Historia A cargo de esta colección: Julio Pinto Vallejos

© LOM Ediciones Primera edición, agosto de 2019 Impreso en 1000 ejemplares ISBN impreso: 9789560010704 ISBN digital: 9789560013460 RPI: 305.249 Las publicaciones del área de Ciencias Sociales y Humanas de LOM ediciones han sido sometidas a referato externo. Fotografía de portada: trabajadores campesinos 1930 Fotografías de portadillas: memoria chilena Diagramación, diseño y correcciones LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56-2) 2860 68 00 lom@lom.cl | www.lom.cl Tipografía: Karmina Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta Normal Impreso en Santiago de Chile

A nuestros antepasados: las y los campesinos chilenos y pueblo mapuche. A Dafne y Julieta. A las pequeñas Ema y Eloísa y al pequeño Roque.

Agradecimientos

Agradezco la oportunidad que me brindó el Programa de Investigación ARCIS N°804 para iniciar esta investigación, la que pudo ser continuada y profundizada gracias al apoyo del proyecto de Investigación Fondecyt N°1110285.

Agradezco, asimismo, la valiosa participación en esta investigación de los siguientes colaboradores: al magíster en Historia Nicolás Acevedo y a los profesores de Historia y Ciencias Sociales Renzo Henríquez, Luis Berger y Néstor Espinoza, quienes, a través de su trabajo en el levantamiento de documentación y de sus artículos, libro y tesis, han contribuido notablemente a ampliar y profundizar importantes temáticas relativas al tema en estudio. Asimismo, agradezco a las profesoras y licenciadas en Historia Pilar Santander, Daniela Luque, Daniela Baeza y al sociólogo Felipe Hernández, quienes trabajaron en distintos momentos en el levantamiento de la documentación. Agradezco también a Julieta Gho, cuyo apoyo fue indispensable para el buen desarrollo administrativo de los dos proyectos de investigación, realizando, un acucioso trabajo de seguimiento de prensa para la confección de numerosos cuadros que nos sirvieron de soporte al estudio, algunos de los cuales anexamos. Mis agradecimientos especiales a la doctora en Literatura Ana Lea Plaza, por sus gratas conversaciones y asesoría literaria y su apoyo documental desde la capital.

Estoy muy agradecida también del personal de la Biblioteca Nacional y del Archivo del Siglo XX por su atento y diligente servicio en las diferentes secciones en que trabajamos levantando la documentación requerida: Sala de Periódicos, Sala de Investigadores, Hemeroteca y Archivo.

Finalmente, quiero agradecer al Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Austral de Chile por brindar el mejor apoyo logístico, humano y académico para la realización de este estudio histórico. Deseo agradecer especialmente al director del Instituto, Fabián Almonacid, por su apoyo constante y por haberme facilitado relevante documentación para esta investigación; al secretario académico Tolentino Espíndola, por su apoyo diligente e indispensable; asimismo, a la pro-decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Karen Alfaro; al director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales del Instituto, Robinson Silva, y a los colegas Max Cortés y Yerko Monje, por las conversaciones y el nutrido intercambio de ideas sobre los problemas que surgen de esta y otras investigaciones que giran en torno a nuestro común interés por la comprensión histórica de nuestra sociedad.

Retrato de familia junto a su rancho en Olmué / Fuente: memoria chilena

Madre Tierra

Glosa Siendo la tierra la madre De toda la humanidá Hay gente desheredá Sin un perro que le ladre; Y no es por hacer alarde, Es que para mi entender Nuestra tierra debe ser Para hacerla producir Y así con gusto decir Oh, qué bonito es tener. ··· Hoy la tierra está atrapada por un grupo de hacendados que todo han acaparado sin dejarnos della nada; es una grande bandada de cuervos que mantener ellos tienen el poder y nos tienen aplastados no saben lo que es arado y sembrar para comer.

Miguel Luis Castañeda¹

¹ Diego Muñoz (selección), Poesía Popular Chilena, Santiago, Editorial Quimantú, 1972, pp. 107-108.

Introducción

El Amo no es el hombre verdadero, no es sino una etapa. Es aún un obstáculo, no será jamás «satisfecho» (befriedigt) por el reconocimiento, pues sólo esclavos lo reconocen. Es el esclavo quien devendrá hombre histórico, hombre verdadero (…)². Hegel-Kojève

Atardecía en la primavera de 1940 en Chimbarongo, pueblo rural del valle de Colchagua, regado por el río Tinguiririca. A pesar de haber consumido ya la jornada de trabajo de ese día viernes 8 de noviembre, Luis Zelada se subió a una camioneta de la Oficina de Caminos de ese pueblo, acompañado de Miguel Ángel y Pedro Céspedes, dirigentes sindicales de la CTCH de San Fernando y de un campesino guía, con el fin de asistir a una reunión con los trabajadores agrícolas del Fundo Santa Isabel. Inquilinos y voluntarios de ese fundo habían solicitado su asesoría como inspector del Trabajo de San Fernando para la correcta y legal presentación de un Pliego de Peticiones (P/p) al patrón Julián Aguirre, propietario del predio. Esa tarde de viernes se juntarían en la casa de uno de ellos, ubicada al interior del mismo fundo, para elaborar un petitorio.

Eran las 20 horas cuando el chofer de la camioneta tomó la ruta hacia el este que conducía a su destino, observando los fundos colindantes que se sucedían: Mariposa, Santa Eugenia, La Carlina, San Antonio… En el trayecto, el grupo de la camioneta se cruzó con un huaso a caballo, al que el trabajador que les guiaba identificó como el hijo del patrón, Román Aguirre. Se detuvieron al llegar a la falda de un cerro que impedía a la camioneta seguir avanzando. Ahí la dejaron en espera, custodiada por su chofer, mientras Zelada y sus acompañantes siguieron a pie hasta alcanzar la casa del trabajador «voluntario» José Manuel Araya, donde les esperaban para efectuar la reunión. Ya eran las 9 de la noche cuando llegaron y de inmediato se levantó acta legal de la reunión que congregaba a 28 inquilinos y voluntarios, estampando en un pliego su demanda de aumento de jornales y mejoramiento de sus condiciones de vida, verificando Zelada que dicho acto hubiese cumplido con el protocolo exigido por la ley. Pasadas las 11 de la noche terminó la reunión, caminando el inspector y acompañantes durante veinte minutos a pie y a oscuras de regreso hacia la camioneta, portando las copias del acta y Pliego bajo el brazo, las que debía presentar el día lunes a la Junta de Conciliación de San Fernando.

En el trayecto de regreso, el chofer Aravena les relató que, mientras les esperaba, se le había acercado aquel huaso a caballo con quien se habían cruzado en el camino. «–¿De quién es el bicho que maneja?», le había preguntado. «–Buenas tardes. Este vehículo pertenece a la Oficina de Caminos de San Fernando y está siendo ocupado ahora por uno de los jefes de la Inspección del Trabajo y dirigentes sindicales, que tienen una reunión con el personal del fundo», había respondido Aravena.

En plena noche la camioneta avanzó de regreso, camino abajo… de pronto topó con un portón cerrado con candado que les impedía continuar. Se bajaron. Llamaron por los alrededores y golpearon la puerta de una casa cercana, de la que salió una voz informándoles «que los patrones habían salido llevándose la llave y que regresarían posiblemente en una hora más». Así, no les quedó más que esperar…

Pasada la medianoche, vieron acercarse unos bultos con linterna llegados en un automóvil. Zelada se bajó rápidamente con el fin de identificarse reparando, con abierta sorpresa, que se trataba de varios carabineros armados, encabezados por el hijo del patrón, Román Aguirre. Ante esta oscura escena, el inspector pudo darse cuenta de que el cierre de la puerta no había sido «un acto casual, sino un acto premeditado, una especie de secuestro, para lograr entregarnos a Carabineros en calidad de sospechosos, violadores de la propiedad privada». Considerando que lo que sucedía constituía un «flagrante atropello» a su dignidad funcionaria, máxime cuando se hallaba allí en «un acto de servicio», Zelada increpó a Aguirre, quien, a su vez, enrostró a Zelada el hecho de haber «entrado sin permiso al fundo, al cual podía impedirse la entrada de personas extrañas, y que venía a hacer política». Ante esta acusación, el inspector Zelada aclaró al patroncito que él no estaba obligado a pedir permiso para transitar en un camino abierto que colindaba con el fundo «Santa Isabel», y que él no era un «extraño», sino un funcionario del Trabajo en servicio que no había venido a su fundo, sino a la casa del voluntario José Manuel Araya, donde se había efectuado reunión, no con fines políticos, sino para la presentación de un Pliego de Peticiones (P/p) «por las vías legales, evitando así una huelga ilegal o cualquier acto que viniera a entorpecer las labores del fundo».

Uno de los carabineros armados, vestido de paisano, dijo a Zelada que concurriera a la tenencia de Chimbarongo a explicar al teniente Renom lo ocurrido. Subieron a la camioneta los cuatro carabineros armados, llegando los dos vehículos a la tenencia avanzada la madrugada, donde Zelada conversó con el teniente Renom, quien se hallaba enfermo. Este le dijo al inspector que había acudido Aguirre allí «en demanda de auxilio por temer algún asalto de unos desconocidos que se hallaban en su fundo en una camioneta», ante lo cual no había podido sino acceder a su petición de una fuerza policial. El inspector, en presencia de Aguirre, le relató al teniente los motivos de su concurrencia al fundo Santa Isabel, cual era el de la «legalización de un Pliego de Peticiones», apoyo que consideraba necesario «dado el régimen de terror implantado en el fundo por el Sr. Aguirre». Encarando directamente a Aguirre delante del teniente, el inspector lo culpó de querer «tomar represalias en contra de funcionarios del trabajo» y de que su «secuestro» y su traída a la tenencia con carabineros armados no era sino una «venganza» en su contra «por la multa a que se le había condenado en julio pasado por la visitación que se le había hecho no hacía mucho al fundo»; que la reunión que había sostenido con el personal «no podía tener otro origen que el querer sacarlos del estado de miseria y explotación en que se les tenía sumidos».

Eran ya la una veinte de la madrugada cuando todo esto ocurría en la tenencia de Chimbarongo, retirándose finalmente el inspector luego de recibir las excusas del teniente. Esa noche estuvo decidido a pedir de sus superiores una demanda criminal en contra del patrón Aguirre³.

*

He aquí algunos de los principales personajes de una obra que se desarrolló en casi todas las localidades y territorios del cuerpo de Chile, en un momento histórico muy significativo, cuando se dieron especiales condiciones políticas para su escenificación. Se trató, a nuestro juicio, de un momento en que ciertos personeros –gremiales, políticos y/o administrativos– se comprometieron a levantar las bases para una posible «construcción social de la nación»⁴, entendida aquí como la generación de una democracia real a través de la acción de apertura de aquellos enclaves privados que se encontraban cerrados y sustraídos a las leyes del Estado de Derecho nacional. Creemos que estos sujetos comprendieron que la «democracia» consistía tanto en el sufragio libre como en la incorporación de lo «social-privado» a lo «social-público»: una esfera donde todos los ciudadanos debían participar de los beneficios socialmente producidos y de las acciones político-culturales modernas en pos de la construcción histórica de su vida y su comunidad en el seno de la nación. La misión emprendida por estos sujetos tras este objetivo nacional democrático no era fácil de realizar: accionar la apertura legal al Estado de Derecho del campo privativo de los latifundios chilenos y, por consiguiente, generar la democratización de la sociedad campesina que laboraba al interior de dicho enclave a-legal, fue una tarea casi heroica…; fue una lucha que algunos sectores de la época en estudio, a nivel discursivo, asemejaron a los actos y objetivos de la independencia nacional anti colonial, cuya energía emancipadora entraba ahora a la propia intimidad del valle y la montaña del Chile profundo.

Pero no se trata solo de agentes externos al latifundio realizando esta tarea democratizadora. La trama de esta obra y de este estudio alcanza su clímax cuando trabajadores agrícolas comienzan a despertar a la realidad de su humanidad, es decir, de su libertad: a levantar cabeza y mirar de frente, a conocer de sus derechos sociales, a constituirse en cuerpos Sindicatos y a hablar a través de sus Pliegos de Peticiones (P/p) ante el patrón de fundo; es decir, a tomar conciencia de sí. Fueron muchos los trabajadores e inquilinos que arriesgaron su casa, su vida y la de los suyos, como expresión de la politización generada en el seno de las relaciones sociales en el agro chileno que, en esos tiempos de Frente Popular y gobiernos radicales, encontrará un momento político propicio para su manifestación. Se activaba la primera fase de un «movimiento campesino»: cuando los trabajadores, superando su aislamiento, se constituyeron en colectivo en cada fundo, instalando su Texto-Pliego de Peticiones en las oficinas del Trabajo de los pueblos aledaños, saliendo a la luz en la prensa de izquierda, que actúa como caja de resonancia de su movimiento dado en la intimidad de la hacienda. La lucha fue larga, intensa, plena de obstáculos, pero no menos decisiva como momento preparatorio para nuevas fases emancipatorias por venir: «La mayor vinculación con la sociedad nacional de estos campesinos culmina al madurar una conciencia que los capacita para ejercer sus derechos a pesar del riesgo de una confrontación con el grupo dominante. Pero esta capacidad de antagonismo emerge después de una larga lucha, restringida, en sus primeras etapas, a modificar sus condiciones de vida»⁵.

Lejos estamos de plantear que los trabajadores-campesinos de fundos y haciendas experimentaron su despertar-de-conciencia (realizando articulaciones de sus cuerpos y levantando textos demandantes) como fruto de un proceso espontáneo, natural y autónomo. Es como si un árbol, pisoteado y doblegado mil veces, pudiera levantar nuevamente su ramaje si no hubiese quien le diese el soporte, la protección, el espacio y el cuidado para su renovado crecimiento y expansión. Los campesinos chilenos y latinoamericanos, oprimidos ancestralmente por la bota de la conquista colonizadora, necesitaron, para su despertar, quien les acompañase en ese proceso, quien los indujese a levantarse, quien les prestase su propia voz y cuerpo.

Alcanzando las lejanías y atravesando los enclaves social-privados, los partidos de izquierda, algunos funcionarios estatales del Trabajo y los dirigentes sindicales, acuden al llamado denunciante de los campesinos, «visitando» fundos y haciendas, realizando inspecciones y capacitaciones, y apoyando directamente a aquellos trabajadores campesinos que tomarán la delantera en la nueva audacia, como el obrero José Manuel Araya, quien presta su casa para la mencionada reunión vespertina. Los campesinos de fundos y haciendas, en esta hora histórica, no están solos. Allí han acudido, en vehículo, a pie y en medio de la noche, la autoridad local del Trabajo y los dirigentes sindicales de la zona. Zelada y los señores Céspedes, portando el texto de la Ley y la solidaridad del cuerpo sindical obrero de la ciudad, se hacen presentes ante el llamado de los trabajadores habitantes del Chile profundo, tierra adentro, caminando hasta el pie de la montaña, cerrando la puerta del rancho por dentro con sus propios cuerpos. Les asiste la profunda convicción de su misión histórica: construir democracia a través del despertar-de-conciencia campesina acerca de su derecho legal a la organización y a la presentación de demandas tendientes a liberarles de su secular sujeción-por-conquista y a mejorar las deplorables condiciones de vida y trabajo en que se hallaban sumidos. Estas autoridades ponen al servicio de esta tarea democratizadora las Oficinas del Trabajo locales, donde comienzan a operar los procedimientos legales que legitiman la demanda social, ofreciendo a los campesinos y patrones los dispositivos legales para su formulación y respuesta. Por su parte, la Central de Trabajadores de Chile (CTCH) y los partidos de izquierda de ese entonces fomentan la solidaridad gremial urbana, mientras ponen al servicio del campesinado la prensa crítica para sus denuncias y la representación parlamentaria para su protección.

En otras palabras, los campesinos, especialmente los que habitaban y trabajaban en fundos y haciendas, estuvieron acompañados en esa hora crucial desde las distintas instancias del «Estado ampliado» (Gramsci): autoridades del Trabajo, partidos de izquierda (PC. y PS.), organizaciones gremiales obreras (CTCH) y parlamentarios de la «bancada de izquierda» actuarán como «intelectuales orgánicos» que realizarán una mediación militante entre los trabajadores agrícolas y las instituciones gubernativas y legislativas, así como a nivel de la sociedad en general. Muchas prácticas abusivas –tanto las relacionadas con las malas condiciones de vida y trabajo, como los actos de usurpación de tierras a pequeños campesinos, colonos e indígenas, así como los desalojos de campesinos habitantes de la hacienda– serán denunciadas por la prensa frentista y de izquierda, la que visibilizará por escrito ante el país y la historia cada uno de los abusos cometidos.

Aún más, los patrones agrarios tendrán que aceptar la intromisión en «su propiedad» y «sus» asuntos de autoridades del Trabajo, las que, a menudo, revisarán las condiciones y la legalidad de sus relaciones contractuales con los trabajadores agrícolas y actuarán de intermediarios en los conflictos suscitados. Asimismo, los patrones tendrán que «sufrir» la constante vigilancia de los parlamentarios de izquierda, que tomarán activa parte en la defensa del campesinado. Estos intelectuales orgánicos harán una intervención ampliada en todos los campos de la realidad y, especialmente, en el ámbito agrario y directamente con el campesinado, con el fin de otorgar la protección legal, política y gremial que permitiese democratizar el enclave social-privado del latifundio, abriendo las compuertas para la manifestación de la demanda campesina, ancestralmente encerrada, oculta, acallada… La función mediadora democratizadora de estos «intelectuales orgánicos» se expresó, en definitiva, en el acto de prestación al campesino de su palabra y de su rostro para el levantamiento del suyo propio. Si bien esta función mediadora democratizadora no será suficiente para remover la ancestral estructura de la dominación patronal, ella permitirá develar claramente esa dominación y, al mismo tiempo, dará luz verde a la expresión del oculto deseo campesino de su emancipación en Chile.

Este estímulo político dado a la demanda campesina, y su respuesta organizativa y movilizadora, nos revelará la presencia histórica de lo que identificamos como una fase de despertar de la conciencia campesina chilena en torno a su dignidad y sus derechos. «Despertar de conciencia» como primera manifestación de su sujeto histórico en tanto acción de aprendizaje democrático y ensayo de su «identidad trabajadora» en el seno de la nación: capaz de identificarse entre sí, de articularse y de reclamar «derechos sociales» ante el rostro de su otro-patrón, a imitación de la clase trabajadora urbana, la que actúa como su «espejo»⁶. Este despertar de conciencia campesina se expresa, por un lado, en sus textos-P/p que inscriben en materia-papel su demanda estampada con la huella de sus manos, sembrando el suelo de Chile con cientos, miles de demandas de mejoramiento campesino como testimonio de la presencia de su conciencia crítica, capaz de arriesgar su vida. Asimismo, dicho despertar-de-conciencia se expresó en la conformación de muchos cuerpos-sindicatos, legalmente constituidos (aunque arbitrariamente impedidos), capaces de generar dirigencia y habla propia, reforzados por los mencionados intelectuales orgánicos y sus apoyos institucionales y políticos.

Textos-P/p y cuerpos-Sindicatos que a borbotones se constituían apenas inaugurado el gobierno del Frente Popular (1939 y años siguientes). Surgían como figuras nuevas que comenzaban a habitar los predios como poderes en busca de su otro-patrón como un igual en tanto «otro», demandándole el reconocimiento de sus derechos, pronunciándolos uno a uno: jornales, horarios, alimentación, casas dignas de su condición humana. Se levantaron de norte a sur, como textos y cuerpos solidificados al atardecer de los predios, exhibiendo al viento el rostro cansado, pronunciando su nombre colectivo («Sindicato de la hacienda X», «Comité de Pliego del fundo X»), firmando con la huella de sus pulgares y estampando los papeles de sus demandas con marcas al rojo lacre que sellaban en el sobre el color de su conciencia nueva. Textos-P/p y Sindicatos que serán capaces de romper con los antiguos hombres fragmentados, herramientas de trabajo silenciosas, manipuladas al antojo de otras manos. Poco a poco iba despertando, desde su autorreconocimiento, una proto-clase campesina chilena, atreviéndose a levantar rostro y a pronunciar palabra.

Este es uno de los nudos de la trama de esta historia: el momento en que, surgiendo las condiciones legales y políticas para una posible refundación democrática de la nación, se logran configurar y densificar conciencias campesinas como cuerpos-pliegos-de-peticiones y como negados cuerpos-sindicatos que aprenden a hablar de sí y a demandar su reconocimiento, arriesgando su vida⁷. Nuestro estudio busca mostrar y acompañar este despertar-de-conciencia campesina que, en este especial momento, toma expresión concreta a través de estas manifestaciones de «autonomía» respecto de la ancestral subordinación patronal.

¿Cuál fue la respuesta que diseñó y accionó la clase patronal agraria ante lo que denominó «agitación en los campos»? Calificando como inapropiada «invasión a su propiedad» el discurso y la práctica organizativa y reivindicativa del mundo obrero por parte del campesinado, la clase patronal agraria se verá obligada a responder, muy a regañadientes, a las demandas puntuales anuales de los trabajadores campesinos (Pliegos de Peticiones), pero se negará terminantemente a reconocer y aceptar la conformación de sindicatos campesinos en sus predios: negación que se expresará en el fuerte sello represivo y antidemocrático con que actuó la clase terrateniente y los propios gobiernos radicales en la época que estudiamos.

¿Por qué este temor y negación patronal del sindicato campesino, una figura legitimada por el derecho nacional e internacional, por la ley laboral y por la sociedad urbana de la época? ¿Por qué el no reconocimiento, la ira destemplada y la violencia con que una mayoría de patrones de fundos actuó sobre aquellos trabajadores que se constituían en sindicato? Es una pregunta que surge a todo lo largo del estudio realizado; pregunta planteada tanto por los testigos de la época como por nosotros mismos.

Desde una perspectiva histórico-dialéctica, quisiéramos plantear que la negativa patronal del sindicato campesino se comprende como su temor a reconocer al campesino como un sujeto-otro libre: con reconocimiento legal, legitimado fuera del ámbito de la propiedad privativa patronal y con capacidad y fuerza para actuar, en un plano de semejante, en el campo-de-poder hacendal, donde el patrón, desde la Conquista, ejerce ancestral y unilateralmente su presión y autoridad. El sindicato campesino era la encarnación de este otro-sujeto-libre que expresaba la negación del orden de «dominación por conquista» que había conferido al latifundista y encomendero un poder social privativo y unilateral, legitimado por el Estado y afincado en la tierra de su dominio. El sindicato-campesino era un «cuerpo extraño» a esta relación de dominación por conquista, que amenazaba el «pacto de subordinación» en los campos chilenos.

Ante esta «amenaza», los patrones como el señorito Román acudirán presurosos a su brazo armado, las policías de los pueblos y localidades, quienes prestarán su cuerpo y sus armas a la protección del patrón de fundo. Acto seguido, acudirán los señores a La Moneda, como el patrón Julián Aguirre, exigiendo decretos prohibitivos, garantías, resguardos y seguridades, todo lo cual el gobierno de turno les concede como remedio a sus pesadillas. Finalmente, el patrón tenderá a reeditar el acto del conquistador colonial: mandará des-alojar al campesino-nativo-americano de la tierra, negando su derecho-de-habitar originario, negando la identidad y dignidad de la familia campesina y de los trabajadores de fundos y haciendas.

La conciencia de clase patronal siente miedo, se siente amenazada por la otra conciencia oprimida despertando, levantándose en medio de la noche… y entabla una fuerte «lucha de (su) clase» a nivel ampliado en pos de la defensa de su interés: a nivel político y gremial, a nivel de los aparatos culturales y legislativo-reglamentarios, mientras actúa, con severa frialdad, negando radicalmente la proto-clase-campesina que labora y habita en sus predios, expulsándola y amenazando su vida y la de los suyos. Los patrones también vivieron, entonces, un momento importante de configuración de su conciencia patronal conquistadora, densificándose en cuerpos refortalecidos, contundentes, aglutinados a nivel nacional, entablando –a nuestro juicio– una abierta lucha de clases/terrateniente que se expresa en aquel acto de negación de su otro-trabajador campesino: negación de su «reconocimiento» (Hegel) como otra conciencia y como un-otro al que le asiste el derecho legal de constituirse como cuerpo-conciencia libre.

En suma, quisiéramos plantear que en la tierra chilena en tiempos del FPCh, se despliega una desigual «lucha de clases terrateniente / lucha por el reconocimiento campesino»: el propietario agrícola se manifiesta como una clase patronal propiamente tal, desencadenando una lucha de su clase contra el otro-cuerpo-conciencia-campesina que pugna, a su vez, por el reconocimiento de su vida y su libertad. Lucha desigual en la que el campesinado, al intentar ejercer su derecho social y legal, debe arriesgar su propia vida y la de los suyos: la clase patronal, al rechazar este ejercicio de derecho y de poder campesino, realiza una negación total y radical del mismo, especialmente en su figura inquilinal, despojándolo de su casa o de su habitar, echándolo a los caminos de la patria con sus mujeres, sus guaguas y sus niños como castigo.

La trama central a exponer intenta permitirnos asistir («historiográficamente») al momento crucial del nacimiento de una relación social consciente en el campo chileno, en la que, como nos enseña Hegel, una conciencia-dependiente-campesina se presenta de cuerpo visible y manifiesto frente a su otro: una conciencia-independiente-patrón con la que entabla una «lucha por el reconocimiento» de su propia condición de conciencia-cuerpo libre y autónomo. El movimiento hacia este reconocimiento comienza cuando «un individuo surge frente a otro individuo», rompiendo la pura certeza de sí, reconociendo al otro y autorreconociéndose a sí mismo en esta otredad. Relación de sí en el otro que es «al comienzo, desiguales y opuestos y su reflexión en la unidad no se ha logrado aún (...): una es la conciencia independiente que tiene por esencia el ser para sí, otra la conciencia dependiente, cuya esencia es la vida o el ser para otro: la primera es el señor, la segunda el siervo». Este reconocimiento de su condición de opresión desde su relación con el otro que le oprime, constituye un desafío que, arriesgando su vida y la de los suyos, gatilla el movimiento de la lucha por su liberación⁸. Arriesgando su vida, sí… pues esta construcción de su conciencia-campesina como-cuerpos-sindicato le costará, casi, la vida: el des-alojo de la «tierra» o la expulsión de la tierra donde Somos.

Es este despertar de conciencia el que ha hecho que los fundos y haciendas chilenas se transformaran en campos de poder, donde se manifestó el ejercicio de fuerzas no solo provenientes desde el «amo» o el grupo propietario-dominante, sino también desde los «esclavos» o los grupos dominados-desposeídos⁹. En última instancia, este campo de poder se manifestó críticamente a través del ejercicio radical y primario del poder-de-habitar¹⁰: en el acto del desalojo patronal, arriesgando su propia vida el trabajador.

El patrón ha sucumbido a su miedo a la transformación del valiente «Roto Chileno» –hecho estatua gloriosa como héroe nacional en el centro de la ciudad capital– en «roto alzado», quien, a su juicio, amenazaba con destruir el orden social agrario. Es a este «roto alzado» el que el patrón desaloja, lanzándole, con guaguas y petacas, a los caminos públicos, arrancándolo de la tierra de sus raíces, infligiéndole nuevamente la herida de la toma de posesión por la fuerza. La negación radical del otro/roto-alzado toma la forma de su des-posesión de la tierrAmérica.

Según el filósofo M. Heidegger, alojar, entendido como «habitar», define el «ser» en tanto «ser-estar» sobre la tierra y bajo el cielo¹¹. Este habitar-ser tiene la doble dimensión: a) del cultivar como criar y cuidar, y b) del construir construcciones, en torno a las cuales se delimita el espacio de nuestro cuadrante vital. Este habitar es, antes que un lugar de trabajo, el lugar de alojamiento, donde nos enraizamos sobre el suelo de nuestras raíces y bajo las estrellas de nuestra noche, en el espacio espaciado por nuestros cultivos y construcciones. Des-alojar o des-habitar es negar al otro el propio ser como habitante sobre la tierra y bajo el cielo. En esto consiste el absolutismo del poder patronal hacendal: no tanto en la propiedad de la tierra en sí, sino que, a nombre de la propiedad de la tierra, en el dominio sobre el ser-del-campesino como mortal que habita la tierra bajo el cielo. Sobre este acto radical, consistente en el poder de negar el ser-habitar del otro, construye la clase patronal hacendal el fundamento de su poder histórico.

Esta política des-alojante en el plano agrario, si bien es una práctica que remite a un comportamiento conquistador-colonial, se vincula, al mismo tiempo, a la «necesidad» del capitalismo agrario en esa hora histórica de hacer ajustes para la maximización de su beneficio, lo que se expresará en un fenómeno de des-inquilinización que buscó liberar la tierra de regalía y/o de mediería para los fines económicos del capitalismo agrario, fundándose en una proletarización ampliada de la mano de obra. El capitalismo agrario de ese etapa exigía, en reemplazo del inquilino –que ocupaba tierra para su subsistencia familiar y para trabajo en mediería–, fuerza de trabajo proletaria, asalariada, sustentada con la ración de galleta y poroto, sin regalía de tierra. El inquilinaje había actuado históricamente como un «capital de reserva», el que ahora busca ser re-apropiado, generando una nueva acumulación de capital para el propietario, proceso de des-inquilinización económica que se realizó como despojo violento y des-alojante, es decir, como un castigo político: como un golpe de fuerza conquistador-neocolonial lanzado sobre los cuerpos campesinos como castigo por «insubordinación», aprovechando de reforzar, de este modo, el autoritarismo de clase-neoconquistadora-patronal como fin último.

En la negación a su otro-conciencia campesina, la clase patronal se niega simultáneamente a sí misma como autoconciencia libre, evolucionada, abierta al saber de sí misma reconocida por otro-libre, quedándose anquilosada en su miedo y su autoritarismo de conquistador: dependiente del otro-trabajador, debiendo parapetarse tras nuevas fortalezas y castillos, mostrándose empequeñecida tras sus fosas y puentes levadizos, sentada en los tronos parlamentarios de su reconquista, encerrada ante la faz de la historia… La negativa de la clase patronal a «reconocer» al campesinado como conciencia libre en la plenitud de su derecho impidió que esta lucha diera paso a una relación de personas o autoconciencias libres, bloqueando el positivo fluir de la historia de todos.

Aún más, a nivel de la sociedad-país, la clase terrateniente-conquistadora apuntó a des-alojar de la ciudadanía a aquellos intelectuales orgánicos que calificó como «agitadores», degradando la democracia y la nación. Respuesta re-conquistadora des-alojante –tomando a la nación como fundo propio– que tendió a afianzar y a consolidar el poder de la «clase-terrateniente-chilena», que asumió un rostro autoritario y antidemocrático.

Pero la acción de negación de la clase terrateniente no logra eliminar el «reconocimiento» que hace un segmento ampliado de la sociedad histórica chilena de la clase campesina como un cuerpo-oprimido. Este «reconocimiento social» generará una lucha política e ideológica ampliada en el seno de la clase política y en la sociedad chilena del momento, la que, a través de la denuncia de la opresión del campesinado y de la defensa del mismo, hace surgir fuertes voces que prestan su habla y su cuerpo al campesinado impedido de conformar el suyo propio. Esta acción de «reconocimiento social» del derecho de los trabajadores agrícolas como clase campesina oprimida, si bien no logró que esta consolidara la formación de su cuerpo/clase (sindicatos), le permitió sacar a la luz su demanda a través de cartas, documentos, prensa y, especialmente, por medio de sus textos-Pliegos de Peticiones que, sin duda, constituyeron claras y contundentes manifestaciones del despertar de su conciencia libre y de un movimiento campesino en ciernes, y contribuyeron decididamente a presionar y a mejorar las precarias condiciones de vida y trabajo en los campos.

La historia nos muestra que las acciones en pro del reforzamiento del autoritarismo conquistador-colonial-terrateniente de la década de 1940, serán bastante efectivas para resguardar el ejercicio del poder patronal a nivel del campo y la ciudad en la coyuntura. Sin embargo, dicho reforzamiento autoritario no logrará suprimir, a pesar de la represión, la energía de resistencia social que se ha liberado, emanando de una conciencia ya más libre de los trabajadores-campesinos y de la sociedad en general, alimentando el movimiento histórico de las contradicciones y de los cambios por venir. Porque efectivamente «la conciencia humana (…) pasa a ser una variable importante que influye en el proceso de cambio»¹².

Así, si bien esta «lucha por el reconocimiento» no alcanzará a realizar la emancipación real del trabajador-campesino chileno, sufriendo la represión y el desalojo del otro/señor ante la seudoimpavidez del Ejecutivo, esta lucha representa un momento histórico de despertar de su conciencia libre y, simultáneamente, de maduración de la conciencia crítica de la sociedad chilena en su conjunto, haciendo suya la certidumbre de que la opresión social del campesinado afectaba el todo de la estructura social chilena, conciencia de la opresión socialmente liberada que fue arando la tierra para los movimientos transformadores por venir.

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¿Cuál fue la orientación y la política de los gobiernos de la época respecto de la cuestión campesina?

Para contestar esta pregunta nos ha interesado estudiar la trayectoria de un proceso de veinte años (1927-1947) reconociendo varios momentos históricos dados principalmente por los distintos proyectos políticos y gobiernos de la época: el del general Ibáñez, del derechista Alessandri y de los tres presidentes radicales (Pedro Aguirre, Juan A. Ríos y Gabriel González), visualizando cómo, desde distinta óptica, se genera una relativa unidad de política hacia el campesinado, articulada principalmente en torno a una postura antisindicalización campesina que pusiera atajo al movimiento orgánico que entonces se levantaba con ímpetu en los campos chilenos. A nivel de todos estos gobiernos existía, sin embargo, un consenso en torno a la necesidad de modernizar contractualmente las relaciones sociales de producción en el agro, así como de mejorar las condiciones de salario y vida de los trabajadores-campesinos.

Simultáneamente a la «lucha de clases des-igual» que se desencadena en el territorio agrario chileno, esta obra escenifica al Estado chileno de la época como un sujeto activo, tomando iniciativas políticas de reforma en pos de prevenir, paliar, provocar e incluso solucionar algunas de las más graves tensiones que se desataban en el agro, pre y postcrisis de 1930. Carlos Ibáñez constituye, sin duda, la figura clave de una voluntad de poder como Estado-de-Reforma que será decisiva en el ámbito agrario, trazando un camino por el que los gobiernos y la sociedad de su tiempo necesariamente hubieron de transitar. El Código del Trabajo, la Ley de Colonización Agrícola, la Ley de Propiedad Austral y la Ley de División de Comunidades Indígenas constituyeron las cuatro patas de una mesa donde la voluntad-de poder-Ibáñez dibujó y diseñó un determinado camino legislativo en materia agraria que impactó sobre las relaciones sociales del trabajo patronal-campesinas, como también intervino en la distribución de la tierra fiscal y en la reestructuración de la tierra mapuche en el sur de Chile.

Los gobiernos que siguieron heredaron este diseño ya trazado, intentando, especialmente Pedro Aguirre y sus gabinetes ministeriales, dar un giro social y societario a algunas de estas leyes que, sin tocar las relaciones sociales de producción y de poder dadas al interior de fundos y haciendas, actuasen por fuera de ellas y fuesen en beneficio de campesinos desalojados y cesantes, de pequeños campesinos atrapados en el circuito patronal de las deudas y de comunidades mapuche empobrecidas; giro a menudo interceptado por la derecha parlamentaria, siempre alerta para obstaculizar cualquier reforma que amenazara vulnerar sus intereses de clase.

Debiéramos plantear, al respecto, que el período que abarca nuestro estudio se sitúa sobre un trecho histórico donde se puede apreciar una amplia intervención del Estado sobre el sistema agrario chileno, concebido como un campo estratégico tanto para la sobrevivencia alimentaria de la nación chilena como para el resguardo de un ampliamente cuestionado orden social que requiere de la intervención disciplinaria del Estado.

Respecto de la discutida cuestión campesina de la época, los tres «gobiernos de concertación radical/izquierda» (Frente Popular chileno, Frente Nacional Democrático y Frente Democrático) que asumen el ejecutivo en el momento del «despertar campesino» (1938-1941-1946), dejan funcionar algunos mecanismos reivindicativos y vuelven operativos los modernos aparatos estatales conciliatorios de conflictos en el agro: dieron, en los hechos, luz verde a los Pliegos de Peticiones campesinos, reconociendo su legalidad al activar, a lo largo de todo el país, los aparatos estatales del trabajo para mediar en dichos «conflictos» y demandas. Sin embargo, dichos gobiernos de presidentes radicales, siguiendo los lineamientos del previo gobierno derechista Alessandri, simultánea y contradictoriamente apoyaron irrestrictamente la negación patronal a la formación de sindicatos campesinos de acuerdo al mandato del Código del Trabajo, alineándose con la «lucha-de-clases/política» que entonces protagoniza la clase terrateniente, profundizando la des-igualdad de la lucha de estas autoconciencias (patrones-trabajadores agrícolas). Se establece, así, una alianza estratégica entre patrones y gobiernos radicales, con el fin de reconquistar el orden social dicotómico y vertical en los campos, alianza estratégica que impuso la voluntad política de clase-conquistadora-patronal por sobre la Ley, como una impune modalidad de gobierno de clase. De este modo, el Estado republicano de la hora, que había realizado recientemente (fines del siglo XIX) la reconquista de la tierra sur-mapuche, volverá a reconocer la tierra para la clase-colonial-conquistadora en el rostro de los terratenientes chilenos, los que no son sino el mismo y propio Estado-conquistador.

No obstante, estos gobiernos saben que la estructura agraria constituía uno de los nudos más críticos del atraso en el desarrollo y la modernización social, cultural y política del país. Ante esto, dichos gobiernos tienden a actuar siguiendo algunas rutas alternativas, actuando por fuera del régimen de propiedad de la tierra y de las relaciones sociales laborales en el campo, dejando intocado el régimen de autoridad patronal, ante cuyo poder neo-conquistador-colonial-terrateniente terminan por sacrificar, incluso, la débil democracia política chilena. Los gobiernos radicales sucumbieron ante la debilidad y enfermedad de sus cuerpos y de la historia herida, inmolando finalmente González la democracia en el altar de la conquista y «chuteando» las reformas para alimento nutricio del ideario de los movimientos reformistas y revolucionarios del próximo futuro.

En suma, deseamos plantear que el fuerte proceso de politización que se desencadena en el seno del campo chileno en el período en estudio, desató un fenómeno de despertar-de-conciencia (intenso y frágil al mismo tiempo), e incluso de rebeldía (oculta y/o manifiesta) entre el campesinado de fundos y haciendas, que se tradujo en un proceso de toma de conciencia respecto de la dominación conquistadora/colonial patronal hacendal; fenómeno de despertar que la clase terrateniente chilena percibe como una rebelión y ruptura del «pacto de subordinación por Conquista». Ante esta evidencia, la clase terrateniente reaccionó severa y «efectivamente»: a través del uso y abuso de su poder de dominación neo-conquistador-colonial, con el apoyo de los aparatos policiales y judiciales del Estado republicano y, aprovechando la opción del gobierno de los radicales por el «orden social», la clase terrateniente atacó frontalmente la organización sindical campesina y, por ende, su posibilidad de autonomización (ideológica, mental, política), generatriz de sujeto, de clase y autoconciencia libre, negando al mismo tiempo su posibilidad de avanzar hacia su propia autoconciencia patronal, reconocida no por su conquista-opresora, sino por su sujeto-democrático, renovando y reforzando el ancestral autoritarismo conquistador/colonial terrateniente en el campo, volviendo a instalar dicho autoritarismo-conquistador en los fundamentos mismos de la sociedad chilena, en pleno siglo XX.

Lo que está en juego tanto al interior del régimen de haciendas y del territorio campesino y mapuche como, en general, a nivel del sistema político, social y económico chileno en su conjunto, es un doble e interrelacionado fenómeno de presión por la transformación de las relaciones laborales contractuales, junto a un intento de modernización y profundización del capitalismo en la agricultura chilena del momento. Lo paradojal fue que, para realizar esto último, los gobiernos y los patrones hubieron de negar lo primero, es decir, para generar una mayor acumulación capitalista, reforzaron las relaciones autoritarias y el poder patronal ancestral en la hacienda chilena y sus relaciones aledañas. No obstante, en el curso del movimiento de los trabajadores y campesinos y su amplio fenómeno de peticiones, demandas y presión por organizarse, ocurre de hecho, a nuestro juicio, un aflojamiento de las «relaciones paternalistas de autoridad» hacia su progresiva transformación en «relaciones contractuales de autoridad» en el agro chileno¹³, fenómeno que tendía a favorecer una mayor autonomía de conciencia entre el campesinado de distintos rostros, lo que dará sus frutos en los años sesenta y setenta del siglo XX. Pensamos que la sindicalización campesina y la Reforma Agraria de esos años 60-70 no se hizo sobre conciencias ingenuas, sino sobre cuerpos-conciencias que ya habían tenido –de modo manifiesto u oculto– la experiencia crítica de las relaciones de dominación/subordinación que se vivía en el campo chileno.

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El tema del campesinado en el seno de la hacienda chilena ha sido un problema histórico sobre el cual se han construido algunos de los «mitos de Chile»: uno de ellos muestra a los trabajadores-campesinos chilenos durmiendo una suerte de «siesta colonial» hasta el advenimiento de la reforma agraria en 1960. El principal exponente de este planteamiento ha sido el historiador agrario norteamericano Arnold Bauer, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la mayoría y los más influyentes historiadores y sociólogos del país¹⁴. Dicho planteamiento queda bien resumido en los siguientes términos: «Existe un consenso entre los especialistas del tema que, hasta mediados de la década del 60, la estructura de la propiedad, la organización del trabajo y el sistema de relaciones sociales y culturales institucionalizadas en el sector rural, se mantuvieron casi inalterables y marginados de los cambios producidos en los demás sectores de la economía nacional»¹⁵. Sin embargo, este planteamiento fue rechazado ya en los años 1970 por otro investigador agrario norteamericano, Brian Loveman, cuyos estudios sobre el movimiento campesino chileno son ampliamente conocidos en Chile¹⁶.

Un segundo mito planteado por la historiografía politológica y social reconoce que durante el advenimiento del Frente Popular se habría producido en Chile una amplia agitación pro-sindicalización campesina, la que se habría tenido que «sacrificar» por parte del Frente Popular en aras de inducir y promover un proyecto industrializador consensuado por las distintas fuerzas políticas de izquierda, de centro y de derecha. Mito del «pactismo político» referido a la cuestión campesina, fundado en el «proyecto desarrollista industrializador» como supuesto interés superior de la nación¹⁷. Aún más, dicho pacto industrializador habría necesitado de «un orden social y económico agrario tradicional», tendiendo a mantenerlo¹⁸; planteamiento que, según nuestras investigaciones, carece de fundamento histórico.

Este texto valora muy especialmente los aportes y el legado del investigador Brian Loveman al develar y destacar en los años de 1970 el rol del movimiento político y social campesino en tiempos del Frente Popular chileno, y lamentamos que sus pioneros planteamientos no hayan sido ampliamente considerados al momento de historizar el problema campesino en el siglo XX. En este estudio queremos rendir un homenaje a los aportes de Loveman, los que constituyen un sólido fundamento del mismo.

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No toda la lucha agraria de la época estudiada se desarrollaba al interior de los fundos y de las relaciones sociales de producción trabajadores agrícolas-patrones. Aledaña a esta lucha que despierta, desde principios de siglo xx y con mayor agudeza en la post-crisis de 1930, se ha desencadenado, en el afuera de las haciendas y, específicamente en la Araucanía y sur/austral, una fuerte presión de los latifundistas sobre sus vecinos campesinos pequeños propietarios, colonos chilenos, campesinos ocupantes de tierras fiscales y mapuche: presión reconquistadora, de expoliación económica y de expulsión violenta que alcanzó niveles dramáticos, corriendo el dolor y la sangre de estos campesinos y mapuche por la tierra de Chile. Si el poder del latifundista se ejerce primero sobre los trabajadores de la hacienda, también ejerce su poder «sobre los propietarios minifundistas y otros campesinos independientes que les arriendan tierras, así como también sobre todos los demás campesinos que si bien no mantiene ninguna relación de trabajo o contractual con ellos, son impotentes para oponerse a su voluntad»¹⁹. Sin embargo, este es otro significativo escenario donde se desarrolló, en el período en estudio, una desigual lucha de clases / lucha por el reconocimiento en el campo chileno, en la que la conciencia patronal, en pos de su dominación y conquista, niega el derecho del pequeño campesino, del campesinado-ocupante y del mapuche libre a la tierra, levantándose en resistencia estos cuerpos-conciencia campesina-mapuche, arriesgando su propia vida, pero apoyados y defendidos, en esa hora histórica, por los intelectuales orgánicos que sacan a luz su opresión.

En este afuera podremos también presenciar la intensa energía social histórica que se densifica y conforma cuerpos-unos, articulados, hablantes de norte a sur: asociaciones del campesinado mediano y pequeño y del pueblo mapuche (propietarios o arrendatarios de tierras, colonos, ocupantes, mapuche de reducciones, mapuche s/reducción, mapuche urbanos etc.), quienes, desde los años post-crisis y avanzando la década de 1940, supieron conformar organizaciones tanto a nivel central como local (Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, Frente Araucano, Asociaciones de Agricultores existentes de norte a sur, en todas las provincias del país, etc.), configurando un auténtico «movimiento campesino y mapuche», asumiendo un liderazgo propio, con capacidad de levantar textos, demandas y organización en pos tanto de la defensa de sus intereses como de la formulación de un proyecto de desarrollo agrícola que los considera protagonistas, constituyéndose, así, claramente en una «clase y movimiento campesino» y en un «movimiento mapuche» propiamente tal. Es decir, estamos en presencia de un momento de constitución de sujeto-campesino y mapuche que nos habla de un fenómeno de liberación política desconquistadora/descolonizadora por el lado de afuera de los latifundios, generando presión y proyectos en vista de un nuevo orden y modelo de desarrollo en el agro chileno.

Si bien esta última temática amerita, por su relevancia, un estudio especial, en esta historia este tema tendrá su espacio, por ser una lucha inseparable de la anterior. ¿Cuál es la relación que podríamos establecer entre ambos planos: el adentro y el afuera de las haciendas? Podremos visualizar que, tanto la expansión, en el afuera, de la gran propiedad privada sobre el territorio de la Araucanía y sur/austral, como la expansión capitalista al interior de las haciendas, obedece al mismo proceso y fuerza de mayor despliegue del capitalismo agrario de ese momento histórico, cuando la tierra, como fuerza productiva y medio de producción, alcanza una especial revaloración. Se trata, en el adentro y el afuera, de una nueva fase de construcción del capitalismo agrario en Chile como «acumulación primitiva de capital» por la vía del desalojo, adentro, y por la vía del despojo, afuera²⁰.

Por su parte, desde la perspectiva de la dialéctica social, se trata de la misma lucha desatada adentro y afuera del agro chileno, caracterizada, por una parte, como una «lucha de clase patronal» en pos del afianzamiento de su conquistador-dominio a través de la negación de su otro-trabajador agrícola-y-pequeño-campesino: ambos han comenzado, simultáneamente, a desarrollar una «lucha por el reconocimiento» de su derecho a configurar su cuerpo-conciencia libre en pos de su libertad y emancipación económica y política. La «lucha por el reconocimiento» de estos trabajadores agrícolas y pequeños campesinos y mapuche alcanza significativos niveles, buscando la configuración de sus cuerpos como autoconciencias libres en pos de la defensa de su libertad y de su derecho a habitar-trabajar la tierra, con el apoyo de los «intelectuales orgánicos» (partidos políticos) y de sus aparatos culturales puestos a su servicio en ese momento histórico.

Esta lucha dada como una lucha-de-clase-patronal y como una lucha-por-el reconocimiento-de-clase-campesina, constituye igualmente, a nuestro juicio, una lucha desigual que, desarrollada con mucha fuerza y dramatismo, estremecerá la historia y la conciencia de la sociedad de su tiempo y se cubrirá con tupidos velos de silencio...

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La cuestión campesina chilena que aquí estudiamos se pudo suscitar en un momento histórico de fuertes temblores transformadores en la historia mundial y nacional. En Occidente, el período en estudio (1927-1947) fue un tiempo de confrontaciones, de cambios y nuevas configuraciones en el campo social y político. A nivel del sistema económico capitalista, se asiste a la Gran Crisis de 1930 que paraliza las economías y los circuitos comerciales internacionales y que se expresó con mucha agudeza en Chile, dejando graves secuelas de cesantía, hambre y migraciones, levantando un crítico debate acerca del modelo de desarrollo implementado hasta ese momento y sobre la necesidad de reestructurarlo. En medio de este escenario crítico se llevaba a cabo en México en los años 1930 una amplia reforma agraria post guerra civil, la que, junto con una política expropiatoria, buscaba reconstituir el ejido y constituir al mundo indígena en ciudadanos integrados al Estado-Nación. A nivel político internacional europeo, se produce la lucha de las fuerzas democráticas en contra del fascismo en auge, y se levanta un llamado a la conformación de Frentes Populares como una vía para construir fuerza política a través de la alianza de fuerzas sociales ampliadas dirigidas a dicha lucha antifascista. Asimismo, cobra protagonismo la República Española con el triunfo electoral en 1936 del Frente Popular español y su despliegue de reformas estructurales, especialmente en el plano de la reforma agraria, seguida del estallido de la guerra civil en ese país, con gran impacto ideológico y político en el mundo, y especialmente en Chile. Finalmente, el período es fuertemente impactado por la segunda guerra mundial, cuya mortandad y destrucción atravesó el corazón de la vida cotidiana y la vida social, política y económica de los habitantes de todo el planeta, instalando el temor, la inseguridad y la angustia en la humanidad y fortaleciendo los Estados nacionales, que debieron asumir el compromiso de un nuevo pacto social en pos de un prometido bienestar.

A nivel político nacional, como hemos visto, este período está marcado por la conformación en Chile, a partir de 1936, de la alianza socio-política Frente Popular, que aglutinó a los partidos de izquierda y de centro, así como también a la mayoría de las orgánicas gremiales y sindicales, en vista de la constitución de una fuerza social de nuevo cuño capaz de disputar el poder a la oligarquía y acceder al gobierno de la República, tal como efectivamente ocurrió en 1938, bajo el liderazgo del radical Pedro Aguirre Cerda. Asimismo, el momento se caracteriza por un proceso de consolidación de un movimiento obrero que vive un fenómeno de reagrupamiento ampliado en torno a la recién fundada Central Única de Trabajadores de Chile (CTCH), la que, al amparo del Código del Trabajo de 1931, experimenta la consolidación de sus organizaciones sindicales, las que buscan proyectarse también hacia el ámbito de los trabajadores agrícolas, estimulando su sindicalización. Cabe también resaltar el rol que juegan, en el período de estudio, los partidos de izquierda (Partido Socialista y Partido Comunista) en el «despertar» y la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas y campesinos en general, cuyos intereses defienden tanto a través de los programas que levantan en las diferentes candidaturas de gobierno del período como a través de la militancia en el terreno y el parlamento, asumiendo esta tarea como exigencia ética de defensa de los derechos humanos y sociales de uno de los sectores más abusados históricamente, cuales eran los sectores campesinos del país.

Desde este campo histórico desplegado en la época que aborda nuestro estudio (1927-1947) podemos visualizar en Chile la presencia de un complejo fenómeno político, cultural, económico y social que marca una etapa de discontinuidad histórica, configurada por la postcrisis económica, la recomposición de fuerzas políticas y el amplio levantamiento de un debate ético e ideológico en torno a proyectos de reforma y reestructuración. A partir de estos debates críticos, se logra visibilizar el problema de la pobreza y necesidad de los sectores medios y populares y, con especial énfasis, salen a luz las condiciones de vida de los pobres de la ciudad y del campo chileno, así como su rezago en materia de derechos sociales y laborales. En el seno de este proceso, se puede percibir en la época un fenómeno de agudización de las tensiones y conflictos de clase en el seno de la sociedad civil y política, tensiones que focalizan la mirada interna de la nación hacia uno de los principales puntos críticos de la realidad: las relaciones sociales dadas en la estructura y de la propiedad agraria de la época donde se despierta una lucha desigual por el reconocimiento por parte de los trabajadores y campesinos del país.

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Los distintos rostros y figuras que asume esta lucha desigual es el corazón de esta historia a narrar. Desde esta perspectiva, esta es una Historia Social. ¿Qué entendemos y cómo definimos la «historia social»? La Historia Social no tiene raíces en el hábitat tradicional de la historiografía narrativa de las hazañas guerreras y de los señores de espada; también está lejos de provenir del paradigma científico positivista moderno, basado principalmente en leyes y fórmulas relativamente estables y en modelos de medición, en el cual se afincaron varias escuelas historiográficas, inclusive la famosa Escuela de los Anales francesa. Las raíces matrices de la Historia Social se nutren de la dialéctica hegeliana, paradigma que recoge la ancestral sabiduría de la dialéctica oriental, así como de la dialéctica griega. Reconociendo la dialéctica hegeliana el principio de la realidad humana como «relación social» dada en la historia, esta es una relación en movimiento impulsado por la interacción de los opuestos en relación de diálogo contradictorio. Así, el desafío de la historia social ha sido reconocer, investigar y narrar la relación contradictoria de los sujetos en una formación social histórica y seguir el curso de su movimiento y transformación hacia nuevas formas. Una segunda casa matriz de la historia social, como se sabe, ha sido el marxismo en su rostro de materialismo dialéctico, el que, teniendo como raíz la dialéctica hegeliana, comprende la historia como relaciones sociales de producción en lucha contradictoria, en vista de la generación social y productiva de la vida.

De este modo, definimos la Historia Social como el campo de conocimiento que busca comprender la sociedad vista como un proceso histórico de configuración de sujetos relacionados socialmente y en movimiento contradictorio en lucha por el mutuo reconocimiento de su valor y autonomía, y en busca, también, de la producción social de su vida. Entendida la Historia Social como una historia centrada en el estudio de las relaciones sociales que se establecen en el seno de la sociedad civil y las luchas por el reconocimiento que en este nivel se desencadenan, es necesario tomar en cuenta que estas luchas también se han de dar, simultáneamente, en torno a la disputa por el control del gobierno de la sociedad y del territorio. Así, toda Historia Social es, al mismo tiempo e inseparablemente, «historia social-política» e historia del Estado.

Esta doble e inseparable lucha es la que se busca poner en escena en esta investigación, tanto en la presión por el cambio en las relaciones sociales en el campo chileno, como en función de la disputa por el control del aparato de gobierno y del Estado chileno, en un momento en que éste se ha vuelto más dúctil a las presiones de la sociedad civil en su conjunto.

A través de un amplio levantamiento documental de archivo, de prensa de la época y de boletines parlamentarios, hemos intentado poner sobre la mesa los aspectos más reveladores que muestran los textos acerca del juego de fuerzas comprometidas en el proceso político y social agrario del período en estudio. Buscamos historiar aquí al modo de una «fenomenología» y de una «dialéctica social», es decir, visibilizando los hechos y los sujetos como se manifiestan y se aparecen-presentan ante nuestra propia lectura de los textos, poniéndolos en el movimiento de sus relaciones mutuas, identificando sus luchas y los momentos significativos del proceso de construcción de su sujeto-acción-habla. Observando/leyendo los temas e interpretando los problemas planteados situados en un dinámico y, a menudo, contradictorio campo en disputa, buscamos una relativa «comprensión histórica» acerca de uno de los capítulos más significativos de la historia de Chile, cual es el de las relaciones sociales agrarias y el difícil proceso de emancipación del campesinado.

Debemos advertir que esta es, principalmente, una historia de hombres, de trabajadores, de machos levantándose, hablando, atreviéndose a mirar frente a frente al otro macho-patrón/administrador, alzando rostro y habla; mientras otros machos muy machos (los intelectuales orgánicos de que hablábamos) sacan voz ronca en este período de la historia de Chile en que se juegan procesos de cambio y posibilidades de hacer alguna justicia. Esta es una historia de este evento que, en todos los documentos, está narrado en masculino, en lo que no podemos intervenir. Así, esta no es una historia donde se evidencien claramente las relaciones de género que necesariamente la atraviesan, ni que, incluso, incorpore la presencia sistemática de las mujeres campesinas; no porque queramos, sino porque la documentación las oculta. Lamentablemente este es, a mi juicio, una de las principales debilidades de las historias de los trabajadores en general y de esta historia de la cuestión campesina, en particular. No obstante, la presencia y conciencia de las mujeres campesinas nos acompañan, evidentemente tocadas y activas en cada uno de los momentos críticos por los que pasó el campesinado en el período. Ellas incluso son documentadas en circunstancias de huelgas campesinas y en situaciones críticas de despojos de tierras. Sin embargo, las hemos buscado también en otras narrativas: en la novela de la tierra, donde existen plenamente vivas, altivas, inteligentes, luchadoras. Agradecidas de estas y estos autores y de este literatura, en un capítulo especial las ponemos sobre esta mesa-texto.

Sin embargo, quisiéramos plantear que existe un lugar específico donde podríamos hablar de una visibilidad de las mujeres, incluso desde los hombres: ese lugar es su común trabajo con la tierra, un ámbito donde se despliega en hombres y mujeres una suerte de dimensión unisex-Mujer: arando, buscando la germinación y recogiendo los frutos de la diosa Gea, la Madre Tierra. Campesinas y campesinos son cuerpos de la tierra al alba de su llamado, sumergidas sus manos en la masa del pan y de la tierra, sembrando, lechando, desmalezando, cosechando… cayendo agotados al atardecer luego de haber trabajado en largas jornadas a la intemperie del sol, de la lluvia y del frío, y luego de caminar kilómetros tras los animales o de ida y vuelta a los campos de labor. A esto las mujeres suman la crianza doméstica de guaguas y niños, de pollos y gansos, de chanchos y cabras, junto a la preparación diaria de la comida que alimenta a inquilinos, peones, obligados, reproduciendo la fuerza de trabajo hacendal y campesina y sus familias²¹. Las mujeres campesinas son, evidentemente y a través de muchas estrategias de sobrevivencia, las que llevan la lucha más ardua en pos de la sobrevivencia del campesinado en todos sus rostros, lucha difícil de sobrellevar como hecho irremediable del escaso salario, de la especulación de precios en la pulpería del fundo y de la falta de alimentos abundantes y nutricios. A más de esto, la violencia que, más que a menudo, sufren las mujeres de parte de los hombres, patrones y esposos o parejas, hecho que queda evidenciado en los documentos y los testimonios²² Sin embargo, a pesar de esta sumatoria de más trabajo, el hecho de comprenderse ambos, mujeres y hombres, en el seno íntimo de la Madre Tierra complejiza la opresión, entregando Gea sus poderes especialmente a las mujeres campesinas y mapuche, acompañándolas, enseñándoles, otorgándoles dones y saberes, con la ofrenda de sus hierbas sanadoras, sus frutos silvestres, sus pájaros cantores, su aire fresco, su agua corriente y su poética belleza verde, mitigando la lucha por la sobrevivencia propia y de la prole. Mujeres-Fuego en la intimidad del mal rancho que les reúne y acoge cada noche… mujeres/hombres ex/campesinos andando su exilio por los caminos de la patria, des-alojados/as de su ser-Gea por haber hablado-escrito su derecho. ¿Cómo no ver a las indocumentadas mujeres viviendo la más profunda relación con la Madre Tierra en su intimidad, en su ajenidad, en su miedo a la pérdida y en su des-tierro, experimentando el destino existencial de mujer/hombre/mujer? Quizás podamos, a través de algunos de los poemas que estas páginas insertan, llegar a percibir esta reversibilidad de su ser campesina/o y esta hegemónica femineidad del campesino en relación con Gea, la tierra madre sustentadora, que no hace sino hablar de la mujer campesina/mapuche como la mítica e histórica Gea-procreadora de todos los seres²³.

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A modo de ordenamiento, este texto se divide en cuatro partes: 1) En una primera parte –preparatoria del contenido central y que es transversal a todo el período en estudio– presentamos y definimos a los sujetos sociales de la obra y de la época, específicamente aquellos que actuarán dentro de las relaciones sociales de producción en las haciendas y fundos: terratenientes, campesinos en sus distintos rostros, algunas figuras y actuaciones de mujeres campesinas. Por otra parte, mostramos algunos de los escenarios del afuera agrario, donde podemos ver la dinámica general de la pulsión irresuelta por la tierra en el sur de Chile, durante la primera mitad del siglo xx. Aquí también presentamos la acción e intervención legal de los poderes del Estado sobre sobre dichos sujetos y escenario histórico agrario. 2) La segunda parte de este texto nos instala en un tiempo político preparatorio clave para nuestro estudio cuando, en la postcrisis del 30 y, específicamente hacia 1936, se generan nuevos pactos políticos y se formulan las plataformas programáticas de reforma y transformación del régimen político y de la estructura agraria chilena, mientras la clase terrateniente y la derecha del país se prepara para su resistencia. 3) La tercera parte del texto constituye el corazón de nuestro estudio, centrado en torno a la problemática de la cuestión campesina planteada durante la fase Frente Popular chileno (FPCh) cuando, por la vía de la formación de una amplia coalición política, gremial y social, las fuerzas democráticas logran alcanzar el gobierno, intentando realizar un programa de democratización de la sociedad a través de la puesta en práctica de algunos de los proyectos preparados en el momento anterior, buscando las fuerzas de izquierda de dicha coalición poner a los trabajadores agrícolas al nivel de los derechos sociales y sindicales obreros. 4) La cuarta parte corresponde al momento de la Alianza Nacional Democrática (gobierno del radical Juan A. Ríos) cuando el despertar del campesinado alcanza una clara expresión, tanto a nivel interno en el seno de fundos y haciendas, como a nivel externo, en el ámbito del movimiento de pequeños y medianos campesinos. En esta fase, mientras el gobierno busca nuevos derroteros para la transformación agraria vía la modernización de la producción y la sociedad agrícola, se intensifican los esfuerzos políticos de la izquierda chilena, especialmente bajo la hegemonía del PC, por levantar a la clase trabajadora agrícola, en sus distintos rostros, al nivel de un sujeto en pleno goce de sus derechos sociales y sindicales, momento que culminó con una nerviosa y antidemocrática respuesta de la clase terrateniente, aliada con el propio gobierno de concertación centro-izquierda que paralizó, dramáticamente, el proceso de transformaciones económicas y sociales emprendidas en el campo chileno. Finalmente, cierra esta parte y el texto un capítulo también transversal a todo el período en estudio, que trata sobre los desalojos campesinos desde el adentro de las haciendas, consumándose, dramáticamente, las demandas por transformaciones en el agro en el sentido de la lógica capitalista y del interés de clase hacendal, escuchándose, en los caminos de la Patria, los gritos de desamparo, angustia y abandono, brotando desde este dolor la conciencia campesina, abriéndose a mayores horizontes de futuro…

Algunos podrán, quizás, extrañarse de este texto, escrito en un momento presente en el que gran parte del mundo narrado ha, aparentemente, desaparecido. Uno misma ha escrito desde este extrañamiento… pero no hemos podido sino abrirnos a escuchar las voces que nos hablaban desde sus letras vivas…

Pero, ¿ha desaparecido? En realidad, no. La energía de esa lucha por el reconocimiento se ha integrado a otras luchas que transitan hoy por las calles de la ciudad, mientras el pueblo mapuche sigue bregando, levantando bandera por el derecho a la tierra o a su ser libre, hoy como ayer.

De todos modos, habría que decir que, en historia, el presente no es su presente cronológico, sino un presente comprensivo, definido como un momento de unidad temporal (presente, pasado, futuro) o como un espacio-tiempo-uno-reflexivo, estando en un movimiento perpetuo de interrelación espacio-temporal en el seno de la totalidad de la Vida. En historia y, especialmente en historia social, buscamos comprender la sociedad desde la totalidad del proceso. Com: significa en latín todo, el todo, lo junto; prae/hendere significa tomar, ceñir, penetrar, entender. En historia nada prescribe, nada ha desaparecido; todos los rostros y sujetos que emergen en el movimiento o las luchas en el seno de esta red comprensiva, incitan nuestra mirada historiadora, la que no descansa sino en el propio margen de su mortal individualidad. Para nuestro afán com-prensivo, todos los seres-conciencias siguen viviendo en el palpitar de su lucha por la autoconciencia o por el reconocimiento del derecho de vida, justicia y libertad; seres-conciencias históricas que no son sino nosotros mismos.

² Alexander Kojève. La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel, , Buenos Aires, Editorial Leviatán 2008, p. 59.

³ Informe del inspector del Trabajo de San Fernando, Luis Zelada, al inspector provincial del Trabajo de Colchagua, Samuel Vial Correa, fechado en San Fernando, el 11 de noviembre de 1940. ADGT, Vol. 1200. Como desenlace, el Sr. Julián Aguirre reclamó ante el Gobierno del presidente Aguirre de la actuación de Zelada. A este último le dio su pleno respaldo el inspector provincial del Trabajo de Colchagua, Samuel Vial Correa, quien conversó, en días posteriores, con el Sr. Aguirre y lo citó a su oficina «con el fin de solucionar conciliatoriamente las peticiones que le han presentado los obreros del fundo Santa Isabel». Sin embargo, la actuación de Zelada fue cuestionada por el director general del Trabajo, planteando que había «extralimitado el papel que corresponde a la Inspección. (…) Ni la hora, ni el lugar, ni las circunstancias invocadas favorecen la actuación del inspector Sr. Zelada». ADGT, Vol. 1200 Providencia N°13.616, fechada en Santiago el 10 de diciembre de 1940. No obstante, los P/p surgían para quedarse, diseminándose como agua corriente por los fundos chilenos en el período en estudio.

⁴ Sobre este significativo concepto y problema de la construcción histórica de la nación en Chile, desde un enfoque social y fundacional que incorpora «la postura de los sectores subalternos», ver J. Pinto, y V. Valdivia, ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación (1810-1840), Santiago, LOM, 2009, p. 15.

⁵ J. Petras, H. Zemelman, Proyección de la Reforma Agraria: el campesinado y su lucha por la tierra, (ICIRA, U.Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, pp. 9-10.

⁶ Cuando en este texto hablamos de los campesinos en su proceso de despertar y de su configuración como sujetos históricos, estamos tomando este concepto como un «tipo ideal» (Weber) que no alcanza plena consumación, pero que actúa como el referente de un proceso y fenómeno cuya energía emancipatoria se ha puesto en acción y ya camina en busca de ese sujeto (siempre ideal) libre, autónomo y consciente de sí en sociedad. Sin embargo, hay que enfatizar que este sujeto (ideal) es real en cuanto se define justamente por su acción y su inquietud incesante tras su sí-mismo histórico a través de su experiencia de relación con el otro-de-sí-en el mundo. «El sujeto es lo que él hace, es su acto y aquello que hace es la experiencia de la conciencia de la negatividad de la sustancia, en cuanto experiencia y conciencia concretas de la historia moderna del mundo (…)». J. L. Nancy, Hegel. La inquietud de lo negativo, Madrid, Ediciones Hachette, 1997, p. 11.

⁷ Respecto de este movimiento de presión en pro de la formación de sindicatos y de presentación de Pliegos de Peticiones, hay autores de las ciencias sociales que, si bien han reconocido su existencia, los desvalorizan: que ellos, dicen, «no tuvieron mayor significación social puesto que no lograron modificar el sistema de relaciones sociales institucionalizadas en el sector rural, ni tampoco lograron influir en las decisiones adoptadas en el sistema político e institucional tendientes a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del campesinado». L. Cereceda, y F, Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Santiago, Instituto de Sociología, PUC, 1980, p. 28. En este estudio, además de discrepar de estos planteamientos, comprendemos el problema de la cuestión campesina y su despertar reivindicativo desde una perspectiva socio-histórica o desde la «historia social», es decir, significando el momento de la emergencia de nuevos sujetos con conciencia crítica, capaces de levantar planteamientos y de realizar prácticas que presionan por transformaciones que preparan la tierra para momentos sucesivos. La historia social no trabaja buscando identificar prácticas específicas con resultados inmediatos, sino reconociendo procesos e identificando sujetos y momentos significativos que movilizan la otrora invisibilidad y rompen el silencio.

⁸ G.W.F. Hegel, Fenomenología del Espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 2002, pp. 113-117.

⁹ Sobre el concepto de poder ejercido como una red de fuerzas provenientes desde los grupos en interacción crítica, ver M. Foucault Microfísica del Poder, Buenos Aires, Ediciones la Piqueta, 1992.

¹⁰ Para Heidegger, el ser como habitar se manifiesta en el construir como expresión del «poder de habitar». Aquí introduce Heidegger el concepto de «poder de habitar», el que relaciona con el concepto de poder-construir, acto que crea el lugar. «Sólo si tenemos el poder de habitar podemos construir». Pero esta conceptualización del ser como «poder de habitar» en Heidegger, no alcanza, a nuestro juicio, a dar cuenta de las relaciones de poder que históricamente se juegan en el seno del habitar, donde acontece el ser histórico. El poder de habitar debiera concebirse y cargarse con lo que define todo poder, es decir, relaciones de fuerza (Foucault) y relaciones contradictorias (Hegel). A nuestro juicio, el ser-como- habitar es una acción (o un existir) que históricamente se presenta (al modo foucaultiano) cargado de fuerza, es decir, de relaciones sociales de poder: ‘poder-de-habitar’». Esto supone la configuración –simultáneamente al construir del habitar– de un «espacio/campo de fuerzas», donde se escenifican y circulan las diversas fuerzas de poder existentes en el seno de dicho espacio/habitar, donde tienen lugar prácticas de apropiación social del lugar/espaciado al habitar y donde, por lo mismo, dicho «lugar/habitar» queda abierto a prácticas de gobernabilidad, donde gravitan fuertemente las hegemonías dominantes». M. Angélica, Illanes, «El proyecto comunal en Chile, (fragmentos) 1810-1891», Historia, N° 27, Santiago, 1993, pp. 213-329.

¹¹ Martin, Heidegger, «Construir, habitar, pensar», Darmstadt, Alemania, 1951 en Conferencias y artículos, Barcelona, Serbal, 1994.

¹² J. Petras, H. Zemelman, Proyección de la Reforma Agraria: el campesinado y su lucha por la tierra (ICIRA, U.Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 25.

¹³ «Donde hay relaciones de autoridad se espera socialmente que el elemento super ordenado controle, por medio de órdenes o comandos, amenazas y prohibiciones, la conducta del elemento subordinado», R. Dahrendorf, Class and class conflict in industrial society, New York, Oxford University Press, citado por Urzúa, Raúl, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 67. A su vez, Urzúa distingue entre «relaciones paternalistas de autoridad» (entendidas como) «aquellas en que una esfera amplia va acompañada por una asignación particularista de las recompensas» y «relaciones contractuales de autoridad» como aquellas que «tienen una esfera limitada y siguen criterios universalistas para asignar las recompensas». Raúl, Urzúa. La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 71.

¹⁴ Ver Arnold Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española hasta nuestros días, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994, p. 194. Ver al respecto Brian Loveman. Chile. The legacy of hispanic capitalism, Oxford University Press, New York, 1979.

¹⁵ L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 11.

¹⁶ Brian. Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979.

¹⁷ Uno de los principales exponentes de esta teoría ha sido el economista Oscar Muñoz, cuyos planteamientos han sido seguidos por numerosos historiadores; teoría que no tenía fundamento considerando los estudios del historiador Brian Loveman en los años 70. Ver Oscar Muñoz, Chile y su industrialización. Pasado, crisis y opciones, Santiago, CIEPLAN, 1986, pp. 82-84; Brian Loveman, Chile. The legacy of hispanic capitalism, New York, Oxford University Press, 1979, pp. 278-280. Últimamente, la teoría del «pacto por la industrialización» ha sido cuestionada por varios historiadores, entre ellos, el historiador Fabián Almonacid. Ver Fabián Almonacid, La agricultura chilena discriminada (1910-1960). Una mirada de las políticas estatales y el desarrollo sectorial desde el sur, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2009; Sofía Correa et al., Historia del siglo XX chileno, Santiago, Editorial Sudamericana, 2001, pp. 130-131.

¹⁸ L. Cereceda, y F. Dahse, Dos décadas de cambios en el agro chileno, Cuadernos del Instituto de Sociología, P. Universidad Católica de Chile, Santiago, 1980, p. 12.

¹⁹ Raúl, Urzúa, La demanda campesina, Santiago, PUC, 1965, p. 65.

²⁰ Sobre el concepto de «acumulación primitiva de capital « ver Carlos Marx El Capital, Tomo I, México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

²¹ Sobre este tema del trabajo de las campesinas ver el excelente estudio de Heidi Tinsman, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la reforma Agraria chilena, Santiago, LOM, DIBAM, 2009.

²² Ver al respecto el notable trabajo de Ximena Valdés, Loreto Rebolledo y Angélica Wilson, Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo XX, Santiago, Fondart-CEDEM, 1995.

²³ Quizás a este poder de Gea se refería Millaray Garrido Paillalef en un conversatorio, cuando declaraba su condición de mujer no subordinada y empoderada y su destino como amada del amor emanando desde la propia madre Mapu hacia sus seres más queridos. Conversatorio «Zomo Newen Ñi Tukulpan. Memorias de mujeres mapuche semillando la vida», expositoras: Machi Adriana Paredes Pinda, Millaray Garrido Paillalef, Carolina Carillanca Carillanca, UACH, Valdivia, 28 de marzo, 2019.

Primera parte

Así sufre el campesino
Cuarteta

Del rico terrateniente el pobre es esclavizado y se ve muy obligado a la pega hacerle frente.

Glosa

Güen dar con el campesino:

A las cuatro se levanta

apenas el gallo canta

para salir al camino;

se dirige a su destino

como todo ser viviente

desiando un mejor ambiente

que este al que se halla obligado

por ser tan esclavizado

del rico terrateniente. Algunos nos apegamos a un rajuño de la tierra y mucho trabajo encierra en lo poco que ganamos; en la esclavitud pasamos vivimos martirizados y en todo fundo explotados por la tierra que nos dan, que para ganar el pan el pobre es esclavizado. La obligación en el fundo es siempre bastante dura y al pobre llaman basura cuando le agarran el rumbo; no descansa ni un segundo y así lo pasa agobiado; dura faena ha trabajado para aquel terrateniente, su vida es tan deprimente y se ve muy obligado. Si se llega a cosechar en la tierra que nos dan tan sólo nos dejarán unos porotos y a par; tenemos que alimentar a esos ricos prepotentes que esclavizan inconscientes a los más necesitados, los que se ven obligados a la pega hacerle frente.

Despedida

Hasta aquí ya me despido;

soy trabajador de fundo,

mi narración no confundo

porque en carne lo he sufrido;

esta tierra en que he nacido

ha guardado mi opinión

cuando yo por mi aflicción

he pensado renunciar

pa ponerme a trabajar

en cualquiera profesión.

Rosalindo Farías²⁴

²⁴ Diego Muñoz (selección). Poesía popular chilena, Santiago, Editorial Quimantú, 1972, pp. 119-120.

Presentación

Antes de la peluca y la casaca fueron los ríos, ríos arteriales: fueron las cordilleras, en cuya onda raída el cóndor o la nieve parecían inmóviles: fue la humedad y la espesura, el trueno sin nombre todavía, las pampas planetarias.

Pablo Neruda

Por siglos Pachamama estuvo oculta, encubierta, protegida en medio del océano, silenciosa, clandestina, anónima, guardadora de su verde virginal. Por siglos la Mar-Madre la apartó, abrazó, cubrió su cuerpo, cuidando el secreto de su paraíso. Sus playas, sus bosques, sus cordilleras, sus aves vivieron en el goce de su libertad y su belleza, por los siglos de los siglos...

Contenía este cuerpo Mamapacha seres humanos en su interior que vivían en la intimidad de «su espesura» o entre los recodos de sus cerros y cordilleras sagradas. Seres humanos, nosotros mismos, que estábamos en su cuerpo en umbilical conexión, respirando desde sus entrañas, habitando uterinamente en cada una de sus partes e intersticios, sin ver el todo de la mama: tal era nuestra intimidad estando en nuestro cuerpo propio, andando en el seno de nuestra Pachamama por los siglos de los siglos ...

Ya fuese en su rostro a ras-mapu, con sus habitantes mimetizados en la piel de su Mama, con sus cuerpos semidesnudos adornados con plumas, con sus habitaciones de paja y su alimento recogido como dádiva; ya fuese en su rostro en cultivo, con sus habitantes organizados en clanes familiares en función de la producción agrícola de su alimento y dirigidos por jefes prestigiados en el servicio; ya fuese en su rostro monumental, con sus habitantes jerarquizados en función de una cúpula religiosa y militar, los humanos de Pachamama vivíamos, trabajábamos y producíamos en el modo de comunidad: donde los miembros de un grupo con lazos de consanguinidad y que habitaban una determinada parcialidad de tierra la cultivaban en conjunto, distribuyéndose sus productos (restando el tributo en regiones de imperio) e identificándose sagrada y ritualmente con ella. El habitar-cultivar la tierra en comunidad era el modo-de-ser o el derecho natural por excelencia de los habitantes de Pachamama, sagrado ritual a la vida como cultivo-común, ni siquiera sustraído por los más poderosos de aquellas comarcas.

Sin embargo, el tiempo había de llegar en que Pachamama fue des-encubierta, de-velada, atravesando la osadía marinera sus océanos protectores, siendo alcanzado su cuerpo en sus playas virginales y atravesada su vagina con el fuego del hierro. Ni la inocencia del paraíso-al-fin-hallado en las frágiles islas a ras-mapu pudo impedirlo. Impulsados por el deseOro, no Vieron, no quisieron aprenVer de la Pachamama, destruyendo cuerpos y comunidad.

América fue, al mismo tiempo que nombrada, negada. Junto a la violencia desatada sobre los cuerpos inocentes, se rompe violentamente el modo de producir comunitario que resguarda el derecho de vivir como habitar-cultivar la tierra de nuestros ancestros. En el seno de esa violencia se inaugura el modo de producir privado-esclavista-encomendil-inquilinal-asalariado, que sustrae la tierra común y la pone en manos de un señor ex/traño a su habitar ancestral, sujetando a todos sus habitantes al servicio y beneficio de un solo y ex/tranjero amo y patrón. Con la conquista colonizadora se produce

(…) la introducción de un tipo de propiedad desconocido en América como era el de la propiedad privada tan ajeno al indígena. Por ello, (el ab/orígen) no entendía con claridad cual era el fin de acumular riqueza a través de grandes extensiones de tierra. (…) En la mentalidad indígena no existió el concepto de propiedad individual. La tierra pertenecía a la comunidad; el individuo solo tenía un derecho de usufructo sobre ella si cumplía con los deberes y obligaciones que le imponía la comunidad (…). Por ello, la aparición y desarrollo del latifundismo, la concentración en una persona o familia de enormes extensiones de tierra de las que solo una parte se cultivaba, fue para los indios algo inexplicable y esencialmente injusto²⁵.

La historia latinoamericana, desde cualquiera de sus espacios, ha de comprenderse desde aquella discontinuidad radical que surge de su colonización europea realizada no como inmigración, sino por la vía de una conquista armada que toma posesión de todo su cuerpo-territorio y somete a todos sus habitantes nativos a nombre de un poder extranjero.

La relación conquistadora-colonial que establecen las metrópolis hispanas con el territorio americano, se expresó principalmente en la toma de control y flujo de las riquezas minerales y de productos agrícolas rentables desde América hacia el continente europeo, impactando y modelando decisivamente la economía de Pachamama América y su desarrollo histórico en función de intereses ex/tranjeros²⁶.

Por su parte, el orden colonial interno en América se funda, básicamente, en la apropiación privada de la tierra como consumación de la conquista del territorio y de sus habitantes. «El poder del rey se esparció por el territorio en la forma de latifundios, de señores de tierras que lo representaban»²⁷. Dicho proceso de apropiación de tierras consiste en la expropiación ampliada de tierras americanas comunitarias y su concentración individual-privada. «El proceso de apropiación de las tierras de los indígenas fue muy diverso (…), pero en casi todas partes fue paulatinamente conduciendo a un proceso de acumulación de tierras que fue la base de la hacienda»²⁸. Es al interior de la hacienda donde se plantaron las bases de una clase terrateniente fundada en la gran propiedad y en el control privado de aquella población conquistada que quedó morando al interior de dicha tierra a-propiada, población cedida al hacendado como mano de obra tributaria por el Estado español.

Durante el transcurso del período colonial americano y, especialmente en el siglo XVIII, se consolida esta estructura agraria mediante una alta concentración de la propiedad de la tierra sujeta a mayorazgo, en detrimento de las tierras de comunidades y pueblos de indios, junto a la fidelización y supeditación al hacendado de una masa de trabajadores agrícolas. «La dicotomía español-indio fue progresivamente reemplazada por la de hacendado-peón (…)»²⁹. En la cima de esta dicotomía se erige una clase terrateniente que no sólo ejerce el poder sobre la población sujeta a su influjo, sino que gobierna sobre amplios territorios. De este modo, «las estructuras agrarias son, en América Latina, no tan solo un elemento del sistema de producción, sino también un dato fundamental de toda la organización social»³⁰.

La construcción de una clase terrateniente colonial americana se amplía y consolida en el proceso de la Independencia y postindependencia colonial, con la toma del poder político por parte de este grupo, asumiendo la dirección de sus territorios desde sus propios dominios hacendales y pugnando entre sí por el control del poder nacional. «Rotos los vínculos con la Metrópoli, el poder tendió a desplazarse hacia la clase de los señores de la tierra»³¹. Las luchas intestinas en la postindependencia americana son expresión de las disputas entre las distintas facciones de esta clase terrateniente que ejerce el poder desde sus territorios y haciendas, buscando el poder nacional.

En suma, el fruto principal de la conquista-y-colonia española y portuguesa para-América es la emergencia y consolidación de una clase terrateniente latinoamericana que, construida y legitimada en el proceso colonial, alcanza la plenitud de su figura en las repúblicas decimonónicas, cooptando al Estado para-sí: continuando el proceso de concentración de la propiedad de la tierra y legitimando el control del hacendado sobre la población de sus dominios. Se consolidó el reinado del «latifundio, término que designa la propiedad privada (o del Estado y de la iglesia) de gran extensión explotada por personas distintas del propietario»³². A pesar de la búsqueda de algunas modernizaciones tecnológicas y administrativas que permitiesen aumentar la producción, la característica básica del latifundio o hacienda latinoamericana se funda en el carácter de su población trabajadora como conquistada/colonizada, hecho que configura el rasgo propio del que aquí llamaremos «campesinado hacendal».

En el desarrollo de las nuevas haciendas o latifundios se combinan aspectos tradicionales y modernos. El aspecto tradicional es el de la reproducción de mecanismos coloniales de apropiación de los recursos naturales y de aplicación de un poder coercitivo sobre la mano de obra. El aspecto moderno es el de la gestión de unidades productivas orientadas a obtener el máximo posible de productos susceptibles de ser comercializados (…) efectuando desembolsos mínimos de capital³³.

Las definiciones de los sujetos involucrados en el agro latinoamericano

–principalmente terratenientes y campesinado– quedaron envueltas en la disputa teórica que surgió en América Latina en los años sesenta y setenta tras una definición del modo de producción latinoamericano (feudalismo o capitalismo); discusión que tendió a saldarse desde la siguiente lógica histórica: «capitalismo para el siglo XX»³⁴.

Esta es la fisonomía que fue adquiriendo el proceso histórico latinoamericano general, asumiendo cada espacio sus particularidades, las que a nuestro juicio dependerán de: a) las raíces amerindias de cada territorio y la intensidad de la intervención conquistadora/colonial o republicana sobre dicho sustrato americano; b) la distancia y relación de cada espacio territorial respecto de los centros metropolitanos coloniales y republicanos; y c) la modalidad e intensidad de la inserción de cada espacio al mercado externo y al capital internacional: esta dinámica comercial generó nuevos grupos de poder que entraron en relación con la clase terrateniente conquistadora/colonial, modificando la correlación de fuerzas e induciendo alianzas estratégicas específicas.

Desde estas señales, ¿cuáles son algunos de los rasgos del latifundismo chileno y como definimos, en términos generales, a las clases y grupos que quedan insertos en ese régimen de producción agrario?

Comprendemos a la clase terrateniente chilena –algunas de cuyas manifestaciones políticas a mediados del siglo xx buscamos mostrar en este trabajo– en el seno de este proceso histórico general latinoamericano de conquista/colonizadora; sin embargo, habría que señalar algunos factores propios de su proceso formativo. Primeramente, se trata de una clase que asienta su poder hacendal colonial tras la progresiva despoblación indígena del territorio central, mientras tiene al territorio libre mapuche como escenario bélico de fondo: territorio que si bien provee de mano de obra esclava, sirve de refugio de naturales y de mestizos, dificultando la retención de mano de obra en las haciendas, configurándose un peonaje que se proletariza y desproletariza estacionalmente³⁵. El poder directo del hacendado se ejerce principalmente sobre los inquilinos, campesinos arrendatarios arranchados en los predios de la hacienda que, a través del endeudamiento, pagan su arriendo mediante trabajo obligado en la hacienda del patrón, constituyéndose en la base del campesinado hacendal chileno. «El inquilinaje como sistema de trabajo, pero sobre todo como sistema de relaciones entre personas desiguales, se encuentra en el origen de la clase alta chilena, de la clase terrateniente. (Asimismo) a través de la hacienda se producía la relación entre el Estado, las clases políticas o dominantes y las clases populares»³⁶.

En segundo lugar, se trata de una clase latifundista que toma posesión de un territorio alejado de los centros de poder virreinal colonial, pero que se asienta en las cercanías del poder gubernamental local: el valle de Santiago. Allí desarrolla sus dotes de gobierno social y civil con un fuerte sentido endogámico, tomando fácil posesión del Estado republicano en el siglo xix como cosa propia y prolongación natural de su casa de campo. «Había rencillas al interior de la elite, pero en Chile, más que en el resto de Hispanoamérica, existe una fuerte continuidad social que atraviesa el período de la Independencia» ³⁷. En tercer lugar, debido a las condiciones climáticas del país, se trata de una clase terrateniente imposibilitada de producir riquezas de gran valor comercial (como la caña de azúcar, etc.), por lo que no logra subsistir de la producción agrícola misma. Por ello, estamos ante una clase que desarrolla múltiples identidades y oficios: «mezcla de negocios rurales y urbanos, mezcla de productor y especulador, combinación de mercader y político»³⁸.

En suma, la clase terrateniente chilena construye su diferencia, más que en la riqueza, en la generación de una sociedad desigual y jerarquizada al interior de la hacienda. Esta jerarquía se basa en la progresiva pérdida de autonomía de una masa campesina (inquilinos), que termina por permutar su fuerza de trabajo, la de los suyos y la de trabajadores adicionales («obligados» o «voluntarios») por una parcela de subsistencia. Estas haciendas o ‘fundos’ se constituyeron en «la unidad económica básica y predominante en la sociedad agraria», unidad que buscaba cerrarse sobre sí misma y construirse, idealmente, sobre relaciones patriarcales³⁹. Por otra parte, la hacienda se constituye como un espacio de trabajo transitorio, a bajo sueldo, para un numeroso peonaje vagabundo (gañanes) que, desarraigado de cualquier forma de economía campesina familiar, no está dispuesto, sin más, a perder su libertad en las haciendas por un mal salario⁴⁰.

De este modo, la clase terrateniente chilena en el siglo XX debemos comprenderla –salvando las especificaciones del proceso histórico señalado– como una clase terrateniente capitalista, fundada sobre la propiedad privada de la tierra y la contratación de fuerza de trabajo, con el fin de producir bienes agrícolas destinados al mercado, apropiándose de la plusvalía generada en este proceso. En el caso chileno, la salvedad de esta definición queda señalada por la situación del inquilinaje el que, si bien vende, en parte, su fuerza de trabajo en el siglo XX, no es estrictamente un proletario, sino un alienado arrendatario. En este mismo sentido, mientras «la estructura interna de la hacienda mantenía las normas tradicionales de respeto y de paternalismo, (por) fuera de ella el propietario trataba de elevar sus ganancias al máximo como cualquier empresario capitalista»⁴¹. Por su parte, la riqueza de la nación se generaba principalmente por fuera del ámbito productivo agrario, en el campo minero en manos de capitales extranjeros⁴².

Como prolongación de su poder de clase, los terratenientes chilenos se identificaron con el Estado como su propio brazo político y armado, tomando «las riendas del poder»⁴³, configurando un sólido poder social y político de clase que se ejercía a nivel ampliado, desde el control político electoral de la fuerza de trabajo campesina, hasta su propia instalación en todos los aparatos de gobierno.

Al sur de la paradigmática hacienda del valle central, el vasto territorio chileno de la Araucanía y Sur Austral vivía un proceso diferente que quedó definido por una conquista y colonización tardía del territorio indígena (proceso que abarca desde mediados del siglo xix hacia las primeras décadas del xx), cuya doble dinámica fue la de la progresiva ocupación de tierras en el seno del territorio mapuche por parte de militares del Ejército de la Frontera, inmigrantes y chilenos mestizos, como por la violenta conquista del Estado chileno y su posterior política de distribución y privatización de tierras.

Así, al sur del Biobío se va configurando un territorio multifacético –diferente al de la hacienda del valle central– en el cual la disputa por el control de la tierra y de los hombres no está decididamente consolidada a favor de una clase terrateniente hegemónica, sino que esta clase latifundista local deberá disputar y compartir el ejercicio de su poder con una amplia gama de pequeños campesinos, los que buscarán consolidar su pequeña propiedad y su posición de clase campesina sureña, así como con el pueblo mapuche sobreviviente en posesiones-reducciones de tierras. En efecto, la presencia del pueblo mapuche, aunque conquistado, será un factor gravitante como presión social en vista de resguardar su carácter ancestral como genuina gente-de-la-tierra. Por otra parte, la presencia del Estado conquistador nacional y su política de tierra, a menudo disputará la absoluta hegemonía de una clase civil terrateniente en el sur, la que utilizará todas las vías, legales y extra-legales, en vista de su objetivo de poder: el mayor control sobre la tierra y su gente; lucha que se mantuvo viva y persistente durante el siglo xix y gran parte del siglo xx.

No es nuestra intención hacer una historia de la agricultura chilena –temática ya excelentemente tratada por varios especialistas en el tema⁴⁴–; el campo y mundo de nuestro estudio será el cuerpo-tierra de Chile, en su doble fisonomía hacendal y no-hacendal, visto como el lugar donde se desarrollará y escenificará la lucha social-política que deseamos develar e interrogar: lucha protagonizada por una clase campesina (principalmente apatronada aunque también no-apatronada) que, bajo el estímulo de un proyecto político y de un segmento político que habló a su nombre, comenzará a vivir un fenómeno de «despertar»: un proceso de incipiente pero clara autonomización de su conciencia y su consiguiente distanciamiento de la autoridad patronal, vislumbrando su cuerpo y razón propia.

En esta primera parte deseamos poner sobre la mesa a uno de los protagonistas de esta historia: el campesinado-de-hacienda en sus distintos rostros, realizando una mirada interior al mundo hacendal desde ellos, visualizándolos desde sus condiciones de vida y sus relaciones de trabajo, las que le otorgan a cada grupo su especificidad y definición. Nos hemos acercado a ellos y ellas –siempre precaria y fragmentariamente– a través de documentos testimoniales y oficiales, así como por medio de la prensa de la época y la literatura de la tierra, buscando una aproximación algo íntima a la vida campesina de la hacienda. Los iremos conociendo un poco más en los capítulos siguientes, en la medida de su puesta en movimiento, a través de la experiencia y de los problemas y desafíos que hubieron de enfrentar en esos momentos históricos.

En segundo lugar, en esta primera parte hemos querido mostrar la dinámica de la lucha por la tierra y sus despojos como uno de los movimientos más críticos de la época y que configuran, en gran medida, el acaecer dado principalmente –pero no exclusivamente- en el espacio no-hacendal o del Sur-Araucanía/Austral, donde se vive un proceso de colonización-por-conquista tardía. Es esta una problemática que atraviesa todo el período en estudio, abriendo la narración y la cronología del texto a los hechos más emblemáticos acaecidos en la lucha por la tierra en el sur de Chile y también al norte del valle central. Proceso y tensión que forma parte del fenómeno de nueva fase de acumulación capitalista que vive entonces todo el sistema y estructura agraria en Chile.

Finalmente, ha sido nuestro interés presentar en esta parte un campo político: el de legislación sobre la tierra y sobre las relaciones laborales agrarias, que encuentra en tiempos del general Carlos Ibáñez un momento de sistematización y promulgación, instalando un soporte textual para una problemática agraria que, sin embargo, no logrará ser plenamente encausada por leyes que quedaron estrechas para la fuerza de las contradicciones desatadas.

²⁵ Mario. Ruiz Massieu, Génesis del latifundismo en México, México, UNAM, s/f <https://archivos.juridicas.unam.mx>. (Consulta 26.11.2016).

²⁶ Eduardo. Galeano, Las venas abiertas de América Latina, Uruguay, Editorial Catálogos, 1971.

²⁷ José. Bengoa, El poder y la subordinación. Historia social de la agricultura chilena, Santiago, SUR, 1998, p. 28.

²⁸ Jacques. Chonchol, Sistemas agrarios en América Latina, México, F.C.E., 1994, p. 69. «Hacienda» procede del latín «facienda», cuyo significado más habitual hace mención a una finca agrícola que suele tener carácter de latifundista, es decir, con explotaciones agrarias de grandes dimensiones. <www.definicion.de/hacienda>.

²⁹ Jacques. Chonchol, Sistemas agrarios en América Latina, México, F.C.E.,1994, p. 62.

³⁰ Celso, Furtado, La economía latinoamericana desde la Conquista Ibérica hasta la Revolución Cubana, Santiago, Editorial Universitaria, 1969, p. 70.

³¹ Celso, Furtado, La economía latinoamericana desde la Conquista Ibérica hasta la Revolución Cubana, Santiago, Editorial Universitaria, 1969, p. 38.

³² Alan, Birou, Fuerzas campesinas y políticas agrarias en América Latina, Madrid, IEPAL, 1971, p. 33.

³³ Jacques, Chonchol, Sistemas agrarios en América Latina, México, F.C.E., 1994, p. 118.

³⁴ S. Assadourian, et al., Modos de producción en América Latina, México, Siglo XXI, 1989, p. 76.

³⁵ Sobre el tema del peonaje agrario ver Gabriel, Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Santiago, SUR, 1989.

³⁶ Jacques, Chonchol, Sistemas agrarios en América Latina, México, F.C.E., 1994, pp. 72-84.

³⁷ Arnold, Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española hasta nuestros días, Santiago, Editorial Andrés Bello, 1994, p. 37.

³⁸ José, Bengoa, El poder y la subordinación. Historia social de la agricultura chilena, Santiago, SUR, 1998, p. 50.

³⁹ H. Zemelman, J. Petras, Proyección de la reforma Agraria. El campesinado en su lucha por la tierra (ICIRA; U. Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 26.

⁴⁰ Gabriel, Salazar, Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX, Santiago, SUR, 1989; Arnold, Bauer, La sociedad rural chilena. Desde la conquista española hasta nuestros días, Santiago, Editorial Andrés Bello,1994.

⁴¹ H. Zemelman, J. Petras, Proyección de la reforma Agraria. El campesinado en su lucha por la tierra (ICIRA; U. Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 25.

⁴² H. Zemelman, J. Petras, Proyección de la reforma Agraria. El campesinado en su lucha por la tierra (ICIRA; U. Chile), Santiago, Editorial Quimantú, 1972, p. 26.

⁴³ Sofía. Correa, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo xx, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005.

⁴⁴ Respecto de la historia de la agricultura chilena, debemos agradecer los aportes de tantos valiosos autores, tales como Claudio Gay, Mario Góngora, Rolando Mellafe, Gabriel Salazar, Arnold Bauer, Brian Loveman, José Bengoa, Jacques Chonchol, Fabián Almonacid, entre varios otros. Sus valiosos estudios están en la base y sirven de fundamento de este trabajo, centrado más bien y específicamente en el factor político de las relaciones sociales de producción dadas en el mundo productivo agrario chileno de la década del cuarenta del siglo xx.

Capítulo I Campesinos y campesinas. Rostros y condiciones de vida y trabajo
1. Las distintas figuras del campesinado chileno

«Mi patrón era hermano del Presidente; ellos eran de las ‘cincuenta familias’ que se llamaban en ese tiempo. Venían de la Colonia y tenían todo el poder en sus manos. Yo nací en el campo (…) No tuve niñez, ni ninguno de los compañeros de mi edad, no tuvimos juventud, porque, en aquel tiempo, cuando un niño tenía apenas cinco o seis años, debía estar trabajando con el padre, andar detrás del padre con una palita, un azadoncito, y había que limpiar la chacra o las acequias. Tenía que trabajar, porque no se podía vivir con lo que el patrón le pagaba al papá.

«Cuando tenía trece años, comencé a trabajar en el fundo, por allá por el año 27. Ahí me pagaban $1 por el día, así que trabajaba seis días y me ganaba $6; me pagaban cada quince días, eran $12 en los quince días y no pagaban los domingos. Luego, en el año 31, cuando yo tenía diecisiete o dieciocho años, entré a trabajar más de fijo en el fundo: sin libreta porque era menor de veintiún años. En ese tiempo había que ser mayor de edad para ser obligado o inquilino, así que fui voluntario; el voluntario ganaba más: si el inquilino ganaba $1, el voluntario ganaba $1,50. En los dos años que estuve de voluntario aprendí muchos oficios. Nos pagaban a trato, según nos daban por potrero. Así, pues, tenía diecisiete o dieciocho años cuando mi padre quedó sin trabajado y me dijo: ‘le hablo al administrador si te recibe’. Le dijo que sí y me pusieron en las carretas; había que aprender a manejar las carretas, sobre todo porque eran con cuatro bueyes y las cuestas eran muy angostas en los potreros. Para todo había que tener cuidado, fijarse, tener responsabilidad en las cosas.

«La vida era muy sacrificada, y la pobreza era enorme, viera usted la pobreza. En el campo en que se criaba uno era mucha la pobreza, mucha injusticia, y la pobreza la llevaban allá los mismos ricos, por eso no los perdono. (…) El patrón nos daba la casa, pero era un rancho, qué le voy a decir. Entregaba la casa, pero lo demás corría por cuenta del inquilino (…) tenía que hacerse cargo de todo, de la reparación, por ejemplo; cuando llovía, poníamos cueros enteros de animales en las camas. Hacíamos un zanjón por dentro de la pieza para que saliera el agua: esas eran las casas que nos daban los patrones, y así vivíamos. Los niños semidesnudos, a patita pelada, no conocíamos los zapatos. (…)

«Recuerdo que el año 1931 fue cuando entré a trabajar por la ‘obligación’ de la casa; trabajé durante treinta años, todos los días del año, sin vacaciones. Trabajaba en un establo, primero como ayudante de quesero, después quedé de maestro quesero. Calcule usted, ¡treinta años vegetando! Pero el sacrificio lo hacía porque necesitaba, tenía necesidades yo.

«No había vacaciones, ni lluvias, ni festivos, ni una cosa, trabajar y trabajar… No me importaba sacrificarme, trabajar de las 4 de la mañana para ir a almorzar a las 12 a la casa, volver a las 4 de la tarde y hacer el mismo trabajo; llegaba a las 12, a la 1 de la madrugada. La Rosario y mi madre me esperaban con una comidita caliente y me iba a acostar, porque ligerito tenía que estar en pie a las 4 de la mañana. Dormía tres horas o cuatro horas mucho. Así que llegaba a almorzar a las 12, me quedaba dormido y tenía que irme de a pie un kilómetro; dormía un sueñecito y me despertaban para irme al trabajo. Trabajé casi veinte años así.

«Antes no teníamos sueldo. Yo pagaba la ‘obligación’ por la casa, un tanto por el sitio, un tanto por cada animal, hasta por la leña que sacaba del sitio. Luego el gobierno de Ibáñez nos puso un sueldo: dijo que el patrón tenía que pagarle un tanto por ciento en dinero al inquilino. Si lo tomaban a $1000, tenían que pagarle $50, era un mínimo. Así que cuando estuvo Ibáñez puede decirse que tuvimos un sueldo por primera vez.

«Cuando nos pagaban, a veces nos íbamos a cobrar al lado del río; ahí había un caballero que tenía el almacén del fundo. Él fiaba y le cobraba a la gente quincenalmente, y cuando sacaba las cuentas, había meses en que a uno le alcanzaba justo. El dueño del almacén era el pagador también; uno veía a la gente medio vivir no más. Y como dicen, lo fiado cuesta caro, pues. Póngale que a usted le pagaban el mes de mayo, junio y, al terminar la cosecha, venía usted y liquidaba toda la cuenta. Y a pedir fiado otra vez, porque con lo que se ganaba le alcanzaba para la harina, ya que se hacía el pan en casa; se vendían los animalitos en septiembre, octubre y, a medida que engordaban, se iba pagando… Una vida completamente vegetal, uno vegetaba años y años, y nunca ganaba, nunca surgía. Y así vivía la gente, todos nosotros.

«Pero, por una parte, la misma gente tenía la culpa, porque no hacía nada por salir de esa rutina. Y como le digo, veníamos a pagarnos ahí, en un mesón largo: aquí estábamos pagándonos y en la otra punta, a unos cinco metros, estaba el dueño vendiendo vino; tenía bodega el caballero y traía vino al almacén. Entonces la gente que llegaba a comprar, se tomaba una cañita…, pero si se tomaban una caña, les daban ganas de tomarse la otra y entonces se curaban. Se la tomaban la platita. ¿Por qué –digo yo– tener ahí mismo la tentación para la gente que le gustaba el trago? No les importaba»⁴⁵.

Según el censo de 1930, la población chilena alcanzaba a 4.287.445 personas, de las cuales 2.168.224 correspondía a población rural; el 50,6%⁴⁶. De éstos, 506.341 eran asalariados agrícolas: 104.569 inquilinos, 238.158 obreros agrícolas y 11.081 empleados. De acuerdo a cifras de la Inspección General del Trabajo para 1936, el personal agrícola se concentraba en la provincia de Santiago (41.655), Talca (23.042), Ñuble (28.995), Cautín (29.031) y Valdivia (25.595)⁴⁷.

¿Qué entenderemos por campesino? En general en América Latina, este concepto abarca «tanto la idea de un campesino puro, como también la de uno que comparte elementos con los trabajadores agrícolas, ya sea porque vende parte de su mano de obra o porque contrata trabajadores temporales»⁴⁸. Para el caso de Chile, el concepto de campesino es aún más amplia y general:

En la experiencia chilena, desde que se generaliza el empleo del término campesino y se hace referencia a los «campesinos» o al «campesinado» (…) el concepto se ha utilizado en sentido amplio, abarcando el conjunto de las poblaciones que trabajan la tierra bajo distintos sistemas o estructuras. El término campesino ha adquirido así una connotación claramente antropológica, al abarcar a todos quienes, viviendo en el medio rural, realizan directamente con sus manos las labores de campo, en oposición al de agricultor, terrateniente o patrón⁴⁹.

En esta misma línea conceptual, cuando aquí hablamos de campesinos en sentido amplio, hacemos referencia –siguiendo también la orientación de los propios documentos– a aquel que trabaja la tierra con su cuerpo y con el de su familia, ya sea vendiendo su fuerza de trabajo o trabajando por cuenta propia. No obstante, diferenciamos al campesinado independiente (pequeños propietarios, colonos, ocupantes) de lo que llamamos campesinado hacendal o apatronado, nominación que aquí incluye a los medieros, inquilinos y trabajadores rurales en sus diversas capas, rostros y relaciones (de los cuales daremos definiciones en detalle en los párrafos siguientes), todos los cuales quedan, de uno u otro modo, directamente subordinados al terrateniente.

Desde el punto de vista productivo, el campesinado independiente (como también el mediero o aparcero y también otras figuras independientes como los mapuche) con la venta de sus productos en el mercado local no busca y/o no logra obtener utilidades que le permitan reinvertirlas con fines de mayor producción, «sino sólo conseguir dinero para comprar aquellos bienes que no puede producir en su predio, o para hacer los gastos que le permitan mantener o aumentar su status en la comunidad. El campesino es, por consiguiente, un productor de subsistencias»⁵⁰. Por su parte, a los mapuche los denominamos específicamente como su nombre lo indica: mapuche o gente de la tierra.

En general, todos estos grupos comparten en común el ser cultivadores de la tierra a través del trabajo de su cuerpo entregado directamente a ella y con el fin de producir su subsistencia familiar o comunitaria, quedando, por lo general, críticamente sometidos a las fuerzas dominantes existentes dentro y fuera de las grandes propiedades, las que han tomado el control histórico del territorio y del país.

¿Cuáles eran los distintos rostros y figuras del campesinado chileno en esta época?

Los campesinos, en su rostro de pequeños propietarios independientes, existieron desde la época colonial y crecientemente durante la fase republicana, a menudo como resultado de los procesos de parcelación de los «pueblos de indios» que se iniciaron en la década de 1830⁵¹, por subdivisión de haciendas o por «venta de las tierras marginales de las haciendas», dando origen a lo que se ha denominado campesinado parcelario. En el siglo xx, la expansión de La Frontera hacia el sur del país, favoreció la formación de pequeños campesinos, ya por entrega de parcelas a los soldados de la conquista de la Araucanía, a los inmigrantes o, como veremos, a través de algunos «reconocimientos» de campesinos ocupantes de tierra fiscal en la zona. Según los estudios de Rigoberto Rivera, la tierra asignada a los mapuche abarcó el 5% de la superficie del territorio de La Frontera, mientras la pequeña propiedad en la zona no alcanzaba a más del 10% de la tierra. El cálculo por proyección permite a Rivera establecer que, tomando cifras de Mac Bride, sólo el 5% de la superficie agrícola del país se encontraba dividida en predios de reducido tamaño, con un total de unas 100.000 unidades prediales, con una estimación aproximada de 140.000 pequeños campesinos «con una población de unas 800.000 personas; es decir, más o menos un tercio de la población rural de la época»⁵². En el curso del siglo xx se habría producido una relativa subdivisión de las haciendas por ventas o herencia, mientras aumentó –especialmente a partir de la década de 1930– el proceso de parcelación de «áreas de tierras marginal y submarginal, lo que dio lugar a un mayor porcentaje de explotaciones de subsistencia»⁵³. En 1936, George Mac Bride observaba que si bien en la zona central había que «rebuscar para encontrar» a los pequeños campesinos, estos estaban aumentando:

Los corredores de predios rústicos que hasta hace poco se concretaban exclusivamente a grandes transacciones (…), se afanan ahora por encontrar pequeños retazos. Los arrendatarios tratan de adquirir el suelo que trabajan; los medieros, compran, por su parte, las parcelas que se les ofrecen; mientras que una cantidad de profesionales, empleados públicos y los más prósperos de la clase de los artesanos, están ansiosos de comprar algún pequeño fundo o una chacra que aumente su renta y les proporcione al mismo tiempo un lugar de retiro⁵⁴.

Este interés por la tierra que surge de la crisis del empleo urbano y de faenas en los años veinte y treinta va a ser también estimulado, como trataremos más adelante, por la ley que creó la Caja de Colonización Agrícola (1928), otorgando facultades y recursos al Estado para el fomento de la pequeña propiedad parcelaria y cooperativa en el país. «Es destacable que, entre 1929 y 1964, este organismo parceló un total de 1.069.764 hectáreas, creando 5.735 nuevos pequeños propietarios». El censo de 1955 permitió establecer que, entre 1924 y 1955, los campesinos parceleros «habían incrementado su peso relativo desde un tercio a dos tercios de la población rural pobre»⁵⁵.

Según documentos de la prensa de época, este campesinado parcelario, es decir, con propiedad de tierra, se dividía en diversos grupos o capas con funciones claramente definidas. 1) Por una parte, se podía identificar al llamado «campesino pudiente» que, si bien contrataba mano de obra asalariada beneficiándose de su trabajo, sufría la expoliación del gran terrateniente, de las casas compradoras de cereales, de la usura de los bancos y de los impuestos y contribuciones del Estado. 2) En segundo lugar, estaba el «campesino medio», con parcelas de baja calidad con una extensión entre 50 y 200 hectáreas, que trabajaba principalmente con medieros y contrataba asalariados en tiempos de cosechas; este segmento sufría la misma expoliación antes señalada por parte de terratenientes y mayoristas que le obligaba a vender su producción a muy bajos precios, sufriendo, además, con las excesivas contribuciones y con la falta de crédito. 3) En tercer lugar, existía el «campesino pobre», quien atravesaba una situación «completamente desesperada». Con parcelas ya cansadas, no superiores a 50 hectáreas, trabajaba con su familia, con escasos recursos productivos, empobrecidos por patentes y contribuciones, siendo, además, víctima de «acreedores inescrupulosos que le obligaban a firmar contratos leoninos» que los conducían a la ruina. Sus ingresos anuales no excedían de $12.000. 4) En cuarto lugar, se podía distinguir a un numeroso segmento identificado como «semi-proletariado agrícola», con parcelas insuficientes para mantener una familia, por lo que este grupo se asalariaba parte del año en fundos aledaños o en otras actividades, sufriendo una doble explotación, ya como campesino, ya como asalariado agrícola⁵⁶. 5) Finalmente, existía la figura del «arrendatario-chacarero»: un campesino que arrendaba cuadras de tierra para sembrar chacras cuyos productos vendía directamente en el mercado de la ciudad. «Los arriendos que paga son siempre sumamente subidos, por ejemplo, en la provincia de Santiago, los hacendados cobran los arriendos a razón de $3.000 la cuadra al año, en circunstancias que por ella el propietario suele pagar menos de $50 de contribuciones»⁵⁷.

Por su parte, los asalariados del campo habían cambiado de status legal a partir del Código del Trabajo de 1931 que legisló no sólo para los trabajadores urbanos, sino también para los campesinos. En dicho Código, los «obreros agrícolas» quedaron definidos como «los que trabajan en el cultivo de la tierra, como los inquilinos, medieros y voluntarios en general, y todos los que laboran en los campos bajo las órdenes de un patrón y no pertenezcan a empresas industriales o comerciales derivadas de la agricultura»⁵⁸. Definición amplia e inclusiva que incorpora a todos los rostros del campesinado apatronado. En el Código se establece la obligación de contrato de trabajo, la exigencia al patrón de proporcionar habitación higiénica al campesino; se reglamenta el trabajo de medieros, aparceros e inquilinos, liberándolos de la obligación de venta forzosa de sus productos al patrón, y se impone la obligación de un desahucio por el despido de inquilinos (2 meses) y de obreros de temporada (6 días)⁵⁹. De este modo, el campesinado de fundos y haciendas pasó a formar parte del sistema legislativo nacional, en un mismo status que el resto de los trabajadores del país.

Respecto de estos campesinos-de-hacienda o apatronados, distinguimos: el inquilino, definido por la ley como «el obrero agrícola que tenía habitación para él y su familia y ración de tierra en potrero, (estando) facultado para enviar reemplazante», definiéndose a este último como «el obrero agrícola que trabajaba por cuenta y cargo del inquilino a quien reemplazaba»⁶⁰. Estos inquilinos trabajaban de sol a sol y sus mujeres acudían a la ordeña de vacas de madrugada, antes de la salida del sol, a cambio de un exiguo salario. «En general, toda la familia debe servir obligatoriamente en el fundo»⁶¹.

El reemplazante o voluntario: «era el obrero agrícola que residía en el fundo y trabajaba ocasionalmente y permanentemente en el fundo por un salario y ración de comida»⁶²; más que a menudo los «voluntarios» vivían en casa de los inquilinos como allegados. Estos voluntarios reemplazantes u «obligados» a veces recibían el apelativo de «Juanillos»:

«Juanillo» es llamado el obrero que trabaja en un predio agrícola sin que haya sido llamado o contratado por el patrón sino como sustituto o reemplazante de un inquilino. Este último es quien celebra el contrato de trabajo con el dueño del fundo y quien recibe los beneficios de casa, ración de tierra para siembra, talaje, etc. (El inquilino) que se dedica a trabajos propios de su hogar o profesión y que no presta servicios en el fundo, busca para que trabaje por él o, más propiamente, para que «cumpla la obligación» inherente a su calidad de inquilino, a un obrero, al «Juanillo»⁶³.

Este trabajador-voluntario-obligado, que existía específicamente en la zona central agrícola (de Biobío al sur no pesaba sobre el inquilino la obligación de «echar peón»⁶⁴), si bien recibía el sueldo correspondiente al inquilino, más un sobresueldo pagado por éste, no figuraba en las planillas de pago del fundo, por lo que no recibía imposiciones de la Caja del Seguro Obrero Obligatorio, no tenía goce del feriado legal anual, como tampoco tenía derechos derivados de falta al trabajo por enfermedad; es decir, no tenía ninguno de los derechos modernos establecidos en el Código del Trabajo. Este obrero agrícola hacía el mismo trabajo que el inquilino, «con la tremenda diferencia de tener que trabajar de noche, no tiene casa donde vivir y, por ello, se ve obligado a agregarse a alguna familia de inquilinos o dormir en los pajales»⁶⁵.

El hecho de que los reemplazantes voluntarios o Juanillos habitasen en casa de los inquilinos de la hacienda, aseguraba al patrón una disponibilidad permanente de mano de obra, sin mayores obligaciones que el jornal con ración de comida sólo en días trabajados, no estando obligado el fundo a proporcionarles trabajo estable, por lo que sufrían cierta cesantía durante el invierno. Sin embargo, se calculó que en la zona central los inquilinos trabajaban un promedio de 270 días al año y los voluntarios unas 240 jornadas. De este modo, los inquilinos constituyeron «la base fundamental de reclutamiento de fuerza de trabajo» para la hacienda, caracterizado como una «especie de contratista de mano de obra ya que se obliga a proporcionar al fundo o hacienda una determinada cuota de trabajo, para lo cual aporta el suyo, el de sus familiares o allegados o incluso puede pagar a otros asalariados o inquilinos»⁶⁶.

Por su parte, la economía patronal contaba con los medieros, entre los que se podía distinguir: a) el inquilino mediero que, reuniendo las condiciones del inquilino común, trabajaba en medias con su patrón; este último le entregaba 3 ó 4 cuadras de tierras, debiendo poner el inquilino mediero los animales y las herramientas; si el patrón ponía la semilla, le debía ser devuelta al momento de la cosecha, cuyo producto se repartía en partes iguales entre el patrón y el inquilino. Mientras realizaba este trabajo, «el inquilino debe poner en su reemplazo 1 ó 2 obreros pagados por él, a fin de que trabajen para el patrón»⁶⁷; b) la del mediero apatronado que eran aquellos trabajadores agrícolas que «trabajan en un fundo o hacienda en medias con su patrón bajo su inmediata dependencia y, por lo general, sin elementos propios de explotación», y c) los medieros propiamente tales, que corresponden, por lo general, a pequeños campesinos que trabajaban en forma independiente y con elementos propios y que «contratan la explotación de cualquier labor agrícola con el fin de repartirse las utilidades con el propietario, tenedor o arrendatario de un predio rústico, sin que exista entre ambos la dependencia o subordinación que crea el vínculo patrón-obrero»⁶⁸. El patrón, en este caso, ponía únicamente la tierra, mientras los «hijos del mediero deben obligatoriamente trabajar para el patrón en el fundo en vez de ayudar a su padre»⁶⁹. En el centro del país, el sistema de mediería jugaba un importante papel. «Entre Aconcagua y Colchagua el 18% de la superficie con cultivos anuales era explotada en medias, cifra que subía al 34% entre Curicó y Ñuble»⁷⁰.

La cosecha de los campesinos y mapuche en sus medierías y comunidades tenía bastantes pérdidas: se hacía, por lo general, en máquinas «malas, viejas, que no alcanzan a refregar todo el grano que tiene la cabeza del trigo». Deducida la semilla que debía pagarse al patrón, cuando se hacía la molienda en el pueblo, había que trasladar las gavillas amontonadas en carretas de bueyes sin resortes, por malos caminos, por cerros, golpeándose las «cabezas de trigo, desparramando para las torcazas y perdices» y a veces dándose vuelta la carreta en la falda de algún cerro… luego había que pagar la «maquila» (costo de la molienda) que en el sur era unos 14 kilos por saco de m/m 100 kilos⁷¹. No alcanzaba al mediero para la alimentación de su familia durante todo el año; con el hambre y el frío del invierno, el mediero acudía al patrón para pedirle prestados algunos kilos de trigo, papas y legumbres, que debía pagar con la cosecha venidera, en un círculo vicioso del que no podía salir…⁷².

El inquilinaje y la mediería permitían a los patrones lograr cuatro propósitos: a) tener atada a la explotación la mayor parte de la fuerza de trabajo que les era necesaria; b) remunerar con especies abundantes y a bajo costo, evitando desembolsos mayores en dinero; c) evitar la contratación en períodos muertos, mediante el expediente de los voluntarios vinculados a la explotación que sólo eran ocupados según las exigencias temporales del calendario de labores y mediante la contratación de afuerinos, y d) mantener un fuerte control social sobre familias arraigadas al fundo o hacienda por generaciones⁷³.

Desde el punto de vista de los inquilinos, la principal compensación de su trabajo y obligaciones en la hacienda era, sin duda y a pesar de las malas condiciones de la vivienda, la posibilidad de «habitar» allí con su familia en forma relativamente estable, es decir, realizar y forjar su vida e identidad como trabajador de la tierra, como campesino. «Ser ‘apatronado’ era mejor que ser ‘proletario’, sin trabajo permanente, sin un lugar donde residir y una vivienda en que habitar»⁷⁴.

Finalmente, estaba el grupo más numeroso constituido por los asalariados agrícolas o proletarios del campo, trabajadores a trato, que podían adquirir las figuras de «peones residentes», «afuerinos», «pisantes», etc. Por lo general, «no tienen arraigo en los fundos en que trabajan, vagando de fundo en fundo, algunos con mujeres e hijos, durmiendo en pajales o galpones, ganando bajos salarios»⁷⁵. Estos «afuerinos» eran contratados en tiempos de máxima demanda, por lo general en tiempos de cosecha; muchos de ellos provenían de la agricultura campesina minifundista o eran pobladores sin tierra de aldeas rurales y que se desempeñaban como «trabajadores migratorios»⁷⁶. La mayoría de estos proletarios campesinos eran peones progresivamente desenraizados de la tierra, que seguían engrosando, desde la época colonial, la población de vaga-mundos en los caminos de Chile⁷⁷.

Desde Aconcagua a Biobío, al interior de los fundos y haciendas del centro del país, se conformaba una «estructura laboral piramidal», en cuya cúspide el patrón delegaba sus funciones en un «administrador» secundado por una serie de «supervisores llamados mayordomos, capataces y sotas (vigilante de diez hombres)», quienes tenían bajo su mando a los trabajadores-campesinos en sus distintas figuras: inquilinos, reemplazantes u obligados, voluntarios, afuerinos, peones⁷⁸.

2. Condiciones de vida del campesinado chileno

En el agudo tiempo de crisis que se inició con la primera guerra mundial y, especialmente, con el colapso mundial del capitalismo en los años de 1930, la mirada de los grupos dirigentes, especialmente de las izquierdas, se dirigieron hacia la situación social y económica que se vivía en la tierra y su influjo sobre la ciudad. Era la tierra la que, como siempre y más que nunca, debía seguir sustentando a la población en medio de la tormenta de la crisis comercial: del trabajo de sus cultivadores pendía la sobrevivencia de la población en su conjunto.

Sin embargo, estos cultivadores eran, mayoritariamente, trabajadores agrícolas mal pagados, mal comidos, mal dormidos; asalariados temporales sin arraigo o inquilinos cuya «regalía» de chacra y talaje le daba «derecho» a un latifundista, generalmente ausentista, a contar indiscriminadamente con su trabajo, el de su familia y de un trabajador extra. Como veremos, se trataba de un latifundista muy consciente de sus intereses particulares de clase y muy inconsciente acerca del valor social y humano de la fuerza de trabajo de sus fundos, así como acerca de su responsabilidad como propietario de un fragmento nada menor de la tierra de la nación. Dejadas en manos de administradores, las tierras de estos propietarios eran de baja rentabilidad y explotadas con escasa innovación en sus métodos productivos; tierras que servían más como fundamento de su poder de clase, que como fuente de producción y de generación de bienestar colectivo.

La situación de la miseria campesina y de la concentración de la propiedad terrateniente y su inefectividad productiva comenzó a ser, poco a poco, sacada a la luz desde principios del siglo xx y, con mayor énfasis, como decíamos, a partir de la crisis capitalista de 1930, cuando la supervivencia de todos pendía de la producción de alimentos. Las voces críticas de la época señalaban como el principal problema del régimen agrario, la mala distribución de la tierra y los bajos salarios de los trabajadores agrícolas, cuestionando el estancamiento de la producción de alimentos y el pauperismo del campesinado. Los estudios del norteamericano George MacBride sobre la situación del agro hacia 1924 revelaron la excesiva concentración de la propiedad de la tierra en Chile: entre Coquimbo y Biobío la tierra estaba principalmente en manos de hacendados con propiedades mayores de 2.000 hectáreas (5.396 haciendas, 11 millones de hectáreas), controlando el 89% de la tierra. El resto, un total de 1,3 millones de hectáreas, estaba repartida entre 76.688 propietarios con predios de menos de 5 hectáreas (1,4% de la tierra agrícola), un 40% de los cuales tenía en promedio apenas 1,5 hectáreas. En otros términos, la extensión del suelo cultivable alcanzaba al tercio de la superficie territorial: el 62% eran haciendas de más de 5.000 hectáreas, pertenecientes a 568 propietarios y el 16% eran predios entre 1.000 y 5.000 há., pertenecientes a 2.052 propietarios. En suma, «el 78% de la extensión cultivada chilena pertenece a 2.620 personas, (mientras) 57.360 personas son dueñas de propiedades de menos de 5 hectáreas»⁷⁹.

Tal como existe en nuestro valle céntrico, el latifundio significa (…) rutina y producción incompleta; en lo social, la supervivencia de un sistema semi-feudario que es la más cerrada valla en contra del advenimiento de un bienestar holgado para nuestro pueblo; en lo económico, una riqueza hoy muy inestable para el dueño y miseria de por vida para el hombre que unce junto con el buey, al arado; y en lo cívico, depósito de materia inflamable para cualquier explosivo revolucionario⁸⁰.

Se vislumbraba la necesidad de una reforma que permitiese abordar la mala distribución de la propiedad, siguiendo el cercano ejemplo del México post-revolucionario y de la Europa de post-primera guerra. Esta crítica alcanzó niveles cada vez más resonantes, especialmente al momento, como veremos, de la formación en Chile en 1936 del Frente Popular (en adelante FPCh), que constituyó una importante alianza de fuerzas políticas críticas, proclives a hacer del Estado un instrumento de cambio social al servicio de una democracia que resguardara los derechos sociales de los trabajadores y del pueblo en general. A través del periódico vocero de dicha alianza, el que justamente portaba el título de Frente Popular, esta coalición denunció los problemas de subsistencia popular, especialmente la carestía de vida, exacerbada por la exportación de alimentos, mientras se visibilizaba la grave situación salarial de los trabajadores, especialmente de los trabajadores agrícolas.

El trabajador agrícola gana, computando sus entradas por habitación y especies, $6.50 al día. El minero gana $11 diarios. El obrero de la industria gana $7.80 por día. El obrero ferroviario (…) gana $13.70 diarios. ¿Pueden bastar estos salarios para la subsistencia de una familia obrera? (…) El Dr. González demuestra que una familia obrera media, con 3 hijos, debe gastar a lo menos $13 diarios por el sólo capítulo de alimentación⁸¹.

Un panorama acerca de las condiciones de vida de sectores del campesinado de la época en estudio fueron reveladas a través de un Informe de Visitación del Trabajo presentada al Congreso Nacional a raíz de una petición de Oficio requerida por el diputado y dirigente de la Liga Nacional de Defensa de los Campesinos Pobres, Emilio Zapata. En dicho Informe (1937), relativo al fundo «Santa Elisa»⁸², se daba cuenta que los 22 inquilinos que allí laboraban percibían un salario consistente en $0.80 diarios, 3 galletas diarias de valor de $0.60 cada una, media cuadra de terreno para chacra de valor de $600 (anuales) y talaje para 10 animales de un valor de $6 mensuales por cabeza, haciendo presente que «este derecho a talaje puede considerarse casi nominal, por cuanto la pobreza de estos inquilinos no les permite tener animales». La pulpería del fundo, entregada a un concesionario, era la encargada de pagar a los inquilinos, los cuales, con los descuentos realizados, por lo general no recibían pago alguno en dinero efectivo. Requerido el pulpero para que publicase los precios de los productos, este habría declarado que estaba de más porque los campesinos jamás alcanzaban a llevar un kilo, lo cual «me demostró palpablemente la pobreza suma en que vive la gente del fundo». Los inquilinos, además, estaban sometidos a una serie de multas «sin tasa ni medida». Había inquilinos a quienes se le aplicaban multas de $20 el día del pago, los cuales, habiendo tenido un alcance líquido en la quincena de $9.60, quedaban sin sueldo alguno y endeudados. Se le obligaba al inquilino a proporcionar cada 15 días un arreador de ganado para ir a la feria, el cual estaba obligado a servir en caballo y montura propia, remunerándoseles con un viático de $2.50 para tres días. No existían contratos de trabajo y no pudo saber el Visitador si las libretas del Seguro Obligatorio (que todos tenían) estaban al día. Había reclamos respecto de los desahucios, no otorgándose los dos meses que requería el Código del Trabajo. La vivienda se describe como «rucas primitivas o ranchos de paja», existiendo 10 casas de teja y zinc en regular y mal estado. La única expresión de «modernidad» era la existencia de una escuela al interior del fundo. En suma, el Visitador anotaba que el patrón sólo cumplía en parte con el Código del Trabajo, manifestando que los escasos salarios y las pocas facilidades que se les otorgaba se expresaba «en los rostros de todos los inquilinos muestras de descontento, angustia y miseria»⁸³.

Las denuncias sobre los bajos salarios y sobre los abusos en relación a los precios de compra-venta de productos y mercaderías en las haciendas, eran pan cotidiano en la década de 1930. Como ejemplo, en la prensa de Talca se denunciaba que en el fundo «San Pedro» de Molina (departamento de Lontué) la comida de los trabajadores no era ni para perros, intragable, que los sueldos eran de $2.50 al día, suma con que los inquilinos, con 4 y 5 hijos, no alcanzaban a alimentar a su familia; las mujeres ganaban $1.80 diarios y los afuerinos $3 y $3.50. A los inquilinos que recién habían hecho sus cosechas, el patrón se las compraba en dinero a razón de $1.45 el qq. de porotos y se los vendía después a $1.80 el qq. ; el maíz se les pagaba a razón de $45 el qq. y se les vendía luego a $60; mientras en el almacén patronal se les recargaba «30 ctv. por el kilo de azúcar y les roba 8 decagramos y así en todas las mercaderías que hay en este negocio»⁸⁴.

En algunas haciendas y fundos solían trabajar también los niños campesinos, sustrayéndose a la escuela y soportando largas jornadas que sus cuerpos débiles resentían. Era lo que ocurría en el extenso fundo «Santa Inés» de la Beneficencia, ubicado en Melipilla, donde trabajaban 100 trabajadores campesinos que habitaban en chozas de paja llovidas por la lluvia y donde «más de 60 menores de quince años, entre los cuales hay algunos que no han llegado a los nueve, trabajan en los campos, arrancando malezas y realizando una faena que a los adultos se les paga a $3, por la cual ellos obtienen no más de $1,20», realizando jornadas de más de 10 horas diarias⁸⁵.

Una de las denuncias reiteradas que se hace en la época a través de la prensa, se refiere a la «vivienda» campesina. En su Informe de Visita al fundo «El Carmen» de Colchagua, el inspector Vial visitó las habitaciones de los inquilinos y «pude comprobar, dice, que ellas no solo eran anti-higiénicas e inadecuadas, sino que en ellas hacían vivienda común los obreros y sus familias con las aves y hasta chanchos y (…) se encontraban con barro y estiércol debido a la mala techumbre y a que el piso de las piezas se encontraba a un nivel más bajo que el del patio. (…) la familia del inquilino vivía en una promiscuidad inconveniente de padres e hijos»⁸⁶. Esta descripción, que habla de hacinamiento, miseria, humedad y promiscuidad, son imágenes que se repiten en las denuncias sobre las condiciones de la «vivienda» campesina, una de cuyas dramáticas expresiones eran los «burros parados» del fundo «El Radal», como se muestra en la carta y dibujos de Tegualda.

Al respecto, en Longaví, Linares, se daba cuenta de la miseria de la habitación campesina en la Hacienda La Quinta, que reunía a los fundos «Esperanza», «San José», «Santa Amalia» y Macul», abarcando más de 144.000 cuadras, cuya propietaria solo cultivaba 3.000. Miseria de las chozas llovidas de los 700 campesinos que allí trabajaban, en violento contraste con la gran mansión construida por su dueña, donde pasaba solo dos o tres meses al año. La pobreza y la mala alimentación entre la gente del campo se manifestaba en sus cuerpos a través de la tuberculosis que hacía muchas víctimas entre ellos. Esta miseria había sido el motor que había llevado a sus trabajadores a formar sindicato: «ellos por fin se han convencido de que la unión hace la fuerza»⁸⁷.

Los diputados de izquierda –especialmente el diputado socialista Emilio Zapata Díaz–, reiteradamente denunciaban las malas condiciones de vida del campesinado ante la Cámara, solicitando a menudo por oficio al ministro del Trabajo realizar visitas inspectivas a los predios cuestionados. Así, con prontitud y por orden superior, se trasladó en auto al fundo «La Cé» el inspector del Trabajo de Talagante, en compañía de Pedro Saravia, presidente del Sindicato Agrícola de ese predio, arrendado por un señor Alfaro, con el fin de verificar el estado de las viviendas de los trabajadores, cuyas malas condiciones habían sido denunciadas en la Cámara por el diputado Zapata. El inspector Luis Bahamondes visitó las 44 casas del fundo, constatando que éstas se encontraban «en estado lamentable», no pudiendo ni siquiera ser refaccionadas, «por cuanto estas están afirmadas por horcones, su cielo es de totora y el piso es nada más que tierra, acarreando graves enfermedades a los niños». Bahamonde denunciaba, asimismo, que los trabajadores del fundo estaban bebiendo agua de acequia⁸⁸.

Motivo de reiterados reclamos y demandas en los Pliegos de Peticiones que se presentaron en el período que estudiamos era la alimentación de los trabajadores campesinos, la que consistía en un solo y mismo plato día tras día, semana tras semana, mes a mes: el plato de porotos con grasa, acompañado de una «galleta», que, a menudo, combinaba el trigo con otras harinas de mala calidad y sabor. Ninguna variación, ninguna verdura, ninguna fruta. Se denunciaba la desnutrición en los campos y que, en algunos fundos, como en «Santa Inés» de Melipilla, propiedad de la Beneficencia, se echaba los porotos a los trabajadores en un tarro parafinero, debiendo comer varios del mismo tarro y sentados en el suelo…⁸⁹.

La prensa no solo sacaba a la luz las noticias acerca de la situación puntual que vivía el campesinado, sino que, a menudo, adoptaba la forma de una denuncia activa, es decir, operaba a través de una «observación por dentro», a través de emisarios y corresponsales ocultos que penetraban en las haciendas y vivían la situación de los campesinos, para luego hacer la denuncia desde dicha experiencia vivida en carne propia. Es el caso de varios artículos escritos, por ejemplo, en el diario La Hora por «Juan Mirón». El autor, que dice haber vivido en el campo algunos meses, se dirige en sus artículos al ministro del Trabajo, aclarándole cuáles son las causas de la precaria situación de los obreros agrícolas. Hace una descripción de la situación de los inquilinos y afuerinos: el «inquilino de obligación entera» debía prestar servicio al terrateniente, recibiendo como pago $0.60, tres galletas, un pan negro, una «casa», talaje para seis animales, una cuadra de tierra para sembrar trigo y una chacarería. La «obligación del inquilino» era llevar y pagar a un trabajador haciendo ciertas obras de cosecha y proporcionar un hombre con caballo cada vez que la hacienda lo requiriese. Los «inquilinos de media obligación» cumplían y se beneficiaban de la mitad de lo anterior, con un salario de $0.40. La casa era «un pobre rancho de paja y barro formado por dos cuartos y una cocina», dice don Mirón, y agrega que las tierras para cosecha y talaje eran malas, que se daban «en campos llenos de troncos y zarzamoras, generalmente sin agua». Al contrario, le daban buena tierra para chacarería: «porque después que el inquilino cumplía la obligación de levantar el terreno, éste quedaba barbechado para la próxima siembra de trigo de la hacienda». Por otro lado, «nunca se les da carne de vacuno y una vez que hubo que sacrificar un novillo quebrado, éste fue comido a escondidas a orillas de un río, muy lejos de las casas del rico»⁹⁰. A los «afuerinos» el patrón sólo les pagaba un jornal diario y alimentación que era la misma que se le daba a un inquilino: 3 o 2 galletas de pan y medio litro de frijoles. Los «afuerinos», llamados a veces «trateros» (trabajo a trato), debían buscar alojamiento por su cuenta, deambulando de campo en campo, a veces con sus familias. A menudo era el propio inquilino el que los contrataba y los alojaba. Ganaban entre $1 y $2 diarios. Finalmente, don Mirón llama al ministro del Trabajo a preocuparse de la situación laboral que afectaba a 200.000 afuerinos chilenos⁹¹.

Además de la miseria, muchos campesinos arriesgaban su vida si caían en alguna detención por acusación de algún robo del que, por lo general, no había comprobación. Los carabineros de las localidades acudían al llamado de los patrones para detener a algún campesino o trabajador agrícola, el que quedaba en manos de autoridades policiales a menudo inescrupulosas y torturantes:

«No puedo describir la escena brutal cuando carabineros me ataron las muñecas y colocándome alambres por detrás de las manos, me colgaron de un árbol, azotándome cada cinco minutos. Hace algunos años carabineros de este mismo retén asesinaron a mi padre. Fue encarcelado uno de ellos, seguramente el culpable. Después de esa época mi hermano y yo hemos sido víctimas de represalias y persecuciones de parte de estos indignos miembros del cuerpo de carabineros. El día sábado después del 18 de septiembre último fui detenido por orden de Santiago Herrera (administrador de la hacienda) a raíz de haber desaparecido una rastra de clavos. Fui llevado al retén y allí se me sometió a trabajos y torturas que ustedes y el Ministerio del Interior ya conocen. Cuando los representantes de la autoridad comprobaron que mis manos habían quedado inutilizadas, me pusieron un cordel a la cintura y me echaron a un pozo de agua, pero ya era tarde, pues mis brazos no volvieron a recuperar su movimiento… me amenazaron, me dijeron que si hablaba me matarían como a un perro…calladamente me dirigí al hospital de Melipilla…»⁹². El campesino de Alhué que daba su testimonio tenía 20 años.

No solo en los fundos y haciendas de propiedad privada pertenecientes a familias terratenientes chilenas los trabajadores campesinos vivían y trabajaban en muy malas condiciones, sino que ello también ocurría en predios que pertenecían al Fisco, especialmente a la Beneficencia Pública: fundos entregados a administradores muy explotadores, según las reiteradas denuncias de los dirigentes políticos de izquierda. En dichos fundos, denunciaba el diputado comunista Juan Chacón, «que deberían ser modelos de respeto a las leyes, protección a los obreros y cuidado del elemento humano, no ocurre nada de esto sino que, por el contrario, se hace todo lo posible por ahondar más las luchas sociales con la explotación despiadada del trabajador»; que allí se producían despidos arbitrarios de trabajadores e inquilinos, especialmente por causa de haberse éstos sindicalizado (fundos «Coirón» y «Tranquillas»), dando trato a «correazos» a inquilinos (fundo «El Tambo»), percibiendo salarios bajos que no alcanzaban a cubrir las necesidades básicas de la familia campesina, la que mal habitaba en pésimas viviendas (salvo algunas escasas nuevas construcciones), recibiendo la misma mala alimentación consistente en porotos y galletas, con una alta incidencia de tuberculosis y raquitismo y alta mortalidad infantil, fruto y expresión de las malas condiciones de vida y alimentación del campesinado en dichos fundos de la Beneficencia Pública⁹³.

A pesar de la inclusión que el Código del Trabajo hizo de los trabajadores agrícolas, estableciendo deberes laborales y obligaciones patronales destinadas a generar un mejoramiento en las condiciones de trabajo y vida del campesinado chileno, la documentación es reiterativa en denunciar las críticas condiciones de vida, de habitación y de trabajo de los campesinos, acomodando los patrones las exigencias de la ley a los intereses propios de su empresa agrícola. Era común, por ejemplo, que los patrones no tuviesen los libros o registros a que obligaba el Código del Trabajo y sucedía que los contratos de trabajo, como veremos más adelante, quedaban inscritos en «Reglamentos Internos de Fundo» especiales que elaboraba cada patrón, los que, por lo general, regían el trabajo según exigencias propias y «especiales» del fundo o hacienda, como era el caso de las horas de trabajo, manteniéndose la jornada «de sol a sol».

Las denuncias de las malas condiciones de vida del campesinado no solo aparecen como desesperadas voces grabadas en la prensa de izquierda, sino también era motivo de publicaciones médicas y estadísticas chilenas y extranjeras. Los galenos no podían quedar ciegos y sordos ante la situación del pueblo y del campesinado que pasaba hambre y vivía en pocilgas en completo abandono y miseria, constituyendo una categoría de «verdaderos subhombres» a quienes se les negaba «el derecho a vivir». Dicha negación de vida era fruto de «salarios de hambre» y de la orfandad de los trabajadores agrícolas respecto de toda protección estatal: «La medicina, la instrucción y la cultura no han podido penetrar las bastillas de los latifundios», planteaban los médicos. El concepto de subhombres formaba parte del lenguaje de la biopolítica de la época y por el cual los galenos se referían a seres que, dada su degradación económica, física y cultural, no alcanzaban el status de «seres humanos». La causa de esta subhumanidad residía en factores socioeconómicos. A juicio del criterio médico, ello era producto, básicamente, de la alta concentración de la propiedad de la tierra en Chile («586 familias controlan el 61% de la tierra, trabajando solo una parte pequeña de ella»). Los galenos y las estadísticas no se quedaban en el diagnóstico, sino que indicaban el camino a seguir para Chile y los pueblos indo-americanos: «Terminar con el latifundio, subdividir la tierra, fomentar la propiedad familiar, proteger decididamente por el Estado al pequeño agricultor y dar condiciones de hombre a los inquilinos y campesinos que en ella trabajan». La economía agraria debía ser una «economía controlada», puesta al servicio de la colectividad y del bien común; solo así el pueblo podría nutrirse y elevar sus defensas biológicas contra la enfermedad y la muerte. «Chile vive horas trágicas en su historia y nosotros los médicos, en la hora presente, tenemos que marchar junto a todo un pueblo que busca su liberación al luchar contra el imperialismo y las formas coloniales de la explotación de la tierra»⁹⁴.

Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) alardeaba de las favorables condiciones en que vivían en Chile los trabajadores e inquilinos y de sus numerosas regalías. Sin embargo, algunos terratenientes abogaron, hacia los años de 1940, por la entrega de algunos beneficios y porque los agricultores mejoraran las condiciones de vida de sus trabajadores, especialmente en el plano de la alimentación del binomio madre-niño, como respuesta positiva a la presión que surgía desde todos los flancos. Respecto de estos beneficios, un informe del año 1940 relativo al fundo «Las Mercedes» de Longaví en Linares –tomado como modalidad, ya que «en general las condiciones en que se trabaja son más o menos las mismas que existen en los demás fundos de la región»– señalaba que: a) el fundo repartía aproximadamente 25 litros de leche al día a los niños enfermos o madres con guagua; b) Los inquilinos y obreros obligados que no poseían bueyes para su trabajo, los obtenían del fundo, por lo cual pagan 250 kg. de frejoles en la cosecha; c) La ración de tierra que se daba a los inquilinos era para chacra; no se daba ración para trigo; d) Los inquilinos que tenían familia obtenían una ración de tierra para chacra de 1 ½ cuadra y estaban obligados con 2 trabajadores; e) Los inquilinos de «obligación entera» tenían talaje para cuatro animales y los de ½ obligación para dos animales⁹⁵. El informe anterior muestra que, si bien se trata, en este caso, de patrones conscientes de la necesidad de «leche» de las familias campesinas, repartiendo también medicinas cuando se enfermaban, las condiciones de trabajo y vida de los campesinos eran difíciles, con recursos estrechos, puesto que escaseaba el talaje para animales, debían pagar caro por el uso de animales de trabajo, no podían sembrar trigo, por lo que debían comprarlo, y los inquilinos estaban obligados a poner dos trabajadores, lo que necesariamente mermaba notablemente sus ingresos.

Los trabajadores agrícolas sufrían, además, gran cantidad de accidentes del trabajo⁹⁶, arriesgando su permanencia en los fundos y haciendas cuando se fracturaban o lesionaban gravemente, como fue el caso del obrero del fundo «El Vergel» de Rengo, Daniel Leiva, quien se encontraba hospitalizado y muy «afligido», ya que el «patrón le exige que dejen la vivienda en la que están cobijados su mujer y sus cinco hijos menores de 12, 10, 8, 6 y 2 años», siendo que se había accidentado desempeñando sus funciones, circunstancia en que un caballo «lo arrastró fracturándole la pierna; no encuentra sea justo le dejen ahora la familia sin tener donde estar y que él desde su lecho no puede valerse…»⁹⁷.

Al ritmo, principalmente, de las luchas, las demandas, los Pliegos de Peticiones, así como también debido a la carestía de la vida y la participación en algunos de los beneficios del Código del Trabajo y de la previsión social (vacaciones, libreta de seguro), los salarios campesinos, durante el período que estudiamos, fueron subiendo –nunca al ritmo de la inflación– llegando hasta cerca $8 y $10 diarios en algunos fundos de la zona central, como lo revela este documento, escrito en términos de denuncia:

Desde hace dos años, este señor sub arrienda el fundo San Ramón. No ha reconocido las vacaciones a 7 campesinos que han trabajado más de año y medio en el fundo. Les tiene, además, retenida las libretas. A uno, que sufrió un accidente no se las pasó, por lo tanto no ha podido realizarse ningún tratamiento. Trata en forma violenta y agresiva a los campesinos y les paga $8 diarios y medio kilo de pan, pero sin derecho de recoger leña en el fundo. En los demás fundos de la zona, pagan $10 diarios como mínimo, más desayuno con galletas a la once y otra a la comida, aparte del litro de leche todos los días. Los inquilinos han hecho la denuncia a la Inspección del Trabajo, que ya hizo una visita y esperan que se resuelva su reclamo y se les pague su salario, se les devuelva sus tarjetas y se les den contratos⁹⁸.

En el norte, en la comuna de Salamanca, Illapel, hacia el año 1943 los trabajadores agrícolas estaban ganando $7 al día por el trabajo de sol a sol, lo que se consideraba una «miseria»⁹⁹. No obstante este mejoramiento de los salarios del campo, en muchas partes se mantuvieron estancados. Se denunciaba que en Coquimbo los campesinos ganaban entre $1 y $2,50 diarios por la ancestral jornada de sol a sol, cuestión que también ocurría en algunos fundos de Santiago (como era el caso de la Hacienda Boca-Lemu), mientras los patrones presionaban a los inquilinos por mayor fuerza de trabajo (dos trabajadores pagados por el mismo inquilino), además de la fuerza de trabajo de toda su familia¹⁰⁰. En Molina, los inquilinos de los fundos «Fuente de Agua» y «Las Trancas» (propietario Alejandro Gren) denunciaban que el fundo, de 14.000 hectáreas, sólo producía 60 hectáreas y que ganaban $2 al día y vivían en casas «veinte veces más malas que los corrales de los animales del patrón»¹⁰¹. En el sur, en la zona de la Araucanía (Arauco y Lebu) se denunciaba que, aún en 1943, los inquilinos y obreros agrícolas percibían un salario de $1,2 y $3, respectivamente, por jornada diaria de trabajo de sol a sol, lo que la prensa de izquierda calificaba como «la explotación más vergonzosa que existe en la agricultura»¹⁰². Es decir, resulta muy difícil establecer una tendencia (aún cuando muchos P/p han conseguido alzas), dependiendo cada situación de los patrones, libres de hacer y deshacer en sus propiedades.

Respecto de la situación de medieros y arrendatarios de tierras, la situación que vivían en la época era bastante angustiosa, dependiendo absolutamente de la autoritaria y oscilante voluntad patronal de entregar tierra en mediería y en condiciones siempre difíciles de sobrellevar y de costear por dichos medieros y arrendatarios, quienes eran, por lo general, humildes campesinos vecinos al terrateniente que se estaban jugando día a día su supervivencia y, por ende, su «libertad». Se denunciaba, al respecto, que en San Clemente y Molina (1937), «los arriendos por cuadra ya llegan a $1.300 adelantados por así exigirlo el terrateniente de los alrededores», mientras en algunas partes las tierras en arriendo se estaban rematando a $1.500 la cuadra, lo cual imposibilitaba el acceso a ellas a los campesinos arrendatarios, quienes debían, además, contar con bueyes, enseres y semillas. Se decía que ese año 1937 ya no habría tierras para arrendar en la zona «pues esta es la mejor manera de aniquilar a los medieros y arrendatarios de tierras hasta reducirlos al triste papel de simples trabajadores del campo, con salarios de $1.20 al día y una ración de porotos viejos con grasa, acompañados de una galleta de afrechillo…»¹⁰³.

En suma, a pesar de algunos logros que se alcanzaron al calor de las luchas, las demandas y la fuerza de la historia, las precarias condiciones de vida y las arbitrarias relaciones laborales en los campos de Chile se mantuvieron durante el período en estudio, prolongándose hasta la década de 1960. Un detallado informe sobre la situación del inquilinaje en San Vicente de Tagua Tagua realizado por el Departamento de Economía Agraria del Ministerio de Agricultura a fines de los años sesenta, resaltaba la pobreza de este grupo con ingresos «extremadamente bajos», habitando malas viviendas, mal alimentados y muchos en condición de analfabetos: un 40%. Aún en esa década de 1960, el «80% de los inquilinos no tenía contratos de trabajo», el 74% habitaba «viviendas inadecuadas», mientras el «75% no gozaba de feriado», siendo notorio la «falta de horizontes» del campesinado chileno: ‘Aquí no se arriba nunca’, ‘uno trabaja para puro sostenerse’, ‘apenas alcanza para comer’, ‘la gente está acostumbrada a vivir siempre apretada’ (…)»¹⁰⁴.

3. El otro brazo, la otra mano: las mujeres campesinas. Historia y literatura

Viven su vida lóbrega y tétrica nuestras mujeres campesinas. Sufridas y silenciosas, levántanse al alba, cumplen su doble papel de esposas y madres, a la vez que trabajan para el patrón. Bajo la sombra de árboles seculares, ya como domésticas o en las lecherías, donde reciben un jornal risible.

Habitantes en un miserable rancho de una sola pieza, viven en la más espantosa promiscuidad. Extraordinariamente fecundas, incultas y supersticiosas, atienden como pueden a sus innumerables hijos, los que, llegando a la edad de 12 años, van a formar la larga fila del inquilinaje de la hacienda. Sin más conocimientos que los que sus padres pudieron darles, o más tarde conocerán las primeras letras en el cuartel si es que se encuentran aptos para cumplir sus deberes militares.

La sindicalización campesina ha hecho aún más tétrico su porvenir: centenares de campesinos despedidos de los fundos deambulan por los caminos con sus familias hambrientas y errantes… pero desde el fondo de las pupilas de nuestras mujeres campesinas brilla ahora una nueva luz: la voluntad de vencer, de tener para sus hijos un porvenir mejor. Deber de nosotros, militantes del PS, será tratar, por todos los medios a nuestro alcance que aquellas esperanzas sean en breve una bella realidad».

Rebeca Muñoz¹⁰⁵.

En el sistema hacendal, el trabajo de la mujer era importante. El Censo Agrícola de 1936 registró un número de 121.190 mujeres-inquilinas y 20.661 trabajadoras temporales residentes en las haciendas o fundos y 13.024 que residían fuera del predio¹⁰⁶.

Las mujeres inquilinas e hijas de inquilinos trabajaban tanto en faenas productivas de los fundos y haciendas, como también de empleadas domésticas en las casas patronales, además de preocuparse de la producción de la huerta del cerco correspondiente a su inquilinato y de las tareas domésticas de crianza y cuidado de hijos y de la casa. Como plantean las autoras Ximena Valdés, Loreto Rebolledo y Ángelica Willson, la estabilidad de las mujeres en las haciendas dependía de su relación con un hombre trabajador de la hacienda, ya como esposa o como hija. En caso de enviudar, la mujer inquilina podía ser expulsada por el patrón, ya que perdía su derecho a «puebla» (o a habitar en la hacienda)¹⁰⁷.

Junto al movimiento campesino que comenzó a despertar, algunas mujeres campesinas y lechadoras comenzaron a levantar también rostro y voz, como Ana Lazo, secretaria del Sindicato del fundo «Piguchen» de la comuna de Putaendo, cuando por sí y a nombre de sus compañeras, habló a su patrón Alegría Catan para plantearle que no debían lechar más de 14 vacas cada una, tal como estaba estipulado en su contrato. Como respuesta, Catan «le dio de bofetadas hasta lanzarla al suelo, donde le dio de puntapiés». Sin aminorarse por esta violencia, Ana se presentó al día siguiente en la casa patronal a exigir una explicación: la recibió la patrona. quien la trató con tal violencia que Ana fue a parar al hospital¹⁰⁸.

Se denunciaba que en la hacienda Nogales y Pucalán, las lechadoras trabajaban en un lugar insalubre, en medio del barro. Se les pagaba 20 centavos por balde. En uno de esos días de ordeña, Guadalupe Tapia habría sido agredida por el capataz Manuel Vega con una penca, dañándole espalda y hombro; a pesar del reposo de 12 días otorgado por el médico, Guadalupe debió seguir trabajando¹⁰⁹.

Las lechadoras eran, por lo general, mujeres campesinas que cotidianamente, siendo aún de noche, en invierno y verano, debían levantarse de sus camas y dirigirse a los establos húmedos y fríos a ordeñar las vacas del fundo. Su salud se iba deteriorando por un salario precario. «La miseria es el pan nuestro de cada día y todavía se agrava con la enfermedad de mi mujer. Como trabajaba en la lechería, con el frío del invierno se pescó un reumatismo tremendo. En esta cama ya va para los tres meses. Con lo que uno gana ni pensar en medicinas…», declaraba un campesino del valle y comuna de Salamanca, hacia 1943¹¹⁰.

Como Ana, la presencia y acción de las mujeres campesinas se fue haciendo más visible, especialmente en momentos de emergencia y crisis de sobrevivencia, como ocurría, como veremos, durante los despojos de sus tierras. Fueron muy activas las mujeres en huelgas campesinas de la época, como la huelga de San Luis y Chacabuco (que trataremos más adelante), saliendo de sus casas y de su rutina cotidiana para recorrer la ciudad capital tocando puertas y buscando apoyo para la huelga, despertando la conciencia de sus derechos.

El discurso femenino del Frente Popular, especialmente a través del MEMCH y las militantes de izquierda del período en estudio, levantaron algunas palabras y banderas para las campesinas, instándolas a la organización y a la participación en la lucha por el mejoramiento de sus condiciones de vida, especialmente ante la carestía de los artículos indispensables. Las miserias que vivían las mujeres en el campo fue un problemática que interesó e indagó La Mujer Nueva (órgano de prensa del Movimiento de Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH), incorporando en su discurso la crítica a las malas condiciones de vida, de trabajo y salario que sufrían las campesinas. «El salario corriente de la mujer que hace trabajos agrícolas es de 60 ctvs. y 80 ctvs. diarios, trabajando de sol a sol», denunciaba Elena Caffarena –una de las dirigentes del MEMCH– en un discurso pronunciado a fines de 1935¹¹¹. La Mujer Nueva incorpora en su texto algunos escritos de campesinas e incluso acude al terreno mismo a ver y sentir con su propio cuerpo la vida que llevaban.

Elvira Ramírez, campesina de Lo Espejo, saca a la luz su escritura en La Mujer Nueva y describe a las mujeres del campo como «bestias de carga que marchan cabisbajas bajo el látigo indomable del arriero», por el camino trazado de su «explotación, hambre y desnudez». Que en la tierra donde germinaba el dorado y nutricio trigo, dice Elvira, se producía también la pobreza de quienes lo sembraban y cosechaban: cruel contraste. Que la mujer campesina trabajaba desde el alba hasta el anochecer «por la miseria de un peso diario, dándoles por vivienda una pocilgas inmundas y por comida un pan negro y mal oliente». Que las lechadoras debían levantarse entre las 3 y las 6 de la madrugada, trabajando en charcos «por el ridículo pago de $30 mensuales y una ración diaria de ½ litro de leche con el que deben alimentar a 5 ó 6 niños». Niños que estaban destinados a seguir el camino de las «cadenas que soportan sus padres»… Desesperada, Elvira lanza su grito a La Mujer Nueva: «¡Mujeres de la ciudad! Fraternizad con nuestras hermanas campesinas, hacedlas despertar del sueño obscuro en que se encuentran sumidas, atraedlas a vuestro lado, hacedlas escuchar la clarinada que en el horizonte de la mañana nos dice: “Mujer, ayúdate, libérate; rompe el yugo que te oprime!”»¹¹².

Con el fin de ir a constatar con su propio cuerpo la situación que vivían las lechadoras, Carmen acudió al campo, donde se levantó antes de las 4 de la madrugada. Caminó entre charcos con mucho frío, en medio de la lluvia y la noche… esperaba encontrar un lugar seco en el establo. Por el contrario, Carmen se encontró con que allí caía la lluvia a raudales por el techo de tablas, corriendo el agua por dos acequias internas: humedad por doquier. Entonces pudo observar a las «quince mujeres sentadas en sus banquitos, con el balde entre las piernas, con los pies mojados, algunas con especies de zapatos, la mayoría descalzas, todas salpicadas por las inmundicias que las vacas dejaban caer». Al llenar un balde, acudían con él «al controlador», quien tenía cuidado, dice Carmen, de «contar un litro menos». Al final de la semana Carmen supo de sus salarios: «Las que han recibido $7 salen radiantes de felicidad, las más sólo han recibido $4 ó $5 por la semana entera de trabajo». Pero las lechadoras conocían su poder: cualquier retraso en la ordeña significaba que la leche no podría embarcarse en el tren, lo que ocasionaría la pérdida de la ganancia del patrón. Sin embargo, para cualquier acción de demanda por un mejoramiento en sus condiciones laborales y salarios, necesitaban de su unidad. De igual manera que Elvira, Carmen hace un llamado de ayuda a las mujeres campesinas del país por parte de las mujeres de la ciudad para impulsar su unión. «Ellas quieren liberarse de esta situación y piden nuestra ayuda. Nosotras no sólo no podemos negársela, sino que debemos adelantarnos a ellas, ayudándolas a su organización y en sus luchas»¹¹³.

El año 1937 llegan noticias de una primera huelga de mujeres campesinas que constituían la mayoría de la fuerza de trabajo de una hacienda de Sotaquí. Ellas, junto a los hombres, trabajaban en plena noche en los potreros, desde las 2 de la madrugada hasta las 10 horas, arrancando lentejas «mojadas de pies a cabeza por el rocío, mal alimentadas, mal vestidas y (mal tratadas) con la hostil acción de los mayordomos», por una paga de $3.50. Al ser notificadas de que se les bajaría el salario a $3, el «grupo de mujeres decidió no trabajar y (…) acordaron declarar la huelga y efectuaron el paro en señal de protesta. A este movimiento iba adherido también el personal de hombres. Como estas operarias no fueron oídas, a pesar de ir con todo respeto, se retiraron a sus casas, dispuestas a no trabajar si no se les mejoraba el salario y disminuían las horas de trabajo». En la misma tarde pudieron ver el fruto de su movimiento: se les restableció el salario de $3.50 por una jornada laboral desde las 3 de la madrugada hasta las 9 horas. «Una ráfaga de luz y esperanza y una persuasiva lección para el obrerado agrario. En esta pequeña huelga se dejó ver lo que vale la unificación proletaria»¹¹⁴.

En vista de este mismo objetivo organizativo, Eliana Sagredo, sobreviviente de Ranquil, hacía un llamado a los obreros de las ciudades a organizar a la mujer campesina:

(…) la organización de la mujer campesina puede ser considerada muy seriamente por los hermanos obreros de las industrias. Hay que rodear de cariño a la mujer campesina, a fin de que se ponga al lado del hombre, estimularlo con sus luchas, ayudar en el trabajo organizativo necesario para alcanzar mejores condiciones de vida en el campo. Muchos ejemplos tenemos en nuestro país, en que las mujeres han marchado al lado de sus hombres, en la política y en el combate revolucionario contra los usurpadores de sus tierras. Las mujeres de la zona del salitre, carbón y del cobre se han organizado en Comités contra la vida cara y han participado en las luchas, junto al pueblo explotado y perseguido. Ellas empuñaron las armas en Lonquimay y ellas fueron huelguistas en las huelgas del fundo San Luis y la Hacienda Chacabuco y lucharon con arrojo en muchas otras ocasiones (…). Las mujeres, incorporadas a una organización, a un comité de mejoras, de ayuda contra la carestía, adquiere grandes conocimientos que le servirán en la histórica lucha de las masas laboriosas del campo contra el latifundismo y las condiciones semi feudales en la economía agraria. Las formas de organización pueden ser de las más sencillas, como ser: comités de dueñas de casa, centro de madres, comités contra el alza de las subsistencias. Por ultimo, debo decir, que a los sindicatos agrícolas les corresponde orientar, estimular e impulsar los trabajos de nuestras compañeras del campo¹¹⁵.

El primer paso de una organización permanente de mujeres campesinas lo dieron las mujeres de los trabajadores en huelga del fundo «San Luis» de Quilicura, quienes, con la ayuda del MEMCH, se constituyeron en un Comité de Dueñas de Casa que, en la coyuntura de la huelga, se preocuparía de la alimentación de los obreros y sus familias «para estudiar después la forma permanente de encarar el costo de vida»; por su parte, el MEMCH las invitaba a incorporarse a su institución en la forma de un Comité Local para «ejecutar campañas comunes pero conservando su personalidad»¹¹⁶. Una muy buena oportunidad para las mujeres campesinas de pasar a formar parte de un movimiento nacional de mujeres.

Si muchas mujeres campesinas de la hora comenzaron a hacerse visibles, recogiendo la prensa algunos trazos de su cuerpo laborando sobre la tierra y apretando ubres, la mayoría de las mujeres de la tierra permanecía oculta y silenciosa en la intimidad de la Madre, en la tierra más profunda de valles y montañas de norte a sur…

Como María Engracia de la Cruz, quien vivía con sus cinco niños en plena cordillera al oriente de Puerto Montt, a orillas del Río Puelo, que, como su nombre lo dice en mapudungún, «está al este». Allí respiraba Engracia profundamente a ras-mapu, sus niños en camiseta desnudos cintura abajo, pasando el invierno nevado junto al fogón, entregada al hilado y al mate, contenta con lo que la Madre Tierra les brindaba cada amanecer.

«¿Cómo estuvo la cosecha de papas?», le pregunta el escritor que la visita. «¿La cosecha de papas? ¿Se está riendo? ¡Se la llevó el río, qué tiempo!», responde en tono alegre, dejando perplejo al escritor, sin saber si su actitud de contento era desidia o sabiduría… «Dígame, doña María Engracia», la interroga, «¿usted vive contenta? ¿No le falta algo? ¿Pan, yerba, ají?» Engracia lo observó fijamente y sin alterarse le contestó: «¡Nada! Estoy bien así, con mis chicos». Y le invitó al almuerzo familiar cotidiano: papas untadas en agua con ají, saboreadas junto al fogón; las había conseguido a cambio de un hilado tejido con sus manos. «En el valle había empezado a nevar. Primero fue un velo blanco transparente que envolvió las cumbres y se fue transformando en una nube densa descendiendo por los flancos de los cerros, lentamente. El silencio se apoderó del valle y de los cerros y todo parecía suspendido en el aire…»¹¹⁷.

***

Montaña adentro vivían también doña Clara y su hija la Cata, cocineras de los trabajadores de hacienda en Curacautín, en plena Araucanía. «Bravas para el trabajo, se daban maña para amasar, cocinar, tostar y moler el trigo, dejando aún tiempo libre para hilar lana y tejer pintorescos choapinos que luego vendían a buen precio en la ciudad»¹¹⁸. Esperaban cada noche a los trabajadores con sus pancutras y otros guisos chilenos que rompían la monotonía de los porotos con rienda del mediodía. Viuda de mayordomo era doña Clara, madre soltera la Cata; habían tenido suerte de quedarse en el fundo siendo mujeres sin hombre, pero la Cata soñaba poder casarse y Clara la cateaba a sol y sombra para que no volviese a darle la ‘vergüenza’. La oportunidad de enamorarse llegó en el verano «con la llegada de los fuerinos que acudían a los trabajos de las cosechas», entre los que llegó Juan Oses, el que «no era como toos»… y lo demostró el Juan ayudándolas, noche a noche, a «hacer remedios» para salvar al niño con fiebre.

«Al ladrón hay que buscarlo entre los fuerinos», sentenció el administrador de la hacienda al carabinero San Martín, excuatrero, transformado en cruel perseguidor de cuatreros. Acto seguido fueron a buscar a Juan Oses y a otro, sacándolos de la cocina de Clara y, defendiéndose Juan, lo llevaron y torturaron hasta dejarlo moribundo atravesado en un puente del camino al pueblo de Rari Ruca. Ahí lo encontraron Clara y Cata, lo cargaron en la carreta y enfilaron cuesta arriba, adentrándose en el bosque chileno de robles, raulíes, palosantos, lingues, laureles, bajándose doña Clara a buscar hierbas sanadoras para curar al herido. «De toíto encontré, niña. Mira: matico pa’ las herías…, natri pa’ refrescarlo, yerba plata pa’ darle agüitas…, toronjil pa’ que olorose, y menta tamién»¹¹⁹. Con el esmero y los cuidados de las dos mujeres, el herido fue mejorando; Juan y Cata enamorando… pronto se casarían.

El domingo de fin de cosecha, con los pagos en los bolsillos, los campesinos y campesinas llegaron al pueblo a festejar, las mujeres con trajes claros, chal al hombro y chupalla con flores silvestres. Corrió abundante el vino y las cazuelas en la cocinería del pueblo y los chismes, los dimes y diretes. Ahí llegó también el padre de la guagua de Cata, Pereira, quien se enteró de su casorio; lo amenazaron de cobarde los chismeros si no desafiaba al novio de la madre de su hijo. «Ti’ han llamao cobarde…, ¡hip! A vos Peiro Pereira (…) no, vos no sos na cobarde…». y enfiló en medio de la noche hasta la rancha de Clara, donde encontró al Juan y la Cata abrazados. Pedro llamó al Juan afuera y, así, sin más, lo acuchilló, desangrándose el sueño de amor y casorio de la Cata en sus brazos…

Ese interés por matrimoniarse fue el que llevó a la Chabela a casarse con don Santos, carpintero, nacido y criado en la hacienda, viudo con cuatro hijas ya mayorcitas y deseoso de un hijo varón que perpetuara su nombre. El día del casorio, «en alegre caravana, media hacienda se dirigió a Curacautín para asistir a la ceremonia», al son del trote de caballos y relucir de espuelas de plata, en ancas las mujeres vestidas con percalas multicolores; adelante, el novio en su caballo blanco y la novia Chabela, plena de su frescura juvenil, iba montada en una «yegua mampato», con vestido comprado por el novio en la mejor tienda de Victoria y luciendo anillo con piedras verdes. La fiesta se desarrolló en la Cocinería Conejeros con bombo y platillo, regresando la comitiva a la hacienda en noche de luna…¹²⁰.

Con la llegada de la primavera y el aumento de los trabajos en la hacienda, don Santos «se iba a caballo de alba y no regresaba hasta la noche. A mediodía iba su hija María Juana a dejarle el almuerzo». La Chabela, bastante cómoda, logró a punta de mimos a su «viejito querío», que don Santos le contratara un mozo. Libre de quehaceres y sin el permiso de don Santos, acompañada de la hija menor discapacitada del marido, Chabela pasaba las tardes «en el despacho, que quedaba en la puerta de la hacienda», donde vivía y trabajaba su madre. Allí la Chabela volvió a coquetear con uno de los patroncitos de la hacienda vecina que venía a pasar el verano al campo y que ya conocía «la gracia picante de Chabela»¹²¹. El amorío entre ellos se fue calentando… Chabela, cansada del viudo y con sangre de infiel, le dio la pasada a la propia cama matrimonial al amante. Y ocurrió que un día don Santos pasó de improviso por su casa, encontrando a la parejita.

«Tu viejito querío te va a matar aquí mesmo onde te habís revolcao con l’otro…aquí vay a morir… perdía… Bestia… no sos más que una bestia dañina y a las bestias se las mata… Ah!... Así…», le decía mientras la estrangulaba. Acto seguido, Santos tuvo el impulso de perseguir al amante que huía, pero recapacitó: «–No murmuró–. Era ella la única que me debía respeto»¹²².

Muy por el contrario era la actitud de la joven María Rosa con su marido viudo y sesentón, rudo en el trabajo de campero de la hacienda y padre de dos hijos que ya se habían echado «a ‘rodar tierras’, empujados un poco por ese vagabundaje latente en todo chileno y otro poco por el horizonte que abriera ante sus ojos la instrucción primaria recibida en la pequeña ciudad cercana. Ellos no se avenían con la vida paupérrima del gañán montañés: tenían rebeldías y altiveces que escandalizaban a don Saladino», su padre.

–Yo no sé hasta cuándo vamos a dormir en ese chiquero.

–Hasta que se declaren en huelga –contestó el Cahi Roa–. (…) Aquí Ustedes. viven muy atrasados y se dejan atropellar por cualquiera.

–No sé cómo serán las cosas en el norte –hablaba el viejo sosegadamente, transido de amargura– pero el cuento es que aquí too es distinto. Acuérdense del apuro que pasamos en el otro año por hacerle caso a ese fuerino qu’estuvo pa’ la cosecha y qu’era federao. Hicimos la huelga, juimos onde los patrones a pedir más salario pa’ nosotros, mejores pueblas pa’ la familia y escuela pa’ los mocosos. Si no nos hacían estas mejoras naiden trabajaba. Tres días estuvimos sin contesta, afligíos con la espera. Y al tercer día llegaron los carabineros, al fuerino lo tomaron preso y en toas las pueblas se dio orden de desalojar. ¿P’ónde íbamos a d’irnos? Nos echaban a toos, a toítos. ¡Jue terrible! No tuvimos más qui agachar la cabeza y seguir trabajando en las mesmas condiciones. Pa’ leución ya habimos tenío bastante…¹²³.

Cansados de exigir en vano mayor salario y mejores pueblas, los hijos de Saladino se habían largado de la hacienda en busca de otros horizontes…¹²⁴.

Apodada en la comarca como «Flor del Quillén», María Rosa era admirada no solo por ser «la más bonita de las mujeres de la hacienda», sino también por su buen comportamiento, su fidelidad y su «ser señora». Entregada de lleno a su vida y destino, María Rosa existía en armonía con el flujo de la naturaleza y del día a día. Bajo la sombra del maitén con nido de pájaros, «sentada en un banco, María Rosa tejía, penetrada obscuramente por el ardor del sol sobre la tierra mojada»; a su lado Perico, el gato: «Se le oía ronronear en la enorme quietud de la tarde montañesa. (…) Era un silencio en que la naturaleza parecía extasiarse. Con las hojas recién lavadas por la lluvia los árboles se inmovilizaban bajo el sol que los bruñía, haciendo fulgurar las gotas de agua. Un agrio olor que embriagaba subía de la tierra en germinación y ese trabajo sordo era lo que tal vez daba a la naturaleza su gracia maternal»¹²⁵.

Quietud y fluir de su alma, de su cuerpo y de la madre tierra que fue interrumpida por el asedio amoroso de que comenzó a ser objeto María Rosa por parte del fuerino Pancho Ocares, con fama de conquistador de mujeres y quien había apostado en la cocinería de los peones que conquistaría a la inalcanzable Flor del Quillén. Cada tarde pasaba hacia el río trayéndole a María Rosa ramas de maqui que le regalaba con fingida timidez y frases zalameras. Ella no perdía su compostura al agradecer… hasta que poco a poco comenzó a esperar y desear esas visitas de galán romántico que rompían la monotonía de sus tardes.

Al llegar el otoño, los pobladores de la hacienda aprontaron sus carretas. Era el momento de ir a hacer ‘el piñoneo’: la cosecha de piñones entregados cada dos años por las araucarias hembras y que constituía un alimento nutricio y dadivoso, regalo de esas mujeres-árbol a la gente de la montaña para pasar el invierno. La montaña era el íntimo mundo del bosque multiverde. «Verde claro el palosanto que da a los vientos su perfume exquisito; verde obscuro el maitén pomposo que pide decorar un parque; verde negro el lingue de hojas gruesas y lustrosas como esmalte; pequeño el michay espinudo punteando de negro por los frutos azucarados; medianas las quilas esbeltas y flexibles, susurrantes y secreteras; grandes los raulíes greñudos; enormes los robles de troncos rugosos acusadores de vejez; alegres los avellanos en el cambiante color de sus bolas rojas, amarillas y negras; meditativas las araucarias que añoraban el pasado glorioso (…)»¹²⁶.

En su carreta llegaron a la cima, como tantos, María Rosa y Saladino, saliendo los hombres a la cosecha y las mujeres al fogón, a preparar el charquicán o la cazuela de charqui con repollo, cebollas, papas, choclos y ají verde. Ante el fuego María Rosa conversó con Zoila, conociendo de sus problemas y sinsabores, con tanto chiquillo que alimentar. «Se la veía deshecha por el trabajo, extenuada por los hijos, deformado el cuerpo por una próxima maternidad (…). Vestida pobremente, era un montón de harapos, bajo los cuales los músculos relajados solo pedían descanso. Descanso de hambres, de fatigas, de miserias, de embarazos, de sufrimientos»¹²⁷.

Mientras los otros hombres estaban en el piñoneo, Pancho Ocares se dedicaba a cortejar a María Rosa. Al atardecer del fogón, ella tomó la guitarra: «El día que la cantaron / jue el día del taita Pancho / de tanta gente qui había / botaron la puerta el rancho / ay! / botaron la puerta el rancho // (…) La fiesta acabó a pencazos / qui había e suceder, / siendo remolienda e huasos, / así tenía que ser / ay! / así tenía que ser / ayayay!», cantaba la Flor del Quillén, mientras el galán le hablaba bajito palabras de amor: «Mi Rosita, mi Rosita quería…». Embriagada de tanto licor amoroso, María Rosa enfermó y poco a poco se fue entregando al romance de un amor infiel ya deseado. El día que el encuentro se produjo e hicieron el amor, Pancho develó su real intención: «¿Quererte? ¡Jé! Pa’ eso tenís a tu viejo… (…) ¿Creís que te quero? ¡Ja! ¡Ja! No voy a perder mi cariño en ti… Ni pa’ guaina servís… Jue pa’ ganar una apuesta que vine p’acá. Ya está, ya lo sabís too. ¿Qué?»¹²⁸. …. Después de la desilusión y del despliegue de toda la fuerza de su ira, María Rosa esperó, pacientemente, la llegada de su marido Saladino…

A través de esta novela del Chile montaña adentro, Marta Brunet ha construido a sus protagonistas con estos retazos de jóvenes mujeres campesinas que portan, como todas, el sueño del amor, de la pasión, del matrimonio seguro; sueños envueltos en el manto oscuro de la bajeza humana. Brunet nos retrata a mujeres de campo sujetas a un destino bastante trazado montaña adentro, interceptado por los «fuerinos», hombres que representan lo diferente del afuera, que atrae, que despierta, que enamora, que mata… Como telón de fondo, la novelista insinúa la problemática político-social campesina de la hora y describe, magistralmente, la naturaleza del Chile/Sur-Araucanía, su presencia bella y salvaje.

***

Agobiada por el grito de hambre de sus hijos y cansada de esperar al trillador que no venía, mientras el trigo de su familia se torcía con sus granos maduros, Sofía partió de noche a recogerlo con sus propias manos. «Sus dedos, entonces, se metieron nerviosos por entre la paja crujiente. Las manos se agitaron, revolviendo, arrastrando, cogiendo. A ras de suelo, Sofía, la pusilánime, escarbó la tierra con sus uñas, sacó afuera del montón puñados de granos que fueron hinchando la lona del saco. Una y otra vez, atropellándose, hiriéndose, moviendo su cuerpo grueso como péndulo flojo», Sofía jadeaba, nerviosa, robando en la noche el grano de su propia era. Dormidos los pequeños de tanto llorar por su «harinita», pudieron al fin saborear, entre sueños, el preparado urgente de trigo molido, sal, grasa y ají¹²⁹.

Mientras los hombres seguían esperando al yegüero para la cosecha, Mamá Trinidad decidió partir a ver las chacras. «Los porotos deben estar soltando capis, ya… Hay que limpiar las melgas y soltarles agua a tiempo. Si quedan así, el sol los achicharra». En su camino a las chacras, Trinidad encontró invitación y conversa con campesinas del camino, comparando la vida de la hacienda con la vida del terruño propio. «El fundo puede ser bueno para los muchachos… no para las niñas. Mis hijos se fueron con sus hermanas lejos de la hacienda, a labrar lo suyo y a tener lo suyo (…) y todos nos fuimos… Nos costó trabajo acostumbrarnos, pero todo en la vida se llega a querer (…)». Trinidad sabía de qué hablaba; ella había sido ordeñadora del fundo, saliendo de madrugada, ganando cinco centavos por vaca ordeñada, los que le pagaban cada seis o más meses y con los que compraba pañales y azúcar en la pulpería de la hacienda¹³⁰. Antes de morir Pantaleón, su esposo, éste le había encomendado sacar a las niñas de la hacienda, las que trabajando en los corrales de la ordeña eran a menudo «arrastradas» por el administrador. Mamá Trinidad «supo de esa puebla en las riberas del pequeño Larqui» donde los vecinos eran medieros del fundo. «La tierra había sido dividida en retazos de seis cuadras», aportando el dueño el terreno y una parte de la semilla, mientras todo el trabajo y sus elementos era puesto por el campesino. «Y si lo querían, el terreno podía ser de ellos, pagándoselo con cosechas, animales o dinero». Fueron al pueblo donde vivía el patrón del fundo y solicitaron su retazo de terreno. Al anunciarle su partida del fundo al administrador, este les quitó sus bueyes y su vaca, ante lo que Mamá Trinidad respondió: «Quédese con eso, (…) pero yo no le voy a dejar la miel de mis hijas a su hocico de burro. Y prefiero la miseria y la muerte antes que ninguna porquería las ensucie»¹³¹. Así habían comenzado su vida de medieros independientes, envueltos en el sueño de ser un día los dueños de su retazo…

Llegada a las chacras, Mamá Trinidad y su nieto se entregaron a desmalezar y limpiar; cuando se aprontaban a regar de acuerdo al turno de agua solicitado al administrador del fundo, no tuvo cómo hacerlo: aquel le había dado el turno a otro. «Miren que botados a propietarios, los muy ricachones. Si yo estoy aquí el año pasado, no les doy chacra (…) Qué humos echan esos pobres diablos!»¹³².

Pero el cielo se fue cubriendo, apretando de gris: caería lluvia, buena para las chacras, grave para el trigo sin cosechar. La centenaria abuela Flora, madre de mamá Trinidad, se puso a rezar con su nieta, a quien aseguró que el Arcángel San Miguel escuchaba las plegarias de viejos e inocentes. Y luego ambas partieron, presurosas, a la era, antes que cayese la lluvia y se perdiese el trigo. Encontraron el cerco roto y animales del patrón Lagos comiendo en la era… Espantando las vacas que pisoteaban y comían de las espigas rotas, sus «manos se metieron por entre la paja sacando granos y tierra y guano, a veces más tierra que granos, yendo todo revuelto, a hinchar los sacos. Y se sumieron las manos por entre las cañas y sacaron espigas con tierra, con guano fresco, con paja, todo vaciado a los sacos, antes que la lluvia cayera». Sangrando las manos arrancaban el grano tiñéndolo de rojo; quince sacos juntaron hasta desmayar sobre la tierra húmeda. «Ambas quedaron allí, juntas, vieja y chiquilla, tendidas de espalda, exhaustas, apegadas a los sacos volcados y al montón de espigas sin trillar»…¹³³.

Estas son las mujeres que muestra Guerrero en su novela Tierra fugitiva: decididas a salvar el pan de sus hijos aunque fuese rascando la tierra, mientras los hombres esperaban y salían en busca de un trillador que nunca llegaría... ellas se agitan ante la urgencia del hambre y salen, en medio de la noche y la lluvia, a sacar a mano el grano de la espiga.

⁴⁵ Entrevista a don Juan. Curacaví. Abriendo las puertas de la memoria. Proyecto de Alfabetización, Curacaví, Josefina Muñoz (Responsable del proyecto), Santiago, 1995, pp. 20-28.

⁴⁶ Jorge, Pinto, Los censos chilenos del siglo xx, Temuco, U. de la Frontera, 2010, pp. 86-90.

⁴⁷ G. Santa Cruz, «El mejoramiento de los trabajadores agrícolas y la sindicalización campesina», Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, U. de Chile, Santiago, 1941, p. 52.

⁴⁸ Francisco, Vio, Resistencia campesina en Chile y en México, Santiago, CEAAL, 1990, p. 13.

⁴⁹ Emiliano, Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 65.

⁵⁰ Raúl, Urzúa, La demanda campesina, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1969, p. 22.

⁵¹ M. Angélica. Illanes, «Chalinga. Para des-cubrir América desde América», en M. Angélica Illanes, Chile Descentrado, Santiago, LOM, 2004.

⁵² Rigoberto, Rivera, Los campesinos chilenos, Santiago, GIA, 1988, pp. 78-79.

⁵³ Rigoberto, Rivera, Los campesinos chilenos, Santiago, GIA, 1988, pp. 71-75.

⁵⁴ G. Mac Bride, Chile, su tierra y su gente (1936), citado en Rivera, Rigoberto, Los campesinos chilenos, Santiago, GIA, 1988, p. 75.

⁵⁵ Rigoberto, Rivera, Los campesinos chilenos, Grupo de Investigaciones Agraria (GIA), Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, 1988, pp. 79-80.

⁵⁶ «Resoluciones sobre el Informe de organización…», La voz del campo, Talca, 26 de junio, 1937, p. 4, y El Labriego, Año I, N° 1, 2da. quincena de julio, 1940, p. 6.

⁵⁷ Luis Coray, «Cómo mejorar nuestro trabajo en el campo», El Siglo, Santiago, 13 de noviembre, 1941.

⁵⁸ Título 8, Decreto con Fuerza de Ley N° 178 del 13 de mayo de 1931.

⁵⁹ Decreto con Fuerza de Ley N° 178 del 13 de mayo de 1931.

⁶⁰ Ley N°. 8.811 del 29 de julio de 1947 sobre organización sindical en la agricultura, citada en E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 69-70.

⁶¹ Luis Coray, «Cómo mejorar nuestro trabajo en el campo», El Siglo, Santiago, 13 de noviembre, 1941.

⁶² Ley N° 8.811 del 29 de julio de 1947 sobre organización sindical en la agricultura, citada en E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, CIEPLAN, Santiago, 1987, pp. 69-70.

⁶³ Carta del Inspector de Trabajo de los Andes al Director General del Trabajo. ADGT, Vol. 1165, Oficio N°. 3192.

⁶⁴ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 74.

⁶⁵ Luis. Coray, «Cómo mejorar nuestro trabajo en el campo», El Siglo, Santiago, 13 de noviembre, 1941.

⁶⁶ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 71-72. El cálculo de las jornadas de trabajo lo habría realizado el Ministerio de Agricultura a partir de una muestra de 15 predios de riego en la Provincia de O’Higgins y en 23 predios de Santiago en los años 1950.

⁶⁷ Luis Coray, «Cómo mejorar nuestro trabajo en el campo», El Siglo, Santiago, 13 de noviembre, 1941.

⁶⁸ El Labriego, Año I, N°. 1, 2da. quincena de julio, Santiago, 1940, p. 6. Estas definiciones corresponden a las entregadas por la ley del Seguro Obrero Obligatorio (4054).

⁶⁹ Luis Coray, «Cómo mejorar nuestro trabajo en el campo», El Siglo, Santiago, 13 de noviembre, 1941.

⁷⁰ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 73.

⁷¹ Entrevista a Juan Antonio Namuncura. «Cómo viven y luchan los mapuches en sus comunidades en el sur», El Siglo, Santiago, 6 de junio, 1943, p. 9.

⁷² «Los terratenientes de Arauco realizan explotación feudal», El Campo, N°. 5, 2da. quincena de septiembre, 1943, p. 5.

⁷³ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 73.

⁷⁴ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 74.

⁷⁵ «Resoluciones sobre el Informe de organización…», La Voz del Campo, Talca, 26 de junio, 1937, p. 4, y El Labriego, Año I, N°. 1, 2da. quincena de julio, 1940, p. 6.

⁷⁶ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 72.

⁷⁷ Sobre la historia del peonaje agrícola de Chile, ver G. Salazar, Labradores, peones y proletarios, Santiago, SUR, 1985.

⁷⁸ E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 70.

⁷⁹ Rigoberto, Rivera, Los campesinos chilenos, Grupo de Investigaciones Agraria (GIA), Santiago, Academia de Humanismo Cristiano, 1988, p. 78. El autor plantea que la crisis dio lugar a la división de un importante número de haciendas; sin embargo, «a principios de la década de 1960 todavía poco más de la mitad de la tierra agrícola del país seguía controlada por las grandes haciendas» (p. 66).

⁸⁰ Amanda, Labarca, Mejoramiento de la vida campesina, Santiago, Ediciones de la Unión Republicana, 1936, pp. 199-200.

⁸¹ Frente Popular, Santiago, 7 de octubre, 1936, p. 11. A estas cifras había que agregar el 15% de incremento del costo de vida entre 1935 y 1936.

⁸² La ubicación del fundo «Santa Elisa» no es especificada en el Informe.

⁸³ «Salarios de hambre, habitaciones infames y régimen inquisitorial es la característica inconfundible de la vida del campesino. Documento revelador», Consigna, 28 de agosto, 1937, Portada.

⁸⁴ «Fundo San Pedro de Molina», La Voz del Campo, N°. 3, Talca, 26 de junio, 1937, Portada.

⁸⁵ «Inquilinos de diez años trabajan en Santa Inés», El Siglo, Santiago, 31 agosto, 1940.

⁸⁶ Informe del Inspector Provincial de Colchagua, Samuel Vial Correa, al Director General del Trabajo, fechado en San Fernando el 21 de diciembre de 1939. ADGT, Vol. 1121, Oficio N°. 1045.

⁸⁷ «Causas del descontento de los trabajadores agrícolas», El Siglo, Santiago, 1 de febrero, 1941.

⁸⁸ Informe del Inspector del Trabajo, departamento Fiscalización, al Inspector Provincial del Trabajo de Santiago, fechado en Santiago, el 26 de enero, 1940. ADGT, Vol. 1128, Oficio N°. 582.

⁸⁹ «Acusan al administrador de Santa Inés», El Siglo, Santiago, 2 de septiembre, 1940.

⁹⁰ Juan Mirón, «La situación precaria de los obreros agrícolas», La Hora, Santiago, 25 de febrero de 1936, p. 3.

⁹¹ Juan Mirón, «La situación precaria de los obreros agrícolas», La Hora, Santiago, Santiago, 27 febrero, 1936.

⁹² «Acusa el campesino de Alhué: Carabineros mataron a mi padre y a mí me inutilizaron», El Siglo, Santiago, 16 de noviembre, 1945, portada.

⁹³ Carta de la Directiva del Comité Relacionador de Sindicatos Agrícolas al secretario de la Presidencia solicitándole «hacer ver al Exmo. Presidente de la República la necesidad de declarar en Reorganización el Departamento Agrícola de la Beneficencia». El Siglo, Santiago, 14 de septiembre, 1941.

⁹⁴ «Nuestra Realidad», extraído del «Boletín Médico», publicado en La Voz del Campo, Talca, 10 de julio, 1937, p. 4.

⁹⁵ Informe del Inspector Provincial de Linares al Inspector General del Trabajo, fechado en Linares, el 31 de enero de 1940. ADGT, Vol.1162, Oficio N0. 1801.

⁹⁶ La estadística de accidentes del trabajo en la provincia de Curicó en el año 1946 habla de la existencia de 641 accidentes entre los «obreros agrícolas», seguidos de 188 sufridos por «jornaleros», quienes seguramente también eran jornaleros agrícolas, lo que hacía un total de 829 accidentes del trabajo agrícolas en dicho año 1946. ADGT, Dirección General del Trabajo, Servicio de Estadística, Vol. 1832, 31 de diciembre, 1946.

⁹⁷ Carta de la visitadora social del Instituto Traumatológico, Elena Molina, al Inspector General del Trabajo. ADGT, Vol., 1877, Santiago, 10 de julio, 1946.

⁹⁸ «Antonio Morales, español falangista, arrendatario del fundo San Ramón, en La Granja, abusa en forma cruel de los inquilinos de su propiedad», El Campo Nº 3- 2da. quincena de Julio, 1943, p. 6.

⁹⁹ Enrique Flores, «Campesinos de Illapel trabajan de sol a sol», El Campo, N°. 8, 2da. quincena de noviembre, 1943, p. 3.

¹⁰⁰ Luis Coray, «Cómo se explota a los trabajadores del campo», El Siglo, Santiago, 31 de mayo, 1943.

¹⁰¹ «Queremos tierra y una escuela, dicen los campesinos de Molina», El Siglo, Santiago, 14 de septiembre, 1945, p. 5.

¹⁰² «Los terratenientes de Arauco realizan explotación feudal», El Campo, N°. 5, 2da. quincena de septiembre, 1943, p. 5.

¹⁰³ «Las miserias y dolores de la masa campesina», La Voz del Campo, Talca, 26 de junio, 1937, p. 3.

¹⁰⁴ O. Domínguez, «Aspiraciones de los inquilinos de la Provincia de Santiago», Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA), Santiago, 1966, citado en E. Ortega, Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, pp. 77-78.

¹⁰⁵ Rebeca Muñoz, «Mujeres campesinas», El Labriego, Santiago, Año I, N°.1, 2da. quincena, julio 1940, p. 6.

¹⁰⁶ P. Garret, «Some structural constraints on the agricultural activities of women: the Chilean hacienda», Land Tenure Center, N°. 76, 1976, citado en E. Ortega Transformaciones agrarias y campesinado. De la participación a la exclusión, Santiago, CIEPLAN, 1987, p. 79.

¹⁰⁷ Ximena Valdés, L. Rebolledo, A. Wilson, Masculino y femenino en la hacienda chilena del siglo xx, Santiago, FONDART, CEDEM, 1996, p. 67.

¹⁰⁸ «Alegría Catan, latifundista extranjero impone régimen de terror a campesinos», El Siglo, Santiago, 13 de marzo, 1942, p. 7.

¹⁰⁹ «Una anciana fue agredida por capataz en hacienda Nogales», El Siglo, Santiago, 28 septiembre, 1945, p. 6

¹¹⁰ Enrique Flores, «Campesinos de Illapel trabajan de sol a sol», El Campo, N°. 8, 2da. quincena de noviembre, 1943, p. 3.

¹¹¹ Discurso de Elena Caffarena pronunciado el 29 de diciembre de 1935 con motivo de la visita del diputado socialista argentino Enrique Dichman. «Del libro Visiones de Chile», La Mujer Nueva, agosto, Santiago, 1936.

¹¹² Elvira Ramírez, campesina de Lo Espejo, «La vida de la mujer en el campo», La Mujer Nueva, Boletín del Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), Santiago, 8 de diciembre, 1935, pp. 2 y 4.

¹¹³ Carmen, «La lechera», La Mujer Nueva, Boletín del Movimiento pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) Santiago, enero, 1936.

¹¹⁴ «Los obreros agrícolas en Sotaqui», La Mujer Nueva, Santiago, diciembre-enero, 1937.

¹¹⁵ Eliana Sagredo, «La mujer campesina en la lucha del pueblo», El Campo, N°. 3, 2da. quincena de julio 1943, p. 5.

¹¹⁶ «Formación del Comité de Dueñas de casa del Fundo «San Luis» de Quilicura», La Mujer Nueva, Santiago, 27 de octubre al 3 de noviembre de 1940, p. 6. La Directiva del Comité de Dueñas de Casa del fundo «San Luis» de Quilicura quedó conformada por: Rosario Orellana (presidenta), Blanca Zapata (secretaria general), Clara Contreras (secretaria de actas) y Escolástica Galleguillos (tesorera).

¹¹⁷ Julio Silva Lazo, «Una mujer, un diálogo y un paisaje», El Siglo, Santiago, 20 de octubre, 1946.

¹¹⁸ Marta Brunet, Montaña adentro, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 122.

¹¹⁹ Marta Brunet, Montaña adentro, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, pp. 138 y 154.

¹²⁰ Marta Brunet, Bestia dañina, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 173.

¹²¹ Marta Brunet, Bestia dañina, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, pp. 200-204.

¹²² Marta Brunet, Bestia dañina, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 211.

¹²³ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, pp. 220-221.

¹²⁴ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 224-227.

¹²⁵ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 230.

¹²⁶ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, pp. 239-240.

¹²⁷ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, p. 246.

¹²⁸ Marta Brunet, María Rosa, Flor del Quillén, Obra narrativa, Novelas tomo 1, Santiago, Universidad de Chile, 2014, pp. 254 y 268.

¹²⁹ Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Santiago, Quimantú, 1972, pp. 30-37.

¹³⁰ Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Santiago, Quimantú, 1972, pp. 38-48.

¹³¹ Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Santiago, Quimantú, 1972, p. 112.

¹³² Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Santiago, Quimantú, 1972, pp. 70-80.

¹³³ Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Santiago, Quimantú, 1972, pp. 92-100.

Capítulo II La conquista civil prolongada: Los despojos (siglos XIX-XX)
1. La Frontera rota

A usted recurrimos para que estudie la forma que esto (los despojos) no continúe y nos dé sus consejos ante este cuadro de exterminio de la raza mapuche. A usted recurrimos en nombre de los 80.000 indígenas organizados desde Valdivia a Magallanes. Indígenas que vivimos pacíficamente laburando nuestras tierras heredadas por la historia de nuestros gloriosos antepasados. Queremos vivir, siquiera dentro del límite de nuestras propiedades actuales, porque no queremos ni buscamos la guerra, que a ello podría conducir la situación presente, si esta continúa con despojos, vejámenes y oprobios.

(Carta de cacique mapuche a Marmaduke Grove)¹³⁴.

Desde la conquista de la Araucanía, a fines del siglo xix, se ha escuchado la desesperación de los despojados, el eco de sus gritos transitando los años y los decenios. El Estado chileno fue tomando progresivamente, en el curso de ese siglo republicano, posesión del territorio mapuche como cuerpo, dejándolo en el caos de sus fragmentos rotos, al azar del deseo de posesión de otros. El hambre de la tierra fue un impulso socialmente desatado que rompía, cotidianamente, todos los límites; su encausamiento legal fue una intención, una abstracción permanentemente corrompida, ante la incontenible fuerza de la «posesión» del medio de producción por excelencia en la época: la tierra.

El Estado chileno republicano, como fruto de las batallas de la independencia ganadas contra el ejército realista de La Frontera, se consideró triunfador y dueño del territorio de la Araucanía, distribuyendo tierras a militares patriotas como premio a su heroísmo¹³⁵. Durante el curso de la postindependencia y a lo largo del siglo xix, la toma de posesión militar y civil de La Frontera fue cada vez mayor, favoreciendo el asentamiento de chilenos a través de la «compra» de tierra mapuche como un fenómeno constante y creciente. A partir de la década de 1860, el propio Estado chileno fue avanzando sobre la Araucanía a través de una red de fuertes que penetró el territorio mapuche. A «los ojos de la civilización», dicho territorio indígena libre era «un patrón de ignominia enclavado» que debía ser progresivamente eliminado. «El objetivo es amedrentar a los salvajes para hacerles desocupar el territorio en poco tiempo (…), a desertar pacíficamente sus hogares para asilarse en las regiones trasandinas (…). Allí buscarán y encontrarán esa independencia salvaje que les conviene»¹³⁶.

«Mira Coronel, ¿no ves este caudaloso río, estos dilatados bosques, estos tranquilos campos? Pues bien! Ellos nunca han visto soldados en estos lugares. Nuestros ranchos se han envejecido muchas veces y los hemos vuelto a levantar, nuestros bancos el curso de los años los ha apolillado y hemos trabajado otros nuevos y tampoco vieron soldados; nuestros abuelos tampoco lo permitirían jamás. ¿Cómo queréis que nosotros lo permitamos? ¡No! ¡No! Vete Coronel con tus soldados; no nos humilles por más tiempo pisando con ellos nuestro suelo!»¹³⁷

En el transcurso de este proceso de ocupación, el Estado chileno se adjudicó por «ley» el territorio araucano, interviniendo activa y legalmente en procesos de transferencia de la propiedad mapuche a propiedad privada chilena o extranjera. Durante el gobierno del liberal presidente Pérez se dictó, el 4 de diciembre del año 1866, una importante ley que expresó la adjudicación o toma de posesión y control estatal de la Araucanía. Esta ley tenía como uno de sus objetivos fundar «poblaciones en los parajes del territorio de los indígenas» en los lugares que el Presidente de la República designase, donde se otorgarían sitios gratuitamente a pobladores que quisiesen allí avecindarse, inclusive indígenas, a quienes se otorgaría habitación. Respecto de los «terrenos fiscales» que ya el Estado chileno poseía junto a los nuevos que adquiriese, éste los ofrecería en subasta pública por lotes de 500 hectáreas y cuyo precio se pagaría en cincuenta años al 2% anual, destinándose una parte de los mismos «al establecimiento de colonias de nacionales y extranjeros». Al mismo tiempo, dados los abusos, prohibió nuevas enajenaciones particulares de tierra en la Araucanía (salvo las que ya estuviesen inscritas). Finalmente, uno de los aspectos decisivos de esta ley es la creación de una comisión que debía «deslindar» las tierras pertenecientes a indígenas –reconocidas por su «ocupación efectiva y continuada»–, otorgándoles Título de Merced. En caso de la presencia de una ocupación colectiva indígena, se les consideraría legalmente como «comuneros» y se les dividiría la tierra en partes iguales, otorgándose título individual al cabeza de familia (ya fuese hombre o mujer). En caso de que la «ocupación colectiva» estuviese bajo el mando de un cacique, la propiedad permanecería indivisa como «propiedad común a todos ellos», aunque sujeta a la posibilidad de su división en caso de solicitarlo «una octava parte de los indígenas cabeza de familia». Las tierras no asignadas por el Estado a los mapuche en este proceso de deslinde, la ley las consideraba «baldías»¹³⁸.

Como se puede apreciar, con esta ley se buscaba realizar una política de ocupación legal de la Araucanía por parte del Estado chileno, el que por esta vía tomaba control de todo el territorio mapuche, cuyo pueblo quedaba sometido a política de «reducción» en las tierras que efectivamente ocupaban cotidianamente en forma continua, política que «los terminaría reduciendo a la propiedad de sus casas, huertas y campos de cultivo»¹³⁹. No obstante, el territorio de la Araucanía pervivía –en la historia, en los hechos y dada la ausencia efectiva de Estado y de justicia en la zona– como territorio mapuche cotidianamente usurpado; por lo mismo, será un campo propicio de rebelión y, finalmente, de un violento acto de conquista armada por parte del Estado chileno a fines de ese siglo xix. Como resultado de este doble proceso de ocupación y conquista, se rompe La Frontera, es decir, se desestructura el «orden fronterizo» existente en la Colonia que «reconocía» el territorio mapuche (desde el río Biobío al río Toltén) como fundamento territorial de dicho orden, con el cual el Estado colonial mantuvo relaciones permeables de intercambio económico, social y cultural con el pueblo y «nación» mapuche.

Rota La Frontera, el territorio de la Araucanía será objeto de una más amplia intervención por parte del Estado, en vista de lo que se ha llamado «la constitución de la propiedad». El gobierno chileno creó, en 1883, la Comisión Radicadora de Indígenas, que operó según la normativa establecida en la ley de 1866 y que comenzaría un lento trabajo (que solo concluiría en 1929) de «reducción» de una porción importante del pueblo mapuche en (valga la redundancia) «Reducciones» de mala tierra, condenándolos a la pobreza, mientras muchos de ellos obtuvieron Título de Merced familiar por poca tierra efectivamente ocupada y otros muchos se arrojaron a los caminos, huyendo hacia algún destino…¹⁴⁰. Con el fin de propagar la «propiedad privada» en la Araucanía como fundamento moderno de progreso y civilización, el Estado siguió rematando a chilenos pudientes una parte de las tierras conquistadas y realizó concesiones de otras porciones de tierra a colonos extranjeros y a empresas privadas. Al mismo tiempo, los gobiernos de la época concedieron tierra en la Araucanía a militares del Ejército como recompensa comprometida por su acción en dicha guerra de conquista, así como a muchos chilenos repatriados de la Argentina, atrayéndolos de regreso al país «luego del sorpresivo éxodo de cientos de familias chilenas a la zona limítrofe de Neuquén», en busca de las oportunidades que allí se abrían de tierras para colonización¹⁴¹. La lentitud del trabajo de la Comisión Radicadora de Indígenas no hizo sino sembrar la semilla de los abusos, dejando libre el hambre de posesión de particulares que no vieron en sus vecinos mapuche sino a un pueblo derrotado y a una «raza inferior»¹⁴². Fue tan crítica la situación que el Estado, en 1874, estableció la prohibición a los particulares de adquirir terrenos indígenas entre el río Malleco y la provincia de Valdivia, prohibición que debió extenderse, en 1893, de Valdivia al sur; prohibición que cada diez años debió prorrogarse…; pero nada era muy prohibido en un territorio donde «la fuerza y el engaño fueron las vías predilectas para generar derechos sobre la tierra»¹⁴³.

Por otra parte, el Estado debió considerar la ocupación de hecho de tierras realizada por parte de particulares desde tiempos tardío-coloniales en la Araucanía libre y La Frontera, y con mayor fuerza después de su conquista a fines del siglo xix. Muchos chilenos y sus familias se debían asentar en la tierra para producir y reproducir sus vidas. Reconociendo el Estado esta situación y, aún más, con el fin de estimular la colonización agraria con nacionales en tiempos de la postguerra civil de 1891 –cuando se generó mucha cesantía obrera al paralizarse las obras que realizaba el suicidado presidente Balmaceda a lo largo del país–, el Congreso aprobó en 1898 la Ley sobre colonización con nacionales, que autorizaba «al Presidente de la República para que pueda conceder en las Provincias de Cautín, Malleco, Valdivia, Llanquihue i Chiloé, hijuelas de terrenos fiscales hasta 50 hectáreas para cada padre de familia (alfabeto) y 20 más por cada hijo legítimo mayor de doce años». En el reglamento de esa ley (1902) se estableció que dicha concesión se les haría a los colonos nacionales en base a un «título provisorio», el que sólo podría convertirse en «título definitivo» después de un plazo de seis años, habiendo demostrado haber cerrado su hijuela y haberla cultivado al menos en un 50%; de lo contrario, la concesión caducaría. Simultáneamente, el reglamento de la ley aprovechaba de reconocer formalmente la ocupación de hecho de terrenos en la Araucanía y Sur Austral, concediéndole a cada ocupante una hijuela de terreno «siempre que el terreno ocupado no hubiere sido destinado por el Supremo Gobierno a otros fines y que haya sido trabajado personalmente por el interesado y se hubieran hecho mejoras en dicho terreno que representen doscientos pesos a lo menos»¹⁴⁴. De este modo, se reconoció legalmente a dos categorías de concesiones y, correspondientemente, a dos tipos de campesinos nacionales de la ex zona fronteriza y Sur/Austral: el colono nuevo propiamente tal, con una concesión de, al menos, 50 hectáreas, y el ocupante agrícola ya establecido en la Araucanía y Sur/Austral, con apenas una hijuela, ambos sin título definitivo.

Premunidos o no los colonos y ocupantes chilenos con su «título provisorio» muchos de ellos avanzaron hacia aquellas tierras más difíciles de habitar y explotar, internándose en la selva de bosques montañosos, colonizando lugares inalcanzables a los que entregaron trabajo y esperanzas. Asimismo, muchas familias mapuche sobrevivientes se quedaron en calidad, ahora, de ocupantes de tierras fiscales alejadas, cordilleranas, junto a los colonos y ocupantes chilenos, pequeños campesinos, con quienes compartieron vida y trabajo, no siempre de modo muy amigable¹⁴⁵. Allá, en las impenetradas montañas boscosas permanecieron o se instalaron, sin títulos definitivos, a modo de «inquilinos del Estado», haciendo patria en lugares remotos, rozando, sacando al bosque algunos espacios para siembra, construyendo cercos, apotrerando, durante años, entregando sus días a esa vida, con la esperanza de obtener su título de propiedad… Pero siempre rondaba el temor del amenazante deseo del otro-conquistador, que llegaba con amenazas de papeles legalizados en las oficinas del juzgado del pueblo, a veces con apariciones de fuerza pública mandada por «el rico»¹⁴⁶. Las múltiples gestiones realizadas por los campesinos y mapuche en las oficinas cada año, cuando se podía bajar al pueblo, no fueron eficaces para poder conseguir el anhelado «título definitivo» de las tierras que ocupaban durante siglos o años, quedando vulnerables al apetito del «rico», siempre deseoso de más¹⁴⁷. Imperaba el tiempo de los pleitos y los litigios judiciales, los que, controlados por un grupo de personajes locales con mucho poder e influjo, accionaban múltiples mecanismos para realizar expropiaciones «legales» que, a nombre de la ley y el orden, caían abrupta y despiadadamente sobre los cuerpos y las vidas de indefensos pequeños campesinos y mapuche. Se vivía la era de los despojos, drama inconmensurable que atraviesa gran parte de los siglos xix y xx en Chile/Sur.

Así, en pleno Centenario de la República, estos despojos se visibilizan y alcanzan un sello bastante emblemático con la matanza de Loncoche en 1910¹⁴⁸. Se trató de un significativo movimiento de resistencia de colonos chilenos ocupantes de una zona en las cercanías de Loncoche, como respuesta al despojo de uno de ellos, desatándose una despiadada y masiva matanza de dichos colonos en resistencia por parte de la fuerza pública de la zona, hecho fatal que sembró el terror en todo el territorio y que no fue sino la expresión de otros muchos despojos que ocurrían a principios de siglo xx y que, como veremos, continuarían en las décadas siguientes, dibujando un paisaje social dramático en torno a la disputa social por la tierra.

Acción de despojamiento o expropiación que seguía la misma lógica de la Conquista: la usurpación del territorio indígena o de la propiedad de pequeños campesinos por parte de hombres que, a nombre de la «ley» del Estado metropolitano, avanzan hacia una apropiación ampliada del territorio a través de la toma del poder político, judicial y militar local, constituyéndose en los señores de la tierra de América y, a fines del siglo xix, de Chile/Araucanía. En efecto, reanudando en estos territorios la tardía conquista de Chile/Sur, los señores toman importantes posesiones de tierra y, simultáneamente, asumen el poder-político-local-de-conquista, ejerciendo su influjo en las oficinas de juzgados y retenes de carabineros de los pueblos de la Araucanía sometida y del Sur Austral, proyectando su avance de conquista hacia el territorio regional.

Podemos apreciar que lejos de una «pacificación de la Araucanía», lo que va a ocurrir en este escenario de «frontera rota» durante la posconquista estatal decimonónica del territorio mapuche, es la prolongación de dicha conquista a nivel de la sociedad civil de terratenientes locales, quienes continúan la guerra como «conquista interna» de la Araucanía, prolongándose hacia el Sur Austral. A pesar de la existencia de leyes que medianamente intentaron normar el proceso y debido a la propia ambigüedad de esas mismas leyes en materia de concesión de títulos definitivos a colonos y ocupantes, aquellas son sobrepasadas por la «lógica de la conquista privada» que busca consolidar un nuevo orden a través del control terrateniente de los aparatos legales-institucionales-locales y de la movilización de la fuerza armada a su favor. Como resultado de esta «frontera rota» y de esta «conquista civil prolongada», se desata un verdadero drama humano que pone en jaque la supervivencia de cientos y miles de familias de pequeños campesinos y mapuche a lo largo del siglo xx, muchos de los cuales son violentamente despojados de la tierra de su habitar, donde tenían sus raíces, su vida y su sustento.

Sr. Presidente, paso ahora a referirme a otro punto tratado muchas veces en esta Cámara, y es el de las tierras que están en litigio entre los grandes terratenientes y los pequeños propietarios de tierras; entre el trabajador de las tierras que las ha labrado con el esfuerzo y el sudor de su frente y aquellos otros que, valiéndose de su situación social, política y administrativa, han querido tomar grandes porciones de tierras (…) a fin de llegar a tener grandes fortunas¹⁴⁹.

La lista de despojos de tierras mapuches en las primeras décadas del siglo es larga y tendida, generando sufrimiento y amargura histórica por generaciones¹⁵⁰. Una de estas acciones merece mención especial, por cuanto ella es reveladora de algunos de los mecanismos de usurpación de tierras que conducían desde la violencia a la usurpación legal. Se trató del caso del fundo Pellahuén que abarcaba miles de hectáreas tomadas por el Fisco en la Cordillera de Nahuelbuta, un tramo de la Cordillera de la Costa con bosque de araucarias, que se extiende entre los ríos Biobío e Imperial y donde habitaban y trabajaban familias mapuche y campesinos chilenos, conformando una población de 800 personas. Las acciones comenzaron con la usurpación y expulsión de 20 familias mapuche (1919), abriéndose el camino del deseo privado de esas tierras. El mecanismo que utilizó el que deseaba hacerse dueño de dichas tierras consistió en pedir un grueso préstamo bancario al Banco Garantizador de Valores, en calidad de «presunto dueño», entregando dichas tierras en prenda: «terrenos que no eran suyos, sino de toda la nación chilena, de los indígenas que los poseían, de los colonos que los han labrado…»¹⁵¹. Al cabo de cierto plazo, el falso dueño se declaró impago; el banco trabó, en consecuencia, embargo contra el fundo Pellahuén, logrando, a través de procedimientos judiciales, que los tribunales de Santiago emitiesen órdenes de lanzamiento, no contra los deudores, sino contra «todos los indígenas ocupantes, procedimiento que han arbitrado con este objeto los grandes detentadores de terrenos, para verse libres de los indios», los que no eran parte del juicio con el banco y que «jamás han litigado con el Banco Garantizador de Valores ni con el Fisco»¹⁵². El mecanismo era claro: una vía «legal» para un desalojo masivo y para una apropiación privada total del territorio. Tratándose de terrenos fiscales y ante el escándalo público que este hecho logró suscitar, el gobierno de entonces (Alessandri, 1926) decidió poner trabas al embargo del banco; sin embargo, esos terrenos no fueron legalmente expropiados y no se les otorgó títulos reconocidos a sus habitantes mapuche y campesinos chilenos hasta el año 1944 (gobierno de Juan Antonio Ríos)¹⁵³.

Este emblemático caso nos revela la prolongada inestabilidad de la habitabilidad campesina y mapuche de dichos territorios y la debilidad del Estado chileno para hacer valer sus propios derechos fiscales en la Araucanía y sur del país, cuando se atravesaban los intereses terratenientes privados, en connivencia con los intereses financieros, en pos de su deseo usurpador de tierras.

2. Ranquil (1934)

–Ya salió la Ley… le da tierra a los campesinos pobres para que la trabajen. En vez de ‘inquilinos’ los llaman ‘colonos’ (…) para ser colono hay que enterar siete años trabajando una puebla. Son extensiones grandes, faldeos ariscos de cordillera. Pero con paciencia uno le va ganando tierra al monte ¹⁵⁴ .

La primera pulpería estaba en Lonquimay. Corrientemente, los pulperos cambiaban instrumentos de labranza por ganado, semillas por hortalizas frescas, harina por lana. A los conocidos les daban crédito y el crédito se fijaba sobre la cosecha siguiente, tomando la maquila como interés, o sea, un veinticinco por ciento de la cosecha bruta. Un cuarto sobre el valor completo de lo recogido. (…) O te prestaban semillas, abono y máquina cosechadora y te tomaban el veinticinco por ciento de la cosecha total de toda la zona, porque la maquinaria se desplazaba una vez a cada lugar y atendía cinco o diez predios. Nosotros no vimos nunca dinero por estos lares. Todas las pulperías hacían lo mismo. El propietario mayor era Juan Smitsman, un gran terrateniente del sur, llamado el cacique del trigo de Malleco. Además, era propietario de unos ciento cincuenta molinos, distribuidos en cuatro provincias. Muy famoso el hombre, sobre todo porque en épocas electorales, hasta hace muy poco, entraba a caballo con sus hombres en los locales de votación, laceaba las urnas, se las llevaban arrastrando al galope y horas después las devolvían con todos los sufragios cambiados a su favor. (…) Mataba a los «insolentes» con su propia mano y jamás se bajaba para hablar con alguien. Lo hacía desde el caballo. Era de aquellos alemanes que llegaron a Chile a fines del siglo pasado y recibieron gratuitamente su parcela (…) Y con balas, sífilis –armaba casas de putas cerca de todas las reducciones indias y en los poblados pequeños para degenerar a los «analfabestias», como los llamaba–, aguardiente, juzgados de indios y cohecho, organizó su imperio. (…) Las pulperías eran suyas y él dio orden de cerrarlas. Vivía en un pueblo llamado Los Sauces, abajo, en el valle, cerca de Traiguén¹⁵⁵.

El poderío hacendal y molinero de Smitmans constituyó uno de los blancos del alzamiento campesino en Lonquimay que culminó con la matanza de Ranquil en 1934.

La conquista de la Araucanía por el Estado chileno por la vía de las armas de hierro a fines del siglo xix, dejó abiertas las puertas –como dijimos– para su continuación en manos de los señores de la tierra locales, quienes avanzaron despojando con el arma de la escritura, la tinta y la ley. Dicha republicana conquista de Arauco generó «toda una masa de mapuche empobrecidos que, en territorio pewenche, eran arrinconados cada vez más arriba en la cordillera. A ellos se unía un creciente número de colonos chilenos pobres que terminaron habitando el mismo espacio de los pewenche y sobre todo compartiendo las mismas miserias de éstos»¹⁵⁶. Si bien el Estado, como vimos, reconoció o entregó al sur del Biobío una porción de tierras fiscales a pequeños agricultores nacionales, antiguos y nuevos, sin embargo, los abandonó a su suerte, con títulos en espera, con papeles no resguardados que desaparecían en las oficinas de los pueblos, sin apoyo económico, sin semillas, sin herramientas, las que sí entregó a los colonos extranjeros, expresión de una clara discriminación hacia el colono campesino nacional.

La Ley de Colonización de Ibáñez de fines de los años veinte, como veremos, creó una institucionalidad fiscal llamada a incentivar la colonización agraria con nacionales, debiendo formarse agrupaciones de colonos aspirantes a la propiedad de tierras, agrupación que debía inscribirse en la Caja de Colonización que la ley creaba, en espera de una asignación de tierra para su venta a plazo a dichos grupos de colonos. Ante este poderoso estímulo, los campesinos sin tierra se esperanzaron en poseerla, y muchos más salieron a ocuparla para trabajarla allende el monte, en los confines de los faldeos de la cordillera sur…

Simultáneamente, en el gobierno de Ibáñez vio la luz el Código del Trabajo (1931), que recopiló las leyes laborales aprobadas con la urgencia que estableció el golpe militar del año 1924 y las que se fueron dictando a partir de ese momento. En dicho Código, como veremos, se establecía la obligatoriedad de la sindicalización jurídica de los trabajadores en las empresas del país, sin distinción. Si bien esta medida legal golpeó la organización sindical autónoma de los trabajadores con la que éstos habían dado sus primeras y principales luchas, ayudó a diseminar la organización del trabajo en el seno de la clase obrera urbana y abrió las puertas a las primeras orgánicas sindicales de los trabajadores del campo.

Como buen conocedor de la ley, como profesor de la ciudad de Victoria en las proximidades de Lonquimay y como militante comunista¹⁵⁷, José S. Leiva se dispuso a apoyar este sueño campesino, formando el Sindicato Agrícola de Lonquimay como instrumento para la agrupación de los colonos aspirantes a tierra y para solicitar a la Caja de Colonización «la entrega legal de un predio en la localidad de Nitrito, que habitaban varios chilenos y pewenche desde hacía más de una generación»¹⁵⁸. Ibáñez, para solucionar los problemas de los ocupantes del Alto Biobío, habría entregado a éstos un terreno de invernada de siete a ocho mil hectáreas, terrenos que, sin embargo, ya tenían dueño…

Simultáneamente, el gobierno de Ibáñez, como política anticrisis del treinta, había abierto terrenos cordilleranos fiscales en la zona de Lonquimay –como en muchas otras zonas del país– a colonos para que trabajasen los lavaderos de oro. «Se formó, así, una masa enorme de gente de trabajo que, con sus familias, no era inferior a las diez mil almas»¹⁵⁹.

El Estado chileno del siglo xx, como reciente conquistador armado de la Araucanía, se había atribuido todo el territorio conquistado en calidad de «tierras fiscales», las que distribuía y remataba a discreción: Ibáñez hacía lo mismo. No obstante, como hemos dicho, el territorio de la Araucanía, en mucha extensión del mismo, había sido ya apropiado y distribuido por el Estado en el proceso de la posindependencia: estos propietarios de la república temprana reclamarían su derecho a esas tierras ante el nuevo Fisco del siglo xx. Fue el caso de la Sociedad Puelma y Tupper, la que, con capitales provenientes de la minería, había comprado a bajo costo al general Manuel Bulnes el fundo El Rahue, de 28.000 hectáreas, en el Alto Biobío, extendiendo posteriormente sus propiedades a varios fundos de la zona, los que en total sumaban cerca de 60.000 hectáreas:

Los fundos de mi abuelo Orrego provenían de su mujer, Teresa Puelma Tupper, hija de Francisco Puelma Castillo, quien era amigo de Manuel Bulnes, ex-Presidente de Chile. Ocurrió un día que el general Bulnes le dice a Francisco Puelma: «Mira Pancho, tú estás muy rico, tienes mucha plata y yo tengo unas tierras que el gobierno me regaló a propósito de mis servicios contra los mapuche. Como yo ‘pacifiqué’ la Araucanía (pon ‘pacifiqué’ entre comillas porque en realidad asesinó a cuanto indio encontró) … ¿por qué no me compras estas tierras si yo no soy campesino y además están muy lejos?». Y así fue cómo le vendió esas tierras a Francisco Puelma…¹⁶⁰.

Si el gobierno criollo había regalado tierras en la Araucanía a militares en pago por sus servicios en pro de la Independencia, también los gobiernos conquistadores de la Araucanía a fines del siglo xix, habían repartido porciones de esas tierras a soldados que habían prestado el doble servicio de conquistar el desierto norte y la Araucanía sur. Un día Ignacia, mujer de colono ex soldado de la Guerra del Pacífico, recibió la visita de un ingeniero que le preguntó por los papeles de su puebla, a lo que ella responde que esa era «tierra propia. Se la dieron a mi esposo en tiempos de la Guerra del Pacífico, mi viejo peleó en ese batallón». Que habían tenido papeles, le dijo Ignacia, pero que los había llevado a la oficina de Victoria y allí habían quedado… En seguida el ingeniero hizo un escrito diciéndole que él iba a sacar sus títulos, instándola a estampar su huella en el papel. «Con este dedo firmé», confiesa Ignacia. Al poco tiempo, el ingeniero habría aparecido como dueño del predio¹⁶¹.

Mientras, «la Sociedad Puelma Tupper reclamó para sí la propiedad de las tierras y exigió una orden judicial de desalojo, basada en la prerrogativa jurídica de que quienes habitaban el lugar no tenían títulos de propiedad». Ante esto, los colonos propusieron al Estado que comprase las tierras a la Sociedad Puelma Tupper, las que ellos le pagarían al Fisco en un plazo prudente. Mientras se realizaban las gestiones, carabineros comenzó a hostigar a los campesinos «utilizando contra los hijueleros todos los abusos y formas de atemorizamiento posibles. Cuando las tierras estaban recién cultivadas y comenzaba el duro invierno cordillerano, llegó la fuerza represiva a desalojarlos, destruyendo cercos e incendiando los ranchos, expulsándolos sin misericordia y conduciéndolos hasta terrenos estériles, más arriba de la misma cordillera, sin alimentos ni habitación¹⁶².

Los expulsados hacia la cordillera y los nuevos mineros del oro, «con el rigor del invierno, no pudieron trabajar ni obtener alimentos. Empujados por la desesperación, se lanzaron sobre las Pulperías y arrasaron con los establecimientos agrícolas que hallaron a su paso»¹⁶³.

El hecho fue visto por las autoridades y los señores como un acto de sublevación social sin precedentes, el que debía ser sofocado a fusil y metralla. A medida que avanzaba la caballería e infantería del Ejército hacia la precordillera, los campesinos colonos y obreros de los lavaderos de oro y del túnel Las Raíces dieron desigual combate en la medida que ganaban algunas armas de cuerpos caídos; no obstante, los campesinos, obreros y mapuche rebeldes fueron cayendo en el camino para festín de los buitres, mientras cientos de ellos fueron tomados prisioneros: fue en el fundo El Olko de los Puelma Tupper «donde los carabineros mataron a varios cientos de campesinos (matanza de Ranquil). Los colocaron en la ribera del Biobío y ahí los ametrallaron para que fueran cayendo inmediatamente al río»¹⁶⁴.

Era un 29 de junio de 1934, gobierno de Arturo Alessandri. Al respecto, El Mercurio comentó: «Ha sido sofocado el movimiento sedicioso en el sur. Las tropas comandadas por el coronel Délano lograron encerrar 500 revoltosos en Lolco. Casi todos los insurrectos han sido tomados prisioneros. El General Arriagada sigue avanzando hacia el sitio de la revuelta»¹⁶⁵.

Los que cayeron asesinados al río «fueron 477»¹⁶⁶. La matanza masiva hizo de las cristalinas aguas del río Biobío roja tumba; esta fue la forma de solucionar, por parte del Estado chileno y el Ejército, las acciones originadas por el hambre y el despojo.

«La violencia represiva relegó los hechos al silencio»¹⁶⁷; acallamiento que fue un velo de ocultamiento de los nuevos despojos continuando…

Hoy es el noveno aniversario de la matanza de Ranquil. En estos nueve años han continuado los despojos de tierras de los campesinos pobres en toda la zona austral de nuestro país, sin que hasta la fecha se ponga coto a los desmanes de un grupo de asaltantes de tierras y de vidas ajenas. (…) En este día de recuerdo y de reafirmación en los destinos de la Patria, los ocupantes de tierras, colonos, campesinos abandonados en las montañas, en la nieve, en los ríos y en las comarcas más apartadas de los centros poblados de la zona austral, elevan sus demandas en pos de un amparo gubernativo en el sentido de que sus tierras, sus chozas y sus familias, sean defendidas de la codicia insaciable de los descendientes de los encomenderos que, a pesar de las declaraciones gubernativas, continúan cometiendo vejaciones y expropiaciones¹⁶⁸.

En 1945 parlamentarios comunistas pedían al gobierno –en carta dirigida al ministro de Tierras y Colonización– que indemnizara a los sobrevivientes de Lonquimay, lo que no se había hecho a pesar «de haberse comprobado que su participación en (los hechos) fue solo en defensa de sus vidas, intereses y derechos». Le piden que, al momento de que se hagan concesiones gratuitas de tierras, se tome en cuenta a los campesinos de Lonquimay¹⁶⁹. En julio de 1945, se da cuenta que «el Gobernador de Victoria ha enviado una nota al Ministro de Tierras y Colonización planteando que es urgente, para el aumento de la producción, colonizar tierras en Lonquimay, en los fundos Ranquil, fundo Guayalí, fundo Contraco y fundo Nalcas donde hay disponibles 55.767 hectáreas. Esto resuelve la vida a cientos de campesinos que están en espacios muy reducidos». Dice (el Gobernador) que por muchos años campesinos «ocupan tierras fiscales y aún no se les entregan los títulos de tierra»; además de eso, se les debía apoyar con herramientas, semillas y préstamos¹⁷⁰.

En enero de 1946, el Sindicato de Agricultores de Lonquimay estaba aún abocado a solucionar el problema de las tierras que ocupaban, en su calidad de colonos, en Lonquimay. Una comisión de colonos había partido a la capital a tratar de entrevistarse con las autoridades para obtener algunas franquicias «como el no pago de las veranadas y pastaje». La comisión pediría justicia en los siguientes puntos: «El reconocimiento de 200 hectáreas de tierra para cada colono y título definitivo para cada uno; 2) colonización del fundo Contraco y de la Reserva de Troyo; 3) creación de escuelas en Ranquil, Pehuanco, Troyo y Llanquién»¹⁷¹.

Doce años más tarde, después de haber sacrificado el ejército chileno a cerca de 500 campesinos levantados por el hambre y el derecho a la tierra, el problema seguía intacto.

3. Mantilhue: terror, violencia e inquilinaje como vía de despojo
y apropiación latifundista

«Estos latifundistas no nos sacarán vivos, pues no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar lo más preciado: el sustento de nuestros hijos y de nuestras mujeres»¹⁷². Así lo afirman en su carta dirigida al presidente de la República, Arturo Alessandri (enero de 1936), un grupo de 70 colonos, en la que le piden amparo y título definitivo a sus más de 8.000 hectáreas. En ella denuncian los conflictos con colonos alemanes y chilenos como Osvaldo Biewar, Víctor Menguer, Augusto Grob y Rubustiano Hidalgo, quienes los arrancaban de sus tierras acompañados de carabineros y de un supuesto inspector del Trabajo.

Era un día del caluroso verano de 1936 cuando esta carta de los colonos violentados por los propietarios de Valdivia aparece en la prensa capitalina: el periódico La Hora le da espacio bajo el titular «450 campesinos radicados en la provincia de Valdivia piden amparo del Gobierno». Se trataba de más de 450 personas entre 5 a 40 años que allí vivían y que estaban constituidos en Cooperativa, decía la carta, quienes habían invertido mucho dinero en esas tierras. El periódico contactó al diputado José Vega. quien, como parte de una Comisión Investigadora de la Cámara, había acudido al lugar de los hechos y se había entrevistado con los campesinos de la zona. Allí los colonos le habían dicho a Vega que el carabinero Armando Mandujano, con un documento del gobernador de La Unión, había acudido a comunicarles «que tenían que dejar las tierras por ellos cultivadas porque eran comunistas». Denunciaba el diputado Vega que existía un comando de carabineros que estaba en la hacienda del propietario terrateniente vecino, Augusto Grob, y que desde allí, embriagados, salían a golpear a los campesinos, obligándolos a firmar contratos de trabajos para que quedasen como simples inquilinos y perdiesen sus derechos a la tierra. El diputado Vega había podido evidenciar por sí mismo, el día 11 de enero, cómo un grupo de colonos fue golpeado por carabineros: «tenían la cabeza rota y el cuerpo machucado»; que carabineros, mandados por Grob, ni siquiera permitía que levantasen su cosecha, afirmó el diputado, asegurando que habían castigado al joven que permitió el paso de la Comisión Investigadora al lugar de los hechos, deteniéndolo en el calabozo instalado en la misma casa del señor Grob. Ante el escándalo de los hechos de violencia presenciados, el diputado Vega se había comprometido no sólo a conversar con el Presidente de la República, sino que «en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados haré una relación de los hechos para que se tomen medidas a fin de evitar la continuación de este despojo de tierras que tiene idénticas características del ocurrido en Lonquimay el año 1934»¹⁷³.

¿Quiénes eran y dónde habitaban estos colonos que en 1936 eran gravemente violentados por sus vecinos, grandes terratenientes y empresarios de la zona sur?

A orillas del lago Puyehue, a unos 80 kms. de la localidad de Río Bueno en el sur valdiviano-osornino de Chile, se encontraba el fundo Mantilhue de unas 8.000 hectáreas, ocupado hacía más de 30 años –desde principios de siglo xx– por más de 80 familias que hacían en total una población de más de 400 habitantes. En el entendido de que esas tierras eran fiscales las habían ocupado dichas familias, habiéndose discutido durante los últimos 30 años el dominio de esas tierras en los estrados judiciales…. Así expuso el drama de Mantilhue el diputado socialista Casanova, quien fue interrumpido por ruidosos comentarios en la sala del Congreso por parte de quienes buscaban obstaculizar la denuncia, lo que obligaba al Presidente de la Cámara a mandar guardar reiteradamente silencio.

Detrás de este juicio estaba un grupo de latifundistas de esta zona que reclamaban el dominio sobre Mantilhue, entre ellos Robustiano Hidalgo y Augusto Grob, «dueño en esa zona de 114 fundos, adquiridos en la misma forma que pretende adquirir el fundo Mantilhue», afirmaba Casanova, provocando mayores ruidos en la sala. El diputado informaba que dichos latifundistas no podrían obtener el disputado Mantilhue por la vía legal, ya que «no contaban con uno de los requisitos exigidos por el D.L. N°. 1600: el requisito de la ocupación material»¹⁷⁴. Por el contrario, las 80 familias, afirmaba el diputado, sí habían «ocupado a nombre propio esas tierras, las han cultivado y han constituido allí pequeñas parcelas», hecho que les daba plena validez legal al dominio sobre Mantilhue. Ante esta situación, los latifundistas nombrados habrían optado por valerse de «medios torcidos para lanzar a esos ocupantes», aseguró Casanova: el comisario de Carabineros de La Unión, acompañado de cuatro subalternos, «se apersonó al fundo Mantilhue y procedió a allanar las casas de esta gente, sin exhibir ninguna orden», supuestamente con el fin de «establecer si en Mantilhue existían o no células comunistas, si se estaba allí atentando contra la seguridad interior del Estado, allí, a 80 km. de la ciudad más próxima, allí, en una cordillera aislada...»¹⁷⁵. El diputado expresaba, irónicamente, el absurdo de la presunción política que pretendía justificar el allanamiento realizado, amedrentando a los colonos.

Casanova relató a la Cámara que él mismo había acudido a hablar, de modo cordial, con el carabinero que había protagonizado el allanamiento, quien le había asegurado que había sido enviado por el gobernador para abrir un camino público, el que jamás había existido; que allí solo había un camino interno, privado, por el cual se comunicaba el fundo Mantilhue con el fundo Arrayán, de propiedad de Grob, a través del cual, aseguraba el diputado, éste pretendía hacer entrar gente a Mantilhue como acto de ocupación, así como inculpar a los de Mantilhue por hurto o robo de animales...

Yo me imaginé que terminaban aquí los abusos; no fue así: el 14 del mes actual (14 de enero de 1936) llegó hasta mi oficina el ciudadano Juan Rojas, uno de los ocupantes del fundo Mantilhue. En su voz, en su físico, en todo su aspecto se notaba haber sufrido un enorme castigo, una flagelación bárbara; así lo entendió toda la gente que estaba en mi oficina; y este ciudadano que llegaba hasta mi oficina en esas condiciones me informó que tuvo que valerse de mil recursos para poder salir del fundo, porque los carabineros acababan de flagelarlo y no dejaban que nadie entrara ni saliera de ese fundo, a fin de evitar que se denunciara ese abuso¹⁷⁶.

El campesino Juan Rojas, flagelado, hecho presente en la oficina provincial de un diputado de la República como cuerpo de prueba de la violencia de carabineros, del gobernador, de Grob, fue un grito de alarma que despertó la solidaridad de los trabajadores de las comarcas y provincias aledañas. Los obreros de Valdivia, de Temuco y de Osorno se movilizaron y formaron una «delegación obrera» que se apersonó en la oficina del diputado en demostración de solidaridad con los campesinos abusados. Resolvieron presentarse al terreno mismo de los hechos para inquirir acerca de la situación de los colonos de Mantilhue y de la flagelación de Rojas, previo anuncio de su viaje por parte del diputado al gobernador de La Unión.

Y, pásmese la Honorable Cámara: esa noche, al llegar al fundo, hemos sido recibidos a balazos por los cuatro carabineros más un grupo de inquilinos del fundo del Sr. Grob. Hemos sido perseguidos como se persigue a los delincuentes, o como se persigue a las liebres a través de las pampas; y sólo la sombra de la noche pudo evitar que algunos de los acompañantes cayeran bajo las balas homicidas de los carabineros. / Este es un hecho que yo he presenciado, de manera que si alguna vez en esta Honorable Cámara algún honorable Diputado ha tenido el subterfugio de decir que aquí se traen hechos que no constan a los honorables Diputados, ahora ella está frente a un caso que me consta a mí mismo¹⁷⁷.

(...) para evitar ser atacados en forma inhumana por esos hombres, hemos eludido los caminos, debiendo internarnos en las montañas y estar casi toda la noche sin poder salir de ella. Por fin, después de muchas horas, nos hemos encontrado con los ocupantes de Mantilhue; había en la cara de esa gente, en su manera de obrar, todas las manifestaciones de que está atemorizada por las amenazas, por el castigo, por un régimen de terror¹⁷⁸.

Después del allanamiento del comandante Mandujano al fundo Mantilhue y no satisfecho con el retén de carabineros de Chinchín existente a 2 kilómetros, el Sr. Grob instaló en su fundo El Arrayán (o Hijuelas) un retén de Carabineros «al que se han destinado en ocasiones 12 carabineros provistos hasta de fusiles ametralladoras», con el pretexto de proteger su propiedad «porque decía que se habían formado células comunistas»¹⁷⁹, dedicándose dicha fuerza policial a perseguir y flagelar a los colonos, quienes, a partir de ese momento, habían tenido que abandonar sus casas y dispersarse por la montaña.

La llegada de la comitiva solidaria fue, pues, un motivo de «júbilo» para los colonos de Mantilhue, reuniéndose en una choza, narrando el terror que estaban viviendo, mostrando sus cuerpos flagelados, sus casas abandonadas…¹⁸⁰. Actos a los que se sumaban los permanentes allanamientos a las casas, destruyendo cercos y sementeras, derribando puertas, atropellando a los que habían quedado, las mujeres y los niños, obligando a ancianos y enfermos a levantarse, registrando camas, robando el dinero que encontraban, destrozando muebles, persiguiéndoles en su huida al monte...¹⁸¹.

¿Cuál era el objetivo inmediato de la escalada de terror, allanamientos, persecuciones y flagelaciones a los colonos de Mantilhue dirigida por el latifundista Grob y llevada a cabo desde el «retén privado» de fuerza pública instalada en sus dominios? Como lo expresan y evidencian los denunciantes: el objetivo de Grob era la extensión de su propiedad Arrayán hacia las tierras aledañas de Mantilhue. La vía del juicio legal para obtener título de dominio había fracasado para Grob, por lo que la violencia había sido su recurso; no obstante, ella no era suficiente para producir el reconocimiento legal de dominio.

¿Cómo pasar de la ilegalidad de la violencia a la legalidad del título como estrategia de apropiación-expropiación de tierras por parte de latifundistas como Grob en la tercera década del siglo xx en Chile? La lógica de esta contradicción puesta en movimiento en la zona sur de Chile, es expuesta por el diputado denunciante en la Cámara de Diputados de la República:

Los carabineros han notificado a esos ocupantes que no pueden sacar nada de sus sementeras, ni de la montaña; no pueden cortar leña, ni hacer carbón, ni sacar la cáscara a los ulmos o lingues porque ese fundo –dicen esos carabineros- está destinado para beneficio exclusivo del ‘patrón’. Para que esta gente pueda, entonces, comer, ganar la subsistencia de su familia, se verá obligada a firmar el contrato de inquilinaje, con los cuales tarde o temprano se les despojará de sus tierras. O bien esos pobladores, para escapar de la muerte, de los castigos de carabineros, para escapar su familia de una muerte por inanición, por hambre, tendrán que abandonar el fundo o robar y asesinar¹⁸².

Esta forma de usurpación de tierras por la vía de la inquilinización estaba siendo un mecanismo recurrente en la época, según lo que se puede constatar por algunos casos denunciados en la prensa. En este mismo sentido fue lo ocurrido a José Aicón y sus familiares, caso que muestra otras facetas de este mismo fenómeno. José María Aicón vivía en propiedad heredada de sus antepasados en «Maule Esperanza», comuna de Fresia, provincia de Llanquihue, tierras que se extendían desde el río Maule Esperanza hasta el Pacífico, las que trabajaba junto a decenas de familias mapuche. «Sólo un pequeño río separaba la propiedad de Aicón de la de un latifundista, Juan Schwerter, actual propietario de 45.000 hectáreas de terreno, sin título alguno». Un día Schwerter ofreció y transó con Aicón talaje para los animales de éste, a cambio de la ordeña de sus vacas, pacto verbal que el alemán transformó en un contrato escrito que hizo firmar al analfabeto Aicón con el estampado de su huella. Pero el documento escrito por Schwerter no era sino un acto fraudulento, en el cual se estipulaba que Aicón era sólo un inquilino de Schwerter, quien era el «propietario de todas las tierras de Maule Esperanza». Con este documento Schwerter se habría presentado ante el Tribunal del Trabajo de Puerto Montt, «solicitando la fuerza pública para arrojar a Aicón y a los demás indígenas de ‘sus propiedades’; tribunal que falló a favor de Schwerter, arrojando a la desesperación y al hambre a decenas de familias indígenas»¹⁸³.

Como se sabe, desde tiempos de la colonia, el sistema de inquilinaje había consistido en un pacto entre un sin-tierra y un hacendado que se ha hecho de ella por las diversas vías de la conquista-y-coloniaje. Este pacto consistía en una suerte de contrato de «ocupación», por parte del sin-tierra, de una porción de la tierra del hacendado; ocupación con la cual el propietario obtenía, a menudo, el beneficio de un arrendamiento de dicha porción (en productos generalmente y, más tarde, en trabajo) y, principalmente, le servía como resguardo de los límites de su propiedad, tomando el inquilino la función de «marca de propiedad», especialmente por su ubicación en los lejanos lindes de la misma. De este modo, el inquilinaje se usó históricamente para afianzar y asegurar la consolidación de la propiedad latifundista de la tierra. Mario Góngora consigna que en la época colonial, adoptan, asimismo, este nombre de «inquilinos» indígenas que, habiendo perdido sus tierras en el proceso de la conquista-colonia, logran permanecer habitando dichas tierras sin tener derecho legal a ellas. Al inquilinizarse, estos indígenas firmaban la pérdida de su tierra¹⁸⁴.

El recurso al contrato de inquilinaje por parte de Augusto Grob, Juan Schwerter y otros propietarios de la época en estudio tiene este doble objetivo, de constituirse en una marca de ocupación, la que también sirve de «vía de apropiación legal» de las tierras de los campesinos y mapuche y, en consecuencia, como vía de su despojo de la propiedad de su tierra y su consiguiente seudo proletarización.

El problema de la usurpación violenta de tierras por parte de los mayores propietarios respecto de los colonos chilenos u ocupantes campesinos y mapuche era desde la república, como se sabe, pan cotidiano en la Araucanía y Sur Austral, donde «convivía» malamente la gran propiedad privada por un lado y, por otra parte, la propiedad mapuche y la propiedad fiscal ocupada con campesinos colonos legitimados por la ley, aunque no titulados. Esta situación había hecho de la cuestión de la propiedad de la tierra un conflicto permanente, una lucha civil ampliada, prolongación de la Conquista, consistente en la presión expansiva ejercida por los grandes propietarios tanto sobre los terrenos fiscales ocupados por campesinos libres, como sobre los terrenos de comunidades y familias mapuche.

Si el problema de la usurpación de tierras como vía para la constitución de la propiedad privada en Chile no era algo nuevo, ¿cuál es la especificidad, novedad o discontinuidad histórica que reconocemos en el caso de Mantilhue y de otros casos semejantes? Para intentar una respuesta, habría que formular una serie de preguntas: ¿Cuáles son los principales actores involucrados en este caso y qué representan? ¿Cuál es la relación que se establece en este momento histórico entre el Estado y los campesinos y el pueblo mapuche en Mantilhue? ¿Cuál es la relación entre la clase política y dichos campesinos y mapuche? ¿Qué rol juega la ideología como herramienta de usurpación? ¿Cuál es el mecanismo factual y «legal» para el intento de usurpación? ¿Cuál es la relación entre el gran-propietario usurpador y el Estado, a nivel local y nacional? ¿Cuáles son las motivaciones de la usurpación dadas a nivel de la lógica económico-social?

Uno de los elementos de discontinuidad que se revelan en el caso Mantilhue y en otros casos de este tiempo como Ranquil, es la presencia operante de la Ley de Colonización de 1927 (que trataremos más adelante), la que sin duda constituye un hecho muy importante, quizás un hito en la historia de la intervención del Estado en la constitución de la propiedad privada en la tierra chilena. Como veremos, a través de dicha ley el Estado incorpora el criterio de la simple «ocupación» por un tiempo determinado como criterio de «propiedad», criterio que buscaba reconocer al ocupante-cultivador chileno de tierras fiscales –figura que correspondía a una gran parte de las familias campesinas del sur-austral de Chile–, así como a proteger a las comunidades mapuche. No obstante, los grandes propietarios históricamente han sabido usar múltiples vías para eludir las leyes que tratan de imponer un límite a su deseo de posesión: a través del recurso del «falso-inquilinaje», pretendían algunos señores poner la ley a su favor, en connivencia con la violencia, el terror y la complicidad de las autoridades locales.

Otro de los factores de discontinuidad que salen a la luz en el caso Mantilhue y que se repetirá en múltiples casos de la época, es el hecho de su denuncia pública, la que no sólo devela los hechos ocurridos en los medios de prensa, sino que adopta la forma de una «denuncia política» que toma el carácter de un «asunto de Estado» al estar involucrados en esta denuncia parlamentarios de la República que la enuncian en el seno del aparato político nacional, el Parlamento. Tanto la prensa de izquierda como también la «bancada parlamentaria de izquierda» asumen, en los años de 1936, clara y tajantemente la tarea de denunciar los atropellos que estaban sufriendo los pequeños campesinos y mapuche por parte de la violenta fuerza expansiva de los grandes propietarios, que se consideraban dueños no solo de lo propio, sino también de las amplias tierras fiscales existentes en el territorio sur desde tiempos de la colonia y de los «tratados» del Estado español con los indígenas, tierras que, como decíamos, habían sido ocupadas por pequeños campesinos o colonos sin tierras y reconocidos (aunque no titulados) por la Ley de Colonización del gobierno del general Ibáñez (1927), las que ahora estaban siendo reclamadas y apropiadas violentamente por los terratenientes del sur, apoyados por las autoridades judiciales y policiales locales.

En este mismo sentido, el caso Mantilhue también revela el hecho nuevo de la búsqueda de protección, por parte de campesinos y mapuches víctimas de la usurpación, en miembros de la clase política parlamentaria que conforman lo que en la época se llamó el «block de izquierda», los que responden con evidente compromiso a dicha demanda de protección, en calidad de sus representantes ante el Estado. Esto muestra la presencia de una relación de mediación política parlamentaria y partidaria entre las víctimas y el Estado, pasando a tomar la forma de un «hecho político» que configura a los propios aparatos partidarios como aparatos de defensa social y que, a través de su acción protectora y de denuncia, impacta y afecta a la sociedad en su conjunto. «En el Congreso Regional de seccionales (del Partido Socialista) de Valdivia y Osorno se discutió el problema de la tierra y se acordó denunciar los lanzamientos y despojos de tierras que se hacen con los campesinos e indígenas de esa provincia e iniciar una campaña pública señalando los casos más concretos como son los de Huiño-Huiño, Tringlo, Mantilhue y Pichi-Ropulli en donde, desconociendo los derechos de los ocupantes, se les tiene a todos ellos ante el peligro inminente de los inicuos lanzamientos»¹⁸⁵. Ese Congreso Regional del PS acordó fundar una Oficina de Defensa del Campesinado y los Indígenas, que estaría atendida por un abogado designado por el comité central de ese partido.

Nosotros, los hombres de Izquierda, hemos luchado con grandes esfuerzos por la constitución definitiva de la propiedad del pequeño colono, de los indios. En más de una ocasión hemos denunciado casos de indios y de pequeños ocupantes que, como estropajos humanos, han sido lanzados al camino público (…) por grandes señores que tienen enormes extensiones de suelos fiscales que ni siquiera conocen. Actualmente pesa una amenaza sobre más de 200 colonos ocupantes de terrenos fiscales en la comuna de Llonquén, del departamento de Valdivia, en los fundos Llonquén, Tranguil, Malihue, Ranquintuleufo, Chanlil, Coñaripe y Pueura. Hace más de 10 años que estos ocupantes poseen materialmente el terreno (…) la que ha de ser otorgada por el Gobierno a quien la ocupa y la cultiva y no a los grandes detentadores, que ni siquiera conocen esas extensiones de tierras. No obstante las activas gestiones realizadas por los ocupantes, no han podido obtener el reconocimiento de sus títulos, pesando sobre ellos la amenaza de un lanzamiento. (…) en Llonquén se efectuó el lanzamiento del indígena José Neihual, hecho ocurrido el 9 de febrero y ejecutado por los carabineros de Panguipulli por orden del Intendente de Valdivia¹⁸⁶.

En el seno y a través de esta mediación política, los derechos amenazados del campesino y mapuche, estaban siendo puestos sobre la mesa de debate nacional por un grupo político identificado en la época como «la izquierda»: grupo que estaba en proceso de constituirse en una fuerza política (Frente Popular) decisiva en la historia del país. Esta fuerza política se sentirá, como veremos, llamada a romper los marcos de la subordinación ancestral en los campos a través de esta acción de mediación política denunciante tanto de las malas condiciones de vida y trabajo de los trabajadores agrícolas apatronados, como de las amenazas a su libertad y propiedad de pequeños campesinos y mapuche. Por su parte, se puede evidenciar que los pequeños campesinos-colonos-ocupantes y mapuche, a través de esta nueva mediación política activa y militante que se está poniendo a su favor en la coyuntura, estaban teniendo la oportunidad histórica de constituirse en un sujeto que enuncia pública y políticamente el rechazo a su victimización y a su desalojo por parte de su vecino, el gran propietario de tierra.

Ante la sombra de esta emergente fuerza política de izquierda frentista, no era de extrañar el recurso de los terratenientes a la acusación de sus vecinos campesinos y mapuche de «comunistas»: acusación que apuntaba, en realidad, al «block de izquierda» que construía hegemonía política en el país. Así, otro de los elementos relevantes que salen a luz en el dramático caso Mantilhue es el recurso a la acusación ideológica o de adscripción política como justificación de los actos del terrateniente y autoridades locales respecto de los campesinos y mapuche. Ello nos muestra que la usurpación de tierras a los ocupantes campesinos y familias mapuche ya no puede ser un acto absolutamente privado y arbitrario, sino que ha de estar sustentado en algún discurso acusatorio de sus víctimas, aunque sea inconsistente o absurdo. Por otra parte, esto nos habla de la construcción en la época de un «delito político»: el «ser-comunista» que actúa transversalmente sobre todos los actos y las relaciones sociales existentes, justificando el uso privado de la fuerza policial en persecución de dichos «delincuentes políticos» campesinos y mapuches a quienes interesa desalojar de sus tierras. Es decir, la violencia usurpadora de tierras se legitima como acto de «limpieza y persecución de comunistas» o como una acción de «policía política» legitimada ante el Estado local, en la cual se hermanan e involucran mutuamente los señores privados y las autoridades locales junto a las policías públicas.

Lo que motiva, en última instancia, el acto de usurpación, es la sed de tierras de los grandes propietarios, los que se construyen como tales en base a un movimiento continuo de apropiación de tierras aledañas y, simultáneamente, de intervención violenta y fraudulenta para producir des/campesinización o «inquilinización/forzada» de algunos usurpados y su consiguiente proletarización, como parte de su propia construcción en cuanto propietario capitalista del medio de producción-tierra.

Este suceso y fenómeno –estructural y configurativo de las relaciones sociales de una sociedad– ocurre, con mayor énfasis, en aquel momento especial que constituyó la postcrisis capitalista de la década de 1930 cuando, bajo el estímulo del alza de los artículos alimenticios básicos, especialmente del trigo, y ante la crisis de la economía minera, manufacturera, industrial, mercantil y financiera, la valorización de la tierra, como medio de producción por excelencia, alcanza su más evidente manifestación.

En efecto, en el peak de la crisis capitalista el año 1932, la agricultura chilena, como todos los demás ámbitos de la economía, se vio severamente afectada, especialmente debido a las restricciones bancarias y el cobro de deudas, a la pérdida de los mercados para los productos agrícolas y a la caída de los precios de los mismos. «Los agricultores que hasta antes de la crisis, como todos en el país, habían llevado una vida fácil y holgada, se vieron obligados a trabajar intensivamente sus campos y a vivir en ellos (…)». Sin embargo, la bonanza llegó pronto: con la quiebra del patrón oro, los productos alimenticios «subieron bastante, llegando a muy buenos precios hasta los años 1936 y 1937. (…) Los agricultores, acostumbrados ya con la crisis a trabajar intensivamente sus terrenos, continuaron en esta forma». Los precios más subidos habían sido los de la carne, la leche y el trigo, siendo objeto de especulación y acaparamiento. Respecto del valor de la propiedad de la tierra, ésta había subido notablemente, lo que se expresó en el aumento de los avalúos y las contribuciones: «el Fisco ha efectuado nuevos avalúos de todas las propiedades; éstas en su mayoría han subido un 50% y en ciertos casos hasta un 120%»¹⁸⁷. El precio del quintal de trigo, según un estudio hecho por una comisión parlamentaria, «no podría exceder de $ 60. Sin embargo, hoy día, la Junta de Exportación Agrícola tiene fijado el precio del quintal de trigo en $110 (…)»¹⁸⁸.

Este es el trasfondo económico de la sed y acción usurpadora de tierras por parte de los terratenientes respecto de sus vecinos campesinos-ocupantes y mapuche que tiene lugar en la postcrisis capitalista: actos de usurpación que si bien eran una práctica ancestral, encuentran en esta coyuntura un especial estímulo activador. No obstante, los tiempos han cambiado, encontrándose los terratenientes con el obstáculo, nada desestimable, de la ley y, especialmente, de la denuncia y la presencia protectora de los partidos, de autoridades políticas y de un nuevo conglomerado político con una importante participación de izquierda, quienes se constituyen en representantes militantes de las víctimas usurpadas.

En efecto, años después de los hechos violentos narrados, en el invierno de 1945 (gobierno del presidente Juan A. Ríos), los campesinos de Mantilhue se dirigen directamente al Ministerio del Interior a través de una carta, solicitándole auxilio al ministro por los abusos que aún cometía el Sr. Grob, quien continuaba hostilizando a los campesinos y había logrado la detención de uno de los dirigentes del Sindicato Agrícola de Mantilhue. Simultáneamente, una delegación de diputados de la gobernante Alianza Democrática se dirigía a conversar con el ministro del Interior para asegurar la protección de estos campesinos amenazados, denunciando que aún no se entregaban títulos de dominio a los campesinos de varios territorios vulnerables como el caso de Mantilhue: El Manzano, Santa Amelia, Ensenada, Pichirropulli, el Budi, entre otros. Por su parte, José Becerra, consejero de la Asociación Nacional de Agricultores –que agrupaba a los pequeños y medianos agricultores desde los años de 1940–, se disponía a entregar al gobierno un Memorial con los acuerdos de dicha Asociación respecto del problema de despojos de tierra que se vivía en el sur de Chile. En suma, los campesinos sin título aún sufrían de cotidianas amenazas de despojo, pero ya no estaban solos ni enmudecidos¹⁸⁹.

Si bien no es nuestra intención aquí hacer una historia de las usurpaciones de tierras en el sur de Chile (lo cual amerita una investigación histórica propia), nos ha interesado presentar en algún detalle el caso Mantilhue como un paradigma que nos permite ver a los actores involucrados, así como la lógica que motiva y opera en estas usurpaciones, tanto desde el punto de vista económico como político y social. Pensamos que esta lógica no sólo actúa en el caso de las usurpaciones de tierras, sino que, a nuestro juicio, también influye en los desalojos de inquilinos (desinquilinización interna) que, como veremos, comenzarán a ocurrir masivamente a partir del triunfo electoral del Frente Popular, en una coyuntura de alza de todos los productos alimenticios agrícolas y, especialmente, del trigo. Fuerzas expulsoras de campesinos se activan por doquier en los campos chilenos al paso de la valorización de la tierra.

4. Terror en Cautín y Fresia: desalojos de colonos en Araucanía y sur-austral

El terror se diseminaba, hacia la década de 1940, por la provincia de Cautín, tomando el abuso su lugar en la desembocadura del río Toltén, en la frontera sur costera de la Araucanía. Allí se levantaba el pueblo de Toltén, antigua caleta de pescadores huilliche y lugar de conexión marítima, desde tiempos coloniales, con la provincia de Valdivia y su rosario de caletas pesqueras, desde Queule y Mehuín al sur. Desde la costa de Toltén al interior se extendían las tierras fiscales, fruto de la conquista de la Araucanía por el Estado chileno; entre ellas los territorios denominados «San Roque», «Pumalal», «Camaguey», tierras donde vivían familias mapuche desde años inmemoriales y que fueron también progresivamente ocupadas por campesinos chilenos. De estas tierras dichos campesinos y mapuche fueron desalojados en los años 1929, 1930 y 1933, a petición de la Compañía Agrícola Ganadera Toltén. Este acto de despojo masivo obedeció, una vez más, a la lógica de apropiación privada violenta de la tierra ancestralmente ocupada por parte de compañías que se hacían reconocer y titular por el Estado apenas dictada la Ley de Colonización y de Propiedad Austral, utilizando todo tipo de recursos legales, judiciales y policiales.

Así fue que, a la orilla de caminos, riberas y puentes, quedaron las cincuenta familias desalojadas de «San Roque» y «Pumalal» en una «situación angustiosa», sucediéndose sus peticiones de ayuda a los ministerios desde entonces.

En 1934 (¿como mea culpa por la masacre de Ranquil?), estas tierras fueron expropiadas por el gobierno de Arturo Alessandri a la Compañía Agrícola Ganadera Toltén en una extensión de más de 15.000 hectáreas que quedaron en calidad de tierras fiscales. No obstante, los campesinos de Toltén seguían amenazados hacia 1940 cuando 49 colonos ocupantes, que hacían un total de 270 personas, estaban condenadas a ser desalojadas de esas tierras que conformaban un predio de 1.000 hectáreas en Toltén por acción de un par de «individuos inescrupulosos», quienes habían iniciado acciones de compra y títulos ante el 4to. Juzgado Civil de Santiago, obteniendo un exhorto de la Gobernación de Pitrufquén solicitando el lanzamiento de las 49 familias. Este hecho suscitó una tremenda angustia en este grupo, quien hacía 25 años que vivía y trabajaba en esas tierras, haciendo siempre infructuosos trámites para obtener sus títulos definitivos¹⁹⁰.

Durante el gobierno del Frente Popular y ocupando el Ministerio de Tierras y Colonización el socialista Rolando Merino, éste transfirió 7.000 hectáreas de estas tierras fiscales, correspondientes a las tierras llamadas «San Roque» y «Pumalal», a la Caja de Colonización Agrícola para su parcelación; tierras que los desalojados volvieron a ocupar: habían vivido siete años de angustia, miseria y abandono y estaban dispuestos a recomenzar…

Así, en pleno invierno de 1941, más de 50 familias de campesinos y mapuche, alegres y esperanzadas, volvieron a las tierras fiscales de esas localidades nombradas, con la esperanza de lograr justicia y títulos definitivos. No obstante, no eran ellos a quienes la C.C.A. quería destinar esas tierras que debía parcelar, levantando en 1941 esta institución orden de lanzamiento contra los campesinos y mapuche que recuperaban sus tierras. Asimismo, la cercana localidad de Camaguey en Toltén no supo de la primavera de 1941, cuando 80 campesinos vivieron el horror de ver incendiadas sus casas, peligrando la vida de sus familias, que en total serían unas 3.200 personas. El administrador de las tierras fiscales de la C.C.A en Camaguey, Antonio Volpi, había ordenado dicho incendio como política de desalojo de los campesinos, con el objetivo de que esas tierras no fuesen entregadas a aquellos que las habían habitado hacía años, sino que fuesen parceladas por la Caja de Colonización para otros colonos postulantes, quizás inmigrantes¹⁹¹.

Pero los tiempos habían cambiado. Los campesinos, organizados en sindicatos y recurriendo a parlamentarios del Frente Popular y a la CTCH, lograron suspender la orden de lanzamiento y obtener la promesa del ministro Merino de que dichos campesinos y mapuche serían «radicados de preferencia en esas tierras»¹⁹² . Hasta las mujeres de San Roque, activas partícipes de la lucha empeñada, se habían organizado en una seccional local del MEMCH nacional¹⁹³.

Pero la hostilidad reiterada de otro de los empleados de la Caja en esa zona, Humberto Zamora, siguió operando, contando con el brazo armado de la policía local. Zamora había tomado total control de esas tierras de la Caja, impidiendo la libre movilidad y emitiendo salvoconductos personales; prohibía las reuniones sindicales y las concentraciones de cualquier especie, golpeando e insultando a sus directivas y miembros, debiendo uno de ellos sufrir el pisoteo y destrucción deliberada de su huerto por los caballos de Zamora y sus carabineros. Diez casas habían sido incendiadas en San Roque por obra de carabineros, mientras en el sector de Pumalal, el administrador de tierras fiscales de la C.C.A., Antonio Volpi, mandaba incendiar veinte casas y destruir tres veces las casas de dos viudas mapuche con hijos pequeños…¹⁹⁴.

Finalizaba el año 1942 y aún el gobierno no entregaba una solución para los campesinos de Toltén¹⁹⁵, mientras las noticias de nuevos despojos, con todas los papeles timbrados de la ley y por manos de la fuerza pública, se producían en la zona de la Araucanía…

En efecto, cuarenta y tres familias de colonos, algunas de las cuales hacía «más de 20 años que estaban en posesión de la tierra», fueron desalojadas de Charracurra (Región de la Araucanía, en Malleco, Lumaco) el 9 y 10 de septiembre de 1943 por parte de la Gobernación de Cañete, «previas instrucciones del Ministerio del Interior» y a solicitud de Santiago Barrueto, en representación de la Asociación Santiago Barrueto, que poseía cerca de 20.000 hectáreas en esas inmediaciones. Instaladas las familias desalojadas en chozas en el camino, con sus productos y animales, Barrueto habría ordenado incendiar las chozas, acto realizado por diez carabineros y treinta mozos armados al mando de un matón, quienes estando ebrios «comenzaron a disparar y a maldecir para atemorizarnos… nuestras mujeres e hijos salieron huyendo»… los matones habrían robado los cereales, los 80 animales y los útiles caseros de los campesinos, hiriendo con arma de fuego a tres hombres que habrían intentado defenderlos ante el acto delictual-legal…¹⁹⁶.

El trasfondo de estos desalojos –y de muchos más de que va dando cuenta la prensa de izquierda de la época– y de la situación de «terror» que estos generaban en la zona sur, era la negativa de las instituciones fiscales y estatales de otorgar los títulos a que tenían derecho legal los ocupantes y mapuches de las tierras que habitaban y trabajaban por muchos años: se denunciaba que, en 1943, había unos 7.000 expedientes que esperaban respuesta¹⁹⁷. No obstante, el Ministerio de Tierras a menudo otorgaba títulos a terratenientes que lograban, a través de operaciones leguleyas, reconocimiento como propietarios de tierras ancestralmente ocupadas por colonos e indígenas. Este otorgamiento desigual y privilegiado de propiedad sobre terrenos, generalmente fiscales, era lo que generaba desalojos masivos y miseria humana en los caminos de la patria.

Así, a través de los abogados, la coima jugosa, los juzgados y los ministerios, los deseosos de más tierras conseguían en el sur de Chile los papeles, los títulos y la fuerza pública para arrasar con los chilenos ocupantes de tierras y los mapuches que, habiendo perdido las suyas, compartían la misma suerte en calidad de «ocupantes de tierras fiscales», en tanto que el Estado aceptaba pero no reconocía legalmente su ocupación y no otorgaba sus títulos, dejándolos al desamparo de los más fuertes. «Los campesinos pobres que acuden a las oficinas públicas en demanda de justicia o de solución para sus conflictos, son recibidos como si no fuesen chilenos. En cambio, cuando llega a esas mismas reparticiones un hacendado influyente, de muchas campanillas, todas las puertas se le abren generosas a sus pretensiones…»¹⁹⁸.

Diez y seis campesinos habían sido radicados (año 1941) en el fundo «La Isla» –tierras fiscales de la localidad de Fresia, ubicada en las proximidades de Puerto Varas, Región de los Lagos– por parte del intendente de la provincia de Llanquihue, en tiempos del gobierno de Aguirre Cerda. No obstante, dichas tierras ya tenían dueños con títulos legalizados, quienes comenzaron a pedir el desalojo de los ocupantes; los campesinos optaron por defenderse mediante litigio. El supuesto propietario, Juan de la Cruz Flores, ocupante de una parte de dicho fundo, esgrimía sus títulos frente al rostro de los campesinos de La Isla y de otras localidades de Fresia y la Cordillera del Sarao. La grave amenaza a sus vidas y a su trabajo en la tierra, el único medio de vida entonces, suscitó delegaciones y comunicaciones de los campesinos al gobierno pidiendo amparo, las que fueron archivadas, como tantas, en alguna carpeta ministerial… Mientras los años pasaban, Flores continuaba sus papeleos y trámites hasta que finalmente consigue la fuerza pública para el lanzamiento de todos los ocupantes del fundo.

El día lunes 13 de mayo de 1946, el teniente. Luis Correa San Martín, con una dotación de 15 carabineros, se dirigió al fundo «El Cañal», de propiedad de Flores, donde pernoctaron luego de una «suculenta comida y abundante trago». Por su parte, Flores reunió a 27 inquilinos y peones de los alrededores contratados para ayudar en las «faenas de despojo». Al amanecer del día siguiente, esa fuerza de 42 personas, constituidas por carabineros y civiles, dirigidos por el teniente. Correa, se dirigió a realizar un asalto por la espalda, desde la montaña del fundo «La Isla», tomando por sorpresa a los campesinos. Formados en línea de tiro los carabineros, el teniente. leyó a los campesinos –cual lectura del «Requerimiento» de la época de la Conquista española– el texto de la sentencia del Juzgado de Puerto Varas que ordenaba el inmediato desalojo de sus casas. Los campesinos pidieron un plazo de dos días para desocupar las casas, estando lloviendo y sin tener dónde refugiarse: tajante negativa. La no acogida de esa petición envalentonó a los campesinos quienes, junto a sus mujeres e hijos, levantaron rostro y habla planteando que «sólo muertos abandonarían sus casas». De inmediato, parapetado tras un árbol, el teniente. Correa dirigió un combate desigual, usando armas de fuego y otros instrumentos contundentes contra los puños y palos de los campesinos. Con notable valentía las mujeres se batieron a puño limpio con los carabineros armados: la campesina Pabla Rain sostenía en brazos a su pequeño de meses, y con el otro combatía a palo, mientras la Sra. Leiva luchaba envuelta en la bandera chilena, a quien los carabineros arrastraron por el suelo, corriendo en su auxilio su hijo Augusto Leiva, de 18 años, quitándosela a los carabineros a fuerza de puño: el cabo Barrientos acribilló al joven a balazos. Mataron también al campesino Abel Barría y su grito al viento de «mejor morir antes que entregar sus tierras». Muchos heridos. Dando alto al fuego, Correa ordenó la detención de varios campesinos a quienes habrían apaleado con saña, y concedió, finalmente, el plazo de dos días para desocupar las casas: día en que Correa arribó al lugar temprano con refuerzo de carabineros, material de guerra, yuntas de bueyes y carretas. Los bueyes arrancaron de sus bases cada casa, destruyéndolas luego a hachazos, ante el asombro y dolor de los y las campesinas, quienes las habían habitado con su amor y su vida. Cuando arrancaban la quinta casa, un telefonazo del intendente (Drogett) ordenó el retiro inmediato de carabineros del lugar¹⁹⁹: órdenes superiores.

En los funerales de los dos fallecidos se escuchó públicamente el dolor y la indignación. Se rumoreaba desencadenar un nuevo Ranquil si el gobierno no tomaba cartas en el asunto a favor de los ocupantes campesinos y mapuche. «La madre de Leiva juró al pie del cadáver de su hijo, entre sollozos y gritos de rebelión, que vengaría ese crimen. Llamó a todos los presentes a fortalecer la organización sindical campesina como el único medio de defender sus tierras y sus derechos amenazados. El grito de esa mujer se ha convertido hoy en la consigna unánime de los campesinos de toda esta región»²⁰⁰.

Ante los dramáticos sucesos de Fresia, el ministro de Tierras del gobierno de Ríos, Fidel Estay (Partido Democrático), declaró: «No habrá más lanzamientos de campesinos» y decretó la expropiación del fundo «La Isla», en consideración a que el intendente de la provincia había radicado allí hacía cinco años a los campesinos ocupantes perseguidos por los usurpadores²⁰¹. Tardía reacción expropiatoria del gobierno en el caso de Fresia…

Pero las presiones de los terratenientes del sur sobre los ocupantes de tierras, especialmente en zonas madereras, siguieron dando pie a dramáticas situaciones de usurpaciones y desalojos de tierras fiscales, ocupadas y explotadas hacía años por campesinos de economía familiar, generando juicios, detenciones arbitrarias y lanzamientos con fuerza pública. Fue también el caso, difundido en 1946, de los 30 campesinos antiguos ocupantes de terrenos fiscales en la Cordillera del Saraos (departamento de Maullín, provincia de Llanquihue), rica en madera de alerce, disputada por el terrateniente alemán Oelkers y otros²⁰². La situación de presión y abusos era tan dramática, preludiando posibles hechos de sangre, que el ministro de Tierras y Colonización, Fidel Estay, se comprometió a expropiar, como lo autorizaba la Ley Económica de 1943, los fundos comprometidos en el conflicto de la Cordillera de Saraos y a «estudiar la radicación definitiva de los campesinos»²⁰³. Con el fin de presionar por el cumplimiento de esta promesa expropiatoria, dirigentes de la Asociación de Agricultores de Chile, que agrupaba a los pequeños y medianos campesinos chilenos (José Becerra, Juan Arístides), acompañados por el senador Pablo Neruda, acudieron al despacho del ministro Estay, quien nuevamente se comprometió a cursar y acelerar la expropiación de 15 fundos en dicha Cordillera del Saraos para entregarlos a los campesinos²⁰⁴. La presencia de Neruda en el despacho del ministro en favor de los campesinos de Saraos era, sin duda, más que una presión política: moral.

Existieron otras acciones expropiatorias durante el gobierno de Ríos a favor de colonos y ocupantes de tierras en el sur, lo que nos habla de la presencia, hacia 1946, de cierta voluntad activa emanando desde los ministerios y el gobierno, como tibio cumplimiento de la Ley Económica de diciembre de 1943. Así, el ministro de Tierras y Colonización del gobierno de Ríos, Fidel Estay, con antecedentes fundados acerca de la injusticia del lanzamiento en 1933 de doce ocupantes de tierras en Queule, (territorio de agricultores y pescadores situado al norte de la costa valdiviana) se comprometió a devolver dichas tierras usurpadas, expresando su voluntad de otorgarles títulos definitivos tanto a los colonos lanzados como a cuatro colonos que aún habitaban el lugar. Una acción sin duda significativa que lograría arraigar establemente familias de largo habitar en la costa valdiviana²⁰⁵. Asimismo, Estay acudió en terreno a ver los conflictos de tierras pendientes en Mantilhue, Peñahuén y otros lugares territoriales del sur del país que comprometían a 3.000 familias: «Visité el fundo de Mantilhue. La tierra debe entregarse a estos ocupantes de tierras, esforzados trabajadores. Propondré al gobierno un plan de adquisición de los fundos y su entrega a los ocupantes. Están terminados los estudios que se refieren al fundo Peñahuén. En pocos días más se hará entrega a los ocupantes», declaraba el ministro Estay a la prensa²⁰⁶. Después de tantos años de luchar y bregar, parecía que, al fin, llegaba justicia. Así, por decreto del presidente Ríos, el gobierno expropió el fundo «Pellahuén» en la comuna de Traiguén (Araucanía), el que había sido motivo de numerosos pleitos y reclamaciones y donde habitaban, hacía más de cincuenta años, 6.000 personas pertenecientes a familias de pequeños campesinos, mapuches y chilenos, a quienes el gobierno, finalmente, otorgó sus títulos definitivos²⁰⁷. Algarabía.

Simultáneamente, el ministro Estay había hecho gestiones políticas para incluir en las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional de 1945 un proyecto de ley (que había sido enviado en 1942) que declaraba de utilidad pública unos terrenos en Trovolhue (Carahue, a 45 km. de Puerto Saavedra, provincia de Cautín) y autorizase su expropiación, con el fin de crear allí una población con dicho nombre²⁰⁸: política de nuevas poblaciones rurales que recogían a los desalojados de las tierras aledañas y que allí podrían reconvertirse –en este caso– en obreros de explotación de la madera y extracción del tanino del lingue²⁰⁹.

Por otra parte, ciertas acciones de defensa directa de campesinos amenazados de usurpación realizaron autoridades del gobierno de Ríos, como fue el caso del jefe de la Oficina de Tierras de Osorno ante la denuncia de usurpación de campesinos y mapuche de sus tierras en la localidad cordillerana de Maihue, por parte de un supuesto «dueño del predio» denominado fundo «Maihue», residente en Valdivia. Al llegar a dicho fundo, el jefe de la Oficina de Tierras, acompañado de una comitiva, fue recibido por un grupo armado por el patrón que le impidió la entrada. Ante dicha «recepción» patronal, la Dirección de Tierras y Colonización del gobierno central dio instrucciones al jefe de la Oficina de Tierras de Osorno de apersonarse en el predio con la fuerza pública: quizás uno de los únicos casos del período en estudio en que el uso de la fuerza pública fue instrumento oficial al servicio de la protección y defensa de los amenazados campesinos y mapuches del sur²¹⁰.

5. Despojos en el norte

No solo ocurrían despojos en la Araucanía y más al sur, territorios donde la conquista y ocupación del Estado había dejado amplios espacios abiertos para la instalación de muchos y para la rapacidad de los más fuertes. También ocurrían en el norte, donde el pequeño campesinado sobrevivía precariamente, ante la presión de los grandes latifundistas, sus vecinos nunca saciados.

«Las Chilcas, mayo 12, 1940. Sr. Secretario General de la CTCH. Estimado camarada. La Liga de Campesinos Pobres de Las Chilcas, desilusionada y sin esperanzas se dirige por última vez a nuestra Confederación a la que con tanta fe y orgullo tuvimos el honor de pertenecer mientras existió nuestro organismo. Con honda tristeza ponemos en su conocimiento que desde el miércoles 8 del presente, esta Liga de Campesinos que con tantos sacrificios pudimos fundar en esta localidad, desde esta fecha fatal ha dejado de existir, fecha en que acabamos de obtener el fruto del 25 de octubre de 1938 por el hecho de haber contribuido con nuestro voto para llevar a la Presidencia de la República a don Pedro Aguirre Cerda. Ahora nos encontramos en la más horrible miseria a la intemperie, sin viviendas y sin trabajo, fuimos desalojados por la fuerza pública de nuestros hogares, por orden del Gobernador de Quillota e Intendente de Valparaíso, satisfaciendo los caprichos del latifundista Jorge Prieto Letelier²¹¹. Al lanzarnos de este pedazo de suelo en el que vivimos más de treinta años, hemos perdido animales, semillas y herramientas. Tanto animales como semillas hemos tenido que venderlas a mitad de precio para poder alimentar a nuestros hijos durante este período de miseria que llevamos transcurrido²¹².

Despojos que ocurren en pleno gobierno del Frente Popular, al que, con esperanza, muchos campesinos pobres votaron en 1938, seguros de que su triunfo significaba el advenimiento de la protección y la justicia para ellos. Si bien el gobierno del FPCh buscará mejorar por distintas vías la condición de los desposeídos, no tocará sustancialmente el orden económico donde opera la lógica de los propietarios y sus redes de influencia en todos los aparatos políticos y judiciales del país.

Fue sangriento el despojo de tierras en Llay Llay (actual provincia de San Felipe). Los terratenientes, levantando títulos de dudoso origen, consiguieron orden de desalojo para campesinos que allí vivían y trabajaban, profundamente imbricados en la tierra. Los carabineros arremetieron fieramente contra los campesinos y sus mujeres decidido/as a defender su vida, es decir, la tierra de su habitar: dos de ellos fueron muertos, seis herido/as. Se habló de la «matanza de Llay Llay»²¹³.

Por su parte, el desalojo masivo de comuneros de las comunidades agrícolas de «Chape Chacay» y «El Sauce» de la comuna de Samo Alto revistió caracteres dramáticos. Eran tierras precordilleranas de la provincia de Limarí, Ovalle (Región de Coquimbo), ocupadas por comuneros hacía decenas de años, dedicados al cultivo de sus huertos familiares, artesanías y crianza de ganado caprino, tierras que habían perdido a causa «de una mala defensa». Previo al corte de agua, quedando incapacitados para regar sus siembras, los comuneros fueron lanzados, según denunciaron, «sin orden competente» en pleno invierno de 1945, a raíz de la demanda del «dueño del fundo» (Sr. Chadwick), negándose éste a arrendarles parte de esas tierras, como lo solicitaron los despojados, presentándose ante la vista de todos «el pavoroso cuadro de las familias lanzadas, botadas en el campo unas y otras viviendo debajo de los árboles o en hornos carboneros cavados en el cerro, víctimas de las inclemencias del tiempo», con lluvia y nieve²¹⁴.

La situación crítica de los comuneros de Chape y Chacay la estaban viviendo también otras comunidades campesinas de la zona: «El Durazno» de San Julián, «Potrerillo Alto» y «El Altar» de Punitaqui, en el Departamento de Ovalle, y «Tunga Sur» y otras, del Departamento de Illapel, todo lo cual era expresión de la amenazante inestabilidad que vivían las comunidades ante el avance de la gran propiedad privada, premunida de todos los recursos legales. Ante esto, parlamentarios de izquierda y la Asociación de Agricultores de Coquimbo solicitaban al gobierno la expropiación de estos predios como acto de «reconocimiento de las comunidades agrícolas existentes», poniendo fin a injustos despojos²¹⁵.

En suma, en un tiempo en que la tierra era el medio de producción de la vida por excelencia de todos los moradores de este sur del mundo, y en un momento en que el Estado chileno, habiendo avanzado militarmente sobre la Araucanía, ha incorporado dicho territorio al Fisco y lo ha privatizado por distintas vías, podemos percibir la irresponsabilidad del mismo Estado chileno que, lejos de «pacificar la Araucanía», como dicen los textos escolares, la ha dejado librada a la voracidad del deseo de posesión y a la lucha en el descampado de la sociedad civil, prolongando la guerra militar.

Tanto en el sur como en el norte, el Estado chileno, a pesar de contar con los instrumentos legales pertinentes, ha preferido –salvo algunos casos excepcionales– dejar la cuestión de la «constitución de la propiedad» de la tierra en manos de las fuerzas sociales desatadas, generando sufrimiento humano sin nombre. Es la lógica de la Conquista la que seguirá imperando en la tierra de Chile/América, cuatrocientos y tantos años después.

¹³⁴ «Carta de cacique mapuche a Marmaduke Grove», Consigna, Santiago, 3 de abril, 1937, p. 2.

¹³⁵ Este fue el caso del general Bulnes, a quien el gobierno chileno habría entregado vastas tierras en la Araucanía (Alto Biobío) como premio a sus servicios en las guerras de Independencia y lucha contra los Pincheira. Ver Salazar, Gabriel Conversaciones con Carlos Altamirano: memorias críticas, Santiago, Editorial Debate, 2013.

¹³⁶ Pedro Godoy, La conquista de Arauco, Santiago, Imprenta Nacional, 1862, p. 5, citado en M. Angélica Illanes, «Del mito patriótico al positivismo militar. El pensamiento del Coronel Pedro Godoy», en Mario Berríos et al., El pensamiento en Chile, Santiago, Nuestra América Ediciones, 1987, p. 41.

¹³⁷ Palabras de un cacique dichas al coronel Saavedra al momento de la ocupación de la zona costera de la Araucanía, citadas en Horacio Lara, Crónica de la Araucanía, Santiago, 1889, y citada en M. Angélica Illanes, «Del mito patriótico al positivismo militar. El pensamiento del Coronel Pedro Godoy», en Mario Berríos et al., El pensamiento en Chile, Santiago, Nuestra América Ediciones, 1987, p. 40.

¹³⁸ «Ley de Fundación de poblaciones en el territorio de los indígenas» promulgada en Santiago el 4 de diciembre de 1866 y firmada por el Presidente de la República, José Joaquín Pérez y su ministro de Guerra y Marina y de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Federico Errázuriz Z. <https://www.leychile.cl>.

¹³⁹ Fabián, Almonacid, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile. (1850-1930)», Historia, 2009, I (42). Respecto de esta ley, ver también Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, (84).

¹⁴⁰ «En 1907 los capuchinos realizaron un censo de la población indígena, llegando a contar 101.112, desde la provincia de Arauco hasta la de Llanquihue. En (…) Malleco 11.261, en Cautín 46.761 y en Valdivia 26.134». Almonacid, Fabián, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).

¹⁴¹ Leyes de Colonización promulgadas el 19 de enero de 1894 y el 14 de septiembre de 1896. Ver Berger, Luis «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, p. 85.

¹⁴² «Evitar que los indígenas no se vean expoliados no está en manos del infrascrito, ni creo que nadie pueda evitarlo, a pesar de la promulgación de nuevas leyes de protección, como quiera que se trata de una raza inferior…», Risopatrón, Luis funcionario de la Oficina de Mensura de Tierra al Ministro de Relaciones Exteriores, el 19 de junio de 1908, citado en Almonacid, Fabián, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).

¹⁴³ Fabián, Almonacid, «El problema de la propiedad de la tierra en el sur de Chile (1850-1930)», Historia, 2009, I (42).

¹⁴⁴ Ley N°. 994 «Sobre colonización con nacionales» del 13 de enero de 1898 y su Reglamento fechado el 15 de octubre de 1902, citado en Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°. 27, p. 86. Citando a A. Torrealba, La propiedad fiscal y de indígenas. Su legislación y jurisprudencia, Santiago, 1917, el autor Berger anota que, hacia 1907 se habían otorgado «tierras fiscales a un total de 231 familias (1.778 personas con una superficie total de 14.174 hectáreas)» (p. 87), es decir, un promedio aproximado de 8 hectáreas por persona.

¹⁴⁵ Sobre las relaciones entre colonos nacionales y mapuche ver la excelente obra literaria de Mariano Latorre, Mapu, Santiago, Editorial Orbe, 1945.

¹⁴⁶ Así denominaban los pequeños campesinos y mapuche al terrateniente cercano con que trabajaban en medias o que amenaza su parcela. Ver Mariano Latorre, Mapu, Santiago, Editorial Orbe, 1945.

¹⁴⁷ «Colonos a título gratuito», El Labriego, 2da. quincena de septiembre, Santiago, 1940, p. 4.

¹⁴⁸ Ver Luis Berger, «La matanza de colonos nacionales de Loncoche: Lucha social por el dominio de la propiedad de la tierra al interior del sistema de colonización en el sur de Chile (1910)», Revista Austral de Ciencias Sociales, 2014, N°27, pp.71-102.

¹⁴⁹ Diputado Álvarez (P. Democrático), BSC, Diputados, S.O. del 6 de septiembre, 1926, p. 2.697.

¹⁵⁰ «Hechos de sangre y de violencia como consecuencia de los litigios de tierra (Historia del Pueblo Mapuche, José Bengoa, Págs. 374-376.): 1911 Sucesos de Rupanco en que se expulsa a numerosas familias de la tierras ocupadas por esa sociedad y mueren a los menos cinco indígenas en la refriega; 1913 Muerte del cacique Manquepán y toda su familia, 15 personas, a manos de los hermanos Muñoz, colonos del lugar (Loncoche). Angel Custodio Muñoz declaró al juez: «Nosotros, señor, queríamos agarrarnos el terreno i por eso matamos a Manquepán»; 1914 Boroa. Muerte de Ramón Cheuque, lanzamiento del cacique Romilén y conflicto generalizado con varios muertos y heridos. En juicio dijo Romilén: «Es increíble, señor presidente, el ensañamiento con que ejercen sus autoridad, guiada sólo por el instinto de odio a nuestra raza, por el hecho lejano ya, de haber defendido su libertad»; 1915 Sucesos de Loncoche. Expulsión de familias, muerte de 12 a 20 indígenas. De estos conflictos surgirá la Mutual Mapuche de Loncoche, que luego dará origen a la Federación Araucana de Manuel Aburto Panguilef; 1915 Concesión Silva-Rivas (Concesión Llaima). Se generaliza el conflicto entre esta sociedad y más de 10 reducciones de Allipen, Cunco y la zona del Llaima. En 1924 se forma la Sociedad Moderna Araucanía de Cunco, que presidió don Antonio Chihuailaf. Este conflicto se debatió largamente en el parlamento nacional; 1916 Sucesos de Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso estaba en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito en que Pailahueque –asesinado– es declarado culpable; 1916 Conflicto en el fundo Ralco de Lonquimay. El cacique Ignacio Maripe pierde sus tierras. 15 años más tarde este cacique morirá en los hechos de Ranquil, participando en la revuelta de los colonos pobres; 1916 El terrateniente Conrado Stage expulsa a tres reducciones en Llanquihue; hay conflicto armado; 1917 Quillonco. Lanzamiento de 30 familias. Participación del Vicariato de la Araucanía. Numerosos viajes a Santiago y debate en la prensa durante varios años; 1917 Asesinato del cacique Cayuqueo en Choll Choll, es lanzado al río; 1917 Declaración de Puerto Montt por los caciques Huentelicán, Quinchalef, Catelicán, en que denuncian usurpaciones y despojos de tierras y llaman a la defensa indigenista; 1917 Sucesos del fundo Lanco, lanzamiento de numerosas familias, muertos y heridos. Durante muchos años habrá conflicto en este fundo de la zona de Loncoche; 1918 Matanza de Forrahue, cerca de Osorno, en que encerrados en una choza se asesino a más de 25 hombres, mujeres y niños, prendiéndole fuego. Forrahue, durante este periodo, es símbolo de la violencia huinca contra los mapuche; 1918 Conflicto generalizado en Futrono, incendio de reducciones, expulsiones y heridos. Numerosas familias se refugian en la cordillera; 1919 Pellahuen. Usurpación y expulsión de 20 familias mapuche. Conflicto con 800 familias en la cordillera de Nahuelbuta durante más de diez años; 1920 Collimallín. En un embargo de bueyes por parte de un particular se asesina a una niña mapuche; 1920 Maquehue. La expulsión de varias comunidades para construir el aeropuerto de Temuco provoca un largo conflicto que se arrastra por años y años; 1921 Un colono Vicente Muñoz desaloja por la fuerza a Pedro José Vilche y mapuches de reducción cercana a Temuco; 1922 Lanzamiento, apaleo e incendio de las reducciones de los caciques Manuel Inalef y Francisco Menilanco de Villarrica. Viajes y declaraciones en Santiago. El conflicto provenía de varios años. Los mapuches fueron lanzados; 1923 60 familias expulsadas de Maigüe. Osorno, por parte de los hermanos Fernando y Conrado Hubache; hay violencia; 1923 Asesinatos de 2 mapuches y arrojados al río Choll Choll a consecuencias de un litigio con particulares cerca de Imperial; 1924 Donguill. Expulsión de una comunidad, muertos y heridos; 1924 Crimen del cacique Mariano Milahuel, 2 hijos de él y otros familiares, por parte del colono Juan Zurita en Caburque, con el fin de robarles la tierra;1925 Los Sauces, Angol. 80 familias de la reducción Manuel Marihual Lempi y José Ancopi Penchulco son amenazadas de lanzamiento, se suceden hechos de violencia; 1925 Llanquihue. Indígena muerto a palos y usurpación; 1926 Incendio de casa y campos del cacique Juan Epu, de Tromén; 1926 Panquero, Provincia de Valdivia. El terrateniente Pedro Warthe procede al lanzamiento de una comunidad y a apoderarse de 10 mil hectáreas. Mueren dos indígenas; 1926 Cancha Rayada en Llanquihue, conflicto entre la Colonia Artemio Gutiérrez y el predio de los Sres. Winkler. Por varios años se mantiene este conflicto que tiene mucha resonancia política; 1925/26 Juan Marinao de Panguipulli es muerto y usurpadas sus tierras. Juicio; 1927 La reducción de Segundo Peñalef es expulsada de Lircay, Temuco; 1930 Sociedad Agrícola Toltén; desalojo de mapuches y colonos pobres; 1930 Conflicto de Caillun. Collipulli. Culmina años más tarde en el lanzamiento de varias familias indígenas por parte del Sr. Paulsen y 80 hectáreas usurpadas». <www.mapuche-nación.org> (consulta, 20.4.2016).

¹⁵¹ Diputado Álvarez, BSC, Diputados, S.O. del 6 de septiembre, 1926, p. 2.697.

¹⁵² Diputados Álvarez y Morales, BSC, Diputados, S.O. del 6 de septiembre, 1926, p. 2.697.

¹⁵³ «Se decretó expropiación de fundo «Pellahuén», El Siglo, Santiago, 8 de agosto, 1944, p. 4.

¹⁵⁴ Isidora, Aguirre, Los que van quedando en el camino, Santiago, Teatro, 1969, pp. 9-10.

¹⁵⁵ Patricio, Manns, Memorial de la noche, Santiago, Editorial Sudamericana, 1998, pp. 85-87.

¹⁵⁶ Renato Reyes / Azkintuwe, «Levantamiento campesino en Ranquil, Lonquimay», reportaje en periódico mapuche Azkintuwe, julio 2004, p. 7. <www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-59.htm>. (consulta 17 de enero, 2017).

¹⁵⁷ En un Informe, Carlos Contreras L., secretario general del PC, plantea que «desde el comienzo del año 1934 la dirección del partido concentró su atención principalmente en la región de Lonquimay para impedir el desalojo de los campesinos de sus tierras, llamar a la lucha común y la solidaridad de todos los campesinos e indígenas de esa región», citado en Sebastián, Leiva, «El Partido Comunista de Chile y el levantamiento de Ranquil», Cyber Humanitatis Nº 28, Primavera 2003 <web.uchile.cl/vignette/…> (consulta 17 de enero, 2017).

¹⁵⁸ Renato Reyes / Azkintuwe, «Levantamiento campesino en Ranquil, Lonquimay», reportaje en periódico mapuche Azkintuwe, julio 2004, p. 7. <www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-59.htm>. (consulta 17 de enero, 2017).

¹⁵⁹ Palabras del diputado Carlos Albero Martínez en la Cámara, citadas por Patricio Manns, Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999), Santiago, Editorial Sudamericana Chilena, 1999, pp. 150-151.

¹⁶⁰ Gabriel Salazar, Conversaciones con Carlos Altamirano: memorias críticas, Santiago, Editorial Debate, 2013.

¹⁶¹ Isidora, Aguirre, Los que van quedando en el camino, Santiago, Teatro, 1969, p. 17.

¹⁶² Renato Reyes / Azkintuwe, «Levantamiento campesino en Ranquil, Lonquimay», reportaje en periódico mapuche Azkintuwe, julio 2004, p. 7. <www.mapuche-nation.org/espanol/html/articulos/art-59.htm> (consulta 17 de enero, 2017).

¹⁶³ Diputado Carlos Alberto Martínez en la Cámara, citadas por Patricio Manns, Chile: una dictadura militar permanente (1811-1999), Santiago, Editorial Sudamericana Chilena, 1999, pp. 150-151.

¹⁶⁴ Gabriel Salazar, Conversaciones con Carlos Altamirano: memorias críticas, Santiago, Editorial Debate, 2013.

¹⁶⁵ El Mercurio, 7 de julio, 1934, citado en Reinaldo Morales, «Matanza de Ranquil», Centro de Estudios Miguel Enríquez, <www.archivo.chile.com> (consulta 25.1. 2017).

¹⁶⁶ Reinaldo Morales, «Matanza de Ranquil», Centro de Estudios Miguel Enríquez, <www.archivo.chile.com> (consulta 25.1. 2017).

¹⁶⁷ Isidora, Aguirre, Los que van quedando en el camino, Santiago, Teatro, 1969, p. 2.

¹⁶⁸ Luis Coray, «El martirio campesino de Ranquil», El Siglo, Santiago, 26 de junio, 1943, p. 3.

¹⁶⁹ El Siglo, Santiago, 4 de enero, 1945.

¹⁷⁰ El Siglo, Santiago, 7 de julio, 1945, p.6.

¹⁷¹ El Siglo, Santiago, 10 de enero, 1946, Portada.

¹⁷² «450 campesinos radicados en la provincia de Valdivia piden amparo del Gobierno», La Hora, Santiago, 22 de enero 1936, p. 11.

¹⁷³ «450 campesinos radicados en la provincia de Valdivia piden amparo del Gobierno», La Hora, Santiago, 22 de enero 1936, p. 11.

¹⁷⁴ Se refiere al artículo 7 del DFL N°1.600 sobre «Constitución de la Propiedad Austral», promulgado el 31 de marzo de 1931 y firmado por el presidente Carlos Ibáñez y el ministro de la Propiedad Austral, Edecio Torreblanca. Ver capítulo siguiente.

¹⁷⁵ Diputado socialista Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.790.

¹⁷⁶ Diputado socialista Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.791.

¹⁷⁷ Diputado socialista Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.791.

¹⁷⁸ Diputado Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.791.

¹⁷⁹ Diputado Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.791.

¹⁸⁰ «Y así puedo informar a la honorable Cámara que el sábado 11 de enero, o sea, el mismo día que llegaron, flagelaron a Vicente Catalán. El día 12 a Reinaldo Ríos, Eleuterio Nanto, Antonio Cárcamo, Daniel Obando, Guillermo Campos, Glicerio Millaquipay, Abelardo Ulloa, Florindo Moll». Diputado Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.792.

¹⁸¹ El diputado Casanova menciona a las siguientes personas que habrían sido directamente perjudicadas por los allanamientos realizados por los carabineros del retén del fundo de Grob: Florentino Velásquez, Manuel Cañupil, Emilio Cañupil, Guillermo Campos, Cayetano Millaquipay, Rosario Millaquipay, Ludelia Millaquipay, Dominga Pichicoy y Bernardino Pichicoy. B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.792.

¹⁸² Diputado socialista Casanova, B.S.C, Diputados, S.E. del 29 de enero, 1936, p. 2.793.

¹⁸³ «Terratenientes roban tierras», Consigna, Santiago, 11 de septiembre de 1937.

¹⁸⁴ En un «pasaje de un documento de 1759, según el cual varios indios apremiados de lanzamiento por el Colegio de Arauco de la Compañía de Jesús, ocurren al Superior del Colegio y consiguen conservar sus poblaciones, quedando ‘como inquilinos y de limosna, más que ni ahora ni en ningún tiempo alegarán derecho alguno a dichas tierras, ni ellos ni sus descendientes’», Mario Góngora, Origen de los «inquilinos» de Chile Central, Santiago, Universidad de Chile, 1960, pp. 85-86.

¹⁸⁵ «El problema de la tierra», Consigna, Santiago, 11 de septiembre de 1937, p. 2.

¹⁸⁶ Diputado del Partido Democrático por Valdivia, Osorno y La Unión, M. A. Luna. B.S.C, Diputados, S. O. del 19 de julio, 1938, p. 1.556.

¹⁸⁷ Diputado Cerda de la bancada derechista. BSC, Diputados, S. O. del 8 de agosto, 1938, p. 2.041.

¹⁸⁸ Diputado Zapata del comité socialista. BSC, Diputados, S. O. del 12 de septiembre, 1938, p. 3.236.

¹⁸⁹ «Más campesinos amenazados por desalojos en Río Bueno», El Siglo, Santiago, 11 de julio, 1945, p. 7.

¹⁹⁰ «270 colonos de Toltén amenazados de ser lanzados de sus tierras inhumanamente», El Siglo, Santiago, 18 de abril, 1941.

¹⁹¹ «80 viviendas de campesinos fueron incendiadas para desalojarlos», El Siglo, Santiago, 15 de octubre, 1941, p. 9.

¹⁹² Memorial entregada por una delegación de campesinos al ministro del Interior y firmada por Fernando H. García, presidente del Sindicato San Roque; Emiliano Araneda, presidente Sindicato Santa Amelia; Juan A. Ulloa, secretario Sindicato Camaguey. El Siglo, Santiago, 8 de septiembre 1942.

¹⁹³ «Rápida solución al problema de la tierra exigen las mujeres», El Siglo, Santiago, 8 de septiembre, 1942.

¹⁹⁴ Memorial entregada por una delegación de campesinos al ministro del Interior y firmada por Fernando H. García, presidente del Sindicato San Roque; Emiliano Araneda, presidente Sindicato Santa Amelia; Juan A. Ulloa, secretario Sindicato Camaguey. El Siglo, Santiago, 8 de septiembre 1942.

¹⁹⁵ «Rápida solución al problema de la tierra exigen las mujeres», El Siglo, Santiago, 8 de septiembre, 1942.

¹⁹⁶ «Los campesinos de Charracura fueron despojados de sus tierras, cereales, aperos y animales», El Campo, N°. 8, 2da. quincena de noviembre, 1943, p. 4 y «Saqueo de tipo nazi fue el despojo a los campesinos del fundo Charracura», El Siglo, Santiago, 28 de noviembre, 1943, Portada.

¹⁹⁷ «Campesinos de Tirúa serán desalojados de sus tierras», El Siglo, Santiago, 24 de noviembre, 1943, Portada.

¹⁹⁸ Juan Yáñez, «Sangre en el sur de Chile. El drama de la tierra», El Siglo, Santiago, 26 de mayo, 1946, Portada.

¹⁹⁹ Juan Yáñez, «Sangre en el sur de Chile. El drama de la tierra. El Siglo, Santiago, 26 de mayo, 1946, Portada.

²⁰⁰ Juan Yáñez, «Sangre en el sur de Chile. El drama de la tierra. El Siglo, Santiago, 26 de mayo, 1946, Portada.

²⁰¹ «Destruyeron cuatro casas en La Isla: las mujeres y los niños botados bajo la lluvia», El Siglo, Santiago, 16 y 17 de mayo, 1946, Portada.

²⁰² «Persecución a campesinos de Saraos sigue como en los mejores tiempos», El Siglo, Santiago, 6 de julio, 1946, p. 6.

²⁰³ «Cordillera de Saraos será expropiada lo prometió el Ministro de Tierras», El Siglo, Santiago, 8 de julio, 1946, p. 8.

²⁰⁴ «Nueva promesa del Ministro de Tierras», El Siglo, Santiago, 22 de julio, 1946, p. 6.

²⁰⁵ «Ministro Estay prometió reponer 12 colonos que fueron lanzados en Toltén», El Siglo, Santiago, 23 de septiembre, 1945, p. 10.

²⁰⁶ «Entregarán tierras a 3.000 familias ocupantes del fundo Mantilhue», El Siglo, Santiago, 31 de octubre, 1945, p. 4.

²⁰⁷ «Se decretó expropiación del fundo «Pellahuén», El Siglo, Santiago, 8 de agosto, 1944 y <www.historiapolítica.bcn.cl>.

²⁰⁸ «Se pedirá expropiación de terrenos para la población de Trovolhue», El Siglo, Santiago, 31 de diciembre, 1945, p. 4.

²⁰⁹ «Trovolhue». <www.wikipedia. org>. Consulta 2 de junio, 2016.

²¹⁰ «Usurpadores de terrenos en fundo Maihue», El Siglo, Santiago, 21 de febrero, 1945, p. 8.

²¹¹ Jorge Prieto Letelier (Santiago, 1905-¿) estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones, agricultor, político conservador, presidente del Partido Conservador Unido (1957-61), alcalde de Llay-Llay (Wikipedia).

²¹² Carta del presidente (Patricio Velásquez) y Secretario (Luis A. Díaz) de la Liga de Campesinos Pobres de Las Chilcas al presidente de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH), fechada en Las Chilcas (Comuna de Llay Llay), el 12 de mayo de 1940. ADGT, Vol. 1146.

²¹³ «Robo de tierras a campesinos estudiará Retting», El Siglo, Santiago, 16 de junio, 1942, p. 8.

²¹⁴ Alamiro Cerda, «Un fundo que debe ser expropiado. Visita al Chape y Chacay», El Siglo, Santiago, 2 de septiembre, 1945, p. 5 . Los despojados lograron colocarse como medieros en el Chape y Chacay, comuna de Samo Alto; sin embargo, al año siguiente están siendo objeto de nuevas amenazas de lanzamiento, por lo que los campesinos elevan un Memorial al gobierno pidiendo protección y la aplicación del Plan Agrario en la zona. Los y las campesinas firmantes de dicho Memorial son: Luis Yáñez, Hipólito Adaos, Virginia Valdivia, Juan Valdivia, José Valdivia, Secundino Valdivia, Ramón Perines, Humberto Perines, Zoila Perines, Julia Perines, Petronila Cornejo, Rosa León, José Aguirre, Margarita Pérez, Alfonso Pastén, Rosalindo Millar, José Barahona, Victoriano Aguirre, Isidora Yáñez, Lucas Henores, Tránsito Aguirre, Arturo Cortés, Clara Yáñez, Abelardo Gallardo, Rodomiro González, José Araya, Juan Araya, Ana Yáñez y Nazario Yáñez. «Habrán nuevos lanzamientos en el “Chape-Chacay” y “El Sauce”», El Siglo, Santiago, 21 de julio, 1946, p. 12.

²¹⁵ Alamiro Cerda, «Un fundo que debe ser expropiado. Visita al Chape y Chacay», El Siglo, Santiago, 2 de septiembre, 1945, p. 5.

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