Historia

A cargo de esta colección:

Julio Pinto

© LOM ediciones Primera edición, diciembre 2019 Impreso en 1.000 ejemplares ISBN impreso: 9789560012333 ISBN digital: 9789560013477 RPI: 310.264 Las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. imagen de portada: «Pobladores en una olla común» Fotografía de Paulo Slachevsky. Edición y maquetación LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 info@cinetecanacional.cl www.cinetecanacional.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

Agradecimientos

Este trabajo sobre los pobladores chilenos en los años ochenta tiene una fuerte carga biográfica, pero sobre todo colectiva. Mis agradecimientos, en primer lugar a los pobladores de Villa Francia, con quienes hice importantes aprendizajes a fines de los años setenta, especialmente en la Comunidad Cristiana. A María Dolores Cruzat y a Margarita Cabrera, que nos dejaron hace algunos años; a Leonor Espinoza, Eugenio Cabrera, Elena Lizama, Rosa Lizama, Alejandra Díaz, Rubén Díaz, Pablo Vergara, Patricia Monroy, Fernando Parra, Ana Alvarado y Gerardo Arenas, todos miembros del Grupo Cultural de Villa Francia, que fundáramos en 1978. A Mariano Puga, animado y carismático sacerdote que nos hizo creer en la fe liberadora en los años más duros de la dictadura.

A mis compañeros de ECO de ayer y de hoy, con quienes mantenemos nuestro compromiso con las organizaciones populares. A Hugo Villela, fundador de ECO, agudo pensador de la política chilena y de los nuevos sujetos sociales, lector crítico de mis ensayos y escritos recientes; a Fernando Castillo, que nos dejó tempranamente, el gran teólogo y asesor de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares, con quien compartí oficina y reflexiones sociopolíticas por varios años. A Irene Agurto, Gonzalo de la Maza y Pedro Milos, con quienes conformamos el equipo de Educación Popular de ECO. A Pedro más en particular, con quien estimulamos y aprendimos sobre el valor de la memoria en múltiples talleres en poblaciones y sindicatos a lo largo de los años ochenta.

A quienes entrevisté y me confiaron sus experiencias y saberes relativos al Movimiento de Pobladores en dictadura. A Silvia Contreras, de Renca; a Victoria Baeza, de la Vicaría de la Solidaridad; Alejandra Díaz, de la Villa Francia; a María Angélica Rodríguez, de la organización «Tierra Nuestra»; a Carlos Mellado, de la población Malaquías Concha; a Juan Carlos Aedo, del Comando Unitario de Pobladores (CUP); a Hugo Villela, sociólogo y fundador de ECO; Augusto Samaniego, historiador; Raúl Rosales, teólogo; Patricio Véjar, dirigente de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares.

Este trabajo fue posible gracias a la realización del Proyecto FONDECYT Regular Nº 1140188: «Las críticas relaciones entre lo social y lo político en la Historia de Chile reciente: los movimientos sociales en la transición a la democracia, 1986-1994». Este proyecto me permitió, entre los años 2014 y 2016, contar con el apoyo de un grupo de ayudantes de investigación y tesistas cuyos aportes fueron de gran valor para este estudio. Agradezco muy especialmente a Eugenio Cabrera, Enrique Gatica, Susana Costamagna, Esteban Miranda y Nicole Acevedo. Sin ser parte del equipo de investigación, agradezco también a los jóvenes historiadores cuyas tesis de grado y postgrado representan contribuciones relevantes para la historia social a Oscar Peñafiel, Marcelo Robles y Rodrigo Carrasco.

A mis lectores críticos, que conocieron este texto y me hicieron importantes indicaciones. A Eugenio Cabrera, Antonia Garcés, Rodrigo Romo, Cristina Moyano y Susana Costamagna. A Julio Pinto, compañero de trabajo en la Universidad de Santiago, que me ha estimulado permanentemente con sus comentarios a mis trabajos para seguir escribiendo sobre la historia popular. A LOM ediciones, que ha acogido gran parte de mi producción intelectual y que juega un rol cultural y político de primera importancia en la tarea de producir libros que invitan a pensar críticamente el Chile contemporáneo.

Finalmente, debo agradecer de modo muy particular a Nicole Acevedo, que no sólo fue ayudante de investigación, sino que además cumplió el rol de asistente en el proceso de escritura de este texto.

Introducción

Este es un libro sobre los pobladores de Santiago en un período crucial de su historia: el de la dictadura militar, que se prolongó por 17 años en Chile, entre 1973 y 1990. Se trató de una etapa altamente movilizadora y creativa, en que los pobladores vivieron un inusitado protagonismo social y político y se convirtieron en una referencia obligada para la oposición política a los militares.

Los pobladores, en una primera etapa, pudieron reencontrarse y reorganizarse en los lugares y programas solidarios que se generaron desde la Iglesia Católica, entre 1973 y 1983, aproximadamente. Desde estos espacios dieron vida a numerosas iniciativas comunitarias para hacer frente a la emergencia económica, social y política creada por la dictadura, que se expresó tanto en la represión como en el incremento de la pobreza. En una segunda etapa, los pobladores fueron de los más activos y confrontacionales cuando la Oposición a la dictadura fue capaz de poner en marcha sucesivas «Jornadas de Protestas Nacionales» entre los años 1983 y 1986.

Se denomina «pobladores» en Chile, en un sentido amplio, a los sectores populares urbanos. En un sentido más acotado, la noción de pobladores se ha usado, desde mediados del siglo XX, para designar a los pobres de la ciudad y en cierto modo como sinónimo de la pobreza urbana. En una etapa, en los años cincuenta y sesenta fueron «los sin casa»; durante la Unidad Popular, los habitantes de campamentos; en dictadura, los pobres que vivían en las «poblaciones» periféricas de las grandes ciudades chilenas 1.

Los pobladores fueron un actor más junto a los obreros, los campesinos y los estudiantes durante la Unidad Popular. Un actor social relativamente ‘nuevo’ en cuanto a sus movilizaciones y su impacto en la política nacional. No eran, desde el punto de vista de la izquierda «la fuerza motriz de la revolución», sino un segmento del movimiento popular, relevante como parte de la clase popular, pero no el más determinante en la resolución en los conflictos de clase, en los que la clase obrera de la fábrica y del sindicato, en alianza con el campesinado, con sus propias organizaciones, eran concebidos como los llamados a cambiar la sociedad en un sentido socialista. Predominaba entonces, y no se ha modificado hasta ahora, una noción de «clase» como el lugar que ocupan los sujetos y los diversos grupos sociales en el aparato productivo, lugar en que se verifica la explotación económica, la que además se articula con una superestructura estatal que asegura la dominación política. En esta visión estrecha de las «clases», los pobladores no ocupan ningún lugar específico en la sociedad que no sea un conjunto de denominaciones genéricas o imprecisas.

De este modo, conceptualizar a los pobladores ha sido un largo e intrincado camino. Desde la sociología, y con evidentes efectos políticos, la noción de «poblador» desde los años sesenta fue objeto de diversos debates, sin que se terminaran de generar acuerdos perdurables. Los debates transitaron desde la denominación de los pobladores como sectores «marginales» (también de lumpen en visiones más tradicionales), proletariado empobrecido o subproletariado, sectores «informales» de la economía, o más simplemente, «pobres de la ciudad» 2. El problema de fondo para el marxismo y la izquierda ha sido la dificultad de asimilar a los pobladores a una noción ampliada y no estrecha de la «clase obrera». No hay dudas de que entre los pobladores conviven segmentos de la clase obrera e incluso que simbólicamente muchos de ellos se reconocen como pertenecientes a la clase obrera o «trabajadora»; sin embargo, es también evidente que una gran parte de los pobladores y pobladoras son trabajadores(as) por cuenta propia, vendedores ambulantes, artesanos, jardineros, cuidadores de autos, desempleados, delincuentes, empleadas domésticas o dueñas de casa, de tal modo que en lo que sí se puede establecer algún acuerdo es que se trata de un vasto sector popular evidentemente heterogéneo. Tal vez la noción, un poco abstracta por cierto, de «superpoblación relativa», acuñada por el sociólogo argentino José Nun y su equipo de trabajo, a fines de los sesenta, mantenga alguna consistencia. Para Nun, los sectores «marginales» superarían la noción de «ejército de reserva» proveniente del marxismo clásico, que reconoce en el capitalismo la convivencia de sectores obreros ocupados y desocupados, ya que en el caso de América Latina, con una economía dependiente se «generaría una población tan excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, que rebasaría la lógica del concepto mismo de ejército de reserva» 3. Ello daría lugar a una «superpoblación relativa» no funcional en relación a las formas productivas hegemónicas.

Los efectos políticos del debate sociológico se relacionan con el lugar que ocupan o que deberían ocupar «los pobres» en un proyecto de cambio social. Para algunos analistas, los pobres podrían ser la base de proyectos populistas, en cuanto se trataría de sectores relativamente fáciles de «clientelizar». Para otros, como lo fue para algunos sociólogos chilenos en los años ochenta, serían la expresión de la crisis y la desintegración social (o la anomia) 4. Finalmente, para sectores de la izquierda tradicional, los pobladores serían la clase obrera en su lugar de residencia, y en consecuencia sin ninguna especificidad social propia que no sea su mayor pobreza.

En este trabajo busco reconocer a los pobladores como sectores urbanos pobres con evidentes capacidades de acción colectiva, es decir de configurar movimientos sociales –en el caso chileno, de alta significación social y política–. Esta perspectiva obliga a repensar el lugar de los «pobres de la ciudad» como sujetos colectivos que por su condición de pobreza y subalternidad en el orden social pueden ser pensados como «clase popular», pero a condición de que admitamos que la «clase» no se constituye solo en la fábrica y el sindicato, sino que también en el territorio, y particularmente cuando los pobres desde sus espacios comunitarios son capaces de constituirse en movimiento social. Este es, por cierto, parafraseando a E.P. Thompson, inevitablemente un proceso histórico que ha tenido y tiene lugar cuando los pobres, habida cuenta de sus experiencias en común, se reconocen como sujetos de acción colectiva para modificar sus modos de pertenencia a la ciudad y la sociedad.

El negativo efecto político de una noción estrecha de la clase ha hecho que la izquierda no logre elaborar programas ni propuestas políticas específicas para los pobladores, que surjan de su propia experiencia y que se orienten en una perspectiva de cambio social en que los propios pobladores sean sus actores y ejecutores. Los programas y propuestas políticas de la Izquierda buscan realizar los intereses de la «clase obrera» en un sentido clásico del socialismo como socialización de los medios de producción y dirección política de la clase obrera, a través de sus partidos de clase y de vanguardia. Los pobladores tendrían que sentirse representados en estas propuestas, que no necesariamente dan cuenta de sus propias experiencias y demandas de cambio social. La izquierda, de este modo, ha adolecido de déficit teórico y déficit político en relación a los pobladores.

Tampoco basta, como se hace en la actualidad, concebir a los pobladores como beneficiarios de «políticas públicas», sino que es necesario partir por reconocer sus propias capacidades de agencia y acción colectiva, es decir su condición de sujetos y no meros objetos de la política social del Estado.

Desde un punto de vista histórico, la pobreza urbana en Chile es de larga data; se podría decir que es de origen colonial, a propósito del modo en que se constituyeron las ciudades españolas, la posición de la población originaria sometida y el posterior crecimiento del mestizaje y del mundo peonal, que se instaló en los márgenes de la ciudad 5. Para la segunda mitad del siglo XIX era evidente que los pobres urbanos crecían y que comprometían el desarrollo de la vieja ciudad colonial, tanto por el impacto de los problemas de salud pública (epidemias difíciles de conjurar), las precarias condiciones de infraestructura urbana (ausencia de alcantarillado y déficit de agua potable), amén de las malas si no miserables condiciones de la vivienda popular (en un principio fueron los ranchos de raíz campesina, hacia fines del siglo XIX la expansión de los conventillos y hacia mediados del siglo XX las «poblaciones callampas») 6.

En la última década del siglo XIX, pero especialmente a principios del siglo XX, la ciudad de Santiago creció de modo significativo, proceso que se masificó entre los años treinta y setenta, cuando se incrementó la migración campo-ciudad como producto del atraso rural (predominio de la vieja estructura de la gran propiedad de la tierra) y de los procesos de industrialización estimulados y apoyados por el Estado 7.

En los años veinte, en un contexto de agudas movilizaciones sociales relativas a la cuestión social (mítines del hambre de 1918-1919), los pobres que habitaban en conventillos se organizaron en «Ligas de Arrendatarios», amenazaron con huelgas de no pago del alquiler y demandaron al Estado políticas de regulación de los asuntos de la vivienda popular.

No fue, sin embargo, hasta los años cincuenta y sesenta que los pobladores alcanzaron la mayor visibilidad pública, organizados en Comités de Sin Casa, demandando políticas más activas de vivienda popular al Estado; y a partir de 1957, iniciando un verdadero ciclo de «tomas de sitio» (invasiones urbana), que con mayor y menor intensidad se prolongaron hasta 1973 8.

En este sentido, en los años sesenta y principio de los setenta los pobladores se convirtieron en un actor social y político de alta significación. Y si esto ocurría en las ciudades, especialmente en Santiago, desde 1967, cuando se dictó la Ley de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, grandes masas de campesinos iniciaron también sus propias movilizaciones: los que se vieron beneficiados por la reforma, los que se organizaron y demandaron mejoras salariales y de condiciones laborales, y los que se tomaban fundos como una manera de acelerar las expropiaciones de los viejos latifundios. De este modo, tanto los pobladores como los campesinos fueron dos nuevos grupos sociales que a fines de los cincuenta, y sobre todo en los años sesenta, ingresaron a las luchas políticas como lo habían hecho con anterioridad los trabajadores organizados en sindicatos 9.

En relación a los pobladores, es posible afirmar, teniendo en cuenta diversos estudios, que entre 1957 y 1973 se verificó un verdadero ciclo de movilizaciones, en torno a las luchas por la vivienda, cuyo déficit a principios de los años cincuenta se estimaba que alcanzaba a un tercio de la población 10. Las movilizaciones por la vivienda estimularon el desarrollo de agencias estatales especializadas, como la Corvi (Corporación de la Vivienda) en 1953 y el Ministerio de la Vivienda, en 1965. La Corvi tuvo un desarrollo relativamente lento, y a pesar de que se formularon grandes planes de vivienda, estuvo muy por debajo de sus propias metas. Esta situación influyó para que los pobladores realizaran en 1957 una masiva «toma de terrenos», que el 30 de octubre de ese año dio origen a la emblemática Población La Victoria. Esta iniciativa de los pobladores, si se la observa con perspectiva histórica, hizo que los pobladores le hicieran ver al Estado que si éste no construía viviendas, ellos mismos lo harían recurriendo a sus propias formas de lucha y a sus propios recursos.

En 1959, la administración del presidente Alessandri impulsó un nuevo plan de viviendas de grandes alcances, que se tradujo en la creación de nuevas poblaciones y barrios populares (como las poblaciones San Gregorio, Neptuno y José María Caro. En el caso de esta última se lotearon 9 mil sitios para unas 60 mil personas). Sin embargo, estas medidas no solo fueron insuficientes, sino que crearon mayores expectativas en torno a la vivienda popular. En este contexto, en 1961, una nueva y emblemática «toma de sitios» –la de Santa Adriana– se produjo en el sector sur de Santiago.

En 1965, la administración del presidente Frei Montalva, de la Democracia Cristiana, junto con crear el Ministerio de la Vivienda, propuso un plan aún más audaz de vivienda popular (construir 360 mil viviendas en seis años, de las cuales dos tercios sería para los más pobres) y la organización de una oficina de apoyo a los pobladores, denominada Consejería Nacional de Promoción Popular. Si bien el plan se puso en marcha con cierto optimismo, hacia 1967 resultaba difícil mantener el ritmo de construcciones, y la demanda popular por viviendas seguía creciendo. Se reforzó entonces un programa especial denominado «Operaciones sitios», que consistía en la entrega de sitios urbanizados con una vivienda pre-fabricada. No obstante, la mayor iniciativa estatal no fue capaz de atender las necesidades de vivienda popular, y en este contexto, el 14 de marzo de 1967 se produjo una masiva ocupación de terrenos en el sector poniente de Santiago, que dio origen a la población Herminda de la Victoria. Como producto de esta toma se tensionó la relación entre los pobladores y el Estado. Además, los pobladores habían aprendido y comenzaron a usar en su favor las propias políticas de vivienda del Estado (por ejemplo, buscando ampliar los planes de operación sitio, que era la forma más barata de acceder a una vivienda). El hecho fue que a partir de 1967 las tomas comenzaron a multiplicarse. De acuerdo con los estudios de Manuel Castells, en 1967 se verificaron 13 tomas; 4 en 1968; 35 en 1969; y 103 en 1970; es decir 155 tomas en cuatro años.

Sin lugar a dudas, la mayor movilización de los pobladores contribuyó al triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. El nuevo Presidente se comprometió en su campaña a atender las demandas de los pobladores, y de este modo, en su primer año de gobierno se inició la construcción de 79 mil viviendas y la urbanización de 120 mil sitios, que habían surgido de tomas o de operaciones sitio inconclusas. A pesar de las iniciativas de Allende, la movilización popular continuó durante la Unidad Popular en Santiago, pero con mayor intensidad en las provincias. Por ejemplo, en la Región de Bío-Bío (Concepción, Talcahuano y Los Angeles) se realizó un total de 172 tomas entre 1970 y 1973, de las cuales 137 se realizaron durante el gobierno de la Unidad Popular. En el caso de Valparaíso, de 28 tomas en el mismo periodo, 26 se realizaron durante el gobierno de Allende 11.

No resulta fácil cuantificar el número de tomas de sitios que se verificaron en esos años:

1 El estudio de Castells, como ya indicamos, reconoce 155 tomas entre 1967 y 1970.

2 El estudio de Joaquín Duque y Ernesto Pastrana subió el número a un total de 312 tomas en el Gran Santiago entre 1969 y 1971.

3 Los datos del equipo de estudios urbanos del CIDU, de la Universidad Católica, contabilizaron un total de 426 tomas a nivel nacional entre 1968 y 1971. Duque y Pastrana, por su parte, y de acuerdo con sus propios registros, elevan esta cifra para el mismo período a 476 tomas.

El principal problema para documentar estas cuantificaciones tiene que ver con las fuentes, ya que tanto Castells como el CIDU hacen mención a un Informe de Carabineros al Senado de la República, informe que no ha sido posible encontrar ni en el Senado, ni en el Ministerio de la Vivienda, ni en Carabineros. Sólo contamos con alguna información de prensa que corrobora que Carabineros informó al Senado sobre ocupaciones ilegales de predios urbanos, pero también de industrias, fundos y establecimientos educacionales 12.

En el nivel nacional hay cierto nivel de coincidencia entre las cifras del CIDU (426) y de Duque y Pastrana (476). Para Santiago, los datos son más dispares, 155 entre 1967 y 1970, y 312 entre 1969 y 1971. En estudios más recientes, Boris Cofré, siguiendo la prensa, reconoce un total de 101 tomas sólo durante la UP entre 1971-1973. Si sumamos el dato de Castells al dato de Cofré, se podría afirmar con cierta certeza que en la ciudad de Santiago se produjeron 256 tomas entre 1967-1973 13.

Más allá de las dificultades de cuantificación, es evidente que en el período 1967-1973, las tomas de sitio alcanzaron su mayor desarrollo y los pobladores se constituyeron en un «actor urbano» de la mayor importancia. El efecto de estas movilizaciones puede ser reconocido en dos direcciones. Por una parte, en esta etapa, los pobladores efectivamente conquistaron viviendas definitivas y dejaron atrás las formas precarias de habitación popular, que en los años cincuenta los hacía vivir en conventillos, poblaciones callampas o como «allegados» en casas de amigos o familiares. Esta fue una verdadera epopeya desde el punto de vista de la historia social popular, ya que los pobladores alcanzaron una nueva posición en la ciudad y en la sociedad. Por otra parte, las movilizaciones de los pobladores transformaron la geografía urbana de las principales ciudades del país, y en especial de Santiago, la ciudad capital. Como indicó agudamente un urbanista en los años setenta, los «campamentos» que surgían de las tomas de sitios eran, en estos años, «la fuerza social más influyente» en la comunidad urbana del Gran Santiago 14.

Con el golpe de Estado de 1973 se cerró el gran ciclo de movilizaciones por la vivienda que se había iniciado a fines de los años cincuenta, y que alcanzó un punto culminante en los años sesenta.

La dictadura militar, que se instaló en Chile el 11 de septiembre de 1973, puso fin al gobierno socialista de Salvador Allende y dio lugar a una cruenta represión de la izquierda, a las organizaciones populares y a los adherentes del depuesto gobierno. El repliegue tanto de los partidos políticos de izquierda como de las organizaciones populares, de trabajadores, campesinos y pobladores, se impuso inevitablemente.

Sin embargo, a pesar de la represión y el repliegue, los pobladores fueron el grupo social más activo durante la dictadura. Fue en las poblaciones –muchas de ellas nacidas en el ciclo de movilizaciones por la vivienda, anterior al golpe– en donde se generó un conjunto diverso de organizaciones y acciones solidarias, con un importante apoyo de la Iglesia Católica. Y fue también en las poblaciones en donde la protesta social en contra de la dictadura alcanzó su mayor intensidad en los años 1983 y 1986.

De este modo, así como es posible reconocer un largo ciclo de movilizaciones en torno a la vivienda entre 1957 y 1973, nuestras indagaciones sobre los pobladores en dictadura nos permiten afirmar que aproximadamente entre 1976 y 1986 se verificó un segundo gran ciclo de movilizaciones, articulado en torno a la solidaridad comunitaria y la cultura popular, y que se constituyó en la expresión activa del descontento y la lucha social y política encaminada a derribar a la dictadura 15. De este ciclo de movilizaciones nos ocuparemos en este libro.

Cada ciclo de movilizaciones supuso el despliegue de enormes energías sociales; el desarrollo de asociaciones comunitarias –diversas en cada etapa– de hombres y mujeres, especialmente jóvenes; asambleas con capacidad de deliberar y tomar decisiones colectivas (especialmente en las «tomas»); militancias y alianzas con los partidos políticos, así como relaciones de antagonismo y también de colaboración con instituciones públicas y privadas; estrategias y tácticas encaminadas a alcanzar las metas propuestas; generación de análisis social y político para situar su acción movilizadora; compromisos, valores y sentidos compartidos sobre su propio accionar; una cierta mística para actuar y correr riesgos, en especial frente a la represión que los acompañó siempre con menores o mayores grados de intensidad; liderazgos que emergieron en la propia movilización, así como mártires –niños, jóvenes y adultos– que dejaron la vida en las luchas que emprendieron.

Cuando se observa en perspectiva histórica, resulta evidente que los pobladores en el ciclo de movilización por la vivienda alcanzaron logros altamente significativos, como ya hemos adelantado, dejando atrás las peores formas de poblamiento precario y transformando la geografía urbana de gran parte de nuestras ciudades, especialmente de Santiago. Si hubiera que juzgar a los pobladores por sus logros en esa etapa, habría que indicar que se trata del «movimiento social» más exitoso de la segunda mitad de siglo XX chileno. Sus logros incluso trascendieron a la dictadura, ya que la mayor parte de las poblaciones estaba construida o en fases avanzadas de construcción. La dictadura erradicó, por razones de mercado, a los pobres del sector alto de Santiago –especialmente de la Comuna de Las Condes– y reubicó algunos campamentos 16, pero no podía eliminar y transformar los barrios pobres de Santiago, que habían adquirido su propia fisonomía e identidad. El problema de la dictadura con las poblaciones era asegurar su control y disciplinamiento, para lo cual aplicó todas las formas posibles de control administrativo (intervención de las juntas de vecinos y control directo de los municipios) y represión policíaco-militar (ejecuciones, detenciones, desapariciones, malos tratos, tortura, amedrentamiento y especialmente allanamientos masivos a poblaciones) 17.

Cada ciclo de movilización hizo también evidentes los límites de la acción colectiva. En el primer ciclo, los pobladores que participaron de tomas y operaciones sitios hicieron una experiencia relevante de autogobierno en sus nuevas poblaciones, creando comisiones de salud, vigilancia, educación, etc., y al mismo tiempo tomando decisiones colectivamente en asambleas. Se pueden reconocer experiencias emblemáticas en esta dirección, como la de La Victoria en 1957 o la de Nueva Habana en 1971. Sin embargo, estas experiencias no se proyectaron políticamente hacia la estructura municipal, es decir, quedó circunscrita al barrio, a la «población», y no afectó a la estructura política centralista y de sesgos autoritarios del Estado chileno. Las nociones dominantes en la izquierda chilena, de «conquistar el poder» alcanzando la cúpula del Estado, no colaboró en el desarrollo de una cultura política democrática de carácter territorial, y solo en medio de la crisis política de la UP, en 1972, se comenzó a debatir y a ensayar formas de «poder popular» con base territorial, proceso inevitablemente interrumpido por el golpe militar de 1973.

En el segundo ciclo de movilización, el antidictatorial, si bien los pobladores hicieron importantes aprendizajes de autonomía en el campo de la gestión comunitaria, la solidaridad social, la economía popular y la cultura local, sobre todo en la fase de reconstrucción del tejido social que precede a las Protestas Nacionales, estos aprendizajes no fueron suficientes como para que los pobladores se constituyeran en un movimiento social con mayores capacidades de articulación en términos políticos y programáticos: pesó su propia heterogeneidad, el miedo que inevitablemente generaba la represión, pero también las diversas formas de dependencia tanto de la Iglesia, en una etapa, como de los partidos políticos, en la etapa subsiguiente. La izquierda, por su parte, volvió a hacer visibles sus límites cuando no fue capaz de reconocer un lugar político específico de los pobres de la ciudad en sus proyectos de cambio social y de transformación de la sociedad. Su énfasis en las estrategias de derrocamiento y sus déficits teóricos y políticos le impidieron proyectar históricamente las iniciativas «movimientistas» de los pobladores, lo que hubiese supuesto una noción «territorial y social» de la política popular.

Este libro se organiza en cuatro capítulos. En el primero de ellos se propone una mirada panorámica a los movimientos sociales durante la dictadura, identificando las principales coyunturas críticas que éstos vivieron en sus luchas contra el régimen militar. El segundo capítulo se ocupa de lo que hemos denominado la «fase de reconstrucción del tejido social», es decir, la etapa en que los pobladores se reorganizaron en sus barrios y poblaciones con el decisivo apoyo de los programas solidarios de la Iglesia y de las comunidades cristianas. En el tercer capítulo revisamos las Jornadas de Protesta Nacional, los modos en que los pobladores participaron de ellas, así como la represión a la que estuvieron expuestos, especialmente durante el «año decisivo». Fue en este proceso en que se definió el curso de la futura recuperación de la democracia. En el último capítulo buscamos procesar las críticas relaciones con los partidos políticos, tanto de colaboración como de divergencia, que culminaron con la derrota de la «rebelión popular» y la configuración de una transición a la democracia que relegó a los pobladores, y más ampliamente a los movimientos populares, a una posición secundaria y de subordinación al «pacto político» que los partidos de centro convinieron con los militares.

Entendemos que la historia no se repite y que la situación actual de los pobladores se ha modificado significativamente en relación a la experiencia de la dictadura (con mayor expansión del consumo de bienes y de políticas públicas compensatorias así como de las redes de narcotráfico); sin embargo, sostenemos que la «memoria» también cuenta especialmente para el pueblo, ya que constituye su principal «capital social», o mejor aún, la memoria configura históricamente las identidades populares y sostiene sus principales «reservas de historicidad».

En este sentido, no hay luchas en vano, sólo que ellas requieren inscribirse en los tiempos largos de la historicidad de nuestro pueblo. Este trabajo busca estimular esos procesos de memoria, que sabemos circulan en nuestras poblaciones, aportándoles un «marco» que les devuelva el valor que un día representó el protagonismo y los sueños de tantos jóvenes y mujeres en medio de sus luchas en contra de la dictadura.

Admito, finalmente, que en la escritura de este libro he actuado como investigador, pero también como testigo, si no protagonista de los sucesos que narro, lo que por cierto influye en la lectura que hago de lo que estimé eran procesos, acontecimientos y experiencias relevantes de los pobladores. En algunos casos, los menos, incorporé al texto mi propia experiencia; mientras que en otros me limité a hacer algunas indicaciones en notas al pie de la página.

1 Existe una abundante literatura relativa a los pobladores, pero, solo a propósito de la denominación «poblador», se pueden consultar: Vicente Espinoza. Para una historia de los pobres de la ciudad. Santiago, SUR Ediciones, 1985; Teresa Valdés. «El movimiento de pobladores 1973-1985. La Recomposición de las Solidaridades Sociales», en: Jordi Borja, Teresa Valdés, Hernán Pozo y Eduardo Morales. Descentralización del Estado. Santiago, Movimiento Social y Gestión Local, ICI, FLACSO, CLACSO. 1987; Mario Garcés, Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970. Santiago, LOM ediciones, 2002; Mónica Iglesias. Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores en contra de la dictadura. Santiago, Ediciones Radio Universidad de Chile, , 2011; Gabriel Salazar. Movimientos Sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política. Santiago, Uqbar Editores. 2012 (en especial, cap. III, sección 2).

2 Para un seguimiento de estos debates, Mario Garcés «Los pobladores en Chile: ¿Marginalidad urbana, clase popular o movimiento social?», en: Debates Contemporáneos. VI Jornadas de Investigación de la Facultad de Humanidades. Santiago, Centro de Estudios Enzo Faletto, Universidad de Santiago de Chile y Ril Editores, 2016. pp. 159-186.

3 Ibidem, p. 163.

4 Textos emblemáticos en esta línea se pueden consultar en la Revista Proposiciones Nº 14 de SUR Profesionales, Santiago, 1987. En particular, Eugenio Tironi, «Marginalidad, movimientos sociales y democracia», pp. 9-20. Una mirada sociológica con más matices y con una base empírica importante fue el trabajo de Guillermo Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago. Santiago, Ediciones Estudios ILET, 1987. Campero puso su atención en las dinámicas de sobrevivencia y acción política, valoró el impacto de las movilizaciones de las poblaciones en medio de las Protestas Nacionales y reconoció la existencia de un tejido social complejo y extenso en las poblaciones. Sin embargo, el mundo de los pobladores se le revelaba como una situación y un actor marcado por la heteronomia debido a la ausencia de un conflicto central y la coexistencia de una multiplicidad de luchas, e incluso la ambigüedad de su cultura. Sostuvo, además, que solo una propuesta política que «desde su origen se formule como un ejercicio de integración y participación podrá tener posibilidades de que la demanda de los pobladores se encuentre con ella». Campero, op.cit., p. 265.

5 Gabriel Salazar. Peones, labradores y proletarios. Santiago, Ediciones SUR Profesionales, 1985. Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

6 Luis Alberto Romero. «Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 (Vivienda y salud)». Revista Nueva Historia, Vol. 3, N° 9, Londres, 1984. Para una visión panorámica de Santiago y la posición de los pobres en ella, ver: Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

7 Este proceso fue, por cierto, de carácter latinoamericano. Un estudio pionero es el de José Luis Romero. Latinoamérica: las ciudades y las ideas. (1° edición, Siglo XXI, 1976). Para este artículo usamos la edición de la Universidad de Antioquia, Colombia, 1999.

8 Garcés. Tomando su sitio, op. cit., passim.

9 Sin descartar los efectos de la «Guerra Fría» y las reformas promovidas desde el Estado por los gobiernos de Frei y Allende, la tónica de los años sesenta, desde la perspectiva de la historia social, está marcada por la mayor presencia de lo «popular» en la sociedad chilena y en particular por el protagonismo alcanzado por los campesinos y los pobladores. Mayores antecedentes en Mario Garcés. El despertar de la sociedad. Los Movimientos Sociales en Chile y América Latina. Santiago, LOM ediciones. 2012 (en especial capítulo IV).

10 Servicio Nacional de Estadísticas y Censos. Primer Censo Nacional de Viviendas, Santiago, 1952.

11 Mario Garcés. «El Movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973» En Atenea 512, II semestre 2015, pp. 33-47.

12 Según consigna el diario El Mercurio, el 1 de julio de 1971, Carabineros informó al Senado «que las ocupaciones ilegales registradas en 1971 llegaban a 2.567», sumando tomas de sitios, de industrias, fundos y establecimientos educacionales. En relación a los pobladores, el dato es más genérico, ya que indica un total de 173 poblaciones y «edificios ocupados».

13 Para mayores detalles ver: Mario Garcés. «Los pobladores durante la Unidad Popular: movilizaciones, oportunidades políticas y la organización de nuevas poblaciones». Universidad Academia del Humanismo Cristiano. Tiempo Histórico, N° 3 /37-53/Santiago-Chile, 2011.

14 Garcés. Tomando su sitio, op. cit., p. 416.

15 Un cierto sentido común, en relación a los pobladores, tiende a hacer sinónimo «movimiento poblacional» con «tomas de sitios» o luchas por la vivienda. Esta visión restringe lo poblacional a la demanda habitacional y no alcanza a visualizar la más ancha historicidad de los pobres de la ciudad, que incluye sus tradiciones comunitarias, sus diversas formas de organización, sus actividades culturales y, particularmente, sus prácticas solidarias, de movilización y oposición a la dictadura en los años ochenta.

16 Entre 1977 y 1984, la dictadura llevó adelante un programa de «erradicaciones de campamentos» que venían del tiempo de la Unidad Popular. Este programa erradicó sobre 26 mil familias, que sumaban a unas 150 mil personas, a diferentes puntos de la ciudad. Las principales comunas de destino de los erradicados fueron La Granja, que recibió el 31 % del total; Renca, el 13%; Puente Alto, el 12%; y Pudahuel, el 6%. Mayores detalles en Hechos Urbanos Nº 35, Agosto de 1984, SUR Documentación, pp. 10-12. La erradicación de campamentos tendió a reforzar la segregación social de Santiago, y tal vez su mayor expresión simbólica fue la expulsión de los pobladores que habitaban en la comuna de Las Condes, en especial la Población San Luis, que alteraba el incremento de la renta del suelo.

17 Este punto de vista, por cierto, puede ser matizado si se observa el período completo de la dictadura, particularmente a propósito del proceso de descentralización que puso en marcha la dictadura en los años ochenta, que dotó de mayores atribuciones y responsabilidades a los municipios en el campo de la salud y la educación, así como en su proyecto de «estado subsidiario» que permitía ejecutar o monitorear desde los municipios las políticas sociales orientadas hacia los más pobres. Ver: Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Karen Donoso, La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM ediciones, 2012.

Capítulo I Movimientos sociales y partidos políticos: entre la dictadura y el retorno a la democracia (1973-1990)

Desde el punto de vista histórico, la dictadura chilena constituyó la respuesta de los grupos dominantes y de un amplio sector de las clases medias al mayor proyecto de cambio social en la historia de Chile, que se puso en práctica a partir del triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. Una coalición de partidos de izquierda, denominada Unidad Popular, propuso entonces un programa de cambios que incluía medidas antiimperialistas (nacionalización del cobre y de las riquezas básicas); antilatifundistas (profundizar la Reforma Agraria iniciada el año ’67 por el gobierno anterior); y, antimonopólicas (expropiación de grandes empresas y creación de un área de propiedad social). Estas reformas provocaron en el corto plazo dos tipos de efectos: por una parte, la oposición de los sectores afectados (empresas norteamericanas, los grandes propietarios de la tierra y el gran empresariado industrial, comercial y financiero), y por otra parte, la movilización de los obreros y campesinos beneficiados por los cambios 18. Sin embargo, el proceso de cambio también animó a una diversidad de grupos populares que sintieron que podían tomar la revolución proclamada por la Unidad Popular como un asunto que les incumbía directamente. En este sentido, tanto entre los pobres del campo como entre los de la ciudad se pusieron en curso iniciativas que buscaban materializar sus propias demandas de cambio social. Por ejemplo los mapuche en el sur no sólo buscaron beneficiarse con la Reforma Agraria, sino que promovieron las denominadas «corridas de cerco» como una estrategia encaminada a recuperar sus tierras usurpadas. En las ciudades, los pobladores incrementaron sus movilizaciones y «tomaron sitios» para construir sus propias viviendas, e hicieron demandas específicas al Estado para resolver los viejos y nuevos problemas de la urbanización de los barrios populares.

Desde un punto de vista social y político, las reformas, así como la movilización popular, provocaron un inédito proceso de democratización de la sociedad. Los sectores populares, de obreros, campesinos y pobladores, y también los estudiantes, ocuparon roles muy activos en las disputas políticas, pero particularmente en la redefinición de las relaciones de poder que organizaban cotidianamente a la sociedad. Esta nueva situación –desde un punto de vista político y simbólico– fue leída por los opositores a la Unidad Popular como el desarrollo de un agudo proceso de «polarización de la sociedad». En términos generales, los medios de comunicación y los líderes de la oposición reiteraban que la Unidad Popular estaba llevando al país a un abismo, y, relativamente pronto, en el segundo año de gobierno de Salvador Allende, pusieron en marcha estrategias de tipo insurreccional con el objeto de derrocar al gobierno. El paro de octubre de 1972 fue el primer ensayo, a través de una huelga de camioneros que buscó inmovilizar al país. Un segundo momento fueron las elecciones de marzo del ’73, en que aún se apostaba a un derrocamiento «legal» de Allende. Cuando una y otra de estas estrategias fracasaron, se impuso, sin muchos tapujos, en la oposición política a Allende y a la Unidad Popular la estrategia golpista. Es decir, para los opositores a la Unidad Popular, la crisis política provocada por las reformas del gobierno y la movilización popular sólo podían ser conjuradas mediante la intervención militar y el golpe de Estado.

En la oposición política a Allende y la Unidad Popular, fueron fundamentales los partidos políticos, especialmente el Partido Nacional, representante de la derecha, una fracción del Partido Radical y la Democracia Cristiana, ambos representantes del centro político, los que se articularon en una alianza, denominada Confederación Democrática (CODE). Desde esta agrupación opositora a la Unidad Popular bloquearon las iniciativas de cambio de gobierno en el parlamento, animaron diversas movilizaciones sociales y progresivamente apostaron a recuperar el poder por la vía del derrocamiento de Allende.

Por su parte, la izquierda se articuló en torno a la alianza de partidos, la Unidad Popular, que incluía al Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, un sector del Partido Radical y la Izquierda Cristiana. El MIR, que ganó en desarrollo en estos años, no formaba parte de la Unidad Popular. La izquierda chilena, durante la Unidad Popular, vivió la tensión entre la «reforma» y la «revolución», entre la progresiva democratización del Estado, a través de las reformas y la movilización popular revolucionaria, que en muchas ocasiones sobrepasaba el propio programa de gobierno de la Unidad Popular, una tensión que con el tiempo se reveló como un «callejón sin salida», ya que ponía más énfasis en las cuestiones ideológicas que en las necesidades de procesar las particularidades del proceso revolucionario chileno, entre otras, el carácter autoritario del Estado y el lugar de las Fuerzas Armadas, así como las tradiciones de lucha y la propia heterogeneidad de la clase popular chilena.

La tensión social y política creció especialmente durante los años 1972 y 1973, cuando la derecha y el centro político se fueron unificando en una estrategia de derrocamiento de Allende, para lo que habían contado, desde el triunfo de Allende en 1970, con el apoyo material y simbólico de los Estados Unidos, que veía a Allende y a la Unidad Popular como otra forma de expansión del clima revolucionario en América Latina, que se había iniciado con la Revolución Cubana, en 1959. La intervención norteamericana en Chile, que incluyó el apoyo material a los medios de comunicación de la derecha y a los partidos políticos opositores a la izquierda, está documentada desde la década del sesenta (Informe de la Comisión Church del Senado de los Estados Unidos), pero particularmente desde el triunfo de Allende, en 1970 19.

En el «tiempo largo» de la historia no se pueden ignorar los negativos efectos que tuvieron para el conjunto de los partidos políticos chilenos el golpe de Estado y la dictadura, ya que por una parte, quienes encarnaron la estrategia de derrocamiento de Allende fueron luego parcial o derechamente excluidos del ejercicio del poder durante la dictadura, y cuando volvieron al Estado, en medio de la transición de fines de los años ochenta, lo hicieron vaciados de los contenidos ideológicos y políticos que los habían constituido en actores políticos relevantes en los años sesenta. Por otra parte, un importante sector de la izquierda, en los años ochenta, abjuró de sus propuestas de cambio socialistas y se hizo parte de las estrategias de recuperación del poder, sin orientaciones capaces de modificar el curso neoliberal impuesto por la dictadura a la sociedad chilena.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 representó un punto de ruptura en la historia de los movimientos sociales populares en Chile. En muchos sentidos, dio paso a una verdadera tragedia. Por más que en los primeros bandos de la Junta Militar, que derrocó al presidente Allende, se indicara que los derechos y conquistas de los trabajadores serían respetados, nada de eso ocurrió, y paralelamente al ataque a La Moneda, o muy pronto, tanto las fábricas como las poblaciones serían objeto de una acción represiva sin precedentes en la historia de Chile. Las fuerzas armadas chilenas operaron prácticamente como «ejército de ocupación», patrullando calles, allanando locales y sedes partidarias, cordones industriales y poblaciones emblemáticas 20. En algunos casos, como en Santiago, los vuelos rasantes de aviones que el día 11 habían bombardeado La Moneda, ahora sobrevolaban los barrios infundiendo temor a la población 21. El toque de queda se impuso el mismo día 11, y limitó hasta los años ochenta el desplazamiento de los ciudadanos durante la noche. En los primeros meses después del golpe, era frecuente escuchar disparos y ráfagas de ametralladoras –sin que se conociera su objetivo–, pero que reforzaban los sentimientos de temor e incertidumbre en la población.

Como es sabido, algunos estadios, tanto en Santiago como en provincias, fueron transformados en campos de detenidos, a los que se sumaron regimientos, cuarteles, comisarías, buques, etc. Se estima que unas 40 mil personas sufrieron prisión política en los primeros meses de la dictadura 22; unas 15 mil personas extranjeras adquirieron el estatus de «refugiados»; 3.500 chilenos buscaron refugio en embajadas extranjeras, y hacia mediados de 1974, unas 8.000 personas habían recibido salvoconductos para abandonar el país 23. Entre septiembre de 1973 y agosto de 1974, aproximadamente 1.500 extranjeros y 20.000 chilenos cruzaron clandestinamente las fronteras hacia Perú y Argentina 24. Con el tiempo, más de 200.000 exiliados chilenos se repartieron por 110 países de todos los continentes 25.

A este oscuro panorama relativo a la libertad y al derecho a vivir en el país propio, se sumaron formas crueles de represión, mediante la aplicación sistemática de la tortura, ejecuciones sumarias, falsos consejos de guerra, aplicación de «ley de fuga», amén del escalofriante paso de la «Caravana de la muerte», que costó la vida de 75 chilenos pocas semanas después del golpe. Dirigida por el general Arellano Stark, un equipo de uniformados, incorporados posteriormente a la DINA, actuaban a nombre del general Pinochet para infundir terror, ejercer castigo y demostrar que la violencia estatal no reconocía límites 26.

Desde el punto de vista subjetivo, el impacto del golpe y la represión no sólo fue perturbador y significativo en los primeros meses de la dictadura, sino que se prolongó largamente en el tiempo. La Unidad Popular había colapsado, el presidente había sido asesinado, o se había inmolado en La Moneda, y lo más difícil de explicar era que la capacidad de respuesta de los partidos políticos y de las organizaciones sociales había sido extremadamente débil, o al menos, muy por debajo de los que se estimaba debía ser la respuesta popular «al fascismo». Es verdad que los trabajadores concurrieron a sus lugares de trabajo; también que muchos estudiantes se reunieron en sus centros de estudio y que en algunas poblaciones los militantes y pobladores organizados se autoconvocaron. Todos intentaron «hacer algo» y en algunos casos lo hicieron, como en el Complejo Maderero de Neltume, donde se buscó provocar sin éxito la rendición de carabineros 27, pero, en términos generales, se trató de respuestas defensivas, de intercambiar informaciones, preparar con mínimos recursos la defensa del lugar de trabajo y sobre todo de «esperar» instrucciones de la CUT o de los partidos, que en la mayor parte de los casos no llegaron. En este contexto, la resistencia en la población La Legua y la Industria Sumar, que permitió impactar a un helicóptero de la FACH, la frustrada reunión de la izquierda en la industria Indumet, muy pronto cercada por carabineros 28 y algunas escaramuzas en los cordones industriales terminaron de evidenciar la débil si no impotente respuesta popular y de la izquierda al golpe de Estado 29.

En pocos días y semanas los partidos políticos fueron puestos fuera de la ley, la Central Única de Trabajadores fue suprimida, los sindicatos y juntas de vecinos intervenidas, la prensa de izquierda eliminada, y la oficial controlada por los militares, y tanto la televisión como la radio trasmitían bandos militares e informaban muy sesgada y parcialmente lo que ocurría en el país. Los militantes y dirigentes sociales fueron calificados de subversivos, extremistas o delincuentes. El cambio fue radical, y lo que hasta el día anterior era un signo de prestigio –ser militante o dirigente social–, se transformó en un peligro para la vida de estas personas.

El descalabro en la izquierda política alcanzó dimensiones sin precedentes. Muchos dirigentes buscaron protegerse en casa de amigos, en lugares seguros proporcionados por sus partidos, o asilarse en una embajada. En los primeros días del golpe el desconcierto era tal que sólo circulaban soterradamente rumores. Por ejemplo, que el general Prats se levantaba en el sur y avanzaría sobre Santiago 30, y noticias o indicaciones muy generales de las direcciones hacia los militantes de los partidos. En cierto modo predominó la incertidumbre y en muchos casos un espeso silencio, aunque en rigor también las más variadas estrategias de sobrevivencia de militantes y dirigentes sociales y políticos. En muchos sentidos y con limitados recursos, el pueblo protegió al pueblo.

La reflexión y el debate sobre lo que había ocurrido tomó algún tiempo, salvo tal vez para la Dirección de MIR, cuyo secretario general, Miguel Enríquez, acuñó, a pocos días del golpe, la consigna de que «el MIR no se asila» y muy pronto culpó a la «ilusión reformista» de la izquierda del fracaso vivido y llamó a organizar la resistencia en contra de la dictadura 31. A decir verdad, más allá del valor ético político de las directrices del MIR de permanecer en Chile, este grupo fue muy pronto el principal objetivo de la represión cuando se organizó la DINA, se masificó y naturalizó la tortura y comenzó la desaparición sistemática de detenidos 32. En 1974 cayó en combate Miguel Enríquez, y en los años siguientes el MIR fue prácticamente desarticulado con un elevado número de víctimas, sobre 400 militantes ejecutados y desaparecidos entre 1973 y 1975. El Partido Socialista sufrió muy pronto golpes represivos fulminantes a su aparato militar; entre ellos, el asesinato de Arnoldo Camu 33, y la fragmentación de grupos y dirigentes, en el interior y en el exilio, se impuso en pocos meses. El Partido Comunista, por su parte, que vivía también los efectos de la represión, tomó tiempo en explicar lo ocurrido y confió en la posibilidad de constituir un «Frente Antifascista» que incluyera no sólo a la izquierda, sino que también a la Democracia Cristiana.

En suma, el panorama político de la izquierda se volvió precario e incierto, sin desmerecer el compromiso y el valor de un amplio número de militantes que buscaron reorganizar sus partidos en la clandestinidad. Tal vez en defensa de la izquierda hay que decir que el golpe de Estado fue más allá de todo lo previsible, y en un sentido más amplio, superó la «imaginación histórica» de los chilenos. El régimen de terror que instauraron Pinochet y las Fuerzas Armadas no formaba parte del curso histórico normal o conocido que admitía la mayoría de los chilenos. La dictadura, en este sentido, no solo representó una ruptura en la vida política y social, sino de lo que se podía considerar la «conciencia histórica» prevaleciente en aquellos años entre los chilenos. Steve Stern ha indicado en este sentido que el golpe de Estado de 1973 desató luchas y disputas entre los chilenos por «definir el significado el trauma colectivo» que implicó la acción militar del 11 de septiembre 34, pero también una conflictiva relación con la memoria que demostró ser esencial en el proceso de recomposición de la cultura y la política chilena, primero bajo el régimen militar que gobernó hasta 1990 y, subsecuentemente, bajo una democracia ensombrecida por los legados de la dictadura y por la presencia aún poderosa de los militares» 35.

Con todo, por otra parte, no se puede ignorar en relación a la izquierda en que su derrota evidenció también su incapacidad para comprender las «relaciones de fuerzas» que la condicionaban y que serían determinantes en el curso posible de la «revolución chilena». En efecto, cuando se agotaba el enfoque reformista, la izquierda no lograba generar alternativas más que defensivas e ineficaces (por ejemplo, el Partido Comunista acuñó la consigna de «No a la guerra civil») mientras que los que sostenían el «enfoque revolucionario» suponían que la movilización popular por sí sola sería capaz de hacer frente al golpe de Estado (por ejemplo, el MIR levantó la consigna de una «contraofensiva popular y revolucionaria»). El golpe militar sepultó ambas alternativas.

Desde el punto de vista de los diversos grupos sociales que apoyaron a la Unidad Popular, de trabajadores, campesinos, pobladores y estudiantes, si bien la represión los golpeó duramente, algunos de ellos pudieron iniciar, en los años siguientes al golpe de Estado de 1973, diversos procesos de reagrupación. Grupos de dirigentes sindicales, las primeras agrupaciones de víctimas de la represión, pero especialmente los pobladores, iniciaron un lento y progresivo proceso de rearticulación del movimiento popular.

Reconstrucción del tejido social y la izquierda

En los barrios y poblaciones de Santiago, diversos grupos de base se vincularon a las comunidades cristianas de base y a la acción social de las iglesias cristianas, que menos de un mes después del golpe dieron vida al Comité por la Paz en Chile (COPACHI) 36. En los espacios poblacionales se fueron generando iniciativas de apoyo solidario a las víctimas de la represión, organizaciones que enfrentaron el desempleo y el hambre, especialmente bolsas de cesantes y comedores infantiles, asociaciones de jóvenes y de mujeres, que en conjunto fueron dando lugar a una paulatina «reconstrucción del tejido social popular».

Las organizaciones sindicales, especialmente dirigentes de federaciones que sobrevivieron a la represión, y de otros que modificaron su inicial postura de apoyo a los militares, generaron nuevas instancias de coordinación (Grupo de los 10, Coordinadora Nacional de Sindicatos) y convocaron en 1978 y 1979 a conmemorar el 1° de mayo en el centro de Santiago. En ambos casos fueron reprimidos, pero congregaron a un importante número de trabajadores, militantes de partidos y pobladores. Estas fueron las primeras manifestaciones públicas de oposición a la dictadura. En estos mismos años, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizó dos importantes huelgas de hambre, la de mayor impacto denominada «Huelga larga», de diecisiete días en 1978, una iniciativa que encontró apoyo en el exterior, así como en comunidades cristianas en Santiago y algunas provincias, como Valparaíso y Concepción 37. Con estas acciones buscaron llamar la atención sobre la suerte corrida por sus familiares detenidos y desaparecidos.

En el caso del pueblo mapuche, previo al golpe de Estado, vivieron los efectos más duros de la represión, cuando fuerzas militares invadieron el Centro de Producción Nehuentué, el 30 de agosto de 1973, provocando maltratos y torturas a los dirigentes mapuche, uno de los cuales murió producto de las golpizas recibidas el 8 de septiembre de 1973. Una vez consumado el golpe de Estado la represión se extendió por toda la zona, incluyendo la tortura, la muerte y la desaparición de algunos detenidos. En 1978, se publicó una Nueva Ley Indígena (Decreto Ley N° 2.568, sobre división de las comunidades indígenas), y paralelamente la CONAF comenzó a rematar grandes extensiones territoriales y favorecer el desarrollo de las empresas forestales que terminarían por controlar la mayor parte del territorio.

Si bien en los primeros años de dictadura predominó la represión, hacia 1978 los mapuche comenzaron un proceso de rearticulación y resistencia que buscó asentarse en las comunidades, pero al mismo tiempo dieron lugar a nuevas organizaciones étnico-sociales, los centros culturales mapuche que dieron origen a Ad-mapu, «organización que se volcó a organizar y representar reivindicaciones, apuntando a la condición de pueblo originario y a sus derechos colectivos inherentes» 38. Estas organizaciones contaron con el apoyo de la Iglesia Católica, buscaron combatir los efectos de la Nueva Ley Indígena e inauguraron el desarrollo de nuevas orientaciones sociopolíticas entre los mapuche, que adquirirían mayor desarrollo en los años ochenta, «con creciente protagonismo de organizaciones, liderazgo y presencia de intelectuales mapuche», lo que provocaría entre otros efectos un distanciamiento o rechazo con los partidos políticos chilenos 39.

Sin embargo, como hemos adelantado, en el contexto de la acción social de la Iglesia Católica, fue en las poblaciones donde se desarrolló la más densa y variada red de organizaciones populares: comedores infantiles, luego comedores populares, bolsas de cesantes, centro de apoyo escolar, grupos de salud, comités de derechos humanos, grupos juveniles y de mujeres se multiplicaron entre 1976 y 1983, prácticamente en todos los barrios pobres de la Región Metropolitana. En una primera etapa, como ya dijimos, contaron con el apoyo del Comité para la Paz en Chile (COPACHI), y una vez que éste fue disuelto producto de la presión de los militares sobre la Iglesia, por la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez en 1976. Posteriormente, a partir de 1980, el apoyo de la Iglesia fue complementado y enriquecido por diversos «Centros de Apoyo» (más tarde, llamadas ONG). Si bien el trabajo de la Vicaría se vio tensionado por lo que los sectores más conservadores de la Iglesia consideraban los efectos políticos no deseados de la acción pastoral, las ONG contaron con mayor libertad para desarrollar sus propios planes de acción y colaborar con el desarrollo de las nuevas organizaciones poblacionales. La Educación Popular, inspirada en las aportaciones de Paulo Freire, que propuso formas dialógicas de aprendizaje y de producción del saber, fueron complementadas con las nociones gramscianas de hegemonía, que apuntaron a favorecer el desarrollo de los propios sectores populares como sujetos políticos. Sin lugar a dudas, este fue un cambio significativo en los modos de concebir la acción política, ya que se buscaba fortalecer las propias capacidades de acción de los grupos de base. Desde el punto de vista organizativo, se estimaba que en los años ochenta cerca de 200 mil pobladores participaban en algún tipo de organización popular, lo que representaba aproximadamente al 10% de los pobres de Santiago 40.

La mayor actividad social y política en las poblaciones, así como la reorganización de otros grupos sociales, como los sindicalistas (tanto del campo como de la ciudad), las mujeres, los estudiantes y los mapuche, hay que situarla en un contexto dictatorial que había cancelado todas las formas tradicionales de la política chilena. Es decir, no solo no existía ningún tipo de institución democrática en el Estado ni derechos de asociación, expresión y petición para los ciudadanos, sino que los partidos políticos no podían cumplir las tradicionales formas de representación social y política que se habían desarrollado en la sociedad chilena con anterioridad al golpe de Estado de 1973. Esto creó una situación inédita que tendió a favorecer el desarrollo de la sociedad civil en sus diversas expresiones, tanto en las clases medias como entre los sectores populares. Por ejemplo, paulatinamente se fueron constituyendo diversas y animadas redes de comunidades cristianas, de organizaciones sociales que contaban con el apoyo de las vicarías zonales, de nuevas y diversas asociaciones de mujeres, de educadores populares que promovían las ONG, de comunicadores de base que producían «boletines populares», de grupos culturales y cantores populares, de comités de derechos humanos. En conjunto, esas redes favorecieron encuentros, intercambios de experiencias, iniciativas y programas de formación social y política al tiempo que promovieron la animación comunitaria entre sus bases y especialmente en los barrios populares.

Paralelamente a la reconstrucción del movimiento popular en los barrios y poblaciones, la izquierda política vivió una aguda crisis, que a partir de los años ochenta la llevaría a tomar disímiles caminos respecto del futuro. Por una parte, los socialistas en el exilio se dividieron luego del Congreso de Argel (1978) en una fracción liderada por Clodomiro Almeyda y otra por Carlos Altamirano. Mientras los primeros mantenían sus vínculos con el Partido Comunista, los segundos, partidarios de una «renovación del socialismo», establecieron alianzas con sectores del MAPU y de la Izquierda Cristiana, dando origen, en Europa y en Chile, a la Convergencia Socialista. La división de los socialistas era expresiva de las diversas lecturas que se hicieron de la derrota de la Unidad Popular, especialmente por parte de los «renovados», que enfatizaron en el valor de la democracia liberal y en el error histórico de haber pretendido realizar transformaciones profundas en la sociedad chilena sin contar con las mayorías electorales suficientes. El sector socialista renovado, a mediados del ’85, había formalizado vínculos y acuerdos con la Democracia Cristiana luego de la fundación de la Alianza Democrática de 1984. La Alianza Democrática sería más tarde la base de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró la transición a la democracia a fines de los años ochenta.

Los comunistas, por su parte, vivieron su propio proceso de «renovación», pero en un sentido muy distinto al de los socialistas. El PC en los años más duros de la represión, entre 1973-1980, sufrió la captura y posterior desaparición de dos de sus direcciones políticas nacionales y prácticamente el colapso de las direcciones de las Juventudes Comunistas. Fueron años duros en que «desde las sombras» el partido, a partir de sus militantes y direcciones intermedias, logró sobrevivir en la clandestinidad 41. Mientras esto ocurría en el interior, en el exilio se generaron diversos debates y grupos de estudio que concluyeron en reconocer las enormes dificultades, sino la imposibilidad, de viabilizar un «frente antifascista» en alianza con la Democracia Cristiana 42. Se complejizaron las miradas sobre Chile y se revisó de modo inédito la línea política del partido que habitualmente definía la Comisión Política de los comunistas 43. Entre otras reflexiones y debates emergió la tesis del «vacío histórico», la que sostenía que el Partido Comunista había carecido de definiciones estratégicas suficientes en el campo militar, lo que de algún modo también explicaría la derrota sufrida por la Unidad Popular. A los comunistas les pesó entonces la idea, difundida en algunos medios en el exterior, de que «las revoluciones hay que saber defenderlas». Poco a poco, con fuertes resistencias en lo que se podía denominar «la derecha del partido», cuyo principal líder era Orlando Millas, pero también en la propia dirección del Partido Comunista, se fue imponiendo un cambio de línea –al menos táctica– que culminó en la denominada Política de la Rebelión Popular. En los días previos al plebiscito de 1980, en que Pinochet hizo aprobar su propia Constitución para Chile, Luis Corvalán, en un impactante discurso difundido por la Radio Moscú, proclamó el derecho de los pueblos a la rebelión y a la necesidad de recurrir a todas «las formas de lucha» para poner fin a la dictadura. En estos años Gladys Marín ingresó clandestinamente a Chile y se puso a la cabeza de la dirección interior del Partido Comunista. En pocos años y cuando emergieron las Protestas Nacionales, se fundó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que puso en práctica todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, bajo la dirección del mítico líder Raúl Pellegrin.

Finalmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) vivió sus propias vicisitudes en relación a la represión y a los ajustes en su línea política. Entre los años 1973 y 1975 sufrió los efectos más duros de la represión, que a las alturas de 1978 prácticamente habían desarticulado al partido. Sin embargo, a pesar de los duros golpes recibidos, el MIR enfatizó en una estrategia que denominó «Guerra Popular, irregular y prolongada», siguiendo de algún modo orientaciones que provenían de la experiencia vietnamita y de las tradiciones de la lucha armada en América Latina. Debilitado al máximo en Chile 44, inició la denominada «Operación Retorno» 45, que implicaba el ingreso clandestino de militantes que habían recibido formación técnico-militar en el exterior, especialmente en Cuba. La Operación Retorno incluyó, entre otros sucesos relevantes, la instalación y pronta desarticulación de un foco guerrillero en Neltume y diversas acciones armadas de la denominada «Fuerza Central del MIR», entre las que se cuenta el ajusticiamiento del coronel Roger Vergara, jefe de inteligencia militar, en 1980. No obstante, el énfasis en la lucha armada, la política del MIR en estos años, alcanzó también una importante vertiente social a través de las acciones desarrolladas por el Comité de Defensa del Pueblo (CODEPU), creado en 1980.

En suma, mientras en el campo popular poblacional se reconstruía el movimiento popular, una parte de la izquierda política se reorganizaba bajo una orientación liberal democrática que la llevaría a establecer alianzas y subordinarse a las estrategias centristas de la Democracia Cristiana, y otra parte de ella –comunista, sectores socialistas y miristas– bajo una orientación revolucionaria clásica, que seguía o bien una línea de corte insurreccional (Rebelión Popular del PC) o bien de «Guerra Popular» (sostenida por el MIR).

Si bien carecemos de una «historia social» de los partidos políticos para esta etapa, más allá de las diferentes evaluaciones de la derrota de la UP, los nuevos desafíos que imponía trabajar en la clandestinidad, los ajustes o reacomodos en la línea política de los partidos, sobre todo los de izquierda, se mantenían y recreaban los vínculos entre los partidos y las organizaciones sociales, aunque eran variables según el sector social o el ámbito en que se desenvolvían los militantes. Por ejemplo, en el campo sindical, las diversas federaciones y nuevas agrupaciones mantenían vínculos y militancias en la Democracia Cristiana, el Partido Radical y la izquierda, tanto comunistas como socialistas, miristas y mapucistas. En otros campos, como en el trabajo social de la Iglesia, era importante la presencia de profesionales de Democracia Cristiana, de la Izquierda Cristiana, pero especialmente del MAPU, que podían o no mantener vínculos orgánicos con sus partidos. También el MIR alcanzó alguna presencia, especialmente entre las comunidades cristianas de base. Entre los estudiantes, convivían democrata cristianos así como diversos militantes de la izquierda; y finalmente en las poblaciones la situación era un poco diferente, en el sentido de que las nuevas organizaciones sociales que emergieron podían o no establecer vínculos con los partidos políticos, dependiendo del tipo de acciones que desarrollaran. En las poblaciones pesaba más el trabajo de la Iglesia y las comunidades cristianas, que se habían convertido en el principal espacio de rearticulación social, de unificación y de desarrollo de diversas iniciativas sociales, políticas y culturales. Los partidos, de alguna manera –al menos en estos años–, se adaptaban a esta realidad, que les daba «alero» para actuar con las organizaciones sociales e incluso les permitía, en algunos casos, contar con espacios para su propia rearticulación en la clandestinidad. Para los partidos políticos, especialmente de la izquierda, la clandestinidad se impuso como una condición sine qua non para sobrevivir y enfrentar a la dictadura, lo que implicaba una serie de nuevos aprendizajes, de autocuidado y medidas de seguridad, así como nuevos modos de relación entre los militantes.

Desde el punto de vista de las relaciones estrictamente políticas, es decir de las orientaciones y el tipo de acción que proponían los partidos a las organizaciones sociales, predominaba, en cierto sentido, una lógica defensiva y de colaboración. La oposición al Plan Laboral de 1978 y el fortalecimiento de los sindicatos; la organización de agrupaciones culturales –la ACU por ejemplo en la Universidad de Chile– y la lucha por democratizar los centros de estudiantes; la emergencia de nuevas agrupaciones y orientaciones políticas y culturales entre los mapuche; el apoyo transversal, pero limitado, a las huelgas de hambre de los detenidos desaparecidos; y en las poblaciones, la participación de los militantes en las diversas organizaciones que iban surgiendo y enfrentando los problemas de la pobreza y fortaleciendo también la cultura popular.

Sin embargo, esta situación comenzó paulatinamente a modificarse a fines de los setenta y principios de los años ochenta, cuando desde la izquierda se percibió que el malestar se estaba expresando social y políticamente o que determinadas luchas alcanzaban mayor visibilidad («viandazos» entre los trabajadores, intentos de «tomas de sitios» entre los pobladores, las propias huelgas de hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos). Con cierto optimismo, se comenzó a hablar del «fin del reflujo» o sea, del fin de la etapa de mayor repliegue del movimiento popular. Por otra parte, pesaba también la política de la dictadura, que dio lugar a su mayor institucionalización regresiva y represiva luego de que se hizo aprobar la Constitución de 1980. Emergieron entonces, al menos en el campo poblacional, dos tipo de propuestas políticas, «aquella que enfatiza en la radicalidad de la lucha y el enfrentamiento persistente con el régimen (en la medida que el régimen no deja alternativas) y aquella que señala la necesidad de orientar los esfuerzos en una lógica de “reconstrucción del movimiento popular”» 46. Subyacían a estas propuestas dos lecturas diferentes de la realidad y del movimiento popular, de tal modo que mientras para unos el fin del reflujo obligaba a poner el acento en la «conducción» del movimiento popular y en la legitimidad de las diversas formas de lucha, para los otros se trataba de renovar en «las formas de hacer política» que favorecieran la participación y el «protagonismo popular» 47. El problema de «la lectura» de la realidad y de la situación del movimiento popular se comenzaba a constituir en un problema fundamental, en cierto modo «estratégico», en el sentido de que, por una parte, indicaba el modo en que se procesaba, entre los actores políticos, las «prácticas» de las organizaciones sociales y de los propios partidos en relación a sus bases. Por otra parte, se trataba también de un problema estratégico, por cuanto se hacían deducir de estas lecturas las formas que «debía» tomar la lucha política para poner fin a la dictadura. Estas diferencias de lecturas de la realidad, que comenzaron a plantearse en estos años, se hicieron más agudas en el tiempo venidero, cuando se iniciaron las protestas nacionales.

Las Protestas Nacionales

A la euforia de Pinochet, los militares y la derecha política, que habían logrado imponer una nueva Constitución de carácter neoliberal, le siguió relativamente pronto una crisis recesiva en la economía que se inició en 1981 y que se profundizó en 1982, cuando la banca quebró, muchas industrias cerraron y la deuda externa creció a niveles inimaginables, en tal grado que ni siquiera se alcanzaban a pagar los intereses acordados. En este contexto, la situación de los sectores populares, ya deteriorada en los primeros años de dictadura, se volvió más crítica, agudizándose la pobreza y con ella los problemas de la subsistencia, la salud, la vivienda y el acceso al trabajo.

Los trabajadores de la Gran Minería del Cobre, reunidos en un congreso sindical en 1983, cambiaron su directiva y proclamaron que «nuestro problema no es una ley más o una ley menos», sino que la necesidad de volver a un régimen democrático que permitiera la reconstrucción económica y política del país. Se sugirió, en este contexto, la posibilidad de llevar adelante un Paro Nacional, sin embargo luego de diversos debates entre los dirigentes sindicales y políticos, y de las diferencias que existían entre las diversas zonales del Cobre, se admitió las enormes dificultades que ello implicaba. Se fue imponiendo, entonces, la idea de convocar a una «protesta nacional» que hiciera posible la «expresión pública» del descontento. Para estos efectos se convocó a diversas acciones colectivas para el día 11 de mayo de 1983: no enviar a los niños al colegio, no realizar trámites en el centro de la ciudad, efectuar manifestaciones públicas de descontento en las universidades y tocar las cacerolas a partir de las 20:00 horas de ese día.

La convocatoria a la protesta del 11 de mayo alcanzó una masividad y extensión que sorprendió a todos, a los propios convocantes y a la dictadura de Pinochet. El malestar se expresó efectivamente en las universidades, pero su mayor impacto se produjo durante la noche, en que no sólo sonaron las cacerolas, sino que además se escucharon bocinazos y manifestaciones callejeras en barrios de los sectores medios, como Providencia y Ñuñoa. Pero más extendidas fueron las manifestaciones en los barrios populares, donde se levantaron barricadas, hubo cortes de luz, pequeñas marchas festivas y enfrentamientos con la policía. Esa noche dos pobladores perdieron la vida, y se contabilizaron 50 heridos y más de 300 detenidos 48.

El éxito de la primera Protesta Nacional llevó a que ésta se replicara periódicamente, al principio con una frecuencia casi mensual, durante los años 1983 y 1984, y con mayores intervalos entre 1985 y 1987. La oposición social y política a la dictadura había finalmente encontrado un modo de expresarse que sumaba amplios y variados sectores. La sociedad chilena, como en otras épocas, volvía a politizarse y la correlación de fuerzas entre la dictadura y la oposición se modificaba definitivamente. Desde el punto de vista social, si bien al principio los sindicalistas jugaron un papel relevante, sobre todo en las convocatorias, en realidad los que más se movilizaban eran las mujeres, los estudiantes y los pobladores. Esta inédita situación en la movilización social interpeló por mucho tiempo a la izquierda política que, por razones ideológicas, estimaba que los principales opositores a la dictadura eran los trabajadores. El debate no se podía zanjar fácilmente, como algunos pretendieron, indicando que los pobladores no eran más que los trabajadores en sus barrios de residencia, pero, a decir verdad, la realidad era más compleja, ya que en las poblaciones los más activos en la protesta eran los jóvenes y las mujeres, que no necesariamente tenían trabajos formales. Por otra parte, donde la protesta tuvo mayores dificultades para instalarse fue justamente entre los trabajadores formales, tanto del sector público como del privado.

La protesta poblacional fue probablemente la mayor novedad histórica en esta etapa de la historia de Chile. Los más pobres resultaron ser los más activos en la lucha contra la dictadura. Esta nueva realidad se puede explicar, entre otras razones, porque fue en este sector donde más avanzaron las experiencias de solidaridad y los procesos de reconstrucción del tejido social a través de esa variedad de organizaciones que se desarrollaron bajo el alero de la Iglesia, la acción de los partidos políticos que se recomponían en la clandestinidad, así como a través de las iniciativas de educación popular que promovían las ONG.

Las protestas permitían hacer visible el descontento y favorecían la rearticulación de actores sociales y políticos, en el plano de la acción concreta contra la dictadura. Sin embargo, los grados de articulación en el plano de la «acción expresiva» no aseguraban una traducción política consistente en el plano de las estrategias de la oposición y la acción política más permanente. Dicho de otro modo, la protesta, como un momento de la acción expresiva, «dejaba abierto el problemático campo de la concertación, del consenso político, de la politización más global de la sociedad, así como la construcción de instrumentos políticos (propuestas, movimientos) que aseguren la permanencia y continuidad de la acción opositora» 49. De este modo, las protestas podían ser leídas desde distintas «claves estratégicas», dependiendo de las opciones de los diversos actores políticos, como efectivamente ocurrió cuando reemergió en el espacio público el protagonismo de los partidos políticos y sus alianzas.

Las protestas favorecieron, en algunos casos, una relativamente rápida recomposición y, en términos generales, una mayor visibilidad pública del conjunto de los partidos políticos. La estrecha relación entre los dirigentes de las confederaciones sindicales y los partidos políticos hizo que, cuando la represión amenazaba a los sindicalistas, los partidos políticos tomaran el relevo en las convocatorias.

El principal problema de la recomposición del sistema partidario en el espacio público es que los partidos políticos muy pronto hicieron manifiestas sus diferencias de estrategias para enfrentar a la dictadura, y en un sentido más difuso, en relación al significado que tendría la recuperación de la democracia. Si ya en agosto de 1983 se había estructurado la Alianza Democrática, que sumaba a demócrata cristianos, socialistas, radicales y algunos liberales, para septiembre se constituyeron el Movimiento Democrático Popular (MDP) y el Bloque Socialista (BS). El primero agrupaba a comunistas, socialistas almeydas y miristas, mientras el segundo incluía a grupos de la Convergencia Socialista, del MAPU y de la Izquierda Cristiana. Las propuestas políticas de estos diversos conglomerados o alianzas fueron básicamente los siguientes:

1 La Alianza Democrática se proponía alcanzar el fin de la dictadura a través de la movilización y el «diálogo» con el régimen militar.

2 El MDP enfatizaba en la movilización rupturista, recurriendo a todas las formas de lucha, capaces de provocar una suerte de insurrección popular y el colapso del régimen.

3 El Bloque Socialista postulaba la movilización como «desobediencia civil», con el objeto de generar una crisis de gobernabilidad y negociar desde allí una salida con las Fuerzas Armadas 50.

Lo que tenían en común estas diversas propuestas es que todas ellas hacían o reconocían en la movilización social la clave para hacer posible el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia. Sin embargo, era evidente que mientras el centro político se proponía alcanzar acuerdos en el corto plazo mediante la negociación y el diálogo, la izquierda descartaba esta posibilidad, habida cuenta de las características del régimen militar, entre las cuales el personalismo de Pinochet, como jefe de las Fuerzas Armadas, era un obstáculo difícil de vencer. Por cierto había otras diferencias, sobre todo desde el centro político, que enfatizaba en el rechazo al lugar que podía ocupar la violencia en la movilización social y como componente de una estrategia de derrocamiento.

Con todo, si bien las diversas estrategias de la oposición reconocían en la movilización social un factor clave para alcanzar el fin de la dictadura, éstas no establecían vínculos ni relaciones orgánicas con las demandas más específicas de cambio de los diversos movimientos sociales. Es decir, la «acción expresiva», que se manifestaba en las protestas encontraba traducción política en cuanto a la «estrategia de derrocamiento» (negociación vs. ruptura), pero no necesariamente en cuanto a un proyecto de sociedad alternativa al neoliberalismo autoritario impuesto por la dictadura. De este modo, se generaban distancias y tensiones entre las «protestas» y las «propuestas políticas», en el sentido de que si bien se insinuaban estrategias –no siempre eficientes– de derrocamiento, no era claro en ninguna de ellas el papel y el rol que debía ocupar el movimiento popular 51. Para el centro político lo principal era abrir espacios de negociación, en el cual ellos jugarían el papel de «representantes» de los sectores populares. Para la izquierda, especialmente comunistas, su estrategia de rebelión popular atribuía un rol fundamental a la vanguardia (Partido Comunista y Frente Patriótico Manuel Rodríguez), a la que debían sumarse los sectores populares organizados (o «las masas», en el viejo lenguaje izquierdista). En suma, mientras la protesta era expresiva de una política popular, las propuestas de la oposición tenían una fuerte orientación político-partidaria. Por esta vía se fueron gestando «elites partidarias» que con el tiempo dieron lugar a lo que hoy se denomina «clase política».

La tendencia general, en el plano de las alianzas políticas, fue la del predominio de las posturas de la AD y del MDP, mientras que el Bloque Socialista tendió a desdibujarse y en el mediano plazo a subordinarse a la Alianza Democrática. Hay que indicar también que entre los años 1983 y 1985 ninguna de estas propuestas fue capaz de asegurar el destino de las movilizaciones y el fin del régimen militar. De tal modo que cuando la Alianza Democrática buscó el dialogo con la dictadura, en agosto de 1983, y en pocas semanas se sucedieron los encuentros entre los dirigentes de la AD y el ministro Jarpa, en un período relativamente corto, Pinochet canceló toda posibilidad de negociación. Y en un sentido opuesto, cuando la izquierda, agrupada en el MDP, se propuso hacer de 1986 el «año decisivo», recurriendo a todas las formas de lucha, incluyendo los componentes armados, ella no fue capaz de alcanzar sus metas. Las diferencias en la oposición política a la dictadura, en el mediano plazo, fueron creando distancias y tensiones con las bases populares que esperaban de los partidos políticos mayor unidad y eficacia en la lucha en contra de la dictadura.

Desde el punto de vista de los movimientos sociales, como hemos indicado, el sector poblacional fue más activo en las protestas. Sin embargo, la protesta dinamizó a otros actores y grupos sociales. Por ejemplo, las mujeres de la clase media, en alianza más o menos estable con las mujeres de pueblo, dieron lugar a diversas agrupaciones e iniciativas. Las manifestaciones públicas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y encuentros socioculturales daban cuenta de nuevas orientaciones que indicaban que se requería «democracia en el país y en la casa» 52. Los estudiantes hicieron sus propios caminos y reorganizaron los centros de estudiantes y las federaciones universitarias y de secundarios. Los mapuche, en el sur del país, recrearon sus organizaciones y también nuevas orientaciones para la acción colectiva como pueblo-nación.

Sin lugar a dudas, a partir de 1983 y por lo menos hasta 1986, el clima social y político de Chile cambió, y más allá de las diferencias partidarias, los diversos movimientos sociales, y en particular las iniciativas y movilizaciones poblacionales, ocuparon un lugar clave en el nuevo clima social creado por las protestas.

La periodicidad y la persistencia de las protestas nacionales, que solo entre 1983 y 1984 alcanzaron a doce jornadas de movilización, y veintidós si se consideran todas las movilizaciones más allá de 1986 53, marcaron, o sí se prefiere, definieron el guion de la oposición política a la dictadura. En las poblaciones, los jóvenes eran los encargados de preparar cada protesta, coordinándose territorialmente, haciendo acopio del material para las barricadas y, en el mismo día de la protesta, organizando las marchas y las confrontaciones con la policía y el ejército, que en muchos casos copaban la ciudad cuando se convocaba a una protesta. La energía juvenil fue, en cierto modo, la auténtica vanguardia de la protesta social, y tal vez, para quienes se hizo más visible con el tiempo la distancia entre su accionar con las propuestas políticas, amén de que pagaron los mayores costos en vidas humanas, como producto de la represión.

Las redes de organizaciones sociales que se había venido configurando desde principios de los años ochenta se fortalecieron y multiplicaron al calor de las protestas, y surgieron nuevas, como algunas coordinaciones territoriales que organizaban las protestas en poblaciones emblemáticas de Santiago. En una mirada de conjunto, hacia mediados de los años ochenta se podían identificar las siguientes redes poblacionales:

 Redes de economía popular, que agrupaban en distintos espacios y con diversos apoyos de la Iglesia y las ONG, a Ollas Comunes, Comprando Juntos, Huertos Familiares, Talleres para el Consumo, Organizaciones de Vivienda, Grupos de Salud, que beneficiaban a más de cien mil personas.

 Comunidades Cristianas de Base en los más diversos barrios pobres de Santiago, organizados en una Coordinadora de Comunidades Cristianas y un Movimiento de Laicos, que reunía a unas ocho mil personas cada año en la conmemoración del «Vía Crucis» cristiano.

 Iniciativas y movimiento de Derechos Humanos, que emergieron a partir de las Iglesias Cristianas (Vicaría de la Solidaridad y FASIC), las Agrupaciones de Víctimas de la Represión, los Comités de Base vinculados a la Comisión Chilena de los DDHH y el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo.

 Movimiento de Mujeres, que articulaba a diversas organizaciones sociales, como el MEMCH, «Mujeres por la Vida», ONG y coordinadoras sectoriales en los barrios y comunas populares.

 Movimientos juveniles, como el Movimiento Juvenil Poblacional (MJP), de instalación más difusa en el sentido de la «juventud popular», pero que contaba con coordinaciones bien articuladas en la zona sur de Santiago (La Granja, San Ramón, La Pintana).

 El movimiento poblacional en sentido amplio, que logró una importante articulación en el Comando Unitario de Pobladores (CUP), que hacia mediados de los ochenta, estimaba en unos tres mil los dirigentes agrupados en alguna coordinadora poblacional 54.

Las dificultades de la oposición para alcanzar la unidad no obedecían solo a razones tácticas relativas a las formas de lucha y las formas que podía tomar la recuperación de la democracia, sino que a un tercer actor menos visible para la mayoría de la población: el Departamento de Estado de los Estados Unidos. En efecto, cuando la AD buscó el apoyo de los Estados Unidos para obligar a Pinochet a negociar, ese apoyo fue menos que el esperado. A fines de 1984, el gobierno de Estados Unidos buscaba influir en el retorno a la democracia en Chile, sin embargo dejaba también en claro que «la estrategia fundamental debiera ser que podamos fortalecer a las fuerzas democráticas del centro y de la centro-derecha en Chile, y logremos separarlos definitivamente de la extrema izquierda con la cual están ahora aliados. Debiéramos dejar en claro a las fuerzas moderadas que lograrán más apoyo de nosotros si se dividen de los comunistas» 55.

El fracaso del «año decisivo»

En los primeros meses de 1985 la represión tomó nuevas formas, cuando a fines de marzo tres militantes comunistas fueron detenidos, degollados y abandonados en el sector norte de Santiago. El 29 de marzo de 1985, dos jóvenes de Villa Francia, Rafael y Eduardo Vergara, fueron emboscados y asesinados en el sector de Las Rejas. Ese mismo día, la CNI disparó y dio muerte a la joven mirista Paulina Aguirre, cuando regresaba a su casa en el sector de El Arrayán. La represión demostraba no tener límites, y si bien la desaparición de detenidos ya no era la norma, los opositores eran ejecutados o asesinados en la más completa impunidad. En agosto de ese año la Comisión Nacional de Derechos Humanos convocó a una Nueva Jornada por la Vida (en agosto del año anterior la Iglesia Católica había convocado a una manifestación semejante). En septiembre y noviembre volvieron las Protestas Nacionales. Con todo, el año 1985 terminaba con una fuerte sensación de impasse en la siempre dividida oposición política al régimen militar, una situación que la mayoría de la población reprochaba a los partidos y veía en ella uno de los principales obstáculos para terminar con la dictadura.

Los partidos políticos buscaron romper el impasse apelando una vez más a aquello que era común a sus estrategias: la movilización social. Para estos efectos decidieron apoyar el desarrollo de una Asamblea de la Civilidad, la que fue convocada por el presidente de la Federación de Colegios Profesionales. Junto a la Asamblea se constituyó también un «Comité Político Privado», integrado por representantes de los partidos, que actuaría con un cierto «derecho a veto» sobre esta nueva agrupación social.

A la Asamblea de la Civilidad adhirieron 26 colegios profesionales, 72 confederaciones y federaciones afiliadas al Comando Nacional de Trabajadores (CNT), 28 correspondientes a la Central Democrática de Trabajadores (CDT) y 26 federaciones estudiantiles, comerciantes, camioneros, pobladores, sector pasivo, pequeños industriales y artesanos 56.

La Asamblea de la Civilidad, una vez constituida, procedió a elaborar la «Demanda de Chile», que recogía las demandas democráticas de los distintos grupos convocados. La estrategia de la Asamblea, luego de elaborar la Demanda de Chile, fue enviarla al gobierno, esperar una respuesta y, si ésta no se producía, convocar a un paro de actividades para el 2 y 3 de julio de 1986. Como era previsible, la dictadura no acogió las demandas de la Asamblea, y el 2 y 3 de julio se puso en marcha el anunciado Paro Nacional.

El 2 de julio, la ciudad de Santiago, al igual que en reiteradas ocasiones anteriores, amaneció copada de militares en traje de campaña y con los rostros pintados para la guerra. Y si bien la protesta-paro alcanzó importantes logros –un 90% de los estudiantes no asistieron a clases y un 70% del transporte público paralizó–, la represión tomó nuevas e intimidantes formas cuando dos jóvenes –Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas De Negri– fueron detenidos y quemados vivos en el sector poniente de Santiago. Rodrigo falleció a los pocos días y Carmen Gloria sobrevivió con grandes dificultades y huellas físicas y psicológicas.

La mayor parte de los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, 14 de 18, fueron detenidos, y los partidos en el Comité Político Privado hicieron nuevamente visibles sus diferencias, mientras Estados Unidos reforzaba su política en favor de una salida pactada sin los comunistas. Finalmente, el 6 de agosto, el descubrimiento de una internación de armas en el norte del país –organizado por el PC y FPMR en Carrizal Bajo– condujo al quiebre definitivo de la oposición.

Todavía el 7 de septiembre de 1986, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez emboscó a la comitiva de Pinochet en el Cajón del Maipo, sin lograr terminar con la vida del dictador. La represión recrudeció luego de estos sucesos y buscó el aniquilamiento del FPMR. Se sucedieron las detenciones declaraciones obtenidas bajo tortura con impunidad y publicadas por los medios de prensa oficialistas, amén del asesinato de un alto número de militantes. La denominada «Operación Albania», de triste memoria, organizada por la CNI, incluyó la muerte de doce militantes, siete de ellos en un mismo lugar, luego de haber sido detenidos y torturados.

El «año decisivo», que había comenzado con un alto grado de optimismo en la movilización social, culminó con la oposición dividida y el colapso de la política comunista de «rebelión popular». Entonces, el centro político recuperó el control sobre la oposición política y propuso una poco convincente «campaña por elecciones libres», que muy pronto dio paso a la decisión de participar en el itinerario constitucional de Pinochet, que incluía un llamado a plebiscito para 1988.

Camino al plebiscito de 1988

El cuadro político y social sufrió entonces un verdadero vuelco. En el campo político, hegemonizado ahora por la Alianza Democrática, se enfatizaría en aceptar las leyes políticas promulgadas por la dictadura, inscribirse en los registros electorales y participar en la «Campaña por el No», que se desplegaría con gran energía en 1988. Los distintos grupos socialistas tomaron distancia del PC y del MIR después del descubrimiento de los arsenales y el fallido atentado a Pinochet. Particularmente significativo fue el giro del PS Almeyda, el que no sólo se distanció del PC –que era renuente a inscribirse en los registros electorales–, sino que, con el tiempo, se hizo parte de la Concertación de Partidos por la Democracia, sellando la alianza del conjunto de los socialistas con la Democracia Cristiana.

Por su parte, en el campo social, luego del fracaso del «año decisivo», se vivió un clima de incertidumbre y de divisiones, en el sentido de que se inhibía la movilización social (ya no habría más convocatorias unitarias para protestar), el protagonismo opositor pasaba a manos de los partidos políticos de centro, la izquierda se debilitaba en medio de sus propias contradicciones, y la perspectiva del cambio político al que aspiraban las organizaciones sociales se diluía y se volvía difuso a propósito de la desconfianza que generaban los partidos de la Alianza Democrática en los sectores populares organizados.

Con todo, en 1988 la coyuntura plebiscitaria se impuso, tanto en los partidos de centro como en los de izquierda, que se hicieron parte de la «Campaña del No» y de una animada y mediática acción publicitaria, que entre otros permitió a la oposición volver a la televisión (la «Franja del No»), la participación de figuras públicas en los medios, una bandera con los colores del arcoíris, y una entusiasta canción que proclamaba: «Chile, la alegría ya viene». Se sucedieron los actos públicos y grandes concentraciones en el centro de Santiago, y un masivo acto de cierre de campaña en lo que hoy se conoce como la Autopista Central 5 Sur, en la que concurrieron más de un millón de personas. De alguna manera, la coyuntura plebiscitaria permitió que se realizara el cambio que propusieron los dirigentes demócrata cristianos en 1987, de transformar la movilización social, en movilización electoral 57.

El triunfo de la opción «No», en octubre de 1988, representó una ruptura ciudadana con la dictadura. Al día siguiente de la victoria, las calles se inundaron de personas alegres y festivas que celebraban como propio el triunfo en las urnas. No obstante, «la alegría», pasajera en tales circunstancias, tendería a diluirse en los años siguientes. Era evidente que el triunfo en el plebiscito abría las puertas al proceso de «transición a la democracia». Sin embargo, el itinerario constitucional de Pinochet le aseguraba permanecer aún un año más en el poder. La elección de un nuevo presidente sólo podría realizarse a fines de 1989, y el que resultara electo ingresaría a La Moneda en marzo de 1990. Este «año de gracia» para el dictador le permitió introducir una serie de cambios institucionales, conocidas como las «leyes de amarre», que buscaban preservar un modelo de democracia restringida (o semisoberana) 58 y las principales orientaciones neoliberales en la economía, debidamente garantizadas por el Estado.

La transición a la democracia y los movimientos sociales

La transición siguió un camino político institucional en el que los partidos políticos jugarían el papel principal, y los movimientos sociales, que se habían constituido en los años ochenta, roles francamente secundarios. Esta opción de los políticos de profesión en Chile representó un modo de concebir las relaciones entre lo social y lo político como relaciones de subordinación de los actores sociales a los actores políticos que retornaban al Estado. La tarea de «la política», se pensaba o se sostenía, era la tarea de los partidos. ¿Existía otra opción? Probablemente sí, pero de más difícil tránsito y concreción: concebir la transición como un proceso de democratización del Estado y la sociedad que reconociera a las organizaciones sociales como actores fundamentales del cambio. Los partidos políticos, en esta opción, tendrían que haberse puesto al servicio de las demandas y dinámicas de las organizaciones y los movimientos sociales. Pesó más la tradición, que más de un analista celebró, y vio como la condición de éxito de la transición el mayor protagonismo de los partidos «con las organizaciones sociales a su sombra» 59.

En el mediano plazo, esta opción produciría una suerte de desacoplamiento entre lo social y político en el que los políticos de profesión ganaron en protagonismo y autonomía, pero al precio de vaciar de contenidos a la política y de tomar distancia de los movimientos sociales, y más ampliamente de la sociedad civil de raíz popular. Un segundo efecto de este proceso fue la progresiva despolitización de la sociedad cuando, por una parte, la política tendió a ser monopolizada por el Estado y los partidos políticos, y por otra, la expansión del mercado y el acceso al consumo de bienes modificó las prácticas, aspiraciones y valores de importantes grupos sociales, incluidos los más pobres.

Luego del triunfo del No en el Plebiscito de 1988, se abrieron algunos canales de interlocución entre representantes de la dictadura y los dirigentes de la Concertación, que permitieron, durante 1989, la realización de un nuevo plebiscito que permitió hacer reformas a la Constitución en algunos de sus artículos más conservadores, sin modificar la estructura y el sentido autoritario de la Constitución de 1980.

Aylwin fue elegido presidente en diciembre de 1989 y la transmisión del mando se produjo en marzo de 1990. La nueva administración se caracterizó por poner el acento –con límites por cierto– en establecer una «verdad oficial» sobre la violación de los derechos humanos, para lo cual se creó una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que preparó un informe, conocido como el Informe Rettig, que fue hecho público en febrero de 1991 60. Por otra parte, se puso también énfasis en la idea de «pagar la deuda social» para con los más pobres, para lo cual se creó una diversidad de nuevas dependencias estatales, entre ellas el Fondo de Solidaridad Social (FOSIS), el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el Instituto Nacional de la Juventud (INJ) y, hacia fines del gobierno Aylwin, la Corporación Nacional Indígena (CONADI). Las nuevas orientaciones sociales del Estado buscaban enfrentar agudos problemas sociales y en particular la pobreza, heredada de la dictadura. Si bien en el mediano plazo alcanzaron algunos logros significativos, se hicieron con evidente prescindencia de importantes actores de la sociedad civil (por ejemplo las ONG históricas fueron débilmente convocadas), pero también de los propios actores y movimientos sociales. El primer gobierno de la transición y los que le siguieron se movieron en realidad en una doble dirección: atender desde el Estado algunos problemas sociales relevantes, sobre todo en lo relativo a la extrema pobreza, y dar continuidad a las políticas neoliberales, de tal modo de no modificar los denominados «indicadores macroeconómicos», y en particular no afectar la creciente inversión extranjera, que alcanzó niveles inimaginables en otras etapas de la historia de Chile (en sus mejores momentos, al 30% del PIB). A este modelo se le dominó eufemísticamente «crecimiento con equidad», que afianzó el crecimiento económico, pero sin equidad, ya que si bien los pobres mejoraron su posición en la economía, la desigualdad se ha mantenido constante hasta nuestros días.

Este proceso de cambios, que no provocaba cambios fundamentales en la economía, fue acompañado de un proceso político que buscaba permanentemente la aprobación y el acuerdo con la derecha política. Se le denominó «democracia de los acuerdos». En este contexto, la Constitución pinochetista fue reformada sucesivamente, pero sin afectar sus núcleos antidemocráticos fundamentales (por ejemplo el sistema binominal 61 y los altos quórums para modificar las leyes orgánicas, como la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), la de las Fuerzas Armadas y la del Tribunal Constitucional, entre otras).

En relación a los movimientos sociales, desde que se cerró el ciclo de las protestas y la movilización social, la situación se volvió más incierta, y mientras algunos lograban algún tipo de autoafirmación corporativa o abrían interlocución con el Estado, otros parecían esfumarse en la penumbra. En el caso del sindicalismo, en 1988 se refundó la CUT con matices (por ejemplo, no sería Central Única, sino Central Unitaria), y convivieron en ella dos tipos de orientaciones, una más centrada en su autoafirmación orgánica, y otra que buscaba mayor influencia en los dilemas de la política nacional. En este contexto, en 1990, se firmó un Acuerdo Marco entre la CUT y la CPC (Confederación de la Producción y el Comercio). El Acuerdo Marco resultó más beneficioso para el empresariado en el sentido del respeto de la propiedad privada y el libre mercado, sin encarar la demanda fundamental de los trabajadores la reforma a las leyes laborales dictadas en la dictadura. En la CUT, la dependencia de los partidos políticos se profundizó en los años de la transición, amén de que los cambios en el modelo de desarrollo implicaron una acentuada desindustrialización que modificó a la clase obrera, lo que sumado al Plan Laboral de 1978, hicieron que la CUT no alcanzara el protagonismo de la etapa anterior al golpe.

La situación de los pobladores se volvió aún más compleja, ya que si bien los sindicalistas podían interactuar con los dirigentes políticos, a los pobladores no se les reconocía ninguna forma de representación sectorial. Como indicó un dirigente poblacional a fines de 1989: «Nosotros estamos tratando hace mucho tiempo de tener interlocución con la Concertación, y no nos reciben nomás» 62. Por otra parte, las iniciativas de los pobladores tendieron a centrarse en la democratización de las juntas de vecinos y en las demandas de vivienda. Sin embargo, cuando la demanda por la vivienda buscó recrear la vieja estrategia de «toma de sitios», el gobierno los reprimió y demandó a los pobladores que siguieran los cursos institucionales para la obtención de vivienda. Pero el problema no se reducía solo a la prescindencia de los pobladores en las propuestas políticas de la Concertación, sino que también a las propias debilidades del movimiento poblacional. En efecto, tanto los partidos políticos con mayor base popular como las ONG y las propias organizaciones poblacionales, encontraron grandes dificultades para traducir las experiencias acumuladas en dictadura en propuestas políticas para la futura democracia. Como se discutió en los talleres de ECO de 1989, para los pobladores no resultaba posible resolver, en esta etapa, el «problema estratégico» 63 como movimiento social, es decir, el contar con un «conjunto de objetivos mínimos que guíe y asegure el desarrollo integral de sus potencialidades y la plena satisfacción de sus necesidades».

Los pobladores no alcanzaron a redefinir colectivamente su relación con el Estado como un movimiento social orientado a ejercer su soberanía en sus propios territorios, democratizando, además, el ejercicio de los gobiernos locales. En cierto modo, el problema estratégico para los pobladores fue entonces de una doble naturaleza: por una parte, debían reforzar sus propias capacidades de acción territorial y de aprendizajes durante la dictadura, pero, por otra parte, debían redefinir sus relaciones con el Estado, que ya no era el viejo Estado con responsabilidad social (el de antes del golpe de Estado), sino un «Estado subsidiario» (como lo consagró la Constitución de 1980) con escasa capacidad para establecer una interlocución eficiente y favorable por parte de los pobladores.

Sin embargo, tomar posición frente al Estado era una tarea ineludible como un componente de sus estrategias de cambio social, bajo las nuevas condiciones que generaba la transición a la democracia. Es verdad que ésta era una tarea compleja, ya que las luchas en dictadura fueron en contra del Estado y la nueva «situación estatal» en la transición no era la anhelada ni por los pobladores ni por los partidos de la oposición, lo que hacía más difícil imaginar los modos en que se podía incidir sobre el Estado. Sin embargo, ello no implicaba necesariamente que no se hubiese podido reanudar la marcha para producir cambios en la salud, la educación, las políticas de vivienda o el ejercicio del gobierno local, democratizando los municipios.

En rigor, con todo, tanto para los pobladores como para el conjunto de los movimientos sociales la democratización del Estado suponía un proceso constituyente que hiciera posible elaborar y promulgar una nueva Constitución Política del Estado que reemplazara la heredada de la dictadura. Ello, sin lugar a dudas, hubiese favorecido una redefinición colectiva de las relaciones de los movimientos sociales con el Estado. De este modo, el «proceso constituyente» sigue siendo, hasta ahora, la mayor deuda política de la recuperación de la democracia en Chile para con su propio pueblo.

18 Para el caso del movimiento obrero, ver: Peter Winn. Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo. Santiago: LOM ediciones, 2004.

19 Peter Kornbluh. Pinochet: Los archivos secretos. Barcelona, Editorial Crítica, 2004.

20 Como indicó el Comité para la Paz en Chile, «Después de las pocas horas en que se terminó con todo foco de resistencia armada al nuevo gobierno, se continuó deteniendo a miles de personas que eran sometidas al tratamiento de prisioneros de guerra. Chile vivía una situación similar a la de un país ocupado. Patrullas militares recorrían las calles, imperaba el toque de queda y las garantías individuales estaban suspendidas». Comité de Cooperación para la Paz en Chile. Crónica de dos años de labor solidaria. Santiago, 1975, p. 4.

21 Tal fue el caso de la Población La Legua, en que vuelos rasantes de aviones sobrevolaron la población, de manera previa a un allanamiento masivo el domingo 16 de septiembre de 1973. Mayores antecedentes en: Mario Garcés y Sebastián Leiva. El golpe en La Legua. Los caminos de la historia y la memoria. Santiago, LOM ediciones, 2002, p. 100.

22 Hasta ahora resulta difícil estimar bien el número de detenidos. Por ejemplo, la Comisión Valech consideró, solo para el período septiembre-diciembre de 1973, un total de 22.824 detenciones. Ver: Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, p. 206. Por su parte, Steve Stern estima que hacia 1976 se había documentado, según datos oficiales y de la Vicaría de la Solidaridad, la detención de unas 82 mil personas. El número total de detenidos, estima este mismo autor, fue entre 150 mil y 200 mil para todo el período de la dictadura. Ver: Steve Stern, Recordando el Chile de Pinochet. En víspera de Londres 1998. Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, p. 24.

23 Manuel Bastías, Sociedad civil en dictadura. Relaciones transnacionales, organizaciones y socialización política en Chile, Santiago, Ed. Universidad Alberto Hurtado, 2013, p. 56.

24 Ibidem, p. 57.

25 Ibidem, p. 59.

26 De acuerdo con el historiador norteamericano Steven Stern: «La represión en el Chile de Pinochet fue a gran escala y su implementación tuvo distintos niveles. En un país de sólo 10 millones de personas en 1973, los casos probados de muerte o desaparición por agentes del Estado ascienden a unos 3.000, las víctimas de tortura llegan a decenas de miles, los arrestos políticos documentados exceden los 82.000 y el flujo de exiliados alcanza unos 200.000. Se trata de las estimaciones más bajas posibles. Aun utilizando una metodología conservadora, una cifra razonable para los muertos y desaparecidos por los agentes del Estado oscila entre 3.500 y 4.500, y para las detenciones políticas, entre 150.000 y 200.000. algunos cálculos creíbles sobre tortura sobrepasan los 100.000 y sobre exiliados alcanzan los 400.000». Ver en Steven Stern, Recordando el Chile de Pinochet en vísperas de Londres 1998, Santiago, Ed. Universidad Diego Portales, p. 24.

27 José Bravo. De Carranco a Carrán. Las tomas que cambiaron la historia. Santiago, LOM ediciones, 2012. pp. 151 y ss.

28 Garcés y Leiva, El golpe en La Legua. op. cit., pp. 37 y ss.

29 Falta hacer una historia de las diversas respuestas populares al golpe, que han comenzado a emerger en algunas Memorias. Veáse por ejemplo, Manuel Paiva, Rastros de mi pueblo. Santiago, Ediciones Quimantú, 2005; Guillermo Rodríguez, De la Brigada secundaria al Cordón Cerrillos. Santiago, Ediciones Universidad Bolivariana, 2007; José Bravo, De Carranco a Carrán. Las tomas de cambiaron la historia. Santiago, LOM ediciones, 2012. Ignacio Vidaurrázaga. Martes once la primera resistencia. Santiago, LOM ediciones, 2013

30 Ese rumor estaba por cierto muy lejos de la realidad. Concretamente, en el caso de Concepción, que eventualmente podría haber generado mayor resistencia, la situación se volvió muy pronto paralizante, cuando sectores de la izquierda, reunidos en la zona del carbón estimaron inviable una acción de resistencia, habida cuenta de la superioridad militar de las Fuerzas Armadas en la región. El golfo de Arauco podía ser intervenido en pocas horas por mar, aire y tierra.

31 Conferencia de prensa de Miguel Enríquez. En: Pedro Naranjo et. al., Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. Santiago, LOM ediciones, 2004, pp. 271 y ss.

32 Magdalena Garcés. «Terrorismo de Estado en Chile: la campaña de exterminio de la DINA en contra del MIR». Tesis de doctorado Universidad de Salamanca, España, 2016.

33 Arnoldo Camu, jefe del aparato militar del PS, quien organizó la resistencia en La Legua y SUMAR, fue ejecutado el 24 de septiembre de 1973.

34 Steve Stern, Recordando el Chile de Pinochet. En víspera de Londres 1998. Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales, 2009, p. 21.

35 Ibidem, p. 22.

36 El Comité para la Paz en Chile se fundó el 6 de octubre de 1973, luego de que diversas Iglesias –católica, metodista, evangélica luterana, metodista pentecostal y la comunidad israelita– decidieran trabajar en conjunto frente a la emergencia que representó la masiva violación de los derechos humanos en Chile. Comité de Cooperación para la Paz en Chile, Crónica de sus dos años de labor solidaria. Santiago, 1975, p. 5 y ss.

37 Mario Garcés y Nancy Nicholls, Para una historia de los Derechos Humanos en Chile. Historia institucional de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas. FASIC 1975-1991. Santiago, LOM ediciones, 2005, pp. 74 y ss.

38 Augusto Samaniego, «Chile, mirada histórica desde el cambio de gobierno (2014): pueblo mapuche, territorio, autonomía», en: Revista Izquierdas N° 21, octubre de 2014, pp. 20٦-21٧.

39 Ibíd.

40 Vicente Espinoza. «Los pobladores y la política». Documento de Trabajo SUR Profesionales, Nº 27. SUR Profesionales, Santiago, enero 1985, p. 71.

41 Rolando Álvarez. Desde las sombras. Una historia de la clandestinidad comunista (1973-1980). Santiago, LOM ediciones, 2003.

42 Rolando Álvarez. «¿La noche del exilio? Los orígenes de la Rebelión Popular en el Partido Comunista de Chile», en: Verónica Valdivia et al. Su revolución contra nuestra revolución. Izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet (1973-1981). Santiago, LOM ediciones, 2006. pp. 101-152.

43 Entrevista a Augusto Samaniego, realizada el 17 de noviembre de 2015.

44 En círculos miristas, algunos estiman que en Santiago no quedarían sino entre 30 y 50 militantes orgánicos y unos 100 en el nivel nacional, aunque no todos conectados

45 Carlos Sandoval, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. 1980-1986. Coyunturas, documentos y vivencias, Tomo IV. Ed. Santiago, Quimantú, 2014, p. 49 y ss.

46 Gonzalo de la Maza y Mario Garcés. La explosión de las mayorías. Protesta Nacional, 1983-1984. Santiago, Ediciones ECO, 1985. p. 15.

47 Ibidem, p. 16.

48 De la Maza y Garcés. La explosión de las mayorías, op. cit., p. 29.

49 De la Maza y Garcés, op. cit., p. 21.

50 De la Maza y Garcés, op. cit., pp. 120 y 121.

51 Un ejemplo de las distancias entre la protestas y las propuestas es la que se puede observar en el «Acuerdo Nacional», que bajo los auspicios del cardenal Fresno firmaron los partidos de la Alianza Democrática con representantes políticos de la derecha chilena en agosto de 1985. En dicho documento se formulan acuerdos, especialmente políticos, relativos a la democracia procedimental, sin que se cuestione el modelo de desarrollo neoliberal. Por otra parte, en lo relativo a la participación social, se formulan solo de manera genérica sin que se precisen las formas que éstas podrían tomar a partir de los movimientos y organizaciones sociales que luchaban en contra de la dictadura.

52 Edda Gaviola, Eliana Largo y Sandra Palestro. Una historia necesaria. Mujeres en Chile: 1973-1990. Impreso en Santiago, Akí & Aora Ltda. 1994.

53 Gabriel Salazar, La violencia política popular en las «Grandes Alamedas». La violencia en Chile, 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular). Santiago, LOM ediciones, 2006 (segunda edición), p. 295.

54 Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, Nº 1. ECO, Educación y Comunicaciones, enero de 1988 (se puede consultar en el Centro de Documentación de ECO, o en www.ongeco.cl).

55 Bastías, La sociedad civil, p. 227.

56 Diario Fortín Mapocho. Santiago, 28 de abril de 1986, pp. 4-5.

57 En la Junta Nacional de la Democracia Cristiana de 1987, Patricio Alywin fue elegido como presidente del Partido, y al mismo tiempo se consagró como estrategia oficial del partido «la movilización política electoral, privilegiando la campaña por elecciones libres, que en 1988 daría paso a la participación en el plebiscito». Ver: Edgardo Boeninger, Democracia en Chile. Elecciones de gobernabilidad, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1997, p. 333.

58 Expresión acuñada por el cientista político Carlos Huneeus. Ver su reciente trabajo, La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet, Santiago, Ed. Taurus, 2014.

59 Edgardo Boeninger, op. cit., p. 374.

60 El Informe Rettig reconoció en total, entre muertos y desaparecidos, 2.298 víctimas. El trabajo posterior de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, en 1996, sumó 899 nuevas víctimas (776 muertos y 123 desaparecidos), de tal modo que el total de víctimas reconocidas oficialmente por el Estado suma un total de 3.197 víctimas. Ver: Informe sobre calificación de víctimas de violaciones de derechos humanos y de la violencia política. Santiago, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996, p. 576.

61 El sistema binominal fue finalmente modificado parcialmente en 2017.

62 ECO, Taller de análisis, movimiento social y coyuntura N° 5. «los Límites de la transición y los desafíos de la democratización desde la base», Santiago, noviembre 1989, p. 20.

63 Ibidem, p. 31.

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