CIUDADANOS, ELECTORES,

REPRESENTANTES

DISCURSOS DE INCLUSIÓN

Y EXCLUSIÓN POLÍTICAS

EN PERÚ Y ECUADOR (1860-1870)

HISTÒRIA / 191

DIRECCIÓN

Mónica Bolufer Peruga (Universitat de València)

Francisco Gimeno Blay (Universitat de València)

M.ª Cruz Romeo Mateo (Universitat de València)

CONSEJO EDITORIAL

Pedro Barceló (Universität Postdam)

Peter Burke (University of Cambridge)

Guglielmo Cavallo (Università della Sapienza, Roma)

Roger Chartier (EHESS)

Rosa Congost (Universitat de Girona)

Mercedes García Arenal (CSIC)

Sabina Loriga (EHESS)

Antonella Romano (CNRS)

Adeline Rucquoi (EHESS)

Jean-Claude Schmitt (EHESS)

Françoise Thébaud (Université d’Avignon)

CIUDADANOS, ELECTORES,

REPRESENTANTES

DISCURSOS DE INCLUSIÓN

Y EXCLUSIÓN POLÍTICAS

EN PERÚ Y ECUADOR (1860-1870)

Marta Fernández Peña

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

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© Marta Fernández Peña, 2020

© De esta edición: Universitat de València, 2020

Publicacions de la Universitat de València

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Ilustración de la cubierta:

Medalla conmemorativa de la promulgación de la Constitución de 1860.

Colección de numismática Guillermo Wiese.

Museo Pedro de Osma, Lima (Perú)

Coordinación editorial: Amparo Jesús-María Romero

Maquetación: Inmaculada Mesa

Corrección: Communico-Letras y Píxeles, S. L.

ISBN: 978-84-9134-627-2

Edición digital

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

PARTE PRIMERA ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL JUEGO POLÍTICO: ECONOMÍA, SOCIEDAD, TERRITORIO, LEGISLACIÓN

I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

La evolución del sistema liberal a mediados del siglo XIX

El auge económico y el surgimiento de la burguesía comercial

Estructura territorial y diferenciación regional

II. EL PARLAMENTO: COMPOSICIÓN Y REGLAMENTO

Composición de las asambleas constituyentes en Ecuador y en Perú durante la década de 1860

El funcionamiento interno de las cámaras legislativas

III. EL MARCO LEGISLATIVO NACIONAL ENTRE 1860-1870: CONSTITUCIONES Y SISTEMAS ELECTORALES

La Constitución como fundamento básico del sistema político

¿Diferentes sistemas electorales para diferentes sociedades?

Corrupción y fraude electorales

PARTE SEGUNDA CONSTRUYENDO EL LIBERALISMO: PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

IV. EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN

Liberalismo y representación

¿Representantes territoriales o representantes de la nación?

La representación nacional frente a otras instituciones: tensiones entre el poder legislativo y ejecutivo

V. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD Y SUS LÍMITES

Las libertades individuales básicas

Libertades de prensa, asociación y petición

La instrucción pública, ¿un derecho?

La ausencia de libertad religiosa

VI. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Nacionales frente a extranjeros

¿Ciudadanía restringida o ciudadanía inclusiva? Diferentes concepciones de la ciudadanía en Perú y en Ecuador

VII. EL PRINCIPIO DE ELECCIÓN: CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ANTE EL SUFRAGIO

Alfabetización

Industria, oﬁcio o profesión

Propiedad o renta

Vecindad

VIII. EL PRINCIPIO DE DISTINCIÓN EN LA REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA: LOS ELEGIBLES

El representante prudente y sabio

El representante patriota

El representante conocedor del territorio

El representante rico

Los requisitos no escritos: el representante capaz, trabajador y honrado

Sobre incompatibilidades y dietas

IX. EL PRINCIPIO DE EXCLUSIÓN: LOS MÁRGENES DE LA CIUDADANÍA POLÍTICA

Los desarraigados

Los dependientes

Los incapaces

PARTE TERCERA PERÚ Y ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL: TENSIONES FRONTERIZAS, PROYECTOS COMUNES Y CIRCULACIÓN DE IDEAS

X. EL MARCO POLÍTICO-TERRITORIAL AMERICANO: ENTRE LOS CONFLICTOS LIMÍTROFES Y EL PANAMERICANISMO

Deﬁnición de fronteras y conﬂictos limítrofes entre Perú y Ecuador

La amenaza española como fomento del panamericanismo: relaciones latinoamericanas con el «viejo imperio»

Relaciones panamericanas: América Latina frente al «nuevo imperio»

XI. TRANSFERENCIAS CULTURALES E INFLUENCIAS IDEOLÓGICAS ENTRE EUROPA Y AMÉRICA: EL ESPACIO ATLÁNTICO

La búsqueda de modelos internacionales de representación política

La tradición gaditana y el modelo español

Una mirada al norte del continente: Estados Unidos, entre la libertad y la esclavitud

La evolución de la inﬂuencia francesa: de la Revolución francesa al Segundo Imperio

La defensa de lo propio: el liberalismo iberoamericano

CONCLUSIONES

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

A) Fuentes

B) Bibliografía

INTRODUCCIÓN

La irrupción del liberalismo en el mundo europeo y americano desde los últimos años del siglo XVIII y, fundamentalmente, los primeros del XIX trajo consigo transformaciones en todos los niveles de la vida social. Las ideas de libertad, igualdad y propiedad comenzaron a inundar los discursos políticos y tomaron la forma de nuevas encarnaciones institucionales. La elaboración de constituciones, la separación de poderes, la conﬁguración de cámaras parlamentarias o la celebración de elecciones fueron entonces elementos que empezaron a ocupar el quehacer de las élites políticas liberales, como parte consustancial de una imagen ideal de la modernidad política. En este desarrollo, la deﬁnición de la ciudadanía y del electorado ocupó un lugar relevante, así como la conexión de estas categorías con la representación política como práctica y como discurso. América Latina no fue ajena a este proceso. Desde que las nuevas repúblicas latinoamericanas obtuvieron la independencia, la vida política se inscribió en este marco liberal y comenzó el diseño de sus sistemas parlamentarios.

Este libro examina cómo se construyeron los conceptos de «ciudadanía» y de «representación» en relación con diferentes criterios de inclusión y de exclusión. Evidentemente, también se presta atención al elemento mediante el que se producía la conexión entre ambas categorías y, por tanto, a través del cual se otorgaba legitimidad al nuevo sistema político: la elección. En deﬁnitiva, trato de acercarme a los diferentes actores históricos que intervinieron en el juego político del momento –electores y elegibles–, pero también reﬂexiono acerca de la marginación –o al menos, limitación– política de amplios grupos de población.

Este texto procede de una investigación –mi tesis doctoral– en la que se ha analizado la construcción de los modelos de representación parlamentaria que se implantaron en Perú y en Ecuador a partir de la década de 1860, dentro del contexto de los regímenes liberales del siglo XIX y desde una perspectiva comparada y transnacional. El vacío historiográﬁco en torno al análisis de la representación política durante la segunda mitad del siglo XIX en ambos países, desde la perspectiva metodológica de la historia cultural de la política y de la historia transnacional, fue una de las razones que me impulsó a iniciar esta investigación. Ciertamente, otros estudios se han aproximado, desde diferentes enfoques, al gobierno parlamentario y a la legislación electoral decimonónica en Perú. Sin embargo, la historiografía que ha estudiado este periodo se ha centrado sobre todo en el análisis de los procesos electorales, prestando menos atención a los discursos y al efecto de la cultura política en la construcción de los modelos de representación. Para el caso de Ecuador, el vacío historiográﬁco en este sentido es aún más signiﬁcativo. La historiografía ecuatoriana, más preocupada por el proceso de creación del Estado nación y el nacionalismo ecuatoriano, así como por la personalidad de Gabriel García Moreno, prácticamente ha relegado a un segundo plano el análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria y la deﬁnición de la ciudadanía. En ambos casos, solo algunos pocos historiadores marcan algunas excepciones en este sentido, siendo precisamente de este bagaje historiográﬁco del que he partido en mi trabajo. Para Perú, me reﬁero a las investigaciones de Gabriella Chiaramonti, Natalia Sobrevilla, Cristóbal Aljovín, Ulrich Mücke, Alicia del Águila o Marta Irurozqui, entre otros. Para el caso ecuatoriano, hay que mencionar especialmente a Ana Buriano, Juan Maiguashca o Federica Morelli. Por tanto, la decisión de centrar la investigación en los casos de Perú y Ecuador vino avalada, en primer lugar, por motivos historiográﬁcos, debido a la escasez de estudios al respecto que existían para ambos países. A ello se unía otro motivo: el hecho de que ambos países sean fronterizos y compartan un mismo escenario geográﬁco, con valores culturales y costumbres sociales compartidas, ya que me parecía muy provechoso analizar dos casos nacionales desde una perspectiva comparada y transnacional, deteniéndome en los elementos comunes y en las diferencias que presentaron a la hora de consolidar su sistema de representación parlamentaria.

No obstante, a pesar de que la investigación se centra en Perú y Ecuador, uno de sus objetivos fundamentales ha sido poner estos casos concretos en relación con otras realidades americanas y europeas, interesándome por los procesos de transferencias culturales, aunque sin perder de vista la especiﬁcidad de cada comunidad. Por ello, quiero subrayar la importancia del abordaje comparativo que tiene este trabajo, que no se centra en el análisis de las culturas políticas liberales en un solo país –o dos–, sino que los incluye en la órbita de las continuas transferencias culturales e ideológicas que tuvieron lugar entre Europa y América, en un ejercicio de retroalimentación abierto y múltiple. En este sentido, me interesa observar las aportaciones peruanas y ecuatorianas –y de forma más genérica, latinoamericanas– al fenómeno de la construcción y consolidación de los sistemas políticos liberales representativos durante el siglo XIX.

De este modo, se atiende a los procesos de transferencia y circulación política, ideológica y cultural que tuvieron lugar entre Europa y América a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, en una etapa en la que se habían desvanecido los antiguos lazos entre ambos continentes en condiciones de colonialismo, pero en un momento en el que las relaciones entre los territorios que tenían como punto intermedio el océano Atlántico continuaban, incluso revitalizadas.

En concreto, esta obra se centra de forma especíﬁca en la década de 1860, fecha en la que tanto en Perú como en Ecuador se advierten transformaciones fundamentales en los ámbitos político, social y económico. Así, son características principales de este periodo la mayor estabilidad política, un liberalismo que se iba moderando con respecto a etapas anteriores más radicales –hasta hacerse en algunos casos incluso notoriamente conservador, como en la etapa del garcianismo ecuatoriano–, el desarrollo económico –y acelerado– sobre la base de la explotación de determinados productos como el guano o el cacao, y el crecimiento de una élite socioeconómica burguesa que trazó los cánones culturales en los que se basó la deﬁnición de la identidad nacional. Especialmente relevantes resultaban las propuestas legislativas del momento, sobre todo la promulgación de nuevos textos constitucionales a lo largo de la década señalada: la Constitución de 1860 en Perú –la más longeva de la centuria– y las constituciones de 1861 y de 1869 en Ecuador –que plantearon importantes innovaciones en el proceso de construcción de la ciudadanía y la representación política–.

No obstante, considero necesario prestar atención al devenir histórico de ambos países en los años precedentes y posteriores. Por ello, en realidad se ha tenido que abrir este eje temporal en sus dos extremos: al menos hacia 1854 en el caso de Perú –cuando tuvo lugar la Revolución Liberal y la segunda llegada al poder de Ramón Castilla– y hacia 1875 en lo que se reﬁere a Ecuador –cuando se produjo el asesinato de García Moreno y, con él, el ﬁnal de la etapa política del conservadurismo–.

En lo que respecta a los enfoques metodológicos utilizados, esta investigación se concibe, en primer lugar, dentro del marco teórico y metodológico de una tendencia historiográﬁca que ha sido denominada como historia cultural de la política, nacida del encuentro entre la historia política y la historia cultural a partir de los años noventa del siglo XX. Es este un enfoque que otorga relevancia no solo a los acontecimientos políticos en sí mismos, sino a los discursos, las imágenes y las representaciones que los actores históricos elaboraron sobre estos. Por ello, debo mencionar que en este libro me acojo al concepto de lo político más que de la política, cuya distinción quedó expuesta de forma clariﬁcadora en las palabras que pronunció Pierre Rosanvallon al inaugurar la cátedra de Historia Moderna y Contemporánea de lo político en el Collège de France en marzo de 2002:

Referirse a lo político y no a la política es hablar del poder y de la ley, del Estado y de la nación, de la igualdad y de la justicia, de la identidad y de la diferencia, de la ciudadanía y de la civilidad, en suma, de todo aquello que constituye a la polis más allá del campo inmediato de la competencia partidaria por el ejercicio del poder, de la acción gubernamental del día a día y de la vida ordinaria de las instituciones.¹

Dentro de esta corriente historiográﬁca, en los últimos años ha ocupado un lugar fundamental el concepto de «cultura política», introducido por Almond y Verba en su origen, pero profundamente reformulado y adaptado historiográﬁcamente por autores como Berstein o Sirinelli.² Si bien este es un término caracterizado por la polisemia, algunos historiadores se han aventurado a dar ciertas deﬁniciones sobre este. Así, por ejemplo, María Sierra lo ha deﬁnido como una «cartografía mental» que «permite interpretar el sistema político bajo el que se vive y encontrar sentido a la acción política, para la que consecuentemente predispone (o inhibe)».³ En cualquier caso, todos los investigadores interesados por este enfoque conﬁesan la diﬁcultad de llegar a una deﬁnición consensuada y global del concepto; pero, a la vez, insisten en la utilidad que la noción de «cultura política» tiene para el historiador como herramienta de trabajo.

Desde estas perspectivas, la investigación que aquí se presenta trata de relacionar el estudio de los sistemas electorales y los textos constitucionales con los procesos de construcción de la ciudadanía y del poder político que tuvieron lugar en Perú y en Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, este estudio presta especial atención a las cuestiones discursivas y simbólicas, a los imaginarios políticos y sociales que sustentaron las prácticas políticas llevadas a cabo. Pero pretende hacerlo de forma contextualizada, teniendo siempre en cuenta los marcos legales e institucionales, las coordenadas económico-sociales, las luchas por el poder, etc., de cada momento. En concreto, esta investigación se centra en el análisis sobre la legislación promulgada y los debates a los que dio lugar, y presenta una reﬂexión sobre las interpretaciones y reelaboraciones discursivas que hicieron las élites políticas a partir de los principios teóricos del liberalismo.

En este sentido, me interesan, entre otros, conceptos como representación, ciudadanía, inclusión, exclusión, libertad o igualdad, y sobre todo qué signiﬁcados tenían para las personas que los utilizaban en el momento en el que los expresaron. Me acojo, por tanto, a una metodología de análisis del discurso, partiendo del convencimiento, planteado por historiadores como Reinhart Koselleck, de que el lenguaje no solo reﬂeja la realidad, sino que también la construye.⁴ Por ello, este libro ﬁja su atención en la deﬁnición de conceptos políticos claves para entender la imagen del liberalismo que las élites políticas e intelectuales peruanas y ecuatorianas de la segunda mitad del siglo XIX contribuyeron a crear a través de sus discursos. En concreto, en estas páginas reﬂexiono sobre los signiﬁcados y la relación entre dos conceptos fundamentales: poder político y ciudadanía, y sobre cómo se conﬁguró esta conexión a través de la idea de la representación parlamentaria, un vínculo en el que resultaban fundamentales los procesos electorales.

En último lugar, dado que uno de mis objetivos es insertar el estudio de los casos concretos de Perú y Ecuador en contextos culturales más amplios, esta investigación utiliza una metodología de análisis comparativo y transnacional. Este enfoque fue inaugurado por Espagne y Werner en la década de los ochenta del siglo XX, autores que pusieron el acento en las transferencias culturales como objeto de estudio histórico.⁵ A partir de entonces, esta corriente ha ido evolucionando hasta dar lugar a diferentes tendencias: historia global, cruzada, compartida, conectada o de redes, que, bajo diferentes acepciones, han permitido avanzar en un camino abierto inicialmente por la historia comparada.⁶ Como plantea Michel Bertrand, la historia conectada presenta una tensión entre lo macro y lo micro, ya que para analizar el marco global hay que descender hasta las historias locales e individuales de los actores que componen las redes.⁷ En este sentido, en mi investigación trato de combinar la mirada transnacional, que ofrece elementos comunes dentro de una realidad extensa y heterogénea, con las particularidades que presentan los estudios de casos concretos nacionales, e incluso con las especiﬁcidades que nos encontramos si descendemos hacia contextos geográﬁcos, políticos y culturales más concretos –regionales o locales–.

Desde estas perspectivas, este libro se inserta en un marco internacional en varios niveles. En primer lugar, parte de una comparación entre los casos nacionales de Perú y de Ecuador, dentro de un contexto andino. De esta forma, se presta atención a las relaciones –divergentes o convergentes– que presentaron en torno a varios ejes: política internacional, relaciones fronterizas, trasvases culturales, imaginarios compartidos, proyectos comunes o acuerdos económicos, políticos o geoestratégicos. En segundo lugar, se amplía este marco espacial para enmarcar el análisis de las culturas políticas liberales y sus rasgos compartidos en todo el espacio iberoamericano, es decir, un contexto geográﬁco y cultural que comprende América Latina y la península ibérica. Entiendo que el espacio iberoamericano conformaba en la segunda mitad del siglo XIX un marco espacial de conjunto, en el que se repetían patrones culturales, en el que se desarrollaron procesos políticos parecidos, en el que circulaban ideas compartidas y en el que se movieron los actores históricos traspasando las fronteras nacionales e incluso continentales. Dentro de este contexto, me interesa especialmente contemplar los procesos de trasvases culturales e ideológicos que se produjeron entre España, Perú y Ecuador, así como los rasgos comunes que deﬁnían este espacio. En tercer lugar, se utiliza la más extensa noción de espacio atlántico para incluir el estudio de las transferencias culturales entre Perú y Ecuador y otras realidades, tanto europeas como, especialmente, el caso de Estados Unidos. En este último nivel, pretendo analizar las prácticas políticas y discursos compartidos que conectaron los modelos de representación liberal de distintos territorios a través de los viajes y encuentros de políticos e intelectuales. Para ello me acojo al enfoque de historia atlántica, si bien propongo alargar su utilidad hasta la segunda mitad del siglo XIX pues, como ha señalado James E. Sanders, los debates sobre ciudadanía, soberanía y derechos inaugurados en la época de las revoluciones continuaron, incluso intensiﬁcados, durante toda la centuria, así como comparto la necesidad de tener presente en el concepto de mundo atlántico las aportaciones iberoamericanas.⁸

Para llevar a cabo este trabajo he recurrido a un amplio y diverso corpus documental procedente de Europa y América. En primer lugar, he estudiado la legislación promulgada durante los años 1860-1870 (constituciones, leyes electorales, códigos civiles y penales, leyes de instrucción pública, leyes económicas nacionales y acuerdos comerciales internacionales, etc.) y, especialmente, los debates parlamentarios en los que se discutió cada uno de sus puntos. Estos registros ofrecen una información muy importante para el estudio de la deﬁnición de la ciudadanía y la representación política, el desarrollo de los procesos electorales o la evolución de las relaciones internacionales. En segundo lugar, me interesa conocer la opinión pública y la opinión intelectual sobre dichos procesos, un aspecto que queda cubierto mediante la consulta de prensa histórica, propaganda política (folletos y pasquines), literatura y otros textos coetáneos. En tercer lugar, para la aproximación al análisis biográﬁco de los artíﬁces del sistema político se ha recurrido a diversa documentación de tipo privado –entre la que cabe destacar la correspondencia personal–, así como documentación pública referente a individuos concretos. En este sentido, también ha resultado fundamental la información proporcionada por diferentes bases de datos digitales.

Me gustaría subrayar el peso que han tenido algunas fuentes documentales concretas para la elaboración de este libro, especialmente dos de las mencionadas: los diarios de las sesiones parlamentarias (denominados Diarios de Debates en Perú y Actas de Sesiones en Ecuador) y la prensa del momento. De hecho, se puede caliﬁcar los diarios de sesiones como la fuente primaria principal de esta investigación y quiero, por tanto, resaltar su utilidad. Considero que se trata de un recurso muy valioso, pues en ellos es posible apreciar tres dimensiones discursivas que nos aproximan a los tres niveles de análisis planteados en este trabajo. Por un lado, permite analizar los debates parlamentarios suscitados en torno a la legislación que sería posteriormente aprobada y publicada y, mediante ellos, el respaldo y las objeciones con los que contó o las modiﬁcaciones que se hicieron en diferentes puntos desde su planteamiento hasta su redacción ﬁnal. También se puede tener acceso a través de esta fuente a algunas propuestas de leyes que no llegaron a promulgarse, pero cuyo planteamiento y discusión resultan muy esclarecedores en cuanto a las diversas sensibilidades políticas de las que se componía el Parlamento. Por otro lado, un segundo objeto de análisis a cuyo primer acercamiento se puede acceder a través de esta fuente es el de los sujetos que expresaron o se posicionaron en relación con los discursos esgrimidos en las cámaras, mostrando con ello sus propias convicciones ideológicas u otras circunstancias personales. En este sentido, la perspectiva biográﬁca puede ayudarnos a deﬁnir si los discursos vertidos en el Parlamento por ciertos individuos tuvieron realmente repercusión entre sus pares o no. Y, por último, utilizando como herramienta metodológica el análisis del discurso, esta fuente nos aproxima a la comprensión de los signiﬁcados que los conceptos tenían en la elaboración de los imaginarios colectivos.

Además, los diarios de sesiones permiten al historiador aproximarse al ambiente que se vivió en el Parlamento a lo largo de determinados debates. No obstante, en este punto cabría preguntarse: ¿hasta qué punto concuerda el documento escrito al que tiene acceso el investigador con lo que realmente se dijo en las cámaras parlamentarias? Evidentemente, no se puede conﬁrmar de forma empírica lo que allí sucedía, pero las reproducciones de las sesiones parlamentarias ofrecen algunas pistas que pueden ser utilizadas en este análisis. Así, en esta investigación se ha prestado especial atención a ciertas palabras que a menudo aparecen entre paréntesis en los diarios de sesiones junto a los discursos de los oradores, y que dan una impresión más compleja y verosímil de lo ocurrido. En este sentido, la aparición de incisos como «aplausos», «silbidos», «murmullos» o «risas» ponen de maniﬁesto el efecto que determinados discursos tuvieron en los parlamentarios sentados en la Cámara, mientras que especiﬁcaciones del tipo «interrumpiendo», «gritando» o «riendo» ponen el acento en la intencionalidad de los individuos que intervinieron en los debates o incluso en sus estados de ánimo. No hay que olvidar, en este punto, que los debates parlamentarios tenían un componente de teatralidad política, por lo que en ocasiones el uso de la mentira, la sobreactuación, la exageración, la provocación, la ironía, la sorna, la burla o la excesiva adulación dirigida a parlamentarios concretos o a la totalidad del Congreso formaba parte del juego político.⁹

A pesar de la gran utilidad que concedo a los diarios de sesiones para el desarrollo de esta investigación, y junto a las posibles limitaciones que conllevan y a las que me he referido, tengo que señalar también algunos de los problemas que he encontrado en torno al acceso a estos. Debo admitir que, pese a haber acudido a numerosos archivos y bibliotecas, no siempre ha sido posible localizar en ellos los ejemplares de las sesiones parlamentarias de toda la década objeto de mi estudio. De este modo, la Biblioteca del Congreso de la República de Lima no alberga las sesiones de 1866 y 1867; mientras que en el Archivo de la Función Legislativa de Quito no se encuentran los debates de 1862, 1866 y 1870. Estas ausencias, no obstante, se han podido solventar mediante la consulta de otro tipo de fuentes, como la prensa, en la que a menudo aparecían las transcripciones completas de las sesiones parlamentarias.

Por tanto, la prensa ha resultado ser una fuente complementaria idónea para colmar algunas de las lagunas planteadas por los diarios de sesiones. Sin embargo, también en la utilización de este material hay que hacer algunas precisiones, como por ejemplo la pertinencia de tener en cuenta la orientación editorial de los periódicos. En este sentido, resulta signiﬁcativo el caso de El Peruano, periódico oﬁcial del Gobierno de Perú, y cuya publicación trisemanal –lunes, miércoles y viernes–, por tanto, dependía del Consejo de Ministros, según una ley del 14 de noviembre de 1856. Así, esta publicación debía incluir «las leyes y resoluciones del Congreso, los decretos y resoluciones del Gobierno, los tratados públicos, las comunicaciones diplomáticas que sea necesario publicar y, en general, todos los actos gubernativos», así como «el despacho diario de los Tribunales».¹⁰ En este sentido, he encontrado en este periódico una buena fuente de información sobre todo asunto que emanara de los poderes públicos. Por su parte, el periódico oﬁcial del Gobierno ecuatoriano de García Moreno –que estuvo en el poder durante la mayor parte del tiempo que he estudiado– era El Nacional, que se publicaba una vez por semana, «con ocasionales interrupciones e irregularidades», y contenía avisos y correspondencia oﬁciales, nuevas leyes y decretos, las decisiones del tribunal de cuentas y algunos editoriales.¹¹

Dada la imposibilidad de consultar toda la prensa peruana y ecuatoriana que circuló a lo largo de la década, me ha parecido interesante, sin embargo, seleccionar algunas de las publicaciones en función de ciertos criterios. En el caso de Perú, opté por una consulta en profundidad y en extensión –a lo largo de toda la década de 1860– de dos de los diarios más relevantes del momento: El Peruano, como periódico oﬁcial del Gobierno y, por tanto, como medio de traslación de sus convicciones políticas a la opinión pública, y El Comercio, debido a la impronta que este rotativo tenía –y aún tiene– en la sociedad peruana –al menos, entre los grupos sociales que sabían leer en aquel momento, que como veremos representaban un pequeño porcentaje de la población total– y sobre todo a la reproducción de muchas de las sesiones parlamentarias que se pueden encontrar entre sus páginas.¹² En lo que respecta a Ecuador, decidí obtener una muestra de algunas de las noticias más relevantes aparecidas en la prensa durante la década de los sesenta entre la multiplicidad de títulos que se ubicaban en la Hemeroteca de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit y en el Archivo Histórico del Ministerio de Cultura.

En último lugar, expondré brevemente la estructura de este libro, el cual consta de tres partes fundamentales, que han sido divididas en función de criterios temáticos y no cronológicos. La primera de ellas, titulada «Estructuras básicas para el juego político: economía, sociedad, territorio, legislación», presenta una aproximación al contexto, deﬁniendo aquellas coordenadas básicas en las que se desarrolló el sistema político que se analizará posteriormente. Así, a través de tres capítulos, en esta primera parte se examinan algunas de las características fundamentales de la historia peruana y ecuatoriana durante la segunda mitad del siglo XIX, que condicionarían el sistema representativo en proceso de instalación en cada uno de los países a lo largo de la década de 1860: los cambios gubernativos y los principales conﬂictos desatados, el desarrollo económico y su efecto sobre la sociedad, la estructura territorial y administrativa, el marco legislativo que actuó como referencia –formado fundamentalmente por la promulgación de constituciones y leyes electorales– y la composición de las diferentes asambleas constituyentes que se sucedieron en el periodo. Como se apreciará a lo largo del libro, parto del convencimiento de que los aspectos económicos, sociales y territoriales inﬂuirían de manera importante en la deﬁnición de la nación que se hizo a lo largo del siglo XIX, y por tanto, también en la conﬁguración del sistema representativo que se implantó en estos países.

A continuación, un segundo apartado, titulado «Construyendo el liberalismo: principios de inclusión y exclusión», ocupa la parte más amplia de la investigación. Es precisamente en estas páginas donde se abordan los objetivos principales de mi análisis y, por tanto, en las que se maniﬁestan también los principales resultados. A través de seis capítulos, se reﬂexiona sobre las interpretaciones y reelaboraciones que llevaron a cabo las élites políticas peruanas y ecuatorianas en torno a los principios teóricos del liberalismo y su combinación con las necesidades sociopolíticas, construyendo un binomio de inclusión y exclusión que daría lugar a diferentes plasmaciones políticas –institucionales, legislativas o electorales–. El análisis del discurso, por tanto, cobrará un protagonismo especial en estos capítulos. La segunda parte comienza reﬂexionando sobre aspectos básicos de los sistemas liberales: el principio de representación –como nuevo mecanismo legitimador del poder– y los conceptos de libertad e igualdad. A partir de aquí, la investigación se centra en las diferentes categorías políticas que se crearon para clasiﬁcar a los individuos –y que dan título a este libro–: ciudadanos, electores y representantes. Un último capítulo, además, recoge un análisis sobre aquellos grupos marginados del juego político y los discursos justiﬁcativos que se dieron por parte de las élites políticas creadoras de esta dinámica de exclusión.

Por último, dos capítulos cierran el libro y conforman el bloque ﬁnal, titulado «Perú y Ecuador en el contexto internacional: tensiones fronterizas, proyectos comunes y circulación de ideas». Como ya se ha comentado, parto de la idea de que los sistemas representativos implantados en Perú y en Ecuador a lo largo de la década de 1860 no se construyeron en solitario, sino que se encontraban inmersos en un contexto más amplio. Por ello, en esta tercera parte se ﬁja la atención en los procesos de transferencias culturales e ideológicas, en los proyectos políticos conjuntos y en los conﬂictos internacionales principales que tuvieron lugar en cada uno de los contextos objeto de este estudio –el espacio andino, el espacio iberoamericano y el espacio atlántico–, especialmente en la inﬂuencia que estos procesos tuvieron en la conﬁguración deﬁnitiva de los sistemas liberales implantados en Perú y en Ecuador. En esta última parte, por tanto, resulta fundamental la perspectiva metodológica que propone la historia de las transferencias culturales.

Para ﬁnalizar, debo hacer algunas indicaciones sobre determinados aspectos formales que se han tenido en cuenta a la hora de reproducir buena parte de la información extraída de las fuentes consultadas. Así, tengo que señalar que las citas literales han sido transcritas según la norma ortográﬁca actual con el objetivo de facilitar la lectura, si bien se ha respetado el resalte original de ciertas palabras a través del uso de cursivas o mayúsculas. Asimismo, las citas en inglés han sido traducidas al castellano por la autora.

¹ Pierre Rosanvallon: Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 20.

² Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: «An Approach to Political Culture», en Gabriel Abraham Almond y Sidney Verba: The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Princeton University Press, 1963; Serge Berstein: «La cultura política», en Jean Pierre Rioux y Jean François Sirinelli: Para una historia cultural, México, Taurus, 1999, pp. 389-405; Jean François Sirinelli: «L’histoire politique et culturelle», en Jean Claude Ruano Borbalan (coord.): L’histoire aujourd’hiu. Nouveaux objets de recherche. Courants et débats. Le métier d’historien, Auxerre, Éditions Sciences Humaines, 1999, pp. 157-164.

³ María Sierra: «La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación», en Manuel Pérez Ledesma y María Sierra (eds.): Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2010, pp. 233-261, esp. pp. 233-234.

⁴ Reinhart Koselleck, Otto Brunner y Werner Conze (eds.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur Politische-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, 1972-1992.

⁵ Michaël Werner y Michel Espagne: «La construction d’une référence culturelle allemande en France: genèse et histoire (1750-1914)», Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 42-4, 1987, pp. 969-992.

⁶ Algunos trabajos de referencia sobre estas líneas metodológicas son Michaël Werner y Bénédicte Zimmermann: «Penser l’histoire croisée: entre empirie et réﬂexivité», Annales. Histoire, Sciences Sociales 58, 2003, pp. 7-36; Sebastian Conrad, Andreas Eckert y Ulrike Freitag (coords.): Globalgeschichte: Theorien, Ansätze, Themen, Frankfurt, 2007; Laurent Testot: Histoire global. Un nouveau regard sur le monde, Auxerre, Sciences Humaines Éditions, 2008; Romain Bertrand: «Historia global, historias conectadas, ¿un giro historiográﬁco?», Prohistoria: historia, políticas de la historia 24, 2015, pp. 3-20.

⁷ Michel Bertrand señala la relevancia de los actores históricos que hacen posible la circulación de ideas y pone el foco especialmente en las redes sociales –familiares, de amistad, de negocio, etc.– que construyen. Michel Bertrand: «A propósito de la historia global: una reﬂexión historiográﬁca entre el Viejo y el Nuevo Mundo», en Conferencia Inaugural del programa de Doctorado en Historia, Universidad de Sevilla, 21/10/2015. Para más información sobre el estudio de las redes de sociabilidad, véanse algunas obras de este autor: Michel Bertrand y Claire Lemercier: «Introducción: ¿en qué punto se encuentra el análisis de redes en Historia?», Redes: Revista hispana para el análisis de redes sociales 21, 2011, pp. 1-12; Michel Bertrand: «De la familia a la red de sociabilidad», Revista Digital de la Escuela de Historia 4-6, 2012, pp. 47-80.

⁸ James E. Sanders: «Atlantic Republicanism in Nineteenth-Century Colombia: Spanish America’s Challenge to the Contours of Atlantic History», Journal of World History 20, 2009, pp. 131-150, esp. p. 132.

⁹ Agradezco en este punto las reﬂexiones suscitadas en el simposio «El poder en escena: debates parlamentarios en Latinoamérica, 1810-1910», en Congreso Internacional de AHILA. En los márgenes de la historia tradicional. Nuevas miradas de América Latina desde el siglo XXI, celebrado en Valencia en septiembre de 2017, en el que intervinieron, entre otros, historiadores como Eduardo Posada Carbó, Gabriella Chiaramonti, Natalia Sobrevilla o Diego Molina.

¹⁰ El Peruano, «Aviso Oﬁcial», 3/01/1863.

¹¹ Daba buena cuenta de ello el estadounidense Friedrich Hassaurek, que residió en Ecuador durante algunos años de la década de 1860. Friedrich Hassaurek: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868, p. 286.

¹² Especialmente relevante ha sido la consulta del periódico El Comercio para cubrir el vacío que presentaba la Biblioteca del Congreso de la República en torno a los años 1866-1867, los cuales suponen un periodo de tiempo de gran relevancia en la historia política de Perú.

PARTE PRIMERA

ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL JUEGO POLÍTICO: ECONOMÍA, SOCIEDAD, TERRITORIO, LEGISLACIÓN

I. UNA APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN POLÍTICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y TERRITORIAL DE PERÚ Y ECUADOR A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Mi análisis sobre la construcción de la representación parlamentaria en Perú y en Ecuador se emplaza en la década de 1860, un periodo en el que en ambos países tuvieron lugar una serie de transformaciones en el ámbito político, social y económico que repercutirían también en el marco legislativo que se empezaba a dibujar en esta época. El sistema representativo pasaba entonces por una etapa de consolidación y desarrollo. Desde el punto de vista político, nos situamos en el comienzo de un periodo de mayor estabilidad, donde los elementos civiles adquirieron protagonismo sobre los aspectos militares. Aunque algunos de los principales líderes políticos del momento –como el peruano Ramón Castilla– procedían del estamento militar, lo cierto es que gobernaron a través de sistemas representativos en los que la Constitución era el pilar fundamental, y no mediante juntas militares. Como aﬁrma Irurozqui, «el hecho de que una trayectoria profesional armada favoreciese a inicios de la República el desempeño de cargos de autoridad o que hubiera militares ocupando cargos de gobierno no equivalía ni a dominación militar ni a gobierno militar».¹ A pesar de ello, en países como Perú el civilismo no se asentaría en el poder hasta la llegada a la presidencia de la república de Manuel Pardo en 1872.² Por otro lado, ambas naciones experimentaron un boom económico, al calor de la explotación de determinados productos –fundamentalmente, el guano en Perú y el cacao en Ecuador–, que ayudaría a colocar sus economías en el mercado internacional. Este auge estaba directamente relacionado con el surgimiento de unas élites comerciales y ﬁnancieras que empezarían a ocupar un lugar preponderante en la estructura social, y que se irían diferenciando del resto de población en sus estilos de vida. Por último, la diversidad social y económica que caracterizaba a ambos países andinos tenía una estrecha relación con los aspectos geográﬁcos. Así, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue acentuando también una separación entre la población de las grandes ciudades situadas fundamentalmente en la costa y aquella que habitaba las zonas rurales del interior.

En este capítulo, por tanto, voy a realizar un repaso de los aspectos característicos de Perú y de Ecuador en materia política, económica, social y territorial durante la segunda mitad del siglo XIX. Para llevarlo a cabo, se ha utilizado principalmente un corpus bibliográﬁco especializado en la historia peruana y ecuatoriana del momento, presentando así un estado de la cuestión historiográﬁca sobre el tema. No obstante, también se incluyen algunas referencias documentales propias, como ciertos pasquines políticos que circularon en la época e informaban sobre la situación política, artículos de prensa contemporánea, ensayos decimonónicos, correspondencia privada o algunas intervenciones parlamentarias. En deﬁnitiva, en estas páginas se trata de presentar el marco general en el que se implantó y desarrolló el sistema político liberal representativo que pretendo analizar en capítulos posteriores.

LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA LIBERAL A MEDIADOS DEL SIGLO XIX

Como he comentado, en ambos países, hacia la fecha de 1860-1861 se inició un periodo político diferente al que se había desarrollado anteriormente. En este momento, el sistema liberal representativo implantado desde la independencia de las repúblicas se fue consolidando a través del desarrollo de una legislación que resultó ser la de mayor vigencia de la centuria –al menos, en el caso de Perú–, y que implantó los pilares básicos sobre los que se sustentaría el sistema político en la segunda mitad del siglo XIX. Medidas como la manumisión de los esclavos, la abolición del tributo indígena, la mejora de la educación pública o la amplitud de la libertad de prensa otorgaron el caliﬁcativo de «liberales» a los sistemas políticos instalados en estas fechas. No obstante, como se verá en las siguientes líneas, los elementos conservadores gozaron de un gran protagonismo en la mayor parte de la década de los sesenta tanto en Perú como en Ecuador.³

En lo que respecta a Perú, a partir de la segunda mitad del siglo XIX se dio paso a un sistema representativo liberal no democrático caracterizado por una mayor estabilidad política. Esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo, que se diferenciaba de la etapa anterior, deﬁnida por la preeminencia del caudillismo y por las frecuentes guerras civiles. En gran medida, esta nueva etapa estuvo protagonizada por un individuo, Ramón Castilla, que gobernó Perú entre 1844-1851 y 1854-1862. A pesar de su formación militar, Castilla poseía un profundo ideario republicano. Sus principios se basaban en el valor de la Constitución y de las leyes. Así, su deseo era acabar con las guerras civiles que asolaban el país en los años cuarenta, y conseguir la estabilidad política. De hecho, por primera vez desde la independencia, a partir de su mandato comenzaría un régimen político estable conocido como «Pax Andina».⁴ No obstante, también se trataba de un individuo pragmático, que pensaba que la consecución de dicho objetivo solo era posible mediante la creación de un ejército nacional fuerte y cohesionado. En su opinión, mientras se lograba la paz en Perú, el país debía ser regido por una junta de militares. En este sentido, conﬂuían en la persona de Ramón Castilla su experiencia militar y sus principios republicanos y constitucionales.

Todo esto le llevó a participar el 20 de mayo de 1843 en la Revolución Constitucionalista que se desató contra Manuel Ignacio Vivanco, al lado de su amigo y también militar Domingo Nieto. Durante este conﬂicto Castilla pudo demostrar sus habilidades como estratega militar y como político. Finalmente, los constitucionalistas triunfarían en la batalla de San Antonio (Arequipa). Resulta signiﬁcativo que la victoria llegase precisamente en este lugar, pues uno de los objetivos de Castilla era integrar las provincias periféricas en el Estado nacional. Procedente de Tarapacá, Castilla sentía una profunda desconﬁanza por las élites limeñas y su política. A su parecer, era precisamente en la capital donde nacía la desunión del país. Así, una vez que hubo triunfado en Arequipa, donde asumió el mando, su próximo objetivo era la ciudad de Lima. Finalmente, los constitucionalistas vencerían en Carmen Alto el 22 de junio de 1844. Vivanco huyó a Ecuador, mientras que Castilla asumía el cargo de presidente de la república.⁵ Se iniciaría así su primer gobierno, que duraría hasta 1851, y sería retomado posteriormente entre 1854 y 1862.

En 1854 Ramón Castilla sustituyó a José Ruﬁno Echenique como presidente de la República peruana tras el triunfo de su «revolución liberal». Como ha señalado Víctor Peralta, habitualmente la historiografía ha considerado este suceso como liberal porque en él participaron intelectuales liberales como Manuel Toribio Ureta, Pedro y José Gálvez o Domingo Elías. Además, se ha puesto el acento en la consecución de medidas avanzadas como la abolición del tributo indígena o la supresión de la esclavitud, ambos acontecimientos fechados en 1854.⁶ De hecho, esta revolución liberal pretendía llevar a cabo las promesas que se venían realizando desde la independencia del país en 1821: «manumitir a los esclavos, abolir las “castas”, y “liberar” a los indios del tributo».⁷ No obstante, algunos historiadores, como el mencionado Peralta, cuestionan el liberalismo de Castilla y de sus seguidores, y consideran que la denominada «Revolución Liberal» se trató más bien de una «guerra civil»:

[...] el llamado ejército libertador liderado por el general Ramón Castilla apeló con éxito al principio liberal en la medida en que ello fue también acompañado de cooptaciones formales e informales de múltiples fuerzas e instituciones sociales y regionales que poco o nada tenían que ver con lo ideológico.⁸

Comenzaba así el segundo mandato de Castilla, durante el cual, en 1856, se redactó un texto constitucional de tendencia liberal que, sin embargo, no convenció al presidente, pues reducía el poder ejecutivo a favor del legislativo, cumpliendo así el principio liberal de limitar el presidencialismo. De hecho, la promulgación de esta Constitución, así como otras actuaciones de tendencia liberal que tuvieron lugar durante su segundo gobierno, produjeron el descontento entre los sectores de población más conservadores que habían apoyado a Castilla durante el conﬂicto, produciéndose diversos levantamientos contra el presidente en algunas provincias como Arequipa o Moquegua.⁹ Los años 1857 y 1858 se caracterizaron especialmente por «la coacción y la violencia en varias poblaciones de la República», e incluso algunos documentos llegan a hablar de guerra civil.¹⁰ Todo ello, sin embargo, terminaría con un nuevo triunfo de Castilla.

En este contexto, en 1857 Castilla disolvió la Asamblea y convocó elecciones para formar un nuevo Congreso que redactara una Constitución más conservadora, alejándose desde este momento de los liberales y refugiándose en el ejército.¹¹ En 1858 se convocaron nuevas elecciones al Congreso, que dieron lugar a una Asamblea de corte conservador.¹² El nuevo Congreso, una vez instalado, realizaría algunas reformas de gran relevancia para el país, siendo la más importante de todas ellas la elaboración de un nuevo sistema normativo que se mantendría sin grandes variaciones hasta ﬁnales del siglo XIX lo que le convierte en el marco normativo más estable de todo el Perú decimonónico. Así, del trabajo realizado por el Congreso de 1860 surgieron la Constitución de 1860 y la Ley Electoral de 1861. La Constitución de 1860, que seguía el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América, ha sido caliﬁcada por la historiografía como un texto profundamente conservador –es decir, se adscribía a la corriente más moderada del liberalismo–. En palabras de Graham H. Stuart, «el elemento conservador, aunque estaba dispuesto a aceptar algunos de los principios liberales de la Constitución de 1856, estaba decidido a hacer de la nueva ley orgánica un instrumento seguro para el gobierno».¹³

A partir de las elecciones de 1862, Castilla sería sustituido como presidente de la república por Miguel de San Román. El 23 de octubre de 1862 Castilla se despedía de los peruanos con un discurso que comenzaba con las siguientes palabras: «Desciendo del alto puesto que vuestra libre voluntad me designó, con la conciencia tranquila y con la frente limpia de las feas manchas que deja tras sí el crimen».¹⁴ Por su parte, el Gobierno de San Román duraría poco, pues falleció en abril de 1863. El encargado de sucederle fue Juan Antonio Pezet, hasta entonces vicepresidente de la República. Este tuvo que hacer frente al problema surgido con España a raíz de la ocupación de las islas Chincha por parte de la ﬂota española. En este contexto, el 2 de noviembre de 1865, Mariano Ignacio Prado encabezaba una insurrección que acabaría con el Gobierno de Pezet. Entre los que criticaron la actuación de Pezet ante la invasión española se encontraba el propio Castilla. Finalmente, tras el combate del Callao del 2 de mayo de 1866 terminaría el conﬂicto contra España.

Una vez que se hubo conseguido la paciﬁcación exterior, se procedió a la convocatoria de elecciones para elegir un nuevo Congreso, el cual debía redactar un nuevo texto constitucional que sustituyera al de 1860. Se promulgaría así, el 29 de agosto de 1867, una Constitución de tendencia liberal que, sin embargo, solo tendría vigencia durante unos pocos meses. Según José Pareja, «la Constitución de 1867 es en gran parte copia de la Carta de 1856, pero mucho más avanzada, extremada y radical [...]», puesto que, entre otras modiﬁcaciones, se recuperaba el sufragio popular directo para los ciudadanos en ejercicio mayores de veintiún años.¹⁵ Sin embargo, el Gobierno de Prado consiguió establecer un fuerte control de los procesos electorales «a través de los gobernadores (funcionarios del gobierno) y en la identiﬁcación de los sufragantes mediante boletas de contribuyentes». Además, César Gamboa asegura que «la elección simultánea de un presidente constitucional y una Asamblea Constituyente fue duramente criticada en su momento».¹⁶ Finalmente, el carácter extremadamente liberal de esta Constitución –junto con la propuesta de medidas consideradas radicales, como la libertad de cultos, por parte de algunos miembros del Parlamento– hizo que no fuera bien acogida por la mayor parte de la sociedad, siendo derogada y sustituida por la Constitución de 1860 el 6 de enero de 1868. El carácter moderado del texto de 1860, que evitaba los extremos políticos y las tendencias excesivamente radicales, aunque incluía algunas inﬂuencias liberales de la Constitución de 1856, lo convirtió en un documento más satisfactorio para los legisladores peruanos de la época.¹⁷

Sin embargo, el principal baluarte de la Constitución de 1860, Ramón Castilla, no pudo ver restablecido este marco normativo, pues había fallecido el 30 de mayo de 1867. Sus restos fueron despedidos con honores fúnebres por la sociedad peruana y, en especial, por los altos cargos militares y políticos.¹⁸ Por tanto, a partir de la muerte de Castilla y de la vuelta a la vigencia de la Constitución de 1860 –que no sería derogada ya hasta 1920–considero que quedaría cerrado el eje temporal de análisis de este trabajo. A partir de 1868, ocuparía el puesto de encargado del poder ejecutivo Pedro Díez Canseco, hasta que la celebración de nuevas elecciones presidenciales otorgaron el poder a José Balta, que ejercería su mandato hasta que fuera asesinado en 1872.¹⁹

A la mayor estabilidad política que se podía observar en la vida política peruana desde 1860 se unía una tendencia que se venía desarrollando desde la década de los cincuenta: una mayor consolidación de los partidos políticos, a diferencia de momentos anteriores en los que las tendencias políticas se agrupaban mediante simples clubes o asociaciones de intereses.²⁰ Aunque la tendencia no culminaría hasta la creación del Partido Civil en 1871, en las décadas de 1850-1860 comenzaba a aparecer un embrión del posterior sistema de partidos. En este sentido, ocupaba un papel relevante la aparición del Club Progresista en las elecciones de 1850, la primera formación política que presentó un candidato civil a las elecciones –Domingo Elías–, tratando así de abrir un periodo claramente diferenciado del anterior predominio militar.²¹ A lo largo de la década de los cincuenta, pero fundamentalmente en la de los sesenta, las formaciones políticas comenzaron a aparecer con una mayor complejidad en sus estructuras. Ya no eran simples facciones asociadas a un caudillo que utilizaba la política como forma de legitimación de su poder, sino que empezaron a surgir estructuras jerarquizadas que presentaban programas políticos y que utilizaban mecanismos de propaganda política como la prensa, los folletos y pasquines, etc. Además, comenzaron a utilizar un lenguaje heredado de los ilustrados que propagaron el liberalismo en Europa, basado en la defensa de determinados derechos y libertades como pilares de sus principios teóricos. No obstante, como ya se ha mencionado, habría que esperar al año 1871 para encontrar la primera formación política que se denominaba con la categoría bien deﬁnida de «partido político»: el Partido Civil.²²

Si en Perú Ramón Castilla representaba el inicio del «verdadero período republicano»,²³ en Ecuador existía también un nombre propio vinculado al nacimiento de la nación: Gabriel García Moreno, principal exponente del conservadurismo ecuatoriano, elegido presidente de la República entre 1861-1865 y 1869-1875. La etapa garciana representa uno de los momentos más relevantes de la historia ecuatoriana, pues en ella se produjo la consolidación de un modelo político de liberalismo conservador con una fuerte preeminencia de la religión católica –denominado por la historiografía ecuatoriana más reciente como el periodo de la «modernidad católica»– a la vez que el desarrollo del estado nacional ecuatoriano.²⁴

Tradicionalmente, el proyecto político de García Moreno ha sido caracterizado por la historiografía como un proyecto contradictorio que no consiguió triunfar.²⁵ No obstante, en las últimas décadas estas tesis han sido revisadas por historiadores como Juan Maiguashca o Ana Buriano. En palabras de Buriano, el ideal político de García Moreno era «el progreso ordenado y la libertad controlada de la nación regida por la moral cristiana». Esta autora señala también que lejos del inmovilismo tradicionalmente asociado al periodo conservador ecuatoriano, la política de García Moreno se caracterizó por «promover cambios e innovaciones» así como por fomentar la construcción de una nación.²⁶ En la misma línea se sitúa Maiguashca, quien destaca la relevancia de la política de García Moreno en la formación de un Estado nacional ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XIX, rechazando así las hipótesis tradicionales que situaban los orígenes del Estado moderno en Ecuador a ﬁnales de siglo. Para este autor, en 1861 daba comienzo una época de cambios en todos los ámbitos: «mientras el cambio social que inició García Moreno se encaminó a fundar una sociedad civil basada en el mérito, el cambio político-ideológico que propuso tuvo como meta la creación de una comunidad imaginaria en el interior de un Estado soberano».²⁷

Desde su creación como Estado independiente en 1830, Ecuador había sido gobernado por individuos conservadores pertenecientes a la escuela francesa: Juan José Flores (1830-1834 y 1839-1845) y Vicente Rocafuerte (1834-1839).²⁸ No obstante, en marzo de 1845 estalló la Revolución de Marzo, que enfrentó a los partidarios del entonces presidente Juan José Flores contra los rebeldes «marcistas» liderados por José María Urbina. A partir de 1845, la escuela americana conseguiría hacerse con el poder, sucediéndose los gobiernos de Vicente Ramón Roca (1845-1849), Manuel de Ascásubi (como encargado entre 1849-1850), José María Urbina (1851-1856) y Francisco Robles (1856-1859). Tras la guerra civil (o «crisis nacional») de 1859-1860 –en la que el poder político quedó dividido entre Cuenca, Loja y Quito–, ﬁnalmente los garcianistas conseguirían retomar el poder a partir de la conquista de Guayaquil –donde había resistido el general Guillermo Franco, apoyado por el presidente peruano Ramón Castilla– el 24 de septiembre de 1860, fecha clave en el imaginario de los conservadores ecuatorianos.²⁹

Tras este desenlace, García Moreno empezaba a ser considerado el valedor de la reuniﬁcación nacional. Así, en algunos impresos que circularon en aquel momento se podía leer que por su «mediación redentora el hermano de la Costa y el hermano de la Sierra están bajo la Línea Equinoccial».³⁰ García Moreno era el paciﬁcador de Ecuador, como se ponía de maniﬁesto en otro panﬂeto:

Ha pasado una revolución como pasa un huracán sobre la tierra, revolviendo, mudando, conmoviendo todo lo que ha encontrado en su camino. Concluida su obra, ha desaparecido para el pueblo, que ya no ve su sombra aterradora, sino las estatuas de la Paz que recorren triunfantes las plazas de la República [...].³¹

Por ello, García Moreno aparecería como el candidato idóneo para hacerse cargo de la presidencia desde 1861.

Gabriel García Moreno había viajado por Europa en dos ocasiones antes de llegar al poder en Ecuador, lo que le permitió entrar en contacto con los sistemas políticos instalados en Inglaterra, Francia o Alemania. Como apunta Luis Robalino, esto supuso un gran aprendizaje para el futuro presidente ecuatoriano, ya que la Europa de 1850 era todo un espectáculo:

[...] acababan de ser dominadas las varias revoluciones del año trágico de 1848, muy especialmente en Francia, Alemania, Italia, Austria y los Principados Danubianos. En la primera de estas naciones, la formación de una clase obrera [...] permitió la Revolución de 1848 a nombre del sufragio universal; la constitución de la Segunda república y la tentativa, en las jornadas sangrientas de Junio, de un trastorno social. El socialismo naciente, colectivista con Saint Simon, Fourier y Louis Blanc, o anarquista con Proudhon, trataba de implantarse en Francia.³²

Su segundo viaje europeo, en 1855, se centró especialmente en Francia, donde se hallaba en apogeo el Imperio de Luis Napoleón Bonaparte. García Moreno era un gran admirador de la política de Napoleón III –no en vano se adscribiría a la escuela francesa, como se verá en el próximo capítulo–, y «veía que en el Ecuador, más que en Francia, la necesidad de una autoridad fuerte se hacía sentir con premura». El ecuatoriano comparaba la Revolución francesa de 1848 con la revolución que había protagonizado Urbina en Ecuador unos años antes, y se convencía de que «así como Napoleón III había ahogado la Revolución de 1848, él ahogaría, y más fácilmente, el espíritu revolucionario en el Ecuador aplastando a todos los Urbinistas que tratasen de despertarlo».³³ Además, en Francia tuvo la oportunidad de conocer su sistema educativo, que le inspiraría para proponer uno propio en el Congreso de 1857 y posteriormente llevarlo a cabo durante su etapa presidencial. También admiraba el trabajo ornamental que Napoleón III había desarrollado en París –«He encontrado inmensas mejoras debidas a Luis Napoleón quien, a pesar de la guerra, hace continuar mil obras de ornamento o de utilidad, como calles y palacios magníﬁcos, ferrocarriles nuevos, etc.»–,³⁴ elemento que también trataría de imitar una vez llegara al poder en Ecuador. El interés por la construcción de obras públicas –caminos, carreteras, líneas férreas, hospitales, orfanatos, cementerios, etc.–, especialmente durante su segundo mandato, hizo que el historiador Pareja Diezcanseco dijese de él que «más que un estadista, García Moreno es un constructor, un gran maestro de obras».³⁵

Durante su primera legislatura, regida por la Constitución de 1861, se llevó a cabo la promulgación de un compendio legislativo importante, que sentó las bases del sistema liberal que se empezaba a consolidar durante la década de los sesenta: entre otras, la Ley de Régimen Municipal de 1861, las leyes electorales de 1861 y de 1863 o la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1863. A este primer mandato también correspondía la ﬁrma del Concordato con la Santa Sede, llevado a cabo en Roma el 26 de septiembre de 1862 y ratiﬁcado en Quito el 17 de abril de 1863.³⁶ El objetivo de dicho Concordato, además de asegurar la religión católica como la única posible en el país, prohibiendo otros cultos, era el de establecer algunas de las prerrogativas de los eclesiásticos y el papel de la religión en la República de Ecuador. En este sentido, a través de este documento se implantaron cuestiones como la presencia de la doctrina católica en la educación –«la instrucción de la juventud en las universidades, colegios, facultades, escuelas públicas y privadas, será en todo conforme a la doctrina de la religión católica»–; la censura con respecto a los «libros contrarios a la religión y a las buenas costumbres»; la continuidad del cobro de diezmos; o el derecho de la Santa Sede a erigir nuevas diócesis en el territorio ecuatoriano. Asimismo, durante este primer mandato de García Moreno tuvieron lugar importantes actuaciones en materia de política exterior, destacando la asistencia de Ecuador al Congreso Americano celebrado en Lima en 1864, con el objetivo de deﬁnir las fronteras entre los países latinoamericanos.³⁷

Entre 1865 y 1869 –un periodo conocido por la historiografía ecuatoriana como «Interregno»– se sucedieron en la presidencia de Ecuador una serie de individuos –todos los cuales contaron con el apoyo de García Moreno siempre y cuando siguieran sus directrices–, que gobernaron durante plazos muy cortos: Rafael Carvajal (1865), Jerónimo Carrión (1865-1867), Pedro José de Arteta y Calisto (1867-1868) y Javier Espinosa (1868-1869). A pesar de que todos ellos siguieron con el programa político inaugurado en 1861, Ana Buriano señala que en esta etapa también podían encontrarse algunos aires de renovación: la amplitud de la libertad de prensa, la concesión de amnistías políticas, el apego a la legalidad o la búsqueda del centro ideológico fueron elementos característicos de los gobiernos que se sucedieron en estos años.³⁸

A partir del 29 de julio de 1869 se iniciaba el segundo mandato de García Moreno. Este periodo estaría regido por la Constitución de 1869 (conocida como la «Carta Negra»), en la que se reforzaba el elemento católico que caracterizaba la ideología de García Moreno, y por la ley de elecciones promulgada en el mismo año. Este segundo mandato estaría caracterizado por una progresiva centralización política, una mayor amplitud de las atribuciones del poder ejecutivo, una limitación de las libertades individuales y una enorme restricción del derecho a la ciudadanía, que quedaba limitado a los individuos que, entre otras cuestiones, profesaran la religión católica.³⁹ Además, en esta segunda legislatura tuvo lugar una importante obra educativa, así como una considerable atención a la construcción de infraestructuras, a la que hemos hecho referencia anteriormente.

El periodo garciano concluiría el 6 de agosto de 1875 con el asesinato del presidente al entrar en el Palacio de Gobierno (Palacio de Carondelet), a manos de Faustino Rayo, un colombiano que años antes había sido el hombre de conﬁanza de García Moreno. Pareja Diezcanseco explicaba de la siguiente forma cómo tuvo lugar el asesinato:

Cerca de las dos de la tarde del 6 de agosto de 1875, después de haber orado en la Catedral y de visitar la casa de su familia política, enderezó García Moreno sus pasos al Palacio. Acababa de subir las escaleras del atrio, cuando Faustino Rayo le atacó de un machetazo entre el cuello y la espalda. Manuel Cornejo le descerrajó un balazo en un hombro. Otro golpe de Rayo le rompió el brazo izquierdo por el codo y otro le despedazó la mano derecha. Su edecán fue sujeto de los brazos por los complotados. Pudo García Moreno correr hacia la puerta de Palacio, donde lo detuvo Andrade con un balazo. Volvióse dando voces. Vacilante, dio traspiés hasta caer de lo alto a la plaza. Bajó las escaleras Rayo, y alcanzó a la víctima, cuya cabeza macheteó como un poseído. Allí murió García Moreno con dieciocho heridas en el cuerpo.⁴⁰

Si bien es cierto que Rayo fue la mano ejecutora, las investigaciones posteriores determinaron que el asesinato realmente procedía de una conspiración ideada por un grupo de dirigentes «jóvenes, cultos y liberales», en la que participaron numerosos individuos –incluso algunos miembros de su gobierno, como el general y ministro de Relaciones Exteriores Francisco Javier Salazar–.⁴¹ Estos «conspiradores» entendieron su actuación «no como asesinato, sino como revolución», frente al férreo control político y social que estaba llevando a cabo el gobierno de García Moreno.⁴² De hecho, Roberto Andrade, uno de los participantes en el complot, aﬁrmaba años después, tratando de justiﬁcar su acción, que «el machete de Rayo no es otro que la antorcha de la libertad empuñada por todos los hombres justos de la tierra». Por ello, veía la necesidad de publicar su libro, Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, cuyo primer capítulo tenía el siguiente objetivo:

Como para justiﬁcar una muerte a mano armada es necesario dar a conocer la vida del muerto, pongo por primer capítulo de esta obra un esbozo de los atentados de ese tirano espantable y los esfuerzos del pueblo ecuatoriano por quitarle la vida desde que se persuadió de su crueldad. Así la civilización verá que era indispensable matarlo, y dirá que los conspiradores fuimos soldados de la Libertad y profundos amigos de los hombres.⁴³

El asesinato de García Moreno no resultaba extraño, pues a lo largo de todo su gobierno se habían sucedido constantes rebeliones contra su autoridad. Así, por ejemplo, el New York Times del 26 de enero de 1862 informaba de que había sido sofocada una revuelta en Perucho –el pueblo más pequeño del distrito de Quito–, la cual quedaba justiﬁcada de la siguiente manera: «La tiranía de Don García Moreno y el General Flores se hace sentir en las poblaciones más pequeñas y en los asuntos más insigniﬁcantes».⁴⁴ De hecho, el propio García Moreno informaba a principios de 1870 a su amigo Manuel Andrade Marín, en una correspondencia privada, de un intento de asesinato hacia su persona que había fracasado: «Todos los rojos de la República han sabido que yo iba a ser asesinado, como lo prueban las noticias que los liberales hicieron circular en Loja».⁴⁵

Tras el asesinato de García Moreno, el ministro del Interior, Francisco Javier León, fue nombrado encargado del poder ejecutivo. En diciembre de 1875 se convocaron elecciones presidenciales, campaña en la que surgieron varias candidaturas: por un lado, los conservadores barajaron algunos nombres como Francisco Javier Salazar, Luis Antonio Salazar, Rafael Carvajal, Vicente de Piedrahita, Julio Sáenz y Antonio Flores Jijón; por otro lado, los liberales también tenían sus propios candidatos, entre los que se encontraban Francisco J. Aguirre Abad y Antonio Borrero. Finalmente, volvieron al poder los liberales, siendo elegido presidente Antonio Borrero (1875-1876) y posteriormente Ignacio de Veintemilla, que estaría en el poder hasta 1883, «con el decidido apoyo de los antiguos marcistas».⁴⁶

* * *

En resumen, se puede concluir que, desde el punto de vista político, en ambos países se produjo una evolución desde un liberalismo más radical en la década de los cincuenta –cuando tuvieron lugar medidas bastante avanzadas como la abolición de la esclavitud o del tributo indígena, como se verá a continuación– hasta llegar a una etapa más moderada en la década de los sesenta, que ﬁnalizaría con un sistema bastante conservador en la década siguiente, especialmente en el caso de Ecuador y su Carta Negra. Además, en ambos países hay que reseñar la impronta política que tuvieron dos individuos concretos: Ramón Castilla en Perú –a pesar de que su mandato acabó a comienzos de la década de los sesenta, su inﬂuencia se dejaría sentir mucho más allá– y Gabriel García Moreno en Ecuador.

EL AUGE ECONÓMICO Y EL SURGIMIENTO DE LA BURGUESÍA COMERCIAL

Los cambios políticos que se perciben en la década de 1860 en ambos países andinos coincidieron con el surgimiento de una élite económica y social vinculada al comercio internacional y a las ﬁnanzas, que en ambos casos se situaba en territorios concretos. El surgimiento de esta élite económica no era casual, sino que se debía al auge de determinados productos –el guano en el caso de Perú, el cacao en el de Ecuador– que permitieron introducir a los dos países en el mercado internacional. En este sentido, Perú y Ecuador seguían una tendencia generalizada en los países de América Latina, especialmente los que tienen costas en el Pacíﬁco, que empezaron a integrarse en la economía internacional a través de la exportación de determinados productos, en un periodo en el que en Europa y Estados Unidos se estaba llevando a cabo la Segunda Revolución Industrial. Así, por ejemplo, cabe mencionar el caso de El Salvador y su producción de café.⁴⁷

En el caso de Perú, el periodo que transcurre desde mediados de los años cuarenta y hasta el inicio de la guerra contra Chile (1879) se conoce como «la era del guano» porque se vio protagonizado por la explotación de este recurso. El guano era un abono muy apreciado para la agricultura por su alto contenido de nitrógeno, producido a partir de los excrementos de ciertas aves.⁴⁸ Perú llevó a cabo una gran producción de guano durante estos años debido a su abundancia en algunas de sus islas, siendo unas de las más importantes las islas Chincha. Por ello, cuando los buques españoles ocuparon dichas islas en 1864, la República de Perú le declaró la guerra al Gobierno español, y reclamó la pronta retirada de su territorio y la reparación de su honor nacional.⁴⁹

Aunque el guano había estado presente en territorio peruano desde la época de los incas –quienes, de hecho, también lo utilizaron como fertilizante agrícola en su economía–, este recurso había caído en el olvido, «como gran parte del valioso conocimiento incaico de los Andes, durante la frenética destrucción de la conquista», según apunta Peter Flindell.⁵⁰ El geógrafo inglés Clements Markham, quien realizó algunos viajes por los Andes en las décadas de 1850-1860, señalaba a través de sus escritos la importancia dada a este valioso recurso durante la época incaica:

El gobierno ilustrado de los incas del Perú sabía bien cómo apreciar este valioso abono; fue muy utilizado a lo largo de su imperio y se dice que se inﬂigía la pena de muerte a cualquiera que molestara a las aves durante la temporada de cría.⁵¹

Sin embargo, parece que los peruanos de mediados del siglo XIX no tuvieron la misma capacidad para aprovechar el auge económico que produjo la explotación del guano. El redescubrimiento del potencial del guano por parte de los peruanos coincidió con un momento en el que en Europa se estaba desarrollando la Revolución Industrial. Por esta razón, el nitrógeno contenido en el guano se empezó a revalorizar, y Perú se convirtió en un país poseedor de un recurso altamente ambicionado por las principales potencias industriales. Sin embargo, frente a los intentos extranjeros de intervenir en este rico negocio, la burguesía peruana presionó al Estado para que legislara en favor de los nacionales. Así, en 1862 se dio una ley que «obliga(ba) al Estado a preferir en cualquier contrato a “hijos del país”». En cualquier caso, la explotación y comercialización del guano, desde 1847, quedaría en manos privadas, pues en ese año se estableció un sistema de consignaciones por el cual el Estado encargaba todo el proceso guanero a empresarios particulares –en su mayoría peruanos, aunque también participaron algunos extranjeros– que se quedaban con un porcentaje de los beneﬁcios. Durante esta etapa, por tanto, «la burguesía peruana por medio de la Compañía de Consignación de Guano en el Extranjero logra que el negocio más lucrativo de Perú se le entregue». La época de privilegio de la burguesía peruana acabó con la ﬁrma del Contrato Dreyfus en 1869, por el cual el ministro de Hacienda Nicolás de Piérola vendió buena parte de los recursos guaneros a la francesa Casa Dreyfus.⁵² Este contrato trajo consigo fuertes protestas por parte de los empresarios peruanos, que acusaron al Gobierno de haber ﬁrmado «la sentencia del despojo» y de haber llevado a cabo un atentado contra el pueblo del Perú.⁵³ En deﬁnitiva, el auge guanero acabó beneﬁciando exclusivamente a un sector socioeconómico concreto –la burguesía comercial–, mientras que para el Estado supuso una crisis ﬁnanciera en la década de 1870.

Lo que podía haber sido una buena oportunidad para el desarrollo económico de Perú acabó sin embargo por agotarse en la década de 1870 debido a la mala gestión del Estado, la codicia de los empresarios, la corrupción y la sobreexplotación de un recurso ﬁnito «consumido por una pequeña élite en una orgía de importaciones de lujo».⁵⁴ Finalmente, los beneﬁcios económicos que podía traer consigo la explotación del guano no se supieron aprovechar de forma adecuada, ya que no se vieron transformadas las estructuras sociales y económicas, que siguieron perpetuando la herencia colonial. De hecho, las consecuencias nefastas del auge guanero fueron identiﬁcadas incluso por algunos viajeros que visitaron Perú durante estos años. Por ejemplo, el ya citado Clements Markham comentaba así sus impresiones:

Un gobierno prudente hubiera considerado el monopolio del guano como una extraordinaria fuente de ingresos, y lo habría reservado para pagar la deuda interna y externa y para mejorar las obras públicas; pero parece que la mente de los peruanos se hubiera turbado con este maravilloso aumento de sus ingresos, y lo han derrochado con ruinosa y deshonesta imprudencia.⁵⁵

En la misma línea, el estadounidense Friedrich Hassaurek se sorprendía de que, a pesar de que las reservas de guano convertían a Perú en el país más rico de América Latina, para el año 1868 aún no se había construido un ferrocarril que comunicara a la capital con las tierras altas del interior, ni siquiera con «la capital de los antiguos Incas». Así, este autor sentenciaba que «la riqueza del Perú ha demostrado ser una gran fuente de su miseria política», debido a que «sus recursos fueron derrochados de manera imprudente por sus gobernantes».⁵⁶ Pero también los propios peruanos eran conscientes de la situación a la que el boom guanero les estaba llevando. Así, un escritor de El Comercio ponía de maniﬁesto que «el huano, según el unánime sentir de los inteligentes, ha hecho y sigue haciendo nuestra desgracia, así como el caudal que se entrega al joven inexperto, hace su pérdida».⁵⁷

Si en Perú se ha hecho referencia a la importancia del guano como elemento que consiguió introducir al país en los mercados internacionales, en el caso de Ecuador se debe mencionar otra materia prima cuya explotación económica fue creciendo vertiginosamente a lo largo del siglo XIX hasta llegar a un periodo culminante entre 1870 y 1920: el cacao. Esta etapa se conoce en la historiografía ecuatoriana como el «segundo boom cacaotero», para diferenciarla de aquel primer periodo en el que había tenido lugar un auge económico semejante en torno a esta materia prima, entre mediados del siglo XVIII y 1820.⁵⁸ Por tanto, se podría aﬁrmar que durante todo el siglo XIX Ecuador fue dependiente del cacao desde el punto de vista económico. Como señalan Daniel Baquero y José David Mieles, «en el siglo XIX el cacao se consolidó como el principal producto de exportación y la economía del país se construyó a su alrededor».⁵⁹ A través del comercio del cacao, fundamentalmente, pero también de otros productos como el azúcar, el caucho, el banano o el café, Ecuador empezó a ocupar un lugar relevante como país exportador, siendo receptores de dichos productos las potencias industriales de Europa y América del Norte.⁶⁰ No obstante, como señala Paz y Miño, «la economía ecuatoriana se vinculó al mercado internacional en condiciones subordinadas y las posibilidades de crecimiento dependieron de los ciclos de auge y caída de las ventas externas».⁶¹

Las exportaciones de cacao fueron especialmente importantes para la costa ecuatoriana, destacando las provincias de Los Ríos, Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas. Esto trajo consigo un crecimiento de la población de esta región desde la década de los setenta, así como un mayor peso político en el contexto nacional.⁶² El auge económico atraía a un gran número de población procedente de otras regiones del país que se trasladaban a Guayaquil en busca de trabajo, ahondando así este hecho en el contraste entre la Costa y la Sierra, «que había caracterizado la vida republicana de Ecuador desde su fundación».⁶³

Si bien es cierto que el boom cacaotero permitió la construcción de grandes infraestructuras en Ecuador –hospitales, escuelas, líneas férreas o puertos–, también lo es que, al igual que ocurrió en Perú, el auge económico traería algunas consecuencias negativas. Así, en Ecuador el despilfarro dio lugar a una crisis ﬁnanciera en 1874.⁶⁴

No obstante, los principales efectos del auge económico experimentado tanto en Perú como en Ecuador se podían observar fundamentalmente a nivel social. En torno al negocio del guano y del cacao fue surgiendo una élite económica vinculada a las ﬁnanzas, el comercio y la tierra, absolutamente dependiente de los mercados internacionales.⁶⁵ Esta nueva burguesía importó un estilo de vida a imitación de las burguesías europeas, basado en el lujo y la ostentación, lo que produjo un mayor distanciamiento entre este grupo social y el resto de la población. En palabras de Manuel Andrés, «frente al enriquecimiento de unos pocos, el resto de la población veía su situación cada día más deteriorada, creándose una polarización social que eclosionó en distintos movimientos populares [...]».⁶⁶

En el caso de Ecuador, la élite comercial asentada en la costa, dependiente económicamente de las exportaciones de cacao y relacionada por tanto con el mercado internacional, se fue diferenciando de aquella antigua élite ubicada en el interior, fundamentalmente en Quito, consolidada en torno a la producción en las haciendas para un mercado local.⁶⁷ En líneas generales, la burguesía costera se identiﬁcaba en mayor medida con las ideas liberales, mientras que la élite social del interior era mucho más conservadora. Kim Clark explica esta diferencia apelando a la menor presencia de la Iglesia católica en las zonas costeras, donde había un número inferior de iglesias, conventos y monasterios, así como al interés de la burguesía enrolada en el comercio internacional por adoptar un sistema librecambista, libre de barreras aduaneras que pudieran suponer un impedimento a la circulación de sus productos.⁶⁸ No obstante, desde un punto de vista estructuralista y neomarxista, Enrique Ayala aﬁrma que la nueva burguesía comercial surgida en la costa en torno al comercio del cacao se alió con las antiguas élites terratenientes latifundistas serranas, renunciando así en buena medida a sus ideales liberales y modernizadores y dando lugar a un desarrollo capitalista reaccionario durante la etapa garciana.⁶⁹ En deﬁnitiva, Ayala habla de un «pacto histórico» entre liberalismo y latifundismo.⁷⁰ Cuando la burguesía costera alcanzó el suﬁciente poder económico, sin embargo, protagonizó una revolución contra el latifundismo serrano –la Revolución Liberal de 1895–, a partir de la cual Ecuador pasó de ser un «estado oligárquico terrateniente» a conformar un verdadero «estado liberal».⁷¹

En lo que respecta a Perú, igualmente la élite social se situaba mayoritariamente en el litoral, especialmente en la capital, Lima, junto a otras grandes ciudades costeras. Esta élite vivía de cara al mercado internacional a través de las exportaciones de guano, mientras daba la espalda al resto del país –y a su población– que se situaba en el interior. Así, Mark Thurner aﬁrma que «a medida que prosperaba la modernización de la élite costera, y mientras “faraónicos” proyectos eran desarrollados en sus salones, el opulento “Estado de Lima” se alejaba de las regiones de las tierras altas del interior».⁷² En la misma línea, Fredrick Pike señala que la burguesía costera, dedicada al mercado internacional, tenía más conocimientos sobre lo que sucedía en Londres, París, Roma o Nueva York que sobre los nativos que vivían en las zonas del interior de su propio país. En este sentido, por ejemplo, el parlamentario Lavalle daba muestras de este desconocimiento en uno de sus discursos: «Yo conozco, felizmente, mucho a los Estados Unidos: he viajado larga y detenidamente por ellos; el interior del Perú, he dicho otra vez, que no lo conozco, sino por las relaciones que me han hecho muchos de mis HH colegas».⁷³ En buena medida, esto se explicaba por la carencia de buenas comunicaciones entre las diferentes regiones que caracterizaba a Perú aún en la segunda mitad del siglo XIX:

Un resultado de las diﬁcultades del transporte es que la mayoría de ciudadanos que viven en Lima y otras ciudades de la costa donde los pudientes pueden disfrutar de todas las comodidades modernas, rara vez tienen la tentación de viajar dentro de su propio país.⁷⁴

Por tanto, en ambos países se fue conﬁgurando, por un lado, una élite blanca, burguesa, dedicada a actividades comerciales, con cierto nivel de instrucción, que se localizaba en las principales ciudades –fundamentalmente en la zona costera y en las capitales–; mientras que, por otro lado, había grupos de población indígena, mayoritariamente analfabeta y dedicada a actividades agrícolas, que se concentraba principalmente en las regiones del interior del país. Además, entre ambos grupos de población existía una enorme diferencia en cuanto a su cultura política, ya que mientras que la nueva burguesía comercial, a medida que se relacionaba económica y culturalmente con Europa introducía también las ideas liberales, la mayoría del país seguía viviendo en un mundo arcaico. Como apuntan Carlos de la Torre y Steve Strifﬂer, las élites «se posicionaron como precursoras de la “modernidad”, el “progreso”, la “civilización”, e incluso la “democracia”». A pesar de ello, las diferencias entre «rico y pobre; campo y ciudad; blanco, mestizo, indígena y afrodescendiente» siguieron siendo claves en la conﬁguración del panorama socioeconómico e incluso político.⁷⁵

En conclusión, el auge económico que experimentaron tanto Perú como Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX no repercutió en una mejora de la sociedad en general, sino que beneﬁció exclusivamente a un determinado grupo de población. No obstante, el surgimiento de esta burguesía económica y su interés por insertar al país en los mercados internacionales trajo consigo de forma indirecta una consecuencia positiva: un incremento en la articulación del territorio, ya que esta élite social dedicó parte de los beneﬁcios obtenidos en el comercio de exportación a la construcción de líneas férreas y a la mejora de los puertos. Hasta la segunda mitad del siglo XIX, Perú y Ecuador se caracterizaban por la desconexión que existía entre sus diversas regiones. Sin embargo, a partir de esta fecha la ﬁebre del ferrocarril llegó también a estos países andinos, cuyas élites asociaban este medio de transporte con el progreso y la civilización. Con respecto a este último término, hay que tener en cuenta que el ferrocarril cumplía una labor importante no solo en materia económica, sino también como medio de llevar la «civilización» a aquellas regiones que se encontraban más atrasadas. Así, junto al interés económico de la burguesía mercantil se encontraba un deseo del Estado central por conseguir una mayor integración nacional de todo su territorio. En este sentido, muchos de los proyectos de construcción de líneas férreas comenzaban con palabras como estas: «La Nación declara interés superior a todo otro, así para su porvenir moral y político como para su prosperidad material, la construcción de vías férreas, y especialmente las de la costa al interior del país».⁷⁶

En lo que respecta a Perú, desde el Gobierno de Ramón Castilla se planteó la construcción del ferrocarril con el objetivo de mejorar el mercado peruano, conectando los mercados regionales entre sí y con el ámbito internacional, y favoreciendo la integración nacional del territorio. En palabras de Mark Thurner, «el Estado central se proponía [...] conquistar (físicamente) el interior andino con proyectos de construcción de ferrocarriles “civilizadores” y “exportadores”».⁷⁷ Con el mismo ﬁn de la exportación de los principales productos peruanos, fundamentalmente el guano, se realizaron algunas mejoras en zonas portuarias. Sirva como ejemplo el caso del puerto de Casma, en el departamento de Ancahs, para el que se pedía en 1864 la declaración de «puerto mayor» y la construcción de un muelle, debido a los numerosos productos que se podían exportar desde allí, tales como el algodón (de alto precio en Europa), la lana, la plata en barra y los metales.⁷⁸ Sin embargo, como apunta Manuel Andrés, «la modernización planeada no conllevaba una transformación de las bases económicas y sociales tradicionales o, lo que es lo mismo, una eliminación de las bases coloniales de la economía y sociedad peruanas». Para empezar, no se apostó por consolidar un sólido mercado interno. De hecho, este historiador señala que la construcción frenética de líneas férreas trajo consigo una consecuencia no esperada: en vez de servir para dar salida a los productos nacionales, en gran medida contribuyó a dar entrada a las manufacturas extranjeras, lo que provocó una desintegración de la economía campesina.⁷⁹ Antonio Acosta trata el mismo asunto para el caso de El Salvador, aunque sus conclusiones pueden hacerse extensivas a los países andinos, ya que se encontraban en el mismo contexto económico y político. En la mayoría de países europeos el proceso de Revolución Industrial trajo consigo una transformación de las relaciones de producción, y por ende, de las estructuras sociales e institucionales. Sin embargo, este autor aﬁrma que la burguesía de El Salvador, al igual que la de gran parte de América Latina, simplemente tomó algunos de los principios liberales que circulaban en Europa y los integró en sus propios textos legislativos, mientras se mantuvieron las estructuras sociales de la época colonial, lo que, en su opinión, supuso un freno al desarrollo político y, con el tiempo, desencadenaría conﬂictos sociales y políticos.⁸⁰

El Estado peruano se lanzó a una rápida construcción de líneas férreas a partir del rico negocio del guano. No obstante, resultó ser un proyecto costoso y mal planiﬁcado, lo que en gran parte condujo al surgimiento de una crisis ﬁnanciera en la década de los setenta. Así, el proyecto de integración territorial, al que se dedicaron grandes cantidades de dinero, no consiguió los resultados esperados. Sin embargo, frente a la mala administración de las líneas férreas estatales, la iniciativa privada, procedente de los grandes terratenientes relacionados con el comercio del guano, el azúcar o el algodón, resultó más eﬁcaz. Ulrich Mücke lo explica de la siguiente forma:

En contraste con el ferrocarril estatal, las pequeñas líneas férreas privadas resultaron rentables. Además de las rutas que conectaban Lima con Callao, Chorrillos y Magdalena, las líneas económicamente rentables iban desde las prensas azucareras, los campos de algodón y las minas de nitrato hasta los puertos cercanos. Por esta razón, los terratenientes a menudo ﬁnanciaron las líneas.⁸¹

Eso sí, en estos casos solo se construyeron vías férreas en función de los intereses de las élites económicas que las ﬁnanciaban, es decir, se trazaron líneas entre los lugares de explotación de las materias primas y el camino necesario para conducirlas a los puertos más próximos, desde los que se colocaba dichos productos en el mercado internacional. Por tanto, amplias zonas de Perú –fundamentalmente las zonas selváticas del interior– siguieron careciendo de una buena red de comunicaciones a lo largo de toda la época contemporánea.

Por su parte, en el caso ecuatoriano, la falta de comunicación entre las zonas más distantes podía observarse incluso a principios del siglo XX. En este sentido, Ronn Pineo aﬁrma que hasta 1908, cuando se inauguró la línea que conectaba Quito y Guayaquil, el transporte desde la zona montañosa de la sierra hasta la costa era sumamente complejo: «el viaje desde Quito podía tomar dos semanas, con pocos hoteles o pensiones en el camino».⁸² En concreto, tal y como indica Kim Clark, la construcción de este ferrocarril suponía una excepción en el contexto latinoamericano, pues «proporcionó un grado inusual de integración nacional, comparado con muchos otros ferrocarriles latinoamericanos, ya que fue construido para conectar importantes centros de población en lugar de trasladar los productos de exportación de sus zonas de origen a un puerto». Así, el ferrocarril atravesaba cuatro de las cinco grandes ciudades de Ecuador: Guayaquil, Riobamba, Ambato y Quito, mientras que Cuenca quedaba excluida. La construcción de esta línea férrea ocupó grandes debates parlamentarios a ﬁnales del siglo XIX. Finalmente, la obra resultó del acuerdo entre las élites del interior y de la costa.⁸³ En este sentido, a pesar de la aﬁrmación que realiza Kim Clark, lo cierto es que la construcción de esta línea férrea se llevó a cabo en función de los intereses concretos de las clases burguesas de una y otra región. Así, por ejemplo, Juan Paz y Miño señala que «los cultivadores de cacao, exportadores y banqueros de la costa no estaban particularmente interesados en el mediocre mercado de las tierras altas, y se mostraron poco dispuestos a correr con los gastos del ferrocarril».⁸⁴ De hecho, el negocio del cacao no dependía tanto del desarrollo del ferrocarril como de la navegación a vapor por los ríos hasta llegar a los principales puertos de la costa, especialmente el de Guayaquil, lo que explica el desinterés de los comerciantes cacaoteros sobre la construcción de líneas férreas.⁸⁵

En deﬁnitiva, como se ha visto en ambos casos, y al igual que ocurría en todo el mundo occidental, las élites socioeconómicas utilizaron los medios de transporte en su propio beneﬁcio, por lo que solo se instalaron en determinadas zonas, que coincidían con los territorios en los que se explotaban los productos claves, y el recorrido necesario para conducir estos recursos hacia los puertos, por los que se les daba salida hacia el mercado internacional. Así, al calor del desarrollo industrial de los países de Europa Occidental y América del Norte, América Latina consiguió un amplio y rápido crecimiento económico entre 1850 y 1920.⁸⁶ Sin embargo, las consecuencias del auge económico se pueden resumir en una cada vez mayor polarización social y en un desajuste territorial entre las zonas costeras e interiores; entre el mundo urbano y el rural; entre las capitales, junto a otras grandes ciudades, y el resto del país. Por tanto, las variaciones regionales que caracterizaban a ambos países –elemento que se tratará en el siguiente apartado– estaban totalmente relacionadas con la situación socioeconómica e inﬂuían en el régimen político a establecer en este periodo.

Por otro lado, el crecimiento económico que experimentaron Perú y Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX y los beneﬁcios que se obtuvieron de la producción de guano y de cacao respectivamente, hicieron que ambos países pudieran renunciar al cobro del tributo indígena que se había venido recaudando desde la época colonial, y que hasta ese momento había constituido un pilar económico fundamental para las dos naciones. En Perú el tributo indígena quedó abolido en 1854, mientras que en Ecuador habría que esperar unos años más, hasta 1857. No obstante, es preciso señalar que en ambos países este elemento sufrió oscilaciones, siendo implantado y eliminado en diferentes ocasiones a lo largo del siglo XIX. Me detengo ahora en el análisis de este proceso ya que considero que los vaivenes sufridos en la recaudación de este impuesto no solo afectaron al ámbito económico, sino que tenían profundas conexiones con la evolución de las estructuras políticas, sociales y culturales. No en vano, este ha sido un tema que ha merecido la atención de numerosos autores a lo largo de la historiografía peruana y ecuatoriana.

El tributo indígena había sido establecido desde el siglo XVI. Se trataba de un impuesto que debían pagar los naturales de América al virrey en su condición de vasallos de la Corona española. Fue abolido por primera vez por las Cortes de Cádiz en 1811. En este momento, «el parlamento español estipuló que los indios cumplirían ahora las mismas obligaciones que los españoles (tanto los criollos como los peninsulares)». Sin embargo, pronto quedó claro que esta medida traería consigo un profundo déﬁcit económico, por lo que en 1812 volvió a reimplantarse. No obstante, no se podía volver a hablar del «odioso tributo», un término que «era incompatible con la “dignidad de los ciudadanos españoles”». Así, en 1815 el tributo pasó a denominarse «contribución», supuestamente provisional y voluntaria, que se suponía un impuesto más digno.⁸⁷

Durante los primeros años de la independencia de Perú, entre 1821-1826, fue nuevamente suprimido por San Martín, como una forma de desmarcarse de la herencia colonial. Charles Walker señala que este fue un «acto simbólico» del Gobierno de San Martín, ya que la realidad era que su Gobierno no logró consolidar un poder suﬁciente para recaudar dicho impuesto. No obstante, a partir de esta fecha algunos políticos peruanos comenzaron a plantearse la posible reimplantación de dicho impuesto, lo que ﬁnalmente se llevó a cabo en agosto de 1826. La «contribución de indígenas» –un término que, a su vez, vino a sustituir a la colonial denominación de «indios»– estuvo en vigor nuevamente en Perú entre 1826 y 1854. Durante este periodo, el pago de este impuesto hacía que los indios que lo sufragaban fueran considerados como miembros útiles, contribuyentes, y por tanto parte de la nación. Esto se debía a que, «siguiendo los principios republicanos liberales», el tributo ya no se pagaba a los jefes étnicos, como sucedía durante la época colonial, sino al Estado (a través de una red clientelar en la que intervenían el contribuyente, el comisionado, el gobernador y el subprefecto). La contribución a la hacienda del Estado suponía, por tanto, «ser un buen republicano».⁸⁸

Esta situación se transformó con la llegada del auge guanero desde la década de los cincuenta, que hizo innecesario seguir cobrando el tributo o contribución. Además, la abolición del tributo formaba parte de las promesas realizadas por Ramón Castilla, que se vio en la necesidad de ampliar su base de apoyo político.⁸⁹ Así, el periódico El Comercio del 12 de enero de 1854 recogía las siguientes palabras del presidente, mediante las que justiﬁcaba la medida que se iba a ejecutar unos meses después:

A partir de 1855 se suprime la contribución indígena, y desde entonces no aportarán sino de la misma manera que lo hacen los demás habitantes del Perú [...]. Emancipado del humillante tributo impuesto sobre su cabeza hace tres siglos y medio, y elevado por el efecto natural de la civilización, el Perú ganará una población numerosa y productiva en la raza indígena, que sin duda le ofrecerá una contribución más rica.⁹⁰

Finalmente, el 5 de julio de 1854 se produjo la derogación de dicho impuesto. El objetivo de Castilla era sustituir el tributo pagado exclusivamente por los indígenas por un impuesto denominado «contribución personal», que tendrían que pagar todos los ciudadanos varones adultos, con excepción de los sacerdotes, soldados, ancianos y discapacitados. Sin embargo, este impuesto universal nunca llegaría a implantarse. Contrariamente a lo que pretendía Castilla, la abolición del tributo indígena solo consiguió una desvertebración de la sociedad andina entre el Estado central en Lima y las tierras del interior. A partir de ese momento, la economía peruana pasaba a depender exclusivamente de las exportaciones de guano, lo que favorecía el predominio de las regiones costeras y sus élites económicas sobre las poblaciones del interior.⁹¹

Sin embargo, en la década de los sesenta el tema volvía a estar candente entre los parlamentarios peruanos, muchos de los cuales entendían que la abolición del tributo indígena era una forma de excluir al indio de la nación. En este razonamiento operaba el hecho de que el contribuyente (es decir, el que pagaba impuestos) a menudo era identiﬁcado con el ciudadano. Esta era una asociación que procedía de la Constitución de Cádiz, en la que se había establecido que el pago de impuestos era uno de los deberes a los que tenía que hacer frente el ciudadano, junto con la obediencia a las leyes, el respeto a las autoridades y la defensa de la patria. Por tanto, teóricamente, aquellos que estaban exentos de pagar impuestos quedarían también al margen de la ciudadanía.⁹²

En este sentido, durante el año 1867 se llevó a cabo un profundo debate parlamentario en el Congreso sobre la necesidad de reimplantar o mantener la supresión de este impuesto. Para muchos de los políticos e intelectuales del momento, entre ellos Manuel Pardo –líder del Partido Civil desde 1871–, «el único medio de oxigenar la economía del país y de restablecer los vasos comunicantes entre el Estado y los indios era el tributo».⁹³ Es decir, volvía a estar presente la idea que había protagonizado el periodo 1826-1854: a través de esta contribución el indígena podía pasar a incluirse como un miembro más de la nación, ya que con sus impuestos ayudaba a sustentar el Estado. Por ello, el mantenimiento del tributo indígena se suponía fundamental para la integración del indio en el Estado nacional, siendo considerado un ciudadano más. La opinión de Pardo era compartida también por algunos representantes, como José Casimiro Ulloa –el cual, por cierto, tenía ancestros mestizos– o Francisco García Calderón. Sin embargo, cuando ﬁnalmente se realizó la votación en el Congreso triunfó la opción de suprimir el tributo indígena, por cincuenta y cinco votos frente a diecinueve. En buena parte esta resolución se podía explicar por el miedo a una posible guerra civil si se volvía a imponer un impuesto tan discriminatorio como este.⁹⁴ Así, la contribución fue deﬁnitivamente eliminada en la Constitución de 1867.

Por su parte, Ecuador experimentó un proceso similar en relación con el tributo indígena. Durante el periodo de la Gran Colombia, el tributo indígena fue suprimido por Bolívar en 1821. Aunque este era un recurso importante para el país, ya que representaba «el principal rubro del erario público», al igual que aconteció en Perú con San Martín, los grandes «libertadores» recurrieron a esta medida como una forma de desvincularse del anterior gobierno colonial y, teóricamente, conseguir la integración de la población indígena en la nación, «con los mismos derechos y obligaciones que los demás ciudadanos». Sin embargo, tras las quejas de los terratenientes de la sierra durante los siguientes años, en 1828 el impuesto volvía a ser reimplantado bajo el nuevo nombre de «Contribución Personal de Indígenas».⁹⁵ En palabras de Silvia Palomeque, a partir de este momento «se abandona el proyecto general de ciudadanización de los indígenas».⁹⁶ Este impuesto seguiría vigente hasta mediados de los años cincuenta. En 1843 hubo un intento por parte de Juan José Flores de extender la contribución a los blancomestizos. No obstante, una serie de revueltas –en Chambo, Licto, Punín, Guano, Cayambe, Cotacachi y Tabacundo– por parte de un sector de población que consideraba este intento de imposición ﬁscal como algo degradante, al equipararlos con los indios, impidió que ﬁnalmente pudiera establecerse.⁹⁷

En la segunda mitad del siglo XIX, el impuesto fue nuevamente suprimido en 1857, durante el Gobierno de Urbina. A partir de entonces, la economía ecuatoriana pasaría a depender casi en exclusiva de las exportaciones de cacao. Con esta medida se pretendía, una vez más, extender la categoría de «ciudadano» a todos los ecuatorianos, haciéndoles partícipe de una misma nación. No obstante, Andrés Guerrero aﬁrma que la realidad seguía mostrando la segregación étnica:

Como no sabían hablar español, y mucho menos leerlo o escribirlo, la población previamente identiﬁcada como indígena permanecía, por deﬁnición, al margen de la ciudadanía plena. Para la ciudadanía del siglo XIX –esto es, adultos, hombres, letrados y ricos blanco-mestizos– lo impensado era prácticamente impensable, es decir, que los indios, personas a las que estaban acostumbrados a tratar como sus inferiores en casa, en el campo, en las calles y en los mercados, pudieran ser libres e iguales que los ciudadanos ecuatorianos.⁹⁸

Además, este autor incide en el hecho de que la supresión del tributo indígena, lejos de lograr la integración social de este grupo de población, supuso una pérdida de poder en el ámbito local y regional por parte de las autoridades étnicas. Hasta 1857, los caciques y los gobernadores de indios habían ejercido una importante función en relación con el cobro de la contribución, ya que el nuevo Estado los necesitaba para que ejercieran el papel de intermediarios ante la mayoría de población indígena. Sin embargo, desde 1857 los funcionarios blanco-mestizos (que ocupaban el cargo de tenientes políticos) se sobrepusieron a las autoridades étnicas, y las leyes del Estado central, a las leyes comunales.⁹⁹

En deﬁnitiva, nos encontramos con que en la segunda mitad del siglo XIX las diferencias socioeconómicas entre los peruanos y los ecuatorianos, desde un punto de vista socioeconómico y étnico, se fueron haciendo cada vez más notorias. A ello se unía la diferenciación regional, que desempeñaba un papel relevante en las condiciones económicas, sociales y culturales de la población.

ESTRUCTURA TERRITORIAL Y DIFERENCIACIÓN REGIONAL

Como se ha visto, la disparidad socioeconómica que caracterizó a ambos países a lo largo del siglo XIX a menudo estaba asociada a la diferenciación regional. Además, el concepto de representación que albergaban las élites parlamentarias dependía en gran medida de las características geográﬁcas de cada país. Por ello, creo oportuno dedicar un último apartado de este capítulo a analizar la estructura territorial de Perú y Ecuador durante la segunda mitad del siglo XIX y su relación con el ámbito político, social y económico.

A través de los textos constitucionales desarrollados en la década de 1860, ambos países quedaron estructurados en tres niveles en lo que respecta a su administración interior, si bien la nomenclatura y los cargos de dirección de cada uno de ellos variaban de un país a otro. Cada uno de estos cuerpos era bastante autónomo y contaba con sus propias autoridades, aunque en última instancia dependían del poder ejecutivo. Por tanto, la estructura territorial deﬁnida en los textos constitucionales de 1860-1861 ponía de maniﬁesto que no eran sistemas demasiado centralistas. En Perú, la Constitución de 1860 dividía la República en departamentos, que a su vez comprendían varias provincias, entre las cuales se hallaban diferentes distritos. Los departamentos se encontraban gobernados por prefectos, las provincias por subprefectos, y los distritos por gobernadores. Asimismo, la Constitución contemplaba la instalación de tenientes gobernadores donde fuese necesario. En el caso de Ecuador, los tres niveles de administración en los que se dividía el país mediante la Constitución de 1861 eran las provincias, los cantones y las parroquias, dirigidos respectivamente por el gobernador, el jefe político y el teniente.¹⁰⁰

Además de esta estructuración formal, la realidad presentaba profundas diferencias entre las diversas regiones, que estaban relacionadas con la presencia de distintas situaciones socioeconómicas y que afectaban a la organización política y al precario desarrollo de una conciencia nacional. Así, un fenómeno común a ambos países durante el siglo XIX fue el regionalismo.

Desde la independencia, el territorio que actualmente forma parte de Ecuador se encontraba dividido en tres grandes provincias lideradas por tres ciudades principales: Guayaquil, en la costa; Quito, en la sierra norte; y Cuenca, en la sierra sur. Estas tres regiones presentaban grandes diferencias ya desde los primeros años del siglo XIX. Así, por ejemplo, mientras que Quito quería formar parte de Colombia, Guayaquil y Cuenca preferían anexionarse a Perú. Esto se debía a diferentes tradiciones históricas e intereses económicos que habían conectado en mayor medida a Quito con Bogotá y a Guayaquil y Cuenca con Lima. Finalmente, Guayaquil y Cuenca tuvieron que ceder en sus aspiraciones, hecho que quizás estuvo motivado por la temprana independencia acaecida en la República de Colombia desde 1819, mientras que en esta fecha Perú seguía estando en manos realistas. También existían discrepancias entre las tres regiones en cuanto a las actividades económicas que se llevaban a cabo y, por tanto, en cuanto al proyecto económico que se quería instalar: librecambismo o proteccionismo. Por un lado, los incipientes comerciantes cacaoteros de Guayaquil apostaban por un sistema económico liberal que propiciara unas comunicaciones ﬂuidas para favorecer el comercio de sus productos a través de su puerto. Por otro lado, los terratenientes de Quito y de Cuenca, anclados en una política económica colonial, pedían el «restablecimiento de la contribución indígena», el «aumento de las tasas arancelarias», así como el «apoyo a la religión católica y por tanto a su Iglesia». Todo esto ponía de maniﬁesto que en los inicios del siglo XIX los líderes del movimiento independentista aún no tenían clara la deﬁnición de las fronteras en los nuevos Estados independientes. En este sentido, la historiografía ecuatoriana a menudo se ha cuestionado si el surgimiento del Estado del Ecuador no fue un «accidente geográﬁco». No obstante, sí que existía un elemento en común entre las tres regiones: la presencia del latifundio y, por tanto, de grandes terratenientes que precisaban un gobierno fuerte que les asegurara el mantenimiento de «una dominación directa sobre la población indígena, esclava y campesina».¹⁰¹

Por otra parte, más allá de la sierra, en el interior del continente, se situaban las conocidas como «provincias orientales», la zona más deprimida de Ecuador, donde residía una población dispersa, en un gran porcentaje indígena. En Ecuador, la cuestión territorial suponía un problema de carácter nacional, ya que existían múltiples debates en torno a la delimitación de los territorios que formaban parte de la nación y de los ciudadanos que la componían. Así, entre las disposiciones comunes de la Constitución ecuatoriana de 1861 se establecía que «todos los lugares que por su aislamiento o distancias de las demás poblaciones, por su escaso vecindario o atrasada civilización» debían regirse por disposiciones especiales. Entre estos territorios se encontraban la provincia del Oriente –«regida por leyes especiales hasta que el aumento de su población y los progresos de su civilización le permitan gobernarse como las demás»– o el archipiélago de Galápagos.¹⁰²

Quito, la capital, era el lugar que concentraba un mayor número de población. Además, contenía la mayor cantidad de población ilustrada del país, pues aquí se situaba la mayoría de colegios y universidades. Durante la época colonial, la élite social terrateniente había estado ubicada en este territorio. Sin embargo, como ya se ha visto, esta élite fue siendo desplazada desde el siglo XIX por la burguesía comercial asentada en la costa. También era la zona que albergaba un mayor número de iglesias y una mayor cantidad de población católica. En palabras de Ronn Pineo, «la religión, la educación y las artes pronto se centraron en Quito».¹⁰³

Por su parte, Guayaquil, con una economía basada principalmente en la explotación cacaotera y el comercio internacional a través de los puertos, era el lugar donde se situaba en gran medida esa burguesía comercial y ﬁnanciera a la que se ha hecho referencia en el apartado anterior. Era, por tanto, una zona de prosperidad económica, como relataba el New York Times: «El comercio en Guayaquil es muy próspero, todos los comerciantes hacen dinero».¹⁰⁴ Al estar situado en uno de los márgenes del país, el territorio de Guayaquil siempre mostró un deseo de mayor autonomía política, frente al poder central ubicado en Quito. Así, los guayaquileños no estaban tan interesados en la política nacional como en conseguir beneﬁcios para su propia región, lo que presentaba un grave problema para la consolidación del nacionalismo ecuatoriano. De hecho, si por algo se caracterizaba Ecuador era por su profundo regionalismo, un elemento que fue percibido incluso por algunos observadores foráneos, como el ministro de Estados Unidos en Ecuador Friedrich Hassaurek: «En casi todos los países hispanos el espíritu del provincialismo reina de manera suprema. Lo mismo ocurre en Ecuador, mucho más, sin embargo, en la costa que en el interior».¹⁰⁵

Las diferencias económicas, sociales y culturales entre Quito y Guayaquil eran notorias, así como las desavenencias entre sus habitantes. Por ello, los «blancos racistas» serranos criticaban la laxa religiosidad que imperaba en la costa, así como el mestizaje que se daba entre los «montuvios», a los que se referían como «monos». Por su parte, los costeños consideraban a los quiteños como «orgullosos y santurrones, y aﬁrmaban que la piedad ostentosa de la sierra se forjaba con hipocresía».¹⁰⁶

Por último, las provincias orientales, a menudo consideradas «bárbaras» o «incivilizadas» por los políticos ecuatorianos del momento, era una zona en gran parte desconocida. Como ya se ha comentado, en este territorio residía una población mayoritariamente indígena y analfabeta. Una de las soluciones que se plantearon desde el Estado para paliar estos inconvenientes pasaba por educar a la población iletrada, una tarea que en gran medida ejercieron las organizaciones católicas, en concreto los jesuitas. El diputado José Ignacio Ordóñez –el cual fue además obispo de Riobamba y arzobispo de Quito– exponía así la situación y la solución: «existiendo vastos lugares en estado de barbarie en la banda oriental de la cordillera, lugares en que se aumentaría la población y saldría esta de la barbarie mediante la predicación del evangelio por las misiones que iban a establecerse».¹⁰⁷ Igualmente, el representante y también sacerdote Vicente Cuesta aﬁrmaba la necesidad de que la Compañía de Jesús se encargara de «civilizar» a las poblaciones que quedaban fuera de la nación (aunque teóricamente formaban parte de ella):

En balde decimos que los límites de nuestra República son desde el Océano hasta Tabatinga; estos límites solo existen en el mapa, puesto que la verdadera población ecuatoriana está circunscrita a las regiones andinas y a la costa del Pacíﬁco. Las ricas regiones orientales, los grandiosos ríos que las atraviesan en todas direcciones, son aún vírgenes para nosotros. Desengañémonos pues, el interés particular no civilizará el Oriente, como no lo ha hecho hasta ahora, y preciso es dejar esta obra a la caridad cristiana [...]. La Compañía de Jesús en el Oriente sería, además, la salvaguardia de la integridad territorial de la República.¹⁰⁸

El debate sobre la permisión de la entrada en el país a los jesuitas, con el objetivo fundamental de educar y civilizar a una gran cantidad de población que vivía en los márgenes de la alfabetización y, por tanto, del sistema político que se estaba construyendo, fue un tema bastante recurrente en Ecuador a lo largo de todo el siglo XIX. Por ello, en los capítulos 6 y 7 se profundizará en la relevancia que tenía el requisito de la alfabetización para obtener el derecho a la ciudadanía en Ecuador, así como en las medidas implementadas en la época garciana para extender la educación en la nación. En la misma línea que Cuesta, el representante Ramón Borrero aseguraba que la llegada de la Compañía de Jesús podía ayudar a que «se civilicen las hordas salvajes que habitan nuestras extensas regiones».¹⁰⁹ Los discursos que hablaban de «civilizar» a las «hordas salvajes» tenían sentido en un momento en el que en todo el mundo occidental existía una idealización de la idea de progreso, un progreso tanto moral como tecnológico y material. La educación, por tanto, jugaba un papel esencial en el objetivo de aumentar el progreso de la civilización, un elemento que quedaba patente en el discurso de la comisión encargada de dirimir la idoneidad de la entrada de los jesuitas en Ecuador:

Las misiones y la instrucción pública son las primeras y las más premiosas necesidades de nuestra República ecuatoriana [...] para salir del estado de postración en que se halla sumergida; lo que nuestros pueblos piden para ensanchar sus relaciones comerciales, dar vida a su industria y ponerse en la senda del progreso, lo que la humanidad exige en bien de nuestros infelices compatriotas que viven sumidos en las tinieblas de la ignorancia y del error, y lo que la santa religión predica en favor de los inﬁeles que pueblan nuestros desiertos, insultas y foraces selvas a ﬁn de que salgan de su ignorancia y de sus errores.¹¹⁰

Evidentemente, esta parte de la población considerada ignorante y atrasada, a menudo asociada con la población indígena que vivía alejada de los principales núcleos urbanos, quedaría también al margen de la vida política. Los mismos legisladores blancos, burgueses e ilustrados se encargaron de establecer mediante constituciones y leyes una serie de restricciones a la participación política de aquel gran sector de población. Por tanto, las diferencias territoriales repercutían en el modelo de sistema representativo que se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Así, por ejemplo, el diputado Toribio Baltazar Mora proponía que el distrito de Quito, «que tiene una Universidad y más establecimientos literarios que los otros, debe naturalmente poseer mayor número de ciudadanos ilustrados, aptos para ejercer los derechos de la soberanía», y por tanto debía tener una mayor representación en el Parlamento.¹¹¹

También en Perú las diferencias territoriales, étnicas y socioeconómicas estaban relacionadas con la construcción de un determinado modelo político de representación parlamentaria. En este caso, existían profundas diferencias entre las grandes ciudades de la costa –entre las que cabe destacar la capital, Lima– y las zonas rurales del interior. De hecho, la diferenciación entre la costa y la sierra había sido una constante a lo largo de la historia de Perú e inﬂuía en la diversidad de su población, como puso de maniﬁesto el viajero Ephraim George Squier en 1877:

Las características geográﬁcas y topográﬁcas de esta vasta región son singularmente marcadas y notables, y actuaron poderosamente sobre sus habitantes antiguos, como lo hacen en el presente. [...] La antigua población de Perú podía ser dividida entre la gente de la costa y la de la sierra, las principales características de cada una son determinadas por las condiciones físicas de la región en la que habitan.¹¹²

Era fundamentalmente en la costa donde se situaba aquella burguesía dedicada a la explotación del guano y al comercio con Europa a través de los puertos. Además, en esta zona se situaban las principales escuelas y universidades, por lo que contaban con un mayor número de población ilustrada. Por otro lado, el interior era un territorio mucho más deprimido económicamente, con un mayor número de población indígena e iletrada, y con considerables problemas en la articulación del territorio debido a la carencia de infraestructuras. Al igual que sucedía en Ecuador, en ocasiones los representantes peruanos también se referían a la población que habitaba estos territorios como «bárbaros» o «salvajes». Así, por ejemplo, en medio de la discusión sobre el número de diputados que debían elegirse en cada departamento según la ley electoral de 1861, el senador Francisco Alvarado Ortiz, representante de la Amazonía, aseguraba que «la provincia de Loreto tiene más de cincuenta mil habitantes, sin contar con los innumerables salvajes que la pueblan».¹¹³

En la década de los sesenta, el proyecto nacionalizador se dirigió casi en exclusiva a las zonas urbanas, dejando de lado los núcleos rurales. Lima y otras ciudades costeras fueron las únicas beneﬁciadas de la explotación guanera, mientras que el mundo rural quedaba al margen del desarrollo económico. Así, el auge guanero produjo, entre otros graves efectos, una fragmentación de la conciencia nacional, pues las diferencias económicas, sociales y culturales entre unas y otras zonas del país eran palpables. En palabras de Ulrich Mücke, y partiendo de los planteamientos de la historia nueva, cuando comienza la guerra con Chile en 1879, Perú no era «una nación moderna y uniﬁcada», sino «un mosaico de muchos feudos precapitalistas con una clase burguesa en la capital».¹¹⁴ Además, desde este momento se produjo una fuerte emigración procedente de las zonas rurales del interior del país hacia las grandes ciudades, especialmente Lima. Esto repercutió en un crecimiento y consolidación de la capital peruana, que en los primeros años de la República «aún no había logrado consolidar su hegemonía sobre el resto del país».¹¹⁵ El proceso de emigración iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y continuado a lo largo del siglo XX convertiría a Lima en una enorme ciudad inundada de suburbios marginales.

La diversidad socioeconómica y territorial ejerció una profunda inﬂuencia en el modo en que los legisladores peruanos imaginaron el sistema político, lo que a menudo se reﬂejaba en los discursos parlamentarios. Así, por ejemplo, muchos de los representantes peruanos adujeron el atraso educativo de gran parte de la población peruana –especialmente de aquella que se situaba en las zonas del interior– para justiﬁcar la necesidad de implantar un modelo de sistema electoral indirecto. Finalmente, estas características tuvieron una inﬂuencia directa en la exclusión política de ciertos sectores de población. En palabras de Mauricio Novoa,

[...] si una experiencia burguesa existió en el Perú, entonces uno de sus fundamentos debería de encontrarse en la manera cómo un grupo de intelectuales, casi todos abogados, transformó el contenido de la soberanía de la nación en 1860-1900 para poder dividir a la población peruana en dos partes. Una parte urbana, educada y económicamente solvente, que participaba de las decisiones políticas, y otra rural, analfabeta y pobre con escasa, o ninguna participación política.¹¹⁶

* * *

En deﬁnitiva, se puede concluir que las profundas contradicciones socioeconómicas y geográﬁcas que caracterizaban a ambos países en la segunda mitad del siglo XIX se traducían también en la administración territorial diseñada a través de sus textos constitucionales y en los debates parlamentarios en torno a la construcción del sistema representativo. El crecimiento desigual entre las grandes ciudades (fundamentalmente costeras) y las zonas rurales del interior coincidió con un momento en el que los grupos parlamentarios de ambos países estaban redeﬁniendo las bases del sistema representativo y del Estado nación. Así, a la hora de establecer un determinado modelo político los legisladores tuvieron en cuenta las diferencias no solo socioeconómicas, sino también territoriales y étnicas. Además, se puede aﬁrmar que en ambos países andinos aparecía un fenómeno regionalista que impedía la formación de una verdadera conciencia nacional.

En el caso de Ecuador, Ronn Pineo asegura que la presencia de los Andes en mitad de su territorio condicionó el surgimiento de profundas diferencias «en etnia, idioma, religiosidad y cultura» a uno y otro lado. Además, asegura que «la gente de la costa y de la sierra se han mirado con demasiada frecuencia con un sentimiento mutuo de sincero desprecio y oscura sospecha». A ello se unía el precario sistema de comunicaciones internas, que imposibilitaba la movilidad de los ecuatorianos dentro de sus propias fronteras. Todo ello propiciaba que los ecuatorianos del siglo XIX deﬁnieran sus intereses en función de su familia, su pueblo o su región; «para estas personas, el “nacionalismo” tenía poco signiﬁcado».¹¹⁷

Por su parte, Fredrick Pike también señala que las «barreras geográﬁcas y el consiguiente aislamiento de los sectores de población, así como las rivalidades regionales», actuaron como impedimentos para la consecución de una conciencia nacional en Perú. Desde su punto de vista, los diferentes sectores sociales y territoriales que componen Perú se han mostrado a lo largo de su historia como entidades «desconectadas, desconocidas, o, lo que es peor, hostiles entre sí».¹¹⁸ De hecho, los propios parlamentarios peruanos de mediados del siglo XIX eran conscientes de esta realidad de fragmentación socioterritorial peruana, tal y como puede observarse en un discurso pronunciado en 1860 en el que se clamaba por la unión del país frente a las disputas regionalistas: «¿Al rico y opulento Perú qué le falta? “Unión”, con esta vendrá la paz, con ella las instituciones; con unión, paz e instituciones, libertad y progreso, exigencias del siglo XIX».¹¹⁹

Por tanto, el importante regionalismo que caracterizaba a ambos países andinos estaba directamente relacionado con una concepción de la identidad más corporativa y provincial que nacional, como se verá en los próximos capítulos.

¹ Marta Irurozqui: «Ciudadanía armada versus caudillismo. Tres historias bolivianas sobre violencia y ley constitucional, 1841-1875», en Nuria Tabanera y Marta Bonaudo (coords.): Historia de las culturas políticas en España y América Latina. América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) V: Historia de las culturas políticas en España y América Latina, Madrid / Zaragoza, Marcial Pons Historia / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 99-129, esp. p. 117.

² Aunque el término no aparece en el diccionario de la Real Academia Española, según el Diccionario Enciclopédico Español el civilismo, en contraposición al militarismo, es aquella doctrina política que deﬁende la toma del poder por parte de individuos pertenecientes

a la esfera civil, dejando a los militares exclusivamente el poder militar. Es un término frecuentemente utilizado en la historia política de algunas naciones latinoamericanas. En concreto, en Perú este concepto hace referencia a la ideología del Partido Civil, fundado en 1871.

³ A partir de la segunda mitad del siglo XIX, el ya consolidado sistema liberal se desgranó en varias tendencias ideológicas, que en América Latina quedarían representadas fundamentalmente en dos grupos: «liberales» –partidarios de un liberalismo más progresista y amplio– y «conservadores» –defensores de un liberalismo más moderado, con mayores restricciones y limitaciones–. No obstante, hay que dejar claro que ambas corrientes planteaban sistemas políticos modernos, en los que la Constitución, el Parlamento o los derechos individuales seguían constituyendo los pilares básicos. Trataré de forma más profunda esta bifurcación del liberalismo en Perú y en Ecuador a lo largo del próximo capítulo.

⁴ Peter Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood in the Andes, Nueva York / Oxford, Oxford University Press, 2000, pp. 162-163.

⁵ Carmen McEvoy y José Luis Rénique: Soldados de la República. Guerra, correspondencia y memoria en el Perú (1830-1844) II, Lima, Fondo Editorial del Congreso del Perú / Instituto Riva-Agüero, 2010, pp. 683-689.

⁶ Víctor Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854. Los entresijos de una revolución», Anuario de estudios americanos 70-1, 2013, pp. 195-219, esp. p. 197.

⁷ Mark Thurner: From two republics to one divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham / Londres, Duke University Press, 1997, p. 44.

⁸ V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 197.

⁹ Ibíd., p. 217.

¹⁰ Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Ministerio de Gobierno y Obras Públicas, Cámaras Legislativas, Diputados de varias provincias, leg. O. L. 433, n.º 359a, 7/05/1861.

¹¹ V. Peralta Ruiz: «La guerra civil peruana de 1854...», p. 215.

¹² Manuel Andrés García: La construcción del poder: Estado, Nación e Identidades. La construcción del Estado Nacional en Perú y la marginación política indígena (siglo XIX), Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2002, p. 111.

¹³ Graham H. Stuart: The governmental system of Peru, Washington, Carnegie Institution of Washington, 1925, p. 14.

¹⁴ El Peruano, «El General Castilla a la Nación», 25/10/1862.

¹⁵ José Pareja Paz-Soldán: Derecho constitucional peruano, Lima, Librería Studium, 1973, p. 119.

¹⁶ César L. Gamboa Balbín: «¿Excepciones al modelo electoral gaditano? Las elecciones directas en el Perú del siglo XIX», Elecciones 2, 2003, pp. 169-200, esp. pp. 191-195.

¹⁷ G. H. Stuart: The governmental system..., pp. 17-18.

¹⁸ El Peruano, «Traslación de los restos del Ilustre Gran Mariscal Libertador Don Ramón Castilla», 15/04/1868.

¹⁹ Una historia general de los cambios de gobierno durante el periodo 1850-1870 se puede encontrar en Domingo Tamariz Lúcar: Historia del poder. Elecciones y Golpes de Estado en el Perú, Lima, Jaime Campodónico, 1995.

²⁰ Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López (coords.): Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, p. 12.

²¹ De hecho, para el historiador Juan Luis Orrego esta organización política sería el primer partido político de la historia peruana, si bien no consiguió triunfar en las elecciones y hacerse con el poder, lo que sí lograría el Partido Civil años más tarde. Además, aﬁrma que el Partido Civil se nutrió de muchos elementos que había planteado con anterioridad el Club Progresista. Juan Luis Orrego Penagos: Domingo Elías y el Club Progresista: los civiles y el poder hacia 1850, Lima, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú, 1989; «Un proyecto liberal en el Perú del siglo XIX: el Club Progresista», Procesos históricos: revista de historia, arte y ciencias sociales 7, 2005. Otros autores que han estudiado el papel que desempeñó el Club Progresista, sin embargo, no lo consideran un partido político como tal, sino, como apunta Alex Loayza, como un «embrión» de partido político. Alex Loayza: «El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851», en Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López: Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 395-424.

²² Esta formación política ha merecido la atención de buena parte de la historiografía peruana, si bien la mayor parte de ella se ha dedicado al análisis desde una perspectiva personalista, a través de la ﬁgura que lo representa: Manuel Pardo. En esta línea, debo destacar la encomiable labor llevada a cabo por Carmen Mc Evoy: Un proyecto nacional en el siglo XIX: Manuel Pardo y su visión del Perú, Lima, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú, 1994, además de mencionar otras obras anteriores, como Carlos Miró Quesada Laos: Autopsia de los partidos políticos, Lima, Páginas Peruanas, 1961; Evaristo San Cristóval: Manuel Pardo y Lavalle, su vida y su obra, Lima, Gil S. A., 1954. Desde una óptica diferente realiza su análisis el historiador alemán Ulrich Mücke, que cuenta con varias obras dedicadas a esta formación política, la mayoría de las cuales se han centrado en la relación que guardaba el Partido Civil con los partidos políticos parlamentarios que surgieron en el Congreso en los años precedentes como Ulrich Mücke: Political Culture in Nineteenth-Century Peru. The Rise of the Partido Civil, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2004 (traducción del original Der Partido Civil in Peru, 1871-1879, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1998); «El liberalismo peruano después de Ramón Castilla. Ideología y política de Manuel Pardo», en F. Denegri: Homenaje a Félix Denegri Luna, Lima, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú, 2000.

²³ Esta idea fue instituida por Jorge Basadre y seguida desde entonces por la historiografía peruana posterior. Jorge Basadre: Historia de la República del Perú. 1822-1933, Lima, Empresa Editora El Comercio, 2005 (1.ª edición: 1939).

²⁴ Como ha señalado Ana Buriano, la ﬁgura de García Moreno ha merecido la atención de la historiografía prácticamente desde su contemporaneidad, debido a la fascinación que

ha generado en los historiadores tanto su personalidad como su proyecto político desde diferentes puntos de vista, que oscilan entre la satanización y la adoración. Ana Buriano Castro: «Entre el protectorado y la república del Sagrado Corazón: el Ecuador garciano, 1860-1875», Historia Mexicana vol. 65, n.º 2 (258), 2015, pp. 561-597, esp. pp. 561-563.

²⁵ Pilar Ponce: Gabriel García Moreno, Quito, Editorial El Conejo, 1990.

²⁶ Ana Buriano Castro: «Tres momentos del discurso conservador ecuatoriano, 1860-1875», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 21, 2004, pp. 115-145, esp. p. 121.

²⁷ Juan Maiguashca: «El proyecto garciano de modernidad católica republicana en Ecuador, 1830-1875», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva: reﬂexiones históricas sobre la interacción del estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientíﬁcas, 2005, pp. 233-260, esp. p. 252.

²⁸ Juan Maiguashca: «El proceso de integración nacional en el Ecuador: el rol del poder central, 1830-1895», en Juan Maiguashca (ed.): Historia y Región en el Ecuador 1830-1930, Quito, Corporación Editora Nacional, 1994, pp. 355-420, esp. pp. 410-412.

²⁹ Alfredo Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador, Quito, Editorial Colón, 1962, pp. 278-279. En el contexto de cuestionamiento de la nación ecuatoriana que trajo consigo la «crisis nacional» surgieron varios planes de anexión a potencias extranjeras, entre ellos, la propuesta de García Moreno de anexionar Ecuador al Segundo Imperio francés de Napoleón III.

³⁰ Archivo Histórico del Ministerio de Cultura de Ecuador (AHMC), leg. ADQ.1.1.2: Recortes de prensa, folletos y pasquines, «El Chimborazo al Excelentísimo Señor Gabriel García Moreno», Riobamba, 17/10/1860.

³¹ AHMC, leg. ADQ.1.1.2: Recortes de prensa, folletos y pasquines, «La República y la provincia de Loja», Loja, Impreso por Casimiro Cano, 10/05/1861, p. 1.

³² Luis Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador de hoy, Quito, 1967 (1.ª edición: 1948), pp. 104-105. Si bien el método historiográﬁco utilizado por este historiador, instalado en el positivismo, me parece un tanto anticuado, considero que esta obra ofrece importantes datos biográﬁcos que permiten comprender mejor la personalidad e ideología de Gabriel García Moreno.

³³ Ibíd., pp. 138-139.

³⁴ Las palabras de García Moreno son citadas en Luis Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador..., pp. 137 y 133, respectivamente.

³⁵ A. Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 295.

³⁶ Concordato celebrado entre Su Santidad Pío IX y el Gobierno del Ecuador, Quito, Imprenta Nacional, 1863. Firmado en Roma el 26 de septiembre de 1862 y ratiﬁcado en Quito el 17 de abril de 1863. Tras algunas reformas de esta primera versión, la redacción deﬁnitiva del Concordato quedaría ﬁjada en 1866.

³⁷ L. Robalino Dávila: Orígenes del Ecuador... Profundizaré en los objetivos y desarrollo de dicho congreso internacional en el capítulo 10.

³⁸ Ana Buriano Castro: «Ecuador 1868: la frustración de una transición. Coyuntura electoral y prácticas políticas», Secuencia 86, 2013, pp. 77-109, esp. pp. 77-78.

³⁹ A. Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 293.

⁴⁰ Ibíd., p. 296.

⁴¹ Tanto los contemporáneos que escribieron sobre dicho acontecimiento como la historiografía posterior nos presentan una serie de nombres que se repiten como participantes en la conspiración que acabó con la vida de García Moreno, entre ellos: Manuel Cornejo Astorga, Manuel Polanco, Abelardo Moncayo, Juan Montalvo, Hipólito Moncayo o Juan Elías Borja. Roberto Andrade: Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, Portoviejo, Oﬁcina Tipográﬁca del Colegio Olmedo, 1896. Alfredo Pareja Diezcanseco: Historia del Ecuador..., p. 296.

⁴² Pedro Aguilar: Refutación de «El Ecuador de 1825 a 1875» por Pedro Moncayo, Guayaquil, Imprenta Nacional, 1886, p. 26.

⁴³ Roberto Andrade: Seis de Agosto, o sea muerte de García Moreno, Portoviejo, Oﬁcina Tipográﬁca del Colegio Olmedo, 1896, pp. IV y 1, respectivamente.

⁴⁴ New York Times, «Ecuador», 26/01/1862, p. 8.

⁴⁵ AHMC, leg. JJC. 00393: Correspondencia perteneciente a García Moreno, 1859-1875, «Carta de Gabriel García Moreno a Manuel Andrade Marín», 4/01/1870.

⁴⁶ J. Maiguashca: «El proceso de integración nacional...», p. 370.

⁴⁷ Antonio Acosta: Los orígenes de la burguesía de El Salvador. El control sobre el café y el Estado. 1848-1890, Sevilla, Aconcagua Libros, 2014.

⁴⁸ Marcel Velázquez: «Notas sobre discursos e imágenes de las elecciones en la República del Guano (1845-1872)», en Cristóbal Aljovín de Losada y Sinesio López: Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 265-299, esp. p. 266.

⁴⁹ Biblioteca del Congreso de la República de Perú (en adelante, BCR): Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1864 ej. 2, 23-24/11/1864, pp. 669-673.

⁵⁰ P. Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood..., p. 158.

⁵¹ Clements Markham: Cuzco: a journey to the ancient capital of Peru, with an account of the history, language, literature, and antiquities of the Incas; and Lima: a visit to the capital and provinces of modern Peru, with a sketch of the viceregal government, history of the republic, and a review of the literature and society of Peru, Londres, Chapman and Hall, 1856, p. 38.

⁵² Heraclio Bonilla: Guano y burguesía en el Perú. El contraste de la experiencia peruana con las economías de exportación del Ecuador y Bolivia, Quito, FLACSO, 1994 (1.ª edición: Instituto de Estudios Peruanos, 1974). La importancia que los hechos económicos tenían para la historia peruana de la segunda mitad del siglo XIX fue presentada por la «historia nueva», que se desarrolló en el país en las décadas de 1970-1990 y que tenía en Heraclio Bonilla uno de sus mayores exponentes. Este tipo de historiografía, sin embargo, es cuestionada por Ulrich Mücke, quien pone el acento en el desarrollo de la cultura política peruana durante este periodo. Ulrich Mücke: «El Congreso, las elecciones y la cultura política peruana antes de la Guerra con Chile», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva. Reﬂexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, pp. 261-284, esp. p. 263.

⁵³ El Comercio, agosto-diciembre de 1869.

⁵⁴ P. Flindell Klarén: Peru. Society and nationhood..., pp. 158-159.

⁵⁵ Clements Markham: Travels in Peru and India. While superintending the collection of chinchona plants and seeds in South America, and their introduction into India, Londres, John Murray, 1862, p. 308.

⁵⁶ Friedrich Hassaurek: Four Years Among the Spanish-Americans, Londres, Sampson Low, Son and Marstron, 1868, pp. 212-213.

⁵⁷ El Comercio, «Los negocios del Gobierno», 15/05/1861.

⁵⁸ Carlos Contreras Carranza: «El boom del cacao», en Carlos Contreras Carranza: El sector exportador de una economía colonial. La Costa del Ecuador entre 1760 y 1820, Quito, FLACSO / Abya-Yala, 1990, pp. 51-90.

⁵⁹ Daniel Baquero Méndez y José David Mieles López: «Los “booms” en perspectiva: cacao y banano», Foro Economía Ecuador. Revista de Análisis y Divulgación Cientíﬁca de Economía y Empresa, 2014, en línea: <http://foroeconomiaecuador.com/fee/los-booms-en-perspectiva-cacao-banano/>.

⁶⁰ Carlos de la Torre y Steve Strifﬂer (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, p. 155.

⁶¹ Juan J. Paz y Miño Cepeda: «La época cacaotera en Ecuador», en Sonia Fernández Rueda (comp.): El ferrocarril de Alfaro: el sueño de la integración, Quito, Corporación Editora Nacional, Taller de Estudios Históricos, 2008, pp. 51-61, esp. p. 52.

⁶² Ronn Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador during the Cacao Era», en Carlos de la Torre y Steve Strifﬂer (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 136-147, esp. pp. 138, 140-144. Como veremos en el siguiente apartado, este proceso económico estaba totalmente relacionado con la disparidad territorial que caracterizaba a Ecuador, y que inﬂuía también en su proceso de construcción nacional.

⁶³ J. J. Paz y Miño Cepeda: «La época cacaotera en Ecuador...», p. 51.

⁶⁴ A. Buriano Castro: «Tres momentos del discurso conservador ecuatoriano...», p. 118.

⁶⁵ En Perú, este grupo se organizaría en 1871 en torno al Partido Civil.

⁶⁶ M. Andrés García: La construcción del poder..., pp. 112-113.

⁶⁷ Los grandes hacendados terratenientes habían conformado la élite económica principal tras la independencia, como señala Luis Fernando Botero Villegas: «Ecuador siglos XIX y XX. República, “construcción” del indio e imágenes contestadas», Gazeta de Antropología, vol. 29, n.º 1, 2013, en línea: <http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4172> (consulta: 21/03/2018).

⁶⁸ A. Kim Clark: «Railway and Nation in Liberal Ecuador», en Carlos de la Torre y Steve Strifﬂer (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 126-135, esp. pp. 126-127.

⁶⁹ Enrique Ayala Mora: Lucha política y origen de los partidos en Ecuador, Quito, Pontiﬁcia Universidad Católica del Ecuador, 1978, pp. 113-122.

⁷⁰ Willington Paredes Ramírez: «La “Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana”. Itinerario fundamental de la Nueva Historia», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 1-7, 1995, pp. 118-126, esp. p. 120.

⁷¹ La consideración de la burguesía como «clase nacional» conductora de este proceso, sin embargo, ha sido puesta en duda por varios autores, entre ellos: Juan J. Paz y Miño Cepeda: «Comentarios sobre la “Historia de la Revolución Liberal Ecuatoriana”», Procesos. Revista ecuatoriana de historia, vol. 1, n.º 7, 1995, pp. 111-117.

⁷² M. Thurner: From two republics to one divided..., p. 45.

⁷³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 28/09/1860, p. 313.

⁷⁴ Fredrick B. Pike: The Modern History of Peru, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1967, pp. 3-4.

⁷⁵ C. de la Torre y S. Strifﬂer (eds.): The Ecuador Reader..., p. 155.

⁷⁶ El Peruano, «Proyecto de construcción de ferrocarriles», 19/12/1867.

⁷⁷ M. Thurner: From two republics to one divided..., p. 45.

⁷⁸ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1864, pp. 287-288.

⁷⁹ M. Andrés García: La construcción del poder..., pp. 108-109.

⁸⁰ A. Acosta: Los orígenes de la burguesía de El Salvador..., p. 17.

⁸¹ U. Mücke: Political Culture in Nineteenth-Century Peru..., pp. 29-30.

⁸² R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 137.

⁸³ A. K. Clark: «Railway and Nation...», pp. 126-128.

⁸⁴ J. J. Paz y Miño Cepeda: «Comentarios sobre la “Historia de la Revolución”...», p. 116.

⁸⁵ A. K. Clark: «Railway and Nation...», p. 128.

⁸⁶ Nils Jacobsen: Mirages of Transition. The Peruvian Altiplano, 1780-1930, Berkeley / Los Ángeles / Londres, University of California Press, 1993, p. 151.

⁸⁷ Mark Thurner: «Unimagined Communities», en Mark Thurner: From two republics to one divided. Contradictions of Postcolonial Nationmaking in Andean Peru, Durham / Londres, Duke University Press, 1997, pp. 20-53.

⁸⁸ Ibíd.; Charles F. Walker: Smoldering Ashes. Cuzco and the Creation of Republican Peru, 1780-1840, Durham / Londres, Duke University Press, 1999, p. 189.

⁸⁹ Juan Luis Orrego Penagos: «La “era del guano”: la abolición de la esclavitud y del tributo», Rumbo al Bicentenario. Blog de Juan Luis Orrego Penagos. Historia del Perú, América Latina y el mundo. Siglos XIX y XX, 2008, en línea: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/juanluisorrego/2008/08/15/la-era-del-guano-la-abolicion-de-la-esclavitud-y-del-tributo/>.

⁹⁰ El Comercio, 12/01/1854. Citado en Mark Thurner: «Unimagined Communities»..., p. 44.

⁹¹ M. Thurner: «Unimagined Communities»..., pp. 44-46.

⁹² Juan Pan-Montojo: «Ciudadanos y contribuyentes», en Manuel Pérez Ledesma (dir.): De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 483-520, esp. p. 484.

⁹³ Carmen Mc Evoy: «Indio y Nación: una lectura política de la rebelión de Huancané (1866-1868)», en Carmen Mc Evoy: Forjando la Nación. Ensayos sobre historia republicana, Lima / Sewanee, Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú / The University of the South, 1999, pp. 61-118, esp. p. 101.

⁹⁴ Ibíd., pp. 102-103.

⁹⁵ Rafael Quintero y Erika Silva: Ecuador: una nación en ciernes, Quito, FLACSO / Abya Yala, 1991, pp. 40-41.

⁹⁶ Silvia Palomeque: «La “ciudadanía” y el sistema de gobierno en los pueblos de Cuenca (Ecuador)», en Hans Joachim Köning, Tristan Platt y Colin Lewis (coords.): Estado-na-ción, Comunidad Indígena, Industria. Tres debates al ﬁnal del Milenio, Ridderkerk, AHILA, 2000, pp. 115-141, esp. p. 136.

⁹⁷ Galo Ramón Valarezo: «Relaciones interétnicas en la sierra norte: la diversa evolución de Cayambe y Otavalo en el tránsito a la República», Procesos. Revista ecuatoriana de historia 19, 2003, pp. 23-48, esp. p. 46.

⁹⁸ Andrés Guerrero: «The Construction of a Ventriloquist’s Image: Liberal Discourse and the “Miserable Indian Race” in the Late Nineteenth Century», en Carlos de la Torre y

Steve Strifﬂer (eds.): The Ecuador Reader. History, Culture, Politics, Durham / Londres, Duke University Press, 2008, pp. 103-116, esp. pp. 105-107.

⁹⁹ Andrés Guerrero: «Curagas y tenientes políticos: la ley de la costumbre y la ley del estado (Otavalo 1830-1875)», Revista Andina 2, 1989, pp. 321-366.

¹⁰⁰ Constitución Política del Perú de 1860, Lima, 13/11/1860 (en adelante, Constitución peruana de 1860), artículo 111; Constitución de la República del Ecuador de 1861, Quito, 10/04/1861 (en adelante, Constitución ecuatoriana de 1861), artículo 94.

¹⁰¹ R. Quintero y E. Silva: Ecuador: una nación en ciernes..., pp. 38-44.

¹⁰² Constitución ecuatoriana de 1861, artículos 128 y 98, respectivamente.

¹⁰³ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 144.

¹⁰⁴ New York Times, «Ecuador», 4/02/1861, p. 2.

¹⁰⁵ Friedrich Hassaurek: Four Years Among..., p. 169.

¹⁰⁶ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 145.

¹⁰⁷ Archivo de la Función Legislativa de Ecuador (en adelante, AFL), Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 3/06/1869, p. 98.

¹⁰⁸ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 6/02/1861, p. 164.

¹⁰⁹ Ibíd., p. 165.

¹¹⁰ Ibíd., p. 158.

¹¹¹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 1/02/1861, p. 127.

¹¹² Ephraim George Squier: Peru: incidents of travel and exploration in the land of the Incas, Nueva York, Harper & Brothers Publishers, 1877, pp. 6-15.

¹¹³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1860-1861, 20/12/1860, pp. 270-273.

¹¹⁴ U. Mücke: «El Congreso, las elecciones y la cultura política peruana...».

¹¹⁵ Cecilia Méndez: «Tradiciones liberales en los Andes o la ciudadanía por las armas: campesinos y militares en la formación del Estado peruano», en Marta Irurozqui: La mirada esquiva. Reﬂexiones históricas sobre la interacción del Estado y la ciudadanía en los Andes (Bolivia, Ecuador y Perú), siglo XIX, Madrid, CSIC, 2005, pp. 125-153, esp. p. 129.

¹¹⁶ Mauricio Novoa: «La civitas inconclusa: ideas sobre la soberanía de la nación en 1860-1900», en Carmen Mc Evoy: La experiencia burguesa en el Perú (1840-1940), Frankfurt / Madrid, Vervuert / Iberoamericana, 2004, pp. 267-284, esp. pp. 283-284.

¹¹⁷ R. Pineo: «Guayaquil and Coastal Ecuador...», p. 144.

¹¹⁸ Fredrick B. Pike: «Geographic, Ethnic, Historial Backgrounds, and the Continuing Quest for a Nation», en Fredrick B. Pike: The Modern History of Peru, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1967, p. 4.

¹¹⁹ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 17/09/1860, p. 230.

II. EL PARLAMENTO: COMPOSICIÓN Y REGLAMENTO

En el capítulo anterior se ha presentado un análisis de las estructuras sociales, económicas y territoriales que conﬁguraron el marco general en el que se desarrollaría el sistema político. Además, también se ha prestado atención a la evolución política –desde el punto de vista del poder ejecutivo– de Perú y Ecuador en el periodo objeto de estudio. Llega el momento ahora de examinar, con mayor profundidad, la conﬁguración y desarrollo del poder legislativo, que será la clave en esta investigación. Así, este capítulo se dedica al estudio de la composición de las diferentes asambleas constituyentes convocadas tanto en Ecuador como en Perú a lo largo de la década de 1860. En el último apartado, también me aproximo al modo de funcionamiento del poder legislativo, un aspecto que resulta crucial para entender el desarrollo de los debates parlamentarios que tuvieron lugar en este momento –y que se tratarán en la segunda parte de este trabajo–. Por su parte, el siguiente capítulo se dedicará al análisis de los principales textos legislativos a los que dieron lugar estas asambleas parlamentarias.

COMPOSICIÓN DE LAS ASAMBLEAS CONSTITUYENTES EN ECUADOR Y EN PERÚ DURANTE LA DÉCADA DE 1860

En Ecuador no surgirían los primeros partidos políticos hasta después de la Revolución Liberal de 1895, si bien a lo largo del siglo XIX se podían advertir al menos dos tendencias ideológicas que nos sirven para agrupar a los individuos que tomaron parte en la conﬁguración de los poderes ejecutivo y legislativo. Pese a ello, Ana Buriano señala que la clasiﬁcación ideológica de los miembros del Parlamento durante la década de 1860 resultaba difícil de deﬁnir, pues no existían tendencias ideológicas homogéneas y, por el contrario, prevalecía el «actuar errático» de los diputados.¹ Estas dos tendencias políticas se desarrollaron en torno a dos ejes principales: un eje político-ideológico (un liberalismo doctrinario o conservador frente a un liberalismo más progresista) y un eje territorial (centralismo frente a regionalismo). Además, algunos historiadores han señalado que estos dos ejes eran coincidentes, pues el baluarte del conservadurismo se encontraba en la capital, Quito, mientras que Guayaquil representaba las tendencias más liberales.² A ello se unía un tercer eje, que cobró especial protagonismo en las últimas décadas del siglo XIX, en torno a cómo cada una de las tendencias ideológicas entendía el papel que la religión debía desempeñar en el ámbito político.³

La primera «escuela de integración nacional» –según la denominación otorgada por Maiguashca– era la escuela francesa.⁴ Esta tendencia se encontraba liderada por Gabriel García Moreno (no en vano sus seguidores se hacían llamar «garcianistas»), y en ella podemos situar a otros líderes políticos como Juan José Flores, Vicente Rocafuerte o José María Plácido Caamaño. En primer lugar, se caracterizaba por la defensa de un fuerte centralismo. Como plantea Buriano, «la corriente conservadora deseaba establecer el control del poder central sobre las provincias y dominarlas en todos los planos». Sin embargo, frente a lo que cabría esperar, la estrategia seguida por los garcianistas consistía en descentralizar el poder municipal hasta el ámbito cantonal, con el objetivo de restar poder a la provincia. Se entendía, por tanto, que el poder central podía inﬂuir más directamente en el cantón –a través de una actitud caciquil y paternalista– que en la provincia.⁵ Este grupo era partidario de instalar en Ecuador un sistema político similar a la Francia de Napoleón III, del que García Moreno era un ﬁel admirador. Además, entre los principios ideológicos fundamentales del conservadurismo ecuatoriano se encontraban la idea de modernidad católica y el establecimiento de una maquinaria estatal robusta que pudiera contener las tendencias disgregadoras y diera coherencia a un determinado proyecto nacional basado, entre otros elementos, en un fuerte catolicismo. Por tanto, partiendo de la idea de considerar la religión católica como un elemento esencial de la identidad nacional ecuatoriana, «propugnaron una homogeneización monista, sin conceder espacio a la diferencia cultural», como aﬁrma Maiguashca. Esta fue la tendencia ideológica predominante en la mayor parte del siglo XIX, ya que estuvo en el poder en 1830-1845 (durante los gobiernos de Flores y Rocafuerte), 1861-1865, 1869-1875 (ambos periodos gobernados por García Moreno) y 1884-1888 (durante el Gobierno de Caamaño). En el último tercio del siglo XIX, este grupo fundó el Partido Conservador Ecuatoriano, que tomaba como centro el proyecto político planteado por Gabriel García Moreno, y en cuya conﬁguración ideológica intervinieron individuos como Felipe Sarrade o Juan León Mera.⁶

Por otro lado, la escuela americana –también denominados «marcistas»–apostaba por una mayor descentralización política que diera un protagonismo creciente al poder provincial. En su cosmovisión política se presentaba como ideal el modelo federal estadounidense. No obstante, Maiguashca aﬁrma que este grupo no era totalmente federalista, sino que lo categoriza como una corriente «unitaria débil descentralista». En cuanto a las tendencias federalistas que se habían mostrado vigorosas durante el periodo de la Gran Colombia, aunque siguieron existiendo a partir de la independencia de Ecuador, nunca llegarían a tomar el poder. De todas formas, en la Constitución de 1861 consiguieron implantar algunas de sus ideas sobre la administración territorial, resultando ser el texto constitucional más descentralista de la historia de Ecuador.⁷ Esta era una tendencia ideológica heredera del liberalismo anglosajón, entre cuyos pilares ideológicos se situaba «el sostén de una coalición antiaristocrática» y la defensa «de un aparato burocrático difuso». Así, por ejemplo, frente a la imposición del catolicismo, los marcistas defendieron la tolerancia religiosa. Además, fueron ﬁrmes defensores de la meritocracia, poniendo el acento en la capacidad del individuo para prosperar socialmente. Entre los seguidores de esta escuela se encontraban personajes relevantes del panorama político como Vicente Ramón Roca, José María Urbina, Francisco Robles o Ignacio Veintemilla.⁸ Este grupo estuvo menos tiempo en el poder, implantando su ideología durante los Gobiernos de Roca (1845-1849), Urbina (1851-1856), Robles (1856-1859) y Veintemilla (1876-1883). Por tanto, la mayor parte del siglo XIX se encontraron en la oposición, conspirando contra la autoridad establecida y en ocasiones incluso llevando a cabo golpes de Estado que desencadenaron guerras civiles. Como se pudo ver en el capítulo anterior, la primera de ellas fue la Revolución Marcista o Revolución de Marzo de 1845, la cual dio origen a una de las denominaciones con las que los miembros de este grupo eran conocidos. Este fue un conﬂicto de gran calibre que experimentó Ecuador casi al comienzo de su vida como país independiente, en el cual los marcistas, liderados por Urbina, se sublevaron contra el entonces presidente Juan José Flores y consiguieron hacerse con el poder durante más de una década.

Tras el triunfo de los garcianistas el 24 de septiembre de 1860 y su vuelta al poder, en 1861 Gabriel García Moreno convocó la séptima asamblea nacional constituyente –desde la independencia de Ecuador, le habían precedido las asambleas de 1830, 1835, 1843, 1845, 1851 y 1852–, con el objetivo de elaborar un nuevo texto constitucional que sustituyera al anterior de 1852. Así, el 10 de enero de 1861, la Convención Nacional de Ecuador, reunida en Quito, daba inicio a sus sesiones y nombraba como su presidente a Juan José Flores, mientras que Pablo Herrera y Julio Castro ocupaban el cargo de secretarios.⁹

Esta asamblea estaba conformada por representantes procedentes de distintas disciplinas, entre los que destacaban aquellos profesionales del derecho público, como los hermanos Miguel Francisco y Luis Rafael Albornoz, Mariano Cueva, Ramón Borrero, Vicente Salazar, Pedro José de Arteta o Pablo Herrera. También había varios periodistas, escritores y publicistas, muchos de los cuales colaboraban en diversos periódicos –como Mariano Cueva, Ramón Borrero o Pablo Herrera–, junto a otros aﬁcionados a la escritura, como Francisco Eugenio Tamariz. Encontramos también algún economista (Vicente Salazar) y varios educadores que habían llegado a ser rectores de diferentes colegios: Miguel Egas, Luciano Moral, Felipe Sarrade o Tomás Hermenegildo Noboa. Por último, aparecían también algunos militares –entre los que cabe señalar a Juan José Flores o a Francisco Eugenio Tamariz–, sacerdotes –Vicente Cuesta y Tomás Hermenegildo Noboa– y varios individuos dedicados a la medicina –Miguel Egas, Manuel Villavicencio o Felipe Sarrade–.

Esta asamblea fue convocada por un gobierno que se entendía como de «salvación nacional», tras un episodio de disgregación política y territorial en el que el mantenimiento de Ecuador como país unido e independiente había sido cuestionado. Esto explicaría, como señala Buriano, que los opositores al Gobierno de García Moreno no se mostraran excesivamente combativos en el Parlamento. Así, existía una cierta unanimidad en la idea de la necesidad que tenía Ecuador de fomentar una integración nacional.¹⁰ A pesar de que no existía una mayoría conservadora en lo que respecta a su adscripción ideológica, algunos de sus miembros habían participado en la formulación ideológica del conservadurismo ecuatoriano –como Felipe Sarrade o Juan León Mera–, mientras que otros llegaron a ejercer diferentes cargos en alguno de los Gobiernos garcianos –Mariano Cueva, Vicente Salazar o Pedro José de Arteta, cuñado de Juan José Flores–. Además, había algunos individuos que, más allá de la convergencia ideológica, compartían también una estrecha amistad personal –por ejemplo, Miguel Egas, uno de los primeros en mostrarle su apoyo en 1859, o Luciano Moral, que llegó a ser secretario de García Moreno en 1869–. Sin embargo, la heterogeneidad ideológica de los miembros de la Convención Nacional trajo consigo algunas críticas por parte de la prensa. Así, El Industrial aseguraba que «en este cuerpo en que estribaban las esperanzas de la Patria, se nota desorden, perplejidad, deﬁciencia de instrucción sólida, carencia de ideas ﬁjas, falta de un norte a donde dirigirse, de un sistema sea el que fuere y un no se qué que se parece a la anarquía [...]».¹¹

De esta asamblea constituyente saldría la Constitución de 1861. No obstante, a la altura de 1869 este texto legislativo resultaba insuﬁciente, por lo que García Moreno decidió convocar una nueva asamblea constituyente, la cual elaboró otro texto constitucional: la Constitución de 1869, también conocida como Carta Negra. Esta Constitución daba un mayor protagonismo a la religión católica –lo que incluso incidía en la posibilidad que tenían los ecuatorianos para acceder a los derechos políticos, como se verá en la segunda parte de este libro– y robusteció el poder del presidente de la República ampliando sus atribuciones. La Convención Nacional, reunida en Quito, comenzó sus sesiones el día 16 de mayo de 1869.¹²

En esta segunda asamblea de la década participaron algunos miembros que ya lo habían hecho en 1861, como Pablo Herrera. Algunos de ellos siguieron siendo diputados por la misma provincia –como Felipe Sarrade o Tomás Hermenegildo Noboa–; mientras que otros representaban provincias diferentes o de nueva creación –como Vicente Cuesta o Vicente Salazar–. Sin embargo, la mayoría de los miembros del Parlamento de 1869 eran nombres nuevos, que no habían participado en la conﬁguración de la anterior Constitución de 1861. Entre ellos, cabe destacar a José Ignacio Ordóñez, Pedro Lizarzaburu, Rafael Carvajal, Manuel Eguiguren, Miguel Uquillas, Francisco Javier Salazar y Nicolás Martínez, algunos de los individuos que tuvieron mayor protagonismo durante los debates parlamentarios de 1869.

En cuanto a las profesiones a las que se dedicaban, nuevamente en esta asamblea destacaban los juristas, como Vicente Cuesta, Pedro Lizarzaburu, Rafael Carvajal, Elías Laso o Nicolás Martínez. A ellos se unían también algunos escritores –Pablo Herrera, Francisco Javier Salazar o Roberto de Ascásubi–, economistas –como Vicente Salazar–, profesores y rectores de universidad –Rafael Carvajal, Felipe Sarrade, Tomás Hermenegildo Noboa o Elías Laso– y algún que otro médico –Felipe Sarrade–. Además, resulta signiﬁcativo que en esta asamblea aumentaba el número de militares –Pedro Lizarzaburu, Miguel Uquillas, Francisco Javier Salazar, Julio Sáenz– y, sobre todo, de religiosos, entre los que se contaban sacerdotes y obispos como Vicente Cuesta, José Ignacio Ordóñez, Tomás Hermenegildo Noboa o José María Aragundi.

Con respecto a su adscripción ideológica, en este caso sí que aparecía una mayoría parlamentaria afín al proyecto conservador. De hecho, entre estos parlamentarios se encontraban algunos de los grandes exponentes del conservadurismo ecuatoriano, como José Ignacio Ordóñez, Felipe Sarrade, Tomás Hermenegildo Noboa o Julio Sáenz. También cabe señalar los nombres de ciertos individuos que ocuparían puestos relevantes en los Gobiernos garcianos, como Rafael Carvajal –ministro del Interior y de Relaciones Exteriores– o Francisco Javier Salazar –ministro de Guerra–. Además, como señala Ana Buriano, a diferencia de 1861, en 1869 «pocos eran los valientes que se animaron a oponerse a los designios del líder conservador». Hay que mencionar también que en esta asamblea había un menor número de diputados que en la de 1861, lo que, según ha acordado la historiografía, se debía a la necesidad de robustecer a los partidarios de García Moreno.¹³

En deﬁnitiva, aunque los elementos conservadores estuvieron presentes en ambas asambleas, estos ejercieron un papel protagonista en la Convención de 1869, donde el proyecto de modernidad católica ocupó un lugar principal y en la que hubo un menor espacio para la oposición. Esto explicaría, por ende, las diferencias existentes entre ambos textos constitucionales.

Al igual que sucedía en Ecuador, en el Perú de inicios de la década de 1860 existía una confrontación entre dos tendencias ideológicas principales: liberales y conservadores. O, como aﬁrmaban los liberales: «Como en todas las naciones civilizadas, existen en el Perú luchando constantemente dos grandes partidos políticos: el uno que sostiene y deﬁende la dignidad y los derechos del hombre y de las sociedades y el otro que los coacta más o menos».¹⁴ Por su parte, los conservadores aseguraban que ellos también eran liberales, pues «todos aman la libertad, todos quieren el orden, todos desean el progreso». Sin embargo, sí que encontraban una enorme diferencia entre su partido y el opuesto, al que consideraban como una simple facción que utilizaba la demagogia para atraer el apoyo de, especialmente, la población más joven:

En el Perú lo que hay es un partido grande, poderoso, compuesto de todos los hombres honrados, inteligentes, morales y trabajadores que se le ha llamado con el nombre de «conservador» porque pretende conservar incólumes todos los más sagrados derechos del hombre y de la sociedad: la vida, la propiedad, el honor, la libertad, la familia, el trabajo, etc.; y una facción compuesta de cuatro demagogos ambiciosos que quieren inculcar todos esos derechos, para medrar a la sombra de la licencia y de la anarquía y que han logrado atraer a sus ﬁlas, por medio de falaces promesas y de redes artiﬁciosas, a unos cuantos jóvenes incautos, víctimas de las nobles aspiraciones de sus almas y cuyas fuerzas intelectuales se explotan para hacerlos servir de cuartel de bastardas aspiraciones y de mezquinos y ruines deseos. Esa facción, que se engalana con el nombre de liberal es una facción anarquista y demagógica que no tiene más bandera que la bandera ROJA.¹⁵

Estas palabras nos permiten aproximarnos a los signiﬁcados que los términos liberal y liberalismo tenían para la élite política de la segunda mitad del siglo XIX. Ya desde la década de 1840, el ﬁlósofo alemán Heinrich Ahrens había aﬁrmado que existían dos liberalismos: «un liberalismo negativo [...] y un liberalismo organizador»,¹⁶ que en Perú, bajo la óptica de los conservadores, se identiﬁcaban con el partido liberal y el partido conservador, respectivamente. Así, los conservadores se reconocían a sí mismos como liberales «buenos», a diferencia de aquellos liberales asociados al desorden y al anticlericalismo.¹⁷

Además, en este punto debemos recordar que, aunque en los discursos políticos de la época se hablaba de «partido liberal» y de «partido conservador», no existían aún organizaciones institucionalizadas y jerarquizadas con estas denominaciones que pudieran asemejarse a los partidos políticos tal y como los entendemos en la actualidad. Más bien se trataba de una manera de referirse a aquellos grupos de individuos que compartían una ideología similar. Hay que tener en cuenta que, a lo largo de todo el siglo XIX, la idea de «partido» tuvo connotaciones negativas, pues se consideraba contraria a la unidad nacional tan reivindicada, especialmente si nos referimos a unas naciones como las latinoamericanas, recién nacidas y, por tanto, necesitadas de legitimación.¹⁸ Por ello, el término partido se utilizaba frecuentemente de forma despectiva, identiﬁcado con el de facción, lo que daba a entender que su proyecto solo se refería a una parte de la población, descuidando al resto y, por ende, al conjunto de la nación. Como explica Marta Bonaudo,

un sector mayoritario del mundo notabiliar articuló la soberanía a la voluntad nacional, postulando un concepto de la representación política asentado en sujetos colectivos como el pueblo o la nación. Al encarnar en esas ﬁguras el interés general, la noción de partido-parte se tornaba disruptiva e inaceptable para tan frágiles unidades.¹⁹

Aunque la década de los cincuenta fue bastante fértil en el surgimiento y consolidación de clubes electorales –como por ejemplo el Club Progresista–, los partidos políticos como tales solo empezarían a existir en Perú a partir de la década de los setenta, siendo el primero el Partido Civil de Manuel Pardo (1871); mientras que la creación del primer Partido Liberal como tal tendría que esperar a 1884 –si bien su vida fue bastante corta y de escasa importancia–.²⁰ No obstante, Ulrich Mücke aﬁrma que el cambio que se observa en torno a la concepción de partido político en la década de 1870 «se debió principalmente a la existencia de partidos políticos en el Congreso» durante las décadas anteriores, especialmente entre 1850-1860.²¹

En este sentido, había un grupo de individuos que desde 1856 empezaron a denominarse a sí mismos como «partido liberal». Este grupo tenía como centro el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe, y entre ellos destacaban algunos líderes como Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro y los hermanos José y Pedro Gálvez.²² Este partido liberal había sido el principal promotor de la redacción de la Constitución de 1856, tras el triunfo de la Revolución Liberal de 1854-1855.²³ Esta era una Constitución bastante avanzada en la que se incluía por primera vez, entre otras cuestiones, un sistema de elecciones directas, la abolición de la esclavitud, o el derecho de asociación. Desde entonces, este texto constitucional sería considerado la bandera emblema de los liberales; por tanto, para ellos suponía un deber «sostener esa sagrada y gloriosa enseña; congregándose en su torno para salvarla de las asechanzas y manejos egoístas y villanos de la turba conservadora».²⁴ Sin embargo, los partidarios de esta constitución se encontraron, desde julio de 1859, con un grupo político que ejercía una fuerte oposición, y que reclamaba la necesidad de reformar la Constitución. Estos eran los conservadores, que se aglutinaban en torno al Convictorio San Carlos y, especialmente, en torno a la ﬁgura de su principal ideólogo: Bartolomé Herrera. Tal como se vio en el capítulo 1, en la década de 1860 el presidente de la república Ramón Castilla, ante la amenaza liberal de menoscabar las atribuciones presidenciales, fue virando desde el liberalismo hacia el conservadurismo.

En diciembre de 1859 se celebraron elecciones para conformar un nuevo Congreso Constituyente encargado de reformar el texto constitucional. En este contexto, los liberales eran partidarios de mantener en esencia el texto de 1856, mientras que los conservadores opinaban que la Constitución de 1856 solo había conducido al desastre y, por tanto, era necesaria su modiﬁcación para darle una mayor moderación.

Los días previos a la conformación de dicho Congreso fueron una vorágine para la opinión pública, que se preguntaba qué individuos lo compondrían, quién sería su presidente y, sobre todo, qué decisión se tomaría con respecto a la Constitución de 1856: «de su solución dependen la vida o la muerte de la Constitución y con ella el porvenir político del Perú». Los liberales contaban con el apoyo intelectual de periodistas y escritores que, a través de la publicación de sus escritos, defendían el mantenimiento de la Constitución de 1856 y cuestionaban la legitimidad del Congreso Constituyente de 1860: «vamos a cerciorarnos si hay verdadera representación nacional, o un cónclave compuesto de obispos, generales, empleados del ejecutivo [...]». Además, denunciaban la forma en la que los representantes que habían resultado electos querían «trucidar la Constitución, con apariencias de legalidad, y sustituirla con otra, fabricada en algún taller teocrático, o en el pomposo gabinete de algún secretario del feudalismo».²⁵ Así, este grupo aseguraba que su objetivo era «defender la Constitución de 1856 de las clandestinas y pérﬁdas maquinaciones de sus enemigos en la reunión que con el nombre de Congreso va a desempeñar de hecho funciones legislativas». Además, se preguntaban «¿con cuál título, con qué derecho osarán los legisladores de 1860 poner la mano sobre la Constitución de 1856?».²⁶

Por su parte, los conservadores contestaban a esta pregunta tan solo un día después: «con el título que les ha conferido el pueblo, con los derechos que él les ha transmitido».²⁷ Así, acusaban a los defensores de la Constitución de 1856 de no hacer otra cosa que insultar y calumniar a los representantes de 1860. Además, desde su posición aseguraban que la Constitución de 1856 era un texto «que limitado a consagrar utopías y a llenar miras esencialmente anárquicas, no tuvo en cuenta por nada la sociedad, entregándola por tanto al pernicioso absolutismo del ocaso». En este sentido, desde su punto de vista se abría un objetivo fundamental para el Congreso de 1860 con respecto a la sociedad peruana: «sustraerla de este yugo y encaminarla hacia el perfeccionamiento que la está reservando».²⁸

Finalmente, el Congreso Constituyente, reunido en una sola cámara con el objetivo de reformar la Constitución de 1856 y darle un tono más conservador, comenzó sus sesiones el día 28 de julio de 1860 –fecha conmemorativa de la independencia peruana–. Este congreso estuvo presidido por el obispo de Arequipa, Bartolomé Herrera, a pesar de que durante los días previos se habían vertido en la prensa muchas opiniones contrarias a que un obispo participase en el Parlamento.²⁹

Con respecto a las profesiones que ejercían estos representantes, al igual que sucedía con sus homólogas ecuatorianas, en la Asamblea Constituyente peruana también encontramos una mayoría de individuos dedicados a la jurisprudencia, como Antonio Arenas, Manuel Rafael Belaúnde, Pedro José Calderón, Evaristo Gómez Sánchez, Juan de los Heros, Mariano Loli, Juan Oviedo o José Joaquín Suero. Además, aparecían algunos escritores, periodistas y profesores de universidad –José Antonio de Lavalle, Pedro Alejandrino del Solar o José Silva Santisteban–, algunos pocos militares –Francisco Alvarado Ortiz o Nemesio Orbegoso–, e incluso el médico personal de Ramón Castilla, Julián Sandoval.

Por otro lado, en lo que respecta a la composición ideológica de esta asamblea, encontramos una mayor variedad que en las mencionadas Convenciones ecuatorianas. Evidentemente resultaba ser una asamblea de corte conservador, pues su objetivo fundamental era reformar la más avanzada Constitución de 1856. No en vano se hallaba presidida por Bartolomé Herrera, el principal ideólogo del conservadurismo peruano, y promotor por excelencia del proyecto constitucional que saldría de este Parlamento: la Constitución de 1860.

Sin embargo, junto a la mayoría parlamentaria de tendencia conservadora, aparecían algunos individuos liberales –los cuales representarían apenas un 10 % del Congreso–³⁰ que frecuentemente alzaron la voz contra ciertos discursos esgrimidos en el Parlamento. En esta línea, debemos señalar muy especialmente el caso de José Silva Santisteban, uno de los representantes más polémicos de la década de 1860, así como uno de los que tomaron la palabra en la asamblea en más ocasiones. Junto a otros intelectuales de corte liberal defendió, por ejemplo, la instalación de un sistema de elecciones directas, tal y como se había legislado en 1856.

No obstante, habría que esperar a la asamblea constituyente que se instaló en 1867 para ver un mayor protagonismo de los políticos peruanos liberales. Así, esta asamblea era ideológicamente similar a la Convención Nacional de 1855, de la cual había surgido la Constitución de 1856. Por su parte, el objetivo de la Constituyente de 1867 era la elaboración de un nuevo texto constitucional, que terminaría siendo también muy parecido al de 1856. Ambas constituciones, por ejemplo, establecían un sistema de sufragio directo. Además, en este periodo se presentaron proyectos como la desamortización de los bienes eclesiásticos o la libertad de cultos –sostenida, entre otros, por el diputado Fernando Casós–, elementos que provocaron un gran rechazo en la mayoría de la población, profundamente católica.³¹

Tras las juntas preparatorias, la asamblea constituyente comenzó sus sesiones el día 15 de febrero de 1867, presidida en primer lugar por Antonio Salinas, y posteriormente por José María Químper, al que algunos acusaron de haber intervenido en las elecciones de forma fraudulenta: «En la República no hay quien ignore la parte directa y descarada que este señor ha tomado en las elecciones».³² Además, la elección de Químper como representante contó con el rechazo de buena parte de la opinión pública, que denunciaba la incompatibilidad que su cargo como ministro del Gobierno le suponía para aceptar la función de representación parlamentaria: «El señor Químper, pues, por patriotismo, por respeto a las instituciones y por delicadeza, debe apartarse de las ﬁlas del Parlamento, y limitar su acción a dirigir desde su ministerio la mayoría con que cuenta».³³ Sin embargo, los liberales defendían la «abnegación y patriotismo» de Químper, y aﬁrmaban que estaba «siendo el blanco de los tiros de la calumnia y de la malquerencia; se han confabulado contra él el rencor y el odio».³⁴

Al igual que había sucedido en 1860, en 1867 la prensa se llenó de artículos tanto a favor como en contra de la reunión del Congreso que estaba teniendo lugar y, especialmente, de su objetivo de redactar una nueva constitución. Por un lado, los liberales celebraban la instalación de este Congreso, entendido como «una fuente de esperanzas para la parte honrada y pacíﬁca de la Nación».³⁵ Por otro lado los conservadores expresaban su rechazo hacia los parlamentarios sentados en la Cámara de la siguiente manera:

En algunos de sus miembros no puede ver la expresión genuina del voto popular; en otros verá la tacha de bastardía que deja una inmoral dualidad; y en ninguno de ellos, la cabeza alta y poderosa que domine la de sus compañeros y garantice al país la realización de los santos principios de la democracia.

Había que tener en cuenta, además, la situación que estaba atravesando Perú: la actitud del Gobierno de Pezet ante la amenaza española a las Islas de Chincha se había encontrado con el rechazo de gran parte de la población, lo que sin duda había favorecido la llegada de Mariano Ignacio Prado al Gobierno y la imposición de una Dictadura.³⁶ En este contexto, la prensa aﬁrmaba que,

[...] cuando un país pasa por uno de estos cataclismos que echan por tierra todo lo existente, como sucede hoy en el Perú, y que emprende el trabajo de su reconstrucción, los encargados de él, reciben una plenipotencia absoluta del pueblo que delega en ellos todos sus derechos para que procedan a su voluntad.³⁷

A pesar de este giro liberal, la Constitución de 1867 estuvo poco tiempo vigente, pues su promulgación –el 29 de agosto de 1867– rápidamente fue contestada con una rebelión que partía de Arequipa en defensa de la restauración de la Constitución de 1860, y que pronto se extendió a todos los puntos del país, consiguiendo triunfar. Ya desde el inicio de las sesiones parlamentarias del Congreso Constituyente de 1867, este había contado con el rechazo de buena parte de la opinión pública, especialmente entre los sectores más religiosos. Así, este grupo denunciaba «la hidra antirreligiosa» que se había asentado en la Asamblea.³⁸ Para satisfacción de los grupos conservadores, la Constitución de 1860 fue restablecida en enero de 1868 y conseguiría perdurar hasta 1920, resultando el texto legislativo más duradero de la historia constitucional peruana.

En conclusión, se puede aﬁrmar que la evolución que experimentaron las asambleas constituyentes en Ecuador y en Perú a lo largo de la década de 1860 resultaba disímil. Ecuador iniciaba la década con una asamblea en la que los elementos liberales tenían un espacio más amplio que en la asamblea conservadora que cerraba el periodo. Como se ha visto, esta evolución venía motivada por la coyuntura política que el país estaba viviendo en cada momento, así como por el ascenso progresivo del poder personal de García Moreno. Sin embargo, en Perú se observa un recorrido diferente: mientras que la década comenzó dando un fuerte protagonismo a los sectores más conservadores –en oposición a la trayectoria política anterior–, desde 1866 –y también en consonancia con los acontecimientos que estaba viviendo el país en aquel momento, en el que la independencia nacional estaba siendo cuestionada–, los grupos liberales se hicieron más fuertes, hasta llegar a tomar el poder en el Parlamento de 1867. No obstante, las medidas políticas emanadas de la asamblea de 1867 estarían vigentes por poco tiempo, pues pronto el conservadurismo representado por la Constitución de 1860 volvía a hacerse con el poder.

En cualquier caso, la mayor parte de los individuos que compusieron las asambleas constituyentes de Ecuador y de Perú durante la década de 1860 procedían de grupos sociales muy concretos, pertenecientes a las élites sociales y económicas. En muchos casos, provenían de familias cuyos diferentes componentes (padres, hermanos, primos o cuñados) se habían dedicado o se dedicaban también a la política. Entre las profesiones más comunes de los representantes se encontraban la de juristas y escritores, apareciendo también frecuentemente militares y religiosos –cuya presencia era más amplia en las asambleas de corte más conservador–. En deﬁnitiva, se trataba de hombres mayoritariamente blancos, burgueses, ilustrados y enriquecidos. Todos ellos se adscribían a las teorías intelectuales del liberalismo, si bien presentaron algunas diferencias de opinión a la hora de llevar a la práctica dichas ideas, lo cual dio lugar a fértiles debates parlamentarios, especialmente en los meses previos a la promulgación de los diferentes textos constitucionales. Sin embargo, había grupos sociales que no estaban representados en el Parlamento, como los campesinos o los artesanos, así como también se echaba en falta la presencia en el Congreso de los grupos étnicos mayoritarios. Esto se debía a que en la composición de la Asamblea entraba en juego el principio de distinción, por el cual se partía del convencimiento de la existencia de una diferencia fundamental y «natural» entre los representantes y el resto de la población.

EL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

Una vez que conocemos cómo se conﬁguraron las diferentes asambleas que ejercieron el poder legislativo en Ecuador y en Perú durante la década de los sesenta, llega ahora el momento de atender también al modo de funcionamiento de las Cámaras. Para ello, resulta necesario acudir a los reglamentos de debates que regularon el modo de comportamiento de los representantes en las asambleas. Y es que, además de cumplir determinadas calidades personales como criterios de elegibilidad, los representantes debían seguir ciertas normas a la hora de ejercer su acción política en el Parlamento. En este sentido, el ecuatoriano Miguel Uquillas recordaba «la premiosa necesidad de formar o adoptar un reglamento que dirija los debates y organice el interior de las Cámaras».³⁹ El correcto comportamiento de diputados y senadores quedaba ﬁjado, para el caso de Perú, en el Reglamento interior de las Cámaras legislativas, que a pesar de que había sido promulgado en 1853, seguía vigente para el periodo que nos ocupa.⁴⁰ Por su parte, en el caso de Ecuador, tanto la Asamblea de 1861 como la de 1869 tuvieron que atenerse a las normas establecidas en el reglamento que rigió en la Convención de 1850, si bien cada una de ellas presentó algunas modiﬁcaciones.⁴¹

Estos reglamentos, junto a otras disposiciones legislativas, establecían que los representantes debían concurrir obligatoriamente a las sesiones parlamentarias –que tendrían lugar diariamente, a excepción de los domingos y festivos–, pudiendo perder el derecho a dietas o incluso los derechos de ciudadanía si incumplían esta norma.⁴² De hecho, el reglamento peruano incluso imponía la necesidad de pasar lista al comienzo de cada sesión, anotándose el nombre de los representantes que no estuvieran presentes para publicarlo posteriormente en los periódicos. Además, se establecía que si la ausencia de un representante se prolongaba por más de ocho días sin causa justiﬁcada, podían ser reemplazados temporalmente: aquí recaía la importancia de elegir diputados y senadores suplentes. No obstante, los discursos parlamentarios ponen de maniﬁesto que, aunque estaba mal considerado, el absentismo de muchos representantes de las Cámaras parlamentarias era una constante: «Desgraciadamente estamos tropezando todos los días con los inconvenientes que provienen de la inasistencia de algunos representantes», aﬁrmaba el peruano Rodríguez en 1868.⁴³ Un buen ejemplo se podía encontrar el 26 de abril de 1867, cuando la sesión parlamentaria tuvo que suspenderse porque no había el cuórum suﬁciente. Ante dicha situación, el presidente del Congreso, junto a los representantes que sí habían asistido, enviaron el siguiente comunicado a todos los que habían faltado:

Por orden del señor Presidente, y con acuerdo de los señores diputados presentes, tenemos el honor de dirigirnos a US. haciéndole presente, que por su inasistencia no ha habido sesión en la noche de hoy, a pesar de habérsele esperado hasta las nueve y media, causando con esta conducta la paralización de los trabajos parlamentarios.⁴⁴

Por situaciones como estas, el representante ecuatoriano Borrero exigía en 1864 que «debieran tomarse en consideración algunas excusas que varios diputados hacían para no concurrir a la presente legislatura extraordinaria, y examinar si tenían o no causales justas que impidieran su concurrencia, a ﬁn de exigirles su responsabilidad en caso que no las tuvieran». Entre estas excusas se encontraban, por ejemplo, el haber sido nombrado con otro cargo incompatible con la función pública –en cuyo caso había que estudiar detenidamente la fecha en la que esto había ocurrido–, o el encontrarse enfermo –si bien en este caso era necesario presentar documentos justiﬁcativos de al menos dos profesionales médicos–.⁴⁵

En Ecuador, a lo largo de toda la década de 1860 hubo largos debates sobre las excusas de diputados que no se presentaban en el Parlamento. Sobre este tema, el representante Moral aﬁrmaba que «negarse a concurrir a las sesiones sin causa justa, y solo porque sus opiniones no están de acuerdo con el decreto de convocatoria o de elecciones, equivale a un acto de verdadera deserción».⁴⁶ Así, la inasistencia de los parlamentarios a las cámaras se consideraba un acto contrario al patriotismo del que debían dar muestras. De hecho, en este país se llegó a crear una «comisión de excusas y renuncias» para analizar los motivos aportados por aquellos representantes que no concurrían a las sesiones parlamentarias, y dirimir su aprobación o rechazo. Para ello, los miembros de la comisión tenían en consideración el artículo 106 de la Ley de elecciones de 1863, que establecía los supuestos en los que se permitía la ausencia de los representantes de las sesiones o incluso el rechazo de un cargo para el que habían sido elegidos. Entre ellos, se señalaban la «calamidad doméstica» –es decir, la muerte o enfermedad grave de los familiares cercanos–, el impedimento físico o el haber cumplido sesenta años.⁴⁷ Así, por ejemplo, en 1865 se rechazó el certiﬁcado médico presentado por el representante Miguel Salvador, ya que se entendía que su enfermedad no era «aguda ni continua, sino crónica» y además no estaba «comprobada sino por el dictamen de un solo facultativo».⁴⁸

También en Perú era común, por parte de los diputados ausentes, la presentación de diferentes excusas que motivaban su incomparecencia en el Parlamento. Por ejemplo, el diputado Agustín González pedía en 1861 que se le ampliara la prórroga que ya le había sido concedida para gozar de unos días de licencia por encontrarse enfermo:

No habiendo conseguido el completo restablecimiento de mi salud, por cuyo motivo la H. Cámara se dignó concederme licencia de treinta días que deben cumplirse dentro de poco, me dirijo a USS. para que deban hacerle presente esta circunstancia, a ﬁn de que se digne también concederme una prórroga de veinte días, cuyo tiempo creo suﬁciente para ponerme en estado de regresar, y de incorporarme al H. cuerpo al cual tengo el honor de pertenecer.⁴⁹

Por su parte, el senador José Silva Santisteban, normalmente presente en los debates parlamentarios –de hecho era uno de los que más a menudo tomaba la palabra en las cámaras–, se mostraba airado ante la publicación, a su parecer «indebida», en el periódico El Comercio de una lista de representantes que no habían acudido a una sesión extraordinaria, entre la que se encontraba su nombre. Aﬁrmaba que su inasistencia se debía a que ignoraba la convocatoria de dicha sesión extraordinaria, y añadía que «no hay obligación de concurrir a las sesiones extraordinarias sin previo aviso», a no ser que se fuera a tratar un asunto grave o urgente, en cuyo caso «se hace llamar a los individuos de las Cámaras por medio de los ayudantes, que para eso se les paga gratiﬁcación de caballo». Para ﬁnalizar, concluía su argumentación con las siguientes palabras: «En cinco años que llevo de Representante, no he faltado jamás a ninguna sesión ordinaria ni extraordinaria. ¿Podrán decir otro tanto los que han mandado publicar la lista?».⁵⁰

Por otro lado, cualquiera de los individuos sentados en las Cámaras tenía la posibilidad de presentar proyectos o reformas de leyes, aportando las razones en las que se basaba. Posteriormente, si la proposición era admitida a debate, sería discutida. No obstante, el reglamento peruano establecía que algunas propuestas estaban fundadas en razones «tan obvias y poderosas que no haya quien tome la palabra en contrario», por lo que debían admitirse directamente.⁵¹ En este punto, cobraban especial relevancia los discursos esgrimidos en las Cámaras en los que los parlamentarios daban sus argumentos a favor o en contra del proyecto que se había planteado. Y es que, como aﬁrmaba el representante peruano Francisco Lazo,

[...] ya se sabe que cuando los ciudadanos eligen un diputado es para que perore en la tribuna, como, cuando compran un canario, es para que cante en la jaula. Diputados y canarios mudos hacen triste papel, y aun parece que el animalito cometiera un robo a su patrón comiéndole en silencio la mostaza, como también el diputado que solo se pone de pie y se sienta parece que robara sus dietas al Estado.⁵²

Pero no solo debían tomar la palabra: los representantes debían ser también buenos oradores, pues mediante sus intervenciones tenían que tratar de convencer de una determinada opinión al resto de la sala. Para ello, utilizaban constantes ejemplos, exageraciones, y también de vez en cuando hacían uso de la ironía o el sarcasmo para enfatizar sus discursos y menoscabar la credibilidad de otros parlamentarios. Por ejemplo, el peruano Evaristo Gómez Sánchez utilizaba así la ironía para desmerecer el discurso que anteriormente había presentado un parlamentario opuesto a sus ideas: «Me acompaña un verdadero sentimiento de que mi estimable amigo el H. Sr. León haya irritado sus bronquios habiendo tomado la palabra, enfermo como se encuentra, en una cuestión juzgada ya por la Asamblea [...]».⁵³

A pesar de la asistencia a las sesiones de un gran número de representantes –y del símil que Lazo presentaba con respecto a los canarios–, eran solo unos pocos, y casi siempre los mismos, los que tomaban la palabra en la mayoría de los debates. En el caso de Ecuador, para el periodo que nos ocupa destacan las frecuentes intervenciones de los parlamentarios Felipe Sarrade, Antonio Muñoz, Mariano Cueva, Ramón Borrero, Tomás Hermenegildo Noboa o Miguel Albornoz. Por su parte, en Perú a menudo tomaron la palabra los senadores Antonio Arenas, José Silva Santisteban, Ángel Ugarte o Miguel Abril, así como los diputados Juan de los Heros, José Jacinto Ibarra o Evaristo Gómez Sánchez, entre otros. Sin embargo, Ulrich Mücke apunta la importancia de los miembros silenciosos en las votaciones, ya que si bien durante los debates no se situaban en una u otra opción política, sí se veían obligados a dar su opinión a la hora de ejercer su voto.⁵⁴

Por tanto, la votación parlamentaria era una de las principales atribuciones que tenían los representantes. Una vez discutido el proyecto o proposición en cuestión, se pasaba a la votación para que fuera aprobado o denegado. Para ello, en cada Cámara debían estar presentes al menos los dos tercios de los representantes, y para que el proyecto fuera aprobado tenía que ser aceptado por mayoría absoluta –es decir, la mitad más uno de los votos–, pues en caso contrario se volvería a votar el mismo asunto en la siguiente sesión. Además, el reglamento ecuatoriano establecía que los artículos constitucionales tenían que pasar hasta por tres discusiones antes de ser aprobados por mayoría simple.⁵⁵

En el caso de Perú, el reglamento establecía diferentes modelos de votación: mediante el signo de ponerse de pie, lo que signiﬁcaba que se estaba a favor de la proposición; a través de las palabras «sí» y «no»; o mediante balotas blancas (aprobación) o negras (rechazo). Además, era requisito necesario para poder votar haber asistido al debate sobre el asunto de que se trataba, en cuyo caso la votación era obligatoria. Por el contrario, carecían de este derecho los que no hubieran asistido al debate, o los que estaban directamente implicados en el tema. Mientras que transcurría el acto de la votación, ningún representante podía entrar ni salir de la sala. En lo que respecta a Ecuador, la Asamblea de 1861 otorgaba tal relevancia al acto de la votación parlamentaria, que se decidió la nulidad de las votaciones en las que se hubieran vertido votos en blanco. Los parlamentarios, por tanto, quedaban obligados a participar en las votaciones que se plantearan en las cámaras.⁵⁶

En todos los casos, en la decisión del voto de los representantes inﬂuían diferentes elementos que podían condicionarlo en uno u otro sentido. Así, normalmente votaban según los «partidos políticos» a los que pertenecían –así como en relación con los posibles consensos o enfrentamientos que existían entre ellos–,⁵⁷ pero también se veían inﬂuenciados por su propia posición ideológica, sus circunstancias personales, su conocimiento de otras experiencias similares a nivel internacional, o la valoración que hacían de las posibles reacciones que las medidas provocarían en la ciudadanía.⁵⁸

Por otro lado, el mantenimiento de la honorabilidad del Parlamento era un tema trascendental, por lo que la compostura que debían guardar los representantes en las cámaras también estaba recogida entre los artículos de los reglamentos. Esto se encontraba directamente relacionado con la propia honorabilidad –entendida en términos de moralidad y honradez– que se exigía a cada uno de los parlamentarios. Así, según recogía el reglamento peruano de 1853, en determinadas ocasiones especiales, como la celebración de la Independencia o la apertura y cierre del Congreso, los representantes debían acudir a las cámaras llevando un traje negro. Además, en cualquier sesión debían guardar «decencia y moderación», manteniendo el mismo asiento, y podían ser llamados al orden si en su discurso lanzaban algún improperio o alzaban la voz, «omitiendo las razones y pruebas que deben hablar solo al entendimiento».⁵⁹ No obstante, la llamada al orden era una potestad exclusiva del presidente de la Cámara, como ponía de maniﬁesto algún diputado en el transcurso de un acalorado debate: «ningún señor diputado tiene el derecho de llamar al orden a otro diputado. Solo la campanilla del Presidente puede hacerse notar que se ha extraviado la cuestión».⁶⁰

A pesar de que el Parlamento debía ser un lugar donde guardar las formas, pues representaba la honorabilidad y la moralidad de la nación, a menudo nos encontramos con que el comportamiento de los parlamentarios no era el más adecuado. Así, las llamadas al orden por parte del presidente de la Cámara –que en ocasiones debía incluso hacer uso de la campanilla para ello– se producían en aquellos casos en los que había más ruido de la cuenta, murmullos, silbidos, protestas, aplausos, risas, burlas o incluso insultos. En ocasiones, los debates parlamentarios eran llevados a «un terreno demasiado odioso», lo que daba lugar a «algunos disgustos, y discusiones demasiado vivas y a ciertas expresiones acaloradas», como se recogía en las actas de sesiones ecuatorianas.⁶¹ En estas situaciones, algunos parlamentarios elevaban demasiado el tono de su discurso, «empleando un lenguaje y términos que no debiera emplear». Ante ello, algunos diputados que se habían sobrepasado pedían perdón al ofendido –«si he pronunciado palabras ofensivas a su señoría, las retiro»– o rechazaban la acusación que se les hacía –«no ha habido burlas ni risas por mi parte, ni el ánimo de ofender a nadie»–.⁶² En una de estas agitadas discusiones, el representante Santisteban llamó la atención de sus enardecidos compañeros Gómez Sánchez y León, y reclamó:

[...] fusión, cordialidad, olvido de todo lo pasado, he aquí lo que debe ser nuestro emblema. Inmolemos nuestras pasiones, nuestros resentimientos, nuestros intereses en el altar de la patria; no recordemos sino que somos hermanos, nuestros disturbios pasados vayan al olvido, y todos de común acuerdo hagamos algo por el bien de este pobre país.⁶³

En las palabras de Santisteban se podía apreciar también la concepción sagrada del Parlamento que existía entre la clase política del momento, reﬁriéndose a esta institución como «el altar de la patria» y a ellos mismos como «hermanos». Desde luego, los parlamentarios estaban convencidos de su «misión sagrada», entre cuyas funciones se encontraba, por supuesto, la protección de la moral pública.⁶⁴ Hay que tener en cuenta que, junto a la noción de los elegibles como los mejores, los más aptos o los más idóneos para representar a la nación, se encontraba una idea del Parlamento como un órgano cargado de moralidad, integridad y honradez. Incluso en ocasiones los representantes se presentaban como depositarios de la justicia divina, entendiendo así su función en el Parlamento:

Todos nosotros, haciendo una completa abnegación de nuestras doctrinas y convicciones erróneas o exageradas, debemos ponernos al entrar a este santuario, un pedazo de nieve al corazón, invocando la justicia divina para aplicarla en la tierra a los hombres y haciendo lo que conviene a la ventura de la patria.⁶⁵

Como vemos, en las palabras anteriores también se hablaba del Parlamento como un «santuario». La relación entre el espacio político y el religioso era tan estrecha en el Perú y el Ecuador del siglo XIX, que a menudo los rituales políticos contenían gran cantidad de simbología religiosa. De hecho, los actos políticos de mayor relevancia, como la jura de la Constitución o los procesos electorales, eran acompañados de ritos religiosos que le daban un cierto carácter sagrado a un poder «que se seguía sintiendo frágil y poco seguro de su legitimidad».⁶⁶ En este sentido, resultaba signiﬁcativa la importancia otorgada a los aspectos rituales durante las actividades parlamentarias, los cuales también quedaban contemplados en los reglamentos de las cámaras. Así, por ejemplo, en el texto peruano se establecían cuestiones como que las sesiones parlamentarias debían comenzar con la invocación: «En nombre de Dios Todopoderoso, se abre la sesión», o que sobre la mesa de la Cámara se situaba, además de la Constitución, el Reglamento y el libro de actas, un cruciﬁjo.⁶⁷ Por tanto, podemos observar el carácter religioso que se otorgaba a cuestiones políticas como la representación parlamentaria, quizá para conferir de este modo una legitimación sagrada al Parlamento y a los representantes. De esta forma, el liberalismo trajo consigo la concepción del Parlamento como un nuevo espacio sagrado.

Por último, hay que mencionar que los reglamentos de las cámaras legislativas establecían que la mayoría de las sesiones eran públicas, quedando registradas en los diarios de debates o actas de sesiones, y pudiendo asistir a ellas algunos individuos que no formaban parte de la representación, a los cuales se les asignaba determinados espacios. Por ejemplo, podían asistir por invitación expresa del poder legislativo los ministros de Estado o los secretarios de Estado, si bien debían abandonar la sala antes de la votación. Incluso el reglamento peruano albergaba la posibilidad de que acudieran como espectadoras algunas mujeres: «el bello sexo podrá asistir en la galería del medio».⁶⁸ No obstante, en determinadas ocasiones el presidente y los secretarios de cada cámara podían decidir que las discusiones se hicieran en sesión secreta.

Ahora que conocemos la composición y funcionamiento de los Parlamentos instalados en Perú y en Ecuador en la década de 1860, en el siguiente capítulo voy a analizar los textos legislativos más importantes que surgieron de dichas Cámaras: las constituciones y leyes electorales.

¹ Ana Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano: un instrumento en la construcción de la hegemonía», Signos Históricos 11, 2004, pp. 65-94, esp. p. 71.

² María Cristina Cárdenas Reyes: «El progresismo ecuatoriano en el siglo XIX. La reforma del Presidente Antonio Flores (1888-1892)», ANDES 18, 2007, Salta (Argentina), Universidad Nacional de Salta, p. 1. Además, la creación de partidos políticos en el último tercio del siglo XIX seguiría esta tendencia, pues los principales líderes del Partido Liberal Radical Ecuatoriano procedían de la costa, especialmente de Guayaquil, mientras que los miembros del Partido Conservador Ecuatoriano surgían en su mayoría de la sierra.

³ Carlos Espinosa Fernández de Córdoba y Cristóbal Aljovín de Losada: «Conceptos clave del conservadurismo en Ecuador, 1875-1900», Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 42-1, 2015, pp. 179-212.

⁴ Todo lo referente a la caracterización de las dos «escuelas de integración» ecuatorianas procede de Juan Maiguashca: «El proceso de integración nacional en el Ecuador...», pp. 410-412.

⁵ A. Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano...», pp. 89-90.

⁶ Rodolfo Pérez Pimentel: El Ecuador profundo: mitos, historias, leyendas, recuerdos, anécdotas y tradiciones del país III, Guayaquil, Editorial de la Universidad de Guayaquil, 1988.

⁷ A. Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano...», p. 90.

⁸ J. Maiguashca: «El proceso de integración nacional en el Ecuador...», pp. 410-412.

⁹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, «Acta de instalación de la Convención Nacional de 1861», 10/01/1861.

¹⁰ A. Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano...», pp. 74-75.

¹¹ El Industrial 16, Quito, 7/02/1861. La cursiva es textual.

¹² AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, «Acta de instalación de la Convención Nacional de 1869», 16/05/1869.

¹³ A. Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano...», pp. 72 y 75.

¹⁴ El Comercio, «Congreso. Proyectos contra la Constitución», 10/07/1860.

¹⁵ El Comercio, «Congreso», 11/07/1860. Se han mantenido las palabras en cursiva y las mayúsculas originales.

¹⁶ Heinrich Ahrens: Curso de derecho natural o ﬁlosofía del Derecho con arreglo al estado de esta ciencia en Alemania II, Madrid, Boix, 1841, p. 11.

¹⁷ Víctor Samuel Rivera: «Liberal/Liberalismo-Perú», en Javier Fernández Sebastián (dir.): Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850 [Iberconceptos I], Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 808-823, esp. p. 819.

¹⁸ Luis Fernández Torres: «La transformación del lenguaje político: el concepto de partido (1810-1840)», en M. E. Nicolás Marín y C. González Martínez: Ayeres en discusión: temas clave de Historia Contemporánea hoy, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pp. 757-775. Aunque este artículo se reﬁere al caso español, podemos hacer extensivas algunas de sus aportaciones, como la percepción negativa de toda división, a cualquiera de los regímenes liberales que se constituyeron en el siglo XIX.

¹⁹ Marta Bonaudo: «Logias y partidos en la circulación y difusión de la(s) cultura(s) política(s) liberal(es) (1830/50-1890)», en Nuria Tabanera y Marta Bonaudo (coords.): América Latina de la independencia a la crisis del liberalismo (1810-1930) V: Historia de las culturas políticas en España y América Latina, Madrid / Zaragoza, Marcial Pons Historia / Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2016, pp. 133-165, esp. p. 151.

²⁰ V. S. Rivera: «Liberal/Liberalismo-Perú»..., pp. 808-809.

²¹ Ulrich Mücke: «Los patrones de votación y el surgimiento de los partidos parlamentarios en el Congreso del Perú, 1860-1870», Investigaciones Sociales 13, 2004, pp. 111-133, esp. p. 113.

²² Fernando Tuesta Soldevilla: «Liberales y conservadores», Polítika, 200, en línea: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/fernandotuesta/2008/06/07/liberales-y-conservadores/>.

²³ V. S. Rivera: «Liberal/Liberalismo-Perú»..., p. 808.

²⁴ El Comercio, «Congreso. Proyectos contra la Constitución», 10/07/1860.

²⁵ El Comercio, «Congreso», 5/07/1860. Este texto lo ﬁrma un grupo denominado «constitucionales». La cursiva es textual.

²⁶ El Comercio, «Congreso. Proyectos contra la Constitución», 10/07/1860.

²⁷ El Comercio, «Congreso», 11/07/1860.

²⁸ El Comercio, «Misión Legislativa», 14/07/1860.

²⁹ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Primera Sesión del Congreso», leg. CID 328.85 C 1860, 28/07/1860, p. 1.

³⁰ El Comercio, «Congreso. Proyectos contra la Constitución», 10/07/1860.

³¹ El Comercio, «Congreso Constituyente», 1/04/1867.

³² El Comercio, «Presidencia del Congreso», 28/01/1867.

³³ El Comercio, «Presidencia del Congreso», 29/01/1867. El de Químper no era un caso aislado. Analizaré algunas de las principales polémicas en torno a la delimitación de incompatibilidades de los representantes en el capítulo 8.

³⁴ El Comercio, «La Oposición», 5/02/1867.

³⁵ El Comercio, «Congreso», 15/02/1867.

³⁶ Víctor Peralta sostiene que la vía revolucionaria fue entendida como una forma de llegar al poder para estos primeros partidos parlamentarios, que aprovecharon los momentos de debilidad política, como fue la guerra internacional contra España, para liderar el descontento popular y orientarlo hacia sus propios intereses: la formación de un Congreso de tendencia liberal que diera a luz una nueva Constitución. Víctor Peralta Ruiz: «Guerra internacional, revolución y dictadura: los partidos parlamentarios y la política peruana entre 1865 y 1867», Histórica 42:1, 2018, pp. 85-114.

³⁷ El Comercio, «La Constituyente», 14/02/1867.

³⁸ El Comercio, «¿Presidirá Dios en el Congreso?», 18/02/1867.

³⁹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 16/05/1869, p. 17.

⁴⁰ AGN, Reglamento interior de las Cámaras legislativas, leg. 4-J 30, n.º 1391, Lima, 26/08/1853.

⁴¹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 11/01/1861, pp. 4-6; 16/05/1869, p. 17.

⁴² Reglamento interior de las Cámaras legislativas, Capítulo V: Diputados y Senadores, artículos 2-5; Constitución ecuatoriana de 1861, artículo 28; Constitución de la República del Ecuador de 1869, Quito, 11/08/1869 (en adelante, Constitución ecuatoriana de 1869), artículo 28.

⁴³ BCR, Diarios de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 DCO 1868 ej. 2, 5/08/1868, p. 31. El absentismo era también un asunto habitual en el Parlamento español de mediados del siglo XIX, como ha puesto de maniﬁesto Oriol Luján : «El síndrome del escaño vacío: absentismo y representación política en la España liberal de mediados del siglo XIX», Revista de estudios políticos 176, 2017, pp. 47-77.

⁴⁴ El Comercio, «Congreso Constituyente», 26/04/1867.

⁴⁵ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 19/03/1864, pp. 4-5.

⁴⁶ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 14/01/1861, p. 17.

⁴⁷ Ley ecuatoriana de elecciones de 1863, Quito, 23/10/1863, artículo 106.

⁴⁸ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 6/09/1865, p. 8.

⁴⁹ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1860-1861, 5/01/1861, p. 329.

⁵⁰ El Comercio, «Congreso», 31/12/1864.

⁵¹ Reglamento interior de las Cámaras legislativas, Capítulo IX: Discusiones, artículo 3.

⁵² El Comercio, «Debates parlamentarios», 27/04/1867.

⁵³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 17/09/1860, p. 228.

⁵⁴ U. Mücke: «Los patrones de votación...», p. 228.

⁵⁵ A. Buriano Castro: «El constitucionalismo conservador ecuatoriano...», p. 70.

⁵⁶ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 11/01/1861.

⁵⁷ Para un estudio sobre el funcionamiento de los partidos parlamentarios desde 1860 resulta muy interesante el artículo de Ulrich Mücke: «Los patrones de votación...», pp. 111-133. En este punto quiero insistir nuevamente en la concepción de «partido político» que albergaban los parlamentarios de 1860.

⁵⁸ Elementos que ha señalado María Antonia Peña para el caso de Colombia, pero que pueden hacerse extensivos a todas las asambleas parlamentarias del momento. María Antonia Peña Guerrero: «Sufragio y representación en la Colombia liberal: una mirada comparada a los marcos electorales de Europa y América en el siglo XIX», Journal of Iberian and Latin American Research, vol. 20, n.º 1, 2014, pp. 5-18, esp. p. 7.

⁵⁹ Reglamento interior de las Cámaras legislativas, Capítulo V: Diputados y Senadores, artículo 1; Capítulo IX: Discusiones, artículo 7.

⁶⁰ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 7/09/1860, p. 163.

⁶¹ AFL, Actas de Sesiones del Congreso de Ecuador, 30/01/1861, pp. 97-98.

⁶² BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 DCO 1868 ej. 2, 2/10/1868, p. 387; leg. CID 328.85 CP 1869 ej. 3, p. 192, respectivamente.

⁶³ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Debate sobre el proyecto de Constitución de 1860», leg. CID 328.85 C 1860, 17/09/1860, p. 231.

⁶⁴ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, «Informe realizado por el representante Andrés Trujillo», leg. CID 328.85 CO 1860-1861, 26/03/1861, pp. 1009-1010.

⁶⁵ BCR, Diario de Debates del Congreso de Perú, leg. CID 328.85 CO 1862, 28/07/1862, p. 1.

⁶⁶ Gabriella Chiaramonti: Ciudadanía y representación en el Perú (1808-1860). Los itinerarios de la soberanía, Lima, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2005, p. 284.

⁶⁷ Reglamento interior de las Cámaras legislativas, Capítulo VI: De las sesiones, artículo 3.

⁶⁸ Reglamento interior de las Cámaras legislativas, Capítulo I: Disposiciones generales, artículo 12.

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