ANTONIO FONTÁN

Episodios republicanos

Apuntes sobre religión y política en la Segunda República (1931-1936)

EDICIONES RIALP

MADRID

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© 2021 de la edición realizada por EDUARDO FERNÁNDEZ y MARÍA TAPIAS

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ISBN (versión impresa): 978-84-321-5997-8

ISBN (versión digital): 978-84-321-5998-5

ÍNDICE

PORTADA

PORTADA INTERIOR

CRÉDITOS

HISTORIA DE UN MANUSCRITO

NOTA INTRODUCTORIA

EPISODIOS REPUBLICANOS (1931-1936)

I. El final de la monarquía

El GOBIERNO BERENGUER

LAS FUERZAS EN PRESENCIA

PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA UNA SITUACIÓN CRÍTICA

LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA. LOS SUCESOS DE JACA Y CUATRO VIENTOS, Y EL MITIN DE LAS SALESAS

NOTAS COMPLEMENTARIAS

II. Los intelectuales y la izquierda burguesa

LA BATALLA DE LAS IDEAS Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO ESPAÑOL

LOS INTELECTUALES ACATÓLICOS Y LOS ORÍGENES DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

LOS OTROS GRUPOS Y EL ALCANCE DE LA ACCIÓN DE GINER

EL PAPEL DE ORTEGA

INTELECTUALES, PRENSA Y ATENEO

EL SOL Y EL ATENEO DE MADRID

LOS REPUBLICANOS DE ABRIL

NOTAS COMPLEMENTARIAS

III. Socialistas y anarcosindicalistas

UGT Y CNT EN 1930 Y 1931

LAS ASOCIACIONES OBRERAS CATÓLICAS Y EL SINDICATO LIBRE

EL MOVIMIENTO OBRERO ESPAÑOL Y LA INTERNACIONAL

SOCIALISTAS Y ANARQUISTAS FRENTE A FRENTE

LOS SOCIALISTAS ANTE LA III INTERNACIONAL Y LA DICTADURA

LA POLÍTICA ANTIRRELIGIOSA

EL COMUNISMO A LAS PUERTAS

NOTAS COMPLEMENTARIAS

IV. Políticos y organizaciones católicas

MANIFESTACIONES CATÓLICAS DEL REINADO DE ALFONSO XIII

LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL CATOLICISMO TRADICIONAL

EL CATOLICISMO SOCIAL Y LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN CATÓLICA

LAS ORGANIZACIONES ANTIGUAS Y EL LLAMAMIENTO DE PÍO XI: FUNDACIÓN DE LA ACCIÓN CATÓLICA

LA ASOCIACIÓN CATÓLICA NACIONAL DE PROPAGANDISTAS

PROPAGANDA ORAL Y ESCRITA: EL DEBATE Y LA EDITORIAL CATÓLICA

UNIVERSIDAD, CULTURA, ENSEÑANZA

ACCIÓN PROPAGANDÍSTICA SOBRE LA JUVENTUD

LOS CRITERIOS Y LAS OPCIONES POLÍTICAS

ANTE LA REPÚBLICA

LAS FIGURAS DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA

NOTAS COMPLEMENTARIAS

V. Euforia republicana

LOS VENCEDORES DE ABRIL DEL 31 Y LAS ELECCIONES DE JULIO

LA COLABORACIÓN POSIBLE Y LOS COMPROMISOS PREVIOS

PRIMERAS DISPOSICIONES DEL GOBIERNO PROVISIONAL

UN PROBLEMA NUEVO: EL DE LA MAYORÍA RELIGIOSA OPRIMIDA

NOTAS COMPLEMENTARIAS

VI. Incendios de templos y perfil laico

IGLESIAS INCENDIADAS EN VARIAS CIUDADES

LAS SECTAS Y LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA

LAS CORTES CONSTITUYENTES: CONSTITUCIÓN Y LEYES FUNDAMENTALES

NOTAS COMPLEMENTARIAS

VII. Nuevo régimen, nueva derecha

PRIMERAS ADHESIONES Y ACEPTACIÓN GENERAL

POLÍTICA AUTONÓMICA Y ESTATUTOS

REORGANIZACIÓN DE LAS DERECHAS

LA FUNDACIÓN DE ACCIÓN NACIONAL

NOTAS COMPLEMENTARIAS

VIII. Los complementos de la Constitución

LEGISLACIÓN SECULARIZADORA

LA LEY DE CONFESIONES Y CONGREGACIONES: EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA

PASTORALES DE LA JERARQUÍA Y UNA ENCÍCLICA DE PÍO XI

RELACIONES CON ROMA

IX. Nuevas elecciones y bienio populista

LOS PRECEDENTES DE LOS COMICIOS DE NOVIEMBRE DEL 33

CAMBIO DE CLIMA

LAS ELECCIONES DE NOVIEMBRE

RESULTADO DE LAS ELECCIONES

EL CAMINO DE LAS DERECHAS A LA REPÚBLICA

COLABORACIÓN CON LA REPÚBLICA Y CON LOS GOBIERNOS DE CENTRO

HISTORIA POLÍTICA Y REVOLUCIÓN DE OCTUBRE

FIN DE UN ENSAYO

NOTAS COMPLEMENTARIAS

X. El Frente Popular

LAS DIVISIONES DE LOS ESPAÑOLES

LOS ELEMENTOS DEL FRENTE POPULAR

FRENTE NACIONAL: RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE FEBRERO

VIOLENCIA EN LA CALLE

GOBIERNO A LA DERIVA: EL MIEDO AL FASCISMO

LA CONVIVENCIA ROTA

NOTA COMPLEMENTARIA

EPÍLOGO. HACIA LA COALICIÓN NACIONAL DE 1936

LA SITUACIÓN DE 1936

EL EJÉRCITO

LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES

LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA COALICIÓN NACIONAL

HACIA UNA CONVERGENCIA

NOTA COMPLEMENTARIA

AUTOR

HISTORIA DE UN MANUSCRITO

En su día, Antonio Fontán me hizo entrega de un ejemplar de un futuro libro llamado Religión y política en la Segunda República. Era una edición en fotocopia, de trescientas páginas, que en su portada hacía constar «Pro manuscripto 1999». En algún momento posterior hizo referencia a esa obra como algo pendiente de publicar. Pero como se encontraba bien de salud, no le preocupaba el tiempo.

Cuando se recuperó parcialmente de la grave crisis cardiaca de final de octubre de 2009, Fontán había decidido que el tiempo que le quedase de vida lo iba a dedicar a sacar adelante esa y otras publicaciones. Respecto a esta, estando yo acompañándolo algún rato en su casa, entró a verlo Miguel Ángel Jusdado. Al salir este, Fontán comentó que Miguel Ángel había leído el manuscrito y creía que debía publicarse. En aquellos dos meses y medio de enfermedad hablé con personas que conocían su archivo, y me confirmaron que efectivamente existía el proyecto de publicarlo, pero que su autor quizás pensaba que hablar de la Segunda República en aquellos momentos resultaba impropio: no quería que un acto suyo pudiera hacer pensar que las cosas no iban a salir como él había querido.

Fallecido el autor, la Fundación Marqués de Guadalcanal asumió la responsabilidad de mantener viva su memoria, así como de hacer publicar sus obras. Una de ellas era esta. Averiguamos que de aquel manuscrito de 1999 se habían hecho veinte copias, que existía un archivo informático del mismo, así como que se tenía la lista de las personas a las que Fontán había entregado una copia. Para conocer la opinión de estas, en cuyo juicio él evidentemente había confiado al entregarles el manuscrito, escribí a todas ellas. También a dos personas a las que, por estar llamadas a dar una opinión cualificada al respecto, yo les había hecho entrega recientemente de un ejemplar. De varias de ellas se ha recibido respuesta (Andrés Ollero, Mons. Pedro Rodríguez, Ángel Gómez Montoro, rector de la Universidad de Navarra, y Miguel Ángel Jusdado), y todas eran partidarias de publicar la obra, si bien apuntaban la necesidad de solventar unas repeticiones o revisar algunos datos.

Miguel Ángel Jusdado leyó el libro en un viaje a Roma en 2005. El título estaba escrito a mano por el autor y era Episodios Republicanos (1931-1936). Además, me acompañaba una nota manuscrita de Fontán, que decía: «He introducido algunos cambios: cuestión de estilo, y en algún caso de adjetivación. El texto actual está en mi ordenador. Pero difiere muy poco de este: solo detalles». La existencia de una versión posterior, que decía la nota, me llevó a indagar. Gracias a nuestro archivero, Eduardo Fernández, hemos sabido que hay una versión manuscrita; otra, mecanografiada, bastante más extensa que la de 1999; que en marzo de 2007 hubo una cuarta versión (Revisión 4, se llamaba), y finalmente hay una versión de diciembre de 2007. Sobre esta, y atendiendo las sugerencias de los que han leído la versión de 1999, se ha revisado el texto que aquí se trae.

Como puede ver el lector, no es una obra de erudición. Más bien son unas reflexiones y recuerdos de los años de la Segunda República que Fontán vivió intensamente. A raíz de tener que retrasar diez días su primera comunión prevista para el 14 de mayo de 1931, por el incendio del Colegio Villasís perteneciente a la Compañía de Jesús, ocurrido el día 11, y de tener que terminar el curso 1931-32 en otro colegio porque habían expulsado a los jesuitas, sucesos que él mismo ha relatado en otras publicaciones, Fontán llegó a la conclusión de que «la política era algo que había que seguir de cerca, porque te puede afectar muy mucho». Por eso, pese a su corta edad, desde muy joven estuvo al tanto de los acontecimientos. Además, su inquietud religiosa le llevó a estudiar el movimiento católico y su presencia, o no presencia, en la universidad española, como publicó en Los católicos en la Universidad Española actual. Y fruto de todo ese interés, es este libro.

Su autor ha evitado las notas a pie de página y el aparato crítico. Se podrían haber puesto, y de hecho existen en alguna versión anterior; pero el autor no lo quiso así. Y hay que respetar la voluntad de quien quiso podar la obra de tales excrecencias. Sólo se han corregido errores de fecha y erratas, así como algunas repeticiones de hechos narrados.

Esperamos que la obra satisfaga a los lectores, y que ayude a comprender no solo los acontecimientos de aquellas lejanas fechas sino otros muy actuales. Sería un nuevo servicio prestado por Fontán.

ANTONIO FONTÁN MEANA

Presidente de la Fundación Marqués de Guadalcanal

NOTA INTRODUCTORIA

He sido partidario de la publicación de esta obra inédita por varios motivos. En primer lugar, se trata de una intención que Fontán había resuelto llevar a cabo antes de fallecer. Las distintas versiones del manuscrito original prueban su interés por pulir el texto definitivo, no tanto porque contuviera errores de tipo histórico como por cuestiones de estilo. Con ese fin, facilitó la lectura de los sucesivos borradores a amigos y conocidos —personas todas de su confianza— quienes, en su mayor parte, se mostraron favorables a la edición de este trabajo. Las mínimas correcciones que introdujo confirman, además, que sólo circunstancias ajenas al contenido del libro le hicieron desistir de enviarlo a la imprenta. Ignoro en qué consistieron los reparos a los que se alude en el epígrafe “Historia de un manuscrito” (final del segundo párrafo), aunque intuyo que estos pudieran referirse al deseo personal de que la publicación de un ensayo sobre un período especialmente convulso como fue la Segunda República no condujera a malentendidos sobre su obra y pensamiento políticos y, en último término, sobre el buen nombre ganado en amplios sectores de la vida pública española. A tenor del carácter revisionista que las dos últimas legislaturas han evidenciado respecto al quinquenio 1931-1936, es posible que Fontán entreviera que sacar a la luz sus impresiones sobre los años previos a la Guerra Civil podía representar un ajuste de cuentas por su parte. En esta tesitura, no resulta difícil imaginar que su talante conciliador, poco dado a enfrentamientos innecesarios, le desaconsejara huir de toda ocasión que pudiera sembrar discordias.

Su fallecimiento, no obstante, ha transformado en gran medida ese escenario. La recuperación de un trabajo suyo inédito ya no es un asunto atribuible directamente a su persona, sino que podría enmarcarse en los fines específicos de la Fundación Marqués de Guadalcanal. En este sentido, las objeciones que Fontán puso en su momento a la publicación de esta obra pasarían a un segundo plano ante la responsabilidad de la fundación de mantener viva su memoria. Por su temática y su enfoque, quizá Episodios Republicanos ofrezca una imagen de su autor «distinta» de la que él proyectara de sí mismo desde el inicio de la transición democrática hasta el final de su vida. Lejos de representar un inconveniente, pienso que esa hipotética lectura —a mi juicio, errónea, aunque disculpable— constituye un estímulo para tratar de delinear su figura del modo más preciso posible.

Como él mismo señalara en la nota preliminar, en diciembre de 2007, esta obra tenía como finalidad principal «servir de introducción a unos estudios más amplios de historia política y cultural de España en el siglo XX». No era, pues, el resultado de una investigación histórica al uso, fruto del manejo de una serie de fuentes documentales no consultadas hasta entonces. Por más que examinara de manera exhaustiva toda la bibliografía disponible —incluida la más reciente—, tampoco pretendía arrojar nuevas luces sobre el problema religioso durante la Segunda República; si acaso, tan sólo, realizar un estado de la cuestión de dicho tema. De ahí, entre otras razones, la ausencia de un mínimo aparato crítico que fuera más allá de unas simples notas complementarias de carácter explicativo al final de cada capítulo. En consecuencia, el interés historiográfico que Episodios Republicanos puede tener para los especialistas es más bien relativo. Sin embargo, esta aparente falta de atractivo se compensa por la carencia de estudios que aborden las relaciones entre religión y política durante este período desde la perspectiva de aquellos sectores sociales afectados por esta problemática. Estos «apuntes», nacidos del contraste entre las lecturas y los recuerdos personales del propio autor, vendrían a cubrir esa laguna gracias a su valor testimonial que, de manera intrínseca y sin caer en un tono propio de un memorial, está presente a lo largo de todas las páginas.

A la altura de finales de los cincuenta y principios de los sesenta, Antonio Fontán se propuso analizar la actuación de los católicos en la España de la primera mitad de siglo. Estaba convencido de que la clave del caos y del desorden previos a la guerra civil residía en el ambiente intelectual que había inspirado la Segunda República y del que los católicos, por exclusión o voluntad propia según los casos, habían quedado al margen. Ante la posibilidad de que el régimen surgido tras la contienda repitiera los errores del pasado, ignorando de paso la mejor tradición cultural española ligada al catolicismo, pensaba que urgía una labor —por decirlo de algún modo— de «pedagogía histórica». En cierto sentido, ese propósito es el que le había animado a colaborar con las empresas culturales de Rafael Calvo Serer y el que, en este caso, le llevó a pensar en la necesidad de escribir una serie de ensayos que pusieran de relieve este planteamiento. Junto a Florentino Pérez Embid, concibió un proyecto ambicioso, que bautizaron entre ellos con el término de «thesis» y que, con el tiempo, desarrollarían únicamente con maestría profesional y de manera sistemática Gonzalo Redondo y, en menor medida, Vicente Cacho Viu. Los múltiples quehaceres que le tenían ocupado por esas fechas —en concreto, el Instituto de Periodismo y la revista Nuestro Tiempo— hicieron que, por la parte que le cupo, esta tarea se viera condicionada a la escasa disponibilidad de horas libres para poder llevarla a cabo cumplidamente.

Con todo, Episodios Republicanos fue un primer acercamiento a esta cuestión, centrada en una primera etapa hasta la Guerra Civil. Para abordar la segunda, que comprendería el período entre 1939-1962, Antonio Fontán dudó entre adoptar un hilo cronológico o seguir un criterio sistemático, con objeto de dotar al ensayo de una mayor coherencia. Esa disyuntiva acabó decantándole por estudiar esos años a través de la institución universitaria y de las diferentes políticas educativas y culturales articuladas por el régimen. Esa mirada se plasmó en Los católicos en la Universidad española actual (1961). Desconozco los motivos exactos por los que, pese a tener redactada la primera parte de la «thesis», esta finalmente no viese la luz y, sí en cambio, un esbozo de la segunda. Pienso que, como editor, Pérez Embid entendió que una monografía se adecuaba mejor al formato de publicaciones de Rialp —o de la colección «O crece o muere» del Ateneo de Madrid, como le sugiriera a Fontán— que un estudio más amplio y de corte general como eran los «apuntes» sobre la Segunda República. Igualmente, Antonio, en su correspondencia con Pérez Embid, llegó a plantearle sus reparos a que estudios de mayor calado que el suyo, elaborados por especialistas, pusieran en entredicho alguna de sus conclusiones. Quizá por uno y otro motivo, la opción de publicar esta obra quedó postergada.

De todos modos, a falta de que las dos primeras versiones —manuscrita y mecanografiada— lo confirmen, se puede decir que, para 1962, el grueso del texto de la última versión de diciembre 2007 estaba ya ultimado. Entre la documentación conservada en el archivo personal de Fontán, hay una nota en la que, aparte de explicar el proceso de elaboración de Episodios Republicanos, se adjunta un esquema a modo de posible índice. El título propuesto para el libro era el de Los católicos en la crisis de la España contemporánea (1930-1936) y contemplaba las siguientes tres grandes partes: una primera dedicada a la «Decadencia y crisis de un régimen», una segunda centrada en «Los personajes del drama» y la tercera referida a «El drama de la República». En la nota se comenta que la primera parte era la más elaborada, mientras que la segunda y la tercera habían de estudiarse más atentamente, siendo probable que los capítulos sufrieran alguna reordenación. Comparando este índice con una de las copias de la versión de 1999 y con la de diciembre de 2007 se observa, como aspecto más significativo, la supresión de un capítulo inicial, incluido en la primera parte, que llevaba por título «La vida política desde la Restauración». Por otro lado, según lo comentado respecto al capítulo «Hacia la coalición nacional de 1936», se trata en efecto de una adición al texto original. Fontán lo preparó al margen del resto de capítulos para una conferencia, como así fue en realidad. La conferencia fue pronunciada en el Salón de Actos del Museo de Navarra, en Pamplona, el 28 de febrero de 1962 en la clausura de un ciclo de lecciones sobre «Los antecedentes históricos de la España actual». Estoy de acuerdo en que resulta reiterativo y que lo suyo, de incluirse finalmente en la futura publicación, sería que constituyera un epílogo.

JAIME COSGAYA GARCÍA

EPISODIOS REPUBLICANOS (1931-1936)

Estos Apuntes fueron redactados entre los años 1959 y 1962. El último capítulo recoge el texto de una conferencia pronunciada el 28 de febrero de 1962. Se compusieron para servir de introducción a unos estudios más amplios de historia política y cultural de España en el siglo XX, que el autor no tuvo oportunidad de llevar a cabo.

En los más de cuarenta y cinco años transcurridos desde aquellas fechas se han publicado numerosas y valiosas investigaciones y se ha dado a conocer una rica documentación de la época, así como memorias y testimonios personales del mayor interés.

El autor de estos Apuntes conoce y ha leído atentamente una gran parte de esas obras. Pero tanto él como algunos de sus amigos políticos, y otros periodistas y estimables historiadores profesionales, que han visto y prestado atención a estas páginas, han pensado que pueden valer como ensayo de información general y análisis de esos años cruciales de la vida española que concluyeron en el gran drama de la Guerra Civil.

Diciembre, 2007

I

El final de la monarquía

El GOBIERNO BERENGUER

El 26 de enero de 1930 el dictador, general Primo de Rivera, tuvo un gesto extemporáneo. Dos días más tarde se veía obligado a dimitir. No fue el gallardo final que para la dictadura querían algunos de sus colaboradores más próximos, sino algo parecido a la torpeza infantil con que un hombre que ha saltado mil obstáculos y es más poderoso que sus enemigos, acaba cayendo en una trampa tonta tendida por él mismo en un momento de precipitación.

En una de sus largas madrugadas insomnes, el dictador, vencido por la fatiga y la tensión nerviosa de seis años de poder sin tregua ni descanso, redactó una nota oficiosa, que publicaría por la mañana en los periódicos, en la que preguntaba a los jefes del Ejército y de la Armada si seguía contando con la confianza de los cuartos de banderas. La respuesta fría y correcta de una docena de generales sorprendidos, y el estupor del rey, con quien el general no había contado para continuar o dimitir, obligaron a Primo de Rivera a abandonar el poder. Era una cruel ironía del destino coronar con este final, a los sesenta años, una brillante carrera pública. Mes y medio después, el 16 de marzo, el general amanecía muerto repentinamente en un cuarto del Hotel Pont Royal de París, donde había acudido a mediados de febrero a refugiar su amargura.

Pero, con su último error o sin él, los días de la dictadura de Primo estaban contados. El general tenía razón al ver enemigos por todas partes. Los viejos políticos, el activismo sindical, abierto o clandestino, los intelectuales, la banca y la industria, todos estaban contra él. Las ilusiones despertadas en 1923 se habían marchitado en siete años. El ejército estaba dividido, minado por la acción de los grupos políticos y de las sectas y por algunos pleitos profesionales enconados, como el de los artilleros, que Primo de Rivera no había acertado a resolver.

El balance de la dictadura arrojaba, con todo, un saldo materialmente favorable: había liquidado victoriosa y dignamente la guerra de Marruecos; había interrumpido, con seis años de paz pública y de prosperidad, la discontinuidad salpicada de revueltas del primer cuarto de siglo; había fortalecido la hacienda y el poder del Estado; había hecho de España un país transitable con las carreteras del «circuito nacional de firmes especiales» y lo había enriquecido con obras públicas. Pero la dictadura, a su terminación, resultaba un fracaso político. Agotado el apoyo con que en sus primeros años la habían seguido miles, y quizá millones, de españoles, se hallaba sumergida en la esterilidad de los finales de un régimen de excepción que no había sabido volver a la normalidad ni crearse su propia sucesión, mientras, desde fuera de sus estructuras, la asediaban con su enemiga los sectores más dinámicos de la vida nacional. La herencia —damnosa hereditas— era gravosa, porque el sucesor, en virtud de una ley de la historia, no podía contar con los dos recursos de la arbitrariedad y de la fuerza en que se había apoyado durante seis años el honrado patriotismo del general Primo de Rivera. Prueba de ello es que ninguno de los políticos antiguos se adelantaba a recogerla. El rey tuvo que acudir a la lealtad y al espíritu de sacrificio de otro soldado para que en España pudiera haber Gobierno.

Así fue como a los 57 años, sin apenas experiencia personal en la política, con buena fe, y consciente de que era una víctima condenada de antemano, el teniente general Dámaso Berenguer se encargaba de formar el nuevo Ministerio al día siguiente de la dimisión de Primo de Rivera.

El de Berenguer era, necesariamente, un Gabinete puente, con hombres de cierto relieve público y no muy conocidos por intervenciones anteriores —y por eso no desprestigiados—: un Gobierno sin figuras de gran historia política sobre el que la calle, los políticos antiguos y los nuevos revolucionarios ejercerían una presión fortísima. Ceder a ella sin que se destruyera España era el único camino que parecía abierto, si además se quería salvar la Corona gravemente comprometida por la gestión de los últimos tiempos de Primo de Rivera. El dictador había gobernado en nombre del rey, legalmente apoyado en la confianza que este le prestara.

En nombre del rey, en efecto, se había puesto fin a la guerra de Marruecos, había habido paz y se habían construido carreteras. Pero en su nombre también se había mantenido la censura de prensa, se había llegado a disolver el cuerpo de Artillería. Se habían destituido profesores y juntas directivas de colegios profesionales y academias, se había aplicado, en suma, una arbitrariedad asistemática, a veces necesaria para el ejercicio del poder, a veces inútil y casi siempre blanda, suficiente para producir una hostilidad muy extendida en los sectores más sensibles de la vida nacional.

Sobre todo, no se había construido políticamente algo capaz de sostenerse por sí mismo que se apoyase sobre la verdadera realidad del país en los órdenes social, humano e intelectual. Basta considerar esto para advertir la gravedad de la situación. A los hombres de Berenguer les faltaba entonces la perspectiva que hoy posee un historiador para medirla. Pero hay testimonios repetidos y concordes que prueban que no pocos de ellos eran conscientes de que se trataba de la invitación a un sacrificio y que acudían a él sin ilusión, por patriotismo.

LAS FUERZAS EN PRESENCIA

En 1930, con los primeros aires de la libertad que, a golpe de decreto, obedeciendo a sus principios liberales, pero cediendo también al ambiente público, introducía el general Berenguer, se reorganizaron diversos sectores de la vida nacional.

La Gaceta de los primeros días del nuevo Gobierno, aún antes de que este hiciera su declaración ministerial de 18 de febrero, estuvo materialmente inundada de decretos y disposiciones de indulto, amnistía, restablecimiento de organismos, funciones, facultades suspendidas durante la dictadura, etc. Más adelante expondremos la actitud de los anarcosindicalistas que, en mayo volvían a la luz pública después de una clandestinidad de seis años, abrían sus sindicatos, promovían huelgas y fomentaban toda clase de agitaciones revolucionarias en contra del orden social y del Estado.

Los socialistas y la UGT se sentían desligados de los compromisos con la dictadura, y los republicanos del Partido Socialista Obrero Español (Prieto y de los Ríos) daban los primeros pasos para restablecer la coalición republicano-socialista rota en 1919. Los exiliados más notables, como Unamuno, volvían del destierro e iban dotando de cuadros al frente burgués republicano; mientras Ortega y Gasset, desde El Sol, marcaba sus distancias con la monarquía. Basta recordar sus artículos «Organización de la decencia nacional», de 5 de febrero de 1930; «El error Berenguer», de 15 de noviembre de 1930, y «Sobre el poder de la prensa», de 13 de noviembre de 1930, de los que los dos últimos se cierran con una versión ad usum hispanorum del famoso epifonema catoniano: Delenda est monarchia y coeterum censeo delendam esse monarchiam, respectivamente. A esos tan significativos artículos se unió el titulado «Un proyecto», de 6 de diciembre de 1930.

Frente a esos grupos, ¿con qué fuerzas contaba de verdad el Estado? ¿Qué proyectos de gobierno tenían la monarquía y el gabinete Berenguer?

Los antiguos partidos monárquicos estaban en realidad disueltos. Sus equipos dirigentes de notables se reagrupaban una y otra vez de los modos más diversos. La Unión Patriótica de Primo de Rivera apenas dejaba otro rastro que los oradores de la nueva Unión Monárquica Nacional. Surgían actitudes individuales, como la de Sánchez Guerra. Este antiguo líder conservador en el mitin de la Zarzuela el 27 de febrero, sin la más mínima invocación a la reagrupación de los antiguos liberal-conservadores, reconocía el derecho del país a ser, si así lo quería, republicano, mientras entre un jugueteo literario de oratoria al viejo estilo atacaba al rey, dando pretexto a una pequeña revuelta callejera en la que hubo golpes, palos, pedradas y unos mozalbetes que gritaban desaforadamente: «¡Viva la República!».

Alcalá Zamora, antiguo ministro del rey Alfonso XIII por dos veces, se proclamaba republicano en Valencia el 15 de abril desde el Teatro Apolo, pintando la posibilidad teórica de una república católica, conservadora y de derechas. Romanones —con otros— pedía una reforma constitucional y unas Cortes que exigieran responsabilidades políticas. Miguel Maura, hijo del líder de la derecha conservadora española y antiguo escudero de su padre, se ofrecía en San Sebastián, el 20 de febrero, a levantar la bandera republicana, si no había antes otro más dispuesto a hacer el gesto.

Las memorias de Miguel Maura no añadieron ninguna información verdaderamente nueva a la que había antes. El autor cuenta una entrevista de despedida con el rey, celebrada en presencia de su hermano Honorio, a mediados de febrero, pocos días antes de la solemne proclamación de su nuevo republicanismo en San Sebastián. Ossorio y Gallardo se declaraba «monárquico sin rey», desde el Ateneo de Zaragoza, el día 4 de mayo. En el mes de junio, en unas declaraciones a la prensa en París, el liberal Santiago Alba decía que había aconsejado al rey que se convocaran unas Cortes para reformar la Constitución y asegurar que la monarquía siguiera su marcha «a cubierto de la intrusión del poder personal y de dictaduras de cualquier género». El 1 de noviembre, en el Ateneo de Valencia, Ossorio pedía sin más la abdicación del rey y la previa sanción por las Cortes de su sucesor, antes de que este ciñera la corona. A esas numerosas intervenciones personales se podrían sumar otras mil: de Cambó, de Romanones, de Bugallal, de Álvarez, de Burgos Mazo, etc. Es decir, de todos los que en el campo de la política monárquica habían tenido alguna vez un nombre. La única nota común a todas ellas era el revisionismo, unido a la incoherencia. Pero no solo había personas —quot capita tot sententiae—, sino también grupos.

En abril de 1930 se formó la Unión Monárquica Nacional (UMN), principalmente a base de elementos de la Unión Patriótica. En realidad, no ofrecía un programa político nuevo y no abogaba expresamente por la dictadura como forma de gobierno; simplemente quería defender la memoria y la obra del general Primo de Rivera y de sus colaboradores. La UMN desarrolló, entre la primavera y el otoño de 1930, una activa campaña de mítines y actos públicos en diversas provincias. Sus miembros parecían despegarse vagamente de las concepciones liberal-democráticas del viejo sistema de la monarquía, pero sin ofrecer una orientación precisa y definida. El Partido Laborista que proyectaba el exministro de la dictadura Aunós, no llegó a cuajar en realidad. Surgió el pequeño y activo grupo nacionalista de Albiñana, con uniforme y saludo romano, primera organización fascista de España.

Más tarde, en 1931, varios prohombres liberales, algún antiguo reformista, como Álvarez, y otros exconservadores, como Sánchez Guerra, constituían el grupo constitucionalista: propugnadores de la reforma constitucional, defendían la creación de una nueva Carta Fundamental para una hipotética y renovada monarquía. Por fin, en 1931, se intentaba vigorizar la vieja Juventud Maurista, conservadora, y se creaba en Madrid el Centro de Reacción Ciudadana. Poco antes, se fundó el Partido de Centro Constitucional con el duque de Maura, Cambó, Goicoechea, Silió, Ventosa, siendo una especie de alianza de los restos de la derecha conservadora con grupos regionales —de derecha también o de centro— como la Lliga Regionalista Catalana.

Esta floración inútil, vaga y contradictoria de grupos y partidos indicaba la disolución política a que habían llegado las fuerzas conservadoras en las postrimerías del régimen monárquico. Y, sin embargo, contaban con el apoyo de la mayor parte del país, como acabaron demostrando los datos oficiales de las elecciones de abril del 31. Pero se trataba de una asistencia pasiva, desilusionada y tan escasamente organizada como las propias minorías dirigentes.

Todos estos grupos políticos y la mayor parte de las personalidades enunciadas eran católicos, pero flotaban en un ambiente espiritual que separaba cuidadosamente la vida pública de la profesión privada de las creencias. Tal vez porque así lo determinaba su formación intelectual de hombres de principios del siglo XX. Tal vez porque no advertían que los republicanos de la izquierda, los marxistas y los anarcosindicalistas estaban dispuestos a plantear la cuestión religiosa y las de las relaciones con la Iglesia en el caso de que lograran el poder. Tal vez también, porque consideraban —muchos de ellos por lo menos— que pensar en una victoria de los revolucionarios era soñar con fantasías. El propio presidente Berenguer expresaba a su jefe de policía —el general Mola, mucho más realista que él— que en cualquier tipo de elecciones era segura una victoria de la monarquía.

El optimismo del Gobierno se refleja en su decisión de acudir directamente a elecciones legislativas, reiterada en sucesivas notas a la prensa. Por ejemplo, la de 21 de enero y la del 29 del mismo mes. Por otra parte, el general Mola no vacila en atribuir el fracaso del proyecto electoral del Gobierno a las corrientes abstencionistas de elementos monárquicos. Los informes que llegaban al Gobierno permitían prever un resultado electoral favorable a las instituciones monárquicas. Estos datos son los que animaban al general Berenguer a mantener con firmeza el proyecto de convocatoria electoral legislativa.

Algún grupo de católicos activos se conservaba en lo que entonces se podía llamar la primera línea: en el mundo universitario —por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Madrid, y en las organizaciones estudiantiles entre las que poseía cierta fuerza la Federación de Estudiantes Católicos—; algún sector de prensa, con El Debate, La Época, El Siglo Futuro en Madrid, y ciertas provincias de Castilla, en las que predominaban los sindicatos católicos sobre todo agrícolas, y en Navarra, donde compartían con los desmantelados restos del carlismo la adhesión de la población, en los territorios forales de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya (con excepción de la zona industrial próxima a Bilbao) en los que carlistas y nacionalistas vascos hacían cuestión previa de la libertad de la Iglesia y pocos lugares más. En todo el resto del país había grupos y sectores católicos verdaderamente activos, pero alejados por lo general de la máquina política y de los puestos clave de la organización social.

Los carlistas, con algunos periódicos —en Navarra, Cataluña, Madrid— eran un núcleo tenazmente conservador, pero igualmente marginal. En primer lugar, por la escisión dinástica, y, en segundo, por sus frecuentes divisiones, que habían apeado de su grupo incesantemente a gentes diversas, desde Nocedal —en el último cuarto de siglo XIX— a Mella, poco después de la guerra del 14, y prácticamente a Pradera, asambleísta de Primo de Rivera y colaboracionista por lo tanto con el régimen alfonsino establecido.

La situación del Ejército era igualmente contradictoria e indicaba que en su seno se había roto la unidad moral que trajo en 1874 el régimen de Sagunto, que lo sostuvo en 1919, mantuvo la guerra de Marruecos y, por último, había determinado y aún establecido la dictadura de Primo de Rivera.

Mola y Berenguer, en sus Memorias, sostienen repetidas veces que la unidad moral del Ejército no estaba quebrantada. Esto, sin embargo, no parece evidente. Los hombres de Primo (por ejemplo, el general Sanjurjo) eran menos monárquicos desde que cayó su líder: basta recordar la actuación del propio Sanjurjo el 14 de abril. Las guerras de Marruecos, los ascensos y el favoritismo político-militar habían producido muchos disgustos y rencores, que se sumaban al malestar creado por otras cuestiones. El Gobierno de Primo había fijado un alto porcentaje de ascensos por elección, lo cual era una fuente permanente de nuevos descontentos.

Había también no pocos oficiales e incluso generales francmasones; había cómplices y actores de los dos complots militares de 1926 y 1929 contra Primo; estaban los artilleros, ofendidos con el dictador e incluso con el rey por los sucesos de 1926 y la disolución de su cuerpo en 1929; había republicanos, cada día más declarados y activistas, como el general Queipo de Llano y el famoso comandante de Aviación Ramón Franco, y, en fin, se habían formado grupos de acción de carácter revolucionario y aún anarquista, como el que se sublevaría en Jaca en diciembre de 1930, y los colaboradores de aquel capitán de Ingenieros de Barcelona, Alejandro Sancho, al que ha hecho famoso el general Mola contando por menudo sus pensamientos y su actuación en los libros que relatan los quince meses del autor al frente de los Servicios de Seguridad del Ministerio de la Gobernación, bajo los Gobiernos de Berenguer y del almirante Aznar.

El capitán de Ingenieros Alejandro Sancho es mencionado por el general Mola en dos lugares de su libro Lo que yo supe. Parece un idealista, de temperamento activo, sinceramente preocupado por la situación social española y presto a caer en cualquier extremismo revolucionario. Pertenecía probablemente a la misma clase de hombres que otros oficiales del Ejército coetáneos suyos, lanzados a la política con un inicial entusiasmo generoso y desinteresado y sin preparación, que aportarían a la revolución española una corriente romántica y aventurera, en la línea de las conspiraciones militares del siglo XIX. Tales debieron ser el dirigente comunista (luego convertido) Óscar Pérez Solís, Fermín Galán, García Hernández, Sediles y, hasta cierto punto, el excoronel Francisco Maciá.

Para completar el cuadro, examinemos brevemente las ideas y la acción del Gobierno, el programa que, desde el poder, se ofrecía a este pueblo dividido en todos los sentidos de la rosa de los vientos de la vida pública, la acción revolucionaria y el intento de vuelta a la normalidad política por la única vía de los comicios, en su versión frustrada —elecciones para diputados a las Cortes o en la etapa del Gobierno Berenguer— y en su versión final y liquidadora —elecciones municipales o Gabinete Aznar—.

PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA UNA SITUACIÓN CRÍTICA

Como ya se ha dicho, el Gobierno Berenguer no hizo una declaración oficial de programa y de propósitos hasta el 18 de febrero, cuando algunas frases transmitidas por la prensa y los decretos que inundaron La Gaceta en los primeros días del mes habían indicado ya inequívocamente las metas a que aspiraba. La gran palabra del día era la pacificación de los espíritus, y el medio técnico que se empezó a aplicar a su servicio, la amnistía. Afectaba esta a los militares hasta liquidar definitivamente el pleito y las sanciones impuestas a los conspiradores de 1926 y 1929; pero afectaba también a los presos políticos, incluso a los autores de atentados que de algún modo pudieran tener carácter político.

A estos propósitos morales se unían otros mucho más concretos. El Gobierno aspiraba a restablecer el orden jurídico manteniendo la paz pública, mientras se preparaba «la reorganización definitiva de los poderes del Estado». Se constituyeron ayuntamientos y diputaciones de notables hasta que el cuerpo electoral pudiera establecer la definitiva composición a estas corporaciones. Era también idea del Gobierno Berenguer restablecer la libertad de prensa y la plena vigencia de la Constitución del 76, con sus dos Cámaras y el libre juego de unas instituciones, cuyas deficiencias de funcionamiento o de adaptación a la realidad nacional habían determinado la dictadura en 1923.

Es interesante considerar las dos perspectivas partidistas y erróneas desde las que se ha tendido a juzgar en la literatura política española la etapa de Berenguer. Unos, los partidarios incondicionales del general Primo de Rivera, solo ven en el Gobierno Berenguer un propósito deliberado de hacer «borrón y cuenta nueva» y destruir la obra de la dictadura. Otros, los panegiristas de la izquierda, consideran que se trata de un periodo de reacción enmascarada, tras cuyos actos hay que ver el espíritu absolutista del monarca o la pasión de poder de los militares, que no querían, en modo alguno, soltar los timones gubernamentales. En realidad, en el planteamiento del Gobierno Berenguer y en su gestión política hay un mayor espíritu de continuidad del que los primeros creen, y un más sincero propósito de «restablecer la legalidad» de lo que opinan los segundos.

El teniente general Dámaso Berenguer y Fusté era un militar de carrera brillante que había hecho las campañas de Cuba y Filipinas y la de Marruecos y había alcanzado el empleo máximo de teniente general antes de los cincuenta años. Después de un complejo proceso por las eventuales responsabilidades en un desastre ocurrido en África bajo su mando, Berenguer fue declarado exento de culpa y honrado con el título nobiliario de conde de Xauen, precisamente en los tiempos del general Primo de Rivera. Después había desempeñado la Jefatura de la Casa Militar del Rey, sin intervenir en la política. Una vez, antes de la dictadura, en 1918, había sido —por pocos meses— ministro de la Guerra en un Gobierno liberal de concentración. Pero hombre de familia y educación castrense —tenía otros dos hermanos generales— había sido considerado siempre como un militar apolítico. Su nombre fue uno de los tres que el propio Primo de Rivera ofreció al rey como posible jefe de Gobierno para sucederle en aquel nervioso día 28 de enero, fecha de su dimisión.

Berenguer, ciertamente, no quiso acceder a la petición de Primo de que quedaran en el Gobierno algunos de sus ministros técnicos —Economía, Fomento, Trabajo—, pero en el ambiente de la crisis esto probablemente era un imposible. En cambio, escogió otros de la lista de posibles ministros que Primo le había entregado al rey: el duque de Alba, Argüelles, Matos.

Los nuevos ministros eran, en su mayoría, conservadores u hombres sin partido. Entre los primeros estaban Estrada, Matos, Montes Jovellar (ministro desde noviembre y antes subsecretario de Gobernación), Argüelles y algunos otros. Entre los segundos, el duque de Alba y los militares Tormo y Waiss.

El nuevo Gobierno de 1930 se proponía sencillamente algo de lo que siempre había hablado Primo de Rivera: «Volver a la normalidad». Solo que intentaba hacerlo por la vía de la vieja Constitución, suspendida en 1923, en vez de soñar con producir otra nueva, como —inútilmente— había intentado el dictador. El hecho de que el conde de Xauen no lograra el restablecimiento de la normalidad ansiada por todos los políticos se debió, quizá en parte, a ciertas lenidades en la gestión del Gobierno, pero fundamentalmente a que esta normalidad era un sistema que había agotado su vigencia ya antes de 1923, incapaz de despertar ilusión en los sectores más dinámicos de la sociedad. También era consecuencia de que los demonios de la pasión andaban ya sueltos por el cuerpo de España, prontos a estallar en cuanto desaparecieran las coacciones del gobierno autoritario y de la censura, levantada por Berenguer en septiembre, y se restablecieran de algún modo las libertades públicas de asociación y de palabra.

Los antiguos políticos se hallaban divididos y desorientados en la forma que hemos repasado brevemente. Frente a la agitación revolucionaria de republicanos, socialistas y sindicalistas, que pronto formaron un único frente antimonárquico, los partidarios de la Corona se hallaban infinitamente troceados en grupos, camarillas y personalidades sueltas. Muchos de ellos emprendieron una carrera demagógica de ataques a la dictadura que el Gobierno habría querido evitar a toda costa. Pero, en definitiva, el proyecto de Berenguer era casi lo único posible entonces para intentar sostener la paz pública y la monarquía. La otra solución alternativa hubiera sido una nueva dictadura, o un régimen antidemocrático, que ningún grupo político y ningún sector social estaba entonces dispuesto a aceptar en España.

Una prueba de ello es lo ocurrido con el proyecto de convocatoria de elecciones a diputados a Cortes. Su fracaso determinó la caída del Gobierno Berenguer, en febrero de 1931. El proceso de anuncios de abstención que determinaron su abandono fue el siguiente: primero los republicano-socialistas, unidos ya definitivamente desde agosto, anunciaron su abstención, después los sindicalistas, más tarde los monárquicos llamados constitucionalistas, un grupo procedente de todos los partidos antiguos que propugnaba unas nuevas Cortes constituyentes y nada más, y, por último, los desmantelados restos del partido liberal —el conde de Romanones y García Prieto—. O sea, precisamente las fracciones que tenían algunas posibilidades de salir beneficiadas del resultado electoral. Estas abstenciones hacían técnicamente imposible la celebración de los comicios, ya que, retirados los partidos, no era concebible la presentación de personalidades sueltas. Berenguer, en sus Memorias, ha publicado las conclusiones a las que llegó el Ministerio de la Gobernación en sus sondeos electorales.

Esta tarea, propiamente política, fue encomendada al subsecretario de Gobernación, Montes Jovellar, luego ministro de Justicia. Berenguer elogia este trabajo y es el único que publicó los datos. Las cifras no han sido desmentidas por nadie: anunciaban que solo en ocho distritos, de un total de casi cuatrocientos, aparecía como previsible la victoria de un candidato republicano-socialista, mientras que parecía seguro que podría triunfar un centenar de conservadores.

Una vez que se decidió prescindir de la convocatoria de Cortes ordinarias, Berenguer dimitió para dar paso a un Gobierno de concentración, calificado de pintoresco por uno de sus miembros, el duque de Maura, tejido por la mente inquieta del conde de Romanones, al frente del cual se colocó a un anciano almirante, descendido de improviso sobre la presidencia, procedente —como se ha dicho— «políticamente de la luna y geográficamente de Cartagena». Este Gobierno anunció las elecciones municipales: un panorama completamente distinto del que planteaban las legislativas, con las que solo tenían de común la desorganización y las rivalidades mutuas que distinguían a los monárquicos de entonces.

LA ACCIÓN REVOLUCIONARIA. LOS SUCESOS DE JACA Y CUATRO VIENTOS, Y EL MITIN DE LAS SALESAS

Las palabras habían comenzado con el discurso de Sánchez Guerra en la Zarzuela, y, antes aún, con el de un ateneísta poco conocido del público general, antiguo reformista de Álvarez, Manuel Azaña, que invitaba a todos los republicanos a unirse en la fraternidad del fanatismo. Estas fueron las palabras que pronunció el futuro presidente del Consejo y de la República en un banquete del 11 de febrero, conmemorativo del día de la implantación de la Primera República española del 73: es decir, del día en que, al marcharse Amadeo de Saboya, los revolucionarios no encontraron a quién poner en su lugar y decidieron establecer la Primera y efímera República de los once meses, o casi dos años, si se cuenta la llamada «república ducal» que presidió el general Serrano.

Había un proyecto, inconcreto, de república burguesa, repetido por Alcalá Zamora, republicano nuevo, y por Lerroux, que parecía ser como una monarquía constitucional, pero sin rey. Otro más radical que personificaban, por un lado, Azaña y, por otro, la tertulia de amigos que ostentaba el pomposo nombre afrancesado de partido radical-socialista, que añadía expresamente la separación de la Iglesia y del Estado, la laicización de la enseñanza y la reducción de la religión y de la Iglesia a la intimidad de los asuntos privados, sin relación con la vida pública y social.

Había otro, el de los socialistas, un partido que ahora se volvía a presentar como claramente republicano, igual que en los días de Pablo Iglesias hasta 1919. Estos eran también extremistas en cuestiones religiosas, y demagógicos en sus proclamaciones sociales. Pero había, sobre todo, una acción revolucionaria en la calle y en los secreteos de una serie ininterrumpida de conspiraciones diversas que atentaban contra el orden social, las instituciones políticas y la disciplina militar.

Los promotores de todos estos proyectos estuvieron presentes en la reunión que dio lugar al famoso Pacto de San Sebastián. El 17 de agosto de 1930 se juntaron en la casa del republicano donostiarra Fernando Sasiain entre quince y veinte personas que representaban oficialmente a los partidos republicanos y a los catalanistas de izquierda. Había acudido también como observador el líder socialista Indalecio Prieto y, a título personal, otras conocidas figuras del republicanismo español, como Eduardo Ortega y Gasset y Felipe Sánchez Román.

En nombre de sus partidos o grupos políticos estaban allí también los jefes de los republicanos radicales y del grupo de Azaña, momentáneamente unidos en la llamada Alianza Republicana desde febrero de 1926; los radical-socialistas; la Federación Republicana Gallega de Casares Quiroga; varios grupos catalanistas de izquierda de los que después, más o menos permanentemente, se reunirían en la Esquerra (Acción Catalana, Acción Republicana de Cataluña, Estat Catalá); la derecha liberal republicana de Alcalá y Maura, y una vaga e imprecisa entidad provisional, que tenía larga historia pero que entonces no era nada y se llamaba Partido Republicano Federal. El socialista Prieto acudió como observador, porque su partido aún no había ratificado oficialmente su adhesión a la naciente coalición.

De la reunión de San Sebastián no se levantó acta y no constan oficialmente sus acuerdos. Se sabe de ella lo que hizo público Prieto en una nota oficiosa, lo que han contado otros protagonistas —como Lerroux, Alcalá y Maura en sus libros sobre aquellos años— y la cuestión previa planteada por los catalanistas, que estos mismos se encargaron de divulgar. Los elementos catalanistas, para asegurar el cumplimiento de este punto de las conversaciones de San Sebastián, difundieron una relación de los acuerdos. Al iniciarse en las Cortes constituyentes republicanas de 1931 la discusión del Estatuto de Cataluña, Miguel Maura dijo, el 6 de mayo de 1932, que el problema había de resolverse en la línea del Pacto de San Sebastián.

Se acordó, por supuesto, ir unidos hacia la república, recabar la colaboración masiva y oficial de los socialistas y sindicalistas, y nombrar un comité de acción; establecer la autonomía regional de Cataluña, que había de plasmarse en un Estatuto o Constitución autónoma, ratificado en su día por las Cortes constituyentes «en la parte referente a la vida de relación entre regiones autónomas y el poder central», e instaurar un régimen de libertad religiosa «con respeto y consagración de los derechos individuales». La fórmula de «respeto y consagración de los derechos individuales» fue recogida literalmente en el Estatuto provisional de la república.

La única meta común era la república. La autonomía de Cataluña contaba con la oposición o el freno de los radicales y de los socialistas. La cuestión religiosa, con el de la derecha liberal, que había exigido que se incluyera bajo la forma de libertad religiosa y la consagración de los derechos individuales, con intención de evitar el enfrentamiento con la Iglesia al que estaban dispuestos a lanzarse otros grupos. La autonomía catalana se realizaría después —en la república— en forma minimalista, para las aspiraciones de los elementos más intransigentes o radicales de la región. La cuestión religiosa vería pronto desbordada la fórmula de compromiso, en cuanto la experiencia demostrara que Alcalá y Maura no lograban obtener un apoyo masivo de los católicos, y que se podía prescindir de unos escrúpulos que estos hombres tampoco estaban dispuestos a permitir que rompieran la colaboración republicana.

La acción en la calle comprendía pequeñas algaradas con ocasión de los actos públicos de carácter político. Así, por ejemplo, las promovidas en Madrid a raíz del discurso de Sánchez Guerra en la Zarzuela, y las que en Galicia acompañaron a los mítines de propaganda y defensa de la dictadura de los dirigentes de la Unión Monárquica Nacional. Había también revueltas estudiantiles, y manifestaciones de agitación social de los sectores sindicales obreros.

Los estudiantes de la Federación Universitaria Escolar (FUE), excitados por los profesores repuestos en sus cátedras —Jiménez de Asúa, socialista; Roces, comunista; Unamuno, unamunista—, por otros que no se habían separado de ellas nunca —Negrín, socialista, etc.— y por sus propios dirigentes, relacionados con los partidos y grupos revolucionarios, promovían principalmente en Madrid toda clase de desórdenes. Los hubo en marzo de 1930, con ocasión de la vuelta del destierro de Antoni Maria Sbert, un estudiante revolucionario que había escapado de la detención por la vía del exilio, y el 1 de mayo, a la llegada a Madrid, también desde el destierro, de Unamuno (un muerto y diecisiete heridos en unos tiroteos). Los incidentes universitarios culminaron el 24 de marzo de 1931 con un enfrentamiento a tiros entre los estudiantes y la fuerza pública en la Facultad de Medicina de San Carlos: murieron un guardia civil y un paisano —no estudiante—, y hubo otros diecisiete heridos.

Las huelgas, totales o parciales, fueron constantes desde febrero de 1930, principalmente en Barcelona, en Zaragoza, en la zona industrial del norte y en algunas comarcas campesinas extremeñas. Había varios grupos o centros promotores de estos disturbios sociales. Por una parte, los anarcosindicalistas, en periodo de reorganización y deseosos de restablecer la vigencia de la antigua mística de la huelga general; por otra, los primeros núcleos comunistas, en Andalucía y Cataluña (en Barcelona principalmente trotskistas), y también los socialistas de la UGT, que iniciaron su acción con una huelga declarada con ocasión del hundimiento fortuito de una casa en construcción en la calle Alonso Cano de Madrid y con ocasión también del entierro de las víctimas.

La conspiración militar no era muy extensa entre el cuerpo de oficiales. Tuvo dos brotes violentos el 12 y 15 de diciembre en Jaca y en Cuatro Vientos, el aeródromo militar próximo a Madrid. El primero de estos fue promovido por el capitán Fermín Galán, hombre de brillantes actuaciones en Marruecos y de cierto prestigio personal y militar, cuya actividad conspiradora era conocida por la policía y el Gobierno. Galán era un espíritu soñador y ambicioso, que pensaba que adelantándose se convertiría en el líder único de la revolución próxima a triunfar. Hubo varios muertos y dos consejos de guerra: el primero, sumarísimo, condenó a muerte a los dos capitanes, Galán y García Hernández, que fueron inmediatamente ejecutados. La revuelta de Cuatro Vientos fue más bien un episodio cómico, en el que los sublevados se entregaron sin dificultad: el principal de ellos, el comandante Ramón Franco, logró escapar al extranjero.

Las dos revueltas formaban parte de un mal hilvanado plan de acción conjunto, trazado o aceptado por los directivos de la coalición republicano-socialista, constituidos en Comité revolucionario, con unos cuantos enlaces militares y los representantes de las entidades sindicales. Se debía actuar simultáneamente por medio de la acción militar y la política, y con el apoyo de una huelga general en toda España que respaldara el movimiento. La organización era deficiente, los enlaces, algunos —al parecer— tuvieron miedo, como se dijo de Casares Quiroga, que debía llevar a Jaca la orden de que se aplazaba el movimiento y no lo hizo. Pero, sobre todo, el país no estaba preparado para secundarlos. Las octavillas llenas de amenazas que unos aviones de Cuatro Vientos regaron por las calles de Madrid el día 15 de diciembre, anunciando la inminencia de un bombardeo si no se entregaban los cuarteles, fueron acogidas con indiferencia por la población, en la que ninguno de los grandes sindicatos consiguió hacer cuajar la idea de la huelga general.

Pero la conspiración, si no enérgica y resuelta, era por lo menos tenaz. A ella se sumó la acción de los grupos catalanistas radicales, encabezados por el antiguo coronel, Francisco Maciá, que prometía a sus paisanos el establecimiento del Estat Catalá, y las explícitas declaraciones, referidas en otro lugar de este libro, de los intelectuales al servicio de la República.

Por su parte, los miembros del Comité revolucionario se reunían tratando de establecer un programa común, lanzaban manifiestos —especialidad del veterano periodista y fogoso orador Alejandro Lerroux— y acabaron por ser parcialmente encarcelados con motivo de su participación en los mencionados sucesos de diciembre.

A la caída del Gobierno Berenguer se intentaron dos posibilidades, entre varias más: una, el pacto con los revolucionarios —frustrado intento de Sánchez Guerra—; otra, que fue la que prosperó: el Gobierno de concentración nacional, patriótico, medio reformista y medio inútil, pretendido por Romanones para convocar algún tipo de elecciones, aunque fueran municipales.

La convocatoria de estas continuó con la vista pública del proceso contra los miembros encarcelados del Comité revolucionario. Esta se celebraría en los locales del Tribunal Supremo —las Salesas— y tendría lugar ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, presidido por el general Burguete, cuyas simpatías por la causa de los políticos acusados no se ocultaban a nadie. El acto fue calificado por un conocido periodista de ideas afines a los revolucionarios, Roberto Castrovido, con el nombre que hizo fortuna de «el mitin republicano de las Salesas». En este acto, con la abierta complacencia del presidente del Tribunal, general Burguete, los abogados defensores y los propios acusados dejaron repetidamente al margen la cuestión central de la participación en la preparación de un movimiento revolucionario, del que eran simples eslabones las rebeliones de Jaca y Cuatro Vientos, para hacer una verdadera y violenta acusación contra la monarquía, contra el Gobierno y en defensa de cualquier intento revolucionario.

Todos los periódicos de España, y a la cabeza de ellos los de mayor circulación, dedicaron día a día amplios espacios a proyectar el eco de tales manifestaciones sobre la opinión nacional, y a crear la imagen subconsciente de lo inevitable que se avecinaba. Condenados a penas livianas —la mayor, de seis meses—, a las que además alcanzaba una cláusula de indulto, los revolucionarios fueron enseguida puestos en libertad.

Inmediatamente después, se produjeron los sucesos de la Facultad de Medicina de San Carlos, antes mencionados. Enseguida —convocadas ya para el 12 de abril las elecciones municipales en toda España—, el país se inundó de un mar de propaganda electoral. Los republicano-socialistas presentaron, principalmente en las capitales de provincias, candidaturas únicas. Los monárquicos mantuvieron sus divisiones en muchos lugares hasta un momento en que el acuerdo no conducía ya a nada práctico. Los resultados de las elecciones municipales fueron considerados como adversos al régimen: en 35 de las 50 capitales de provincias, los nuevos ayuntamientos tenían mayoría republicana; en el conjunto del país, las elecciones proclamaban 8 161 concejales monárquicos y 3 858 antimonárquicos. Sumados a estos los proclamados automáticamente, en virtud del artículo 29 de la Constitución, las cifras eran 22 150 concejales monárquicos y 5 875 antimonárquicos. Pero las mayores capitales de provincia, principalmente Madrid y Barcelona, donde la victoria de la coalición revolucionaria había sido evidente, dictaron las consecuencias políticas de las elecciones del día 12.

Era domingo. El martes por la tarde el rey salía de España, mientras los miembros del Comité revolucionario elevados por sí mismos a la condición de Gobierno, recogían un poder que la pasividad y el pesimismo de la mayor parte de los grupos y personalidades monárquicas habían abandonado en medio de la calle. Madrid se vestía de fiesta y de bullanga, así como las principales ciudades del país. Quedaba proclamada, siquiera fuese de modo provisional, la Segunda República española. El intento de restablecimiento de la normalidad había concluido con el triunfo de la república.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

La bibliografía sobre la dictadura es muy extensa. Durante largo tiempo estuvo principalmente integrada por la literatura de testimonio: los colaboradores del régimen fueron, después, poco a poco, explicando su actuación (Calvo Sotelo, Aunós, Guadalhorce) en libros, artículos y conferencias. Los hombres políticos de la oposición publicaron también sus pliegos de cargos o actas de acusación. La literatura política española de 1930 es extraordinariamente numerosa, como suele ocurrir en los momentos de crisis y en las transiciones. Los libros serios y los objetivos trabajos históricos no lo son tanto a pesar del tiempo transcurrido. Una crítica a la Dictadura, hecha entonces desde la perspectiva del antiguo régimen, pero relativamente moderada en medio de aquella barahúnda de escritos polémicos, fue la obra de GABRIEL MAURA Y GAMAZO, Bosquejo histórico de la Dictadura. 2 vols. Madrid, 1930, 377 y 344 págs. Un balance provisional (1928), pero altamente estimativo de la obra de Primo de Rivera, era el libro de JOSÉ PEMARTÍN, Los valores históricos de la dictadura. Madrid (656 pág.).

Los protagonistas de la política española en los años 30 y 31 (de la Dictadura a la República) también han escrito, en gran número, sus recuerdos de aquellos días (Berenguer, Cierva, Gabriel y Miguel Maura, Mola, Lerroux, Alcalá Zamora, etc.). Mención especial, por la calidad de los testimonios y el intento de objetividad que los inspira merecen DÁMASO BERENGUER, De la Dictadura a la República. Madrid, 1946, 417 págs. y JUAN DE LA CIERVA Y PEÑAFIEL. Notas de mi vida. 2.ª ed. Madrid 1955. 381 págs. Este último libro dedica su Quinta Parte (desde la pág. 293) a los años de la Dictadura y de los Gobiernos Berenguer y Aznar.

José María Albiñana Sanz aparece en la política española en abril de 1930 con un manifiesto-programa de carácter nacionalista y patriótico, en el que propugna la creación de los legionarios de España, un voluntariado ciudadano que no sería partido y se proponía la «conquista del poder público para el desarrollo total de este programa». «Combate la antigua distinción política entre izquierdas y derechas que se propone superar en la síntesis del nacionalismo español, al servicio exclusivo de España». (Cf. Doctor JOSÉ MARÍA AALVIÑANA SANZ, Los cuervos sobre la tumba. 5.ª ed., Madrid [la 1.ª edición era de 1930]). Desterrado por la República en las Hurdes publicó su Confinado en las Hurdes (Madrid, 1933, 366 págs.) que conoció un gran éxito de público. Su partido nacionalista español perdió fuerza en los últimos años de la república. Albiñana murió asesinado en Madrid en 1936.

Eduardo Ortega y Gasset, hermano del ilustre filósofo José, iba a militar en los primeros tiempos de la república en el partido radical-socialista, del que resultaba una de las figuras más representativas. Después de disuelto este grupo pasaría a la coalición azañista de Izquierda Republicana. Era hijo de un notable periodista, Ortega y Munilla, director durante muchos años de El Imparcial, el diario más importante de Madrid a final de siglo y a principios del XX (existe una notable historia del periódico escrita por otro de los hermanos, el ingeniero Manuel: Historia de El Imparcial, Madrid, 1956). Desterrado voluntariamente durante la Dictadura de Primo de Rivera, era el redactor de las Hojas Libres, especie de periódico de oposición republicana y antidictatorial, editado en Francia, con irregular frecuencia, y repartido clandestinamente en España. Las Hojas Libres se caracterizaban por la violencia de lenguaje y los improperios contra la Dictadura y contra la persona del rey. Eduardo Ortega iba a ser el primer gobernador civil republicano de Madrid. Durante los años 31 y siguientes, los periódicos de la derecha, habitualmente respetuosos con el filósofo Ortega, llamaban a Eduardo «Ortega el malo».

ALEJANDRO LERROUX: La pequeña Historia, España (1930- 1936). Ediciones Cimara, Buenos Aires, 1945. NICETO ALCALÁ ZAMORA: Los defectos de la Constitución de 1931. Madrid, 1936; y Régimen político de convivencia en España. Lo que no debe ser y lo que debe ser. Buenos Aires, 1945.

Felipe Sánchez Román era profesor de Derecho Civil en Madrid y uno de los abogados de más pingüe bufete de la capital. Hijo de otro catedrático y civilista notable del mismo nombre, tenía buena amistad con Indalecio Prieto, e iba a ser en 1936 uno de los principales negociadores —con Azaña y Martínez Barrio— del Frente Popular. Fue uno de los redactores del Manifiesto electoral del 15 de enero de 1936, pero en esa misma fecha se retiró del Comité organizador del Frente. Era entonces el jefe de un pequeño partido de los que pulularon con tanta frecuencia y tan escasa duración en tiempos de la república, llamado nacional republicano. En la Guerra Civil, igual que Eduardo Ortega, actuó decididamente en el lado republicano, y desde entonces vivió en el exilio.

II

Los intelectuales y la izquierda burguesa

LA BATALLA DE LAS IDEAS Y EL PROCESO REVOLUCIONARIO ESPAÑOL

Cuando triunfó la revolución de 1868, Federico Amiel, el filósofo suizo, escribió a Sanz del Río una carta que se podría considerar histórica. Anuncia de antemano el gran drama que se iba a desarrollar en España en los sesenta y ocho años que separarían la Gloriosa de septiembre de 1868 y la Guerra Civil de 1936. Tras felicitar al filósofo krausista por la victoria revolucionaria, le advierte que los triunfos de los hombres del 68 serán efímeros e intrascendentes si no aciertan a «revolucionar las conciencias de los españoles, emancipándoles en materia religiosa», según Rodolfo Llopís. El sentido católico que había inspirado la historia de España y dominaba todavía la vida del país incapacitaba a los españoles —según Amiel— para todo progreso auténtico.

Poco más de sesenta años después, en abril de 1931, se proclamaba la Segunda República española. Pese a las declaraciones verbales de catolicismo de alguno de sus líderes, como el pronunciado por Alcalá Zamora en el famoso mitin del Teatro Apolo de Valencia. Aquella república iba a representar en la historia de España un serio intento, desde el poder, para descatolizar al país. Aunque la publicación del texto completo del discurso de Alcalá no fue autorizada por la censura de prensa entonces todavía vigente, se conocieron fácilmente amplios extractos. La república de 1931 sería llamada, igual que la del 73, una «república de profesores».

Todavía en 1931, cuando las Cortes constituyentes de la república discutían las leyes antirreligiosas, Azaña, al defenderlas, se vio obligado a reconocer que tal vez la mayoría de los españoles aún era católica. Pero, añadía que lo que define a un pueblo en los órdenes intelectual y religioso no es la suma aritmética de las opiniones individuales, sino «el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura». Y «desde el siglo pasado el catolicismo ha dejado de ser la expresión y el guía del pensamiento español».

Las palabras del entonces ministro de la Guerra, y después presidente, Azaña, no eran exactas. El pensamiento y la cultura de los católicos españoles habían seguido y seguían produciendo muy notables frutos en el último tercio del siglo XIX y en el primero del XX. Pero, a más de sesenta años de la carta de Amiel, las afirmaciones de Azaña evocaban la batalla que en España se había librado en ese siglo. Lo que en todo ese tiempo se disputaba no era sólo el poder, o las formas de gobierno, la representación política o la organización social. El objetivo que se dedicaban a perseguir importantes fuerzas políticamente republicanas y los revolucionarios era la conciencia de los españoles.

Una parte principal de esta batalla tuvo lugar en el orden de las ideas. Sus escenarios fueron tres: el pensamiento y la ciencia, la educación —sobre todo la Universidad— y, en tercer lugar, la literatura y los periódicos. Luego, además, estaba la política. Pero la acción que en septiembre de 1868 había estallado por la vía de la política, después de la Restauración iba a ser trasladada en su corriente más profunda y más eficiente al campo de la cultura. Esta sería la obra de Francisco Giner de los Ríos. Después, desde la cultura, retornaría para dar otra vez sus frutos también en la política.

La revolución del 68, que interrumpe provisionalmente la secular monarquía española, es muy importante porque abre un paréntesis de seis años de inestabilidad —y en ocasiones anárquicos—, en los que cobrarían cuerpo, las principales corrientes revolucionarias y renovadoras. Pero, sobre todo, porque es fruto de la coalición de los intelectuales acatólicos, del republicanismo antidinástico y de la acción de unas primeras masas urbanas, a las que todavía sería prematuro llamar proletariado.

Pacificada España y restablecido el Estado desde el golpe de Sagunto en diciembre de 1874, cada una de las tres corrientes iba a seguir un rumbo propio. Sus contactos ocasionales o más permanentes, sus alianzas y sus divergencias, la lucha misma que entre ellas en algunos momentos se establece, o la que se abre en el seno de los movimientos obreros revolucionarios, por ejemplo, constituyen una historia muy larga para ser contada aquí con toda suerte de detalles. Baste recordar que, a la caída de Primo de Rivera, España se encontró con que se había restablecido la alianza de 1868; y las tres corrientes que la integraban (intelectuales secularizadores, republicanos burgueses y masas obreras de las ciudades) eran más vigorosas y se hallaban más extendidas que nunca. Y también, como en el 68, ocurría que una buena parte del Ejército les prestaba la colaboración, si no de su participación como entonces, sí, por lo menos, la muy eficaz de una neutralidad callada y expectante. En definitiva, fue el Ejército —el mismo que en 1917 hizo fracasar con su actitud el movimiento revolucionario— el que con su aceptación silenciosa hizo posible el año 31 la proclamación de la república.

LOS INTELECTUALES ACATÓLICOS Y LOS ORÍGENES DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA

Hasta bien entrado el siglo XX no se había introducido aún en castellano este término de intelectuales que, tomado del francés, iba a cobrar en la lengua y en la historia de España un valor tan expresivo y tan polémico. Menéndez Pelayo lo emplea una sola vez como sustantivo envolviéndolo en el ropaje retórico de una captatio benevolentiae, figura de estilo que a cualquier estudioso del lenguaje le revela siempre un neologismo. En el discurso de contestación a Adolfo Bonilla en su ingreso en la Academia de la Historia, en 1911, Marcelino Menéndez Pelayo, no sin ironía, dice que Bonilla es un humanista no un intelectual de los que hoy se estilan. Antes se hablaba, sencillamente, de profesores, escritores, oradores o publicistas.

Figuras no católicas o heterodoxas de esta especie ha habido siempre entre los españoles. A su historia consagró el joven Menéndez Pelayo la primera de sus grandes obras sistemáticas. El fenómeno nuevo que España presencia en la segunda mitad del siglo XIX, es que estos profesores y escritores acatólicos aparecen en mayor número, más o menos estrechamente unidos, pero en una empresa colectiva, y ocupando en la vida cultural puestos de trascendencia sobre los asuntos generales de la política y de la sociedad española. No es este el lugar para historiar todo el proceso desde Sanz del Río y los krausistas. Baste citarlo como antecedente que permita exponer de manera sumaria y ordenada la situación en los tiempos que preceden inmediatamente a la Segunda República española.

El krausismo de Sanz del Río había muerto prácticamente por sí mismo con lo que podríamos llamar segunda promoción de sus discípulos: con Salmerón fallecido en Francia en 1903, González Serrano que murió en 1904, Federico de Castro, etc. En los que sobrevivieron a estas fechas o hicieron una obra más duradera, como Giner y Cossío, el krausismo no era tanto un sistema filosófico cerrado, aceptado con fidelidad religiosa, como el punto de partida de una acción pedagógica, cultural y política, que tenía una meta extrafilosófica y concreta.

La obra de Francisco Giner de los Ríos, muerto en 1915, fue la Institución Libre de Enseñanza. Había sido fundada en 1876 por él y por otros profesores privados de sus cátedras como consecuencia de su enfrentamiento con las disposiciones del ministro Orovio, que exigió a los profesores universitarios el compromiso de respetar en sus enseñanzas el dogma católico y las instituciones políticas vigentes.

El propio Giner había recibido en su infancia y primera juventud andaluzas una educación cristiana, y durante años, aun siendo ya profesor de Madrid en 1866, se consideró católico hasta romper formalmente con la Iglesia al ser proclamado en el Concilio Vaticano el dogma de la infalibilidad del papa. Después, como dice uno de sus panegiristas más fieles, fue «una especie de cristiano sin misterios ni Iglesia». (Castillejo, War of ideas in Spain, Londres, 1937, pág. 92).

La Institución fue pensada inicialmente como una universidad libre al estilo anglosajón. Pronto, la carencia de profesores adecuados y de medios económicos hizo desistir de este proyecto a los fundadores. Desde entonces fue una escuela elemental y media, en donde Giner y sus colaboradores aplicaban un sistema pedagógico nuevo en España —de tipo socrático— original en algunos aspectos y fuertemente impregnado de los modos de las escuelas inglesas. Giner fue reintegrado a su cátedra de la Facultad madrileña de Derecho en 1881 por el Gobierno de Sagasta. A partir de entonces desarrolló una labor de más alcance: desde la Institución, que al mismo tiempo que escuela era un hogar permanente para el contacto del maestro con grupos de iniciados, y desde sus conferencias en el doctorado de la Facultad de Derecho y sus escritos en revistas intelectuales, como el propio Boletín de la institución, y aún políticas (también publicó en la Revista Blanca, anarquista, de Federico Urales); y además como mentor de muchos ministros de Fomento (desde 1902 de Instrucción Pública), sobre todo en los periodos de Gobiernos liberales.

Los trabajos filosóficos y científicos de Giner le sitúan en una posición ecléctica, en la que se advierten rasgos —siempre conservados— de fidelidad al idealismo armónico de Krause y Sanz del Río con adiciones de positivismo post-comtiano, cuya aplicación a la filosofía del derecho, unida a las ideas de Savigny, le hace negar la existencia de un derecho natural y tomar como único punto de partida de esta ciencia la experiencia jurídica.

Pero la principal obra de Giner fue de carácter pedagógico. De una parte, sobre los alumnos de la Institución, unos jóvenes educados en las ideas y en el concepto de la vida y de España que el maestro practicaba. (Castillejo, op. cit. pág. 99 y ss.). De otra parte, a través de las distintas actividades promovidas por él y por los hombres de su equipo.

Giner pretendía dotar a España de un tipo de hombre nuevo, un hombre moderno, liberal y demócrata en política, aunque sin idolatría por el mito de la igualdad y sin veneración por las inclinaciones de las masas; patriota, pero con un sentido sobre todo pedagógico del patriotismo, más atento a considerar su país como tarea que como una realidad que condicionara realmente su vida, y alejado de toda posible adulación del propio pueblo, lo cual, en la práctica, significa un patriotismo crítico. Con respecto al pasado, el hombre de Giner será historicista, como corresponde a la influencia del positivismo francés y de las doctrinas de Savigny en las concepciones jurídicas del propio Giner. Pero en un país católico como España, es muy importante también, el lugar que en la formación y en la mentalidad de este hombre nuevo se asigna a la religión.

La religiosidad que es posible rastrear en Giner y en los institucionistas tiene ya poco que ver con el panteísmo que subyace a la armonía de Krause y Sanz del Río. Más bien se trata de un vago deísmo, de una moral natural en cierto modo postkantiana y desde luego autonomista, y de una consideración historicista de las diversas religiones, con la que resulta difícilmente compatible el que ninguna de estas sea presentada con exigencias de verdad absoluta.

Giner pensaba que en la educación de los jóvenes era necesario infundirles una cierta religiosidad, para despertar sus espíritus hacia un «orden universal del mundo», «un ideal supremo de armonía entre los hombres y entre la humanidad y la naturaleza», según Madariaga y Castillejo. Pero esta educación religiosa era independiente de todos los credos y naturalmente de orden superior a ellos, como un valor permanente respecto de los distintos intentos históricos concretos que han pretendido encarnarlo. Ha de basarse en el elemento común a las diversas concepciones religiosas y debe inspirar un sentimiento de tolerancia y de simpatía hacia todos los cultos y todos los credos, en cuanto que son formas más o menos perfectas de una tendencia del alma humana. Sobre esta base previa, las familias y las iglesias pueden luego instruir a los muchachos en los distintos aspectos peculiares de la confesión que escojan. Por su parte, Francisco Giner de los Ríos, después de abandonar formalmente la Iglesia católica, no escogió ninguna otra.

El carácter radical de la reforma pedagógica que Giner quería para España se desprende, mejor que de otras consideraciones, de sus referencias a Japón y a China. España, según Giner, necesitaba reformar los principios y el sistema de su educación de modo parecido a como lo habían hecho los japoneses. La referencia a estos pueblos orientales que se estaban abriendo a la cultura técnica moderna es constante en algunos escritores de esta tendencia y de esta época.

LOS OTROS GRUPOS Y EL ALCANCE DE LA ACCIÓN DE GINER

No todo lo que en España ha habido de acatolicismo entre los intelectuales nace de Giner. Hay una pluralidad de fuentes. Pero Giner y sus discípulos constituyen un punto de condensación, en torno al cual se agrupan humana o dialécticamente, y algunas veces sólo por una actitud de simpatía, otros varios.

Por ejemplo, Leopoldo Alas «Clarín», una de las figuras más destacadas de la Universidad de Oviedo en aquellos años, había sido discípulo de Giner más que de ningún otro profesor en el doctorado de Derecho de Madrid, el año 1878 y a este maestro suyo le dedicó su tesis doctoral. Fue también discípulo y admirador de Urbano González Serrano, otro de los principales hombres de la Institución y del movimiento krausista. (Cf. PEDRO SAINZ RODRIGUEZ. Evolución de las ideas sobre la decadencia de España. Madrid, 1962. 578 págs. La obra de Clarín, págs. 334 a 429, especialmente págs. 346 y ss.).

El anticlericalismo de algunas de las novelas de Galdós y de la actitud que el famoso novelista mantuvo durante muchos años, arranca más bien de la literatura anticatólica francesa del siglo XIX y del anticlericalismo militante de los grupos políticos y revolucionarios españoles del 68 al 75. El marxismo de Besteiro o de Fernando de los Ríos, líderes del partido socialista español y profesores de la Universidad de Madrid, es aprendido de Iglesias, de Marx y de Engels y de los maestros franceses de los socialistas españoles, como Lafargue y Guesde. La violencia verbal y reformista de Joaquín Costa es hija de la hipercrítica tradicional de España y de la propia minerva de su autor, un aragonés bronco y recio, de temperamento indomable. Lo mismo podría decirse del anarquismo romántico de los escritores del 98 en su primera etapa —señaladamente Baroja y Azorín— y de las otras diversas corrientes. Sobre todo, de los proyectos de europeización de España de Ortega y Gasset, que tuvo aún más ambición respecto del presente y del futuro de España —para configurar el país con arreglo a sus propias concepciones— que Giner.

Pero todos estos hombres y grupos, y otros similares, tienen en común una solidaridad extrema con la persona y la obra de Giner y un respeto por ella. Todos le consideran como el que alzó en España una bandera o, por lo menos, como quien mejor derecho tenían a mantenerla empuñada entre sus manos.

El «hermano Francisco», como diría uno de los hijos de su espíritu, antiguo alumno de la Institución, el poeta Antonio Machado, «se fue» el 17 de febrero de 1915. Giner, ausente, se transfiguró, además, muy a la española, en mito. Podía ser ya el santo laico de la nueva religión de España. Las glorificaciones póstumas de su figura se hallan en las plumas de escritores de los distintos sectores enumerados sucintamente unas líneas más arriba: hay textos de Machado, de Ortega, de Azorín, de Unamuno, de Madariaga, de Menéndez Pidal, etc., en los que Giner aparece como la encarnación o el promotor de un proyecto de una España nueva a la altura del momento y de las realidades europeas.

Giner y su adjunto, Manuel Bartolomé Cossío, habían ido alcanzando progresivamente la condición de consejeros áulicos de los ministros de Educación de España, sobre todo con los Gobiernos liberales. En 1906, siendo jefe del Gobierno López Domínguez y ministro de Instrucción Amalio Gimeno, el Gobierno organizó dos comisiones encargadas de poner en práctica los planes educacionales recomendados por Cossío y por Giner. Una de ellas —dedicada a la enseñanza primaria— no llegó a funcionar nunca. La otra comenzó enseguida a enviar pensionados al extranjero. Reorganizada y dotada de más medios en 1910 por el nuevo ministro, el conde de Romanones (miembro del Gobierno liberal de Canalejas), desarrolló hasta 1936 una extensa acción orientada en dos frentes principales: pensiones de graduados, profesores, artistas, escritores y maestros para el extranjero, y organización de algunos centros de investigación y experiencias pedagógicas, residencias de estudiantes, etc. Esta es la famosa Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que tan importante función desempeñaría en la orientación de la cultura española.

Los pensionados de la Junta fueron unos dos mil en veinticinco años. El control de su funcionamiento estuvo siempre en manos de un poderoso secretario permanente, el profesor José Castillejo, uno de los más fieles y entusiastas seguidores de Giner. La Junta funcionaba con completa autonomía respecto del Ministerio de Instrucción. El secretario nunca intervino a título personal en la política, y sus decisiones estuvieron siempre respaldadas por los veintiún miembros, de extracción principalmente científica, que componían la Junta.

El propio Castillejo ha hecho una defensa de la gestión de la Junta en el libro antes citado publicado en Londres durante la Guerra Civil española que tiene el significativo título de War of ideas in Spain. Los escritores y comentaristas católicos, al examinar la gestión de Castillejo y de la Junta, han afirmado en diversas ocasiones que procedió con parcialidad política e ideológica, hábilmente encubierta a los ojos de los demás con argumentos científicos y técnicos. Lo que es evidente, en todo caso, según el testimonio del propio Castillejo, confirmado, entre otros, por Salvador de Madariaga, es que la política de la Junta estuvo siempre orientada en el sentido de las ideas de Giner, a cuyo servicio fue uno de los más eficaces instrumentos que pudiera imaginarse. La tensión con los elementos católicos y tradicionales del país y con sus ambientes culturales había de producirse inevitablemente.

Castillejo no había sido en su infancia y primera juventud discípulo de Giner. Pero apenas es posible imaginar a alguien mejor compenetrado con sus planes, ni más hábil o acertado ejecutor testamentario de sus proyectos. Madariaga desde una actitud de profunda solidaridad panegirista, ha dicho que «España, que había dado un Giner en la hora de la inspiración, halló un Castillejo en la hora de la ejecución». Y también que Castillejo combinaba «la pureza de la paloma con la astucia de la serpiente», condiciones necesarias, añade, para llevar a la práctica «planes tan maduramente pensados... en un ambiente de indiferencia erizado de puntas de hostilidad». Esta hostilidad, defensiva al fin y al cabo, era en cierta medida la de los católicos y de los que no creían que su país fuera, respecto de la cultura moderna, un caso paralelo al del Japón de Mutsuhito, ni se entusiasmaban con la idea de enseñar la religión cristiana a sus hijos sobre la base del sentimiento común a todos los credos de la historia que Giner quería plantar primero en las almas infantiles.

Las actividades de la Junta no quedaron sólo en esto. Creó y protegió centros de investigación, como el Centro de Estudios Históricos bajo la presidencia de Menéndez Pidal, el Instituto de Física y Química, construido en Madrid por Rockefeller, el Museo de Ciencias Naturales, etc. En la mayor parte de ellos se realizó una labor científica muy estimable, que honra a la cultura española de estos tiempos. Una parte de ella, en sus aspectos más políticos, en la selección del personal, en las facilidades de trabajo, estuvo indudablemente inspirada en los mismos principios de Giner y de la Junta y apuntaba de manera coherente a sus mismos objetivos. Esto no merma mérito al trabajo científico de numerosas personalidades muy notables.

El balance de conjunto de la eficacia política e ideológica de la labor de Castillejo y de sus hombres no podrá ser conocido mientras no se haga un estudio imparcial y detallado de las personas por ellos favorecidas, de las posibilidades técnicas que fueron marginadas por razones ideológicas, si las hubo, de los frutos y de los hechos, en una palabra, de treinta años de gestión.

La Junta dirigió también una labor pedagógica a través del Instituto Escuela, centro modelo de enseñanza media, generosamente dotado, y de las Residencias de Estudiantes —masculina y femenina— de Madrid, cuya dirección intelectual, espiritual y técnica estaba inspirada en los principios y fines de los hombres de la Institución. La Residencia masculina fue permanentemente dirigida por el adicto y fiel discípulo de don Francisco, Alberto Jiménez, casado —en virtud de la tendencia a la endogamia que también caracterizó a la Institución— con la hija única del segundo hombre de la Institución, Manuel Bartolomé Cossío, el pedagogo y notable historiador del arte, que en abril de 1931, al ser proclamada la república, anciano ya, pudo con razón decir, casi imitando al Simeón del Evangelio de san Lucas: «Para ver este día hemos trabajado toda nuestra vida».

La acción directa, mediata e inmediata, de Giner y de la Institución acaba aquí. Pero su influjo irradiaba también a la política. Los hombres que allí le representaban, en tiempo anterior a la república del 31, fueron Gumersindo de Azcárate y, en cierto modo, el líder del Partido Reformista y catedrático de la Universidad de Oviedo, Melquíades Álvarez.

El grupo político de este se formó en 1912 con la etiqueta de republicano-reformista como una escisión burguesa e intelectual de la «Conjunción republicano-socialista» y, a decir de alguno de sus íntimos, fue también aquel el único momento en que Giner mostró algún interés por la política. (Debo esta noticia a Vicente Cacho Viú, que la recibió oralmente de personas muy próximas a Giner). Pero el influjo de la Institución se proyectó sobre todo de manera indirecta, en la universidad, entre los profesores; por medio de sus discípulos y de los hombres protegidos por la Junta; en la prensa y en la vida pública, por medio de escritores y aprendices o criaturas de político (el propio Azaña fue candidato a diputado por el Partido Reformista); entre los intelectuales afiliados al marxismo, concretamente Besteiro y de los Ríos dieron repetido testimonio de su reconocimiento por el magisterio de Giner; en los grados principales de la enseñanza elemental por medio de la Escuela Superior de Magisterio, sugerida también al Gobierno por Giner y Cossío, del Museo Pedagógico que dirigía Cossío, y de las pensiones —distribuidas por la Junta— a maestros e inspectores de enseñanza para visitar países extranjeros; y, por último, de un modo más difuso, en otros sectores del país.

En conjunto, la empresa de Giner y de la Institución, pese a todas las eficacias señaladas, no dejó de ser, al final, un fracaso. Las alianzas a la izquierda con elementos jacobinos, marxistas y anarquistas, muchas veces alianza táctica contra la resistencia tradicional que encontraban todos ellos en los sectores sociales fieles a una concepción católica de la vida española, acabaron por arrollar a sus hombres principales. Y en la guerra del 36 y en la postguerra, unos quedaron —más o menos a su gusto— del lado de los vencedores, otros huyeron de la zona republicana para salvarse de sus antiguos aliados. Algunos, como Álvarez, cayeron víctimas de manos asesinas; y otros, en fin, alcanzaron la frontera en el último momento, y tras ella el exilio, envueltos entre los desmantelados restos de una revolución, que había devorado a sus hijos y a sus padres.

Probablemente entre el profesorado de la universidad española de 1930 había aún una mayoría católica, pero algunas de sus principales facultades (Medicina, Derecho, la Sección de Filosofía de Madrid) arrojaban en su claustro una proporción inversa. En ellas había agnósticos y parcialmente anticlericales, republicanizantes desde luego, con una minoría marxista. De los estudiantes podrían afirmarse también —sin contradicción— las mismas cosas. Su principal organización, la FUE (Federación Universitaria Escolar), había nacido como una asociación profesional al margen de la política y de las luchas ideológicas y religiosas, pero en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera se convirtió en un instrumento de agitación. Los años 30 y 31 fueron testigos, principalmente en Madrid, de desórdenes estudiantiles, que culminaron en los sucesos de San Carlos.

Pero entre tanto habían ocurrido otras cosas. Bajo los puentes de España había pasado mucha agua entre el 17 de febrero de 1915, cuando Giner se fue diciendo su mensaje, para descansar al aire de Castilla, «bajo una encina casta», en el cementerio civil de Madrid, y el 14 de abril de 1931. La mayor parte de estas aguas habían corrido en letra impresa. De todo su caudal es preciso recoger, por lo menos tres momentos: se llaman Ortega y Gasset, los intelectuales y El Sol. Es decir, un hombre, una entelequia y un periódico. A ellos quizás podría añadirse un club: el Ateneo de Madrid.

EL PAPEL DE ORTEGA

José Ortega y Gasset es muy diferente de Francisco Giner de los Ríos. Son distintas sus fuentes; el neokantismo de Cohen o la crítica religiosa de Renan y de Nietzsche. Es distinta —y más profunda— su actitud crítica. Ortega fundamenta su voluntad creadora de una España nueva en una crítica frente a la historia de su pueblo que pulveriza lo que España fue. No se trata solamente de hacer una España ajustada a la hora presente, de incorporarla a la marcha de la civilización occidental postcristiana, como se podía hacer con el Japón. Se trata de hacer, de una vez, ¡por fin!, España.

En 1911 Ortega iba a lanzar una consigna política concreta: «España no existe como nación. Construyamos España». (La Herencia viva de Costa, El Imparcial, 20 de febrero de 1911). En 1920, desde las páginas de El Sol, primero, y desde el libro después, España invertebrada, dijo a los españoles que no existía su historia. Y en 1930 dictaminaba: «Españoles, vuestro Estado no existe. ¡Reconstruidlo!». (El error Berenguer, publicado en El Sol, 15 de noviembre de 1930). Giner había querido ser moderno. De Ortega, por el contrario, es esta frase, punzante y expresiva como el mote de un escudo: «Nada moderno y muy siglo XX».

Pero, al lado de las diferencias, hay entre ambos hombres importantes coincidencias. Estas se hallan en la meta y en el método. La cultura —cultura vital será en Ortega— sustituye a la religión; la Europa laica, vigente y actual, a la tradición de la historia nacional. El proyecto de Ortega tiene más sólido fundamento y más amplias pretensiones que el de Giner, pero se halla en la misma línea. Ortega, es, además, más vital y más castizo: le gustan, por ejemplo, los toros y profesa la alegría de vivir. A Giner lo imaginamos en el círculo de iniciados de su hogar, o en la sierra frente al aire puro, cristalino, cortante y deshumanizado del Guadarrama. Ortega es hombre —también de paisaje y de excursión—, pero al mismo tiempo de tertulia, de lectura recatada en un «gabinete aburrido con la atmósfera cargada de humo de tabaco», capaz de pasar una tarde en el golf, entre ninfas y faunos jóvenes, aristocráticos y deportivos. A Giner le va bien el partido reformista, la gravedad de Azcárate, la habilidad evolutiva de Álvarez. El político de Ortega, pese al desentendimiento personal que separaba a los dos hombres, será Azaña y su Azcárate, en cierto modo, él mismo.

En el método también coinciden, en cuanto ambos se proponen una tarea fundamentalmente pedagógica. Giner opta por la Escuela y la iniciación minoritaria. Ortega por el periódico —él nació «sobre una rotativa» como él mismo dijo— y la calle. Giner pensó que la política vendría después, como una consecuencia natural de la mutación de las conciencias. Pero Ortega vio que para poner en marcha su proyecto era preciso, de vez en cuando por lo menos, aplicar en el lugar preciso la palanca de una acción personal en la política. (Vieja y Nueva Política en 1914; el Manifiesto de los Intelectuales al Servicio de la República, en el 31).

El punto de partida de la España que Ortega quiso hacer era Europa, la Europa vigente de sus días, liberada en lo posible, de riesgos demagógicos (el Ortega conservador de la Rebelión de las masas, 1930), alejada de la vieja metafísica perseguidora de un «ser» que no se podía concebir ya más que como un espectro, sumergida en los propios mundos objetivos del culturalismo alemán post o neokantiana. Hasta el viejo historicismo, positivista en el fondo, estaba superado por la «razón histórica», y aún esta última superada a su vez por la razón vital.

Ortega ejerció en la vida española el papel de un gigantesco seductor. Lo era por su estilo literario, por la simpatía castiza que trascendía de su actuación y por el carácter de aventura creadora hacia el futuro que revistió su obra. Los jóvenes escritores, periodistas y profesores españoles que se abren a la vida en los años veinte a treinta, deslumbrados inicialmente por este sagaz artista de la idea y de la palabra, se inscribieron en una Weltanschauung orteguiana, cuya consecuencia en el orden político era la república —porque la monarquía había perdido su vigencia— y, en el orden religioso, un nuevo laicismo que no tenía en su sistema teórico la violencia anticlerical del 68 o el proselitismo naturalista —deísta— de la Institución.

El cristianismo, definitivamente «sido», había perdido su vigencia en la cultura europea. Ortega, que había adquirido tal sospecha en sus años mozos de estudiante, trajo de sus viajes a la Alemania de Cohen y del nuevo historicismo diltheyano, la confirmación definitiva. La Revista de Occidente desde 1923, los libros de la misma editorial, que contenían la almendra del pensamiento contemporáneo, con su silencio de lo trascendente y su ironía neohistoricista o raciovitalista hacia las actitudes «ya pasadas», no daban lugar a las inquietudes religiosas.

Durante la dictadura de Primo de Rivera, Ortega adoptó una actitud cauta y displicente ante la anécdota política. A su final desplegó desde el Olimpo de su indiscutible prestigio nacional un gran cartel con el incipit vita nova de España. Fueron sus artículos de El Sol y, en febrero de 1931, el manifiesto de la Agrupación de intelectuales al servicio de la República, que firmaron junto con él, el médico e historiador Gregorio Marañón y el novelista Ramón Pérez de Ayala.

El manifiesto de los intelectuales al servicio de la República, que había sido retenido unos días por la censura, se publicó, entre otros periódicos, en El Sol el 10 de febrero de 1931. Este documento tenía el aire de una proclama dirigida a las minorías, capaces de entender el Estado como empresa y no simplemente como botín al estilo de la revuelta callejera. Pero también encerraba entre sus líneas la pretensión de ser el certificado de defunción de la «monarquía de Sagunto», que sucumbía corrompida «por sus propios vicios sustantivos», sin haber logrado ser una «institución nacionalizada, es decir, un sistema de poder público que se supeditase a las exigencias profundas de la Nación y viviese solidarizado con ellas».

Ortega trajo a la república el prestigio de su nombre, la adhesión de sus admiradores y una buena parte del plan de reformas —la militar, por ejemplo, y en cierto modo también la religiosa— que se propusieron las primeras Cortes.

INTELECTUALES, PRENSA Y ATENEO

Los intelectuales no se manifiestan colectivamente, amparados en este nombre enfático que otorgan a su grupo, hasta 1931. Pero ya entonces eran tan antiguos como el siglo. La denominación incluye tardíamente a los profesores; al principio sobre todo a los periodistas y escritores. En el primer tercio del siglo algunos empleaban la palabra «literatos».

Al final de siglo se vuelcan sobre Madrid algunos inquietos jóvenes de provincias. Hay tres nombres que compendian el movimiento: son los tres: Maeztu, Baroja y Azorín, los protagonistas —Pedro, Juan y Pablo— de La Voluntad azoriniana, que se llaman igual que los primeros grandes apóstoles cristianos. Creen en la acción y en la fuerza. Quieren hacer cosas, no sólo escribir palabras. Invitan a la acción. Son, hasta cierto grado, nietzscheanos. Recogen la herencia crítica de Costa y de Macías Picavea: España, sumergida en el marasmo del desastre colonial, necesita en primer lugar reformas físicas, de carácter económico y social. No se cuidan entonces de las ideologías, si no es para implicar en su actitud la simplificación de atribuir a la vieja tradición histórica la culpa de la presente decadencia y de la miseria que quieren remediar. Eran, sin contacto todavía con Giner, otros nuevos partidarios, como decía Unamuno, de la «japonización de España» en la que él no tenía ninguna fe. Los tres mozos iban a seguir trayectorias dispares, que no es cosa de analizar aquí.

Una obra representativa de su actitud en esos primeros momentos es Hacia otra España, el libro del Maeztu joven. La crítica de España no es en él tan radical como en Ortega: arranca del proceso de la decadencia. La grandeza pasada no se desmiente, pero tampoco importa, porque la exigencia de hoy es un audaz enfrentamiento con el futuro desde la tabla rasa de donde se hayan hecho desaparecer todas las pobrezas físicas, intelectuales y morales de la España del final de siglo.

Baroja y Azorín fueron anarquistas, por romanticismo y por pasión. A «los tres» se suman otros: Unamuno, Valle, Machado, que trae el aliento institucionista de Giner.

El proyecto activista del 98 había hecho crisis ya en 1914. Antonio Machado lo constata en un poema de esa fecha: «España sigue toda —dice— de carnaval vestida, mísera y beoda». Pero lo importante de estos hombres es que dejaron echada en tierra la semilla de algo que Sanz del Río, los krausistas y Giner no habían logrado. Convocan al periódico y a la calle a la gran discusión de los temas nacionales.

Los nombres de segunda fila que les siguen en los años inmediatos son legión. Los más artistas o puros intelectuales se dispersan. Alguno, como Maeztu, emprende el periplo de regreso a una estimación de lo que había sido España y que —lo confiesa él— en su juventud desconocía. Pero del ambiente de la calle, de la prensa cotidiana y de los clubs culturales, se apodera un vago aliento de reforma, al que la obra de Ortega iba a dar empaque intelectual, presentación sistemática y esquemas rigurosos. En la agitada atmósfera revolucionaria de los años 20 en los medios estudiantiles, por ejemplo, o antes en el antimilitarismo popular de los penosos días de la campaña de Marruecos, o en el anticlericalismo escueto y sin violencia, de gabinete, que se suma al anticlericalismo jacobino del primer Lerroux de Barcelona, de Blasco en Valencia, de los anarquistas y socialistas españoles, había una huella de los intelectuales, probablemente una entelequia de contornos imprecisos, pero que resulta operativa en la vida nacional de cada día y en los grandes acontecimientos de los años 30 y 31.

EL SOL Y EL ATENEO DE MADRID

El Sol había sido fundado en 1917 por Nicolás María de Urgoiti, un industrial vasco, significativo representante de buena parte de los intereses de los nuevos capitalistas industriales del norte de España. Fue siempre un periódico de ajustada economía, que vivió gracias al apoyo de su vespertino La Voz, a la protección de la Papelera Española y a una aún más discreta de los políticos, de diversos matices, del momento. Quería ser el gran periódico español. «Renovación» era su divisa y su primera gran campaña tuvo como ocasión las Juntas de Defensa de los oficiales del ejército —rebeldes al Gobierno— en el mismo año 1917. El Sol acogió esta acción como un síntoma de la ansiada renovación que obligaría al régimen a asentarse sobre bases de verdad. La sorpresa vino después, cuando los mismos oficiales rebeldes pusieron al descubierto que su programa era conservador y de estricta disciplina nacional. El Sol saca a los intelectuales al palenque diario del artículo, y no sólo a los intelectuales-escritores, sino a los profesores de Letras, de Geografía, de Historia —sobre todo de corrientes reformistas— a quienes llama a una empresa de divulgación y contacto con el público.

Pero, históricamente, El Sol fue, políticamente ante todo, la tribuna de Ortega. Maeztu, por ejemplo, tuvo que dejar de escribir en él para acogerse a otros órganos de la gran prensa argentina o a las páginas de Ahora, cuando adoptó decididamente una actitud reconstructora, no sencillamente constructora, de la vida nacional, con los ojos abiertos a la historia y la atención repartida entre el futuro, el presente y el pasado, como manera de alcanzar una visión global del mundo español de sus hechos y de sus problemas.

El Ateneo de Madrid era un centro intelectual, de larga historia y de tradición casi siempre liberal y progresista, con excelente biblioteca, muchos socios, varias tertulias o mentideros permanentes, donde pasaban la vida algunos estudiosos, otros escritores menores y unos nutridos grupos de intelectuales frustrados, dilettantes y hasta chismosos de la literatura y de la política. En tiempos de la dictadura y en los años 30 y 31, el Ateneo era republicano y radicalmente reformista. Su hombre por antonomasia fue Azaña y su aire público, en las dos ocasiones en que en esos años lo clausuró la policía, el de un club jacobino del París del 89, en donde el anticlericalismo rozaba o incidía en la blasfemia, y en el cual una minoría activista en medio de una masa de socios de caracteres políticos e intelectuales diversos y contradictorios, entre los que había muchos notables hombres de cultura, daba la nota revolucionaria de colaboración con los marxistas, y aún los anarquistas de esos años, en una especie de liga nacional arreligiosa y antimonárquica.

LOS REPUBLICANOS DE ABRIL

El 17 de agosto de 1930, como se ha recordado en el capítulo anterior, republicanos, socialistas y catalanistas adoptaron juntos el acuerdo al que ellos mismos dieron el nombre de Pacto de San Sebastián con que ha pasado a la historia.

¿Quiénes estaban detrás de estos hombres? En otros términos, ¿cuál era la procedencia política, geográfica, social, de los votantes que en las grandes ciudades dieron la victoria a las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales de abril del 31?

Por una parte, el socialismo. De los efectivos del partido y de su sindicato tratamos en el capítulo siguiente. Esto puede explicar la victoria electoral del 14 de abril en Madrid, y algunas zonas como Bilbao o Asturias donde sus sindicatos eran fuertes. De otra parte, los anarcosindicalistas cuyas cifras exactas no son conocidas, pero que explican la victoria antimonárquica de Barcelona (capital y provincia), de Málaga y Sevilla (capitales), de Córdoba (provincia) y de extensos sectores del campo andaluz y —en unión de los socialistas— de algunos lugares extremeños.

Los grupos catalanistas influyeron donde las elecciones se celebraron bajo el santo y seña del autonomismo. Y en todas partes, de un modo difuso, la minoría burguesa, republicana y reformista, cuyas cifras globales nadie se atrevería a elevar por encima de dos o tres cientos de miles de españoles.

¿A qué grupos respondían estos republicanos? ¿Cuáles eran sus orígenes?

Hasta la segunda mitad del siglo XIX no había habido republicanos en España. La nueva planta nació con signo revolucionario y antimonárquico, más que con sentido positivo o creador de alguna especie, en el seno del partido demócrata y en los más avanzados sectores del 68. La anarquía de aquellos años desató pasiones, rencores y violencias, que en algunos casos pueden compararse a sucesos de la revolución francesa de 1789. Si se hicieran estadísticas de los incendios, destrucciones y secularización y profanaciones de iglesias en el 68 y en el 73, de las expresiones de la prensa y de los políticos (la sesión de Cortes de 26 de abril de 1869, llamada la «sesión de las blasfemias»), de los motines, o de la ocupación del poder local o provincial por grupos de exaltados, los lectores de esas cifras y noticias quedarían asombrados. La única diferencia con los sucesos españoles del año 36 y de la Guerra Civil, es que en el 68 todavía se conservaba cierto respeto por la vida humana individual, y no hubo la misma proporción de asesinatos.

Cánovas había incorporado al régimen restaurado de Sagunto a extensos sectores del republicanismo español, que se pueden simbólicamente representar en el nombre de Sagasta y en la actitud benevolente de Castelar.

Hasta el 98 no quedan en España, prácticamente, más republicanos que unos pequeños grupos de nostálgicos, de soñadores, con cohesión de secta, pero con escasísima proyección sobre el país. Es después de la descomposición del régimen de Cánovas, con la pérdida de las posesiones de Ultramar, las divisiones de los liberales a la muerte de Sagasta, y su transformación en gobierno de autoridad con Canalejas, cuando van cobrando fuerza los nuevos republicanistas españoles. En su crecimiento influyeron notablemente, muchas torpezas y falsas habilidades de los Gobiernos de la monarquía. Lerroux, por ejemplo, «emperador del Paralelo» y rey de la vida municipal de Barcelona durante años, fue indudablemente apoyado en secreto por gentes del régimen, como peón frente al internacionalismo obrero de los anarquistas de Barcelona y frente al autonomismo catalanista de la Lliga. La protección dispensada a los intelectuales de la Institución y de la Junta, la aceptación de los excesos verbales de Rodrigo Soriano y de Blasco Ibáñez en Valencia, por el crédito abierto al prestigioso escritor que era este último, y por la suposición de que una izquierda republicana sería un contrapeso frente al alarmante crecimiento del marxismo y del internacionalismo, contribuyeron a su desarrollo.

Los republicanos históricos —política y socialmente en cierta manera moderados— se agruparon en torno al partido radical de Lerroux. Los otros grupos, más o menos fantasmales, que en las elecciones a Cortes constituyentes de julio del 31 obtuvieron actas de diputados eran pequeñas cofradías de notables con poca gente detrás, que se beneficiaron del abstencionismo de los monárquicos y de gran parte de los católicos, desconcertados aun por los sucesos de abril, del apoyo socialista y de la desigual —pero efectiva— asistencia electoral de los anarcosindicalistas. Estos sufrían entonces la gran crisis de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) frente a los «treinta», pero veían en la república de izquierdas, a pesar de la presencia de sus «hermanos enemigos» los marxistas, un paso adelante —o una remoción de obstáculos— en el camino al paraíso ácrata del comunismo libertario.

Se fue formando, sin embargo, progresivamente y pronto, un conjunto de grupos de intelectuales de Ateneo, de jóvenes profesionales ambiciosos, de honestos burgueses sinceramente igualitarios y demócratas, de reformistas iluminados con hambre de poder, todos los cuales fueron al fin los republicanos de la izquierda. Eran los hombres fuertes de la burguesía, anticlericales por principio unos, por espíritu de revancha o afán de liberación otros. El hombre de estas gentes iba a ser Azaña. Ganó el puesto en los primeros meses de las nuevas Cortes. La precisión y la sobriedad de sus discursos y la fría voluntad de hacer el país totalmente de nuevo conforme a nuevos moldes, atrajeron hacia él a esos grupos.

Los seguidores de Lerroux eran galdosianos, y demasiado históricos para poder encuadrar un aluvión de savia nueva, muchas veces traída por puro oportunismo. Los modos oratorios de Alcalá Zamora, su respeto de liberal exmonárquico por la religión, y sus concesiones verbales a la historia, a la legalidad y al catolicismo, carecían de seducción para la nouvelle vague de 1931.

Era difícil para los católicos colaborar con el nuevo sistema. La hostilidad a la Iglesia pareció enseguida consustancial con la república. Los anarcosindicalistas se llamaron pronto también a engaño, porque la coalición republicano-socialista había hecho saltar la monarquía, pero quería conservar y aun reforzar el Estado. Y ese, para ellos, era el verdadero enemigo.

En medio de las dos crecientes oposiciones de los católicos heridos y de los anarquistas engañados, dio comienzo la historia de la Segunda República española. El régimen de la izquierda burguesa, orientado por intelectuales acatólicos, emprendía una inquietante marcha que no auguraba una larga y sostenida duración.

NOTAS COMPLEMENTARIAS

El libro de VICENTE CACHO VIU, La Institución Libre de Enseñanza (Madrid, 1962), expone y analiza el proceso histórico del movimiento krausista, así como sus consecuencias de orden político y cultural. Aunque su trabajo se detiene en 1881, la obra de Cacho ilumina toda la historia posterior y es, sin duda, el punto de partida indispensable para cualquier intento de comprensión de la historia de la cultura española de la época contemporánea.

Noticias generales sobre Giner y la Institución hay en Madariaga España, 6 ed. México, Buenos Aires, 1955. 847 págs. especialmente en las páginas 114 y ss. Castillejo War of ideas in Spain, Cambridge, 1937, 165 págs. (especialmente págs. 90-95 y 113-116). Una breve biografía y retrato de Giner de los Ríos en CACHO (op. cit. págs. 225 y ss.) y una amplia bibliografía sobre la Institución y la vida cultural de la época ibid. págs. 535 a 552.

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