El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz

El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz: desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia

Resumen

Este libro propone un análisis frente a la dicotomía entre la teoría clásica de la propiedad y el enfoque como su función social. Para ello se exploraron aspectos de la propiedad desde diferentes aproximaciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis económico del derecho como desde la sociología, la antropología y los estudios de la ciencia y la tecnología, cuyos enfoques ponen el relieve en el carácter relacional de la propiedad y su importancia para la sociabilidad humana. Igualmente, el libro aborda temas como la construcción del concepto de propiedad privada, su relación con formas de dominación colonial o algunos mecanismos que desde la propiedad buscan revertir desigualdades históricas y reparar a las víctimas del despojo. Así mismo, se revisan las intersecciones y los espacios comunes entre la propiedad y los diferentes modelos de justicia transicional.

Palabras clave: propiedad; aproximaciones críticas al derecho de propiedad; paz, transición, análisis económico del derecho.

Debate about property during transition to peace: Challenges to property in the context of transitional justice in Colombia

Abstract

This book proposes an analysis of the dichotomy between the classical theory of property and the approach related to its social function. To the effect, different aspects of property were explored from diverse interdisciplinary approaches, such as the economic analysis of law, sociology, anthropology, and science and technology studies; insights from these approaches highlight the relational nature of property and its importance for human sociability. The book also addresses issues such as the construction of the concept of private property, its relationship with forms of colonial domination or mechanisms that from the perspective of property seek to reverse historical inequalities and repair the victims of dispossession. Similarly, it discusses intersections and common spaces between property and different models of transitional justice.

Keywords: property, critical approaches to property law, peace, transition, economic analysis of law.

Citación sugerida / Suggested citation

Latorre Restrepo, S., Prieto Ríos, E. A. & Giraldo Duque, S. (eds.). (2021). El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz: desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia. Bogotá, D. C.: Editorial Universidad del Rosario, Universidad del Norte.

https://doi.org/10.12804/urosario9789587847024

El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz:

desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia

Sergio Latorre Restrepo

Enrique Alberto Prieto Ríos

Sheila Giraldo Duque

—Editores académicos—

El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz: desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia / Sergio Latorre Restrepo, Enrique Alberto Prieto Ríos, Sheila Giraldo Duque, editores académicos. – Bogotá: Universidad del Norte, Editorial Universidad del Rosario, 2021.

Incluye referencias bibliográficas.

1. Derecho de propiedad – Colombia. 2. Tenencia de la tierra – Colombia. 3. Justicia transicional. 4. Proceso de paz – Colombia. 5. Reparaciones (Derecho). I. Latorre Restrepo, Sergio. II. Prieto Ríos, Enrique Alberto. III. Giraldo Duque, Sheila. IV. Universidad del Norte. V. Universidad del Rosario. VI. Título.

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Mayo 06 de 2021

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Primera edición: Bogotá D. C. / Barranquilla, 2021

ISBN: 978-958-784-700-0 (impreso)

ISBN: 978-958-784-701-7 (ePub)

ISBN: 978-958-784-702-4 (pdf)

https://doi.org/10.12804/urosario9789587847024

Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario

Corrección de estilo: Lina Morales

Diseño de cubierta: Luz Arango y César Yepes

Diagramación: Martha Echeverry

Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.

Hecho en Colombia

Made in Colombia

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El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares, para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co

Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo por escrito de los editores.

Autores

Sergio Latorre Restrepo

Profesor investigador de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).

Enrique Alberto Prieto Ríos

Profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).

Sheila Giraldo Duque

Profesional de proyectos de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).

Fernando Vargas Valencia

Consultor independiente en derechos humanos y justicia transicional (Bogotá, Colombia).

María Fernanda Sañudo Pazos

Investigadora del Instituto Pensar y docente de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia).

Sital Kalantry

Clinical Professor of Law, directora de la International Human Rights Policy Advocacy Clinic y codirectora del Migration and Human Rights Program de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell (Nueva York, Estados Unidos).

David Cordero-Heredia

Senior Teaching Posdoctoral Fellow de la International Human Rights Policy Advocacy Clinic de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cornell. Profesor agregado de Derecho, director del Centro de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador (Quito, Ecuador).

Ilustración de cubierta de Luz Arango y diseño de César Yepes.

Contenido

Introducción

Sergio Latorre Restrepo

Enrique Alberto Prieto Ríos

Sheila Giraldo Duque

I. CONTEXTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Capítulo 1. Contextos estructurales del conflicto armado en Colombia: un camino hacia la intersección entre la justicia de transición y el derecho a la propiedad sobre la tierra

Fernando Vargas Valencia

II. LECTURAS CRÍTICAS ALTERNATIVAS DE LA PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA EN EL CONFLICTO ARMADO

Capítulo 2. Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras

María Fernanda Sañudo Pazos

Capítulo 3. Usando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en las Américas: el impacto de la represa de Salvajina en las comunidades nasas

Sital Kalantry

David Cordero-Heredia

Capítulo 4. Notas críticas a las teorías de la posesión: estudio de caso en el piedemonte montemariano

Sergio Latorre Restrepo

III. LA PROPIEDAD Y SUS RETOS EN LA TRANSICIÓN HACIA LA PAZ

Capítulo 5. Desarrollo, extractivismo y posconflicto: los desafíos del desarrollo de cara al acuerdo de paz en Colombia

Ximena Sierra-Camargo

Capítulo 6. El conflicto entre la restitución de tierras y la titulación minera: un desafío para la institucionalidad

Leonardo Güiza Suárez

Carlos Eduardo Beltrán Gómez

Capítulo 7. La flexibilización del estándar de la buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución de tierras

Luisa María Acevedo González

Natalí Buitrago Palacios

Esteban Isaza Ramírez

Anexo. El régimen internacional de inversiones y las comunidades locales: ¿alguien escucha las voces más débiles?

Nicolás M. Perrone

Introducción

Sergio Latorre Restrepo*

Enrique Alberto Prieto Ríos**

Sheila Giraldo Duque***

Este libro, resultado de investigación, surge en el contexto de la conferencia “El debate sobre la propiedad en transición hacia la paz: desafíos a la propiedad en el marco de la justicia transicional en Colombia”, organizada conjuntamente por la Universidad del Norte, la Universidad del Rosario y la Universidad de Cornell, en Bogotá y Barranquilla, en el mes de mayo del año 2017. Esta conferencia logró reunir un número importante de académicos y expertos en propiedad que, desde diferentes rincones del mundo, aportaron a la reflexión sobre la propiedad en el contexto de transición hacia la paz que vivía Colombia, posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP.

De esta manera, la obra aborda preguntas de investigación que fueron discutidas durante el evento académico, tales como ¿qué medidas o disposiciones legales sobre la propiedad pueden restablecer adecuadamente la dignidad de los desposeídos?, ¿cómo construir creativamente modos de reparación ante las violaciones de derechos de propiedad anteriores, cuyos contenidos y procedimientos puedan verdaderamente promover la reconstrucción social?, ¿cómo a partir del trabajo teórico y jurídico sobre la propiedad se pueden generar efectos positivos para contribuir a fortalecer la legitimidad de las instituciones y consolidar la paz?

Esta publicación presenta avances y resultados de investigación en relación con la propiedad y sus influencias teóricas, proponiendo análisis que buscan nuevas aproximaciones a la dicotomía entre la teoría clásica de la propiedad y el enfoque de su función social; explorando aspectos de la propiedad desde diferentes aproximaciones interdisciplinarias, tanto desde el análisis económico del derecho (en inglés: law and economics) —para cuyo enfoque la propiedad ha constituido una pieza clave de sus análisis— como desde otras entradas de la sociología, la antropología y los estudios de la ciencia y la tecnología (en inglés: science technology studies), cuyos enfoques enfatizan el carácter relacional de la propiedad y su importancia para la sociabilidad humana. Igualmente, en el texto se abordan temas como la construcción del concepto de propiedad privada, su relación con formas de dominación colonial y algunos mecanismos que desde la propiedad buscan reversar desigualdades históricas y reparar a víctimas del despojo. Adicional a ello, se revisan las intersecciones y espacios comunes entre la propiedad y diferentes modelos de justicia transicional; también se discuten diversos aspectos en torno a la propiedad y su relación con poblaciones vulnerables afrodescendientes, indígenas, desplazadas y víctimas de la violencia, así como el papel de la propiedad en la protección del medio ambiente.

De esta manera, los siete capítulos del libro, que son resultado de investigación, y una traducción de un artículo de investigación, originalmente publicado en inglés en la revista Transnational Legal Theory, permiten al lector aproximarse a discusiones relevantes y pertinentes sobre las perspectivas de propiedad, sus principales retos en la transición hacia la paz y sus nuevas visiones. Es de resaltar que los conflictos sobre la propiedad de la tierra, su papel como uno de los elementos claves para explicar las causas del conflicto armado colombiano y la importancia de garantizar su acceso y protección son los pilares fundamentales que guían la línea argumentativa de este texto, que, como se ha mencionado anteriormente, refleja las discusiones que se dieron en el marco del evento académico.

Varios de los autores que participan en esta obra adoptan una posición crítica sobre el significado y la importancia de garantizar la propiedad de la tierra como condición esencial para alcanzar el bienestar social y así lograr una efectiva transición hacia la paz. En este sentido, resulta relevante complejizar las visiones y el rol que la propiedad ha jugado históricamente como una de las causas del conflicto armado y su relación con el derecho. De esta forma, se busca superar la visión simplista en donde leyes civiles y agrarias que definen el estado de la propiedad, al igual que las leyes administrativas mediante las que el Estado regula los procesos que garantizan el título de propiedad a las comunidades rurales (al no resultar claras y eficientes), han terminado por favorecer tradicionalmente a las élites locales, las cuales poseen los medios políticos y económicos para ejercer presiones sobre el sistema legal, dejando a los campesinos y a otros grupos vulnerables del sector rural en una situación precaria, impidiendo su acceso a la propiedad y exacerbando los problemas sociales en relación con el acceso y uso de la tierra.

De esta manera, la presente publicación agrupa sus capítulos en tres grandes temas: i) contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y conflicto armado en Colombia; ii) lecturas críticas alternativas de la propiedad sobre la tierra en el conflicto armado; y iii) la propiedad y sus retos en la transición hacia la paz. A continuación, describiremos brevemente los temas discutidos en este libro.

I. Contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y conflicto armado en Colombia

Para ofrecer un panorama acerca del contexto del derecho a la propiedad sobre la tierra y el conflicto armado en Colombia, en el primer capítulo de esta obra colectiva titulado “Contextos estructurales del conflicto armado en Colombia: un camino hacia la intersección entre la justicia de transición y el derecho a la propiedad sobre la tierra”, Fernando Vargas Valencia realiza una aproximación a dicha intersección entre la justicia transicional y el derecho a la propiedad sobre la tierra, con el fin de identificar elementos para sustentar su hipótesis, según la cual, desde el reconocimiento del problema histórico de la tenencia de la tierra en territorios rurales, se puede argumentar la perspectiva del caso colombiano, teniendo en cuenta que precisamente desde el desentrañamiento de las causas y contextos estructurales de estos problemas históricos se garantiza su no repetición.

II. Lecturas críticas alternativas de la propiedad sobre la tierra en el conflicto armado

Varios de los autores hicieron lecturas alternativas sobre la discusión de la propiedad. En este contexto encontramos el capítulo “Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras”, escrito por María Fernanda Sañudo Pazos, en el cual se abordan cuestiones importantes sobre el reconocimiento de las mujeres en Colombia como adjudicatarias de tierra en un contexto de transformación del modelo de desarrollo rural. De esta forma, Sañudo Pazos muestra la continuidad en la producción de feminidades productivas, continuidad que, para la autora del capítulo, comienza con el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria, persiste con su inclusión como un sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras y se refleja —entre otras— en la tendencia de propiciar una ampliación de los roles de las mujeres en virtud de su capacidad productiva, sin omitir su capacidad de cuidadoras.

En esta misma línea, el tercer capítulo del libro, denominado “Usando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para proteger el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas en las Américas: el impacto de la represa de Salvajina en las comunidades nasas”, elaborado por Sital Kalantri y David Cordero-Heredia, aborda la protección del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tomando como caso de estudio el impacto de la represa de Salvajina en las comunidades nasas en el Cauca colombiano. Para Kalantri y Cordero-Heredia, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) juega un papel determinante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, en la ampliación de la interpretación sobre el derecho a la consulta previa y en la reparación en los casos de violaciones de los derechos humanos que se ejecutaron antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1991, para el caso colombiano.

Por último, en este segundo bloque temático del texto, encontramos el capítulo “Notas críticas a las teorías de la posesión: estudio de caso en el piedemonte montemariano”, de la autoría de Sergio Latorre Restrepo, el cual ofrece una reflexión amplia sobre la necesidad de transformación en la enseñanza del derecho y en el diseño de programas de estudio de cátedras como la de Derecho Civil de Bienes, con el fin de abrir discusiones sobre las relaciones que subyacen a la propiedad, la posesión y las derivadas de otros derechos reales. Para Latorre Restrepo, el programa de estudio de esta asignatura debe poner en el centro de la discusión temas que hoy siguen siendo marginales en los programas o syllabus de esta clase, como la posesión, la compleja relación entre la propiedad y el medio ambiente, la propiedad de la mujer y la mujer rural, los regímenes especiales de tierras para indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinos, asuntos relacionados con la jurisdicción de restitución de tierras y los que surjan de la Justicia Especial para la Paz (JEP), además de incluir un componente importante de derecho agrario, entre otros. De esta manera, a partir del estudio de caso en el piedemonte montemariano, Latorre Restrepo argumenta por qué en una asignatura como Bienes los debates sobre propiedad rural, régimen de baldíos, zonas de reserva campesina, no deben ser la excepción, sino la regla en las temáticas que se deban cubrir en el programa, que tradicionalmente ha dado preferencia al estudio de casos en contextos exclusivamente urbanos y que no involucran situaciones complejas en contextos rurales, algunos de ellos en regiones en donde prevalece la situación de conflicto armado.

III. La propiedad y sus retos en la transición hacia la paz

Los textos incluidos en esta sección, que se enfocan en la propiedad y sus principales retos en la transición hacia la paz a los que se enfrenta Colombia, abordan temáticas relacionadas con la concepción del desarrollo, la restitución de tierras y la titulación minera. En este sentido, el quinto capítulo de la publicación “Desarrollo, extractivismo y posconflicto”, escrito por Ximena Sierra-Camargo, problematiza la idea de que la construcción de la paz está atada al crecimiento económico y al desarrollo que traen las llamadas industrias extractivas. Sierra-Camargo lleva a cabo un análisis crítico sobre los desafíos del desarrollo de cara al proceso de paz en Colombia, en la medida en que, como considera la autora, la idea de promover el desarrollo económico a través de la extracción intensiva de recursos naturales responde a una de las estrategias más comunes utilizadas por los Estados para reactivar la economía, especialmente en escenarios de posguerra. Para el caso colombiano, como lo indica Sierra-Camargo, esto se evidencia en los planes de desarrollo, impulsados y promovidos durante los dos períodos de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-2018), los cuales buscaban atraer inversión extranjera para activar diferentes sectores de la economía, como el minero, en un escenario de posconflicto. Contrario a lo esperado, estas políticas públicas produjeron serios impactos sociales y ambientales, generando nuevos conflictos de tipo socioambiental, como el despojo y el desplazamiento de comunidades, el vaciamiento del territorio, la alteración del equilibrio ecológico, la contaminación de recursos hídricos, la pérdida de la biodiversidad y la deforestación.

Leonardo Güiza Suárez y Carlos Eduardo Beltrán Gómez, autores del sexto capítulo, denominado “El conflicto entre la restitución de tierras y la titulación minera: un desafío para la institucionalidad”, plantean la problemática del conflicto existente entre la restitución de tierras y la titulación minera, reflexionando sobre la importancia de contar con bases jurídicas claras que permitan determinar el verdadero alcance del derecho a la restitución como derecho fundamental, del carácter de la minería como actividad de interés público para el país y el conjunto de derechos de los que es titular el Estado en el marco del aprovechamiento de los recursos naturales.

Para concluir este tercer bloque temático, el capítulo “La flexibilización del estándar de la buena fe exenta de culpa en los procesos de restitución de tierras”, de la autoría de Luisa María Acevedo, Natalí Buitrago Palacios y Esteban Isaza Ramírez, pretende responder a las siguientes preguntas: 1) ¿cómo se ha construido el estándar de la buena fe exenta de culpa (bfec) en la jurisprudencia de las salas civiles especializadas en restitución de tierras de los distintos tribunales superiores de distrito judicial?; 2) ¿cómo este ha variado a través del tiempo?; y 3) ¿cómo ha afectado las decisiones sobre las pretensiones de los opositores? Estos interrogantes facilitan la discusión sobre la flexibilización del estándar de la bfec en los procesos de restitución de tierras en Colombia, teniendo en cuenta la exigencia y cumplimiento de los criterios definidos por esta y las situaciones de vulnerabilidad identificadas en solicitantes y opositores en escenarios de justicia transicional.

Anexo: traducción de artículo de investigación

De manera complementaria a los aportes temáticos presentados previamente, el libro incluye la traducción del artículo “The international investment regime and local populations: are the weakest voices unheard?”, escrito por Nicolás Perrone y publicado originalmente en inglés en la revista Transnational Legal Theory.

En la traducción de este artículo, titulada “El régimen internacional de inversiones y las comunidades locales: ¿alguien escucha las voces más débiles?”, Perrone profundiza las discusiones teóricas sobre la propiedad, el régimen internacional de inversiones y su relación con las comunidades locales. En este sentido, como lo expone en su texto, las comunidades locales generalmente tienen una voz limitada en las decisiones estatales relacionadas con la inversión extranjera, las cuales pueden afectar no solo los derechos privados, sino también los valores de la comunidad; razón por la cual existe la necesidad de un régimen internacional para gobernar la inversión extranjera que vaya más allá de la protección de la inversión y el arbitraje, incentivando la participación de las comunidades locales y la promoción de sus derechos bajo estándares y principios de igualdad y participación.

* Profesor investigador de la Universidad del Norte (Barranquilla, Colombia).

** Profesor investigador de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).

*** Profesional de proyectos de investigación de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Bogotá, Colombia).

I. CONTEXTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA

Capítulo 1 Contextos estructurales del conflicto armado en Colombia: un camino hacia la intersección entre la justicia de transición y el derecho a la propiedad sobre la tierra

Fernando Vargas Valencia*

Introducción

Para contribuir aproximativamente a la difícil pero necesaria tarea de buscar elementos de intersección entre el derecho de propiedad y la justicia transicional en contextos como el de Colombia, pueden ser útiles algunos avances de carácter teórico encaminados en cierta medida a sustentar la hipótesis según la cual, desde el reconocimiento del problema histórico de la tenencia de la tierra en territorios rurales como elemento imprescindible para determinar los contextos estructurales del conflicto armado interno, se pueden encontrar datos para argumentar dicha intersección desde la perspectiva del caso colombiano.

El sustento de dicha hipótesis y de tales datos surge principalmente de algunas investigaciones en las que, junto con el profesor Luis Jorge Garay (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012; Vargas Valencia, Garay Salamanca y Rico Revelo, 2016), a quien se extiende un reconocimiento personal y académico a través de este texto, hemos podido contribuir desde la ciencia social y las perspectivas sociojurídicas, especialmente en el Equipo Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado (Garay Salamanca et al., 2011), que reporta a la Corte Constitucional en el marco del seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en la histórica Sentencia T-025 de 2004, en el entendido de que dicho seguimiento constituye un antecedente legítimo para evaluar el modelo de justicia transicional actualmente vigente en Colombia, de cara a la actual implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito en noviembre de 2016 entre el gobierno nacional de Colombia y el grupo rebelde conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

1. La relación entre el conflicto armado colombiano y la estructura agraria como punto de partida

Con base en lo anterior, proponemos dibujar algunas ideas programáticas. La primera, que a partir de un punto de vista esquemático es oportuno recordar que en cierta medida la academia ha conseguido algunos consensos sobre el reconocimiento de la estrecha relación entre el conflicto armado colombiano, como una manifestación del ejercicio del poder de facto de carácter territorial a través o en función de estructuras armadas jerarquizadas con control político, económico y militar en muchos territorios caracterizados por la debilidad de la presencia del Estado (o su ausencia, o su cooptación por parte de agentes particulares que sobreponen sus intereses individuales y egoístas al de carácter general), y la estructura agraria del país, como elemento estructural explicativo de las dinámicas históricas de los fenómenos a los que se busca poner fin por medio de tecnologías o mecanismos transicionales (Machado, s. f.; Fajardo Montaña, 1998, 2002; Kay, 2003).

En este caso, cuando aludimos a la estructura agraria, hacemos referencia a unos contenidos objetivos y subjetivos. Desde la perspectiva subjetiva, se observa que históricamente en Colombia han existido una tensión y un conjunto de luchas entre sujetos agrarios en lo que atañe a su papel y reconocimiento en la política pública de acceso a la tierra, la cual tiene fines predominantemente distributivos. En este orden de ideas, puede afirmarse, como lo hace Salgado (2010), que existe una falla de reconocimiento en contra de las comunidades y pueblos campesinos (nos permitimos incluir solo para efectos metodológicos en dicha categoría también a los grupos humanos étnicamente diferenciados que tienen arraigo con la tierra en zonas rurales, y a las mujeres rurales), la cual se traduce en el diseño de políticas públicas de distribución inequitativa de activos rurales por parte de élites que detentan el poder institucionalizado, basado en un sesgo anticampesino y racista que desdice de la importancia social y económica de las y los campesinos y pueblos étnicos en la vida colectiva del país.

Desde el enfoque objetivo, se tiene que las disputas por el usufructo de la tierra encuentran repertorios de funcionalidad y conexidad con el actuar de grupos armados de poder en múltiples territorios rurales de Colombia, y se traducen en el reforzamiento de estructuras de tenencia caracterizadas por una dramática y vergonzante concentración de la propiedad rural en cabeza de pocas personas (Machado, s. f.), y por la informalidad de las relaciones de usufructo y tenencia detentadas por los sujetos rurales sobre los cuales ha recaído la falla de reconocimiento anteriormente señalada (Garay Salamanca et al., 2011): las y los campesinos trabajadores del campo de escasos recursos, y los pueblos indígenas y comunidades pertenecientes al pueblo afrodescendiente.

En el marco de esta estructura, también aparece un dato de especial relevancia para la intersección propiedad-justicia transicional basada en la relación conflicto armado-tenencia de la tierra rural, cual es la existencia de al menos dos modelos de desarrollo que son de difícil coexistencia en las zonas rurales del país. Por un lado, un modelo agroindustrial y de carácter extractivo cuyo actor principal es un empresariado que busca obtener el mayor provecho económico de los territorios a través de la acumulación de capital, no solamente desde la perspectiva de la explotación del suelo, sino también de la exploración y explotación intensiva de recursos naturales yacentes en el subsuelo, particularmente de minerales como el carbón y el oro, e hidrocarburos.

Por otro lado, un modelo que en realidad es una multiplicidad o diversidad de prácticas ancestrales y culturales de relación con el entorno, pero que para efectos heurísticos podría presentarse como un paradigma alternativo al anteriormente destacado, basado en aquellos saberes tradicionales y colectivos que pueblos de arraigo, como son las comunidades campesinas y los pueblos indígenas y afrodescendientes, aplican a sus relaciones colectivas con la tierra y el territorio mediante concepciones, medios y procedimientos completa e incluso radicalmente distintos a los que constituyen la obstinación del modelo capitalista, en cuanto se fundamentan en la búsqueda de un buen vivir-vivir bien colectivo como medio para garantizar su supervivencia física y cultural como sujetos colectivos diferenciados (Salgado, 2014).

Ello puede presentarse teóricamente como el contexto económico en el cual se desarrolla el conflicto armado colombiano, esta vez entendido en sentido amplio, es decir, como lo ha propuesto la Corte Constitucional en decisiones como los autos 4 y 5 de 2009 en el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y las sentencias C-291 de 2007, C-253A de 2012 y C-781 del mismo año: no solamente como un escenario de contiendas militares o bélicas, sino como un orden masivo de violaciones a derechos humanos asociado a factores subyacentes y vinculados de carácter económico, político y cultural.

Es evidente que un contexto económico de distribución fallida como el anteriormente señalado tiene efectos en las dinámicas del mercado y, por ende, en las de los contratos privados asociados a la propiedad aquí referida. Uno de tales efectos es el constatado por el Auto 8 de 2009 de la Corte Constitucional y recogido por el legislador en la Ley 1448 de 2011: el de despojo y abandono forzado de tierras y territorios asociados al desplazamiento interno de personas y comunidades. De allí surge una segunda idea o propuesta de intersección.

2. El desplazamiento forzado como estrategia de desaparición violenta de las diversidades rurales

Nuestra segunda idea es una invitación a situarnos en lo que pueden considerarse algunos elementos llamativos del desplazamiento forzado de personas y comunidades rurales en el marco del conflicto armado en Colombia, entendido como un fenómeno de desarraigo, exilio interno y pérdida de activos rurales por la vía de la desterritorialización violenta (Garay Salamanca et al., 2011). Dicho fenómeno ha sido calificado por la propia Corte Constitucional (2004) como una tragedia humanitaria de carácter masivo y sistemático en razón de sus efectos territoriales y poblacionales, al afectar a más del 15 % del total poblacional colombiano (El País, 2015) y al llevarse a cabo en diversidad de casos como un proceso de expulsión de comunidades enteras en territorios específicos, con su correlativo despoblamiento o repoblamiento radical.

Así, desde la perspectiva de la Tercera Encuesta Nacional de Verificación de los Derechos de la Población Desplazada Forzada en Colombia (Garay Salamanca et al., 2011), la cual hasta el momento constituye la única fuente estadísticamente representativa que refleja con mayor rigurosidad la situación de las víctimas de desplazamiento en Colombia, a pesar de que fue realizada en el año 2012, y por dicha razón ha servido como base fáctica a la Corte Constitucional para tomar decisiones respecto a las políticas públicas en la materia, es claramente factible demostrar que el fenómeno masivo y sistemático de desplazamiento forzado implicó una afectación particularmente enfatizada en la población campesina o de arraigo rural.

Lo anterior ha permitido afirmar a autores como Salgado (2010) o Vargas Valencia (2012) que el desplazamiento es la manifestación más despiadada de la falla de reconocimiento e incluso su máxima culminación. Bajo esta idea podría pensarse que las comunidades y pueblos rurales de arraigo sobrarían en los territorios más atractivos para el modelo económico imperante y en los que el actuar macrocriminal de los grupos armados fue funcional a ciertos intereses no comunitarios.

En este contexto, el uso, disposición y explotación del territorio han sufrido especiales alteraciones a la luz de la dinámica del desplazamiento forzado, lo cual también se ha visto reflejado en el mercado de tierras, es decir, en el derecho de propiedad. Como se dejó enunciado anteriormente, dichas mutaciones se han visto activadas o fortalecidas por las causas humanitarias del desplazamiento forzado y han implicado la posesión o apropiación indebida de las tierras y territorios de la población desplazada. En este sentido, la Tercera Encuesta aquí destacada señala cómo más del 80 % de la población desplazada manifiesta haber abandonado sus tierras y dejado de percibir ingresos por actividades agropecuarias con ocasión de su desarraigo violento (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012).

En el marco de dicho proceso de abandono masivo de tierras productivas o en producción por parte de comunidades campesinas y étnicas, se han llevado a cabo actos posesorios y dispositivos que constituyen despojo o usurpación indebida por parte de actores económicos poderosos, como se empieza a constatar en sentencias de jueces y salas civiles especializadas en restitución de tierras, particularmente en el norte del país, lo cual dibuja la relación del conflicto armado, el desplazamiento y propósitos de contrarreforma agraria.

Es aquí donde las teorías de derecho privado sobre la propiedad se ven interpeladas por cuanto dichas teorías suponen la presunción de legalidad de las relaciones de propiedad mediadas por el mercado de bienes, pero, en el caso colombiano, el despojo de tierras como aprovechamiento económico y jurídico del desplazamiento forzado de personas cuestiona la aplicación de tal presunción en muchos territorios del país.

Dicho de otra manera, el mercado de tierras en Colombia se encuentra viciado en ciertos territorios del país por propiciar cadenas de tradición inmobiliaria revestidas de ilegitimidad, circunstancia documentada incluso desde 1959 con la implementación de la Ley 201, que reconocía contextos excepcionales de violencia generalizada en territorios rurales del país como fuentes de fuerza o constreñimiento que configuraban anomalías en la voluntad respecto de compraventas llevadas a cabo en condiciones de tal desventaja para una de las partes, que harían presumir que no hubieran sido aceptadas en circunstancias de normalidad en el contexto.

Como es sabido, a partir de la implementación del modelo de restitución de tierras contemplado en la Ley 1448 de 2011 y los decretos legislativos 4633 y 4635 del mismo año, se han reconocido institucionalmente los efectos de la guerra en las transacciones y actos posesorios sobre bienes inmuebles rurales como fenómenos de desposesión violenta que comprometen principios neurálgicos de la teoría de la propiedad, como son la buena fe y la confianza legítima, y, por ende, se ha reafirmado en cierta medida la obligación del Estado de garantizar su restitución y su no repetición.

En términos de justicia, estos fenómenos exigen por parte del Estado acciones encaminadas a la corrección de los daños (Coleman, 2010) inherentes a la desposesión y expropiación violenta, y a la inaplicación de normas del derecho privado cuya validez y legitimidad solo serían posibles en tiempos donde ningún ciudadano o grupo humano se encuentre expuesto al riesgo de ser victimizado y, por ende, de ser expulsado de su tierra, su territorio y su comunidad de vida.

3. La intersección entre el derecho de propiedad y la transición democrática como un problema de justicia estructural

A partir de lo anterior surge la tercera propuesta de pensar la intersección aquí destacada como un problema de confluencia entre modelos de justicia distributiva y de justicia correctiva. El reconocimiento de esta confluencia ha sido presentado por autores como Uprimny y Saffon (2009) alrededor de la expedición de la Ley 975 de 2005 (considerada por algunos sectores como el primer antecedente normativo explícito de justicia transicional en Colombia) como un elemento necesario para la transición política de sociedades que, además de vivir los vejámenes de un conflicto armado, se caracterizan por presentar un contexto estructural de carencias y profundas desigualdades socioeconómicas.

En el caso colombiano, la pertinencia de dicha confluencia interpela al acceso a la propiedad rural, claramente desigual e inequitativo, por un lado, y a la obligación del Estado de transformar las vidas de aquellos ciudadanos y ciudadanas sobre las cuales se ha ensañado el conflicto armado en términos de sus impactos diferenciales y desproporcionados sobre derechos humanos, como garantía de no repetición de las violaciones, por el otro, por cuanto es altamente probable considerar que la situación de carencias ha facilitado el acaecimiento de tales violaciones (Sánchez y Uprimny, 2010).

Ello tiene sentido en una dimensión estructura-coyuntura que se encuentra relacionada con el reconocimiento de multiplicidad de poderes de facto en los territorios rurales colombianos que vienen a ser impulsados o reforzados por los actores armados del conflicto. En diversidad de regiones del país, especialmente en el Caribe, existieron alianzas entre grandes terratenientes y estructuras narcoparamilitares que tuvieron como efecto la expulsión de masas campesinas y étnicas de tierras y territorios de interés agroindustrial o extractivo, y la apropiación o usufructo tergiversado de tierras de origen público, inicialmente destinadas a la redistribución en favor de las y los trabajadores agrarios de escasos recursos o de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.

Tales variables no solamente han obedecido a intereses meramente económicos, ya que históricamente en dichos territorios existe un fenómeno arraigado de distorsión de la propiedad de la tierra, ya no entendida como factor de producción, sino como manifestación del poder social. A este fenómeno, Garay Salamanca (2016) lo ha denominado rentismo, en el sentido de que representa el usufructo de la posición social privilegiada de ciertas élites rurales con el objetivo de satisfacer sus intereses privados y egoístas, sin la debida retribución social.

Dicho rentismo ha contribuido, según Garay Salamanca (2016), al enraizamiento de cierta aculturación de la ilegalidad, pues ha sido funcional a prácticas opacas, incluso abiertamente ilegales, como el contrabando, el narcotráfico o la explotación minera. La apropiación y acumulación de tierras se encuentra relacionada, a la luz de esta perspectiva, con la finalidad de ciertos actores o estructuras armadas de ejercer poder social y territorial como estrategia detentada en asocio con diversas redes de poder fáctico para dominar a las comunidades de arraigo o expulsar a aquellas que no obedezcan a tales estructuras de poder, incluso a través de la violencia. Los factores económicos estarían vinculados estrechamente a intereses políticos que buscan copar los territorios no solamente desde la perspectiva militar o armada, sino también apropiarse de las tierras o monopolizar el uso de los territorios, incluyendo el subsuelo, para reproducir poderes rentísticos.

Esta interconexión entre intereses rentísticos y el actuar violento de los grupos armados puede contribuir a explicar fenómenos de captura o cooptación del Estado por parte de sujetos que podríamos denominar grises, como lo hemos planteado en otros textos (Garay Salamanca y Vargas Valencia, 2012), entendiendo como tales a agentes pertenecientes a élites locales de gran influencia en distintas redes de poder en los territorios y que actúan entre la legalidad y la ilegalidad, es decir que aparentan actuar en un marco de legalidad, pero que en el fondo aprovechan su lugar privilegiado de carácter político, cultural y económico en la sociedad, y sus mayores posibilidades de influenciar en el Estado en diversas escalas para obtener decisiones públicas en su favor, lograr cambios no legítimos en políticas públicas y ejercer controles indebidos sobre funcionarios y funcionarias locales.

Circunstancias probadas por instancias judiciales de alianzas entre agentes narcotraficantes, paramilitares y oligarcas locales dieron lugar a que en Colombia más del 30 % de los miembros del Congreso de la República fueran investigados y condenados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia por sostener acuerdos de facto con actores armados para defender intereses rentísticos y gamonalistas (considerando al narcotráfico un negocio rentístico muy rentable), en los que estuvo de por medio la comisión y la impunidad de violaciones a derechos humanos, entre ellas el desplazamiento forzado aquí destacado, transformándose el fenómeno de corrupción en uno más complejo y estructural de dominio del Estado desde dentro con posibilidades de desdibujar el alcance de las políticas públicas y de las normas jurídicas a la medida de los intereses privados de quienes han obtenido tal poder de influencia.

Por ejemplo, el fenómeno del narcoparamilitarismo en el entorno anteriormente señalado permite vislumbrar el propósito de varios de sus comandantes por promover una contrarreforma agraria, en tanto la disposición de bienes públicos (por ejemplo, los denominados baldíos del Estado) para la redistribución en favor de las personas, familias y comunidades más empobrecidas era claramente inconveniente para los propósitos rentísticos. Existe incluso cierto consenso académico también en la materia, pues varias reflexiones de autores como Uprimny y Saffon (2007) o Albán (2011), o investigaciones de entidades públicas como la Procuraduría General de la Nación (2009), apuntan a explicar el narcoparamilitarismo en el norte del país como una reacción de élites rurales (movidas por diversos intereses, legales, ilegales y grises) a los intentos de reforma agraria existentes en el país, especialmente en los departamentos cercanos a la costa Atlántica.

En este contexto, el problema de la intersección entre derecho de propiedad y transiciones hacia la paz desde la perspectiva de la justicia implica no solamente la clásica pregunta sobre la relación entre la justicia distributiva y la justicia correctiva, que estaría a la base de modelos de justicia transicional existentes en el derecho comparado respecto de sociedades como la colombiana, caracterizadas por una situación estructural de carencias y profundas desigualdades sociales, sino que también implica situarnos en las circunstancias subjetivas que dan lugar a estos fenómenos enraizados de alarmante inequidad en el acceso a la propiedad agraria como una manifestación del exceso de poder, incluso violento, que ejercen ciertos grupos sociales sobre otros. Es allí donde quisiéramos concluir con una cuarta idea, un poco más abstracta que las anteriores.

4. De la desigualdad a la injusticia y de la reparación a la reconstrucción social: ¿es posible otro paradigma de propiedad y de justicia transicional en Colombia?

Sucede que si las transiciones hacia la paz resaltan circunstancias de la justicia que van más allá de las constantes preguntas que el liberalismo se hace desde la igualdad (como sucede con autores imprescindibles en la materia como Rawls) y tocan fibras de lo justo antes silenciadas por el propio modelo económico en el que se sustentan dichas preguntas, como es el caso de la verdad y la memoria sobre los vejámenes y las injusticias en las cuales se apoyan los privilegios actualmente detentados por ciertos grupos sociales (presentadas por el liberalismo procedimental como algo aparentemente necesario, legítimo u originario), se precisa de construir un modelo de justicia basada en dicha memoria (Reyes Mate, 2011) y que piense la desigualdad como injusticia, con las responsabilidades subjetivas e intergeneracionales que ello apareja, y la injusticia como el resultado de procesos históricos en íntima conexión con los vejámenes contra la dignidad humana a los cuales se han visto sometidas ciertas capas poblacionales, grupos o identidades sociales.

La guerra interna ha cuestionado en Colombia la legitimidad de ciertas relaciones de propiedad y usufructo de ciertos sujetos con los territorios y con ‘bienes’ que son de especial protección social y colectiva, al menos desde una idea de justicia basada en la corrección de las injusticias en lo que atañe a la distribución y redistribución de los recursos socialmente escasos. La memoria de lo que significa en este caso la participación de sujetos grises en diversos esfuerzos violentos de contrarreforma agraria para los cuales el conflicto armado colombiano fue funcional o incluso fue parte de sus estrategias programáticas, y de su protagonismo en la aculturación de la ilegalidad en Colombia, contribuye a construir una verdad responsabilizante sobre la vigencia de procesos de redistribución de activos especialmente basados en fallas de reconocimiento de sujetos claves para la diversidad política, cultural y económica del país, como son los campesinos y los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que se extienden en medio de un conflicto armado que ha hecho de muchos territorios zonas de sacrificio humano. En el trasfondo de todo ello se encuentra la posibilidad de imputar responsabilidad en este modelo de intersección y de garantizar sanciones sociales a estos sujetos grises, encaminadas a la reparación de sus víctimas, desde la perspectiva de su usufructo de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

En el caso de la implementación del Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, es importante aludir a una justicia restaurativa como parte de un marco más amplio de justicia memorial, como la denomina Reyes Mate (2011). En Colombia se ha hablado de justicia transicional más para destacar un modelo procedimental de lo justo de corte liberal, que en el mejor de los casos circunscribe las obligaciones del Estado en la transición democrática a propiciar espacios de ‘rendición de cuentas’ de los perpetradores directos de las violaciones, y de contribución parcial de estos a la corrección de los daños que sean objeto de reconocimiento en el marco de diferendos en los que el Estado habla en nombre de las víctimas y en los que la dimensión y alcance de la reparación dependen en gran medida de la voluntad de poder del victimario o de quien acepta ser considerado como tal.

Sin embargo, es posible que existan otros repertorios argumentativos encaminados a contribuir a la intersección sugerida entre justicia transicional y derecho de propiedad, y que son necesarios para garantizar que no se repitan nunca más las violaciones de derechos humanos que han tenido lugar en Colombia en los últimos 50 años. Dichos repertorios deben ir más allá de la tensión o posibilidades de intersección aquí aludida entre justicia distributiva¹ y justicia correctiva.²

Ha habido intentos, como el de Uprimny y Saffon (2009), de encontrar la intersección a través de conceptos como el de justicia o reparación transformadora, que parte de la idea básica según la cual no es suficiente regresar a las víctimas a una situación idéntica a la existente con anterioridad a las violaciones, pues, si dicha situación facilitó la comisión de estas, la reparación debe contribuir a transformarla para evitar que los vejámenes contra la dignidad humana vuelvan a ocurrir.

No obstante, cuando el legislador de 2011 incorporó parcialmente este ambicioso concepto en la Ley 1448 o ‘Ley de Víctimas’ trajo consigo un entorno de complejidades y de enormes dificultades operativas para la burocracia creada en dicha norma desde la perspectiva transicional, en tanto el concepto ha llevado a que en la práctica se intente justificar la confusión indebida entre medidas de reparación y prestación de servicios sociales por parte del Estado, lo cual es relativamente frecuente en el programa administrativo de reparaciones colectivas creado en esa ley.

A los retos de la reparación transformadora se suman los retos de la justicia memorial o reconstructiva (Valladolid Bueno, 2011), la cual exige a las sociedades en transición que, con base en la memoria social y transformadora del sufrimiento humano en el cual se sustentan muchas manifestaciones de la propiedad privada, no solamente garanticen la restitución de derechos patrimoniales como una reposición de carácter privado para las víctimas, sino que también lleven a cabo procesos programáticos de reconstrucción de los tejidos sociales que fueron truncados por estos modelos de intervención territorial signados por la violencia, la victimización, el constreñimiento al otro, el vejamen sexual contra las mujeres, las niñas y los niños, los cuales presentan órdenes de relación muy profundos con un modelo económico que tiende a contribuir a la desaparición radical de sujetos e identidades colectivas que no detentan relaciones de carácter capitalista con sus territorios de arraigo, los recursos naturales allí presentes y sus coterráneos.

Es un deber ético de la sociedad colombiana velar por que se esclarezca la verdad sobre dichos órdenes de relación, se reconozcan y determinen las responsabilidades a que da lugar tal proceso de esclarecimiento, y se efectúen las (re)transformaciones territoriales necesarias para que las colectividades desarraigadas forzosamente puedan reconstruir sus proyectos colectivos de vida, truncados y cercenados por la violencia estructural y física asociada al conflicto armado, y puedan ejercer su derecho más elemental, pero que paradójicamente les ha costado más vidas humanas, que es el derecho a la diversidad y a la diferencia política, económica y cultural.

Lo anterior por cuanto en el marco de las mutaciones que han sufrido los territorios rurales en Colombia en razón o con ocasión del conflicto armado, traducidos en despoblamientos radicales y cambios de uso del territorio de modelos agropecuarios/ancestrales a modelos agroindustriales o de extracción minero-energética, lo que se encuentra en juego no son solamente relaciones patrimoniales o de tenencia o usufructo de tierras y espacios geográficos, sino el riesgo de exterminio físico y cultural de sujetos colectivos como las comunidades campesinas y afrodescendientes y los pueblos indígenas.

No se trata entonces de una simple recordación de los vejámenes, sino del desentrañamiento de sus causas y contextos estructurales, para que se garantice su no repetición desde la doble perspectiva de i) profundización social e institucional del reconocimiento (y debida protección reforzada) de los sujetos inmolados por tales procesos complejos de imposición de sufrimiento, donde se ve claramente interpelado el derecho a la propiedad privada; y ii) satisfacción real y efectiva de las obligaciones de reparación integral (material y simbólica) que recaen sobre perpetradores y beneficiarios de la victimización.

Referencias

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Jurisprudenciales

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Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-253A de 2012 (29 de marzo, M. P.: Gabriel Eduardo Mendoza).

Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-781 de 2012 (10 de octubre, M. P.: María Victoria Calle).

Notas de prensa

(2015). Proceso de paz: 15 % de la población en Colombia ha sido víctima de la guerra. El País. Recuperado de http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/15-de-lapoblacion-en-colombia-ha-sido-victima-de-la-guerra.html

* Abogado especialista y profesor de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Magíster en Sociología Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona (España). Actualmente se desempeña como consultor independiente en derechos humanos y justicia transicional y como asesor jurídico de varios pueblos y comunidades étnicas en procesos de defensa territorial. El autor agradece a Valentina Gómez Salgado y Enrique Alberto Prieto Ríos de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario por su valiosa colaboración en la transcripción de la conferencia que sirvió de base para el presente texto.

¹ La perspectiva de justicia distributiva tiene cierto reconocimiento en el punto 1 del Acuerdo Final de Paz de noviembre de 2016, el cual hace explícita la necesidad de fortalecer acciones de reforma rural integral en Colombia, y en favor de sujetos rurales subalternos, entre los cuales se reconoce a las víctimas de desplazamiento forzado de origen rural.

² También en cierta medida esta perspectiva es recogida por el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016, particularmente en el punto 5, en el que se hace referencia a la necesidad de una justicia restaurativa que centre los esfuerzos de la paz negociada en buena medida en acciones encaminadas a corregir los daños ocasionados por los actores del conflicto a través de medidas de contribución a la reparación de sus víctimas.

II. LECTURAS CRÍTICAS ALTERNATIVAS DE LA PROPIEDAD SOBRE LA TIERRA EN EL CONFLICTO ARMADO

Capítulo 2 Feminidades productivas, reformas agrarias y restitución de tierras*

María Fernanda Sañudo Pazos**

Introducción

En los años setenta, el neoliberalismo emerge como un modelo económico y político que apunta a la recomposición del patrón de acumulación capitalista, y, en específico, a solventar la crisis de sobreacumulación del centro capitalista. Dicha recomposición se llevó a cabo a través de la instauración de un ‘sistema global neoliberal’, al que Fair (2008) define como “un drástico proceso de cambio en el modo de producción que caracterizaba al modelo fordista-keynesiano”. Este cambio condujo a un “nuevo régimen o patrón de acumulación vinculado a reformas estructurales de mercado” (Harvey, 2007).

En este escenario, uno de los sectores prioritarios para la intervención fue el rural. Dávalos (2011) refiere cómo en la primera etapa las reformas fueron esencialmente de rediseño y cambio en las políticas de comercio exterior, con miras a establecer la liberalización del mercado. En la segunda (1990-2007), a la par del debilitamiento de los mecanismos de apoyo a los productores rurales, se rediseñaron las políticas rurales con el objetivo de favorecer y fortalecer al sector agroexportador. Y, en los últimos años, con el ‘boom de los commodities’ la orientación de las políticas ha sido hacia la ‘privatización de los territorios’.

La serie de reformas neoliberales aplicadas al sector rural en Colombia apuntaron a “la reorganización territorial de lo rural, de sus procesos socioeconómicos y de sus habitantes” (Tobasura, 2009, p. 65). Su implementación coadyuvó a la consolidación, por un lado, de territorialidades productivas específicas (siembra de cereales, palma africana, caña de azúcar, entre otras); y, por otro, a reorientar las actividades de los sectores campesinos (quienes se habían especializado en la producción de alimentos).

Existe una estrecha conexión entre los reacomodamientos de los patrones productivos en varias regiones del país a través de la implementación de las políticas neoliberales y el escalonamiento de la guerra. En los territorios con mayores índices de desplazamiento forzado y despojos, es donde generalmente se han implementado modelos de producción a gran escala. En Antioquia, Bolívar, Magdalena, Meta, entre otros, la expansión de cultivos agroindustriales se dio en paralelo a la expansión del paramilitarismo y a su consecuencia directa: el desplazamiento forzado.

En este sentido, el CNRR (2009) explica que el despojo masivo y violento de tierras, al tener como telón de fondo la implementación de las reformas neoliberales, apuntó a la consolidación de un modelo de desarrollo rural en el que se reduce significativamente el papel de las economías campesinas en la producción de alimentos, privilegiándose actividades económicas a gran escala, como las plantaciones agroindustriales, los megaproyectos, la ganadería extensiva y las explotaciones de recursos naturales y mineros.

En este contexto, el campesinado fue reconocido como sujeto de política pública en la medida en que potencialmente o puede ser articulado mediante alianzas estratégicas al sector agroempresarial, lo que resulta clave para la dinamización del modelo económico rural (Mondragón, 2002) —el caso de la participación en la producción de palma africana—; o es incorporado en la producción de bienes para nichos especiales de consumo: cafés especiales, cacao, flores, productos orgánicos, artesanías, entre otros. En uno y otro el acceso a los medios de producción continúa siendo precario.

En escenarios en los que perviven formaciones sociales no capitalistas o que no han sido integradas del todo al modo de producción mercantil, el capital, para imponer su hegemonía, debe transformarlas; estas transformaciones, desde la perspectiva de este artículo, se han logrado a través del entronque entre neoliberalismo y conflicto armado. Estos procesos convergentes introdujeron nuevos modos de producción y de control social. Por medio del despliegue de discursos y prácticas (violentos y no violentos), se crearon y fueron modelando a los sujetos rurales, es decir, se fueron ajustando cuerpos y subjetividades “en categorías coherentes con las relaciones capitalistas” (Escobar, 2007, p. 225). El despliegue de violencias (simbólicas —políticas neoliberales— y directas —acciones violentas asociadas al conflicto armado—) incidió “en el campo de los significados sociales” (De Lauretis, 1989, p. 45), produciendo, normalizando y reforzando prácticas y subjetividades productivas. La articulación de hombres y mujeres en estos procesos es marcadamente diferente. Este proceso, bajo la perspectiva de esta investigación, presenta particularidades en relación con el género.

Mies (1998), León y Deere (2000) y Eisenstein (1998) han llamado la atención sobre la incidencia de la recomposición económica y productiva jalonada por las reformas neoliberales en la división sexual del trabajo en los países de la periferia capitalista. Las autoras coinciden en afirmar que el género está siendo construido y reconstruido por las dinámicas económicas globales. La globalización requiere de mano de obra barata y las mujeres se constituyen en la población ideal para acceder a fuerza laboral óptima y a bajo costo. Así la cooptación del trabajo de las mujeres es uno de los pilares de la globalización (Piña, 2017).

En cuanto a las mujeres rurales, Mies (1998) señala que, en un contexto de reorganización de la economía a nivel mundial, han sido descubiertas por el capital internacional como factor clave para la dinamización de las economías de exportación, constituyéndose en sujetos de intervención estatal y de la cooperación al desarrollo. Desde esta lógica, este grupo poblacional (altamente heterogéneo), a través de políticas desarrollistas, ha sido incorporado a productividades específicas. En este sentido, las políticas públicas de corte productivo dirigidas o que articulan a las mujeres rurales esconden una suerte de domesticación económica, constituyéndose en un conjunto de discursos y prácticas que se despliegan para ajustar los cuerpos y las subjetividades de las mujeres a las necesidades de acumulación capitalista.

En este contexto de reorganización productiva cobró especial importancia el acceso de las mujeres rurales a los factores de producción, entre estos la tierra. En Colombia, como en otros países de la región,¹ a finales de la década de los ochenta se reconoce a las mujeres como sujetos de la política de tierras. Tanto en la Ley 30 de 1988 como en la 160 de 1994 y la 1448 de 2014 (Ley de Víctimas) se incorporan medidas de género para regular el acceso a la tierra de hombres y mujeres campesinos.

León y Deere (1997) indican dos cuestiones fundamentales para comprender la importancia del reconocimiento del derecho de las mujeres a la tierra. En primer lugar, destacan que el acceso a este recurso es clave para el acceso a otros recursos para la producción, como el crédito, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología; en segundo lugar, observan que la disponibilidad formal de la tierra condiciona “el poder de negociación que tienen en el hogar y en la comunidad” (p. 8).

Sin desconocer la importancia para las mujeres de este logro legal, el acceso a la tierra y a otros factores de producción puede ser también interpretado como una estrategia estatal encaminada a subordinar a este sector de la población a los intereses del capitalismo agrario.

Mies (1998), retomando los presupuestos de Luxemburgo, argumenta que la expansión del capitalismo contemporáneo continúa requiriendo sectores que no han sido asimilados totalmente por este, entre estos las mujeres rurales. Una manera de asimilarlas es a través de facilitar el acceso a recursos productivos, como es el caso de la tierra. Tal como se sugirió antes, la disponibilidad formal de tierra conlleva la disponibilidad de condiciones necesarias para insertarse en la producción, una producción que se decide en función de las dinámicas de inserción de los países de la periferia capitalista a la economía global.

La adjudicación y titulación de predios o su formalización generalmente traen aparejado el desarrollo de un conjunto de acciones, las que se encaminan a configurar y/o potenciar a las campesinas como productoras eficientes. Extensión rural, asistencia técnica, transferencia de tecnología, gestión y desarrollo de proyectos productivos, acceso a recursos financieros, asociatividad, entre otros, se constituyen en mecanismos para organizar y especializar productivamente a las mujeres. El acceso a la tierra como condición para el acceso a otros recursos claves en la producción mediatiza y organiza a las campesinas como productoras bajo la lógica del mercado.

De acuerdo con lo anterior y, a través de los contenidos que se plasman en este documento, se evidenciará la continuidad que existe entre las leyes de tierras (leyes 30 de 1988 y 160 de 1994) y lo que se establece con respecto a la restitución de tierras en la Ley de Víctimas. La continuidad se entenderá en una doble vía. Por un lado, se mostrará cómo el modelo de desarrollo rural que se configura mediante el entronque entre neoliberalismo y conflicto armado incide en el tipo de reconocimiento que se hace del derecho a la tierra de las mujeres rurales; en segundo lugar, se demostrará cómo las intervenciones estatales que se realizan paralelas a la adjudicación, titulación y/o formalización de la tierra operan como tecnología de género neoliberales. Es decir, como mecanismos mediante los que producen y ajustan los cuerpos y las subjetividades de las mujeres a las necesidades de acumulación capitalista.

1. Andamiaje conceptual

1.1. Género como proceso de significación

El género como estructura socialmente estructurada funciona como principio que da lugar y constituye las prácticas sociales (Sañudo, 2015). A la vez que condiciona la producción de los significados en torno a lo genérico de los sujetos, en el momento en que estos se ponen en circulación, “afectan los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales” e inciden en el “campo de los significados sociales” (De Lauretis, 1989, p. 8). El despliegue de prácticas discursivas, las que están impregnadas o devienen de las representaciones sociales de género, apunta a crear, normalizar y naturalizar el mismo género.

Teresa de Lauretis apunta que a cada cultura le corresponde un sistema sexogénero, es decir, “un sistema simbólico o sistema de significados que correlaciona el sexo con contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y jerarquías” (1989, p. 11). Este sistema contiene una doble dimensión: a la vez que es una construcción sociocultural opera como un aparato semiótico. Así, la significación emerge y circula para producir sujetos sexuados y generizados acordes con la matriz cultural en la que se anclan los procesos de significación de la realidad (Sañudo, 2015). Ser representado o representarse como sujeto con género implica que los sujetos ocupan posiciones sociales producto de las significaciones sociales. En este sentido, “la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación” (De Lauretis, 1989, p. 11).

Las nociones que se producen y circulan, además de responder a la necesidad de dar sentido a la realidad y reglarla, a la vez que la modelan, inciden sobre las mismas interpretaciones. Así, los procesos de significación en torno al sexo tienen un carácter circular y desde este sentido “la estructura de relaciones sociales es moldeada por las mismas ideas culturales que la dinámica social propicia y cristaliza gracias a ella” (Ortner y Whithead, 2003, p. 136).

Por su parte, Amorós considera que el género como proceso de significación y significante es producto de “la explotación metódica de la diferencialidad” (1985) y, en palabras de Curiel (s. f., p. 9), es resultado de la diferenciación, “es decir, de la construcción social (e ideológica y, por lo tanto, política) de la diferencia”. En cuanto a Bourdieu (2000), sugiere que la diferenciación se ha ido incorporando en los cuerpos “en los hábitos de sus agentes” y funcionan como “esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción”. Bajo la perspectiva del autor, tanto el campo de la significación como el de la acción se encuentran mediados por la oposición diferencial entre lo masculino y lo femenino, y por la naturalización de la relación entre dominador y dominado. Así, las representaciones de género se constituyen no solo en el producto de tal división, sino en una manera de, a través de su circulación, naturalizar la diferencia y lo que de esta se desprende.

1.2. Tecnologías de género

En perspectiva foucaultiana,² De Lauretis (1989) propone el concepto de tecnologías del género para explicar cómo operan variadas tecnologías sociales en la producción de los sujetos generizados y/o como procedimientos para normalizar, naturalizar y esencializar la diferencia sexual. Moreno (2011), de acuerdo con la autora, define a estas tecnologías como “regímenes complejos, donde deben incluirse, sin duda, las prácticas discursivas, los proyectos pedagógicos, las normatividades” (p. 50), las que apuntan a producir sujetos, prácticas y subjetividades generizadas. En este sentido, la fabricación del género se corresponde con “el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales” (p. 8) a través del despliegue de prácticas y discursos.

Además de las propuestas de Foucault, De Lauretis incorpora algunos elementos de la teoría althusseriana. En primera instancia, apela al concepto de ideología³ para establecer que el género es tal en la medida en que este “tiene la función (que lo define) de constituir individuos concretos como varones y mujeres” (p. 12). Conforme con esto, el género es ideología y es efecto de la ideología de género. En segundo lugar, alude al concepto de aparatos ideológicos del Estado (AIE)⁴ para definir a las tecnologías de género, las que existen porque el género es ideología, constituyéndose en una de las maneras de ponerla en circulación, aspecto que incide en la modelación de cuerpos y subjetividades. En este sentido, “la ideología existe materialmente a través de los aparatos ideológicos del Estado (AIE)” (Parra, 2017, p. 255).

En las tecnologías de género, convergen “discursos institucionalizados, epistemologías y prácticas críticas, así como prácticas de la vida cotidiana”, que apuntan a la generización de los sujetos. Sin embargo y tal como lo afirma Sainz (s. f.), De Lauretis no propone la existencia de un AIE del género, sino que el género “es transversal a todos los aparatos de Estado”.

Desde esta perspectiva, las políticas públicas podrían ser definidas como tecnologías de género, en la medida en que 1) son construidas (negociadas, formuladas y puestas en marcha) por sujetos que encarnan al género como ideología; 2) en estas se plasman las representaciones que sobre los géneros encarnan los sujetos generizados que participan en su formulación; y 3) al ponerse en marcha (implementación) reproducen, afianzan y legitiman las representaciones de género.

No obstante, para comprender cómo operan resulta clave ahondar en las propuestas de Althusser sobre los AIE. Si consideramos que estos se constituyen en dispositivos que son resultado a su vez que contienen la ideología, “prescriben prácticas materiales que interpelan a los individuos de manera que estos terminan aceptando como necesarias las formas de comportamiento que las prácticas requieren por parte de ellos” (Parra, 2017, p. 255). En este orden de ideas, los AIE funcionan como mecanismos de sujeción. La sujeción es condición para la producción de sujetos funcionales al sistema (Althusser, 1988), es decir, para la reproducción de las relaciones de explotación que sostienen al sistema capitalista.

La sujeción a través de los AIE, tal como lo establece De Lauretis (1989), además de emanar del género, ratificarlo, producen y mantienen la diferencia como elemento transversal a la explotación. En su explicación alude a las propuestas de Michele Barret, para quien la ideología de género: 1) opera como el “lugar primario de construcción del género” (p. 13); 2) es elemento central de la división del trabajo y de la reproducción de la fuerza de trabajo; y 3) evidencia la intersección entre ideología y relaciones de producción.

En relación con lo anterior, Maffla (2017) sugiere considerar a las políticas públicas como estrategias estatales de disciplinamiento y control social, las que, en el marco de los procesos de reproducción ampliada de capital, apuntan a la producción de sujetos generizados como condición para una subordinación también generizada a las necesidades del capital.

1.3. Tecnologías de género neoliberales

La serie de desplazamientos productivos ocurrida a finales de la década de los setenta incidió en la recomposición de la división internacional del trabajo. El desplazamiento de “la producción manufacturera hacia las zonas de libre comercio y plataformas exportadoras en el Tercer Mundo” (Escobar, 2007, p. 296) se constituyó en una estrategia para resolver la crisis de sobreacumulación de capital, fuerza de trabajo y mercancías en el centro capitalista. Este aspecto implicó la recomposición de la división sexual del trabajo en los países de la periferia capitalista. Abaratar costos de producción como recurso para incrementar la tasa de ganancia requirió de la “oferta constante de trabajadores dóciles y baratos” (p. 296).

Luxemburgo argumenta que el capitalismo necesita nuevas arenas de consumo y de mercado en las que expandirse (Hartsock, 2006); y, en el capitalismo tardío, la mano de obra que se requiere es una mano de obra que pueda entrar a un mercado de trabajo flexible y precario, que es el que se configura mediante la implementación de los programas de ajuste estructural. Según Hartsock, esta mano de obra debe ser reclutada de las “reservas sociales fuera del dominio del capital” (p. 20). En este contexto, las mujeres, principalmente las de las periferias capitalistas, han sido redescubiertas por el capital internacional.

Mies (1998) señala algunos factores que subyacen a este redescubrimiento: 1) las mujeres se constituyen en la fuerza óptima para la acumulación capitalista a escala mundial dado que su trabajo puede ser pagado a un precio mucho más barato que el trabajo masculino; 2) debido a que las múltiples actividades que realizan las mujeres (incluidas algunas de carácter productivo) no se reconocen como trabajo, su trabajo puede ser más fácilmente degradado; 3) la invisibilización del trabajo de las mujeres está en la base de su no reconocimiento como trabajadoras reales.

Particularmente en el contexto neoliberal, las políticas públicas (otras acciones estatales también) apuntan no solo a incorporar a las mujeres a la producción económica, sino también a producir cierto tipo de feminidades productivas útiles, competitivas y eficientes para al mercado (Cajamarca, 2014). Desde finales de los setenta y mediante una serie de estrategias desplegadas por el Estado y la cooperación al desarrollo, las mujeres han sido integradas a la producción de cultivos comerciales. Los proyectos productivos puestos en marcha en las zonas rurales como condición para el empoderamiento económico de las mujeres han posibilitado su ingreso a la producción de mercancías. Este ingreso no ha sido a partir del reconocimiento de su trabajo (tanto productivo, como reproductivo y comunitario), sino que tiene relación con lo que Mies llama el impulso estatal y privado “al uso productivo del tiempo dedicado al ocio”.

Escobar (2007) propone considerar la incidencia que han tenido las estrategias de mujer y desarrollo (MYD) y género en el desarrollo (GED) en la instrumentalización de las mujeres rurales en función de las demandas capitalistas. En Colombia estos enfoques han permeado el diseño de las políticas para mujer rural y de la incorporación del género a las diversas estrategias de desarrollo rural desde finales de la década de los setenta (Sañudo, 2015). A través de los programas dirigidos a las mujeres rurales, se comenzó a organizar y regular su vida, sus rutinas, sus prácticas y subjetividades (Sañudo, 2015). Este grupo poblacional fue percibido como un sector problemático para el desarrollo, el que debía ser integrado a las dinámicas económicas de manera activa, y bajo esta lógica productivista se apuntaba a que “las mujeres produzcan y se reproduzcan eficientemente” (Escobar, 2007, p. 315).

En este sentido, las tecnologías de género neoliberales corresponderían a una batería de discursos y prácticas que, al sostenerse en la división sexual del trabajo e incidiendo en el campo de las significaciones, se despliegan para ajustar los cuerpos y las subjetividades de hombres y mujeres a las necesidades de acumulación capitalista, actuando a su vez como mecanismos de desposesión, en la medida que se sustentan en la expropiación del trabajo reproductivo y productivo de las mujeres. Al constituirse la división sexual del trabajo en el eje de la estructuración de las sociedades capitalistas, las políticas se sostienen en tal división.

1.4. Acceso y formalización de la tierra y tecnologías de género neoliberales

García (1986) sugiere que las reformas agrarias o la implementación de mecanismos de política pública para facilitar el acceso a la tierra a los productores rurales en los países de América Latina ha tenido como finalidad “la modernización capitalista de la agricultura” y la reorganización productiva de los territorios rurales (p. 79). Dado que los instrumentos estatales de redistribución de la tierra han sido conceptuados de acuerdo con lo que él denomina “ideología desarrollista”, estos han apuntado, entre otros, a la “redefinición de las economías campesinas dentro del modelo vigente de crecimiento agrícola” (p. 76).

En este orden de ideas, el viabilizar el acceso a tierra o su formalización se sitúa como condición para “conservar o incrementar las tasas de acumulación en el campo” a través de la “sobreexplotación de la mano de obra campesina”. Es decir, mediante la adjudicación de este recurso productivo y otros, los Estados transfieren a las unidades económicas campesinas “la responsabilidad en la conservación y reproducción de la mano de obra agrícola” (p. 77); además, tienen a su disposición los recursos para generar, por un lado, los mínimos de subsistencia, aspecto fundamental para “completar el salario agrícola” (García, 1986, p. 77).

Por otra parte, es de considerar que los procesos de reforma agraria implican el despliegue de acciones complementarias, tales como la transferencia de tecnología, programas de acceso a crédito, procesos de extensión y asociatividad del campesinado, y desarrollo de proyectos productivos. En palabras de Castorena (1983), estos operan como dispositivos para la subordinación de las economías campesinas a las necesidades, siempre cambiantes, del modo de producción capitalista (Sañudo y Aguilar, 2018). Así, la tierra supone la condición para que el pequeño productor se vincule a determinadas ramas (reorganización de la producción), especialmente a aquellas que son la base de la industria nacional o para suplir las demandas de los sectores agroexportadores.

León y Deere (2000) indican que la Ley 160 de 1994 tuvo como propósito explícito organizar el mercado de tierras a fin de dar paso a un sector agrícola más competitivo, que pueda participar con éxito en los mercados internacionales.⁵ En este contexto, la intervención del Estado como regulador del acceso a la tierra se concibe como una medida temporal que sirve de guía para la transición al funcionamiento libre del mercado de insumos, de créditos y productos. En concreto, frente a la Ley 160, Cifuentes et al. (2016, p. 15) sugieren que mediante esta se transforma el “paradigma estatal de reforma agraria”, es decir, se caminó de un modelo basado en la “redistribución de tierras inadecuadamente explotadas” a través de la acción directa del Estado a uno en el que domina el mercado asistido de tierras.⁶

Por su parte, Gómez (2011, p. 65) entiende que la Ley 160 funciona como un mecanismo “para regular la estructura de la propiedad en un esquema de economía más abierta e internacionalizada”. En este sentido y tal como sostiene el autor, mediante esta norma se adelantó un proceso de reordenamiento rural tanto a nivel de la estructura de la tenencia como de las dinámicas productivas de los territorios, aspecto que en varias zonas del país fue coadyuvado por medio del despliegue de repertorios de violencias asociadas al escalonamiento de la guerra.

En cuanto a la Ley 1448 y, en específico, las medidas de restitución, aunque estén encaminadas a la reparación de las víctimas del conflicto armado, también pretenden legitimar el modelo de desarrollo rural, que, entre otros, se comenzó a configurar con el entronque entre reformas neoliberales y conflicto armado. Es decir, consolidar las condiciones para la viabilidad del mercado de tierras, para la modernización del sector agrario, para la reconstitución de las víctimas como nuevos sujetos productivos y para la instauración de territorialidades con características económicas específicas. Uprimny y Sánchez (2010, p. 305) reconocen que la restitución apunta a corregir “la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras y dar vía a una política de desarrollo rural que modernice la producción agraria con base en la gran propiedad”.

En relación con el funcionamiento de estas normas como tecnologías de género, es de considerar que el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria o como sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras se sucede en el marco de la implementación de reformas neoliberales, proceso entroncado con el escalonamiento de la guerra. El entronque, como se ha dicho antes, está en la base de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el país. Esta reorientación demanda nuevos sujetos productivos.

Si bien no se niega la importancia de las normas referenciadas con respecto a la garantía de los derechos de las mujeres a la tierra, es de considerar que el acceso a la tierra se percibe, desde el nuevo modelo de desarrollo rural, como una estrategia para la potenciación de las mujeres como sujetos productivos. En este sentido, “la propiedad segura de la tierra aumenta la eficiencia de las mujeres en cuanto incrementa directamente tanto su capacidad como sus incentivos para invertir llevando a niveles de productividad y producción más altos” (León y Deere, 2002, p. 21). Eficiencia y productividad logradas mediante el acceso a los factores de producción se suponen, por un lado, como condiciones para el bienestar de las mujeres, de sus familias y de las comunidades rurales; y, por otro, como factores clave para el crecimiento económico (Sañudo, 2015). En este sentido, las limitaciones estructurales que enfrentan las mujeres en cuanto al acceso a la tierra, en el contexto neoliberal, se conceptúan como obstáculos al crecimiento económico y “un alto costo de oportunidad a la sociedad en términos de producción e ingresos perdidos” (Agnes Quisumbing et al., citados por León y Deere, 2002, p. 21).

Desde la perspectiva de Cajamarca (2013), Piñero (2015) y Piña (2017), los programas de acceso a la tierra para mujeres, diseñados e implementados bajo el cuño del neoliberalismo, constituyen a las mujeres como sujetos generizados en dos vías. Por un lado, las configuran como sujetos productivos, dado que se vuelven sujeto de políticas si y solo si encarnan habilidades o características específicas⁷ que tienen que ver con lo femenino; estas son las que deben ser potenciadas tanto para su incorporación a la producción como para que contribuyan a la dinamización del sector agropecuario. Al respecto establece Piña (2017, p. 87): “La inclusión de las mujeres en la producción moviliza prácticas y formas discursivas sobre la diferencia sexual; además emerge valorizaciones sobre las ‘identidades de género’ ligadas a las habilidades que se cree tienen las mujeres por ser mujeres”.

Por otro, el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria se legitima en la medida en que encarnan una identidad puntual: la de ser cuidadoras y, por ende, artífices del bienestar de las familias y de las comunidades. Aun considerándolas como potenciales actores para la dinamización de la producción rural, la identidad asociada al ser madres (jefas de hogar) media su entrada al ámbito productivo. Esta, al ser una identidad funcional al patriarcado, les otorga legitimidad para entrar a la esfera del reconocimiento, un reconocimiento que ha sido exclusivo para los hombres y el que es obviamente otorgado por ellos mismos (Sañudo, 2015).

En este sentido, el reconocimiento de las mujeres rurales como sujeto de reforma agraria y de restitución de tierras implica la producción de un sujeto híbrido/dicotómico (productivo y reproductivo). El posicionamiento de este tipo de sujeto en la agenda de los derechos tiene que ver con la necesidad de abaratar costos de producción como requisito para incrementar la eficiencia de la producción. De tal forma, el acceso a la tierra para las mujeres rurales bajo la lógica neoliberal busca potenciar ciertas funciones particulares de las mujeres en las áreas reproductivas y productivas, que representan mayor eficiencia y eficacia para el crecimiento económico.

Otro elemento que es fundamental y que se suma al reconocimiento/ configuración del sujeto femenino de la reforma agraria y de la restitución es la vulnerabilidad: por condiciones de pobreza y por causa del conflicto armado. Esta categoría refuerza las anteriores. Piñero (2015) sostiene que, por un lado, el posicionamiento de un género como “vulnerable” afianza los imaginarios tradicionales de género sobre las mujeres como débiles y necesitadas de protección; por otro, legitima la urgencia de su vinculación al ámbito productivo como una condición que les permitirá salir de la “feminidad vulnerable”. De acuerdo con Cajamarca (2013), la vulnerabilidad, en el marco de las políticas dirigidas a las mujeres rurales, está asociada con las limitaciones que ellas y sus familias enfrentan en su vinculación al mercado como productoras y consumidoras.

2. El sujeto femenino de la reforma agraria

Tal como se ha explicitado en párrafos anteriores, en Colombia el reconocimiento de los derechos de la mujer a la tierra obra a través de tres instrumentos. Mediante la Ley 30 de 1988, “por primera vez se reconoció explícitamente el derecho de la mujer a la tierra” (León y Deere, 1997, p. 11). El principal avance en este sentido corresponde al establecimiento como norma de la titulación conjunta de predios obtenidos bajo la modalidad de reforma agraria; en cuanto al acceso individual, se instituyó que las “mujeres jefas de hogar mayores de 16 años” (p. 11) tendrán acceso “prioritario a tierras baldías nacionales y facilidades en su participación en las empresas comunales creadas bajo la reforma agraria” (p. 11); con respecto a la participación de este grupo poblacional en espacios de decisión sobre temas concernientes con el desarrollo rural, se ordenó que estas, a través de las principales organizaciones de mujeres rurales, en este momento la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (Anmucic), conformarían “las juntas regionales y nacionales del Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora” (p. 11).

Gómez (2011) establece que, si bien la Ley 30 de 1988 (primera ley mediante la que se reconoce a las mujeres como sujetos de reforma agraria) se formula en un escenario de transformaciones del modelo de desarrollo rural en el país, esta conservó algunos elementos de las leyes precedentes (135 de 1961 y 1 de 1968) en la medida en que se instituyó como una norma encaminada a remover los obstáculos para el acceso del campesinado a la tierra.

La Ley 160 de 1994 se constituye en la segunda norma por medio de la que se incorporan medidas relativas al género en los procedimientos para el acceso a la propiedad de la tierra de campesinos y campesinas. Esta se formula en un escenario de cambios, el que se configura a través de la implementación de las reformas neoliberales.

A finales de la década de los ochenta, se observa una transformación radical en torno al modelo de desarrollo rural en Colombia. En el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se inician los procesos de apertura económica. El proceso de neoliberalización del sector rural coincidió con una reducción de los recursos públicos ejecutados para el sector. El PNUD (2011, p. 45) señala: “El gasto público agropecuario cayó como porcentaje del PIB total, de un promedio de cerca de 0,67 % entre 1990 y 1996 a uno de cerca de 0,27 % entre 2000 y 2009. La caída más importante se dio en la inversión, mientras el gasto en funcionamiento se mantuvo relativamente estable”. Paralelamente, se desmanteló la institucionalidad rural creada en los años sesenta y setenta. Así, “en los años 1990 y principios del 2000, el sector vio fenecer gran parte de los programas institucionales creados en décadas pasadas o recientes como el DRI, el PNR y la reforma agraria; el debilitamiento de las unidades municipales de asistencia técnica (Umatas) y de la asistencia técnica gratuita a pequeños agricultores” (p. 308).

Es en este contexto en el que el gobierno de César Gaviria, bajo asesoría y apoyo del Banco Mundial, propone un borrador de Ley de Reforma Agraria. En el marco de este, se presenta la figura de reforma vía mercado de tierras, es decir, la adquisición (por compra no por extinción) por parte del Estado de haciendas y latifundios para su parcelación; y el otorgamiento de subsidios de reforma agraria a campesinos y campesinas que cumplieran con algunos requerimientos (ser mayor de 16 años, tener vocación agrícola, ser jefe o jefa de hogar, entre otros) (Fajardo, 2002).⁸

En este entorno, campesinos y campesinas organizadas rechazaron el proyecto de ley formulado por Gaviria e iniciaron un proceso de concertación entre diversas organizaciones rurales e indígenas, todas ellas confluyendo en una coordinadora agraria denominada Consejo Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas (Conaic).⁹

En este escenario, elaboraron un proyecto de ley para presentar al gobierno. Tal proceso fue el producto de concertaciones entre campesinos e indígenas y de alianzas con otros sectores del movimiento social, como las principales centrales, entre ellas Sintraincoder. Sectores que respaldaron tanto el proyecto de ley presentado como las negociaciones que se establecieron con funcionarios y funcionarias del Ministerio de Agricultura y del Incora.

De acuerdo con lo anterior y desde el criterio de Mondragón (2002, p. 5), en la ley que finalmente es sancionada por el Estado, si bien se introducen muchas de las propuestas del proyecto presentado por el campesinado (figura de reservas campesinas, acceso progresivo a la propiedad de la tierra mediante subsidios, Sistema Nacional de Reforma Agraria), en el marco de esta se acaba con la figura de extinción de dominio como mecanismo para obtener tierras destinadas para la dotación a población campesina. Mediante este cambio se perdía un derecho adquirido como era “el que a los tres años de estar inexplotado un predio procedía la extinción de dominio”.

El deterioro de la guerra durante la primera mitad de la década de los noventa condiciona de doble manera la negociación de la Ley 160 de 1994. Por un lado, al tener efectos desmedidos sobre la población civil, en particular sobre las y los habitantes de las zonas rurales del país, limita la capacidad de acción de las organizaciones sociales, sobre todo las campesinas; y, por ende, su capacidad de incidir en la negociación de la ley referenciada. Por otra parte, dado los efectos particulares que el conflicto tiene sobre hombres y mujeres, los intereses y reivindicaciones pasan a estar modelados por estos efectos, lo mismo que su lucha y las representaciones de género que se ponen en escena.

Para mediados de la década referida, en Colombia la guerra tiene manifestaciones y actores diferentes a los de la época precedente (setenta y ochenta), ajustándose a lo que Kaldor (2001, p. 15) ha denominado “nuevas guerras”, es decir, aquellas donde se produce “el desdibujamiento de las distinciones entre guerra, crimen organizado y violaciones a gran escala de los derechos humanos”; y, por otro, en las que opera una transformación en 1) los objetivos de la guerra, 2) los métodos de lucha y 3) los métodos de financiación. Particularmente en Colombia, al comienzo se evidenciaban los siguientes rasgos del conflicto: el resquebrajamiento del monopolio del Estado sobre la fuerza y la violencia legítima y organizada, esto es, la privatización de la violencia asociada al auge del crimen organizado y del paramilitarismo, el deterioro de la legitimidad política en un contexto de crisis económica, fiscal y de corrupción, y el control territorial por parte de actores armados a través del uso de la violencia con miras al control político de la población (PNUD, 2003).

Es en este contexto que se formula la Ley 160 de 1994, la que se constituye en la segunda norma mediante la que se introduce el principio de igualdad para los procesos de titulación de la tierra. Esta ley da continuidad a lo establecido en la norma precedente (Ley 30 de 1988) (titulación conjunta y el reconocimiento del derecho de las mujeres jefas de hogar al acceso individual a la tierra), pero, a diferencia de la anterior, en esta se matiza aún más el sujeto que se prioriza como beneficiario, es decir, mujeres campesinas jefes de hogar, que además se encuentren en estado de desprotección social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez y carezcan de tierra propia o suficiente.¹⁰

Sin embargo, cabe aclarar que dada la tendencia política del gobierno: la que estaba enfocaba en avanzar en la apertura económica y la reconversión del agro, y en un contexto de escalonamiento del conflicto con especiales efectos sobre las mujeres rurales, el derecho a la tierra para este grupo poblacional no se concibió como una medida de carácter afirmativo, sino como estrategia para brindar a los sujetos las condiciones necesarias para incorporarse al nuevo modelo (Cajamarca, 2013). Además, al constituir a las mujeres como sujetos vulnerables, implícitamente se estableció el reconocimiento de su derecho a la tierra como uno de los mecanismos para facilitar su ingreso al mercado y así ellas por sí mismas podrían constituir las condiciones para salir de la fragilidad en las que las sumía la pobreza y la guerra.

Una cuestión por resaltar es que mediante la focalización de las mujeres rurales como sujetos de atención en razón de su vulnerabilidad y por su potencialidad como sujeto activo en la producción se omiten las condiciones estructurales que reproducen la situación de inequidad que condicionan el acceso a la propiedad de la tierra.

En este sentido, la inclusión de las mujeres rurales en la Ley 160 de 1994 reafirma tres supuestos: se constituyen en sujetos de este derecho dado que encarnan la maternidad (o el cuidado) como el rol más importante desempeñado por ellas; son sujetos vulnerables en la medida en que no cuentan, por un lado, con las condiciones para ejercer a cabalidad el rol de crianza de los hijos; y porque no han sido capaces de insertarse efectivamente en el mercado, aspecto que se supone minimizará su fragilidad.

En conexión con el concepto de tecnología de género neoliberal, esta ley se constituye en una estrategia para, a través de la articulación de estas en lo productivo, producir tipos de sujetos cuyas características o rasgos les permitirán ser funcionales al sistema. Esta norma pone en circulación nuevas representaciones de género, ligadas a la capacidad de las mujeres para ser productivas y aportar al desarrollo rural y a la dinamización de la economía, por medio del reconocimiento de su derecho a la tierra, aspecto que posibilita la asimilación de una serie de imágenes y representaciones ‘convenientes’ sobre los sujetos y su papel en el nuevo modelo. Como argumenta De Lauretis (1989, p. 25), “la construcción de género prosigue hoy a través de varias tecnologías de género y de discursos institucionales con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e implantar representaciones de género”.

3. El sujeto femenino de la restitución de tierras

Frente a los resultados de la puesta en marcha de la Ley 160 de 1994, es clave considerar varios aspectos. León y Deere (2000) especifican que, si bien mediante la implementación de la norma se incrementa el acceso de las mujeres a la tierra (a través del subsidio y la titulación conjunta), este siguió siendo marginal. Tan solo el 19 % de la totalidad de los sujetos beneficiados por el subsidio fueron mujeres. Por otra parte, el deterioro de la guerra tuvo efectos sobre el acceso. Estos deben considerarse en dos niveles. Por un lado, quienes tuvieron la posibilidad de acceder fueron víctimas de despojo o tuvieron que abandonar la tierra; por otro lado, las dinámicas del conflicto condicionaron, por ejemplo, la solicitud del subsidio (Sañudo, 2015).

La conexión entre género y despojo es compleja, y para comprenderla Meertens (2016) sugiere atender a que “el acceso a la tierra de las mujeres ha sido una larga historia de exclusiones”, las que no han sido resueltas con la implementación de la Ley 160 de 1994, y se han exacerbado con el escalonamiento de la guerra y la reorientación del modelo de desarrollo rural (este como producto de la convergencia entre irregularización del conflicto y neoliberalismo).

Las históricas exclusiones se conectan con los arreglos tradicionales de género. Así, “el ordenamiento social y cultural basado en una cultura patriarcal” limita el acceso a la propiedad por parte de las mujeres y media en “los procesos de titulación, adjudicación, e incluso de sucesión” (CNRR, 2009, p. 56).

Córdova (2003) sostiene que factores como “la percepción dicotomizada de la división sexual del trabajo y de los papeles de género”, y la idea instalada con fuerza en el imaginario sobre que las mujeres “son incapaces” inciden en el acceso. En cuanto al primer factor, la autora establece que esta, además de definir y prescribir los ámbitos de las actividades femeninas y masculinas, tanto en lo que respecta a la reproducción como a la producción, legitima la pertenencia de los sujetos a espacios específicos, “instituyendo con esa exclusividad un estado recíproco de dependencia y complementariedad que se funda en el orden genérico” (p. 181). Este orden instaura que los hombres como productores deben ser los propietarios de la tierra y las mujeres como cuidadoras deben estar incluidas dentro de la propiedad masculina (Sañudo, 2015).

Con respecto al imaginario sobre la incapacidad de las mujeres para el desarrollo de actividades productivas y el control de los recursos, este tiene que ver con que las sociedades agrarias establecen la supremacía masculina como principio organizador de la distribución económica y social de recursos (Bourdieu, 2000). Bajo esta lógica, “las mujeres se ubican en la parte más baja de la escala económica y social” (Romany, 1997, p. 102), aspecto que, entre otros, incide en el reconocimiento y valorización del trabajo que las mujeres realizan tanto en los ámbitos productivo como reproductivo y comunitario. La continuidad en el no reconocimiento del trabajo femenino rural implica la invisibilización de este sector como sujeto de reforma agraria.

Con la guerra se exacerban las condiciones de exclusión basadas en los imaginarios de género. Meertens (2017, p. 19) apunta: “Los actores armados y no armados usaban los órdenes de género de la sociedad campesina a su favor. Aprovechando la vulnerabilidad de las mujeres o ampliando sus repertorios de violencia hacia ellas las desalojaron de sus tierras o afianzaron el orden masculino de la tenencia”.

Por su parte, Guzmán y Chaparro (2013, p. 14) plantean que el despojo se ancla en un “contexto previo y general que sitúa a las mujeres en condiciones de desventaja inicial”, desventaja que en escenarios de conflicto armado se incrementa. Frente a lo anterior, Céspedes (2010, p. 276) añade un elemento fundamental. La autora establece que la violencia sexual en el marco del conflicto armado se ha constituido también en una estrategia para despojar, señalando que “en ciertos contextos es la herramienta utilizada para producir el desplazamiento y consiguiente abandono de los inmuebles”.

La compleja experiencia del despojo por parte de las mujeres ha sido reconocida en la Ley 1448 de 2011, específicamente en lo concerniente a la restitución de tierras. Esta se constituye en el mecanismo, que, en clave de justicia transicional, opera para devolver las tierras despojadas con ocasión del conflicto armado a las víctimas, “bien sean propietarios, ocupantes o poseedores” (Benjumea y Poveda, 2014, p. 69). En cuanto a las mujeres, además apunta a atacar la persistente brecha de género en el acceso, problema que no pudo ser resuelto a través de los previos esfuerzos normativos.

En este orden de ideas, el enfoque de género transversaliza los artículos comprendidos entre el 114 y el 118, en los que, en palabras de Meertens (2017, p. 19), se conjugan las siguientes acciones afirmativas: “titulación a mujeres, priorización de mujeres jefas de hogar, protección (consentimiento previo para acompañamiento de la policía), participación de organizaciones femeninas en espacios institucionales y acceso a los beneficios de la Ley 731 de 2002”.

La Unidad de Restitución de Tierras (s. f.) ha dictaminado que las mujeres se constituyen en sujeto de restitución en razón de su victimización por despojo o abandono de predios con los cuales, de manera formal o informal, han mantenido una relación de propiedad. Esta instancia además reconoce que las mujeres, dadas las históricas condiciones de exclusión en el acceso a la tierra que han enfrentado, tienen mayores probabilidades de ser despojadas de la tierra, una cuestión que también ha sido determinante del acceso informal o precario a la tierra.

Desde esta lógica, reconoce tres modalidades jurídicas para la restitución: propietarias, poseedoras y ocupantes.¹¹ En cuanto a las primeras, la URT (s. f., p. 7) dispone que son aquellas mujeres que poseen “escritura pública, una resolución del Incoder o del Incora o un acto administrativo emitido por el alcalde, o una sentencia de un juez que luego fue registrada ante las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos”; con respecto a las poseedoras, en este grupo se clasifican aquellas mujeres “que se creen y actúan como dueñas de un predio, de manera pública, pacífica e ininterrumpida por el tiempo establecido en la ley. Por tanto, lo usan, lo explotan, lo trabajan, desarrollan sus actividades cotidianas o incluso arriendan a otros, pero no tienen el título de propiedad y/o el registro del título ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos” (p. 8); en lo que compete a las ocupantes, estas son “aquellas mujeres que viven o explotan directamente un terreno baldío” (p. 9).

Por otra parte, para la Ley de Víctimas el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres resulta fundamental como estrategia para garantizar la restitución de la tierra. Dada la “posición asimétrica frente a la propiedad y tenencia de la tierra y bienes”, y/o por el acceso mediado a través de una relación formal con un varón, las mujeres difícilmente pueden demostrar el tipo de relación de propiedad que mantenían con el predio (Rodríguez, 2014, p. 56). Considerando esta problemática, la URT ha realizado importantes esfuerzos para ampliar los términos en que se da el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres.

En concordancia con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, se crea mediante Resolución 80 el “Programa de Acceso Especial de Mujeres y Niñas a la Etapa Administrativa del Proceso de Restitución de Tierras”. Este tiene como objetivo “crear mecanismos eficaces para la acreditación de la titularidad del derecho a la tierra de las mujeres y niñas víctimas del abandono y despojo”. Su puesta en marcha, además, apunta a “superar las barreras y dificultades que presentan las mujeres respecto al acceso a la justicia, con la finalidad de demostrar sus derechos” (artículo 3º).

La restitución además es un proceso que está articulado con otras medidas encaminadas al restablecimiento socioeconómico de la población despojada, entre ellas el apoyo a la construcción y desarrollo de “planes de vida productivos” (URT, s. f., p. 9). Estos se diseñan y ponen en marcha con el objetivo de “contribuir a la integración social y productiva de las familias restituidas” (p. 9). El principal componente de estos planes corresponde a los proyectos productivos, para cuyo desarrollo las personas restituidas reciben incentivos. Para el acceso a este incentivo, las mujeres ‘cabeza de familia’ se prevén como sujeto prioritario dado que hacen parte del grupo ‘poblaciones vulnerables’. Además de lo anterior, se ha determinado que aquellas que retornen a sus lugares de origen posterior a la restitución tendrán prelación en los beneficios que otorga la Ley de Mujer Rural (731 de 2002).

Los planes de vida productivos se construyen considerando un diagnóstico, mediante el que se caracterizarán las condiciones ambientales y socioeconómicas de las personas restituidas y del territorio al que retornan; se tipologizará a los productores y los sistemas de producción; se mapeará a los diferentes actores que hacen presencia en el territorio (estatales y no estatales) y que intervienen en el desarrollo rural. Los insumos contenidos en el diagnóstico orientarán la construcción de los planes productivos.

“La oferta del Estado debe considerarse como eje de la formulación de los planes, de la misma forma que las ventajas que la economía familiar ofrece para el desarrollo de apuestas productivas. De igual manera, resulta clave que las propuestas sean técnicamente viables y financieramente sostenibles” (p. 39). Además, la puesta en marcha de estos planes dependerá de la “corresponsabilidad por parte de los beneficiarios” (URT, s. f., p. 25), quienes aportarán recursos productivos (fuerza de trabajo, saberes) y, si es necesario, deberán solicitar un crédito, cuyo trámite será apoyado por la Unidad. También están en la obligación de “asistir a los talleres, las jornadas de capacitación y a los eventos y actividades que, en el desarrollo del plan de vida productivo, se programen por parte de los respectivos operadores” (p. 25).

La sostenibilidad de la restitución estará mediada por la capacidad, por parte de las familias, con el apoyo institucional y el asocio con actores privados, de desarrollar el plan de vida productivo, el que se espera que posibilite la conexión con el mercado interno y externo, y se constituya en una de las vías para la dinamización de las economías rurales.

No obstante, la restitución y el desarrollo de los proyectos productivos son procesos que se suceden en escenarios en los que las dinámicas económicas, las lógicas productivas y los actores han cambiado, o se han transformado en función de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el contexto de la convergencia entre neoliberalización y escalonamiento del conflicto armado. En este sentido, la restitución y las acciones que trae aparejadas estarían encaminadas a la reorganización productiva de los territorios rurales, con la consecuente redefinición de la economía campesina bajo la lógica de un modelo que privilegia las plantaciones a gran escala y la agroindustria. Permitir el acceso a la tierra (vía formalización del título) y a recursos productivos (crédito, capacitaciones, asistencia técnica, transferencia de tecnología, entre otros) restaura las condiciones para la reproducción de la mano de la fuerza de trabajo necesaria para dar viabilidad a proyectos productivos de gran envergadura. El predio más el proyecto productivo se constituyen en recursos para generar que las personas accedan a los mínimos de subsistencia, aspecto fundamental para “completar el salario agrícola” (García, 1986, p. 77).

Bolívar et al. (2016) sugieren, por ejemplo, que los proyectos productivos vía restitución no solo conllevan la reactivación de la economía campesina (como condición de seguridad alimentaria y de reestructuración de lazos familiares y comunitarios), además posibilitan “el retorno de las víctimas al sistema financiero y la vida comercial” (p. 86), la creación de un ambiente de confianza en las instituciones estatales y en otros actores clave en el desarrollo rural (públicos y privados), la construcción de “iniciativas de emprendimiento y asociatividad” (alianzas con actores privados fundamentalmente), entre otros. Adicionalmente, es de destacar un aspecto sobre el que han llamado la atención Uprimny y Sánchez (2010, p. 305), la restitución estaría apuntando a corregir “la ilegalidad del despojo y aclarar los títulos y los derechos individuales sobre los bienes, lo cual serviría para dinamizar el mercado de tierras”, y los proyectos productivos se constituirían en la estrategia de modernización de la economía campesina.

Tal como se sostuvo antes, las mujeres cabeza de hogar restituidas se constituyen en sujetos prioritarios para el acceso a incentivos para el diseño y desarrollo de planes productivos. El “acceso a información financiera, tecnológica y de mercado; capacitaciones en desarrollo empresarial y procesos asociativos; acceso a servicios de desarrollo empresarial, financieros (microcrédito, garantías, microseguros) y no financieros (asistencia técnica, capacitaciones, parcelas demostrativas); se constituyen en medidas para propiciar su ingreso al mercado y su encadenamiento productivo” (DNP, 2015, p. 2). La finalidad es que este grupo poblacional adquiera las capacidades para que puedan dar solución “a sus problemas socioempresariales y económicos, para que sean gestoras del cambio y de la mejora y conservación de los recursos productivos, asociativos y naturales”, tal como señala el MADR (2015).

Si bien las mujeres cobran especial relevancia como sujeto de restitución, Meertens (2017, p. 53) señala que “el nuevo discurso de equidad de género en la restitución de tierras se enfrenta todavía a viejos imaginarios y prácticas sociales discriminatorias. Estas persisten en una variedad de acciones excluyentes, rutinizadas y naturalizadas, tanto en las familias, las comunidades campesinas e indígenas, como entre los mismos funcionarios y operadores de justicia”. Ellas continúan situándose como un sujeto de intervención (de acceso a la tierra) en la medida en que encarnan una identidad ligada al cuidado (cabeza de hogar). Persiste la visión institucional sobre que ellas son las principales responsables del bienestar de las familias, y el acceso a factores de producción se vislumbra como condición para alcanzar y mantener el bienestar familiar y colectivo. Además, la restitución y su prelación en la construcción y puesta en marcha de los planes de vida productivos tienen la intencionalidad explícita de modernizarlas, dotándolas de las capacidades necesarias para ser eficientes en el marco del nuevo modelo. Sin embargo, el acceso a factores y recursos productivos sigue siendo marginal. En este sentido, las intervenciones buscan ubicar a las mujeres productivamente hacia el mercado bajo condiciones precarias.

Las acciones de intervención están encaminadas a producir sujetos femeninos que dejan de percibirse como campesinas para identificarse como empresarias, eficientes, quienes encarnan nuevos conocimientos, los que las hacen más competitivas. No obstante, todas estas nuevas características opacan el que se han constituido como trabajadoras precarizadas y como sujetos a quienes les es cooptado su trabajo productivo y reproductivo, proceso que está en la base de la acumulación capitalista. De esa forma, este moldeamiento no se desarrolla con el único fin de volver a las mujeres más productivas, sino que busca optimizar el trabajo femenino para hacer más rentable la producción.

Conclusiones

A lo largo de este documento, se pretendió evidenciar algunos rasgos de la continuidad que existe en la configuración de feminidades productivas. Configuración que comienza con el reconocimiento de las mujeres como sujetos de reforma agraria y persiste con su inclusión como un sujeto prioritario en los procesos de restitución de tierras. Proceso que se sucede en el marco de la neoliberalización de la economía y su entronque con el escalonamiento de la guerra, cuestiones que están en la base de la reorientación del modelo de desarrollo rural en el país. Esta reorientación demanda nuevos actores productivos. Campesinos y campesinas han sido ajustados mediante las intervenciones estatales y no estatales (violencias diversas) a las nuevas lógicas, que, bajo el libre mercado, han ido tomando los procesos en las zonas rurales del país. En cuanto a la continuidad del sujeto:

• Se están homologando las expectativas y necesidades de los varones productores con las de las mujeres rurales. Las demandas de factores de producción (tierra, trabajo y capital) y su cumplimiento se encaminan a constituir a los sujetos en actores clave para la dinamización del nuevo modelo de desarrollo rural.

• El tipo de mujer que se articula como el sujeto de derecho de la reforma agraria y de la restitución es una mujer validada y legitimada en el marco del patriarcado (madre y cuidadora), a la que se le quiso y quieren otorgar aquellas condiciones que a los hombres les han sido útiles para consolidarse como el paradigma del sistema productivo.

• Apelando a imágenes y significados del ser mujer aceptados y legitimados social y culturalmente (cuidadoras, madres, vulnerables), las mujeres han reivindicado su derecho a la tierra (titulación colectiva y priorización en los programas de reforma agraria) y a ser sujetos de restitución como un derecho soportado en la naturalización que de lo femenino se ha hecho históricamente.

• En este contexto, se ha esencializado un sujeto femenino que fundamentalmente afianza su identidad en el cuidado de los otros o en relación siempre con otro u otra (madre, esposa, hermana, compañera). Desde esta categoría se invocan otras representaciones (las que serán más claras en la negociación de la Ley 160 de 1994), la de ser sujetos políticos con capacidad para impulsar procesos de transformación social.

• Las mujeres no están siendo consideradas de manera autónoma, sino en relación con otros, como madres, esposas, hijas, con lo cual se invisibilizan sus propias necesidades y experiencias. En esta perspectiva, la familia es la unidad de intervención, mas no las mujeres, y se apela a las mujeres como sujeto de derechos solo si su estatus se corresponde con el de cuidadora.

• Por otro lado, sobre todo en el plano gubernamental, se puede ver cómo se privilegia a las mujeres como sujeto de reforma agraria o de restitución en relación con su papel como productoras en un contexto de modernización del agro (que sobre todo se sucede con la implementación de las políticas neoliberales en los noventa). Se considera clave el dotarlas de insumos para la producción, con miras a constituirlas en sujetos eficientes para el nuevo modelo. La tendencia ha sido la de propiciar una ampliación de los roles de las mujeres en virtud de su capacidad productiva, pero sin omitir su capacidad de cuidar. Esto quiere decir que las mujeres son vistas a partir de la ambivalente noción propia de tal modelo, que las incorpora al desarrollo y al mundo económico (porque garantizan mayor productividad) sin que dejen de lado sus funciones reproductivas y de cuidadoras.

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* Este artículo corresponde a uno de los resultados del proyecto de investigación “Políticas públicas y despojo: una lectura en clave feminista”, financiado por la Pontificia Universidad Javeriana.

** Investigadora del Instituto Pensar (PUJ) y docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Doctora en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid; magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana; antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia.

¹ Desde la perspectiva de León y Deere (2000), la ubicación de este interés a nivel de la región se debe no solo a la toma de conciencia sobre la situación de inequidad que experimentan las mujeres campesinas, sino también a que desde organismos internacionales encargados de la construcción de directrices económicas de desarrollo rural, específicamente desde la FAO y la Cepal, se establece que, con el fin de dinamizar la producción agropecuaria y alcanzar la seguridad alimentaria, resulta urgente la incorporación de las mujeres (Sañudo, 2015).

² De Lauretis (1989, p. 8) con base en los aportes foucaultianos entiende que “el género no es una propiedad de los cuerpos o algo originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales, por el despliegue de una tecnología política compleja”.

³ Para Altusser, “la ideología representa no el sistema de relaciones reales que gobiernan la existencia de los individuos, sino la relación imaginaria de esos individuos con las relaciones reales en las que ellos viven y que gobiernan su existencia” (De Lauretis, 1989, p. 12).

⁴ Althusser (1988) establece: “Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas”.

⁵ León y Deere (2002, p. 357) señalan: “Uno de los pilares del pensamiento neoliberal sobre el futuro del sector agrícola es la necesidad de dar seguridad de tenencia a los productores. Esto se ha abordado de dos maneras: mediante la terminación formal de los proyectos de reforma agraria que implicaban expropiación de tierras, y mediante programas de titulación de parcelas y esfuerzos por modernizar los sistemas catastrales y los registros de tierras. En los años noventa, la mayor parte de los países latinoamericanos emprendió algún tipo de programa de titulación de tierras, y casi todos los proyectos fueron parcialmente financiados por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”.

⁶ Machado (2013, p. 37) sostiene que “esta ley introdujo una nueva manera de enfrentar el problema de la distribución de la propiedad, denominada por algunos como mercado de tierras, y por la ley como la negociación voluntaria de tierras. Con este mecanismo el Estado otorga un subsidio para la compra de tierras a pequeños productores, equivalentes al 70 % del valor de la tierra. Hay quienes lo han denominado como el mercado asistido de tierras, con una asistencia estatal limitada al subsidio, ya que los actores privados —propietarios y campesinos— realizan sus negocios voluntariamente sin interferencia de funcionarios públicos”.

⁷ En un estudio realizado con mujeres cafeteras, la identificación de estas como sujetos de intervención por parte de la Federación Nacional de Cafeteros tiene como base el imaginario institucional sobre que ellas encarnan habilidades específicas de utilidad en determinados procesos productivos. En ellas recae la responsabilidad de llevar a cabo actividades concernientes al “cuidado” o las que implican “mayor responsabilidad” o “mayor atención”, como, por ejemplo, la selección y clasificación del grano, las tareas empresariales y administrativas. Ver Sañudo et al. (2018).

⁸ En palabras de Cardoza (2005, p. 46), en este contexto “la Reforma Agraria pasa de ser un problema de economía política, cuya solución es responsabilidad del Estado, a un problema de reducción de las distorsiones e imperfecciones de los mercados y de las políticas”.

⁹ Esta coordinadora había sido creada, como escenario para la coalición de diferentes actores rurales, en el marco de las negociaciones de paz en el gobierno de Betancurt (Sañudo, 2015).

¹⁰ A través de una resolución emitida por el Incora en 1991, se determinó que los sujetos prioritarios en los procesos de dotación de tierras serían las mujeres que estén en “estado de desprotección como resultado de la situación de violencia característica del país, lo que incrementaba los casos de viudez y abandono” (Deere y León, 2000, p. 243).

¹¹ Categorías que también se extienden a los varones.

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