Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia

Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia

Cecilia Barraza Morelle

Editora académica

Barraza Morelle, Cecilia

Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia/ Cecilia Barraza Morelle [y otros seis autores]; Editora, Cecilia Barraza Morelle, Bogotá: Ediciones USTA, 2020.

283 páginas; gráficos, ilustraciones y tablas

Incluye referencias bibliográficas e índices de autores, temático y onomástico

isbn: 978-958-782-329-5

e-isbn: 978-958-782-330-1

1. Posconflicto armado -- Colombia 2. Derechos humanos 3. Desplazamiento forzado – Colombia 4. Derecho internacional humanitario – Colombia 5. Derechos humanos -- investigaciones – Colombia 6. Protección de los derechos humanos – Colombia 7. Derechos de la mujer – Colombia 8. Delitos contra la mujer – Colombia I. Universidad Santo Tomás (Colombia).

CDD 323.4 CO-BoUST

© Cecilia Barraza Morelle, Helber Armando Noguera Sánchez, Alejandro Ramelli Arteaga, Elsa Bonilla Piratova, Heyder Alfonso Camelo, Liliana Rocío Chaparro Moreno, Sandra Milena Molina Peláez y Luis Manuel Castro Novoa, autores, 2020

© Cecilia Barraza Morelle, editora académica, 2020

© Universidad Santo Tomás, 2020

Ediciones USTA

Bogotá, D. C., Colombia

Carrera 9 n.º 51-11

Teléfono: (+571) 587 8797, ext. 2991

editorial@usantotomas.edu.co

http://ediciones.usta.edu.co

Corrección de estilo: Ludwing Cepeda A.

Diagramación: Patricia Montaña D.

Montaje de cubierta: Juliana Pardo Torres

Impresión: dgp Editores s.a.s

isbn: 978-958-782-329-5

e-isbn: 978-958-782-330-1

Primera edición, 2020

Esta obra tiene una versión de acceso abierto disponible en el Repositorio Institucional de la Universidad Santo Tomás: https://repository.usta.edu.co/

Universidad Santo Tomás

Vigilada Mineducación

Reconocimiento personería jurídica: Resolución 3645 del 6 de agosto de 1965, Minjusticia

Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus: Resolución 01456 del 29 de enero de 2016, 6 años, Mineducación

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización expresa del titular de los derechos.

Impreso en Colombia • Printed in Colombia

Contenido

Introducción

El género, una de las posverdades del Acuerdo de Paz

Cecilia Barraza Morelle

Incidencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño de la Jurisdicción Especial Para la Paz. ¿Reiteradas constancias históricas o incidencia efectiva?

Helber A. Noguera Sánchez

Priorización y selección de casos y situaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz

Alejandro Ramelli Arteaga

Aportes sobre la justiciabilidad de la educación como derecho y la educación en derechos humanos: debate para la construcción de la democracia para la participación

Elsa Bonilla Piratova

La justicia en la posguerra: los retos de la protección de los derechos humanos en Colombia

Heyder Alfonso Camelo

La violencia contra las mujeres cometida por parte de exparejas en Colombia: ¿una cuestión familiar?

Liliana Rocío Chaparro Moreno

La política pública de Colombia ante la exigibilidad internacional de los derechos humanos (conpes 3250 de 2003)

Sandra Milena Molina Peláez

25 años del bloque de constitucionalidad en Colombia: discusiones sobre su contenido y alcance en la jurisprudencia reciente

Luis Manuel Castro Novoa

Sobre los autores

Índice temático

Introducción

Durante el año 2018, parte del equipo de docentes de la Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás realizó un trabajo de investigación que se concreta en esta publicación titulada Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia.

La investigación, a partir del análisis de diversas problemáticas en materia de derechos humanos vigentes en Colombia, tanto vinculadas al posconflicto como otras que responden a situaciones estructurales y al contexto general que vive el país, buscó responder a la pregunta: ¿de qué forma las acciones de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos han permitido un mayor reconocimiento y ejercicio de estos en el contexto colombiano y cuáles son las barreras que persisten o las respuestas sociales para limitarlos y cuáles son las acciones o desafíos para ampliar el marco de su aplicación?

Esta reflexión parte de una hipótesis general de investigación que presume que el hecho de que actualmente los derechos humanos puedan ser exigidos a los Estados a través de diversos mecanismos y acciones tanto nacionales como internacionales, y que muchas de estas no requieren un ejercicio exclusivamente judicial1, redunda en que las condiciones para la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos alcanzan mayores potencialidades para incidir directamente en las garantías de acceso a la justicia para las personas en contextos de la vida cotidiana y de las grandes problemáticas sociales que enfrentan los Estados.

Este planteamiento cobra especial relevancia para la sociedad colombiana en el contexto actual, ya que a los desafíos generales que enfrenta el país en materia de derechos humanos que afectan la vida cotidiana de colombianos y colombianas se suman los vinculados o derivados del Acuerdo de Paz firmados por el Estado colombiano con las farc-ep.

De esta forma, esta investigación no es una reflexión abstracta, sino que indaga por las situaciones y condiciones que viven las personas desde sus diversidades para la garantía de sus derechos. Por tanto, implica abordar temas vinculados con la igualdad, la ampliación de la democracia y la superación de las diversas formas de exclusión social. En particular, en el contexto colombiano significa analizar problemáticas asociadas a la justicia y la seguridad en el posacuerdo, pero también implica revisar cómo tienen cabida los derechos económicos, sociales, culturales y del ambiente sumados a las apuestas por la igualdad de género en un contexto amplio que va más allá del posconflicto.

Es otras palabras, es necesario garantizar una lectura de las problemáticas de los derechos humanos que tome en cuenta una mirada integradora y holística tanto de los desafíos para la garantía de derechos en el marco del Acuerdo de Paz y el postconflicto, como en temas estructurales asociados a las violencias de género, la implementación de políticas públicas, los aportes que brinda el derecho constitucional asociados al reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, entre otros. Estas tendencias obligan a un enfoque multidisciplinario que pueda abordar las problemáticas sociales vigentes en nuestra sociedad y leerlas a la luz de estas nuevas formas de exigibilidad y justiciabilidad que adquieren los derechos humanos para garantizar su ejercicio y protección y ampliar el marco de los derechos según las necesidades diferenciadas de la población en diversos contextos y aproximaciones al sujeto social.

Para ello, la investigación realizada tuvo como objetivo contribuir a la reconstrucción y redefinición del sentido y la importancia de los derechos humanos a partir de la reflexión de los procesos de exigibilidad y justiciabilidad de esos derechos en diferentes escenarios del contexto actual colombiano y cómo estos inciden directamente en la ciudadanía permitiéndoles o no la garantía y protección de sus derechos. Este objetivo se abordó desde dos ejes. Un primer eje, tendiente a desarrollar temas vinculados a la garantía de derechos derivados del Acuerdo de Paz y el posconflicto en Colombia, y un segundo eje que, en un contexto más amplio, aborda debates en temas de género, políticas públicas y derecho constitucional.

Es pertinente advertir que los capítulos que desarrolla cada eje no pretenden tener una unidad temática entre sí, lo que buscan es justamente presentar diferentes problemáticas que enfrenta el Estado y la sociedad colombiana en materia de derechos humanos y que tienen impacto en el momento actual en diversos contextos. De esta forma, la agrupación de los capítulos responde a que unos se vinculan, se asocian o se presentan en el marco del Acuerdo de Paz o del posconflicto y a que otros responden a problemáticas diversas en contextos preexistentes a los Acuerdos de Paz.

Por la razones expuestas, cada capítulo desarrolló su propio objetivo específico. Para el primer eje, que cuenta con cinco capítulos, se buscó: 1) analizar de qué forma se utilizó el concepto de género para movilizar a una parte de la sociedad colombiana en el contexto del Acuerdo de Paz; 2) analizar la incidencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz; 3) analizar los criterios de priorización y selección de casos y situaciones en la Jurisdicción Especial para la Paz; 4) evidenciar algunos elementos del ordenamiento jurídico en términos de justiciabilidad en los cuales se enmarca el derecho a la educación y la educación en derechos humanos en un contexto del fortalecimiento de la democracia y de la participación ciudadana y, por último; 5) analizar los retos para la protección de los derechos humanos en Colombia en la posguerra.

Por su parte, el eje dos, que cuenta con tres capítulos, buscó alcanzar los siguientes objetivos específicos: 1) aportar a la discusión sobre la respuesta estatal ante violencias contra las mujeres cometidas por exparejas; 2) analizar la política pública que elaboró Colombia ante la exigibilidad internacional de los derechos humanos; y 3) revisar las discusiones sobre el contenido y alcance en la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional.

Para cumplir con estos objetivos, el grupo interdisciplinario de docentes utilizó una metodología de investigación sociojurídica y aplicó un método analítico que, partiendo de los preceptos jurídicos generales y del marco nacional internacional de los derechos humanos, realizó una interpretación de estos a la luz de un problema social relevante para el país. Es decir, cada investigador abordó un problema de los derechos humanos y lo analizó situacionalmente y buscó, a partir de esa realidad observada, generar unos hallazgos que permitieran brindar conclusiones y, en algunos casos, recomendaciones a diversos actores en miras de fortalecer la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos en diversos campos de las problemáticas sociales que se presentan en nuestro contexto.

De esta forma, el texto que se presenta y que se ha titulado Debates y desafíos para los derechos humanos en Colombia busca profundizar desde enfoques multidisciplinarios en temáticas de derechos humanos ligadas a diversas y variadas problemáticas que afectan a la sociedad colombiana actual. El primer eje, que como se señaló aborda temas y debates relacionados con el Acuerdo de Paz y el posacuerdo, se articuló en cinco capítulos. El primer capítulo revisa la forma en que se utilizó el concepto de género durante la campaña para refrendar el Acuerdo de Paz en Colombia, situación que generó riesgos para la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la población lgbti. En el segundo capítulo, se analiza la incidencia de las organizaciones defensoras de derechos humanos en el diseño de la Jurisdicción Especial para la Paz. También conforma este eje un capítulo que apunta a examinar los retos metodológicos que enfrenta la Justicia Especial para la Paz en lo que tiene que ver con los criterios para la priorización y selección de casos cometidos por los actores armados en el contexto del conflicto armado que se sometan a esta jurisdicción. Además, se incluye un capítulo que analiza la pertinencia de la justiciabilidad de la educación como derecho en tiempos de posconflicto, enfatizando en los discursos contrahegemónicos y cómo estos pueden contribuir a la construcción de la paz y a las garantías de no repetición. Por último, cierra la primera parte, un capítulo que indaga en la relación entre la justicia y la seguridad después del conflicto armado colombiano, ahondando en los retos para la protección de los derechos humanos que generan los grupos armados aún presentes en el país.

En el segundo eje, se revisan tres problemáticas generales del Estado social de derecho. En el primer capítulo, se analiza la situación de la violencia de género por parte de exparejas en el país, que, pese a la magnitud y frecuencia de la problemática, el Estado presenta fallas estructurales para la garantía y protección de los derechos de las mujeres víctimas. En el segundo capítulo, se estudia la Política Pública que desarrolló Colombia ante la exigibilidad internacional de los derechos humanos y los desafíos que esta implica para el Estado. En particular, la Política Pública de Defensa Integral de la Nación analizando las deficiencias que esta presenta al no responder con estrategias que permitan proponer mecanismos de resolución de conflictos previos a llegar a los organismos internacionales. Por último, cierra este eje un capítulo sobre derecho constitucional que analiza el “bloque de constitucionalidad” y la problemática asociada al hecho de que los operadores jurídicos suelen no dimensionar su contenido concreto ni su alcance material para las garantías de los derechos humanos.

Finalmente, es pertinente agradecer el apoyo de la decanatura y la dirección del Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas Francisco de Vitoria, que han facilitado y alentado el desarrollo de esta producción.

Cecilia Barraza Morelle

Editora académica

1 Las nuevas tendencias en materia de protección de los derechos humanos incluyen el desarrollo de una serie de medidas que se materializan a través de las políticas públicas, informes sobre derechos humanos, seguimiento a compromisos adquiridos por el Estado en instancias internacionales en las cuales no se hace necesaria una acción judicial.

Primera parte

Garantía de derechos en el Acuerdo de Paz y en el posconflicto en Colombia

El género, una de las posverdades del Acuerdo de Paz 1
Cecilia Barraza Morelle

El lenguaje político está diseñado para que las mentiras

parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y

para dar al viento apariencia de solidez.

—George Orwell

Introducción

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep fue el primero de su tipo a nivel mundial en incorporar el enfoque de género de manera transversal en el contenido del Acuerdo. No obstante, pese a este importante avance valorado a nivel nacional e internacional en materia de reconocimiento de la afectación diferenciada y desproporcionada que el conflicto armado tiene en sus víctimas, fue utilizado durante la campaña que terminó con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016 en Colombia, como bandera en contra del Acuerdo e instrumentalizado para generar noticias falsas en el marco de lo que se ha conceptualizado como posverdad.

El problema de investigación abordado surge de la preocupación sobre los posibles riesgos para la exigibilidad de los derechos humanos; y, en particular, para su cumplimiento y protección por parte del Estado, que puede ocasionar la utilización intencional, descontextualizada y politizada de conceptos e ideas que generan respuesta social polarizada y que atentan contra un marco de derechos ya reconocido por el Estado en instrumentos nacionales e internacionales que ha suscrito. Los debates que suscitó el uso de la categoría género en el Acuerdo de Paz pusieron en riesgo los avances alcanzados en temas de igualdad de género tanto para mujeres como población lgtbi2, no solo en el marco del Acuerdo, sino también en otros campos de las políticas públicas nacionales y contribuyeron o hicieron evidente la polarización de la sociedad colombiana.

El objetivo de este estudio fue analizar de qué forma un sector político utilizó el concepto género —tanto en su significado como en su representación— para movilizar a una parte de la sociedad colombiana en contra del Acuerdo de Paz a través de la generación de noticias falsas que apelaban a una serie de “modos de actuar, de pensar y de sentir”3 anclados en la cultura, generando riesgos para la garantía del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y de la población lgbti.

La metodología utilizada fue de carácter cualitativo mediante un estudio de caso —el uso del género en torno al Acuerdo de Paz—. Para ello, se construyó un marco conceptual con los aportes de la sociología y los derechos humanos, se revisaron los hechos a partir de fuentes secundarias principalmente de prensa y se realizó un análisis de lo que finalmente se incorporó en los Acuerdos de Paz en materia de género para determinar si en dichos acuerdos se garantizó un enfoque diferencial de los derechos humanos. Finalmente, se plantearon unas conclusiones sobre los riesgos que enfrentan los derechos humanos para su exigibilidad y justiciabilidad en sociedades altamente polarizadas.

El hecho social y su eco

La masculinidad hegemónica puede definirse como la posición social dominante de un tipo de masculinidad que ejerce poder y mantiene formas de coacción y coerción social en la cual las mujeres y otras formas de masculinidades ocupan una posición subordinada y en la que impera un deber ser de sociedad sustentada en un supuesto orden natural, construido a partir de posturas tradicionales con fuerte arraigo religioso y sustentada en la familia heterosexual, en el rechazo a la diversidad sexual y a los derechos reproductivos y, en general a cualquier transformación social que ponga en riesgo lo que considera un orden preestablecido.

No se pretende afirmar que la masculinidad hegemónica sea estática e inmodificable o se exprese solo a través de un único tipo de comportamiento social, ya que, como cualquier otra forma de organización social, se ha transformado y acomodado a los cambios que al interior del sistema social se han generado en distintos contextos históricos y conviviendo con otras formas de masculinidades (Ramírez y García Toro, 2002, p. 5).

Rómoli (2014), siguiendo los planteamientos de Durkheim, señala que la masculinidad hegemónica es un hecho social4, toda vez que está definida por un conjunto de:

construcciones sociales, nunca naturales, que preceden al individuo e impuestas y naturalizadas para los miembros de una sociedad concreta. En sintonía con los estudios de masculinidad, el autor [refiriéndose a Durkheim] devela los hechos sociales como dotados de un poder de coacción ejercido de manera difusa por toda la sociedad bajo la forma de las costumbres. En otras palabras, las voluntades son orientadas a adecuarse a ello y quienes se opongan o no acepten, sentirán la imposición de una obligación social. En el mismo sentido, la masculinidad es pensada como los hechos sociales, como difíciles, pero no imposibles de modificar, y en cierta manera de visibilizar. (Rómoli, 2014, p. 10)

Recogiendo el planteamiento de Rómoli (2014), podría señalarse que esta masculinidad hegemónica, hecho social constitutivo del patriarcado, genera una serie de dispositivos de coacción y coerción social cuando se siente en peligro. Uno de los peligros actuales para la vigencia de la masculinidad hegemónica se materializa en el concepto de género como categoría de análisis social que cuestiona el orden supuestamente natural del ordenamiento social e introduce a la cultura como constructor y reconstructor de ese orden social.

La masculinidad hegemónica supone una serie de arreglos de género que la sociedad en su conjunto normaliza. De esta forma, otras expresiones de masculinidades y feminidades que no responden a lo socialmente esperado generan, por un lado, confrontación social y cuestionamientos y, por otro, transformación social. No obstante, esa transformación social no basta con expresarse en un reconocimiento de un derecho para que sea aceptada como parte del orden social, ya que en sí misma constituye un peligro para la vigencia de un sistema social jerarquizado. Rómoli (2014), basándose en los estudios de Connel, Bonino y Bourdieu, plantea que la masculinidad hegemónica se sustenta en tres elementos: la heterosexualidad, la misoginia y la homofobia. Estos elementos generan “una práctica social, que se materializa en espacios sociales concretos y que subordina ciertas alteridades: todas las mujeres y aquellos varones que no cumplan con sus atributos” (Rómoli, 2014, p. 5).

La masculinidad hegemónica se resiste al cambio de muchas maneras, rechazando otras formas de sexualidad diferentes a la heterosexualidad, degradando a las mujeres —particularmente a las que no responden a un modelo de subordinación— y rechazando otra forma de familia diferente a la heterosexual. No obstante, esos sectores de la sociedad que cuestionan la jerarquía social impuesta por la masculinidad hegemónica han logrado permear esas estructuras y alcanzar ciertos niveles de reconocimiento social (Molina, 2017, p. 40). Por ejemplo, en el caso colombiano se ha avanzado en materia de reconocimiento de derechos, sin embargo, los avances a nivel normativo en garantía de derechos de las mujeres y de la población lgtbi aún no se corresponden con el ejercicio pleno de dichos derechos. En otras palabras, la sociedad se ha transformado y la masculinidad hegemónica que aún impera ha tenido que ceder y reconocer derechos. Sin embargo, desde esa masculinidad hegemónica aún se puede apelar a una serie de “modos de actuar, de pensar y de sentir” que movilizan a una parte de la sociedad a oponerse al cambio generando diversas formas de resistencia. En ese escenario, el género como categoría de análisis social se convierte en su enemigo bajo el nombre de “ideología de género”, con lo cual es necesario movilizar a la sociedad en contra de lo que esa categoría representa como amenaza al orden establecido. En esa lógica el eco del concepto género que prevalece en la sociedad como factor de riesgo del orden establecido es justamente su potencial transformador: el orden social no es natural sino cultural y, por tanto, modificable.

La posverdad y las noticias falsas

La Real Academia de la Lengua Española incorporó desde el 2007 el concepto de posverdad, definiéndolo como una “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales” (rae, 2017). Si bien el concepto es nuevo, se utilizó por primera vez en el 2010 en lengua inglesa post truth5 y en el 2016 cobró mayor difusión y análisis con los resultados del Brexit y de la campaña presidencial de Estados Unidos que dio el triunfo de Trump (Muñoz, 2016, p. 2). A través de la historia, se ha recurrido a la distorsión de la realidad como estrategia política. Ejemplos históricos hay muchos en el siglo pasado, aunque tal vez los más evidentes fueron los usados por regímenes autoritarios a través de propaganda política como el nazismo, estalinismo y los usados por las dictaduras del Cono Sur en América Latina.

No obstante, la posverdad cobra una mayor relevancia en este siglo, particularmente porque se hace posible a través de las noticias falsas (fake news) que circulan a través de diversos medios de comunicación (incluyendo prensa escrita, televisión, radio), pero mayoritariamente a través de las redes sociales difundiendo información engañosa o contribuyendo a la desinformación de un hecho objetivo (Cortés e Isaza, 2017, p. 5). En otras palabras, la posverdad es utilizada por los políticos para desacreditar a sus detractores y se materializa en noticias falsas que circulan por medios de comunicación generando en el menor de los casos desinformación y, en casos graves, engaño a la opinión pública.

Los elementos que hacen posible hoy en día la proliferación de estas noticias falsas se explican asociados a que los hechos objetivos que ocurren y nos afectan tienen en las personas menos influencia que las creencias personales. La interpretación que las personas hacen de la realidad o la lectura de los hechos depende de las emociones y sentimientos de quien recibe la noticia. Desde esa lógica, hoy en día los políticos relativizan la verdad y construyen sus discursos apelando a lo que quieren escuchar sus seguidores a partir de los sentimientos, creencias y valores que representan, en un contexto en el cual las instituciones en general, incluidos los medios de comunicación, son débiles y carecen de niveles de credibilidad que permitan hacer valer el hecho objetivo sobre la interpretación subjetiva que realizará del receptor de la noticia (Muñoz, 2016, p. 14).

El principal canal de comunicación que hace posible la proliferación de noticas falsas lo construyen las redes sociales, particularmente Twitter y Facebook. Esto, porque permiten que con mayor frecuencia puedan publicarse noticias falsas al existir menos controles que los que se dan en los medios de comunicación tradicional es, en los cuales la ética periodística obliga a la verificación de la información. Además, las redes sociales pueden realizar una selección de información según las gustos y preferencias del lector, ya que pueden filtrar la información por medio de algoritmos. Esto contribuye a que la información a la que tiene acceso una persona se repita. Actualmente, se hace referencia a una cámara de eco, del vocablo inglés echo chamber, para referirse metafóricamente a que la información que se maneja a través de las redes sociales repite lo que se quiere ver y analizar y, sobre todo, lo que se quiere creer, mientras que otros modos de pensar o visiones diferentes son minoritariamente representadas en el círculo mediático de las redes sociales en que una persona se mueve (El País, 2017).

Colombia no ha sido ajeno a la utilización de políticas de posverdad ni de noticias falsas, estas cobraron relevancia durante la campaña que terminó con el triunfo del No en el plebiscito de octubre de 2016 sobre el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep. Durante la campaña se difundieron “a través de WhatsApp contenidos falsos, imprecisos y descontextualizados sobre los acuerdos, orientados a capturar el voto en contra de los acuerdos. Como lo reconoció uno de los líderes del movimiento del no, el objetivo era generar rabia e indignación” (Cortés e Isaza, 2017, p. 9). Y fue justamente la incorporación de la temática de género en los Acuerdos de Paz uno de los puntos que se utilizó para capturar el voto del No, apelando a las creencias y sentimientos que la mayoría de la sociedad colombiana mantiene basándose en una cultura impuesta por la masculinidad hegemónica altamente religiosa.

Los antecedentes: las cartillas del Ministerio de Educación

El lenguaje les da vida a los hechos sociales, enuncia y refleja las estructuras sociales a la vez que da cuenta de los conflictos y luchas sociales haciendo eco de los “modos de actuar, de pensar y de sentir” de la sociedad. Oraciones como “los niños y niñas podrán decidir ser hombres o mujeres”, “a mis hijos los educo yo”, “se va a fomentar la homosexualidad en los colegios” y “la ministra quiere que todos sean como ella” fueron solo algunas de las que circularon a raíz del debate que se inició en Colombia en julio de 2016 a partir del momento en que una diputada de la Asamblea de Santander, Ángela Hernández, afirmó, el 25 de julio del 2016, que el Ministerio de Educación estaba imponiendo en los colegios una guía en la cual se debían “tener en cuenta, en sus manuales de convivencia, condiciones, costumbres y actitudes de la comunidad lgbti (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales)” (El Tiempo, 14 de agosto de 2016). Para la diputada y sus seguidores, esto se interpretaba como que el Ministerio de Educación “está propiciando una colonización homosexual” en los centros educativos (El tiempo, 14 de agosto de 2016).

Desde ese momento, se convocaron a diferentes marchas en el país para exigir no solo el retiro de las cartillas, sino también la renuncia de la ministra. La diputada convocó a la marcha en los siguientes términos: “En defensa de la familia y en rechazo a la ideología de género que el Ministerio busca imponer en los colegios” (El tiempo, 14 de agosto de 2016). Las redes sociales generaron todo tipo de mensajes a favor o en contra de los “supuestos” contenidos de la cartilla y sobre la movilización.

Los comentarios de la diputada hacían referencia al Manual de Preguntas Orientadoras, que había elaborado el Ministerio de Educación en cumplimiento de la Sentencia T-478 del 2015 de la Corte Constitucional, que obligaba a que se revisaran los manuales de convivencia6 de los centros educativos. La Corte había emitido el fallo a raíz del caso de Sergio Urrego, un joven que se había suicidado en el 2014 como consecuencia del acoso que había sufrido por su orientación sexual por parte de integrantes del colegio al que asistía. La Corte, en dicha sentencia, señala:

Cuarto.- ordenar al Ministerio de Educación Nacional que, en un plazo máximo de un (1) año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo a lo señalado por la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2015. Particularmente, se ordena que en el plazo señalado, se adopten las siguientes medidas: i) una revisión extensiva e integral de todos los Manuales de Convivencia en el país para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y la identidad de género de los estudiantes y para que incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como que contribuyan a dar posibles soluciones a situaciones y conductas internas que atenten contra el ejercicio de sus derechos; y ii) ordenar y verificar que en todos los establecimientos de educación preescolar, básica y media estén constituidos los comités escolares de convivencia. (Corte Constitucional, T-478 de 2015)

Vale la pena aclarar que el Manual de Preguntas Orientadoras que circulaba no era más que un cuestionario que permitía que los colegios pudieran identificar aspectos que se podrían incluir en la revisión y actualización de los manuales de convivencia, conformado por 34 preguntas en temáticas como enfoque de derechos humanos; enfoque de género; convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática; pluralidad, identidad y valoración de las diferencias y convivencia escolar.

Las preguntas que generaron la polémica fueron las que hacían parte del bloque de diversidad y pluralidad del Manual de Preguntas Orientadoras. Este bloque estaba compuesto por 8 preguntas (de la 11 a la 18), dichas preguntas eran:

11. ¿Su manual de convivencia establece tratos diferenciales o roles distintos entre niñas y niños? (roles y estereotipos de género); 12. ¿Hay expresiones que descalifican o condenan la orientación sexual, identidad de género, etnia, credo, discapacidad?; 13. ¿En el manual de convivencia se considera como falta disciplinaria las identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas (lgtbi)?; 14. ¿Contiene normas específicas y procedimentales para proteger de actos discriminatorios a personas con discapacidad, afrocolombianas, indígenas e integrantes de alguna etnia que exploran, expresan o se reconocen con una orientación sexual o identidad de género no normativa; mujeres y minorías religiosas?; 15. ¿Restringe las demostraciones de afecto entre parejas heterosexuales o entre parejas del mismo sexo?; 16. ¿Hace uso de un lenguaje incluyente, no sexista, reconoce las prácticas de convivencia interculturales?; 17. ¿Permite que estudiantes usen el uniforme que les hace sentirse a gusto con su identidad de género? y 18. ¿Establece restricciones para que estudiantes o docentes luzcan como deseen ejemplo: prohíbe el uso de maquillaje, cabello largo, tatuajes, piercing, accesorios para el cabello, etc.? (Colombia Diversa, 2016)

Durante los meses de julio y agosto de 2016, a partir de las preguntas arriba mencionas, circularon una serie de noticias falsas agrupando dichas preguntas bajo la premisa de que el Gobierno quería imponer la “ideología de género”. Estos hechos ocurrían solo dos meses antes del plebiscito para refrendar el Acuerdo de Paz que se realizaría el 2 de octubre de 2016.

La misma diputada Hernández decía “basada en la ideología de género para decirle a la niña y al niño que no tienen un sexo definido por haber nacido con un pene o una vagina, sino que el sexo es algo que se construye y que tienen derecho a explorar y construir” (El Tiempo, 2016). Agregaba, para referirse a la ministra de Educación7: “Lo que sentimos es una colonización de sus costumbres e ideas sobre las nuestras y de alguna manera trata de imponer su forma de vida” (El Tiempo, 2016).

En esos mismos días, la situación se polarizó aún más cuando se conoció que con el apoyo de las agencias de Naciones Unidas, pnud, unfpa y Unicef se había elaborado para el Ministerio de Educación, la Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación, documento técnico que, si bien aún no había sido avalado por ese ministerio, ya estaba en circulación. En su introducción, el documento señala:

Considerando que una de las funciones establecidas por la Ley 1620 de 2013 establece que los comités de convivencia escolar deben fomentar los procesos de sensibilización, reflexión y transformación de los imaginarios existentes con respecto a los roles de género, este documento brinda elementos para esta tarea: ofrece algunos conceptos básicos, estrategias y recomendaciones puntuales para el ajuste de los manuales de convivencia, para la construcción de la ruta de atención de cada establecimiento educativo y para la reflexión sobre el tipo de comunidad educativa que estamos construyendo. (men-unfpa, 2016, p. 9)

En la Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación se desarrollan temáticas como género, orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas; el sistema educativo como garante de derechos; rutas de atención con enfoque de orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas. Todas las temáticas se abordan desde la lógica de los derechos y el reconocimiento de la diversidad (men-unfpa, 2016). De la cartilla que consta de más de 90 páginas, las críticas y ataques se basaron en los contenidos de dos afirmaciones:

Tradicionalmente se ha enseñado que solo existen dos sexos y, además, que estos deben ser de una u otra manera, cuando en realidad la configuración de los cuerpos humanos es más compleja que una diferenciación entre dos. En ese sentido, se debe empezar por deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado”. (men-unfpa, 2016, p. 16)

Al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo, de acuerdo con la sociedad y época en las que se crezca. (men-unfpa, 2016, p. 19)

Para desvirtuar aún el contenido de esta cartilla, circuló en redes sociales una cartilla belga de pornografía gay que se difundía como si esa fuera la Cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación que iba a distribuir el Ministerio de Educación, la ministra calificó ese hecho como una intención “de aterrorizar a los padres de familia” (El Tiempo, 14 de agosto de 2016).

El 10 de agosto de 2016 se realizó en varias ciudades del país una marcha en contra de la “ideología de género” convocada por la diputada Hernández, padres de familia y sectores de la iglesias cristianas y católica y respaldada por sectores opositores al Gobierno de Santos. La marcha se llamó “Un gran plantón por la familia”. La Iglesia católica, que estaba entre los convocantes a la marcha, a través del cardenal Rubén Salazar Gómez, señaló: “Nosotros rechazamos la implementación de la ideología de género en la educación en Colombia, porque es una ideología destructora, destruye al ser humano, le quita el contenido fundamental de la relación complementaria entre varón y mujer” (cnn, 2016).

Entre las proclamas que se escucharon en distintas ciudades del país, durante la marcha, estuvieron: “Familia son papá y mamá. Que renuncie la ministra”; “No queremos que se metan en nuestros hogares con una ideología contraria a la humana” (El Tiempo, 2016). Se vieron pancartas con textos como: “La naturaleza creó al hombre y mujer no te engañen no existe el tercer género”, “Yo amo a mis hijos y los educo con valores y principios”, “La familia peligra, defiéndela”, “Yo creo en el diseño original de la familia”, “Gina o Gino fuera del men”, “Dios creo varón y hembra otra cosa es locura”, “Solo Dios tiene la última palabra sobre el futuro de nuestros hijos rechazamos adoctrinamientos”, “Si alguno se ayuntare con varón como con mujer abominación hicieron ambos han de ser muertos sobre ellos será su sangre, Levítico 20: 13”, “Los hijos de Dios necesitan ser educados con las leyes de Dios”, “Ser lgtbi es antinatural, usted no puede criar lo que no es suyo”, “El homosexual no nace se hace y todo lo que se hace se deshace, arrepiéntete” (Imágenes Google, 2016).

Al día siguiente de la marcha, el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, debió pronunciarse frente a la situación invitando a que el debate se realizara con respeto y sin violencia, y agregando que la cartilla no sería autorizada por el Gobierno. Además, el presidente señaló, “Ni el Ministerio de Educación ni el Gobierno Nacional han implementado, ni promovido ni van a promover la llamada ideología de género” (El Tiempo, 11 de agosto de 2016).

Un actor clave en contra de las acciones del Ministerio de Educación y reconocido opositor del Gobierno fue el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, a quién le quedaba un mes para dejar su cargo8 y pasaría a sumarse a las filas del No al Acuerdo de Paz. En ese momento señaló que “con el pretexto del cumplimiento de una sentencia y de una ley se están utilizando unas cartillas y manuales para adoctrinar a nuestros hijos en la ideología de género” (El Tiempo, 11 de agosto de 2016) y agregó que las acciones del Ministerio de Educación buscan “disolver la familia, corromper la niñez y quitarles la pureza”. (El Tiempo, 11 de agosto de 2016).

Así mismo, la procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia de ese entonces dijo:

La Corte lo que dijo es que la orientación sexual y la identidad sexual son dos cosas diferentes, lo que no dice es promuévase y adoctrínese […] las cartillas tienden a modificar la manera de pensar, no solamente a reconocer la diferencia sino a promover la homosexualidad, creo que la cartilla está directa o indirectamente orientada a ordenar, a modificar la manera de pensar, no solo a reconocer la diferencia sino a promover la homosexualidad. (Blu Radio, 10 de agosto 2016)

En este complicado escenario para el Gobierno y a menos de dos meses del plebiscito, faltaba la intervención sobre el tema del expresidente y senador Álvaro Uribe, jefe de la oposición del Gobierno de Santos y contrario al proceso de Paz que se adelantaba con las farc-ep, quien a nombre del Centro Democrático, su partido político, señaló que “tolerancia y respeto a la intimidad no es el abuso del niño ni desconocimiento a la naturaleza y a la familia” (El Tiempo, 11 de agosto de 2016).

Pese a que el Ministerio de Educación hizo llamados a no caer en engaños ni a la desinformación que se realizaba por redes sociales y que los principales medios de comunicación de prensa, radio y televisión hicieron un despliegue noticioso para señalar las verdades y mentiras que circulaban en torno a las cartillas, nada detuvo el convencimiento social de que se promovía la homosexualidad y la destrucción de la familia. La ministra Parody, una de las personas considerada más cercanas al presidente Santos, renunció el 4 de octubre de 2016, dos días después de que en Colombia ganaba el No al Acuerdo de Paz con las farc-ep.

Indudablemente, durante la campaña de desprestigio de las cartillas del Ministerio de Educación se apeló a los miedos de la sociedad tradicional, primero porque en el centro de la disputa están los niños, niñas y adolescentes, sujetos de especial protección, pero además considerados como supuestamente “moldeables” en hábitos y costumbres, por tanto, en el imaginario social el reconocimiento al interior de los centros educativos de otras formas de sexualidad diferentes a la heterosexual generaba el riesgo de un posible “contagio” o la obligación de compartir con un “otro” como un igual en derechos. En segundo lugar, se apeló a quien en una sociedad define cómo educar: los padres, la escuela, el Estado, señalando que los centros educativos tienen autonomía para definir sus manuales de convivencia, cosa cierta y respecto a la cual hizo hincapié el Ministerio de Educación en dicho momento. Sin embargo, ningún particular puede ir en contra de los derechos humanos y las normativas vigentes en un Estado, razón por la cual los manuales de convivencia deben estar construidos y definidos en el marco de esos parámetros.

El mayor miedo social utilizado se basó en la tergiversación del elemento central que le da sentido al concepto de género, que es el de enfatizar en que su construcción es sociocultural y no natural. Por ello, los ataques a los materiales del Ministerio de Educación se basaban en señalar que las cartillas ponían en duda la definición del sexo biológico de las personas al nacer. Se tergiversa la idea central del concepto de género, de que las sociedades construyen una forma de ser hombre o mujer, y esas formas pueden modificarse, que es, justamente, el potencial del concepto de género como transformador de realidades e inequidades sociales.

Las emociones de la población se movilizan cuando se afirma de manera descontextualizada que las cartillas señalan “que no se nace siendo mujer u hombre, sino que se aprende a serlo”, pues se omite referirse al rol de la cultura o elementos de contexto histórico. El mensaje se centra en destacar que se “destruye la sociedad”, como lo señaló la Iglesia católica (cnn: 2016), puesto que el énfasis no está en reconocer el rol de la cultura como constructor y reconstructor de roles y estereotipos de género, sino en enfatizar que se está negando el origen natural y, aún más, que se pone en duda el rol divino como estructurador de los mandatos sociales.

En concordancia con lo anterior, el miedo por el supuesto “adoctrinamiento sexual” de los niños y niñas, como lo señalaron sectores conservadores (cnn, 2017), representa en su imaginario que al reconocer los derechos de las diversidades sexuales se está promoviendo la homosexualidad.

De esta forma, si se reconoce la diversidad sexual y se cuestionan los roles y estereotipos de género se suma un miedo mayor: el de los cambios al interior de la familia. Eso explica en parte que la marcha organizada en agosto de 2016 tuviera como lema la defensa de la familia, pero no cualquier familia, sino exclusivamente la familia compuesta por pareja heterosexual e hijos9.

Es decir, se apela a una sociedad creyente, que basada en los mandatos religiosos considera que Dios estableció no solo quién nace hombre o mujer, sino cómo es el deber ser de una sociedad. Se movilizan así los valores y creencias cristianas desde las emociones, impidiendo analizar los hechos concretos que apuntan a garantizar derechos en el marco de unas normas constitucionales. Las emociones movilizadas responden a quienes creen que los valores de la masculinidad hegemónica —heterosexualidad, misoginia y homofobia— deben protegerse porque responden a valores cristianos inmodificables y cualquier otra alternativa es contranatural. Eso también explica por qué no fue posible planear un diálogo social que permitiera precisar alcances y contenidos de los documentos. Estos debían ser anulados.

El primer Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las farc-ep

La incorporación del enfoque de género en los Acuerdos de Paz de La Habana tuvo un enorme significado a nivel mundial, ya que era la primera vez que en un proceso de negociación de paz se incorporaba este enfoque, se creó con una subcomisión dedicada a garantizarlo, se contó con la participación de numerosas expertas en la temática, con la participación de organizaciones de mujeres y lgbti, y se escucharon organizaciones de víctimas. Así mismo, las problemáticas de las violencias basadas en género, particularmente la violencia sexual ocurrida en el conflicto armado, fueron relevantes. También se plantearon estrategias para fortalecer la participación y el acceso a servicios de mujeres y población tradicionalmente excluida como la población lgbti víctima del conflicto.

El 24 de julio de 2016, representantes de la Subcomisión de Género de La Habana10, en cabeza de dos de sus integrantes, por el Gobierno María Paulina Riveros, y por las farc, Victoria Sandino, presentaron cómo quedó incluido el enfoque de género en los Acuerdos de Paz, a través del Comunicado Conjunto 82:

La incorporación de un enfoque de género en los acuerdos alcanzados gira alrededor de ocho ejes temáticos: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos lgtbi para su participación política y social, y sistemas de información desagregados. (Comunicado Conjunto 82, 24 de julio de 2016).

En ese acto de presentación habló Humberto de la Calle, jefe del Equipo Negociador por parte del Gobierno en el Proceso de Paz con las farc, quien en un discurso extenso de reconocimiento de los derechos de las mujeres y población lgbti señaló dos aspectos que permitirían nuevamente poner la “ideología de género” en centro del debate, ahora en los contenidos del Acuerdo. Lo que señaló De La Calle fue:

Desde el Gobierno la Delegación procuró que las discusiones fueran más allá de la concepción de género tradicional. “Género” no hace alusión solamente a la mujer, pero si al impacto diferenciado de situaciones concretas sobre hombres y mujeres y personas lgtbi. Género es el respeto a la diferencia y a la particular condición en la individualidad. Es la posibilidad de convivir en armonía con la diferencia. Así lo refleja el acuerdo alcanzado en esta materia. Y es en tal sentido que entendemos que la vinculación del enfoque de género con la consecución de una paz firme en Colombia tiene pleno sentido. (Gobierno de Colombia, 2016)

El jefe de la delegación añadió:

El sexo es una condición dada, mientras que el enfoque de género toca concepciones de carácter cultural que han generado estructuras de comportamiento social, que son históricas, en el sentido de que son productos sociales no deterministas. Son construcciones que abarcan patrones de comportamiento y de valoración asignados a cada género. Dijo Simone de Beauvoir: “no se nace mujer, se llega a serlo”. Y hoy podríamos agregar también: “no se nace hombre, se llega a serlo”. En cuanto a la población lgtbi se trata de asumir enfoques de orientación e identidad sexuales diversas. (Gobierno de Colombia, 2016)

Así, estas declaraciones volverían a revivir la polémica alrededor de que la “ideología de género” se quería imponer a la sociedad colombiana. Esta vez, se centraría en la premisa de que el Gobierno y las farc-ep querían imponer dicha ideología en el país, incluso modificando la Constitución y desconociendo a la Colombia mayoritariamente creyente.

El 24 de agosto de 2016 se dio a conocer al país el texto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera —en adelante, primer Acuerdo Final— que se sometería a plebiscito el 2 de octubre y que sería firmado por el Gobierno y las farc-ep en un acto público el 26 de septiembre en la ciudad de Cartagena de Indias.

Con respecto a lo que en concreto señalaba el primer Acuerdo Final (2016) sobre la incorporación del enfoque de género, es de mencionar que en su introducción reconocía el enfoque diferencial y de género y la necesidad del reconocimiento de la diversidad de género y de otras diversidades como la étnica y la cultural (P. 4) en el marco de un enfoque de derechos humanos (P. 6).

En el texto del primer Acuerdo Final, en el capítulo Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral, por ejemplo, se señalaba como propósito la equidad de género y como principios la igualdad y enfoque de género. Allí se mencionaba que los sistemas de información deberían ser desagregados por variable sexo/género, y tomar en cuenta las necesidades “diferenciadas en razón del género, edad, pertenencia étnica, orientación sexual e identidad de género diversa” (P. 18).

El primer Acuerdo Final aplicaba el enfoque de género para superar desigualdades históricas que afectan a las mujeres y las diversidades sexuales, nada diferente de lo que se ha venido presentando en las políticas públicas en los últimos años en Colombia y en el mundo. Otros documentos de políticas públicas nacionales como locales incorporaban estos enfoques como, por ejemplo, el conpes 161 de 2013, el conpes 3784 de 2013. La propia Ley de Víctimas 1448, en su artículo 13, se refiere al enfoque diferencial de derechos:

El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente Ley, contarán con dicho enfoque. (Ley 1448, 2013, art. 13)

En el primer Acuerdo Final, en 73 de sus 297 páginas se menciona la palabra género, un hecho valorado positivamente por amplios sectores defensores de derechos humanos y reconocido por la comunidad internacional, no por la cantidad de veces que se señalaba, sino por la importancia que tenía reconocer que el conflicto armado afectó de manera diferencial a las personas según su género; porque asumía la discriminación de género como un asunto estructural de la sociedad en aspectos como la política, la violencia de género, la protección y la distribución de bienes y servicios, y tomaba medidas para evitar la estigmatización en razón de la orientación sexual y de género. Se usaban conceptos como equidad de género, enfoque diferencial de género, violencia de género, transversalidad del enfoque de género, perspectiva de género, diversidad de género, igualdad de género. Todos estos conceptos responden a orientaciones y lineamientos teóricos que han sido objetivamente desarrollados por los estudios de género y de derechos humanos, pueden responder a vertientes de pensamiento diferentes como el de equidad de género y el de igualdad de género, pero todos hacen parte del lenguaje común de las ciencias sociales de hoy en día y apuntaban a garantizar derechos e incorporar al desarrollo a las mujeres y a otros grupos victimizados en el conflicto armado. En otras palabras, buscaban el reconocimiento como sujeto político de grupos tradicionalmente discriminados.

¿Qué es, entonces, lo que se utilizó para causar tergiversación? Parece ser que fue lo que no estaba en el primer Acuerdo Final. Se hizo una interpretación de lo que podría significar el Acuerdo y se utilizaron los mismos argumentos de la campaña contra las cartillas del Ministerio de Educación. Así, se presentó que el Acuerdo ponía en riesgo a la familia —el Acuerdo no hacía referencia a ese tema—, incluso se dijo que a través del Acuerdo se buscaba la disolución de la familia, además de no reconocer a los creyentes y promover la homosexualidad. En otras palabras, el Acuerdo promovía la “ideología de género”.

La campaña del No al Acuerdo de Paz y la descalificación del género

Las manifestaciones en contra de las cartillas del Ministerio de Educación sucedieron con menos de dos meses de anterioridad al plebiscito del 2 de octubre de 2016, y habían mostrado la fuerza de la movilización social en contra del Gobierno argumentando el rechazo a la ideología de género. En ese contexto, los opositores al Acuerdo tenían un caudal electoral si recogían esas demandas sociales, apelando nuevamente a la familia tradicional y rechazando la homosexualidad.

Los ataques a la categoría social de género, bajo el nombre de ideología de género, no son nuevos. Al respecto, se han presentado diferentes debates a partir de la última década del siglo pasado y dicha categoría ha sido utilizada por sectores religiosos, inicialmente por el Vaticano, y apropiada en Occidente por otros sectores cristianos y conservadores, constituyéndose en un elemento que se opone al reconocimiento de derechos de mujeres y minorías sexuales no hegemónicas y polarizando a las sociedades (Barraza, 2018, p. 2).

Quienes se refieren al género bajo la expresión ideología de género, no están haciendo énfasis en la definición tradicional de una ideología, definida por la rae como “conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político” (rae, 2018). Por el contrario, lo que buscan establecer es que el género es una “creencia falsa”, ya que niegan que el sistema sexo/género sea socialmente construido y, por tanto, modificable, dado que afirman que es natural, una creación de Dios y, por ende, inmodificable (Lemaitre, 2016, p. 1).

Bajo ese argumento se defiende a la familia tradicional como base del orden social imperante y cualquier reconocimiento de conductas que no responden a las heteronormativas ponen el sistema en peligro. Por ello, durante la campaña del plebiscito del Acuerdo de Paz, la principal noticia falsa que circuló con respecto a esta temática fue que con la refrendación de los Acuerdos se buscaba modificar la definición de familia que contiene la Constitución Política colombiana. Así lo señaló, el ya exprocurador Ordóñez, uno de los líderes de la campaña del No, al afirmar que “los Acuerdos de Paz de La Habana contenían de forma ‘camuflada’ la ideología de género y podrían poner en peligro la estructura tradicional de la familia” (W Radio, 13 de octubre de 2016).

En una página web llamada sanelias.org11, se publicó el 22 de agosto del 2016 un artículo llamado “Colombia: Gobierno y farc promueven la ideología de género”, el cual señalaba que durante la marcha en contra de las cartillas del Ministerio de Educación en la ciudad de Bucaramanga se podía leer un cartel que decía “Las farc también negocian la destrucción de la familia” y lo señala como una “gran verdad que está siendo ocultada por los grandes medios de comunicación”. La página web mencionada continúa mencionando que la Subcomisión de Género de La Habana ha incorporado un párrafo que dice: “Hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa participen y se beneficien en igualdad de condiciones” de lo pactado en La Habana. Y siguen: “Para medir la gravedad de esa referencia” se debe tomar en cuenta que “los acuerdos serán elevados a la categoría de norma supraconstitucional, es decir, serán inamovibles” (Sanelias.org, 22 de agosto de 2016).

Nuevamente, la diputada Hernández, en este contexto de campaña, señaló:

No hay derecho que un asunto tan importante como la terminación del conflicto lo mezclen con la ideología de género. En esas condiciones, y aún queriendo la paz para mi país, yo me siento moralmente impedida para votar por el Sí. (Semana, 9 de septiembre de 2016)

También la aún procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en esa época decía, al referirse al documento del Acuerdo, que la “ideología de género podría estar encriptada en el Acuerdo Final; no se advierte fácilmente, pero puede desvelarse”. Además, recordaba que la palabra género se utilizaba 144 veces en el texto del Acuerdo, la revista Semana agrega, citando a la Procuradora, “la expresión enfoque de género en el Acuerdo de Paz tiene dos pretensiones. Por un lado, reivindicar los derechos de las mujeres” y, por el otro, señala la procuradora, promover “el reconocimiento de la población lgtbi como artífice y beneficiaria de políticas públicas”. Y continúa agregando que esto último modificaría “instituciones tan esenciales para la sociedad como el matrimonio, la familia, la adopción, el estado civil” (Semana, 9 de septiembre de 2016).

Es interesante observar la ambigüedad del mensaje desde la lógica de derechos humanos, dado que se separa el uso del enfoque si es para mujeres o para población lgbti y cuestiona que haya políticas públicas para este último grupo, no como víctimas del conflicto, sino que se pueda abrir la puerta para otros derechos, que además están en Colombia parcialmente reconocidos.

Se utilizan los argumentos de que el enfoque de género en los Acuerdos busca “minimizar las creencias morales y religiosas”, puesto que no contiene “ninguna referencia a Dios ni a las creencias” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Así, la procuradora se pregunta: “¿La paz estable y duradera puede hacerse sin tener en cuenta a los colombianos creyentes?” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Además, se tergiversa el contenido del primer Acuerdo Final, con la interpretación subjetiva de que proyecta un peligro social. Se critica que el Acuerdo incorpore medidas de atención en salud sexual reproductiva para las mujeres, partiendo de la suposición de que estas puedan contemplar “la planificación familiar, el aborto, las técnicas de reproducción asistida, la esterilización y el cambio de sexo”, temas que no aparecen en el documento del Acuerdo (Semana, 9 de septiembre de 2016).

Las iglesias evangélicas no estuvieron ajenas a este debate, criticaron que en el Acuerdo se representaran los intereses de la población lgbti e insistieron en defender la familia tradicional, conformada por hombre y mujer. El presidente de la Conferencia Evangélica de Colombia señaló: “El acuerdo vulnera principios evangélicos como el de la familia cuando se habla de equilibrar los valores de la mujer con los de estos grupos” (población lgbti); “Tienen sus derechos, pero no pueden primar sobre los del resto” (El País, 12 de octubre de 2016).

El Gobierno responde a esas afirmaciones con repuestas generales que no profundizan ni aclaran los contenidos del Acuerdo en la temática de género, por ejemplo, en el mismo reportaje en el que se presentan los planteamientos de la procuradora, se entrevista a un integrante del Gobierno de la Subcomisión de Género de La Habana, quien señala, con respecto a las políticas de salud sexual y reproductiva, que se mencionan en el Acuerdo Final, que buscan “llegar con los programas de salud sexual y reproductiva, que ya funcionan en el país, a las regiones rurales que no han tenido acceso a esta atención” (Semana, 9 de septiembre de 2016) o que hay temas que “no se abordan en estas discusiones porque no tienen relación con el conflicto armado” (Semana, 9 de septiembre de 2016). Si bien dice que los argumentos contra el enfoque de género en el Acuerdo “tienen un tinte político pensado en el plebiscito” y son “anacrónicos y bastante peligrosos”, en cierto modo, pareciera que no tuviera la capacidad de argumentar el tema aclarando los contenidos, o no se percibe que las acusaciones de que el Acuerdo Final promueve la “ideología de género” tendrían la capacidad de impactar los resultados del plebiscito. Se parte de la idea de que son los mínimos para garantizar igualdad (Semana, 9 de septiembre de 2016).

Desde el Gobierno se ve el asunto como un problema de conocimiento técnico y no se dimensiona políticamente en lo que está significando para la mayoría de la ciudadanía, que precisamente no es experta en políticas públicas de igualdad. Se resalta el hecho, por ejemplo, de que las mujeres campesinas “no están en igualdad de condiciones con los hombres para la explotación y el desarrollo del campo” o que la Jurisdicción Especial para la Paz contará con un equipo para investigar casos de violencia sexual (Semana, 9 de septiembre de 2016). Se podría pensar que el Gobierno pensaba que el género era algo tan marginal en la lógica estatal que este no sumaría ni restaría en el plebiscito.

Victoria Sandino, integrante de la Subcomisión de Género de La Habana en representación de las farc-ep, escribió después del plebiscito un artículo en la web mujer fariana org, (2016), en el que implicaba el contenido de género en el Acuerdo en los siguientes términos:

Si bien el enfoque de género reconoce que existen personas con orientaciones sexuales diversas que también han sido afectadas de manera particular y directa por el conflicto, el Acuerdo Final no hace referencia alguna acerca de la composición de la familia colombiana, ni tampoco sobre las supuestas cartillas que se implementarían en los colegios, con el objetivo supuestamente de promover la homosexualidad. Es decir, no se propone nada de lo que dice la supuesta “ideología de género”, tan solo se reconocen las poblaciones diversas y sus realidades, frente a las cuales los acuerdos tienen que proponer acciones para que sus necesidades se atiendan de una manera efectiva. (Mujerfariana, 14 de octubre 2016)

El Gobierno insistió en que no había en el Acuerdo una intención de modificar la Constitución política en su definición de familia ni menos que se buscara disolver la familia. (El Tiempo, 11 noviembre de 2016). También insistió que los temas que contenía el primer Acuerdo Final solo se centraban en el fin del conflicto con las farc y que las entidades religiosas habían participado del Acuerdo ya que jugaban un rol importante para la reconciliación y los derechos de las víctimas (Semana, 9 de septiembre de 2016). Sin embargo, esto no cambió la percepción de un sector mayoritario de la sociedad que sentía en riesgo su orden social establecido (Arias y Palomares, 2017, p. 190).

Los resultados del plebiscito dieron el triunfo al No con el 50,21 % con un total de 6.431.376 votos, mientras que el Sí obtuvo 49,78 % con 6.377.482 votos (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2016). La Iglesia católica no tomó una opción explícita, hizo un llamado a votar en conciencia e informadamente. Sin embargo, diferentes iglesias cristinas y evangélicas llamaron a votar por el No (El Tiempo, 30 septiembre de 2016). El presidente de la Confederación Evangélica de Colombia señaló, “No tengo cifras oficiales, pero si salieron a votar cuatro millones de evangélicos, posiblemente la mitad de ellos rechazará los acuerdos” (El País, 12 de octubre de 2016).

No puede afirmarse que las noticias falsas sobre la supuesta ideología de género contenida en el primer Acuerdo Final hayan determinado el triunfo del No. También circularon otro tipo de noticias falsas durante la campaña, incluso más difundidas. El gerente de campaña del No del partido Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, afirmó que el mensaje que se usó fue el de “La indignación. Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca” y continúa diciendo “descubrimos el poder viral de las redes sociales” (El Colombiano, 2016).

Entre los argumentos que se difundieron para producir esa indignación, según el gerente de campaña, se recurrió: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios […] En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela” (El Colombiano, 2016).

También es necesario ponderar que en el resultado del plebiscito influyó el hecho que un importante sector de la población colombiana tenía razones argumentadas para rechazar el Acuerdo, basadas en la molestia que generaban las prerrogativas que el Acuerdo les brindaba a las farc, particularmente por el reconocimiento como partido político y escaños en el Congreso de la República, pero sobre todo por la percepción de que la justicia transicional permitiría que no se juzgaran a responsables de crímenes de lesa humanidad y estos ocuparan cargos públicos (El Espectador, 12 de octubre de 2016).

Tampoco se puede interpretar que el triunfo del No en la votación del Acuerdo Final signifique que la población colombiana que tomó esa opción rechace la paz. No obstante, tampoco es posible señalar que los supuestos contenidos que se atribuyeron al Acuerdo sobre ideología de género no influyeron en la votación. Es innegable que el tema estuvo presente en la campaña, pudo no ser determinante, pero influyó.

El triunfo del No obligó al Gobierno y a las farc a negociar con los promotores del No para una revisión del Acuerdo. Este proceso terminó en un nuevo texto, firmado por el Gobierno y las farc-ep el 24 de noviembre en Bogotá y ratificado por el Congreso de la República el 30 de noviembre del mismo año. Durante ese proceso de negociación del Acuerdo con los promotores del No, se revisaron y se generaron modificaciones a los alcances del enfoque de género que contenía el primer Acuerdo Final.

El género en el nuevo texto del Acuerdo de Paz

Durante el proceso de revisión de los Acuerdos que se realizó con posterioridad al plebiscito uno de los temas que se revisó fue el de los contenidos de género en el documento. Sectores religiosos se reunieron con las delegaciones del Gobierno y las farc. Por ejemplo, la en ese entonces senadora Vivian Morales —reconocida por sus posturas religiosas— sostuvo una reunión con las farc, después de esa reunión señaló junto a su esposo que su propósito era buscar “interpretaciones inequívocas respecto al concepto de familia redactado en el artículo 42 de la Constitución Política” (Semana, 5 de noviembre de 2016).

También, las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad lgtbi buscaron contacto con la mesa de negociación después del plebiscito. A través de una declaración pública señalaron refiriéndose al enfoque de género en los Acuerdos, “no desconoce derechos fundamentales de ninguna población colombiana y, por el contrario, su uso es necesario para hacer visibles los impactos diferenciados del conflicto armado para mujeres y hombres; entre estos, lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales” (Semana, 5 de noviembre de 2016).

Los Acuerdos Finales, que incluyeron lo concertado con los triunfadores del plebiscito, contienen cerca de 120 medidas en las cuales se reconoce el impacto diferencial que el conflicto tuvo en las mujeres y la población lgbti (Plataforma Cinco Claves, 2017).

Durante el proceso de discusión de las modificaciones de los Acuerdos, las tensiones sobre el género se centraron entre los sectores de organizaciones sociales de mujeres, derechos humanos y de población lgbti que buscaban que lo acordado en el primer Acuerdo en materia de género no se modificara o por lo menos no sustancialmente y los sectores opositores al Acuerdo, particularmente en cabeza del exprocurador Ordóñez y sectores de las iglesias cristianas que buscaban limitar el uso del concepto a un asunto de derechos de las mujeres exclusivamente.

Se produjeron en el documento final del Acuerdo cambios de términos y reemplazo de expresiones. Desaparecieron expresiones tales como “diversidad sexual e identidad de género diversa”, “discriminación de género”, “valores no sexistas”, “no estigmatización en razón de la orientación sexual”, “estereotipos basados en género” y “violencia sistemática de género” (Mazzoldi y Cuesta, 2017).

En cuanto al remplazo de expresiones, vale la pena referirse a dos de ellas. En primer lugar, se cambió “equidad de género” por “igualdad de oportunidades” o “igualdad entre hombres y mujeres”. También, en segundo lugar, se cambió la expresión “diversidad sexual e identidad de género” por “grupos en condiciones de vulnerabilidad” (Mazzoldi y Cuesta, 2017). Esto es muy diciente de la intención por parte de los opositores del No que acusaban al Acuerdo de encriptar la “ideología de género”. Con esos cambios se reduce el alcance del concepto de género a un asunto de reconocimiento solo para las mujeres de igualdad de oportunidades y, por otra parte, se engloba a la población lgbti bajo un gran paraguas que cobija a la población vulnerable.

El Acuerdo también —como lo buscaban sus detractores— incorporó el concepto de familia como núcleo de la sociedad, aunque no señaló a qué tipo de familia hacía referencia e incorporó el principio de igualdad y no discriminación. En la introducción del Acuerdo se dice:

El Acuerdo Final reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona como fundamento para la convivencia en el ámbito público y privado, y a la familia como núcleo fundamental de la sociedad y los derechos de sus integrantes. La implementación del Acuerdo deberá regirse por el reconocimiento de la igualdad y protección del pluralismo de la sociedad colombiana, sin ninguna discriminación. En la implementación se garantizarán las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 6)

En el documento final del Acuerdo, la palabra mujer(es) se menciona 222 veces, lgbti 15 veces y género 55 veces. Las referencias a la población lgbti apuntan a garantizar derechos fundamentales, por ejemplo, se menciona a esa población en el marco de grupos poblacionales y afectada por factores de vulnerabilidad. También, se reconoce el daño particular que afectó a la población lgbti como víctimas del conflicto armado, así como determinar las graves violaciones que los afectaron. Así mismo, se señala que en garantía al principio de igualdad y no discriminación ningún contenido del Acuerdo puede menoscabar los derechos alcanzados (Caribe Afirmativo, 2016).

Con respecto a los derechos de las mujeres, más allá de las veces que aparece la palabra en el Acuerdo Final12, se reconoce el rol de las mujeres como sujetos de derecho; la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades en diferentes ámbitos de la vida social, política y económica, y el efecto diferenciado que el conflicto tuvo para las mujeres; así como una serie de medidas para adelantar en la implementación de dichos Acuerdos (Plataforma Cinco Claves, 2017, p. 7). También se mantuvo, por ejemplo, la referencia a políticas de salud sexual y reproductiva, pero dando un giro, a enfatizar en medidas especiales para las mujeres gestantes (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 26). Probablemente, con ese giro se buscaba evitar cualquier posibilidad de que implícitamente pudiera interpretarse que en materia de salud sexual y reproductiva se estaba garantizando el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, por lo demás ya reconocido por la normativa colombiana en tres causales.

Si bien existen en el Acuerdo muchas menciones al termino género, es en el capítulo de Implementación, verificación y refrendación, al referirse a los principios generales para la implementación, que se da una definición de enfoque de género, señalando

Significa el reconocimiento de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y de las circunstancias especiales de cada uno, especialmente de las mujeres independientemente de su estado civil, ciclo vital y relación familiar y comunitaria, como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 193)

La aplicación de dicho enfoque se circunscribe a garantizar acciones afirmativas que permitan la participación de las mujeres y sus organizaciones y al reconocimiento del impacto desproporcionado que tuvo el conflicto en las mujeres, en particular sobre la violencia sexual que las afectó, enfatizando que dicho enfoque deberá ser transversal a la aplicación del Acuerdo (Gobierno de Colombia y farc-ep, 2016, p. 193). Si se aplica esta definición como válida para todo el Acuerdo, es indudable que las necesidades e intereses particulares de la población lgbti no son subsumidas en dicha definición.

Conclusiones

El uso de noticias falsas en el marco de lo que se ha llamado la posverdad tiene implicaciones ético-sociales que ponen en riesgo no solo los criterios objetivos de análisis de las problemáticas sociales, ya que poseen la capacidad de crear realidades subjetivas que, apelando a las emociones que expresa la sociedad, crean riesgos para la vigencia y garantía de los derechos humanos.

El uso de la expresión ideología de género la utiliza la sociedad tradicional que expresa los “valores” de la masculinidad hegemónica no solo con el objetivo de ser peyorativa frente a una categoría de análisis social usada por la academia y las políticas públicas, sino que lo hace con la clara intención de manipular sus contenidos y evitar el reconocimiento de derechos o restringir el ejercicio de derechos de un grupo de la población históricamente excluido.

La manipulación en la interpretación de los hechos se convierte en noticias falsas, avaladas por la intención política de tergiversar y ganar adeptos para una causa, a través del miedo y el fomento a la intolerancia que se encuentran arraigadas en la cultura y que se potencian al sentirse en peligro. La sociedad conservadora se defiende del supuesto peligro generado por su propia desinformación y transgrede las fronteras del respeto a los derechos humanos por la defensa de un statu quo.

Se dice que las guerras ideológicas terminaron con el fin de la Guerra Fría, sin embargo, vale la pena preguntarse hasta qué punto estos nuevos conflictos sociales desencadenados por vía de las redes sociales, no se transforman en microguerras que ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos por hacer prevalecer “modos de actuar, pensar y sentir” que buscan reafirmar modelos hegemónicos de construcción de sociedades.

En el caso de estudio, las noticias falsas se basaron en una verdad a medias a partir del concepto de género que se manipuló a través de la llamada ideología de género. Así bastó, para que un grupos de opositores al Gobierno y contrarios al Acuerdo de Paz construyeran posverdades que circularon por los medios de comunicación y especialmente por la redes sociales, reproduciéndose en una cámara de eco para despertar las emociones de una parte importante de la sociedad colombiana que sintió en riesgo su “modo de actuar, sentir y pensar” y se manifestó defendiendo un orden social tradicional en el cual la masculinidad hegemónica —heterosexual, misógina y homofóbica— sigue siendo un hecho social predominante, que actúa para frenar los avances para la vigencia plena de los derechos humanos de las mujeres y las minorías sexuales. De esta forma, la construcción de un nuevo orden social más incluyente sigue siendo un proyecto pendiente para la sociedad colombiana pese a los avances en normativas garantistas de derechos.

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1 Capítulo resultado de investigación adscrito al grupo de investigación Estudios Críticos en Derecho, Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Justicia, Jurisprudencia y Paz. Categoría “Investigación y desarrollo” en Colciencias, de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, Bogotá.

2 Sigla que hace referencia a personas con orientaciones sexuales e identidades de género, según la primera letra de: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

3 Expresan las emociones, valores y creencias de un grupo social. Las características de una cultura se expresan a través de las formas de actuar, sentir y pensar de una sociedad, y, siguiendo a Durkheim, son constructores de hechos sociales. Para mayor información, ver Durkheim, E. (2001). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica.

4 Durkheim define un hecho social como “toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior; o también, el que es general en la extensión de una sociedad determinada teniendo al mismo tiempo una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales”. Durkheim, E. (2001). Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica, p. 52.

5 El concepto fue acuñado por David Roberts, quien lo usó en su blog en el 2010 para referirse a la política de la posverdad con respecto a la negación del cambio climático por parte de algunos políticos pese a las pruebas científicas que lo hacían un hecho innegable. Para mayor información, se puede revisar http://www.elmundo.es/opinion/2016/11/05/581ccfa4e5fdea4e048b462f.html

6 La Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, señala en su artículo 87 con respecto al Reglamento o Manual de Convivencia: “Los establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo”. En: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf. Posteriormente, la Ley 1620 de 2013 creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que fue regulado mediante Decreto 1965 de 2013.

7 La ministra de Educación al momento de los hechos era la Sra. Gina Parody, de quien públicamente se sabía que era homosexual.

8 El procurador Ordóñez terminó su mandato el 8 de septiembre de 2016.

9 A partir de los resultados de la marcha, el Movimiento de Padres Un Paso al Frente de La Red Familia Colombia, organiza anualmente, el 10 de agosto, la conmemoración Día Nacional de la Libertad para Educar. La conmemoración se fundamenta en el Manifiesto Internacional por la Libertad para Educar, al cual se adhirieron más de cuarenta organizaciones nacionales e internacionales y que en uno de sus putos señala “acabar de una vez por todas con la discriminación y vulneración al derecho fundamental de los padres de familia para educar libremente a sus hijos según su conciencia, religión y cultos, amenazas ejercidas permanentemente a través de leyes, decretos, políticas públicas, opiniones propagandísticas e ideologías promovidas en América y Europa por el colectivo lgtbi”. Para mayor información, ver http://www.redfamiliacolombia.org/actualidad/colombia-nuevamente-conmemora-el-10-de-agosto-dia-nacional-de-la-libertad-para-educar/. Adicionalmente, en el 2016 se presentó un proyecto de ley, “Por medio de la cual se interpreta con autoridad la Ley 1620 de 2013, se modifican algunos de sus apartes y se establece el 10 de agosto como el día nacional de la libertad para educar (Día Nacional de la Libertad para Educar)”, que fue archivado en debate en junio de 2017. Para la conmemoración que se realizará el 10 de agosto de 2018 la Conferencia Episcopal ya adherido. Para mayor información, http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/conferencia-episcopal-conmemorara-fecha-que-surgio-en-contra-de-la-ideologia-de-genero/20180808/nota/3784052.aspx

10 La Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones de La Habana se constituyó por integrantes del Gobierno y las farc en septiembre del 2014 con el propósito de incluir las necesidades e intereses de las mujeres y la perspectiva de género, durante su mandato escucho a las víctimas mujeres y lgtb y a las organizaciones sociales. La subcomisión contó con el apoyo de la cooperación internacional, particularmente de onu Mujeres y de los países garantes del proceso. La subcomisión “es la primera subcomisión de su tipo y en general la primera vez que en el marco de unas negociaciones de este carácter se explícita por parte de quienes representan a ambas partes, la necesidad de incluir un enfoque de género en los acuerdos que se logren”. Corporación Humanas. Paz con Mujeres. En: http://www.pazconmujeres.org/pg.php?pa=3&id=241b42f0085dbcfaea1d7ae016141d97&t=La%20Subcomisi%F3n%20de%20G%E9nero%20de%20la%20Mesa%20de%20Negociaciones%20de%20la%20Habana:%20Avances%20y%20expectativas

11 Páginas con contenidos similares pueden encontrarse en http://hispaniae.blogspot.com/2016/08/colombia-gobierno-y-farc-promueven.html; http://nobleza.org/clarinadas-declaracion-de-fidelidad-a-la-ensenanza-de-la-iglesia-sobre-el-matrimonio-como-adherir-31o-aniversario-del-fallecimiento-del-prof-plinio-correa-de-oliveira-evocacion-de-su-figura-e/; https://perezstuartjoseantonio.blogspot.com/2016_09_30_archive.html; http://www.cubdest.org/1606/c1608farcgenero.htm; entre otras.

12 Para mayor información sobre la incorporación de la temática en el acuerdo, revisar Herrera (2019).

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