de este trabajo, resulta suficiente considerar el enfoque adoptado y aceptado al interior del MLC que concibe que: “una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño permiten que la audiencia pueda encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar la información”⁸. El profesor Joseph Kimble, una de las figuras más visibles dentro del movimiento, sugiere que utilizar lenguaje claro significa establecer una comunicación eficaz que no necesariamente implica destruir términos técnicos y que tampoco se circunscribe a un mero asunto de vocabulario. La técnica de una comunicación clara involucra planear el documento, diseñarlo, organizarlo y someterlo a prueba siempre que sea posible con lectores habituales⁹.

Ahora bien, para cumplir con los objetivos propuestos y explorar conceptualmente el MLC, cabe reconocer la existencia de una preocupación por el ámbito jurídico. Esto no corresponde a una decisión discrecional del autor, sino al hecho de notar la prevalencia de una buena parte de bibliografía especializada en el movimiento que se ha dedicado a examinar su evolución, concretamente en la esfera jurídica. Existe un profundo interés en el lenguaje jurídico. Tal vez, esto ha sido así porque asistimos a una “fuerte juridización de la vida social: lo que no pasa por el Derecho no se ve, no adquiere dimensión pública y relevancia política”¹⁰, o porque como diría Carlos Santiago Nino, “el derecho, como el aire, está en todas partes”¹¹.

Convendría también señalar que el MLC no es un movimiento para nada comparable con movimientos sociales de escala global. Todavía no obtiene la atención que se requiere para analizarlo con independencia y esto genera un vacío epistémico. Tampoco es plenamente conocido por la mayoría de los ciudadanos ni tiene presencia en todos los Estados¹². Lo que sí parece admisible es decir que, derivado del MLC y de la definición de lenguaje claro citada, han surgido iniciativas con el propósito de clarificar el lenguaje jurídico¹³ en el marco de las políticas públicas, relacionadas con la transparencia, la confianza y el acceso a las instituciones. Más adelante volveremos a ello.

2. EL “MOVIMIENTO” DEL LENGUAJE CLARO (MLC)

Desde la perspectiva de la historia de las ideas políticas, que no busco agotar en este capítulo, podría decirse que el lenguaje claro es una expresión que ya tiene un largo recorrido. En el período de la Ilustración, el canon de legislar se caracterizó por la necesidad de utilizar un lenguaje claro, preciso y conciso¹⁴. A través de Nomografía o el arte de redactar leyes, Jeremy Bentham ofreció lecciones todavía vigentes acerca del arte que supone legislar y darle forma y contenido al cuerpo de las leyes. En su lectura, es posible observar que la mayoría de las soluciones planteadas para corregir las imperfecciones de la ley —incomprensión, ambigüedad, oscuridad, voluminosidad, incertidumbre, redundancia— tienen que ver siempre con el cuidado del lenguaje. De ahí que Bentham recomendara que “todas las personas deseosas de mejorar las instituciones legales deban estar también deseosas de la mejora del lenguaje legal”¹⁵.

En el arte de curar tal y como se aplica al cuerpo natural, el lenguaje ha recibido, para su ventaja, la forma de una rama del arte y la ciencia; ya es momento de que, mediante una operación parecida, el lenguaje, aplicado a los desórdenes del cuerpo político, sea elevado a la misma altura en la escala de dignidad […]. Que se acuñen y acepten todas las palabras y frases nuevas que sean necesarias para la sustitución del error por la verdad, de la oscuridad o la ambigüedad por la claridad, de la charlatanería por la concisión¹⁶.

En esos términos, recibimos desde el Reino Unido del siglo XIX un llamado a la claridad y al cuidado del lenguaje que estuvo marcado por la necesidad de pesar las palabras como diamantes, pues las palabras, en su conjunto, constituyen auténticas realidades. Casi al mismo tiempo, al otro lado del océano, algunos de los padres fundadores de Estados Unidos también eran conscientes de la trascendencia de la claridad en el lenguaje jurídico. Peter Tiersma reseña que John Adams llegó a criticar los textos y el uso de palabras innecesarias de las cartas coloniales británicas y Thomas Jefferson cuestionó el estilo ampuloso de las leyes, sus interminables tautologías y la suerte de involuciones que las hacían realmente incomprensibles¹⁷. Sin embargo, como cita el profesor Virgilio Zapatero: “olvidamos sistemáticamente la importancia de un lenguaje cuidado en los textos legales”¹⁸ como reclamaban los ilustrados.

La búsqueda de claridad no ha dejado de ser una constante en la relación disciplinaria entre lenguaje y derecho, pero tuvo que transcurrir más de un siglo para que la literatura internacional se manifestara con una renovada preocupación por el propósito comunicativo del lenguaje jurídico, esta vez, en forma de “movimiento”. Según Felsenfeld, era necesario el impulso de un movimiento “capaz de cambiar el patrón de la escritura jurídica”¹⁹, escritura usualmente asociada con un “estilo recargado, confuso, pomposo y opaco”²⁰. Discutir ciertos adjetivos, que en ocasiones desconocen las peculiaridades del lenguaje jurídico, no es el objeto de este estudio²¹. Simplemente se menciona para destacar que este tipo de señalamientos sobre el lenguaje del derecho han funcionado, según Soha Turfler, para justificar parcialmente el discurso del MLC²². Coincido, eso sí, con el fiscal español Jesús García Calderón cuando sostiene que “la oscuridad se trata de una perversión deliberada del lenguaje jurídico y no de una característica propia de su naturaleza”²³.

A partir de la necesidad que indicaba Felsenfeld, el MLC empezó a representar un creciente objeto de estudio, sobre todo en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Por ese motivo, gran parte de la literatura inicial sobre los orígenes y evolución del movimiento proviene de autores de habla inglesa. De acuerdo con Mark Adler, por ejemplo, el móvil fundamental de las primeras campañas que lideró el MLC en la década de 1970 fue la convicción de que los ciudadanos deberían ser capaces de comprender los derechos y las obligaciones que contienen los textos jurídicos y financieros. Hasta el día de hoy, el movimiento ha logrado cierta institucionalización y según Adler, “una disciplina que eventualmente podría llegar a ser conocida como plain language studies está comenzando a emerger”²⁴. Parece extraordinario plantearlo de esa forma a pesar de que el movimiento se ha expandido en otros países y han aparecido organizaciones no gubernamentales para su defensa como: Clarity International, Plain Language Association International (PLAIN), Center for Plain Language y Plain English Foundation. Algunas de esas organizaciones se ocupan de promover el lenguaje claro en distintas profesiones e idiomas²⁵, pero aún no son ampliamente conocidas.

3. HITOS, BENEFICIOS Y PROBLEMAS DEL MLC

La atención intelectual que ha merecido el MLC, podríamos decir, se ha concentrado en destacar sus hitos, beneficios y problemas sobre todo en el ámbito jurídico. Las próximas páginas se ocupan de estas tres dimensiones. Con el propósito de identificar la evolución del MLC desde 1970, varios estudios dan cuenta de su formación a partir de cuatro hitos históricos: Citibank, el New York Plain English Law, la Orden Ejecutiva 12.044 del Presidente Jimmy Carter y la iniciativa Plain English Campaign²⁶.

Writing for Dollars, Writing to Please del profesor Joseph Kimble es una de las piezas bibliográficas más relevantes del MLC. Kimble señala a la firma Siegel & Gale como pionera del MLC debido a sus estrategias de simplificación de documentos comerciales y legales para cientos de compañías en todo el mundo. Un ejemplo de sus intervenciones son los contratos de acceso al crédito de consumo con Citibank, primer banco preocupado por un enfoque completamente nuevo centrado en los usuarios. Sobre este particular, Moukad indica:

Citibank se dio cuenta que este tipo de contratos merecía un especial interés en la etapa de redacción y descubrió que podía eliminar cláusulas que rara vez se utilizaban y solo desconcertaban a los consumidores. El formato de los formularios del contrato se modificó para facilitar la lectura por parte del consumidor. El contrato finalmente redactado fue diseñado para explicar la obligación del consumidor en lugar de proteger al acreedor. Los contratos de consumo revisados de Citibank demostraron que los documentos legales se podrían simplificar sin menoscabar su validez o exigibilidad²⁷.

Reviste tal importancia el caso de Citibank que Joanna Richardson²⁸ lo considera como un momento bisagra para el MLC, pues el nuevo contrato de crédito implementado marcó una nueva era en la carrera por la claridad y los derechos de los consumidores. El nuevo formato contractual le significó al banco dejar de ser la tercera reclamante más grande contra los consumidores en la ciudad de Nueva York y lograr una reducción sustancial en el número de demandas para cobrar deudas. Cuando la Legislatura de Nueva York se dio cuenta que los contratos escritos en un lenguaje claro no solo eran deseables, sino también alcanzables —continúa Moukad—, se aprobó la primera ley de los Estados Unidos que obligaba a establecer condiciones de claridad y coherencia en las transacciones con los consumidores; esto, a partir del uso de términos que fueran comúnmente comprensibles²⁹.

La ley también determinó que los acuerdos comerciales deben dividirse en secciones y subdividir cuando sea apropiado para mayor claridad y legibilidad. Los infractores son responsables ante el consumidor por daños y existen multas por incumplimiento. La ley fue modificada en 1978 para eliminar el requisito de ‘lenguaje no especializado’ y permitir palabras técnicas pero que fueran comúnmente entendidas. […] Es una ley de carácter preventivo, busca evitar malentendidos antes de que ocurran³⁰.

Poco después, el Presidente Jimmy Carter firmó en 1978 la Orden Ejecutiva No. 12.044 con el objetivo de lograr que las regulaciones gubernamentales fueran lo más simples y claras posibles³¹. Según el contenido de la Orden, los reglamentos deben ser redactados de modo que aquellos que tienen obligaciones puedan entender cómo cumplirlas. Detrás de este objetivo estaba la necesidad de legislar de manera eficaz y eficiente, y de evitar la imposición de cargas innecesarias a la economía, a las personas, a las organizaciones públicas o privadas y a los gobiernos estatales y locales. Como se puede inferir, esta Orden funciona como antecedente de lo que hoy conocemos como smart regulation³². Un año después, Carter firmó una nueva Orden Ejecutiva, la No. 12.174, que dictaba que los trámites y las cargas administrativas deberían reducirse para permitir que las personas y las agencias federales accedieran a la información de manera fácil, sencilla y directa³³. Aunque los efectos posteriores a ambas órdenes ejecutivas resultaron más bien difusos y el presidente Ronald Reagan las revocó, agencias como la Social Security Administration mantuvieron la disposición de divulgar información en lenguaje claro y otros estados aprobaron otras leyes que exigían el uso de un inglés sencillo³⁴.

De nuevo, es necesario volver a cruzar el océano hasta el Reino Unido para encontrarse con un hito de gran envergadura para el MLC. Se trata de la iniciativa que tuvieron “Chrissie Maher y Martin Cutts cuando comenzaron la Plain English Campaign y que ha servido como base durante todos estos años para luchar en contra del gobbledygook–legalese, small print and bureaucratic language”³⁵. En el Estudio de campo: políticas públicas comparadas que hace parte del Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de España, la profesora Cristina Carretero completó un extenso estado del arte sobre iniciativas relacionadas con el lenguaje claro en países de Europa continental, los países anglosajones e Iberoamérica. Allí se entiende que la campaña es una “iniciativa privada promovida a título personal por Maher en 1971 frente al Ayuntamiento de Liverpool […] y, posteriormente, a nivel nacional para exigir a las Administraciones Públicas el uso de un lenguaje sencillo”³⁶. La profesora Estrella Montolío y Mario Tascón resumieron de forma muy precisa el nacimiento de esta campaña así:

Durante la década de los setenta, una época de crisis económica, muchas familias inglesas tenían grandes dificultades para hacer frente a los gastos básicos del día a día. El procedimiento para solicitar las ayudas sociales era muy complicado, estaba plagado de trabas legales y formularios incomprensibles. Ante la falta de respuesta a las peticiones enviadas al ayuntamiento de Liverpool para que publicara la información de forma simplificada, Chrissie Maher decidió emprender una campaña contra esa institución y su jerga incomprensible. Si las autoridades no facilitaban los documentos que permitieran entender cuál era el procedimiento para solicitar las ayudas, ella estaba dispuesta a hacerlo³⁷.

La cita de Montolío y Tascón pone de manifiesto la problemática social que incentivó la organización de una campaña que luego unió a personas y colectivos alrededor de un objetivo común. Sobota reitera que Maher fue la primera persona que comenzó la lucha por una escritura simple y clara y su iniciativa Plain English Campaign³⁸, en palabras de Montolío, dio la pauta para el surgimiento del movimiento internacional llamado Plain Language Movement³⁹ que ahora nos ocupa.

Posteriormente a estos cuatro hitos y acabada la década de 1970, merece la pena por lo menos mencionar otras iniciativas que han dejado huella en la historia del movimiento como Access to Justice en Canadá y el informe The Decline and Fall of Gobbledygook: Report on Plain Language Documentation que recomendó algunas estrategias para promover el lenguaje claro en la profesión jurídica y la banca⁴⁰. A nivel europeo, emergió una campaña con el objetivo de fomentar la escritura clara en las instituciones de la Unión Europea. De ahí surgieron los informes Clarifying Eurolaw y Clarifying EC Regulations, elaborados por Martin Cutts, cofundador de la Plain English Campaign antes mencionada y director ahora de la Plain Language Commission.

Suecia concretamente es reconocido como un ejemplo global en el lenguaje claro, pues tiene “una larga tradición en trabajar con la modernización del lenguaje administrativo”⁴¹. Desde 1976, el gobierno prestó especial relevancia al asunto lingüístico durante el trámite de las leyes y “a partir de 1980, se creó un equipo de expertos en lenguaje que revisa el material escrito antes de que llegue al parlamento, prepara directrices para la redacción y realiza cursos de capacitación”⁴². La expedición del Plain Writing Act⁴³ (2010) en Estados Unidos y la declaración del día 13 de octubre como Día Internacional del Lenguaje Claro representan, quizá, el hito y los logros más recientes del MLC.

Más allá de los hitos, la bibliografía relacionada con el MLC se ha dedicado a respaldarlo en uno u otro sentido, resaltando sus beneficios y bondades. Los aportes de Joseph Kimble, Peter Butt y Martin Cutts suelen ser los más notables en este punto. En Writing for Dollars, Writing to Please, Joseph Kimble afirma que el lenguaje claro funciona como una herramienta que ahorra tiempo y dinero en los sectores gubernamentales, privado y jurídico⁴⁴. En Answering the Critics of Plain Language, Kimble intenta demostrar con algunas técnicas estadísticas que el lenguaje claro “es muy preferido por los lectores […] mejoraría enormemente la imagen y la comunicación jurídica”⁴⁵. Peter Butt coincide con Kimble, y en The Assumptions behind Plain Legal Language concluye que “después de 20 años, la evidencia sobre los beneficios del lenguaje claro es abrumadora: ahorra tiempo y dinero, los clientes y ciudadanos tienen más posibilidades de entender el lenguaje jurídico y la mayoría de los jueces lo prefieren”⁴⁶. En Le langage clair en droit: pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère!, Stéphanie Roy también se muestra favorable hacia el MLC y advierte incluso que “el lenguaje claro debería estar en el corazón de una justicia más humana, accesible y eficiente”⁴⁷. Según Roy, hasta los abogados más resistentes no tendrán más remedio que unirse al movimiento. En nuestro espacio iberoamericano, el actual director de la RAE también se ha referido al MLC en El libro de estilo de la justicia, donde arguye que:

[…] el movimiento ha llevado consigo, en todos los Estados de derecho avanzados, por un lado, la introducción de medidas conducentes a la mejora de la calidad y, sobre todo, claridad, previsibilidad y fácil comprensión de la legislación, y, por otro, la aprobación de planes, programas y normas destinadas a la mejora de la calidad lingüística de los textos judiciales y administrativos⁴⁸.

No obstante, otra parte de la bibliografía se ha propuesto demostrar que el MLC ha exagerado en sus potenciales beneficios y ha propagado la falsa creencia de que los textos jurídicos pueden ser inteligibles para los ciudadanos por la vía de una simplificación del lenguaje. El profesor Rabbea Assy define la trayectoria del MLC como la historia de un falso profeta y, recordando las lecciones de Bentham, advierte que “por muy atractivas que sean estas ideas, no son prácticas”⁴⁹. De hecho, insiste en que

[…] el tecnicismo del lenguaje jurídico no puede reducirse a una cuestión lingüística. Se sustenta en un cuerpo de teorías, doctrinas, principios y reglas, cuyo conocimiento es necesario para dar cuenta del significado y alcance de los conceptos legales y para usarlos de manera efectiva y eficiente en los tribunales⁵⁰.

En el particular caso del lenguaje claro en la legislación, dice Brian Hunt, se asume la idea de que existe un amplio número de ciudadanos que son lectores habituales de la ley, digamos, en bruto. Sin embargo, continúa, “esta premisa no está bien establecida. En ausencia de pruebas sustanciales de que exista tal interés público en la legislación, los argumentos a favor de la redacción de leyes en un lenguaje sencillo son realmente muy débiles”⁵¹, por lo que concluye que el lenguaje claro en la legislación solo es una aspiración, un ideal loable.

Existe, además, una provechosa discusión sobre ideologías del lenguaje y teorías sociolingüísticas alrededor del concepto de lenguaje claro y su impacto en el lenguaje jurídico. Dentro de este tipo de discusiones, encontramos posturas muy interesantes que acusan al MLC de crear una “ideología totalizadora” que proyecta la creencia de que hay maneras correctas y apropiadas de hablar o escribir. En este proceso se han construido tres “problemas”: 1) el lenguaje claro caracteriza al lenguaje jurídico “tradicional” como un “paciente” que hay que curar; 2) hay recursos que el lenguaje claro se permite usar, pero se “prohíbe” su uso al lenguaje jurídico (ejemplo: la voz pasiva) y 3) el lenguaje claro borra heterogeneidades o invisibiliza determinadas actividades o fenómenos sociolingüísticos. Todas estas cuestiones están reunidas en el riguroso trabajo académico de Soha Turfler titulado Language Ideology and the Plain Language Movement.

En resumen, parece viable afirmar que el MLC ha despertado inquietudes académicas destacables y muy variadas en los campos jurídico y lingüístico. El propósito de esta primera parte fue, en esencia, exponer un hilo argumentativo de carácter estrictamente descriptivo sobre una pequeña muestra del estudio que ha recibido el movimiento. Dicha muestra resalta el interés por fijar los hitos de la formación del movimiento, los beneficios que supuestamente produce y los inconvenientes que han señalado los críticos. La cuestión sobre los hitos no parece generar discusiones relevantes en el ámbito académico ni divulgativo. No ocurre lo mismo con la ambivalente agenda que controvierte los beneficios y los problemas del lenguaje claro, asunto que aún sigue siendo de gran interés, sobre todo en el terreno de la aplicación práctica y técnica.

Antes de continuar con el MLC, debo hacer una advertencia oportuna. En el extenso y muy complejo debate sobre la (in) conveniencia del lenguaje claro en la ley, es necesario incluir las consideraciones que los niveles de racionalidad legislativa aportan desde la ciencia de la legislación. Allí ya se ha dicho, por ejemplo, que

No es necesario que el destinatario formal de la ley —por ejemplo la mayoría de los ciudadanos— sean capaces de entender el mensaje legislativo. Algunas leyes tienen como destinatarios mediatos a profesionales. Es evidente que la ley de presupuestos tiene unos tecnicismos que la convierten en ininteligible para la mayoría de los ciudadanos. Pero eso no significa que haya fracasado desde el punto de vista de la racionalidad lingüística porque bastaría que la comunicación fuera clara para los sectores profesionales que trabajan en ese tema⁵².

Lo anterior no puede conducir al abandono de los esfuerzos por la calidad y la claridad lingüística de la ley, lo que debe suponer es la aceptación de matices y grados en torno al concepto de la racionalidad en la legislación. Debo apartarme del ánimo (y de la pertinencia) de encarar esta cuestión, pues excede los propósitos de este trabajo.

Volviendo sobre el estudio del movimiento propiamente, debe decirse que el término “movimiento” es prácticamente unánime en toda la literatura. Sin embargo, existe un escaso o nulo desarrollo que interrogue sobre el significado que tiene el uso de esa categoría conceptual, así como las implicaciones que tendría el hecho de efectuar un estudio que la cuestione. La propuesta de este capítulo, modesta y muy sencilla, es que para una comprensión más completa del MLC es necesario abordarlo con los lentes que otorgan los enfoques de la acción colectiva. Creo que el análisis de la “vertebración organizativa, la agregación de intereses, las identidades colectivas y las posibilidades de institucionalización”⁵³, variables propias del ámbito de los movimientos sociales y la acción colectiva, ofrecen herramientas para dimensionar con mayor exactitud las propiedades, beneficios y problemas que, en efecto, se le pueden atribuir al MLC.

4. EL MLC COMO MOVIMIENTO

Llegados a este punto, considero relevante proponer que el análisis del MLC también debería pasar por el examen de los recursos de acción colectiva que han favorecido, con todos sus matices, su desarrollo como movimiento. Aquí cabría la posibilidad, en primer lugar, de someter a revisión la estructura y los intereses de organizaciones como Clarity International, PLAIN y el Center for Plain Language.

Las tres organizaciones mencionadas son probablemente la plataforma de acción internacional más coordinada que encauza la plain language advocacy o la defensa del lenguaje claro. Clarity⁵⁴ consiste en un grupo de profesionales del derecho convencidos de la idea de promover —voluntariamente— el lenguaje jurídico claro: “el objetivo es el uso de un inglés claro por parte de la profesión jurídica”⁵⁵. PLAIN⁵⁶ fue impulsado originariamente por dos mujeres canadienses, Cheryl Stephens y Kate Harrison, interesadas en reunir a profesionales de diversas disciplinas que planifican, escriben, diseñan y crean comunicaciones para resolver mejor las necesidades del público en general. El Center for Plain Language⁵⁷ nació por el interés de funcionarios federales de los Estados Unidos. Hoy es una organización que cuenta con personas no solamente del gobierno, sino también con académicos, consultores, comunicadores, organizaciones de atención médica y de la comunidad empresarial. Algunos miembros del Center for Plain Language tuvieron una seria incidencia en el proceso de aprobación del Plain Writing Act de 2010 en el Congreso de los Estados Unidos, que mencionamos previamente. Neil James, expresidente de PLAIN, y Eamonn Moran, expresidente de Clarity, describen la naturaleza de estos tres cuerpos del MLC de la siguiente manera:

Clarity se centra en el lenguaje jurídico, no es un cuerpo legalmente constituido y opera a través de un comité activo pero voluntario. Center for Plain Language en los Estados Unidos es más una organización nacional, y su enfoque está comprensiblemente dirigido a la acción e intereses nacionales. PLAIN es un organismo legalmente constituido con una junta que funciona y tiene el mayor potencial para asumir actividades […] pero al igual que Clarity, sus recursos son limitados: no tiene oficinas, no tiene personal remunerado y está dirigido por un comité voluntario⁵⁸.

La dinámica que han mantenido estas organizaciones ha permitido, en principio, fortalecer redes de contacto, facilitar el intercambio de ideas con publicaciones periódicas y auspiciar encuentros en diferentes ciudades para conocer los avances en proyectos de investigación y divulgación. A partir del año 2007, Clarity, PLAIN y el Center for Plain Language pactaron un proyecto conjunto denominado International Plain Language Working Group (IPLWG) con la pretensión de potenciar el movimiento. Recientemente el IPLWG inició un proceso para elaborar estándares de lenguaje claro⁵⁹ con la Organización Internacional de Normalización (ISO).

El gran desafío que sigue vigente es la organización institucional, política y económica del MLC a través de una federación constituida como la International Plain Language Federation (IPLF)⁶⁰. James y Moran, en “Strengthening Plain Language Institutions”, publicado en el número 64 de Clarity Journal, proponen dotar a esta federación de una nueva estructura jurídica y financiera que permita su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. “La institución deberá conseguir inicialmente financiamiento de organismos públicos y privados en lugar de depender de cuotas y servicios de membresía”⁶¹ como actualmente ocurre con los voluntarios que se unen para “defender la causa”⁶². Además de no duplicarse en funciones con Clarity, PLAIN y Center for Plain Language, la Federación debería transformarse, concluyen James y Moran, en un mecanismo de cooperación internacional en pro del lenguaje claro.

Sumado a lo anterior, la idea del lenguaje claro y del movimiento generado a su alrededor están expresando ahora la existencia de un “derecho”. El MLC sostiene que el lenguaje claro es un vehículo para materializar el “derecho a comprender”: las personas tienen derecho a comprender aquellas comunicaciones o informaciones de las que dependen el ejercicio de derechos y obligaciones y la toma de decisiones.

La revisión que propongo tendría que unificar y completar los criterios que caracterizan el movimiento de lenguaje claro y tratar de ajustarlos a los esquemas teóricos pertinentes en la materia de movimientos sociales y de acción colectiva. Este ejercicio debería servir para determinar si en realidad estamos frente a un “movimiento” con relevancia y fundamento social. En este trabajo, me limito a sugerir el enfoque de Margaret Keck y Kathryn Sikkink sobre las redes de defensa transnacional.

Las profesoras de Johns Hopkins y de Harvard analizan las redes de activistas o las redes de defensa transnacional como una manifestación de los nuevos movimientos sociales en el contexto internacional. Las redes de defensa, dicen las autoras, “están motivadas por valores más que por intereses materiales”⁶³; “incluyen actores que trabajan internacionalmente sobre un asunto dado, están ligados por valores que comparten, por su discurso común, y por constantes intercambios de información y servicios”⁶⁴; “las ONG desempeñan un papel destacado en estas redes, en algunos casos inspiradas por un voluntariado internacional”⁶⁵; hacen reclamos sobre derechos, pero rara vez comprenden la movilización de masas; tratan, más bien, de tener influencia política a partir de sus ideas; y se integran de “personas a las que determinado asunto les importa lo suficiente para incurrir en los gastos necesarios para lograr sus metas”⁶⁶.

Si se acepta la breve radiografía acerca de las redes de defensa introducidas por Keck y Sikkink con los seis componentes apuntados, nos encontramos un marco que podría explicar nuestro objeto de estudio. Así, podría decirse que el MLC se compone de una red de defensa transnacional cuyos miembros son actores de distintos países unidos por un valor fundamental: la importancia de incorporar el lenguaje claro en áreas donde las personas necesitan y tienen el derecho a acceder y a entender la información que les afecta. Las ONG como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language representan para el MLC las formas y plataformas de acción colectiva que los defensores del lenguaje claro han utilizado para promover sus causas, ideas y principios; para intercambiar información acerca de sus proyectos y también para influir en decisiones de política que beneficien al mayor número de personas. El Plain Writing Act en Estados Unidos es un buen ejemplo de la organización de los defensores para presionar su aprobación en el Congreso. Aunque el impacto y el reconocimiento todavía son muy reducidos, cualquier éxito atribuible al MLC se debe principalmente al tiempo, al esfuerzo y a los saberes de los defensores del lenguaje claro y de las redes que han construido.

Es obligatorio decir aquí que esta propuesta es un bosquejo que no tiene la pretensión de ser completa. Solamente dibuja los contornos rudimentarios para pensar el MLC desde el enfoque de la acción colectiva, desde categorías analíticas que ofrecen el estudio de los movimientos sociales y más concretamente, desde la lógica de las redes de defensa transnacional. Sostengo que una aproximación de esta naturaleza podría servir para establecer con mayor precisión en qué consiste el MLC, cuáles son los verdaderos impactos que puede generar y qué responsabilidad le cabe a la hora de (pre)juzgar la causa que defiende: el lenguaje claro. Así mismo, el trabajo de Keck y Sikkink es útil para explicar cómo “las redes globales transportan ideas, las reenmarcan y las inscriben en nuevos debates”⁶⁷. Desde este punto de vista, el enfoque sugerido ayudaría en la tarea que supone el hecho de indagar cómo las ideas relacionadas con el lenguaje claro se han instalado y luego difundido en América Latina.

5. UN “PROYECTO” DE LENGUAJE CLARO LATINOAMERICANO

Como se anunció en la introducción, el segundo objetivo de este capítulo es exponer algunas nociones que permitan concebir un “proyecto” de lenguaje claro en el contexto latinoamericano. El papel de la región en la configuración del MLC como red de defensa transnacional, o como cualquier otra manifestación, ha sido limitado. Eso no quiere decir de ninguna manera que el lenguaje claro no tenga ningún desarrollo en los países de América Latina. Todo lo contrario, hay desde hace varios años iniciativas públicas y privadas que reivindican la existencia de un “derecho a comprender” a través de proyectos sobre lenguaje claro y lectura fácil⁶⁸. Dudo que el conocimiento o el acercamiento hacia organizaciones como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language o, en general, hacia el MLC haya sido el factor determinante para la incorporación del lenguaje claro en la agenda pública latinoamericana⁶⁹. En su lugar, parece más razonable pensar que las ideas sobre claridad y comprensibilidad del lenguaje jurídico-administrativo concretamente se han instalado con más fuerza por la vía de formulaciones de políticas públicas que tienen al ciudadano como centro de la actividad estatal.

Desde la alianza Open Government Partnership la mayoría de los Estados, incluidos los latinoamericanos, han estado impulsando políticas de mejora regulatoria, rendición de cuentas, de acceso a la información y reducción de trámites⁷⁰. En general, estas políticas intentan “abrir las puertas” de las instituciones hacia los ciudadanos para que se involucren en los asuntos públicos y participen más activamente. En ellas se han practicado esfuerzos de simplificación comunicativa y “estrategias de lenguaje claro y comprensible para garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos”⁷¹. No obstante, esta es otra aproximación muy breve. Hace falta completar la historia política del lenguaje claro en América Latina, donde México⁷² registra antecedentes desde 2004.

Cabe pensar aquí también que el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (ICMLJ) en España simboliza un punto de referencia en el espacio iberoamericano. El documento no se identifica directamente con los postulados de lenguaje claro derivados del movimiento, pero sí apela al reconocimiento de que una justicia moderna es una justicia comprensible para el ciudadano⁷³. En el Informe de recomendaciones publicado en 2011, la Comisión se refiere a un

[…] derecho a comprender: la ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un ‘traductor’, las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Un mal uso del lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales⁷⁴.

De modo similar, la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia⁷⁵ ya se había referido a este “derecho” y desde ese momento se ha venido insistiendo en que “toda idea de justicia reposa, en gran medida, sobre el uso correcto del lenguaje”⁷⁶ y en que es necesario dotar el derecho a comprender “de un estatuto por vía legislativa o jurisprudencial”⁷⁷.

Algunos países latinoamericanos han tomado en consideración el contenido del ICMLJ y en Chile, Argentina y Colombia⁷⁸ existen proyectos denominados “Redes de Lenguaje Claro”. Las redes son esquemas de organización y comunicación voluntaria, recíproca y horizontal⁷⁹ y los acuerdos de colaboración que les han dado vida reflejan la intención de promover y propagar el uso del lenguaje claro en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo. Las redes conforman esfuerzos de acción colectiva, recogen la idea del denominado “derecho a comprender” y sostienen que, en general, la información que no está en lenguaje claro tiene un impacto negativo en la participación social y en la confianza ciudadana frente a los poderes públicos. Con base en lo anterior, podría pensarse que el derecho a comprender que se proponen abordar no se agota en el “reconocimiento del derecho ciudadano a comprender la justicia”⁸⁰, sino que se extiende a toda la información que se considera pública, a los documentos y trámites que hacen realidad la provisión de servicios públicos y a las decisiones que toman los gobiernos (o los jueces) en determinados momentos de crisis o dentro de la propia normalidad constitucional⁸¹.

El vínculo con la confianza y la participación también es parte del argumento que soportan las iniciativas sobre lenguaje claro en países como Suecia y Noruega, y que las Redes Latinoamericanas han observado como referentes. Allí se considera que el uso del lenguaje claro ayuda a mantener un funcionamiento óptimo de las instituciones y a fortalecer la democracia⁸², entre otras cosas, porque “los ciudadanos de hoy tienen un mayor interés que antes en acceder a las decisiones de los tribunales y gobiernos, lo cual impone una mayor exigencia de escritura comprensible”⁸³.

Si enmarcamos esa exigencia en un proyecto de democracia que no se limita a la mera regla de la mayoría, sino que aspira a albergar ciudadanos cada vez más informados, capaces de participar, opinar y controlar la función pública, la idea del lenguaje claro como instrumento que posibilita el acceso y el entendimiento de la información necesaria para fundar criterios propios adquiere dimensiones que deberían ser estudiadas. Esa idea puede parecer intuitivamente plausible y sería una línea de investigación interesante. En consecuencia, habría que interrogar cuál es la conexión que hay entre la claridad en el lenguaje jurídico, la existencia de un derecho a comprender y una aspiración política de tal magnitud como el fortalecimiento democrático. De acuerdo con Marius Rohde Johannessen, Lasse Berntzen y Ansgar Ødegård, quienes han estudiado la trayectoria de la política pública de lenguaje claro en Noruega,

Desde una perspectiva democrática, el uso de un lenguaje complejo es un problema, ya que niega a los ciudadanos la oportunidad de participar en la formulación de políticas e influir en la toma de decisiones. El ideal democrático representativo es que todo ciudadano tenga el derecho y la oportunidad de ser escuchado por los funcionarios electos, pero el uso del lenguaje puede ser una barrera importante para la participación y para el acceso de los ciudadanos al sector público […] el lenguaje claro es un requisito previo para el gobierno y la democracia⁸⁴.

Johannessen, Berntzen y Ødegård explican que un lenguaje poco accesible suele bloquear la participación y por ende, afectar el ejercicio de otros derechos constitucionales e impedir los mecanismos de control ciudadano de la actividad estatal. Lo anterior supone, entonces, el desafío de evaluar el rol que nuestras instituciones en América Latina otorgan al lenguaje y examinar si configura un factor que facilita o dificulta la participación ciudadana, vista como uno de los pilares de la calidad democrática. Dicho desafío incluye la labor de cuestionar críticamente si, y en qué medida, el lenguaje claro en América Latina es una herramienta potencialmente efectiva para la inclusión y la participación⁸⁵.

Las iniciativas que ya están en marcha y el interés académico y científico que está despertando el asunto parecen favorecer un buen momento para impulsar un proyecto de lenguaje claro latinoamericano capaz de identificar dónde está la correspondencia entre lenguaje claro y democracia, así como de dialogar y contribuir dentro del contexto internacional del MLC. Si el cometido avanza habría que tener en cuenta las críticas y los inconvenientes previamente señalados respecto a la aplicación del lenguaje claro en el ámbito público y, sobre todo, en la formación jurídica⁸⁶. Un primer paso es entender que la ciudadanía no es un conjunto homogéneo, no tiene las mismas características ni los mismos niveles de formación que le permitan, a su vez, el mismo grado de comprensión del lenguaje jurídico. Las estrategias de clarificación deben ser conscientes de ello. Un segundo paso consiste en situar el lenguaje claro como una herramienta posiblemente facilitadora, nunca definitiva, en el campo de las políticas públicas para activar valores democráticos tan amplios como la transparencia, la participación o la confianza. Por último, sería importante aceptar la colaboración, siempre respetuosa, de diversas disciplinas que comparten interés y preocupación por la calidad y la claridad del lenguaje jurídico. Se nos va mucho en ello.

6. CONCLUSIONES

La promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas a partir de instituciones sólidas que facilitan el acceso a la justicia es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS No. 16). Su consecución será posible si, entre todos los elementos que conforman el objetivo, tomamos en serio el lenguaje como factor de inclusión o exclusión como decíamos antes. La trayectoria histórica y social del movimiento de lenguaje claro denota el compromiso que un grupo de actores ha decidido asumir en esa dirección.

Además, el MLC devela intereses, acciones colectivas y esfuerzos de institucionalización que deben seguir siendo estudiados. Pienso que esto puede ayudar para ahondar en el análisis de un fenómeno ya internacional que busca y defiende la claridad en el lenguaje como una alternativa que facilita la comprensión de aquellos asuntos importantes para las personas. Aquí hemos hecho énfasis en la esfera jurídica por las implicaciones políticas y sociales, pero habría que observarlo desde más perspectivas. Las aproximaciones y los enfoques propuestos en este trabajo han intentado hacer una presentación del lenguaje claro como movimiento y como proyecto. Hemos buscado aportar un poco desde la óptica de la acción colectiva para ampliar la comprensión del MLC e invitar a la consolidación de un proyecto con identidad latinoamericana o incluso, iberoamericana, que impulse y visibilice las estrategias existentes de lenguaje claro en español y portugués. Seguramente sea muy temprano para apostar por la forma concreta de ese “proyecto”. Dependerá del diálogo, de voluntades agregadas y de la construcción colectiva.

Finalmente, a propósito del inesperado hecho que marcó el año 2020, cabe una última apreciación. Estudiar el lenguaje claro en tiempos de pandemia resulta tan pertinente como desafiante, porque la necesidad de comprender lo que está pasando frente a la covid-19 deviene en una competencia colectiva para actuar de manera responsable e inteligente. En medio de la sobreproducción informativa y las asimetrías cognitivas de los individuos, los contenidos científicos, sanitarios y normativos que la ciudadanía recibe por parte de las instituciones para contener el virus deben ser tan claros y comprensibles que permitan generar las conductas individuales deseadas para aumentar la confianza y la cooperación social.

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Notas

¹ Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.369.

Agradezco los comentarios que hicieron los pares evaluadores sobre la primera versión de este texto. He aceptado la sugerencia de uno/a de ellos de modificar el título anterior, “No hay democracia cuando no se comprende. El Lenguaje Claro en movimiento”, y otras cuestiones relacionadas con la manera de abordar los planteamientos, para lograr un capítulo con sentido de la medida y de sus medidas.

² Daniel Bonilla Maldonado, “Kafka y la ley”. Anuario de Derecho Privado, n.° 14 (1994): 253.

³ Law Reform Commission of Victoria, Plain English and the Law: The 1987 Report Republished(Melbourne: Victorian Law Reform Commission, 2017), VI.

⁴ Carl Felsenfeld, “The Plain English Movement”. Canadian Business Law Journal 6, (1981-1982): 408 (traducción propia).

⁵ Mark Adler, “The Plain Language Movement”, en The Oxford Handbook of Language and Law, editado por Peter Tiersma y Lawrence M. Solan (Oxford: Oxford University Press, 2016), 69. En un sentido similar, véase: Joseph Kimble, “Plain English: A Charter for Clear Writing”. Michigan Bar Journal 9, n.° 1 (1992): 1064.

⁶ Rabeea Assy, “Can the Law Speak Directly to its Subjects? The Limitation of Plain Language”. Journal of Law and Society 38, n.° 3 (2011): 377 (traducción propia).

⁷ Law Reform Commission of Victoria, Plain English and the Law, 36 (traducción propia).

⁸ “¿Qué es el lenguaje claro?”, Plain Language Association International, acceso 22 de mayo de 2019, https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/.

⁹ Como se puede inferir, estas recomendaciones aplican principalmente a documentos escritos que luego serán leídos y en contextos muy limitados donde el tiempo, los recursos y los costos de “someter a prueba” no re-sultan un problema mayor que la propia elaboración de los documentos.

¹⁰ Mauricio García Villegas y María Adelaida Ceballos, La profesión jurídica en Colombia. Falta de reglas y exceso de mercados (Bogotá: Dejusticia, 2019), 16.

¹¹ Carlos Santiago Nino, Introducción al análisis del derecho (Barcelona: Ariel, 2013), 1.

¹² Le debo esta oportuna advertencia a uno/a de los/as evaluadores iniciales del capítulo.

¹³ En un sentido bastante amplio, este trabajo entiende el lenguaje jurídico como aquel que se refiere al derecho o en el cual consiste el derecho, más precisamente cuando se trata de la ley, cuya norma expresa las relaciones de poder en la sociedad y el Estado. Véase: Humberto Sierra Porto, “Lenguaje jurídico y discriminación”, en El lenguaje: un elemento estratégico en la construcción de la igualdad (Bogotá: Comisión Nacional del Género de la Rama Judicial de Colombia, 2008), 16.

¹⁴ Para profundizar sobre el canon ilustrado de legislar es imprescindible leer el prólogo que hace Virgilio Zapatero (2004) a Nomografía o el arte de redactar leyes, libro editado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC) de Madrid. Realicé una síntesis de los antecedentes históricos y conceptuales del lenguaje claro relacionados con la Ilustración que se encuentran en una publicación anterior titulada: “Lenguaje claro. El derecho a comprender el Derecho”, https://doi.org/10.20318/eunomia.2018.4355.

¹⁵ Jeremy Bentham, Nomografía o el arte de redactar leyes (Madrid: CEPC, 2004): 92 (traducción propia).

¹⁶ Ibídem, 92-93.

¹⁷ Peter Tiersma, “The Plain English Movement”, Plain Language, s. f., http://www.languageandlaw.org/PLAINENGLISH.HTM.

¹⁸ Virgilio Zapatero, El arte ilustrado de legislar, Prólogo a Nomografía o el arte de redactar leyes, de Jeremy Bentham, (Madrid: CEPC, 2004), XVII-LXXXII.

¹⁹ Felsenfeld, “The Plain English Movement”, 413.

²⁰ Richard Wydick, “Plain English for Lawyers”. California Law Review 66, n.° 4 (1978): 727 (traducción propia).

²¹ Véase, para un mayor entendimiento de la cuestión: Cristina Carretero González y Julio Carlos Fuentes Gómez, “La claridad del lenguaje jurídico”. Revista del Ministerio Público Fiscal, n.o 8 (2019): 7-40.

²² La interesante crítica de Soha Turfler plantea que una facción el MLC asocia ciertas características específicas del lenguaje —uso de latinismos, palabras oscuras y frases largas— con el lenguaje jurídico y luego usa esas asociaciones para hacer evaluaciones sociales sobre el grupo que usa tales características. El estilo sencillo y sus defensores se consideran claros, comprensibles, directos, convincentes, honestos y veraces; mientras que la escritura jurídica se considera llena de palabrería, hinchada, pomposa y artificial: Soha Turfler, “Language Ideology and the Plain Language Movement”. Legal Communications and Rhetoric: JALWD 12, (2015): 195-218.

²³ Jesús García Calderón, “Un nuevo derecho a comprender”. Cuadernos de derecho y comercio 57, n.° 1 (2012): 144.

²⁴ Mark Adler, “The Plain Language Movement”, 66 (traducción propia).

²⁵ El MLC también tiene incidencia en diversas profesiones y diferentes idiomas. Para estudiar el lenguaje claro en la profesión médica, pueden verse: George Hathaway, “A Plain English Movement in Medicine”. Michigan Bar Journal (1990); Oscar Linares, David T. Daly y Gertrude A. Dale, Plain English for Doctors and other Medical Scientists (Oxford: Oxford University Press, 2017); y Fiona Warde et al., “Plain Language Communication as a Priority Competency for Medical Professionals in a Globalized World”. Canadian Medical Journal 9, n.° 10 (2018).

²⁶ El trabajo del profesor Chistropher Williams va más allá y destaca los diez hitos del MLC que, según su perspectiva, lo han hecho exitoso en los últimos 40 años en la esfera jurídica: 1) Citibank, 1963; 2) Canada’s Legislative Drafting Workshop, 1969; 3) Australia Victorian Law Reform Commission Report, 1987; 4) US Pennsylvania Plain Language Consumer Contract Act, 1993; 5) New Zealand Government “Rewriting the Income Tax Act”, 1994; 6) South Africa Constitution, 1996; 7) UK Tax Law Rewrite Project, 1996-2010; 8) Scottish Online Booklet on Plain Language and Legislation, 2006; 9) US Federal Rules of Civil Procedure, 2007; y 10) US Plain Writing Act, 2010. Véase: Christopher Williams, “Changing with the Times: The Evolution of Plain Language in the Legal Sphere”. Alicante Journal of English Studies, n.° 28 (2015): 183-203.

²⁷ Rosemary Moukad, “New York’s Plain English Law”. Fordham Urban Law Journal 8, n.° 2 (1980): 452-453 (traducción propia).

²⁸ Joanna Richardson, “Lenguaje claro: orígenes, historia y un caso de estudio”. Hemiciclo. Revistas de estudios parlamentarios, n.° 12 (2015): 7-13.

²⁹ Moukad, “New York’s Plain English Law”, 454.

³⁰ Ibídem, 455 (traducción propia).

³¹ Beth Mazur, “Revisiting Plain Language”. Technical Communication: Journal of the Society for Technical Communication 47, n°. 2 (2000): 205.

³² U. S., E. O. 12.044, mar. 23/1978, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12044-improving-government-regulations.

³³ U. S., E. O. 12.174, nov. 30/1979, https://www.presidency.ucsb.edu/documents/executive-order-12174-federal-paperwork-reduction.

³⁴ Véase el No. 16 de Clarity Journal, publicación de la organización Clarity International.

³⁵ Maria Sundin, “Plain English and Swedish klarsprak. A Comparison between Plain Language Movements, Style Guides, and Practice” (documento inédito, s. f.), 5, https://www.textfixarna.se/wp-content/uploads/2013/01/plain_english.pdf.

³⁶ Comisión para la Modernización del Lenguaje Jurídico, Estudio de campo: Políticas públicas comparadas, editado por Cristina Carretero (Madrid: Ministerio de Justicia, 2011), 50, https://lenguajeadministrativo.com/wp-content/uploads/2015/10/CMLJ-Estudio-de-campo.pdf.

³⁷ Estrella Montolío y Mario Tascón, El derecho a entender, la mejor defensa de la ciudadanía (Madrid: Catarata, 2020), 23.

³⁸ Anna Sobota, “The Plain Language Movement and Modern Legal Drafting”. Comparative Legilinguistics 20, (2014): 19-30.

³⁹ Estrella Montolío, Hacia la modernización del discurso jurídico. Contribuciones a la I Jornada sobre modernización del discurso jurídico español (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 71.

⁴⁰ En la misma escala de interés está el proyecto para reescribir las leyes de impuestos del Reino Unido, una idea para que las cuestiones tributarias sean más claras y fáciles de usar, sin necesidad de cambiar la ley.

⁴¹ Ingemar Strandvik, “La modernización del lenguaje jurídico en Suecia: ¿enseñanzas aplicables a otras tradiciones?”, en Hacia la modernización del discurso jurídico. Contribuciones a la i Jornada sobre modernización del discurso jurídico español, editado por Estrella Montolío (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2011), 131.

⁴² Barbro Ehrenberg-Sundin, “Plain Language in Sweden”. Clarity, n.° 33 (1995): 16 (traducción propia).

⁴³ El propósito de esta Ley es mejorar la eficacia y la responsabilidad de las agencias federales ante el público mediante la promoción de una comunicación gubernamental clara que el público pueda comprender y utilizar.

⁴⁴ Uno de los casos analizados por Kimble es el de la Royal Mail, empresa de servicio postal del Reino Unido, cuyos formularios fueron intervenidos con estrategias de lenguaje claro. Antes de la intervención había una tasa de error del 87% y Royal Mail gastaba más de £ 10,000 por semana para tratar las quejas y reprocesar los formularios incorrectos. La nueva forma redujo drásticamente la tasa de error y ahorró £ 500,000 en nueve meses. Otro caso es el de la empresa de telecomunicaciones British Telecom que estaba recibiendo casi un millón de consultas por año de clientes sobre sus facturas de teléfono. Con la nueva factura expresada en lenguaje claro, la cantidad de quejas y consultas se redujo un 25%. Además, los clientes comenzaron a pagar con mayor rapidez mejorando el flujo de efectivo y reduciendo el costo de cobrar las facturas vencidas. Ambas intervenciones fueron desarrolladas por la firma Siegel & Gale.

⁴⁵ Joseph Kimble, “Answering the Critics of Plain Language”. Scribes Journal of Legal Writing 51, n.° 5 (1994-1995): 81 (traducción propia).

⁴⁶ Peter Butt, “The Assumptions behind Plain Legal Language”. Hong Kong Law Journal 32, n. ° 1 (2002): 185-186 (traducción propia).

⁴⁷ Stéphanie Roy, “Le langage clair en droit: pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère!”. Les Cahiers de droit 54, n.° 4 (2013): 1006 (traducción propia).

⁴⁸ Santiago Muñoz Machado, Libro de estilo de la justicia (Bogotá: Planeta, 2018), 15.

⁴⁹ Rabeea Assy, “Can the Law Speak Directly to its Subjects?”, 396 (traducción propia).

⁵⁰ Rabeea Assy, “Can the law speak directly to its subjects?”, 403 (traducción propia).

⁵¹ Brian Hunt, “Plain Language in Legislative Drafting: An Achievable Objective or Laudable Ideal?” Statute Law Review 24, n.° 2 (2002): 112-124 (traducción propia).

⁵² Albert Calsamiglia, “¿Debe ser la moral el único criterio para legislar?” Doxa, Cuadernos de filosofía del derecho, n.° 13 (1993): 169. Gema Marcilla también sostiene que: “resultaría un tanto ingenuo sostener que la calidad de las leyes necesita de una ciencia de la legislación normativa, pero basada exclusivamente en criterios sobre racionalidad lingüística”: Gema Marcilla Córdoba, Racionalidad legislativa. Crisis de la ley y nueva ciencia de la legislación(Madrid: CEPC, 2005), 298. Manuel Atienza sostiene que: “una ley puede no ser clara para quien tiene que cumplir los mandatos que la misma contiene (por ejemplo, los de una ley tributaria), sin que ello signifique que la misma sea defectuosa lingüísticamente (bastaría, por ejemplo, con que resultara clara para los asesores fiscales, inspectores de Hacienda, etc.)”: Manuel Atienza, Contribución a una ciencia de la legislación(Madrid: Cuaderno Civitas, 1997), 29. Los niveles de racionalidad legislativa propuestos por Manuel Atienza son: 1) lingüística, 2) sistemática, 3) pragmática, 4) teleológica y 5) ética.

⁵³ Categorías de análisis nucleares en el estudio de los movimientos sociales. Véase: Donatella Della Porta y Mario Diani, Los movimientos sociales (Madrid: Universidad Complutense de Madrid y Centro de Investigaciones Sociológicas, 2011).

⁵⁴ Inmediatamente después de su creación, la ONG Clarity International contó con un poco más de 100 personas como miembros, quienes creyeron desde un principio que el objetivo primordial debía ser influir en el estilo del lenguaje jurídico e incidir en una mejora sustancial de la imagen y comunicación de la profesión jurídica. Un año más tarde, en 1984, había 250 miembros de Reino Unido y Australia, y se trazó la posibilidad de realizar una reunión anual con el ánimo de empezar a perfilar un think tank del plain English. Véase: An international association promoting plain legal language: http://clarity-international.net/.

⁵⁵ “Clarity’s Aim”. Clarity, n.° 1 (1983), acceso 26 de mayo de 2019, http://www.clarity-international.net/wp-content/uploads/2015/05/Clarity-no-1-bookmarked.pdf (traducción propia).

⁵⁶ PLAIN es una organización más joven que Clarity y su compromiso se centra en la promoción del lenguaje claro, pero su campo de acción va mucho más allá del inglés y lo jurídico: “Our growing network includes members from over 30 countries working in clear communication in at least 15 languages”: “Who We are”, Plain Language Association International, https://plainlanguagenetwork.org/.

⁵⁷ Quien se plantea de manera más explícita la misión de crear y propagar una cultura de claridad es el Center for Plain Language. Entre sus fundadores destacan: Annetta Cheek, Susan Kleimann y Joseph Kimble. Desde la primera mitad de la década de 1990, el centro reúne varios profesionales que ayudan a agencias gubernamentales a escribir con tanta claridad que sus lectores pueden entender los contenidos la primera vez que los leen o escuchan. Véase: Center for Plain Language, https://centerforplainlanguage.org/.

⁵⁸ Neil James y Eamonn Moran, “Strengthening Plain Language Institutions”. Clarity, n.° 64 (2010): 55 (traducción propia).

⁵⁹ El capítulo en este mismo libro de la profesora de la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, Claudia Poblete Olmedo, expone con más detalle la propuesta de contar con estándares de claridad.

⁶⁰ International Plain Language Federation. Véase: http://www.iplfederation.org/.

⁶¹ James y Moran, “Strengthening Plain Language Institutions”, 55 (traducción propia).

⁶² Christopher Balmford, “Plain Language: Beyond a Movement. Repositioning Clear Communication in the Minds of Decision-makers” (Fourth Biennial Conference of the Plain Language Association International, Sydney, 2002) (traducción propia).

⁶³ Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras (México: Siglo XXI Editores, 2000), 18.

⁶⁴ Ibídem, 19.

⁶⁵ Ibídem, 23.

⁶⁶ Ibídem, 33.

⁶⁷ Ibídem, 267.

⁶⁸ Las diferencias entre lenguaje claro y lectura fácil, así como los proyectos que cada concepto implica configuran otro extenso objeto de estudio. Baste con señalar aquí que la lectura fácil es un método de adaptación de documentos e información compleja dirigido al conjunto de la ciudadanía, pero con un enfoque diferencial que no abarca siempre el lenguaje claro. La lectura fácil se dirige especialmente hacia colectivos en situación o riesgo de exclusión social: personas mayores, personas en situación de discapacidad intelectual, personas con baja cualificación o migrantes recientes con poco conocimiento del idioma, etc.

⁶⁹ Sobre este particular, se recomienda el trabajo de Claudia Poblete y Pablo Fuenzalida acerca del lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano: Claudia Andrea Poblete y Pablo Fuenzalida González, “Una mirada al uso de lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano”. Revista de Llengua i Dret 69, (2018): 119-138.

⁷⁰ Es el caso de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio Ciudadano en Colombia; el programa denominado Legislar mejor de la Unión Europea; las leyes de transparencia y acceso a la información pública en general o las estrategias de gobierno abierto y simplificación de trámites requeridas para ingresar a la OCDE.

⁷¹ Departamento Nacional de Planeación de Colombia [DNP], Conpes 3785 de 2013 (Bogotá: DNP, 2013), 16.

⁷² Jesús Aranda, “Lanza Fox programa de ‘lenguaje ciudadano sencillo’”, La Jornada, última modificación 6 de octubre de 2004, acceso 21 de octubre de 2020, https://www.jornada.com.mx/2004/10/06/016n2pol.php?printver=0&fly=2. Véase también: el Manual de lenguaje ciudadano de la Secretaría de la Función Pública de 2004.

⁷³ El informe de esta Comisión reconoce que las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los profesionales del derecho, pero que, al mismo tiempo, no los comprende o, en el mejor de los casos, los comprende con dificultad.

⁷⁴ Ministerio de Justicia de España, “Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de España” (informe, 2011), 3.

⁷⁵ El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos contengan términos sencillos y comprensibles, evitándose el uso de elementos intimidatorios innecesarios. El ciudadano tiene derecho a que en las visitas y comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las exigencias técnicas necesarias, resulte comprensible. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y demás resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean comprensibles para sus destinatarios, empleando una sintaxis y estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.

⁷⁶ Jesús García Calderón, “Una retórica para la igualdad”. Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, n.° 8 (2019): 56.

⁷⁷ Ángel Núñez Sánchez, “El derecho a comprender”. Lenguaje jurídico y comunicación. Revista del Ministerio Fiscal, n.° 8 (2019): 109.

⁷⁸ En México, Uruguay, Costa Rica y Perú existen otro tipo de iniciativas sobre lenguaje ciudadano, lenguaje llano, lenguaje fácil y lenguaje democrático que buscan objetivos similares.

⁷⁹ Seguimos haciendo uso de las terminologías ofrecidas por Keck y Sikkink.

⁸⁰ XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana. Conclusiones de la Tercera Ronda de Talleres, 2015.

⁸¹ En época de pandemias, como la generada por el coronavirus, parece justificarse la necesidad de que los ciudadanos puedan comprender la medida de los hechos y del riesgo, actuar con conocimiento de causa y formarse su propio juicio.

⁸² Barbro Ehrenberg-Sundin, “The Swedish Approach to Clear Legislation and Clear Official Texts”, en Obscurity and Clarity in the Law. Prospects and Challenges, editado por Anne Wagner y Sophie Cacciaguidi-Fahy (Hampshire: Ashgate, 2008), 166.

⁸³ Heuman Sigurd, “För vem skriver domstolen sina domar?”, en Juridisk sprog i Norden. Rapport fra en nordisk konference om klarsprog (Reykjavík: 2011), 18 (traducción propia).

⁸⁴ Marius Rohde Johannessen, Lasse Berntzen y Ansgar Ødegård, “A Review of the Norwegian Plain Language Policy” (16th International Conference on Electronic Government (EGOV), St. Petersburg, 2017), 187 (traducción propia).

⁸⁵ El capítulo de Mónica Andrea Rosero Latorre, en este mismo libro, “El lenguaje claro como herramienta para la participación e inclusión social” ofrece algunas ideas desde una experiencia colombiana.

⁸⁶ El capítulo, en este libro, de la profesora Betsy Perafán propone las bases para la incorporación del lenguaje claro en la formación jurídica.

EL LENGUAJE CLARO COMO HERRAMIENTA PARA LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL ¹

Mónica Andrea Rosero Latorre

La claridad en el lenguaje tiene un sentido transformador en la sociedad. Facilita la comunicación entre personas, elimina las barreras que evitan la comprensión y contribuye a que los seres humanos puedan identificarse como iguales. Del mismo modo, permite la defensa y el reconocimiento autónomo de los derechos fundamentales, pues desliga el acceso a la justicia de las condiciones económicas y el nivel de educación, entre otros factores determinantes. Por lo mismo, el objetivo del presente capítulo consiste en analizar el rol del lenguaje claro como instrumento de inclusión social. Sostiene que el lenguaje claro constituye un mecanismo de inclusión social que equipara a las diversas poblaciones e incluso permite establecer entornos verdaderamente participativos.

Para cumplir con este propósito, en primer lugar, se expone una breve conceptualización con respecto al término lenguaje claro y su relación con la inclusión social y la participación. Luego, se analiza el problema de la exclusión social generado por el uso de lenguaje oscuro o de difícil comprensión. Para ilustrar el efecto del lenguaje oscuro en contravención de la inclusión social, se examina el caso de los Acuerdos de paz en Colombia y los pueblos indígenas. Posteriormente, se argumenta cómo el desarrollo tecnológico podría contribuir a reducir escenarios de discriminación invisible producto de la ausencia del uso de lenguaje claro. En virtud de ello, se establece que el lenguaje claro puede implementarse como una herramienta para generar intervenciones efectivas para la inclusión social. Finalmente, se presentan las conclusiones con respecto a los efectos del lenguaje claro en términos de inclusión, especialmente en relación con la participación social y la protección de derechos fundamentales que pueden generarse gracias a su uso.

Mediante este procedimiento, se establece que el lenguaje claro representa una herramienta que contribuye a fortalecer la inclusión de los individuos dentro de la sociedad en igualdad de condiciones y a generar preceptos sociales más democráticos. Esto, a su vez, permite demostrar que el lenguaje claro favorece el reconocimiento de los derechos fundamentales.

1. CONTEXTUALIZACIÓN: ACERCA DEL LENGUAJE CLARO Y LA INCLUSIÓN SOCIAL

Para empezar, como se señala en el primer capítulo de este libro, existen una multiplicidad de acepciones del concepto del lenguaje claro, pues se trata de un término relativamente inexplorado. Esencialmente, su finalidad consiste en lograr la comprensión de documentos por parte de la ciudadanía mediante una comunicación basada en el uso de expresiones sencillas, con párrafos breves y sin tecnicismos innecesarios. Esto concuerda con el trabajo de organizaciones como PLAIN y Clarity que han explorado la comunicación en lenguaje claro durante muchos años. Ambas consideran que se evidencia el uso de lenguaje claro “si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información”².

Esto implica que el lenguaje claro pretende garantizar la transparencia, así como el entendimiento fácil de la información, especialmente aquella que proviene desde el sector público. Así mismo, ha sido comprendido como la expresión simple, clara y directa de la información. De ese modo, la comunicación en lenguaje claro se convierte en un proceso complejo, donde no basta con tener buena ortografía o un vocabulario amplio, sino que también se necesita obrar con eficiencia, coherencia y practicidad.

Adicionalmente, no se puede desconocer que existen innumerables beneficios en la implementación del lenguaje claro: las instituciones se vuelven más eficientes, pues no necesitan realizar aclaraciones a los ciudadanos (por lo que el número de interacciones con un mismo individuo se reducen); se ahorran recursos tanto temporales como económicos; se evitan demoras transaccionales; se promueve la transparencia de las entidades; se garantiza que los ciudadanos puedan comprender la información y, por lo mismo, que reconozcan sus derechos; entre otras contribuciones que han sido contempladas por organismos estatales³. Conforme a ello, al observar los beneficios de implementar el lenguaje claro, resulta inevitable tomar en consideración el papel de este como herramienta de inclusión social.

La expresión inclusión social se ha explorado en múltiples ocasiones. Así pues, se refiere a la posibilidad de acceder a mínimos de bienestar y de protección conforme al nivel de desarrollo de la sociedad⁴ y al incremento de capacidades para el ejercicio de las libertades⁵. Para este análisis particular, se tienen en cuenta ambas definiciones, pues esta perspectiva permite concebir, de forma simple, que el ejercicio de los derechos se encuentra ligado a la posibilidad de ser parte de la sociedad. En este sentido, la inclusión se considera un elemento necesario para que se pueda llevar a cabo una verdadera titularidad de la ciudadanía.

No obstante, al llevar a cabo una revisión de literatura relacionada con el lenguaje claro y la inclusión social, se evidenció que este tema se encuentra mencionado someramente en memorandos e instructivos de la administración pública, en guías de lenguaje claro diseñadas por el Instituto Caro y Cuervo y por el Departamento de Planeación Nacional y en el artículo gubernamental publicado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Programa de Lenguaje Claro: evidencia en la reducción de la carga administrativa en Colombia”. Sin embargo, aún no existe un producto que explore la importancia para la ciudadanía del lenguaje claro desde la academia, su estudio se ha enfocado en torno a la administración pública especialmente en cuanto a la eficiencia que proporciona. Por lo mismo, resulta pertinente el aporte del presente documento, no frente al sistema, sino en relación con los primeros beneficiarios del lenguaje claro: las personas.

Así pues, a lo largo de este capítulo, se evidencia la facultad del lenguaje claro para generar inclusión social y para permitir que todas las personas puedan integrarse en la sociedad, contar con la capacidad de deliberar, acceder a posibilidades y reafirmar su propia identidad en igualdad de condiciones. Ciertamente, la inclusión puede considerarse un mecanismo de legitimidad dentro de las democracias, pues las personas tienen más posibilidades participativas cuando transitan por sociedades más incluyentes en su dinámica general de desarrollo. En ese sentido, lo anterior cobra mayor fuerza si el elemento que determina la diferencia entre la inclusión o exclusión radica en la capacidad de comprender el lenguaje que otros utilizan y la posibilidad de interactuar con ellos.

Sin embargo, no es novedoso que el lenguaje tenga un rol fundamental en el desarrollo social. De hecho, múltiples investigadores y teóricos han desarrollado estudios en torno a la comunicación en esa vía. Por ejemplo, algunos de ellos⁶ han afirmado que en el proceso comunicativo intervienen funciones del procesamiento social de la información. En este sentido, han llevado a cabo hallazgos importantes, como que la comunicación involucra el análisis y la combinación de la información; el desarrollo de funciones analíticas y procedurales; sinérgicas y retóricas, entre otras.

Por eso, ya que es evidente e indiscutible que la comunicación constituye el elemento fundamental de las interacciones y, por ende, de la naturaleza humana, resulta cada vez más importante la idea de que la comunicación debe ser clara y comprensible para la totalidad de sus receptores. En caso contrario, no se estaría llevando a cabo un proceso comunicativo efectivo. La comunicación consiste en un proceso multifacético, ocurre con la finalidad de generar confluencias e intercambios de ideas, información y pensamientos entre los individuos. En consecuencia, múltiples autores incluso han llegado a considerarla como una parte orgánica y fundamental dentro del proceso dinámico de la vida misma⁷.

En este sentido, la inclusión social se convierte en un factor esencial vinculado a la comunicación clara y asertiva. La mejor forma de ser partícipe dentro del grupo social es mediante las interacciones positivas entre las partes. Los intercambios de comunicación de ideas, notas, mensajes, anuncios u otras manifestaciones de información entre las partes, simultáneamente favorecen o perjudican a las comunidades sociales, según su capacidad de mutua interacción.

Ahora bien, la anterior afirmación permite establecer una diferencia representativa y relevante dentro de la comprensión del lenguaje. La claridad y la asertividad son factores distintos por lo que no es igual referirse a comunicación en lenguaje claro que hablar de comunicación asertiva. Por una parte, la asertividad hace referencia al grado de certeza durante la emisión de comentarios; esto es, la habilidad o destreza de enunciar con certeza ciertas opiniones y deseos⁸. Así, autores como Carrobles⁹ han planteado que la asertividad constituye la habilidad para exponer de manera apropiada y directa, en un momento determinado (de índole personal o social), las creencias y sensaciones tanto positivas como negativas. Por otra parte, la claridad hace referencia a la fluidez y la facilidad de comprensión dentro de las dinámicas sociales, lo cual sí constituye un elemento esencial para asegurar el éxito de los procesos comunicativos. De tal manera, si bien la certeza es un factor importante dentro de las interacciones grupales, en realidad no resulta esencial para el proceso comunicativo; mientras que la facultad de entender y darse a entender favorece el progreso conversacional y asimila a los sujetos bajo la capacidad de comprenderse mutuamente.

En el mismo sentido, resulta necesario aclarar que existe una distancia significativa entre proponer que el uso del lenguaje claro sea “normalizado” o buscar la inclusión social mediante la clarificación del lenguaje. Ciertamente, el lenguaje claro no conlleva una pretensión de homogeneizar o estandarizar un modo de comunicación o eliminar otro; pues comprende que las expresiones del lenguaje normalizado que son aceptadas tienden a variar con el paso del tiempo. En contraste, busca que, independientemente del área de comunicación y de los términos disciplinares de la misma, se establezca una comunicación clara y efectiva entre los agentes, una donde los términos confusos se transformen en palabras comprensibles; que se puedan usar sinónimos y se puedan implementar conceptos familiares para los receptores.

La esencia del lenguaje claro radica entonces en la facultad del emisor para facilitar el entendimiento sobre los pensamientos e ideas que se comparten con otros. En este sentido, la inclusión social ocurre cuando cualquier receptor, independientemente de su nivel académico y desligado de otras condiciones personales, se encuentra en la capacidad de comprender lo que su emisor quiso comunicarle. Esto implica un esfuerzo por parte de quienes acostumbran a compartir sus comunicaciones, pues les exige “ponerse en el lugar del otro” y cuestionarse si están expresándose con suficiente claridad.

2. LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y EL “LENGUAJE OSCURO”: EL CASO DEL ACUERDO DE PAZ Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN COLOMBIA

El término exclusión social hace referencia a la falta de participación o de pertenencia a un panorama multidimensional. Un individuo se puede considerar socialmente excluido por cuestiones psicológicas, psicosociales o culturales debido a la carencia de la satisfacción de determinadas necesidades en el ámbito social, laboral, educativo, de vivienda y de alojamiento, de sanidad, integración, de afecto, entre otras que requieren de una intervención social. En otras palabras, la exclusión social va más allá de la pobreza, puesto que también se manifiesta a través de la falta de integración social¹⁰.

En razón a ello, en la sociedad, se pueden observar diversas manifestaciones de exclusión social. Algunas de ellas las ocasionan especialmente las falencias de claridad en el lenguaje, puesto que la implementación de lenguaje técnico, el uso de términos de complejo alcance y de difícil entendimiento aísla a quienes no pueden comprenderlos. Un ejemplo de esto se expresa en el caso del proceso de paz que se llevó a cabo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante el año 2016, para la finalización del conflicto armado en el país. Como resultado de los diálogos, se redactó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera¹¹. Dicho documento contenía las pautas de comportamiento e interacción que permitirían terminar con la guerra, por lo que debía ser difundido, socializado y traducido a todas las lenguas que se hablan en Colombia. Esto, por supuesto, incluía las más de sesenta y cinco lenguas indígenas vigentes dentro de nuestro territorio nacional¹².

Sin embargo, contrario a las expectativas o creencias de la población, la mayoría de este documento no pudo socializarse ni traducirse apropiadamente. Esto, dentro de una diversidad de razones, en parte se encontraba motivado por la complejidad de los términos que se utilizaron en dicho documento. El uso de palabras complicadas, abstractas o técnicas fue un problema significativo que afrontaron los lingüistas al intentar trasladar el contenido del Acuerdo a las lenguas indígenas.

Específicamente, en el Acuerdo, se implementaron términos que no eran comprensibles para un ciudadano promedio, para un traductor o intérprete de lenguas indígenas o para un miembro de una comunidad con enfoque diferencial, como: inembargabilidad e inalienabilidad, mecanismos de normalización de cartera, promoción de encadenamientos, PDET, despliegue preventivo, política como vehículo, seguridad para el MM&V durante el CFHBD y DA en las ZVTN y PTN¹³, entre muchos otros.

Por lo tanto, algunos términos al interior del documento del Acuerdo, como los que fueron señalados anteriormente, se pueden considerar en oposición a los principios del lenguaje claro; pues —contrario a favorecer el entendimiento y la inclusión social dentro del proceso de paz nacional— dificultan la comprensión general del contenido. Por lo mismo, se evidencia un factor de exclusión, fundamentado en aspectos netamente comunicativos.

En consonancia con lo anterior, el hecho de que el Acuerdo no sea lo suficientemente claro y comprensible para la ciudadanía dificulta también la satisfacción de los derechos fundamentales que dicho documento se proponía proteger. En concordancia con lo estipulado por el documento del Acuerdo, tales derechos son:

[…] los derechos políticos, sociales, económicos y culturales; los derechos de las víctimas del conflicto a la verdad, la justicia y la reparación; el derecho de los niños, niñas y adolescentes; el derecho de libertad de culto y de su libre ejercicio; el derecho fundamental a la seguridad jurídica individual y/o colectiva y a la seguridad física; y el derecho fundamental de cada individuo y de la sociedad a no sufrir la repetición de la tragedia del conflicto armado interno […]¹⁴.

En esta medida, la ausencia de claridad y la falta de precisión del documento, que no se ajusta a las necesidades de la población colombiana, vulnera la posibilidad de los ciudadanos a reconocer sus derechos y constituye una transgresión a uno de los fines esenciales del Estado que corresponde a: “garantizar el goce efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes de los ciudadanos”¹⁵, debido a que no los podrían exigir si no los comprenden o no saben sus implicaciones. A esto se suma que, si Colombia no realiza el reconocimiento pertinente de sus pueblos y comunidades indígenas, suscita la desaparición de sus expresiones culturales y saberes ancestrales.

De igual manera, cuando un documento gubernamental se emite para difusión general, resulta imprescindible que sea de fácil lectura. Para esta situación en específico, la claridad es especialmente importante en la medida en que se sabe que el contenido del documento tiene una incidencia particular sobre colectivos con enfoques diferenciales, algunos de los cuales se encuentran en riesgo de extinción. Esto debe hacerse tanto para eliminar las barreras de la comprensión, como para establecer un entorno participativo e incluyente que se aproxime a los propósitos de un Estado democrático.

En la misma vía, el Gobierno debe ser garante de los derechos de todos los colombianos, independientemente del idioma en que se comunican o de su nivel académico-profesional. Así lo dictaminó la Corte Constitucional en la Sentencia C-274/13, donde lleva a cabo la revisión del artículo 8 (criterio diferencial de accesibilidad para poblaciones específicas) de la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional). De acuerdo con este tribunal:

[…] dado que la publicidad de la información oficial es el principio general que rige en el Estado democrático colombiano, y que uno de los principios de esta ley estatutaria es la divulgación proactiva de la información pública, no resulta acorde con las normas constitucionales y las finalidades de la ley estatutaria, restringir la presentación de la información oficial en diversos idiomas y lenguas pertenecientes a poblaciones específicas de las comunidades étnicas y en formatos alternativos comprensibles para tales grupos, sólo al evento en que se haya presentado solicitud de las autoridades de dichas comunidades, máxime cuando se está frente a sujetos de especial protección constitucional.

En este sentido, y puesto que la garantía más importante del adecuado funcionamiento del régimen constitucional está en la plena publicidad y transparencia de la gestión pública, y que la diversidad de idiomas y lenguas constituye una barrera para el acceso a la información pública y el consecuente ejercicio del derecho a la participación y demás derechos fundamentales que del mismo derivan, la Sala encuentra que los sujetos obligados tienen el deber constitucional de traducir la información pública en todos aquellos casos en que se presente la posible afectación de una o varias comunidades étnicas que no tienen la posibilidad de comunicarse en castellano, lengua oficial de Colombia de acuerdo con el artículo 10 constitucional, aún en el evento en que no medie solicitud de la autoridad o autoridades correspondientes. Este deber se reafirma al consagrar la misma ley el principio de publicidad proactiva¹⁶.

Por lo mismo, resulta claro que la información contenida en el Acuerdo debería ser clara, de fácil comprensión y apta para la traducción a las lenguas étnicas oficiales de Colombia, en cumplimiento de los preceptos establecidos en la Constitución Política de Colombia de 1991. En caso de no ser así, se estaría atentando contra los principios de información, transparencia y publicidad que han sido promovidos mediante la legislación colombiana.

Más aún, el caso de los pueblos indígenas y los Acuerdos es solamente uno de los muchos problemas de comunicación que se originan en la falta de claridad del lenguaje y que derivan en procesos de discriminación y exclusión social. Siguen existiendo muchas situaciones similares en escenarios del diario vivir: funcionarios públicos que se comunican con un lenguaje que los ciudadanos no pueden entender; abogados que interactúan con sus clientes haciendo uso de términos innecesariamente complejos, sin que aquellos comprendan lo que está sucediendo; médicos que hablan con terminología propia de su disciplina, sin llegar a interactuar verdaderamente con sus pacientes y necesidades particulares.

Por eso, dentro de las comunicaciones que se llevan a cabo en diferentes áreas de la sociedad, resulta fundamental establecer una interacción en lenguaje claro y sencillo sin dejar a un lado el rigor que exige cada materia o temática. Por ejemplo, en el caso del lenguaje técnico de una disciplina, este en sí mismo no es un obstáculo para una comunicación eficaz. El verdadero inconveniente se encuentra en la forma como se utiliza, en las carencias de interacciones de fácil comprensión y en los obstáculos que impiden comprender adecuadamente el mensaje que se quiere comunicar al receptor.

Simultáneamente, es pertinente considerar que el lenguaje claro puede utilizarse no solo como mecanismo de inclusión social, también puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, así como generar escenarios y sinergias que favorezcan la interacción que los individuos tienen entre sí. Específicamente en un país como Colombia, donde existen tantas brechas de desigualdad, hacer accesible la información para todos los individuos resulta ser un mecanismo de transformación social imprescindible.

De esta manera, uno de los principales elementos de intervención del lenguaje claro se encuentra en la posibilidad de acción mediante la cual se puede generar la eliminación de barreras sociales, en una sociedad donde continuamente se presentan circunstancias de ambivalencia y donde existen constantes de desigualdad graduales que pueden evidenciarse en el trato hacia las élites y el que reciben los habitantes de calle. Debido a ello, si bien la estructura social colombiana cambia y se moderniza, sigue siendo necesario contar con un factor adicional para fortalecer la inclusión social. A partir de eso, se puede considerar que el lenguaje claro es uno de los mejores medios para modificar las condiciones de vida de quienes no se encuentran incluidos debido a su estatus académico, profesional o social.

Asimismo, el lenguaje claro permite establecer un sentido de igualdad entre los seres humanos. Esto, toda vez que al materializar la posibilidad de que todas las personas puedan acceder a los mismos recursos, simultáneamente se favorece el reconocimiento equitativo entre las partes. En este sentido, las brechas de desigualdad que diferencian a las personas por sus niveles de educación o sus condiciones económicas encontrarían un contraflujo en el hecho de que todos los seres humanos posean el mismo nivel de entendimiento sobre asuntos fundamentales. Eso se lograría especialmente por la influencia de la capacidad de comprensión del lenguaje mediante el cual se expresan dichos asuntos.

Por otra parte, en lo que se refiere a la defensa y el reconocimiento autónomo de los derechos fundamentales, tampoco se puede desconocer que uno de los principales efectos de la comunicación en lenguaje claro consiste en las facilidades del acceso a la justicia. Ciertamente, uno de los principales obstáculos para que las personas reconozcan, identifiquen y exijan sus derechos, radica en la dificultad de conocerlos o saber cómo exigirlos, tal como se demostró en el ejemplo de los pueblos indígenas según se planteó previamente. Sin embargo, el propósito de emplear lenguaje claro dentro de los ámbitos estatales y jurídicos permite llevar a cabo ese proceso de reconocimiento de derechos y abre la posibilidad de acceder a mecanismos jurídicos y judiciales comprensibles.

Debido a ello, para referirse al establecimiento de entornos verdaderamente participativos, es necesario aclarar la relación que existe entre el lenguaje claro como herramienta de inclusión social y la participación. En ese sentido, puesto que el lenguaje claro favorece el mejoramiento de la comunicación humana y el método de inclusión social hace referencia a la persecución de mejores posibilidades de vida, enfocadas a alcanzar el éxito en la participación en la sociedad, el uso del lenguaje claro favorece la comunicación simple, oportuna y de fácil comprensión y, por lo tanto la participación de los ciudadanos.

Además, las manifestaciones del lenguaje claro no tienen lugar únicamente en los textos escritos, también integra las expresiones de lenguaje oral y corporal, pues pueden redefinirse con respecto al sentido de la claridad comunicativa. De esta manera, tanto los factores de comunicación escrita y verbal como los elementos paralingüísticos (contacto visual, entonación, gesticulación, entre otros)¹⁷ están directamente relacionados con la comunicación en lenguaje claro.

Por lo mismo, estas herramientas alternativas de comunicación en lenguaje claro también son representativas dentro de las ventajas participativas que se derivan de la inclusión social, toda vez que comunicarse con una potencial igualdad y en términos ampliamente comprensibles favorece el desarrollo de un correcto ejercicio de la ciudadanía. Adicionalmente, la comunicación en lenguaje claro permite la adquisición de autonomía, la posibilidad de llevar a cabo trabajos colaborativos, generar o incrementar el conocimiento, e incluso, formar parte de procesos de integración social.

3. LA DISCRIMINACIÓN INVISIBLE CAUSADA POR EL LENGUAJE DE DIFÍCIL COMPRENSIÓN, QUE SE ASIMILA CON EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN (TICS)

Comprender que el lenguaje claro constituye una herramienta para facilitar la integración social evidencia que el uso de términos y conceptos que no todos conocen, manejan o entienden puede complejizar innecesariamente la participación y la inclusión de las personas en la democracia. Por eso, existen múltiples medios que requieren la intervención del lenguaje claro, por ejemplo: en el escenario virtual, al interior de las páginas web que utilizan las personas para buscar la información que desean y necesitan. En efecto, no se puede desconocer que quienes utilizan Internet lo hacen de forma cada vez más intensiva y además con acceso a banda ancha¹⁸, de modo que la información proporcionada digitalmente debe ser clara; de lo contrario se estaría estableciendo una brecha digital que a su vez se convierte en una brecha social.

Específicamente para este caso, varios autores han avanzado en señalar la importancia de acceder a los servicios digitales. Así, establecen que la pobreza social “se define no sólo por la carencia de parques y servicios públicos, sino por el hecho de que no está conectado a ninguno de los circuitos importantes de información”¹⁹. En este sentido, la falta de claridad en la manera en que la información se proporciona en las redes digitales también ha llegado a constituir un mecanismo de exclusión social. Ciertamente, aunque la información se ha democratizado al encontrarse disponible, también se han complejizado los sistemas para ocultarla²⁰ cuando la accesibilidad no puede ser plena debido a la dificultad para comprenderla.

A esto, cabría añadir la existencia de barreras para el acceso a las TIC²¹, lo cual repercute en que la información en línea no siempre adquiera la difusión esperada. No obstante, la limitación más importante para la difusión de la información sigue siendo la barrera del lenguaje: el hecho de que no nos cuestionemos por la capacidad del otro para comprender lo que estamos comunicando. De manera que, el lenguaje claro tiene un papel clave como instrumento formativo al servicio de una sociedad más justa, solidaria y democrática. Una sociedad en donde la información y el conocimiento son accesibles en igualdad de condiciones se convierte en una sociedad participativa que piensa en las personas. Por lo mismo, resulta prioritario enfatizar en fomentar la integración del lenguaje claro en nuestra cotidianidad como sujetos. Debe trascenderse el enfoque comunicativo centrado exclusivamente en transmitir ideas mediante habilidades mecánicas y conocimientos preadquiridos, que pueden ser necesarios, pero no suficientes.

Frente a esto, podría pensarse que implementar el lenguaje claro en realidad se trata de desarrollar “una cultura construida de usuario a usuario”, o en otras palabras, favorecer un acceso equitativo a los recursos, a la información y así separar la justicia de la dimensión económica, del acceso a tecnologías o del conocimiento académico previo, conforme lo plantea Casacuberta²².

Ahora bien, múltiples gobiernos en el mundo han intentado avanzar en la integración social mediante la implementación de soluciones meramente tecnológicas que plantean superar la brecha digital mediante inversiones en nuevas máquinas²³. Sin embargo, la respuesta para alcanzar la integración y la inclusión social plena, en realidad podría encontrarse en el ámbito de la implementación del lenguaje claro. Es decir, la posibilidad de que todas las personas se comuniquen en un mismo lenguaje y sean capaces de entenderse unas a otras, sus necesidades, sus derechos y sus obligaciones puede ser la clave para avanzar hacia sociedades participativas y democráticas.

4. EL LENGUAJE CLARO COMO HERRAMIENTA PARA GENERAR INTERVENCIONES EFECTIVAS QUE FAVOREZCAN LA INCLUSIÓN SOCIAL

Conforme a los planteamientos anteriores, el lenguaje claro en sí mismo constituye una potencialidad. Se presenta como un elemento de transformación social, capaz de generar un efecto significativo para mejorar la vida cotidiana de las personas. Esto aplica especialmente para quienes atraviesan situaciones de exclusión social o se encuentran en riesgo de caer en dicha categoría. Adicionalmente, otro aspecto a considerar consiste en que, al interior de la sociedad actual, se ha vuelto cada vez más difícil ascender en la escala social y, en cambio, es más fácil descender en ella²⁴, lo cual favorece tanto la posibilidad de generar exclusión social como el riesgo de caer en esta.

Así pues, la implementación del lenguaje claro apunta hacia un nuevo tipo de sociedad civil predispuesta a una interacción más democrática, en donde, por lo pronto, han surgido nuevos modelos de desigualdad y nuevas formas de división²⁵. Esto ha ocurrido debido a que los vacíos académicos y los problemas de comprensión del vocabulario persisten, en relación con las desigualdades económicas y sociales de clase, raza y género. Además, es posible que también exista una influencia del factor de geolocalización dentro del uso del lenguaje claro, pues la ubicación y los accesos que tienen los individuos a las diferentes instancias y entidades pueden incidir en la manera en que se relacionan con ellas.

De este modo, debe pensarse que el lenguaje claro no puede limitarse a la conversación personal o a los intercambios de cartas y derechos de petición. La inclusión social a través del lenguaje claro supone la posibilidad de trascender la situación actual, de una en la cual si bien se dispone de un marco legal suficiente (en las sociedades desarrolladas) respecto a la transmisión y difusión de la información, en realidad resulta insuficiente en su concreción de acciones eficientes y capaces de dar respuesta a los problemas reales de las personas debido a la complejidad con que se comunica. En algunas ocasiones, las administraciones públicas parecen avanzar más en la dirección de privatizar los sistemas de protección social, donde el Estado social de derecho se sustituye por un estado asistencialista²⁶.

Sin embargo, la asistencia social no es el mecanismo que las personas necesitan para integrarse dentro de la sociedad como miembros críticos y participativos. Ofrecer ayudas económicas podría no contribuir de la forma esperada a combatir la desigualdad social y sus causas²⁷. Por su parte, el lenguaje claro sí puede ser un mecanismo para lidiar con dichas desigualdades, logra —como pocas estrategias— establecer un rango de equidad entre todos los seres humanos, mediante una comprensión clara y universal, sin considerar las diferencias entre ellos.

En ese contexto, tanto la formación en competencias de lenguaje claro como su recepción pueden resultar revolucionarias. Generar una verdadera inclusión social a su vez permitiría fomentar el desarrollo de personas autónomas, reflexivas, críticas y responsables, capaces de transformar la sociedad, trabajar con los demás para generar conocimiento colectivo y compartido.

Además, si la información que ya “está en todas partes” se vuelve accesible para todos en igualdad de condiciones y si reconocemos que “¡el conocimiento, ya no el tiempo, es oro!”²⁸, el lenguaje claro se comprende desde un rol transformador. Utilizar lenguaje claro haría que todos comprendieran lo que necesitan saber, posibilitaría que cambien las relaciones de poder y permite incrementar las oportunidades de quienes se encuentran en situaciones de desventaja.

Finalmente, puesto que la necesidad del lenguaje claro se ha situado en la estructura social colombiana, es evidente que su implementación podría generar efectos impresionantes para el proceso de inclusión social, especialmente, si se tienen en cuenta la “ética del desarrollo” propuesta por Amartya Sen y la importancia del capital social y humano en el crecimiento. Los individuos como capital tienen un papel trascendental dentro de la sociedad, hacen parte del esquema fundamental para el crecimiento de las empresas y pueden contribuir a mejorar diversas circunstancias y espacios.

5. CONCLUSIONES

En conclusión, el proceso de implementación de un lenguaje claro inicia por pensar en incluir a los excluidos, en quienes no logran entender desde un comienzo lo que necesitan, quienes presentan dudas cuando acceden a la información y quienes requieren aclaraciones múltiples y necesitan presentar derechos de información o de petición para clarificar un punto. Si cambiamos nuestro mecanismo de comunicación, si procedemos a implementar el uso de sinónimos, a utilizar palabras familiares para nuestros receptores y explicamos los conceptos técnicos, disciplinares o complejos que utilizamos, nos estamos comunicando en lenguaje claro.

Comunicarse en lenguaje claro puede permitir que las personas participen pasiva y activamente mediante una ampliación de la ciudadanía hacia una sociedad en la cual los derechos sociales, económicos y culturales son de uso cotidiano. Permite que todos comprendamos las comunicaciones gubernamentales, así como la información referente a la normatividad, nuestros derechos, nuestros deberes, etc. Para cumplir este propósito, se necesita que en Colombia se reconozca la importancia de implementar el lenguaje claro y de cambiar el sentido que tiene la comunicación actual. Esto se lograría a través de los servidores públicos, los funcionarios y las instituciones al servicio de las personas. En otras palabras, el lenguaje claro necesita concebirse como un propósito nacional con políticas a largo plazo para garantizar que la inclusión social sea verdaderamente efectiva. Esto se propone, ya que constantemente pueden aparecer diferentes barreras que excluyen o discriminan a los ciudadanos, que limitan su acceso a recursos o su pleno desarrollo como personas. Sin embargo, el lenguaje claro puede ser el método para eliminar esas barreras, para comprender qué significan y encontrar mecanismos alternativos de inclusión, pues se trata de una cuestión de derechos.

Ahora bien, son muchas las reflexiones que se pueden derivar respecto al estudio del lenguaje claro aplicado como mecanismo de transformación, pues las aseveraciones que se han compartido previamente se fundamentan en ejemplos claros de ello. Las entidades nacionales que ya han empezado a implementar lenguaje claro o que han promovido la formación de servidores públicos capacitados en lenguaje claro han evidenciado las ventajas y beneficios de este cambio en la comunicación.

Si bien en principio el lenguaje claro no supone la inclusión social, sí parece constituir un elemento que puede facilitarla, siempre que existan las condiciones de dedicación y compromiso con el cambio. Cuando se empieza a hablar en lenguaje claro, se evidencia notoriamente una incorporación de las personas en situación o riesgo de exclusión social a un escenario de comprensión que les permite satisfacer sus requerimientos. Además, supone ventajas institucionales, pues se ahorran muchos recursos en tiempo y dinero cuando las personas acuden una única vez a las entidades y no necesitan pedir explicaciones o aclaraciones en intervenciones adicionales.

Así, la mayoría de las acciones de lenguaje claro serán fáciles de incorporar en las compañías, empresas, en entidades estatales e incluso como individuos que se comunican desde un determinado cargo con otras personas, en la medida en que propician la comprensión mediante la adquisición de habilidades instrumentales básicas por parte de los comunicadores. Por ello, para el lenguaje claro, lo verdaderamente significativo depende del grado de apropiación que se haga del mismo.

Ciertamente, si se genera un interés creciente por reformular el enfoque comunicativo vigente para incluir, además de la formación básica, un uso adecuado del lenguaje por parte de los emisores para lograr la comprensión, esto podría incluso fomentar valores cooperativos como la empatía. Las dinámicas sociales del lenguaje claro potencian el desarrollo de capital social y habilidades humanas dentro de las acciones formativas de la persona, que se vinculan con la dinámica laboral.

Por ello, es importante considerar que las acciones de implementación de lenguaje claro que se impulsen no deben limitarse en el tiempo, debido a que esta propuesta en sí misma favorecerá abarcar un sinnúmero de requerimientos y necesidades de quienes recurren a solicitar información. Además, es necesario considerar que no es posible garantizar o forzar la inclusión de toda la población, pero articular el lenguaje claro facilitará avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva y justa.

Estas reflexiones, en conclusión, pretenden comprender las posibilidades que ofrece el lenguaje claro como elemento de cohesión e inclusión social, además de aportar ideas para la mejora de los procesos de integración de las sociedades a partir de factores comunicativos. Por lo mismo, este análisis puede ser de interés, además de para las instituciones y administraciones públicas, para empresas que intervengan en el ámbito social, profesionales que interactúan con otras personas o incluso para investigadores sociales que deseen explorar la importancia de la comprensión como fenómeno global.

Por último, cabe destacar la importancia que las personas deben tener en todo proceso formativo, especialmente porque todas las propuestas desarrolladas en torno al cambio del lenguaje claro se fundamentan en la capacidad de estas para modificar sus mecanismos de interacción con quienes no los comprenden. Ello supone, además de la efectiva implicación de las instituciones sociales —en tanto que son garantes del desarrollo igualitario de todos los miembros de la sociedad—, la voluntad de quienes participan en estos procesos de reforma comunicativa hacia el lenguaje claro, para buscar la igualdad y permitir que sus receptores se desprendan de las limitaciones económicas, educativas o sociales.

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Notas

¹ Para citar este capítulo: http://dx.doi.org/10.15425/2017.370.

² “¿Qué es el lenguaje claro?”, Plain Language Association International, https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguajeclaro/. Para ampliar la conceptualización acerca del lenguaje claro y acceder a recursos digitales que permiten entenderlo como metodología, se puede consultar la página oficial de la Asociación Internacional de Lenguaje Claro, PLAIN. Se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://plainlanguagenetwork.org/.

³ Departamento Nacional de Planeación [DNP], Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia (Bogotá: DNP, 2015), 7-14.

⁴ Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad (Santiago de Chile: CEPAL, 2006), 24-28.

⁵ Amartya Sen, Development as Freedom (Nueva York: Knopf, 1999), 19-32.

⁶ Entre los cuales se encuentran: Aubrey Fisher, “Decision Emergence: Phases in Group Decision-making”. Speech Monograph 37, (1970): 53-66; Dennis. S. Gouran, “Variables Related to Consensus in Group Discussions of Questions of Policy”. Speech Monographs 36, (1969): 387-391; Dennis S. Gouran y Randy Y. Hirokawa, “A Descriptive Investigation of the Possible Communication-Based Reasons for Effective and Ineffective Group Decision Making”, en Communications in Transition, editado por Mary, S. Mander (Nueva York: Praeger, 1983), 363-379; Dennis S. Gouran y Randy Y. Hirokawa, “The Role of Communication in Decision-making Groups: A Functional Perspective”, en Communications in Transition, editado por Mary, S. Mander (Nueva York: Praeger, 1983); Edward Mabry, “An Exploratory Analysis of a Developmental Model for Task-oriented Small Groups”. Human Communication Research 2, n.° 1 (1975): 66-74; entre otros investigadores lingüísticos.

⁷ Juan E. Díaz Bordenave, Comunicación y sociedad (Buenos Aires: Ediciones Búsqueda, 1985), 31-45.

⁸ Conforme conceptualizaron Spencer A. Rathus, “A 30-item Schedule for Assessing Assertive Behavior”. Behavior Therapy 4, n.° 3 (1973): 398-406; y Joseph Wolpe y Arnold Lazarus, Behavior Therapy Techniques: A guide to the Treatment of Neuroses (Oxford: Pergamon Press, 1966), la asertividad se refiere específicamente a la facultad de ser certero y pertinente.

⁹ José Antonio Carrobles, “Escala de asertividad de Rathus”, en La práctica de la terapia de conducta (Madrid: Promolibro, 1979).

¹⁰ Brian Barry y Phil Agulnik, Understanding Social Exclusion (Oxford: Oxford University Press, 2002), 22.

¹¹ En adelante: el Acuerdo.

¹² De acuerdo con el Instituto Caro y Cuervo, aproximadamente un millón de colombianos las utiliza para comunicarse, especialmente en zonas limítrofes del país y en asentamientos localizados en diversas regiones ecológicas: María Stella González de Pérez, Manual de divulgación de las lenguas indígenas de Colombia(Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2011).

¹³ Estos términos se encuentran respectivamente en: Mesa de conversaciones, Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Bogotá: Gobierno de Colombia, 2017), 30, 31, 21, 53, 59.

¹⁴ Ibídem, 2.

¹⁵ DNP, Guía de lenguaje claro para servidores públicos, 17.

¹⁶ C. Const., Sent. C-274/13, may. 9/2013. M. P. María Victoria Calle Correa (cursivas añadidas).

¹⁷ Miguel Navarro Rodríguez, “Asertividad y teoría de decisiones: El rol del orientador escolar”, (documento inédito en línea, 2016), https://nanopdf.com/download/asertividad-y-teoria-de-decisiones-el-rol-del-orientadorescolar_pdf.

¹⁸ José Luis Travieso y Jordi Planella, “La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica”. UOC Papers Revista sobre la sociedad del conocimiento, n.° 6 (2008): 1-9.

¹⁹ Gordon M. Davis, “An Individual and Group Strategy for Research in Information Systems”, en Information Systems Research: Issues, Methods, and Practical Guidelines (Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1992), 155.

²⁰ Mario Tascón, “El desarrollo de un medio en la sociedad de la información”, en Claves de la alfabetización digital, coordinado por Rafael Casado (Madrid: Fundación Telefónica y Ariel, 2006).

²¹ Por ejemplo, de acuerdo con Travieso y Planella, también existen barreras en lo referente a infraestructuras tecnológicas, de segmentación de Internet, etc.: José Luis Travieso y Jordi Planella, “La alfabetización digital como factor de inclusión social: una mirada crítica”. UOC Papers Revista sobre la sociedad del conocimiento, n.° 6 (2008): 1-9.

²² David Casacuberta, Creación colectiva: en Internet el creador es el público (Barcelona: Gedisa, 2003).

²³ Mark Warschauer, “Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide”. The Library Quarterly: Information, Community, Policy 75, n.° 1 (2005): 96-98.

²⁴ Joaquín García Roca, Contra la exclusión.Responsabilidad política e iniciativa social (Santander: Sal Térrea, 1995).

²⁵ Howard Frederick, “Computer Networks and the Emergence of Global Civil Society: The Case of the Association for Progressive Communications”, en Global Networks: Computers and International Communication, editado por Linda Harasim y Jan Walls (Cambridge: MIT Press, 1993).

²⁶ Gregorio Rodríguez Cabrero, “Transformaciones socioeconómicas y política social: la segunda reestructuración del estado de bienestar”. Revista de documentación social, n.° 93 (1993): 57-72.

²⁷ Esther Raya Díez y Sofía Montenegro Leza, "Prevención ante la desigualdad de género. Nuevos campos profesionales para el trabajo social" (Actas del VII Congreso de la Red Española de Política Social, 2018), https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=728911.

²⁸ Carles Monereo, “Internet, un espacio idóneo para desarrollar las competencias básicas”, en Internet y competencias básicas (Barcelona: Graó, 2005).

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