EL SISTEMA FINANCIERO A FINALES DE LA EDAD MEDIA: AGENTES, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS

PERE ORTÍ GOST

PERE VERDÉS PIJUAN (coords.)

EL SISTEMA FINANCIERO A FINALES DE LA EDAD MEDIA: AGENTES, INSTRUMENTOS Y MÉTODOS

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esta obra se enmarca en los proyectos de investigación: «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (ref. HAR2011-27121) y «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes» (ref. HAR2011-24839). Constituye, asimismo, una de las actividades del Grupo de Investigación Consolidado «Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval» (ref. 2017-SGR-1068) y de la Red de Investigación Arca Comunis en fiscalidad y finanzas públicas en los reinos hispánicos (s. XIII-XXI).

Agradecemos todo el apoyo prestado por el Ayuntamiento de Cardona a la celebración del coloquio que da origen al volumen, sin el cual este no habría sido posible.

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© Los autores, 2020

© De esta edición: Publicacions de la Universitat de València, 2020

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Maquetación: Letras y Píxeles, S.L.

Ilustración de la cubierta:

Detalle del Psalterio Anglocatalán de París, París, BNF, ms. Lat. 8846, segundo cuarto del s. XIV

Diseño de la cubierta: Celso Hernández de la Figuera

ISBN: 978-84-9133-317-3

Edición digital

ÍNDICE

PRESENTACIÓN, Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan

SECCIÓN I: Instrumentos de crédito e instituciones

CRÉDIT ET RENTES EN GRAIN DANS LES CAMPAGNES NORMANDES (XIIIe-XVe SIÈCLES): À PROPOS D’UNE ENQUÊTE EN COURS

Mathieu Arnoux

FOREIGN INVESTMENT IN PUBLIC DEBT IN THE NORTHERN LOW COUNTRIES, FIFTEENTH TO SIXTEENTH CENTURIES

Jaco Zuijderduijn

FIANZAS Y FIADORES EN EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO A FINES DEL MEDIEVO: INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONFIANZA

David Carvajal de la Vega

CREDIT AGREEMENTS AND LITIGATION OVER DEBT IN ENGLISH MANORIAL COURTS

Phillipp R. Schofield

SECCIÓN II: El sistema financiero

LA HACIENDA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV: OPERACIONES FINANCIERAS Y RELACIONES CREDITICIAS

Mario Lafuente Gómez

LOS LIBROS DEL RACIONAL DE MANRESA (1408-1412): LA CLAVE DE UN SISTEMA FINANCIERO MUNICIPAL

Pere Verdés Pijuan

LOS CAMBISTAS DUSAI-GUALBES COMO GESTORES DE LA DÉCIMA DE 1371: ESTUDIO DEL MODUS OPERANDI Y DE LA RED CLIENTELAR EN LA CORONA DE ARAGÓN

Jordi Morelló Baget y Esther Tello Hernández

TÈCNIQUES BANCÀRIES A LA CATALUNYA BAIXMEDIEVAL EN EL MIRALL DE LA DOCUMENTACIÓ NOTARIAL

Albert Reixach Sala

PAYING WITH DEBTS: THE USE OF CREDIT AS A MEANS OF PAYMENT IN THE LATE MIDDLE AGES

Antoni Furió Diego

CRÈDIT I ESTRATÈGIES COMERCIALS A LES CORTS JURISDICCIONALS D’ABAST LOCAL (SEGLES XIV-XV)

Xavier Marcó i Masferrer i Lluís Sales i Favà

SECCIÓN III: Los agentes del crédito

EL CRÉDITO JUDÍO EN LA ECONOMÍA DE LAS PEQUEÑAS CIUDADES: EL CASO DE LA VILLA DE PERALADA, CIRCA 1300

Víctor Farías Zurita

EL PAPEL DEL CRÉDITO EN LA VIDA DEL CAMPESINADO ANDALUZ EN LA BAJA EDAD MEDIA

Mercedes Borrero Fernández

DIVERSITÉ ET INTERACTIONS DES ACTEURS DU CRÉDIT URBAIN: RÉSEAUX, OUTILS, IMPLICATIONS SOCIO-POLITIQUES DANS LES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX AU XIVe SIÈCLE

Claire Billen

EL PAPER DELS CANVISTES VALENCIANS EN L’INCIPIENT NEGOCI FISCAL DEL SEGLE XIV

Vicent Baydal Sala

LA PRIMA SPERIMENTAZIONE DI BANCA PUBBLICA CITTADINA: I MONTI DI PIETÀ TRA MEDIO EVO ED ETÀ MODERNA

Maria Giuseppina Muzzarelli

LA IGLESIA COMO INSTITUCIÓN ACREEDORA: EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE LA CAJA DE LAS COTIDIANAS DISTRIBUCIONES DE CARDONA (1407-1447)

Andrés Galera Pedrosa

PRESENTACIÓN

Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan

Durante las últimas décadas, la historiografía ha mostrado cómo el crédito, en sus diferentes formas, impregnaba el conjunto de la sociedad del Occidente bajomedieval, hasta el punto de convertirse en uno de los elementos clave a la hora de explicar el origen y desarrollo de la –llamada– «crisis» de los siglos XIV-XV. Ahora bien, todavía no se conoce suficientemente bien cómo se articularon ni cuál fue el nivel de integración de todas estas variadas formas de crédito. Dicho en otras palabras, resulta difícil establecer cuáles fueron los primeros pasos en la construcción de un sistema complejo y diverso, que abarcó tanto el ámbito público como el privado, y que conectó y dio servicio a un amplio espectro social y territorial mediante variados instrumentos y métodos crediticios. Para contribuir a conocer un poco mejor este proceso así como las características precisas y el alcance del entramado financiero que aparece al final de la época medieval se plantea la presente obra, que tiene como objetivo fundamental el estudio concreto de algunos de sus principales componentes.

El origen del libro se remonta a un coloquio celebrado en el emblemático parador nacional de Cardona los días 19 y 20 de septiembre de 2013, y organizado de forma conjunta por los proyectos de investigación «Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV» (ref. HAR2011-27121) y «Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (ss. XIV-XV): métodos, agentes, redes» (ref. HAR2011-24839), con la activa colaboración del Ayuntamiento de Cardona.

Cabe recordar que el primero de los citados proyectos tenía como objeto de estudio básico las pequeñas ciudades: la estructura urbana más característica de la Cataluña situada al norte del Llobregat, la llamada «Cataluña Vieja». Estos centros pueden entenderse también como mercados financieros a pequeña escala que ofrecían capitales o bienes a crédito a la población campesina de su entorno y que estaban conectados entre sí formando redes progresivamente más integradas. En este contexto, uno de los propósitos del proyecto era comprobar el nivel de articulación de los distintos mercados financieros a partir del grado de convergencia de los tipos de interés nominal que pueden observarse en los distintos mercados. En segundo lugar, se pretendía estudiar el papel que desempeñaba el crédito en el comercio de paños y de cereales, por ejemplo, a la hora de capitalizar sociedades mercantiles o de permitir un determinado nivel de consumo de los campesinos, independientemente de la estacionalidad y/o discontinuidad de sus ingresos. Finalmente, otro de los objetivos del proyecto era el análisis de las redes clientelares que las citadas relaciones económicas entre campesinos y mercaderes tanto locales como regionales generaban. Todo ello, a partir de algunos casos especialmente bien documentados y del estudio sistemático de los protocolos notariales y los libros de la corte del baile local.

Por su parte, el segundo proyecto constituía un intento de aproximación a la vertiente social de las finanzas públicas en Cataluña entre 1350-1450, priorizando el análisis particular de los principales individuos y grupos que «sirvieron» a los intereses de las distintas instancias (monarquía, municipios, Cortes, Iglesia y señoríos) depositarias de una parte del poder público a finales de la época medieval. Partiendo de la premisa de que aquellos organismos constituyeron, durante los siglos XIV-XV, agentes económicos de primer orden, tres eran los objetivos básicos que perseguía el proyecto. En primer lugar, se proponía determinar hasta qué punto los bienes y servicios requeridos por las instancias de poder arriba mencionadas fueron proporcionados por determinados financieros o grupos financieros que actuaron simultáneamente en diversos ámbitos institucionales. Asimismo, se pretendía caracterizar a estos individuos y/o grupos: quiénes eran exactamente, cuáles fueron los principales métodos que utilizaron y de qué forma se organizaron para conseguir sus objetivos. Finalmente, otro de los propósitos del proyecto era observar las repercusiones concretas que tuvieron las poderosas dinámicas económicas creadas tanto por los citados organismos como por los financieros que actuaron a su servicio en la vertebración económica del territorio.

En este contexto teórico, por tanto, se planteó el coloquio de 2013, cuyas jornadas de trabajo acogieron a una veintena de reconocidos ponentes de diferentes países europeos así como a otros investigadores especialistas o interesados en el tema, que actuaron como discussants para enriquecer el intercambio de ideas. En las intervenciones y debates que tuvieron lugar en dicho encuentro se realizó un análisis comparativo de los instrumentos de crédito y de los métodos financieros utilizados por diferentes tipos de agentes –como se ha dicho– tanto a nivel público como privado, y tanto en la ciudad como en el campo, sin que muchas veces –tal como se hizo patente– pudieran distinguirse las fronteras entre los distintos ámbitos. Concretamente, se contemplaron tres líneas de análisis fundamentales: 1) el origen, las características y la difusión de determinados instrumentos formales de crédito: contratos públicos, instrumentos privados, obligaciones en corte jurisdiccional…; 2) el uso de los registros contables, prestando una atención especial a las relaciones crediticias que se escondían tras los asientos; 3) los agentes financieros y su estructura de negocios: compañías, sociedades, tablas de cambio y otras formas de organización comercial y financiera. Lógicamente, la Cataluña bajomedieval ocupó un lugar privilegiado en la reunión, dado que esta se planteó fundamentalmente como la búsqueda de los puntos de intersección entre los dos proyectos organizadores. Pero también quiso darse cabida a otras realidades históricas, tanto peninsulares (Corona de Aragón y Castilla) como europeas (Francia, Inglaterra, Italia y Países Bajos), para ofrecer el contrapunto al caso catalán.

Fruto de una selección de las ponencias presentadas al seminario, más algunos otros estudios añadidos a posteriori para enriquecer el contenido de la obra, son los 16 trabajos que aquí se publican, centrados en Cataluña (5), la Corona de Aragón (4), Castilla (2) y otras regiones del Occidente europeo (5) durante la baja Edad Media y principios de la Moderna. Cabe advertir que prácticamente todos estos estudios fueron entregados con anterioridad a 2017 y que por razones diversas la publicación se ha retrasado más de lo que más de lo que hubiéramos deseado. Ello explica que, lamentablemente, no hayan podido incluirse referencias bibliográficas posteriores a dicha fecha, salvo en el caso de publicaciones en prensa citadas como tales en los textos originales y completadas en pruebas de imprenta.

Hecha esta salvedad, y por lo que se refiere al contenido del libro, resulta difícil sintetizar las cuestiones tratadas en unas pocas líneas, ya que más allá del criterio geográfico y de las directrices generales del coloquio celebrado en 2013 no siempre pueden distinguirse con nitidez los límites entre los temas tratados en los distintos estudios. Pese a todo, si tenemos en cuenta el aspecto priorizado en cada uno de ellos, podemos agruparlos en los tres grandes ámbitos arriba mencionados: los instrumentos y las instituciones que posibilitaron las operaciones de crédito, las fuentes contables o de otro tipo que permiten su estudio y los agentes que, como acreedores, deudores o intermediarios, realizaron dichas transacciones crediticias.

Dentro del primer ámbito, hallamos cuatro estudios que se centran fundamentalmente en el análisis de un determinado instrumento de crédito o de instituciones relacionadas con este tipo de transacciones financieras.

Así, por ejemplo, el de M. Arnoux tiene por objeto las operaciones crediticias que se establecieron en torno a la compraventa de rentas frumentarias en la campiña normada durante los siglos XIII-XV. Dichas rentas frumentarias se convirtieron en este caso en un activo que proporcionaba a los deudores sumas considerables de capital con las que incrementar las propiedades agrarias o realizar inversiones en infraestructuras productivas, y a los acreedores –monjes, habitualmente– una importante cantidad de cereal con el que aprovisionarse y especular. Todo ello gracias un instrumento que, además, permitía esquivar la creciente inestabilidad monetaria provocada por las políticas fiscales de la monarquía desde finales del siglo XIII.

El mercado de rentas es el objeto de estudio de J. Zuijderduijn, que centra su análisis en la capacidad de los gobernantes de las ciudades del norte de los Países Bajos para endeudarse a lo largo de la baja Edad Media. Con la vista puesta en la historiografía más reciente sobre el tema, se estudian en primer lugar los instrumentos financieros y las estructuras de mercado que posibilitaron la transferencia de ahorro y la «inversión extranjera» en dicha deuda; seguidamente, se analiza la procedencia geográfica concreta de los acreedores foráneos que compraron títulos en las ciudades de Leiden, Groninguen y Nimega; por último, se pasa revista a las tasas de interés de la deuda pública documentada en el conjunto de los territorios de la actual Holanda hacia 1514. En última instancia, el objetivo del autor es poner de manifiesto la eficiencia de los mercados financieros de la época y contradecir de este modo las tesis de D. Stasavage que, basándose sobre todo en el caso italiano, consideraba las finanzas públicas como un asunto fundamentalmente local.

Centrándose en la Castilla tardomedieval y la relación que se estableció entre el crédito privado y las instituciones legales, D. Carvajal analiza una figura poco considerada hasta el momento: la fianza. Esta institución alcanzó plena vigencia a fines del siglo XV, dotando de seguridad y confianza negocios y operaciones financieras de todo tipo: obligaciones, cartas de pago, cartas de arrendamiento, etc. Según el autor, no se trataba de un mero formalismo o de una cláusula vacía de contenido, sino de una garantía real junto al contrato notarial y a la justicia, que permitían al acreedor hacer valer sus derechos de forma efectiva. Más allá de este hecho, se pone de manifiesto también el papel jugado por las relaciones sociales a la hora de establecer las fianzas así como su importancia para la consolidación y el desarrollo de transacciones a todos los niveles en un sistema financiero en pleno auge a inicios de la Edad Moderna.

Por último, dentro del ámbito institucional se sitúa asimismo la contribución de Ph. Schofield quien, tomando como referencia los pleitos sobre deudas que se documentan en las curias señoriales inglesas, analiza el papel desempeñado por algunos «agentes» externos en la consolidación y el desarrollo de las operaciones crediticias en el mundo rural de finales del siglo XIII y principios del XIV. Para ello, en la primera parte del trabajo, se pasa revista a las principales características que, según los numerosos estudios realizados sobre el tema durante la última década, presentaban los litigios relacionados con el crédito en las cortes señoriales entre 1250 y 1350 aproximadamente. En la segunda parte, el autor se centra en uno de los elementos observados por la historiografía, esto es, la progresiva complicación de los procedimientos y argumentos legales como consecuencia de la intervención en los pleitos de profesionales del derecho o bien de litigantes que no era campesinos, destacándose especialmente la influencia de mercaderes y ciudadanos. Una influencia que, tal como concluye Schofield, presentaba similitudes, pero también diferencias en las distintas regiones del país en función de distintos factores.

Por lo que respecta al segundo ámbito, el volumen incluye otros seis estudios que nos muestran el desarrollo del sistema financiero en general y el recurso al crédito en particular a la luz de fuentes diversas, entre las que destacan los registros contables y la documentación notarial.

En el primero de ellos, M. Lafuente analiza la evolución de la hacienda municipal de la ciudad de Zaragoza durante la segunda mitad del siglo XIV, tomando como referencia tres libros de mayordomía localizados por el autor para los ejercicios 1368-1369, 1372-1373 y 1373-1374. Más allá de las distintas partidas de ingresos y gastos del concejo documentadas durante aquellos años, se presta especial atención a las grandes operaciones financieras realizadas previamente por las autoridades locales, entre 1356 y 1365, para subvenir a las demandas reales y a los dispendios bélicos provocados por la guerra contra Castilla. Tal como se observa en los registros estudiados, fruto de estas operaciones se inicia el proceso de consolidación de la deuda censal en el municipio zaragozano y la adopción del impuesto indirecto como principal recurso para hacer frente tanto al pago de los intereses como a su amortización.

La contabilidad municipal constituye, asimismo, el principal objeto de estudio del trabajo presentado por P. Verdés, quien muestra la implementación por parte de las autoridades municipales de la ciudad catalana de Manresa de un sistema financiero de raigambre mercantil que les permitía, a nivel local, conseguir liquidez sin tener que recurrir al endeudamiento censal. Para ello resultaba clave la figura del interventor general o racional, creado durante el segundo tercio del siglo XIV y encargado de supervisar el funcionamiento integrado de todas las administraciones que componían la hacienda local mediante una compleja contabilidad que recuerda claramente a la de «partida doble». Concretamente, se estudian los libros diario, mayor e índice elaborados por este interventor para los años 1408-1412, poniéndose de manifiesto las innumerables relaciones crediticias que se establecían con toda la pléyade de individuos que eran deudores o acreedores del consistorio.

Otra contribución basada en registros contables es la de J. Morelló y E. Tello, que se sirven de una fuente excepcional, el libro de la recaudación de la décima otorgada al rey de Aragón en 1371, para estudiar la actividad de la banca Dusai-Gualbes. El trabajo arroja luz sobre el modus operandi de los cambistas E. Dusai y J. Gualbes que, entre 1359 y 1375, se contaban entre los principales acreedores de la monarquía aragonesa. En este caso, se analiza la asignación del citado impuesto pontificio a cambio de un adelanto de más de 31.000 libras y se muestra, entre otras cosas, el sistema creado para la percepción del tributo. Morelló y Tello destacan la vasta red de colaboradores con la que contaban los banqueros en toda la Corona y los beneficios obtenidos por la banca, procedentes fundamentalmente de los intereses de demora cobrados por préstamos que no eran devueltos en el plazo establecido (remogubells).

La banca es también el tema del estudio presentado por A. Reixach, quien pone de manifiesto la ausencia de documentación específica para el estudio de este negocio financiero en la Cataluña de los siglos XIV-XV; como es sabido, tan solo se han conservado algunos libros de cuentas de la banca Descaus-Olivella, como consecuencia de su quiebra y la posterior intervención de la monarquía. Ante este hecho, el autor propone analizar las técnicas bancarias a través de los datos indirectos que ofrece la documentación notarial, en particular, la conservada en la ciudad de Girona. Concretamente, se repasan los establecimientos bancarios existentes en dicha localidad y sus titulares, las fuentes disponibles para estudiar su actividad y las posibilidades que ofrecen los registros notariales a la hora de interpretar las variadas operaciones financieras que realizaban los profesionales del sector.

La documentación notarial constituye, asimismo, el punto de referencia para la investigación de A. Furió, que se centra en el microanálisis de un protocolo valenciano de mediados del siglo XIV. En este caso, el registro del notario Vivet de Jusseu permite al autor explorar el papel del crédito en el mundo rural, donde las transacciones a menudo no eran pagadas con moneda contante, sino mediante la cesión de créditos a terceros. Por un lado, la existencia de estas complejas operaciones, interconectadas por múltiples relaciones entre sí, dan cuenta del dinamismo del mercado financiero, en el que participaban, además de campesinos y nobles, actores de extracción diversa y con distintas motivaciones. Por otro lado, el dossier analizado constituye un claro ejemplo del predominio del documento escrito en la sociedad medieval valenciana así como del papel central desempeñado por el notario y las instituciones legales a la hora de asegurar los derechos de propiedad y las operaciones de crédito.

Finalmente, desde una perspectiva próxima a la de A. Furió, el trabajo de X. Marcó i Ll. Sales tiene como propósito estudiar el crédito y la morosidad a partir de las reclamaciones contenidas en los registros de las cortes jurisdiccionales, las llamadas cortes del batlle, de las «pequeñas ciudades» del noreste catalán durante el siglo XIV. Estas cortes, tal como indican los autores, constituían una de las «infraestructuras centrales» (junto al mercado, la notaria, el almudín…) habilitadas por los señores con el fin de organizar y dinamizar la actividad económica de sus territorios. Tal como demuestran los libros de corte, la existencia de un marco jurisdiccional equiparable (que no compartido) y hasta cierto punto estandarizado proporcionaba la estabilidad institucional necesaria para la transferencia de deudas a terceros y su recuperación en caso de impago. Este hecho permitía que el mercado financiero fluyera con normalidad y también que se establecieran sinergias comerciales entre las pequeñas ciudades y los campesinos del entorno.

Como se ha apuntado, los seis últimos artículos del tercer y último apartado del volumen tienen como denominador común el estudio del sistema financiero bajomedieval desde la perspectiva de los agentes que participaban en las operaciones de crédito, esto es, acreedores, intermediarios y deudores.

En el primero de ellos, V. Farías se ocupa de uno de los acreedores por antonomasia en la sociedad medieval, los judíos, en este caso los de la villa catalana de Perelada alrededor de 1300. Concretamente, el objetivo del estudio es analizar las actividades económicas y el préstamo hebreo en esta pequeña localidad ampurdanesa a partir de la documentación notarial conservada en el Archivo Histórico de Girona, con el propósito final de determinar el porqué de su dedicación preferente al crédito a interés. Todo parece indicar que la educación y cualificación de los judíos establecidos en Peralada les permitió aprovechar las oportunidades que ofrecía la urbanización a pequeña escala del territorio y la demanda de capital de una economía en crecimiento. De este modo, la comunidad hebrea se convirtió en otro de los elementos que impulsó el crecimiento de la población y su entorno, contribuyendo asimismo a reforzar su centralidad comercial y financiera.

Por su parte, M. Borrero hace lo propio con otro de los protagonistas clásicos del crédito medieval, el campesinado, centrándose en el análisis del endeudamiento del agro andaluz en el tránsito del medievo a la modernidad. La autora pone de manifiesto, en primer lugar, la omnipresencia del crédito en la sociedad rural del sur peninsular, constatando la presencia de campesinos de todas las condiciones en las tupidas redes crediticias, desde grandes propietarios hasta simples jornaleros. Seguidamente, el estudio de Borrero muestra cómo este recurso financiero permitió durante el siglo XV el desarrollo económico general de la economía andaluza, basada en buena medida en el comercio agropecuario. Y, por último, se constatan los perniciosos efectos que acabó teniendo este prolongado proceso de endeudamiento durante la primera mitad del siglo XVI, cuando las coyunturas negativas provocaron el empobrecimiento de muchos campesinos, que perdieron sus tierras e incluso la capacidad de endeudarse con el aval de su trabajo.

Pasando al ámbito urbano, C. Billen analiza el sistema financiero que se desarrolló en las ciudades meridionales de los Países Bajos durante el siglo XIV. Tras constatar la complejidad de dicho sistema, donde no siempre resulta fácil distinguir las fronteras existentes entre crédito público y privado ni entre altas finanzas y préstamos al consumo, la autora se centra asimismo en otro de los agentes financieros clásicos durante esta época: los mercaderes lombardos. Estos financieros, que se beneficiaron de la protección de las autoridades de la época, estaban presentes en todo el territorio y a todos los niveles de la economía urbana: depósitos, préstamos a corto plazo, aprovisionamiento, comercio textil… Junto a ellos, también se destaca la actividad fundamental de los cambistas, especialmente importante en las ciudades de Malinas y Brujas, y tomando como referencia el caso de Gante se pone de relieve, finalmente, el papel desempeñado por la hacienda urbana en el desarrollo financiero del territorio estudiado.

La relación entre fiscalidad pública y finanzas privadas constituye precisamente el objeto principal del trabajo de V. Baydal, que centra su atención en los cambistas que actuaron al servicio de la monarquía en el Reino de Valencia desde mediados del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV. El desarrollo fiscal provocado por la multiplicación de las campañas militares en la Corona de Aragón ofreció, según el autor, importantes oportunidades de enriquecimiento a los banqueros autóctonos, especialmente a través del préstamo y la inversión en unos negocios fiscales cada vez más voluminosos. Especialmente importante fue la dinámica documentada durante las décadas centrales del trescientos en la ciudad de Valencia, donde algunos cambistas gestionaron los enormes subsidios concedidos por la capital y los tres estamentos del reino a la Corona, al tiempo que participaban en el arriendo de los impuestos indirectos (cises) que se establecieron para hacer frente a la deuda municipal (censal) contraída para hacer frente a dichos donativos.

Como es sabido, otro ejemplo paradigmático de las sinergias financieras creadas entre intereses públicos y privados fueron los Montes de Piedad creados en la península itálica durante la baja Edad Media y la época moderna. De ellos se ocupa M. G. Muzzarelli que, tras recordar su génesis y principales características, muestra de qué manera fueron sostenidos por la autoridad ciudadana: participando en su administración, asignándoles recursos municipales diversos, vinculándoles hospitales u otras instituciones benéficas, incentivando los depósitos o donativos de particulares, etc. Todo ello con el propósito de crear una banca pública capaz de proporcionar sus servicios financieros tanto a los ciudadanos necesitados, a quienes se ofrecía préstamos a bajo interés, como sobre todo a los gobiernos locales, especialmente a aquellos de grandes ciudades como Bolonia o Milán, que dispusieron de un línea de crédito en exclusiva en caso de urgencia.

Por último, una institución catalana de naturaleza similar a los monti, poco conocida hasta el momento, centra la atención del artículo final del volumen, obra de A. Galera. Se trata de la llamada Caja de las Cotidianas Distribuciones de la iglesia parroquial de S. Miquel de Cardona, cuya génesis se documenta entre 1350 y 1450 al calor del mercado de rentas censales que, como se ha dicho, se desarrolla en Cataluña y el resto de la Corona de Aragón. Esta singular institución constituye un ejemplo precoz del fenómeno denominado por la historiografía como «crédito caritativo», ejercido por instituciones eclesiásticas o asistenciales y dirigido a cubrir las necesidades de los estamentos sociales más necesitados de crédito: los artesanos o el campesinado, por ejemplo. Los préstamos, en forma de censales, tenían unos intereses que oscilaban entre el 5-7 % y su estudio nos muestra cómo la Iglesia catalana también fue convirtiéndose a la largo de la época bajomedieval y toda la moderna en un poderoso agente financiero.

CRÉDIT ET RENTES EN GRAIN DANS LES CAMPAGNES NORMANDES (XIIIe-XVe SIÈCLES): À PROPOS D’UNE ENQUÊTE EN COURS

Mathieu Arnoux Université Paris-Diderot, EHESS-CRH

Dans la littérature récente sur l’économie des campagnes médiévales, les redevances et paiements en nature relèvent plutôt de l’étude de la seigneurie que de celle du crédit, et les problèmes essentiels qu’ils soulèvent sont ceux de la dimension de domination sociale qu’intègrent ces redevances et des conditions de leur conversion en valeur monétaire.¹ Il est vrai que la fréquence dans les définitions de rentes seigneuriales de prélèvements en nature additionnels aux paiements monétaires et souvent revêtus d’une forte charge symbolique a orienté la recherche dans une telle direction, mettant l’accent plutôt sur le contexte social de ces redevances que sur leur fonctionnement économique.² Pour des raisons assez compréhensibles, en premier lieu à cause de la difficulté d’établir la valeur monétaire des produits versés, la recherche récente sur le crédit s’est peu intéressée au fonctionnement des contrats stipulés en subsistances, dont le fonctionnement reste obscur, même quand leur présence est établie.

PAYER DES RENTES EN GRAINS

La Normandie médiévale, dotée de sources abondantes et caractérisée par une monétarisation précoce des contrats, est un champ d’étude prometteur, en raison de l’abondance des mentions de paiements en grains, aussi bien de redevances seigneuriales que de versements liés à des contrats de crédit. Ces documents ont depuis longtemps été repérés et ils ont été utilisés dans des recherches sur l’histoire locale et les pratiques agraires.³ Récemment, Isabelle Theiller a pu mettre en lumière, à partir d’un dossier exceptionnel de chartes de l’abbaye Saint-Amand de Rouen et du prieuré conventuel de Bonne-Nouvelle, certains aspects juridiques et pratiques du fonctionnement de ce type de paiements.⁴ L’acte constituant une rente annuelle de 4 muids de froment, versée par les moines de Bonne-Nouvelle aux moniales de Saint-Amand, mettait fin au conflit qui opposait les deux communautés autour de la possession d’un domaine dans le pays de Caux. La renonciation des moniales à leurs prétentions sur le domaine était conditionnée au versement d’une rente à titre de dédommagement. Bien qu’il ne se soit pas agi à proprement parler d’un acte de crédit, l’accord recourait à un instrument essentiel dans ce secteur conclu et indiquait avec beaucoup de précision les modalités du paiement: celui-ci devait intervenir entre la Saint-Michel et l’octave de la Saint-André, sur le marché au blé de Rouen par 4 vendredis, chaque muid au prix de 4 sous à la somme de moins que le meilleur blé.⁵

La charte rouennaise offre une attestation précoce d’un type de clause contractuelle que l’on trouve en grandes quantités dans les archives normandes à partir du XIIIe siècle et jusqu’à la fin du XVe siècle, en particulier dans les registres des tabellions. Une telle manière de prescrire le paiement d’une redevance en grain ne doit cependant pas être considérée comme spécifique à la Normandie: on trouve par exemple une clause analogue, quoique moins précise dans un bail à ferme passé en 1279 pour un moulin appartenant au chapitre de Notre-Dame de Paris à Rozay-en-Brie. Dans ce cas, le fermier tiendra le bien «pour deux muids de blé, c’est-à-dire un muid de froment à six deniers de moins (littéralement après) le meilleur blé et un muids d’avoine bonne et légitime, à rendre et payer aux dits doyen et chapitre chaque année durant ladite ferme, à Rozay à ses dépens et risques, à savoir une moitié, tant blé qu’avoine, à Noël et l’autre moitié à la fête de la Nativité de saint Jean-Baptiste».⁶ De telles précisions renvoient à une définition bien établie et conventionnellement acceptée des qualités de céréales commercialisées. La mention régulière d’une décote par rapport au «meilleur blé», c’est-à-dire le plus coûteux qu’on puisse trouver sur le marché au jour de référence, vise à modérer les risques de spéculation en fixant au grain dû un prix moyen, ou «juste» par rapport à la catégorie choisie, par une opération bien comprise par les parties.

Un document du milieu du XIVe siècle permet d’aller un peu plus loin dans la compréhension de l’évaluation monétaire des redevances en grains. L’affaire oppose des habitants du village de Martragny, non loin de Bayeux, aux fermiers des revenus du duc de Normandie (il s’agit alors du fils aîné du roi Philippe VI, le futur roi Jean le Bon). Dans un jugement rendu en 1344 et ayant valeur de jurisprudence sur le sujet, le vicomte de Caen (c’est-à-dire le juge royal), après enquête sur place, ordonne aux percepteurs des revenus domaniaux du duc de Normandie de s’en tenir à la pratique accoutumée en ce qui concerne le paiement des rentes en grains dus à Pâques, c’est à dire d’évaluer le grain au prix fixé à la mi-carême sur le marché caennais, sans aucune augmentation:

reporté fut sanz descort que ledit mons. Henry, ceus de qui il a cause et les autres genz tenanz de la dite ferme ont esté de tout temps et doivent estre quittes poair paier les blez que il doivent chascun selon sa quantité tel pricz comme l’asseurement qui mis y est a Caen en temps de la my karesme ou environ, ne a plus ne les pevent ne ne doivent contraindre les fermiers.⁷

Cet encadrement très précis, renvoyant pour l’établissement du prix à payer pour les redevances en grain à un prix conventionnel connu de tous, donne lieu à partir du XVe siècle à l’établissement de documents juridiques particuliers, les «apprécies des rentes», proclamées annuellment en justice par les magistrats royaux ou seigneuriaux pour servir de base à la pérception des redevances et au paiement des rentes.⁸ Il est indispensable de prendre en compte ce contexte institutionnel pour comprendre le fonctionnement des contrats de crédit prévoyant des paiements en grains, dont le formulaire souvent abrégé et très allusif ne permet pas de reconstituer l’ensemble de l’opération. Dans certains cas, comme ceux qui ont été mentionnés ci-dessus, les versements en grain correspondent à des redevances seigneuriales ou domaniales. Mais une très grande partie d’entre eux résultent de contrats de court terme, observables seulement à partir des archives notariales, ou de constitutions de rentes, dont les titres se trouvent aussi bien chez les notaires que dans les fonds seigneuriaux ou ecclésiastiques.

Un petit dossier de 4 contrats passés en 1388 devant les tabellions de Bernay (Annexe 5) permet d’observer des opérations à court terme sur de petites quantités de froment (1 à 2 sextiers), menés sur les marchés de Bernay et de Brionne, dont les mesures sont utilisées comme références. Deux d’entre elles concernent l’engagement de payer à la Saint-Michel, les quantités de blé reçue, le prix à acquitter étant le plus haut qui sera observé sur le marché jusqu’à la Saint-Clair (18 juillet) c’est-à-dire probablement jusqu’au début des opérations de récolte. Les deux autres portent sur des ventes à terme de blé à livrer à la Toussaint pour l’un, à Noël pour l’autre, portant l’un et l’autre la mention du prix qui sera payé par rapport à celui du «meilleur blé»: 2 sous de moins au sextier dans le premier cas 2 deniers de moins, sans doute à la somme, dans le second cas. Les différences entre les contrats sur la nature de la mesure, comble ou rase, ou sur la présence d’une clause d’obligation de corps suggèrent que de telles transactions s’inscrivent dans un marché complexe où chaque contrat porte des nuances subtiles dont l’historien ne peut le plus souvent rendre compte. Pour autant, leur fonctionnement est clair: la plupart des contrats sont passés sur la base d’un versement à la Saint-Michel, plus rarement à Noël, c’est-à-dire au moment où l’offre est à son maximum sur les marchés, avec le solde de la récolte précédente et l’arrivée de la récolte nouvelle et où la demande est aussi très forte, en raison des semailles à venir. Dans ces conditions, on peut penser que le prix d’équilibre atteint sur le marché reflètera assez fidèlement la valeur du stock localement disponible. C’est lui qui servira de référence pour le paiement des rentes aux deux termes de Saint-Michel et de Pâques. Les contrats portant sur des grains à payer au prix plafond atteint dans les jours qui précèdent la récolte sont beaucoup plus rares. Ils ne constituent jamais de rentes perpétuelle ni même sur plusieurs récoltes. Il peuvent s’interpréter comme un second marché à très court terme, de nature plus clairement spéculative.

LA RENTE: INSTRUMENT DE CRÉDIT ET INSTRUMENT DE GESTION

Une analyse fondée sur l’examen d’actes isolés peut être suggestive, mais plus difficilement démonstrative. Il est donc nécessaire d’utiliser des sources permettant d’élargir la perspective au marché du crédit dans son ensemble. C’est le cas pour les «lettres d’amortissement» délivrée dans la première moitié du XIVe siècle par l’administration royale aux communautés religieuses pour confirmer, moyennant paiement d’une taxe, les revenus acquis, dont en particulier les rentes.⁹ Pour l’Hôtel-Dieu de Coutances, l’un des plus importants dans l’ouest de la Normandie, deux lettres détaillées nous sont parvenues: l’une, de 1326 énumère 256 rentes acquises depuis un tiers de siècle; dans l’autre, de 1337 sont mentionnées 31 rentes acquises depuis une décennie.¹⁰ Si les contrats ne sont pas datés, le prix versé, la composition (rente en argent, en nature ou mixte) et le mode d’acquisition (donation ou achat/échange) des revenus sont spécifiés. La proportion identique de donations et d’achats ou échanges dans les deux lettres suggère que l’hôpital a une certaine continuité dans ses choix de gestions, en l’occurrence dans la conversion des sommes reçus en nouvelles rentes. De même, la répartition des rentes entre celles qui sont versées seulement en espèces et celles qui comprennent tout ou partie de paiement en nature (en céréales) reste relativement stable quelle que soit la date et le mode d’acquisition: on peut penser qu’elle reflète l’état du marché du crédit à Coutances.

FIGURE 1

Rentes reçues ou acquises par l’Hôtel-Dieu de Coutances d’après les lettres d’amortissement de 1326 et 1337

Une analyse plus fine des rentes montre que les rentes acquises par l’hôpital, moins nombreuses, sont aussi d’une valeur moins élevée que les rentes qui lui ont été offertes. Elles sont aussi plus fréquemment stipulées en nature. Ce choix traduit peut-être la volonté des gestionnaires de l’Hôtel-Dieu de rééquilibrer les revenus de la maison entre autonomie alimentaire et capacité d’investissement. Dans le même diocèse, l’étude des rentes acquises par l’hôpital de Saint-Lô entre 1325 et 1340 permet une comparaison utile. On y retrouve le rapport 2/3-1/3 entre donations et achat, mais le rapport entre rentes en espèces et rentes monétaires est complètement différent: les rentes monétaires et mixtes constituent en effet l’essentiel du stock: 62 sur 74. Une telle divergence traduit sans doute la différence entre le crédit proposé à Coutances, qui est avant tout un gros marché de denrées agricoles, et à Saint-Lô, très grosse place drapante (de plus de 4000 feux en 1340) où le crédit prend une forme très massivement monétaire. On note l’apparition dans la liste de Saint-Lô de très petites rentes (moins de 3 sous), sans doute analogues aux petites rentes en céréales, si nombreuses à Coutances. On retrouve dans les revenus achetés par l’hôpital une proportion plus forte de rentes en nature sans doute par volonté d’accroître l’autonomie alimentaire de l’hôpital en période de cherté des subsistances.

FIGURE 2

Rentes reçues ou acquises par l’hôpital de Saint-Lô (1325-1340)

UNE ÉTUDE DE CAS: LA PAROISSE DE THAON

Les lignes qui précèdent ont permis de montrer que les rentes payées en céréales s’inscrivent dans un paysage institutionnel complexe et constituent des instruments adaptés à des fonctions économiques diverses. L’analyse d’un dossier local peut permettre d’illustrer ce dernier point et d’éclairer les motivations des acteurs de ce marché singulier. L’un des plus intéressants de ce point de vue est celui des chartes de l’abbaye cistercienne de Savigny pour le bourg de Thaon, situé entre Cean et Bayeux, non loin du village de Martragny évoqué plus haut.¹¹ Son église paroissiale des XIe et XIIe siècles, l’une des plus belles de Normandie, entra au milieu du XIIe siècle sous le patronage des moines, qui ne purent jamais, cependant, établir un prieuré sur place, sans doute en raison de la volonté d’indépendance des paroissiens et de leurs clercs.¹² L’abondant dossier de chartes de la fin du XIIe et du XIIIe siècle conservé dans le chartrier de l’abbaye montre que les moines, malgré leur faible implantation locale ne cessèrent pas, jusqu’à la fin du XIIIe siècle d’investir dans l’agriculture locale, en rachetant progressivement toutes les dîmes paroissiales dans un premier temps, en acquérant des terres, accensées ou louées ensuite aux habitants du lieu, puis, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, en acquérant des rentes en céréales. Il est ainsi possible de constituer un dossier de plus de 60 actes d’achat d’immeubles passés entre 1216 et 1296, pour lesquels les moines déboursèrent une somme respectable d’environ 350 livres tournois, soit une moyenne de 5 livres 12 sous par achat. Dans ce total, les 44 actes portent sur des rentes perpétuelles en froment, acquises par les moines entre 1246 et 1289, représentent une somme d’environ 250 livres, soit les deux tiers du total, pour une valeur moyenne équivalente. Le formulaire assez simple des actes, qui indiquent clairement le prix versé pour l’achat et la quantité de froment à verser aux moines chaque année, en mesure locale, permet pour chaque contrat de calculer la valeur du quartier de froment de rente. Il est ainsi possible d’en connaître l’évolution sur une période assez longue.

FIGURE 3

Valeur du quartier de froment de rente à la mesure de Thaon en sous tounois (1246-1289)

La courbe ainsi constituée (figure 3) prend toute sa signification si on examine les quatre transactions clairement exorbitantes, par excès ou par défaut, dont les prix au quartier sont respectivement de dix neuf sous, une livre (20 s.), une livre et 18 sous (38 s.) et d’une livre et 16 deniers (21,33 s.). Les deux premières, sont conclues en mars 1257 et mars 1271, par les deux membres d’une même famille, Roger et Raoul Ade. Le second acte ne correspond pas à la constitution d’une rente, mais au transfert d’une rente préexistante, ce qui pourrait expliquer le rabais consenti par son vendeur. Le fait que le premier contrat soit stipulé en monnaie du Mans (alors sortie de l’usage et immobilisée à une valeur d’un tournois et demi pour un manceau) peut s’interpréter de la même manière: il s’agirait alors d’une rente constituée antérieurement à la conquête capétienne du Duché, en 1204. Dans cette hypothèse, ce prix bas ne résulterait pas d’un rabais consenti par le vendeur, mais correspondrait plutôt au prix initial payé lors de la constitution de la rente. Une autre transaction au pris bas, est conclue en mars 1274 par un bourgeois de Caen, le seul acteur du dossier étranger au lieu. Enfin, le prix exorbitant de 38 livres payé par les moines en mars 1374 au prêtre Richard Geoffroy pour une rente de cinq quartiers de froment inclut selon toute probabilité le paiement d’un autre bien, peut-être de nature sociale, à cet homme qui n’est pas un cultivateur. La courbe corrigée qui résulte de l’exclusion de ces valeurs extrêmes (figure 4) possède une allure assez différente: sur les quatre décennies envisagées, la valeur du quartier de froment de rente évolue entre 22 sous et demi et 30 sous, et 14 des 35 transactions examinées sont conclues au prix 25 sous le quartier, qui constitue donc une sorte de référence pour ce marché.

Le dossier de Thaon fournit aussi des informations intéressantes sur la fonction des rentes en céréales en tant qu’instrument de crédit, dans un marché dont les rentes constituent l’essentiel. À la différence des institutions hospitalières, qui doivent affronter quotidiennement le problème de l’entretien et de la nourriture de leurs assistés, les moines de Savigny n’ont pas à Thaon une communauté monastique qu’il faudrait alimenter et leur abbaye, qui se trouve à plus de cent kilomètres, ne peut être destinataire des céréales payées sur place. Il faut sans doute mettre ces achats en relation avec l’achat en 1232 d’une maison dans le quartier portuaire de Caen à l’un des principaux marchands de la ville, Guillaume de Varaville. La présence de plusieurs bourgeois de Caen parmi les acheteurs ou vendeurs de rentes en céréales à Thaon suggère que ce marché céréalier appartenait à l’aire d’approvisionnement caennaise.¹³ Ce point est confirmé par l’abondance des mentions de redevances stipulées à la mesure de Caen relevées par Fr. Neveux dans la région ainsi, ponctuellement, que par le jugement cité plus haut sur les redevances des habitants de Martragny.¹⁴

FIGURE 4

Valeur du quartier de froment de rente à la mesure de Thaon en sous tounois (valeurs moyennes 1246-1289)

Destinataires à Thaon et dans les paroisse voisine du Fresne et de Canilly d’importantes quantités de céréales en raison des dîmes qu’ils y avaient rassemblées et des redevances reçues pour leurs terres, les moines de Savigny étaient des acteurs important du marché céréalier local, où ils disposaient à la fois de revenus en espèces et en nature ce qui leur permettait d’arbitrer en faveur de l’investissement le plus avantageux de leurs ressources. Deux contrats (annexes 4 et 5) impliquant des opérateurs caennais signalent par ailleurs l’existence sur ce marché de rentes en orge et de contrats à court terme mais l’abbaye paraît n’avoir été intéressée que par les contrats portant sur le froment. Par rapport aux dossiers de même ampleur conservés dans les archives de Savigny et conservant d’autres possessions de l’abbaye, celui de Thaon se caractérise par l’importance des achats de rentes en céréales, peu fréquentes par ailleurs. Il s’agit sans aucun doute d’un choix économiquement réfléchi, selon l’usage cistercien, qui permet aux religieux de participer dans les meilleures conditions à l’essor du marché céréalier caennais et sans doute au commerce de grain à destination de l’Angleterre, alors en pleine croissance.

Une étude plus précise, mais sûrement difficile à mener, serait nécessaire pour comprendre les raisons qui poussaient les habitants de Thaon à entrer dans une relation de crédit stipulée en céréales. Pour aller plus loin, nous manquons de connaissances précises sur les unités de mesure des surfaces et des produits, la production locale et les rendements à la surface et à la semence, sur le niveau et l’évolution des prix des denrées, et sur la valeur de la monnaie. La nature du processus de fixation du prix de la rente en grain nous reste donc mystérieuse, même si l’étroitesse de ses oscillations et, dans le cas de Coutances, la stabilité du rapport entre rentes en nature et rentes en numéraire, laissent penser qu’il est assez peu affecté par les variations du prix du grain. Par ailleurs, chaque rente étant assise sur une ou plusieurs propriété qui sert de gage à son paiement, on pouvait se demander si la valeur de ce gage n’influence pas le prix de la rente, mais rien ne permet d’argumenter en ce sens ou d’interpréter ces contrats comme de pures hypothèques.

Au terme de l’analyse, on est conduit à faire l’hypothèse que le prix payé pour acheter la rente traduit une sorte de valeur locale pluriannuelle du grain, antérieure à la confrontation de l’offre et de la demande. Il doit être distingué aussi bien du prix de référence annuel fixé à l’automne, qui est ensuite inscrit dans les apprécies des rentes, que du prix journalier constatable sur le marché, qui tient compte de la qualité de la marchandise et du rapport de l’offre et de la demande. C’est l’existence socialement reconnue d’une telle valeur qui fonde le statut du grain comme une monnaie alternative dans l’espace d’un marché local. En tout état de cause, l’existence d’un tel marché suppose aussi un niveau d’abondance et de régularité dans l’approvisionnement qui permette aux acteurs de s’assurer dans leur choix d’investissement. La constitution de ce marché résulte enfin d’une évolution de la stratification sociale. Un certain nombre des acteurs mentionnés dans les chartes ne sont pas eux-mêmes des cultivateurs (plusieurs sont des clercs) et le froment qu’ils s’engagent à verser annuellement provient d’autres rentes et redevances dont ils sont les bénéficiaires et non de leur propre travail. Par ailleurs, les sommes versées par les moines aux vendeurs de rentes ne sont pas négligeables et leur réinvestissement peut aider à l’augmentation du capital immobilier, en terres, bien sûr, mais aussi en maisons, moulins, pressoirs et autres installations de production.¹⁵ À partir de la fin du XIIIe siècle, l’instabilité monétaire croissante dut accroître la sûreté de cet instrument monétaire, dont la valeur libératoire ne dépendait pas de la politique du souverain. Ainsi s’explique sans doute la faveur dont ces rentes continuèrent à jouir jusqu’à la fin du XVe siècle au moins.

Les remarques qui précèdent exposent les résultats d’une enquête en cours, portant sur un espace régional important, mais limité et segmenté. Sa continuation et l’examen d’autres dossiers permettront de tester la validité des hypothèses présentées. Les marchés locaux faiblement interconnectés qui servaient de fondement à un système de crédit où les grains servaient comme monnaie alternative aux espèces métalliques ne sont pas pensable dans le système de subsistances fortement politisé que connaît la fin de l’Ancien Régime. Il est clair que de ce point de vue le système dont la description est esquissée ici diffère profondément des situations étudiées par Jean Meuvret dans son grand livre sur le commerce du blé à l’époque moderne.¹⁶ La géographie et la chronologie des situations décrites plus haut devra encore être établie, pour déterminer la date de sa mise en place et l’originalité éventuelle des campagnes normandes dans le contexte du royaume de France ou du Nord-Ouest Européen. Il nous restera enfin à comprendre comment a pu s’accomplir la transition d’une situation à l’autre.

ANNEXE 1

Thaon, novembre, 1246.

Vente par Nicholas Fauvel aux moines de Savigny d’une rente d’un sextier de froment à la mesure de Thaon, à prendre à la Saint-Michel de lui ou de ses héritiers sur sa masure de Thaon pour 4 lb. 15 s. t.

Paris, Arch. nat. L 976/679.

Nouerint presentes et futuri quod ego, Nicholaus Fauvel de Thaon dedi et concessi abbati et monachis de Savigneio pro quatuor libris et quindecim solidis turonensium quos mihi mi dederunt videlicet unum sextarium frumenti ad mensuram de Thaon percipiendum annuatim in masura mea de Thaon sita iuxta masuram Thome de Reviers ex una parte et iuxta masuram Willelmi de Lachon ex altera per manum meam uel heredum meorum uel cuiusque qui predictam masuram tenuerit, ad festum sancti Michaelis in mense septembri, tali condictione quod dicti abbas et monachi propter defectum solutionis prescripti sextarii frumenti in prenotata masura poterunt ac debebunt plenariam justiciam exhibere. Et ut hec mea donatio perpetue firmitatis robur obtineat presens scriptum sigilli testimomnio confirmaui, actum anno gratie m° cc° xl° sexto in mense nouembri.

ANNEXE 2

Thaon, octobre 1272.

Thomas Mordant vend aux moines de Savigny une rente d’un sextier de blé en septembre, assise sur son masnage et sur toutes les terres qu’il tient ou tiendra des religieux à Thaon et Camilly, pour un prix de 5 lb. 10 s. t. ; l’acte est passé en présence des vavasseurs de Thaon.

Paris, Arch. nat. L 968/919.

Sciant omnes presentes et futuri quo ego, Thomas Mordant, vendidi et concessi viris religiosis abbati et conventui de Savigneio per centum et decem solidis de quibus me teneo pro pagato, videlicet unum sextarium frumenti annui redditus percipiendum et habendum et jure legitime emptionis posidendum sibi et successoribus suis de me et heredibus suis in mense septembri ad mensuram de Thaon super masnagium meum situm apud Camilleum juxta masnagia heredum Rogeri Adeline et super omnes terras quas de eisdem religiosis teneo in territoriis de Camilleo et Thaone, sine ulla contradictione mei vel heredum meorum facienda. Et hanc venditionem et concessionem ego [et] heredes meorum tenemur predictis religiosis garantizare et defindere [sic] contra omnes. Et ut hoc sit firmum et stabile presentem cartam sigillo meo sigillavi. Datum anno domini m° cc° septuagesimo secundo mense octobri coram vavasoribus suis de Thaone et de Camilleo in curia eorumdem apud Thaon.

ANNEXE 3

Thaon, octobre 1266.

Thomas et Nicolas Lelégart, bourgeois de Caen, vendent aux moines de Savigny in rente de 4 sextiers d’orge pour 13 lb. 10 s. t. assises sur une série de terres décrites.

Paris, Arch. nat. L 976/876.

Sciant omnes et futuri quod nos, Thomas dictus Legat et Nicholaus dictus Legat, fratres et burgenses de Cadomo, vendidimus et concessimus et omnino dimisimus viris religiosis abbati et conventui Savigneio pro trindecim (sic) libris et dimidia turonensium de quibus nobis plenarie satisfecerunt, uidelicet quatuor sextaria ordei annui et perpetui redditus ad mensuram de Thaone, recipienda mense septembris quem predictum redditum Ricardus Gaufridi de Thaone nobis debebat in quinque acris et una virgata terre sitis in territorio de Thaone in tribus virgatis terre apud foveam Mapul, juxta teeram Henrici Boistart et apud turres Vigaren in dimidia acra iuxta terram Willelmi Alexandri et in quadam acra et dimidia virgata inter duas londas iuxta terra Petri Vernei et in dimidia acra apud Iubleiz iuxta terram Petri Vernei et in tribus virgatis apud parvam londam iuxta terram Abbatis Savignei et in dimidiam acram apud vallem iuxta terram abbatis Savignei et in medietatem quinque virgatarum terre iuxta terram Hosmondi Amelin apud Pirum et in una virgata in eadem dela iuxta terram Roberti de Rochela, militis et in una virgata in eadem dela iuxta terram Philippi Gaufridi ; in quibus predictis terris predictus abbas et conventus habebant prius quatuor sextaria frumenti et sextaria ordei duo et tres capones et tres panes tertion. annualis redditus per manum eius Ricardi, tenendum et habendum et jure legitime emptionis in perpetuum possidendum dictum redditum dictis abbati et conventui bene et in pace libere et quiete sine ulla reclamatione a modo nostrum vel heredum nostrorum, et nos predicti Thomas et Nicholaus et heredes nostri dictis abbati et conventui dictum redditum contra omnes homines garantzare et defendere tenemur vel in proprio feodo nostro si neccesse fuerit equivalenter excambiare. In cuius rei testimonio presenti carte sigilla nostra apposuimus, actum anno Domini m° cc° sexagesimo quinto mense januarii coram parrochia.

ANNEXE 4

Thaon, juin 1273.

Thomas Lelégart, de Caen, vend pour une durée de quatre ans à Roger de Hamars, bourgeois de Cean, une rente de 2 sextiers d’orge au prix de 13 sous manceaux (19 s. 6 d. t.).

Paris, Arch. nat. L 976/875.

Sciant omnes presentes et futuri quo ego, Thoumas Legat, de Cadomo, tradidi et concessi Rogero de Hamarz, burgensi Cadomensis pro tredecim solidos cenomanensium quos mihi pre manibus satisfecerit, uidelicet duo sextaria ordei ad mensuram de Thaun percipiendum annuatim apud Taun in quadam pechiam terre quam Ricardus Guiffroy de Thaun tenet de me in feodo et hereditate ; et ego predictus Thouma Le Legat et heredes mei volumus et concedimus quod predictus Rogerus de Hamarz et heredes sui faciant plenariam justiciam in predicta pechia terre sicut ego faciebam et facere debebam usque ad terminum quatuor annorum ; et ego predictus Thoumas et heredes mei predicto Rogero et heredibus suis predicta duo sextaria ordei usque ad terminum quatuor annorum tenemur garantizare et defendere et deliberare contra omnes. Quod hoc sit firmum et stabile ego predictus Le Legat presentem cartam meam sigilli mei testimonio confirmavi, actum anno Domini m° cc° lx° tercio mense junii.

ANNEXE 5

Évreux, 2 et 15 mai 1388.

Contrats de vente à terme de grains sur les marchés de Bernay et Brionne passés devant le tabellion de Bernay.

Archives départementales de l’Eure, 4E 45/7.

1. [2 mai] Fut present Gervés Cognart, de Saint Pierre de Granchamp, qui vendi a Clement Galey, demourant a la Coulture, II septiers de bley a comble bon et suffisant a la mesure de Bernay, II s[ous] le septier mains vaillant etc. a poier a II termes, moitié à la Toussaint prouchaine venant et l’autre moitié a l’autre Toussaint enssuivant ; obliga corps.

2. [15 mai] Fut present Jehan Le Febvre de Plasnes, qui gaiga a Gillot Le Roy, de Bonenay la somme de II septiers de bley au comble a la mesure de Bernay du meilleur de la blaerie dudit lieu, a poier l’argent que ledit bley pourra valloir au plus cher que il puisse estre dedens la Saint Cler [18 juillet] prouchaine venant, a la Saint Michel prouchaine après enssuivant ; obliga sauf le corps.

3. Fut present Johan de la Puille, de la paroisse d’Arclou, qui gaiga a Girot Le Roy la somme de I septier de bley a rais a la mesure de Brione, du meilleur de la blaerie dudit lieu, a cause de prest a paier l’argent que ledit bley pourra valloirs au plus cher qu’il pourra valloir dedens la Saint Cler prouchaine venant, a poier a la Saint Michel prouchaine venant, obligant sauf le corps.

4. Fut present Guerri Le Saige, qui vendi a Colin Le Roux, de Plasnes, I septier de bley a comble a la mesure de Bernay, II d[deniers] mains vaillant que le meilleur bley etc., a poier etc., dedens Noel prouchain venant, par XX s. t. dont etc.; obliga corps.

¹ Laurent Feller (dir.): Calculs et rationalités dans la seigneurie médiévale: les conversions de redevances entre XIe et XVe siècles, París, Publications de la Sorbonne, 2009.

² Vincent Corriol: «Redevances symboliques et résistance paysanne au Moyen Âge», Histoire & Sociétés Rurales, 37/1 (2012), pp. 15-42; en ligne: <www.cairn.info/revue-histoire-et-societes-rurales-2012-1-page-15.htm>.

³ François Neveux: «Villages et villes de Normandie à la fin du Moyen Âge: le cas des villages entre Caen, Bayeux et Falaise», dans Villages et villageois au Moyen-Age. Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public. 21e congrès, Caen, 1990, París, Publications de la Sorbonne, 1992, pp. 149-160; Christophe Maneuvrier: «Les rentes en nature: un indicateur des systèmes céréaliers médiévaux? À travers les campagnes normandes», Histoires et Sociétés Rurales, 13 (1er semestre 2000), pp. 9-38.

⁴ Isabelle Theiller: «Prix du marché, marché du grain et crédit au début du XIIIe siècle: autour d’un dossier rouennais», Le Moyen Age, CXV (2009/2), pp. 253-276.

⁵ Ibidem, p. 257: «[…] quattuor modiis frumenti singolis annis reddendis in mercato Rothomagensi inter festum Sancti Michahelis et octauas Sancti Andree; frumentum autem reddetur a predictis priore et conuentu Prati predictis abbatisse et conuentui Sancti Amandi IIIIor diebus ueneris in mercato Rothomagensi singulis IIIIor mercatis unus modius ad pretium unius modii melioris frumenti IIIor sol. minus de unaquaque summa […]».

⁶ Paris, Archives nationales S 361 núm. 20 (bail du moulin de Voinles, mars 1279): «pro duobus modiis bladi videlicet uno modio frumenti ad sex denarios post melius bladum et uno modio avene bone et legitime reddendis et solvendis dictis decano et capitulo quolibet anno durante firma predicta apud Rosetum suis sumptibus et periculo et expensis videlicet medietate tam frumenti quam avene ad natale Domini et alia medietate ad festum nativitatis beati Johannis Baptiste».

⁷ Paris, Archives nationales, JJ 75, ff. 363v-364, núm. 600 (vidimus du roi Philippe VI enregistré à la Chancellerie en juin 1345 du jugement rendu à Caen le 1er août 1344): «Declaratoria quod presbiteri parrochie de Martrengny non tenentur soluere pro redditibus bladorum occasione hereditatum suarum nisi iuxta precium factum apud Cadomum de bladis regiis».

⁸ Bien qu’ils soient conservés en grand nombre, ces documents ont été rarement publiés; cf. cependant une apprécie pour la région de Carentan au début du XVe siècle éditée dans Documents du XVe siècle des Archives de la Manche. Catalogue de l’exposition organisée par les Archives départementales du 1 au 5 décembre 1998 et du 4 janvier au 2 avril 1999, Saint-Lô, Archives départementales, 1998, núm 26, pp. 75-77.

⁹ Je reprends ici l’analyse proposée dans Mathieu Arnoux et Gilles Postel-Vinay: «Territoires et institutions de l’assistance (XIIe-XIXe siècles): mise en place, crises et reconstructions d’un système social», dans Francesco Ammanati (éd.): Assistenza e solidarietà in Europa, secc. XIII-XVIII / Social assistance and solidarity in Europe from the 13th to the 18th centuries. Atti della XLIV Settimana di Studi, 22-26 aprile 2012, Florence, Firenze Universty Press, 2013, pp. 249-275, à partir des données rassemblées par Solène Jaugeat dans son mémoire de seconde année de Master: Études sur les rentes dans les établissements hospitaliers (Normandie XIIe siècle), EHESS, 2011.

¹⁰ Paul Le Cacheux: Essai historique sur l’Hôtel-Dieu de Coutances, l’Hôpital général et les Augustines hospitalières, depuis l’origine jusqu’à la Révolution, avec cartulaire général, 1re partie: L’Hôtel-Dieu (1209-1789), Paris, Alphonse Picard, 1895, p. XX.

¹¹ Paris, Archives nationales L 968, L 970 et L 976.

¹² Mathieu Arnoux: «Vavasseurs, dîmes et hiérarchies sociales dans les campagnes normandes (XIe-XIIIe siècles)», dans Cédric Jeanneau et Philippe Jarnoux: Les communautés rurales dans l’Ouest de la France au Moyen Âge et à l’époque moderne, Brest, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, 2016, pp. 183-198.

¹³ Il s’agit de Thomas et Nicolas Lelégart (1266 et 1273), Roger de Hamars (1273), Guillaume Noé (1274).

¹⁴ François Neveux: «Villages et villes de Normandie», p. 160.

¹⁵ En 1260, les moines acquièrent de Thomas Macé un champ d’une acre dans la couture du «Long Boel» pour 9 livres, c’est-à-dire le prix d’un sextier et demi de froment de rente: Paris, Arch. Nat. L 968 (873).

¹⁶ Jean Meuvret: Le problème des subsistances à l’époque Louis XIV. Tome III: Le commerce des grains et la conjoncture. Texte, Paris, EHESS, 1988, pp. 97-143.

FOREIGN INVESTMENT IN PUBLIC DEBT IN THE NORTHERN LOW COUNTRIES, FIFTEENTH TO SIXTEENTH CENTURIES

Jaco Zuijderduijn Lund University

I

For many historians, polities’ capacity to borrow was crucial for the development of financial markets. Polities were usually among the most important borrowers in financial markets, and it has also been suggested they provided the investing public with a relatively safe haven for their savings. However, few studies have been able to establish how big the attraction of public debt was, and what effect this had on the redistribution of savings in emerging financial markets. This article asks to what degree public debt created by late-medieval polities helped to move savings from one place to another, and thus helped to bring together the supply of savings, and the demand for loans. To this end we focus on the geographic spread of creditors of several towns, and demonstrate how these towns managed to borrow from both citizens and non-residents. Late-medieval towns were not only active in local markets, but also had access to financial markets in their surroundings, and even those abroad. In theory such access to various financial markets should have brought about price convergence. To study whether this was the case, we also look at the interest rates polities paid on their public debt. Interest rates were quite similar, both towns, and even between towns and villages, which suggests that most polities had reasonably good access to at least several financial markets.

Interest rates on public debt gradually converged from 1300-1800: S.R. Epstein demonstrated a decline in interest rates in several regions of Europe, and more importantly, a convergence between these regions.¹ This would suggest the existence of structures that in the long run helped to smooth spatial differences in supply and demand of savings. To be sure: why interest rates declined is still debated. Some scholars have suggested that this was due to an increase in coins per capita, at first because of depopulation in the wake of the Black Death,² later because of improvements in silver production and due to increased mining activity in Central Europe, and the America’s after 1492.³ Others, following the seminal article by Douglass North and Barry Weingast on the English financial revolution, have claimed that interest rates could drop because improvements to the institutional framework of financial markets caused a reduction of risks and/ or the gradual integration of markets. Later, North even claimed that the level of interest rates is altogether the best indicator for the development of market structures.⁴ In this respect, some have also pointed at the gradual integration of financial markets, for instance due to the emergence of monetary unions.⁵ The latter views all assume savings were moved around more efficiently due to improved market structures.

A recent contribution to the latter strand of literature is David Stasavage’s study States of credit. Size, power and the development of European polities. Stasavage discusses one of the major puzzles of financial history: why did medieval city states and towns manage to borrow at lower cost than territorial states? He argues that the latter suffered from what we might call «diseconomies of scale»: due to large distances, it took relatively long to organize a meeting of the representative bodies responsible for debt management. In city states and towns, this could be done much faster, causing representatives to meet much more frequently. This allowed them to keep a close eye on public finance, which according to Stasavage made lending to city states and towns less risky. As a result these could borrow more and at better conditions than territorial states. Representatives of city states and towns also had a good reason to monitor public finance because they themselves were often major investors in public debt. These stakeholders thus had incentives to attend council meetings, and due to the low distances they had to cover, they could do this without much trouble. Stasavage’s main example is the General Council of Siena, which in the thirteenth century was also known as «Council of the Bell» because its members could simply be assembled by chiming a bell.⁶ Public finance, in Stasavage’s study, was a strictly local affair: polities borrowed from their citizens, investors lent to their city state or town. This may have been usual in polities such as Italian city states, where investing in public debt (via the so-called Monte loans) either was a privilege of citizens, or a duty weighing upon the wealthiest inhabitants, who were forced to lend.⁷ Under such circumstances the group of creditors indeed coincided with citizens. However, this was not at all the case in the late-medieval Northern Low Countries, where towns also borrowed from foreigners living out of town, and often even outside the province. Here, financial markets allowed for savings to be moved around, from places where supply was high, to places where demand was high.

Such «foreign investment» is important for our understanding of polities’ access to credit, and hence the way they were able to position themselves in negotiations with rulers. Since there were always far more savings available outside a polity than inside, a polity that was able to convince «foreign» savers to invest in its public debt could improve its political position. In doing so it might even achieve a comparative advantage over its competitors: the ability to borrow money from abroad may have allowed relatively small polities to match the financial muscle of larger polities. In this way the capacity to create public debt can be linked to processes of state formation: according to Charles Tilly access to financial markets allowed polities to negotiate rulers’ demands, and to receive privileges in return for funding.⁸ Also, polities’ access to financial markets has been regarded as a driving force in altering relations between rulers and subjects, and the emergence of supra-local institutions, such as parliaments where various polities cooperated in negotiating with rulers.⁹ To understand why over time some polities expanded, overtaking others in the process, it is important to look at to what degree they managed to attract «foreign funds» –and at what cost they did this–.

This article investigates to what degree financial markets in the late-medieval Northern Low Countries helped to move savings around from one polity to another. It also asks whether it feasible that this contributed to the gradual convergence of interest rates, by smoothing supply and demand. We will demonstrate that a considerable part of the creditors of towns in the Northern Low Countries consisted of «foreigners», and that these foreigners were usually among the more important investors in public debt. These were not citizens who could exercise direct control over their investments via participation in representative councils. Yet, they lend handsome sums of money to foreign public bodies at relatively low interest rates. This finding suggests that apart from the mechanism Stasavage described, and that allowed for investment by members of a polity, there were others in the late-medieval economy allowing for «foreign investment». These will be discussed in section II, providing an overview of the financial instruments used to move savings around, and the market structures that allowed for this. Next we proceed by studying foreign investment by looking at the geographic distribution of investors in public debt of the towns of Leiden in Holland (in the west of the present-day Netherlands), Groningen in the Ommelanden (in the northeast) and Nijmegen in the duchy of Guelders (in the east) (section III). We then proceed with the question of the efficiency of markets: did this moving around of savings contribute to price convergence? To get an impression of this we look at interest rates on the public debt of hundreds of towns and villages in Holland, in 1514 (section IV).

II

In the middle ages sovereigns, such as the kings of England, frequently borrowed large amounts, thereby relying on the services of Italian bankers. Rulers in the Low Countries did the same, borrowing not only from bankers but also from family members, fellow royalty, noblemen, and towns.¹⁰ However, besides this international system of «high finance» there were other ways to move money around, such as through the issuing of public annuities. Since the thirteenth century towns and villages in much of the Low Countries sold life annuities and redeemable annuities. Life annuities provided the buyer with a pension to be paid for the remainder of his or her life, redeemable annuities had to be paid until the principal was repaid, which was at the discretion of the seller. These annuities emerged in the North of France in the thirteenth century and quickly became a major type of funding in Northwest Europe.¹¹ They allowed creditors to lend their savings to debtors on the payment of an annual premium that we today would call interest.¹² In the late Middle Ages these became the instrument of choice of public bodies in the Northwest of Europe: in the Low Countries, the North of France, and the German Empire, towns and villages «borrowed» by selling life annuities and redeemable annuities.

Although annuities were important in redistributing of savings, there were other techniques available in the late Middle Ages as well: money was moved around via networks of moneylenders, itinerant merchants used financial techniques such as the bill of exchange, and there emerged early banking institution –such as the Monte dei Paschi di Siena, founded in 1472–. This was also a time of expansion of financial markets: instead of having money lay idle, savers began to invest, causing money to be reallocated in a more efficient way.¹³ However, the redistribution of savings was not self-evident, as it could be severely hindered by usury laws, prohibiting the taking of interest, and thus interfering in processes of price making. Initially usury legislation seems to have been quite harsh in the Low Countries.¹⁴ However the introduction of annuities probably gave an impulse to the redistribution of savings because the Church did not regard these as usurious: pope Innocent IV already sanctioned annuities in 1252.¹⁵ Since these instruments obviously allowed for the circumventing of usury laws, some theologians continued to question whether annuities should be allowed. Until the fifteenth century several popes spoke out on the subject; all sanctioned annuities.¹⁶

Annuities became a generally accepted financial instrument in the later middle ages. But still, taking high interest rates, even by means of selling annuities, was considered usurious, and authorities sometimes applied price ceilings participants in financial markets were not to exceed. Particularly emperor Charles V (r. 1515-1555) was quite active in this respect, setting the maximum interest rate at 12 % per year in 1540.¹⁷ These maximum interest rates had little effect in practice though, because they were set well above the premiums that were usually paid in financial markets, about 5 % to 6 % for redeemable annuities (table 1) and c. 10 % for life annuities. Thus, the interest rate ceiling did not interfere with pricing.

TABLE 1

Public debt in Holland in 1514 (annuities, in guilders of 20 stuivers)

Source: Informacie, author’s calculations.

Yet, not all public debt was issued through the market: forced loans were not unheard of in the area under investigation here, the Northern Low Countries, where cash-strapped towns occasionally forced wealthy subjects to buy annuities. But based on our sources, it seems that towns only did so in emergency situations.¹⁸ Moreover, a glance at map 2 makes clear that public bodies also sold annuities to foreigners, who could not be forced to buy in any way. It therefore seems that the market was the most important instrument used to create public debt.

So, by the later Middle Ages, in the Low Countries there were only few obstructions to the redistribution of savings through the market. How did towns find savers and negotiate interest rates? To cut costs and reduce risks, they usually preferred to sell annuities to inhabitants and people living nearby.¹⁹ Only when their demand for savings exceeded local supply, they turned to large towns in their surroundings and abroad, using brokers to investigate possibilities to sell annuities. Thus, in 1413 the town government of Leiden met with a broker, who apparently advised them to enter capital markets in Brabant. Next, the town sent representatives to Antwerp to sell annuities.²⁰ How they proceeded in Antwerp is unknown, but again it seems likely that they made use of the services of local brokers.²¹ Representatives of towns usually entered financial markets with a mandate to sell annuities at a certain interest rate, which was probably based on earlier communications with brokers. When they did not manage to sell sufficient annuities at this interest rate they simply could improve their offer. When the government of Leiden found out, in 1472, that demand for life annuities at interest rates of 10 % (one life) and 8,5 % (two lives) was low, it reacted by offering inhabitants of Leiden resp. 11,1 % and 9,1 %.²² In other instances we also encounter price making: some elderly people looking to buy life annuities from Leiden managed to negotiate higher interest rates –presumably to compensate for their low life expectancy–.²³ A claim by the large village of Noordwijk also hints at the adjustment of interest rates to sell annuities: the village claimed to have offered interest rates as high as 16,7 %, 20 % and even 25 %, but did not manage to find buyers, presumably because of a lack of creditworthiness.²⁴ Further evidence of price making is presented in figure 2, which will be discussed in more detail later in the text. Towns and villages sold redeemable annuities at interest rates ranging from 4,8 % to 12,5 %, although by far the most were sold in the range of 5,6 % to 6,7 %.²⁵ This range of interest rates also confirms that sovereigns did not yet impose maximum interest rates at levels that interfered with market prices: there was ample room to negotiate interest rates acceptable to creditors and debtors.

The interest rates presented here are nominal interest rates. They are likely to reflect the risk of inflation and currency manipulation. Apart from this interest rates consist of a) compensation for the time the creditor cannot use the money, b) a premium that reflects the expected increase of overall expected income, and c) a default risk premium.²⁶ Considering that Holland was in a monetary union with the regions of Flanders, Brabant and Zeeland in this period, the risk of inflation was more or less the same everywhere in large parts of the Low Countries. In theory the default risk premium may have varied from one public body to another: as explained earlier, towns that had earlier defaulted on annuity payments and therefore lacked creditworthiness, had to offer higher interest rates to investors. Their «credit rating» is thus likely to have affected pricing, although it must be added that towns that had reneged usually did not succeed in selling any more annuities, or stopped borrowing altogether.²⁷

Another element that determined default risk was the institutional framework of financial markets. How much expenses could a creditors expect to make when trying to enforce interest payments from reneging towns? Towns usually secured annuities relying on a community responsibility system that allowed creditors to hold all inhabitants liable for defaults.²⁸ In theory this may have meant that lending to large towns was less risky than to small towns and villages: the community responsibility system depended on the number of liable subjects frequenting the creditor’s residence. For the latter, the chances of encountering an inhabitant liable for public debt was greater in the event they had invested in the public debt of a large town with a substantial group of itinerant merchants. In practice creditors will therefore have selected debtors based on the probability that they would be able to hold someone liable –hence the relatively limited geographical scope of village debt and the much larger scope of urban debt, an issue that will be discussed further on–.

III

Our first exercise concerns the spatial distribution of investors in urban public debt. Our sample is based on three towns for which an elaborate administration of public debt has been preserved –including the residences of creditors–. The latter information is scarce: towns generally kept a good administration of their public debt, but many usually sufficed with listing the names of their creditors, and the interest they were due. Town accounts of Leiden, Groningen and Nijmegen do provide such information though (map 1).

Leiden was one of the main towns of the county of Holland. It was well known for its textile production, and had a population of c. 10.000-15.000.²⁹ Leiden stands out as one of the few towns that allows us to investigate the spatial distribution of public debt over a longer period of time. Although the town’s accounts go back to 1390, the first to offer an overview of the residences of creditors is from 1434. By that time the town government had apparently realized that a more thorough recording of public debt was necessary to prevent any errors in annuity payments, which were easily made considering the number of annuities Leiden owed.³⁰ Apart from the account of 1434, we have sampled accounts from 1449, 1500 and 1548.³¹

Figure 1 gives the spatial distribution of the town’s public debt. The figure shows that Leiden initially paid out the greatest part of annuities to its inhabitants: in 1434 these were worth no less than 8.541 guilders out of a total of 10.059 guilders (85 %). However, this figure dropped over time, to 54 % in 1449, and 31 % in 1500, when Leiden had come to rely more on funding coming from out of town. By 1548 the proportion of creditors from Leiden had increased again to almost 50 %.

FIGURE 1

Geographic dispersion of creditors of Leiden (15th-16th centuries)

Source: J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, p. 178.

Several things are worth discussing in depth. Initially the majority of foreign funding came from the Duchy of Brabant, to the Southeast of Holland. In 1434 the value of annuities Leiden was due in Brabant was 1207 guilders (12 %), and this share more or less stayed the same over time, peaking at 18 % in 1500. Foreign funding coming from Brabant is in line with the the prominence of financial markets in the Southern Low Countries. A wealthy area, in Brabant supply of savings was probably much higher than in Holland, and it seems that Leiden had little trouble selling annuities over there. The almost complete absence of creditors from equally wealthy Flanders is a bit puzzling though.

A second thing that stands out is the increasing importance of financial markets outside Leiden, but within the county of Holland. The value of annuities Leiden was due elsewhere in Holland rose from an almost negligable 33 guilders in 1434 to 2528 guilders in 1449. The town entering financial markets elsewhere in Holland went hand in hand with a gradual diversification: in 1449 creditors from Holland lived in main towns Dordrecht, Haarlem, Delft, Amsterdam and Gouda, in The Hague, and also in Noordwijk, a rather large village to the Northwest of Leiden. In 1500 creditors were also to be found in Rotterdam and a number of small towns and villages (map 2). Finally in 1548 the spatial dispersion had again declined, probably due to the fact that Leiden sold fewer annuities in the sixteenth century, due to severe financial problems that resulted in a low credit rating,³² and also because of the emergence of provincial debt after 1515, causing the representative council (Staten van Holland) to start selling annuities on behalf of the towns of Holland.³³

MAP 1

Map of the late-medieval Low Countries

Initially Leiden did not sell many annuities in other provinces of the Northern Low Countries: in 1434 and 1449 the town only owed annuities in the town of Utrecht, in the Nedersticht, located to the East of Holland. Utrecht was the largest town in the Northern Low Countries at the time. In 1500 Leiden had also entered financial markets elsewhere in the Northern Low Countries, having sold annuities in smaller towns and villages in Nedersticht and Oversticht (to the Northeast of Holland). Also, the town owed annuities in Zeeland, to the South. Alltogether the accounts of Leiden suggests that spatial dispersion of public debt increased in the later middle ages: initially most annuities were owed in Leiden, and some in Brabant. Later the share of inhabitants of Leiden decreased, giving way to funding coming from Holland, and eventually also other provinces of the Northern Low Countries. Leiden’s public debt was particularly diversified in 1500 when creditors lived in many towns and villages in Holland and other parts of the Northern Low Countries (see map 2); evidence from other towns in Holland, Haarlem and Gouda, indicates a similarly large spatial dispersion of investors in public debt around 1500.³⁴

MAP 2

Geographic dispersion of foreign public debt of Leiden (1500)

To get an impression of the integration of capital markets elsewhere in the Northern Low Countries, we have gathered some evidence from two towns, Groningen, in the Northeast, and Nijmegen in the East (map 1). Groningen had about 12.500 inhabitants in the mid-sixteenth-century. Even though its public debt was quite modest compared to that of Leiden, yet it was geographically diversified. In the city accounts the magistrates distinguished annuities they had to pay out in the province of Groningen and outside. For instance, in the account of 1535-1536 the magistrate paid 36 annuities within Groningen and 34 outside. Foreign creditors came from places like Kampen, Hamburg and Cologne and the same goes by and large for the account of 1548 (42 inside and 37 outside). Also, in both years annuities paid outside Groningen were much more valuable than those paid inside.³⁵

The public debt of Nijmegen, a town of 10.000-12.000 inhabitants in the mid-sixteenth-century, was less spatially diversified: in 1543 the town paid 60 annuities to inhabitants and 16 to foreigners. Once again, foreign annuities were much more valuable than domestic annuities. Creditors lived in Kampen, Cologne, Duisburg and Venlo among others. These two examples indicate that the credit networks of Nijmegen and Groningen may have been less elaborate than those of towns in Holland. Yet, these towns did rely on foreign capital markets, particularly those in the Northwest and West of the German Empire.

IV

The development of the public debt of Leiden, Groningen and Nijmegen suggests that financial markets helped to redistribute money, from savers looking for investment opportunities, to towns looking for foreign funding. They did this on a local, regional, and interregional level. This finding begs the question to what degree late-medieval financial markets contributed to a more or less efficient reallocation of savings. Although difficult to answer, the question of efficiency is crucial for understanding markets, since these are supposed to bring together supply in demand in such a way that prices converge, and «pockets» where prices are either relatively high or low disappear. To get an impression of «efficiency» we will use a dataset based on a large government survey taken in Holland in 1514, inquiring amongst other things into the public debt towns and villages had created.

In 1514³⁶ Maximilian I (regent 1482-1494, 1506-1515) ordered government agents to investigate into the wealth of towns and villages, in order to come up with a new distribution code for taxation. In Holland the provincial government was not entitled to tax its subjects individually. Instead, the central government ordered each community to pay its share, based on a distribution code, and next local governments taxed its citizens or villagers.³⁷ The government agents talked to representatives of towns and villages and questioned them about the number of inhabitants, the economic situation and the way they usually levied taxes. They also asked about the financial situation, about revenues and expenses, and loans local governments had contracted: which type of loans, under what conditions these had been contracted, when and why.

The investigation has been preserved in a document called Informacie. Since Robert Fruin edited this source in 1866 many historians have used it in research into late-medieval Holland. Some questioned its credibility, pointing out that town and village representatives probably tried to make things look worse than they were in order to get a lower taxation, while others deemed the source to be reliable enough.³⁸ It is certainly so that some representatives of towns and villages overacted, complaining about the horrors of war and natural disaster. And even though they were questioned under oath, some representatives even made false statements. However, fraud seems to have been restricted to statements about the landed property of the villagers.³⁹ This is hardly surprising because landed property was one of the main elements, if not the main element, the distribution code would be based on. The data regarding public debt probably had a much smaller effect on the new distribution code.

The reliability of the data on public debt the Informacie gives can be confirmed by referring to town accounts, such as those of Dordrecht. The interest rates mentioned in both Informacie and town accounts are identical, which means that the survey provides insight in sale conditions, and does not reflect any changes made to contracts afterward.⁴⁰ Furthermore, it has become clear that government agents, during their investigation in 1514, also required representatives of towns to back up their statements with evidence in writing. Even though some town magistrates sometimes showed little enthusiasm to hand over documents such as town accounts, they usually cooperated. It was more difficult to get village governments to present evidence in writing because few villages seem to have kept financial records. Only in one case we have been able to compare the data the Informacie gives with village accounts. The representatives of the large village of Noordwijk claimed they paid an interest of 31½ guilders, and the village accounts support their statement.⁴¹

What does the Informacie reveal about public debt? By 1514 all towns of Holland had created public debt, having sold life and redeemable annuities. Moreover, 60 % of the villages of Holland had done so as well. This public debt was mainly created during the period 1477-1514, during a period of increasing financial pressure due to ongoing state formation and war efforts by the Dukes of Burgundy –in particular Charles the Bold (r. 1467-1477) and Maximilian I. Faced with ambitious rulers, towns and villages used most of the principals to be able to pay taxes and war expenses. In contrast, only a small part of the funds went to such causes as public works.⁴²

Table 1 gives an overview of the annuities towns and villages had to pay out every year. The main towns of Holland were most heavily indebted: the burden of annuities per capita was 2,26 guilders. In other words: here every inhabitant contributed 2,26 guilders –presumably via taxation– to interest payments. In Holland’s many smaller towns the per capita contribution was much lower, at 0,79 guilders. This difference is most likely the result of the main towns increasingly being used by the rulers to gain access to financial markets: the towns thus sold annuities on behalf of the rulers because the latter lacked creditworthiness. The rulers did not use smaller towns to such ends, let alone villages: the latter’s public debt was on average 0,21 guilders per capita.

The Informacie provides detailed information of the interest rates towns and villages paid on annuities –i. e. of the prices they paid in financial markets–. We have decided to focus on redeemable annuities, and to disregard life annuities: pricing of life annuities is likely to have been based in part on the age of the beneficiary and hence the number of years he could be expected to live. Since data on ages is not given in the Informacie, interest rates on life annuities cannot be used as an indicator for pricing. However, our source does give 282 interest rates public bodies paid on redeemable annuities. Most redeemable annuities (219 out of 279) carried an interest rate between 5,6 % and 7,1 %. A rate of 6,25 % was most common (80 of 279 observations).

Based on the data presented in table 1 and figure 2 it seems that towns had better access to financial markets than villages. First of all, the main towns paid on average 6,3 %, the small towns 6,4 %, and the villages 6,5 %. Second, towns rarely paid more than 7,1 %: as we have seen in section III, this may be due to the towns’capacity to participate in various financial markets, in Holland and abroad, and thus being able to pick out markets where prices were low. The highest interest rate paid by a town was 8,3 % by Dordrecht, on annuities sold between 1472 and 1490.⁴³ It is difficult to explain why this town would have paid higher interest rates than the other large towns, but it may have had something to do with the deterioration of Dordrecht’s financial situation after the 1460’s.⁴⁴ Under such circumstances Dordrecht would have had increasing problems selling annuities at favorable interest rates.

FIGURE 2

Premiums on redeemable annuities (1514; N=279)

Main towns: Dordecht, Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, Amsterdam. Small towns: Beverwijk, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Monnikendam, Naarden, Weesp and Weesperkerspel, Muiden, Purmerend, Woerden, Oudewater, The Hague, Vlaardingen Gravenzande, Schoonhoven, Gorinchem, Heusden, Rotterdam, Schiedam, Geertruidenberg, Asperen, Heukelum.

Towns rarely paid interest rates below 5,6 %. The outliers in our dataset –annuities carrying premiums either below 5,6 % or above 7,1 %–, had generally been sold by villages (46 of 60). This difference may well be due to towns selling annuities in large financial centers, where they competed with others in attracting investors, and where investors likewise competed amongst each other, the result being price convergence. Apparently villages generally operated on a smaller scale: they did not explore several financial markets, but would usually have tried to sell an annuity to a fellow villager, or to an inhabitant of the nearest village or town. They operated in a limited number of localities, which could also be fairly isolated: this sometimes yielded them favourable premiums, but could also force them to accept high interest rates.

To be sure: not all villages found buyers for their annuities: several complained they lacked credit during the interrogation in 1514. Thus, when Hilversum, to the Southeast of Amsterdam, did not manage to increase its public debt, the villagers were forced to increase their private debt. In their own words:

Say that they, for a lack of credit, were unable to sell any more annuities as a village community, forcing the villagers to sell 100 guilders worth of annuities, which they mortgaged on their houses and land.⁴⁵

It turned out that creating public debt, using as a security a community responsibility system to make all inhabitants liable for annuity payments, was impossible for Hilversum. A solution was found in having well-off villagers selling annuities on collateral of their privately owned land. This example makes clear that access to financial markets was not at all evident for villages; it also underscores the pricing mechanisms that ultimately priced Hilversum –and quite a few other villages– out of the market.⁴⁶

For our understanding of the functioning of financial markets, it would be interesting to know to what degree regional differences existed. When we take a closer look at the premiums paid by towns (figure 3), we see that differences were relatively low in the North and centre of Holland. In the only large town of the South, Dordrecht, premiums show greater diversity, varying from 6,7 % to 8,3 %. Dordrecht’s average interest rate was relatively high at 7,1 %, whereas averages in the North (6,7 %) and centre (6,1 %) were lower.

FIGURE 3

Interest rates on redeemable annuities main towns (1514)

North: area above river IJ, no large towns. Center: area between river oude Maas/ Merwede and river IJ, large towns Haarlem, Delft, Leiden, Gouda, Amsterdam. South: area below river oude Maas/ Merwede, large town Dordrecht.

There were few differences between large and small towns: in the North all towns were small and interest rates did not differ much. In the centre the large towns Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam and Gouda in general paid interest rates ranging from 5,6 % to 6,3 %. They were somewhat better off than the small towns, which in general paid interest rates ranging from 5,3 % to 6,7 % (figure 4). Dordrecht, the only large town in the South, paid relatively high interest rates compared to small towns in this region.

When we take a look at the premiums paid by villages in different regions of Holland, it seems that differences were relatively low in the centre, and somewhat higher in the South (figure 5). In the North we clearly encounter the largest differences. This is the region above the River IJ, which was less urbanized than the other regions; Hoorn (3.600 inhabitants), Alkmaar (2.800) and Enkhuizen (2.300) were the largest towns.⁴⁷ These were small towns; Holland’s six main towns, which all lay below the River IJ, had about 7.000 to 10.000 inhabitants.

FIGURE 4

Interest rates on redeemable annuities small towns (1514)

North: Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Edam, Monnikendam, Beverwijk, Naarden, Weesp, Muiden, Purmerend. Center: The Hague, Woerden, Oudewater, Vlaardingen’s Gravenzande, Schiedam, Vlaardingen, Rotterdam. South: Gorkum, Asperen, Heukelum, Arkel, Heusden

FIGURE 5

Interest rates on redeemable annuities 1514 (all villages)

There are several reasons to assume that the low level of integration in the North had much to do with the absense of large towns: the availability of money in large urban economies is likely to have been superior, and wealthy elites in large towns were more likely to invest their savings in financial markets. But it is also possible that this part of Holland was poorly integrated with the economy of the rest of the county.⁴⁸ Direct evidence for the latter idea comes from the villagers of Petten, in the far north of Holland, who claimed in 1514 not to have sold annuities «because their remote location and poverty reduced their creditworthiness».⁴⁹

In sum: participants in financial markets negotiated premiums on redeemable annuities ranging from 5 % to 10 %. However, most annuities by far were sold at interest rates around 6 % to 7 %. Interest rates were usually quite similar, in large and small towns and in the countryside. Villages in the North seem to have had most trouble gaining access to capital markets: here we encounter a wide range of premiums paid by villages. The low variation in interest rates seems to indicate that financial markets functioned quite well in the centre and South of Holland: they connected supply and demand in a way that prevented the emergence of «pockets» where premiums were either relatively high or low. The exceptance was the North of Holland, where interest rates show a much greater volatility, presumably due to a low level of urbanization and economic integration with the rest of Holland.

V

At the end of the late middle ages financial markets in Holland brought people looking to invest their savings in contact with public bodies looking for funding. They did so on a local, regional and interregional level. Towns could be particularly successful in attracting savings from foreigners: a considerable share of the public debt Leiden, Groningen and Nijmegen created was contracted with people from out of town, and often even from outside the province. In Holland only small differences in interest rates existed between large towns, small towns and villages: except for the north of Holland there is little evidence for the existence of «pockets» where interest rates were either very high or very low. For the rest financial markets thus appear to have been quite efficient in bringing together supply and demand.

To what degree there was already a certain degree of integration of financial markets is difficult to determine. The absence of pockets in the largest part of Holland might point in this direction, but on the other hand we are unaware of how quickly financial markets reacted to interest rates fluctuations elsewhere.⁵⁰ Still, it may be useful to dwell a little upon the subject of market integration. First of all, it does not seem unreasonable to ascribe the small range of interest rates we encountered in Holland to the network of brokers towns used to create public debt. These provided towns with information on where to sell annuities abroad. It could well be that these networks helped to reallocate savings in a more-or-less efficient way and thus reduced price volatility. The credit networks of smaller towns and villages may have functioned in the same way, but probably more on a regional than interregional level.

The role polities’ demand played in reallocating savings in late-medieval societies may help to remind us of the importance of political economy in pre-industrial societies. The state often was the main force behind macro-economic phenomena, whereas private initiatives did not yet have a comparable impact.⁵¹ Yet, there also was a more intricate and complex relation between public debt and private enterprise, because in order to create interregional public debt, polities depended on community responsibility systems that were tied to trading networks. Interregional public debt was possible because towns made all inhabitants liable for default; this means that their creditors predominantly derived security from the possibilities they would have to apprehend a merchant from the polity they had lend to. Therefore supra-local public debt followed existing trading networks. As a result, financial markets could not exceed trading networks, and possibilities for expansion were limited.⁵² Or, to return to the towns and villages in the north of Holland: assuming these were indeed poorly integrated in the county’s economy, it is easy to see that this severely reduced their possibilities to attract foreign funding. Our study suggests alternatives existed to the mechanism David Stasavage described. Where demand for public debt was not met by the local investing public, authorities had to look for foreign investors. Using the community responsibility systems governments of less wealthy polities managed to tap into foreign savings. They thus used financial markets for what they ideally ought to do: to allow local governments looking for funding to exceed local supply.

¹ Stephan R. Epstein: Freedom and growth. The rise of states and markets in Europe, 1300-1750, London / New York, Routledge, 2000. Cf. the decline in interest rates Stephen Broadberry, Sayantan Ghosal & Eugenio Proto: «Commercialisation, Factor Prices and Technological Progress in the Transition to Modern Economic Growth», Warwick economic research papers, 852 (2008); Gregory Clark: The Interest Rate in the Very Long Run: Institutions, Preferences and Modern Growth (working paper 2005); Ian Blanchard: «International Capital Markets and their Users, 1450-1750», in Maarten R. Prak (ed.): Early Modern Capitalism. Economic and Social Change in Europe, 1400-1800, London, Routledge, 2001, pp. 107-124; Sidney Homer & Richard Sylla: A history of interest rates, Hoboken, John Wiley & Sons, Inc., 2005 (4th edition).

² Jan Luiten van Zanden: The long road to the Industrial Revolution. The European economy in a global perspective, 1000-1800, Leiden / Boston, Brill, 2009; I. Blanchard: «International Capital Markets»; Donald N. McCloskey & John Nash: «Corn at interest: the extent and cost of grain storage medieval England», American Economic Review, 74 (1984), pp. 174-187; Michael M. Postan: The medieval economy and society, London, Weidenfeld and Nicolson, 1972.

³ John Munro: The Monetary Origins of the «Price Revolution»: South German Silver Mining, Merchant-Banking, and Venetian Commerce, 1470-1540 (Working paper Department of Economics and Institute for Policy Analysis University of Toronto, 1999); Ian Blanchard: «English royal borrowing at Antwerp, 1544-1574», in Marc Boone & Walter Prevenier (eds.): Finances publiques et finances privées au bas moyen âge. Actes du colloque tenu à Gand les 5 et 6 mai 1995, Louvain / Apeldoorn, Garant, 1996, pp. 57-71; Hans-Peter Baum: «Annuities in late medieval Hanse towns», Business History Review, 59 (1985), pp. 24-48.

⁴ Douglass C. North & Barry R. Weingast: «Constitutions and commitment: the evolution of institutions governing public choice in seventeenth-century England», The Journal of Economic History, 49 (1989), pp. 803-832; Douglass C. North: Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 69; Stephan R. Epstein: Freedom and growth, pp. 61-62. Clark, however, has suggested that the decline was due to changes in the «time preference» of people, who came to prefer saving over spending over time (G. Clark: The Interest Rate).

⁵ I. Blanchard: «International capital markets». Cf. monetary unions in the German Empire: Oliver Volckart & Lars Boerner: «…darumb als dann die Bequemikeit eyner einigenn Muntz sich manigfaltig erzeigen mocht…. Spätmittelalterliche Währungsunionen und ihre Folgen», Bankhistorisches Archiv. Zeitschrift für Bankegeschichte, 33 (2007), pp. 103-123.

⁶ David Stasavage: States of credit. Size, power and the development of European polities, Princeton, Princeton University Press, 2011, p. 14.

⁷ Anthony Molho: «The state and public finance: a hypothesis based on the history of late medieval Florence», Journal of Modern History, 76 suppl. (1995), pp. 97-135; David Herlihy & Christiane Klapisch-Zuber: Les Toscans et leur familles, p. 251; William M. Bowsky: The finance of the commune of Siena 1287-1355, Oxford, Clarendon Press, 1970, pp. 189-191, 199-200, 223-224.

⁸ Charles Tilly: «Entanglements of European cities and states», in Charles Tilly & Wim P. Blockmans (eds.): Cities and the rise of states in Europe, A. D. 1000 to 1800, Boulder, Westview Press, 1994, pp. 1-27, there 24.

⁹ How access to financial markets allowed polities in the province of Holland to organize themselves, has been described by James Tracy (James D. Tracy: A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the County of Holland 1515-1565, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press, 1985; idem: Holland under Habsburg rule 1506-1566. The formation of a body politic, Berkeley / Los Angeles / London, University of California Press, 1990.

¹⁰ Raymond van Uytven: «De macht van het geld: financiers voor Floris V», in Dick Edward Herman de Boer, Erich H. P. Cordfunke & Herbert Sarfatij (eds.): Wi Florens… De Hollandse graaf Floris V in de samenleving van de dertiende eeuw, Utrecht, Matrijs, 1996, pp. 212-223.

¹¹ John H. Munro: «The medieval origins of the financial revolution: usury, rentes, and negotiability», International History Review, 25 (2003), pp. 505-562; James D. Tracy: «On the Dual Origins of Long-Term Urban Debt in Medieval Europe», in Marc Boone, Karel Davids & Paul Janssens (eds.): Urban Public Debts. Urban governments and the market for annuities in Western Europe (14th-18th centuries), Turnhout, Brepols, 2003, pp. 13-24.

¹² Here, I will use the term «interest rate» to refer to the rate of return on annuities (purchase price/annuity). Of course, the people that contracted annuities in the late Middle Ages would have had another conception of this rate of return.

¹³ Cf. surveys: Charles P. Kindleberger: A financial history of Western Europe, 2nd edition, New York, Oxford Universty Press, 1993, pp. 37-56; Edmund B. Fryde & Matthew M. Fryde: «Public credit, with special reference to North-Western Europe», in Michael M. Postan, Edwin E. Rich & Edward Miller (eds.): The Cambridge Economic History of Europe. Volume III. Economic Organization and Policies in the Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 1963, pp. 430-553.

¹⁴ J. H. Munro: «The medieval origins».

¹⁵ Jaco Zuijderduijn: Medieval Capital Markets: Markets for Renten, State Formation and Private Investment in Holland (1300-1550), Leiden / Boston, Brill, 2009, pp. 144-145, 252-258.

¹⁶ J. H. Munro: «The medieval origins», pp. 521-524.

¹⁷ Jules Lameere & Henri Simont (eds.): Receuil des anciennes ordonnances de la Belqique. Deuxième série. 1506-1700. Tome quatrième, Brussels, J. Goemaere, 1907, p. 235. Imperial charter of 4-10 1540 entitled «Eeuwig edict». This maximum of 12 % applied to loans contracted by merchants, and, probably, redeemable annuities. There is no evidence that the decree also applied to life annuities. For the rest of the late Middle Ages, there is little evidence of the imposition of maximum interest rates (J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 243-244).

¹⁸ J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 107-108.

¹⁹ Johannes Hermann Kernkamp (ed.): Vijftiende-eeuwse rentebrieven van Noordnederlandse steden, Groningen, Wolters, 1961, pp. 60-61; J. Zuijderduijn, Medieval capital markets, pp. 134-135.

²⁰ Cf. other examples of representatives of towns travelling abroad to sell annuities: J. H. Kernkamp: Vijftiende-eeuwse rentebrieven, p. 61; Jacques Cornelis van Loenen: De rente-last van Haarlem, unpublished manuscript available at the Rijksarchief Kennemerland, pp. 6-8, 10-11.

²¹ J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 112-113. Cf. other examples of towns making use of the service of brokers: ibidem, pp. 114-115; Lambertus M. VerLoren van Themaat et al. (eds.): Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw, Amsterdam, Verloren, 1983, pp. 55-56; J. C. Van Loenen: De rentelast van Haarlem, pp. 6-7.

²² J. H. Kernkamp: Vijftiende-eeuwse rentebrieven, pp. 60-61.

²³ Ibidem, p. 61.

²⁴ J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 172-173.

²⁵ Cf. further evidence of price making the varying interest rates Richter discovered in Hamburg and Bohmbach in Braunschweig (Klaus Richter: Untersuchungen zur hamburger Wirtschafts – und Sozialgeschichte um 1300 unter besonderer Berücksichtigung der städtischen Rentengeschäfte 1291-1330, Hamburg, H. Christians, 1971, p. 137; Jürgen Bohmbach: «Umfang und structur des Braunschweiger Rentenmarktes 1300-1350», Niedersächsisches Jahrbuch für Landesgeschichte, 41/42 (1969-1970), pp. 119-133, 131.

²⁶ G. Clark: The Interest Rate, p. 5.

²⁷ J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 124-136.

²⁸ See Avner Greif: «Institutions and impersonal exchange: from communal to individual responsibility», Journal of Institutional and Theoretical Economics, 158 (2002), pp. 168-204; idem: Institutions and the path to the modern economy: lessons from medieval trade, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 309-313; Lars Boerner & Albrecht Ritschl: «Individual enforcement of collective liability in premodern Europe», Journal of institutional and theoretical economics, 158 (2002), pp. 205-213.

²⁹ Piet Lourens & Jan Lucassen: Inwoneraantallen van Nederlandse steden, ca. 1300-1800, Amsterdam, NEHA, 1997, pp. 112-113.

³⁰ For instance, in 1449 Leiden had to pay out 686 annuities.

³¹ Accounts for the «round» years of 1450 and 1550 were not preserved.

³² Jaco Zuijderduijn: «De laatmiddeleeuwse crisis van de overheidsfinanciën en de financiële revolutie in Holland», Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden-Low Countries Historical Review, 125-4 (2010), pp. 3-24.

³³ James D. Tracy: A financial revolution in the Habsburg Netherlands. Renten and renteniers in the province of Holland, 1515-1565, Berkeley / Los Angeles, University of California Press, 1985.

³⁴ J. C. Van Loenen: De rentelast van Haarlem; Eef C. Dijkhof: Goudse renten, unpublished manuscript available at the Streekarchief Midden-Holland; J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 177-181.

³⁵ Petrus Johannes Blok: Rekeningen der stad Groningen uit de 16de eeuw, The Hague, S Gravenhage, M. Nijhoff, 1896, pp. 205-215, 345-353.

³⁶ The following is based on Jaco Zuijderduijn: «Village-indebtedness in Holland (15th-16th centuries)», in Thijs Lambrecht & Phillipp R. Schofield (eds.): Credit and the Rural Economy in Europe, c. 1100-1850, Turnhout, Brepols, 2010, pp. 39-62, 40-41. The only part of Holland not investigated was the country of Voorne and Putten. Furthermore some villages under the jurisdiction of powerful noblemen, and therefore exempt of taxation, do not appear in the source (Robert Fruin (ed.): Informacie up den staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in den jaere MDXIV, Leiden, Boekdr. von A.W. Sijthoff, 1866, pp. VI, XXVIII).

³⁷ R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, pp. IX-X.

³⁸ Both Van der Woude and Noordegraaf have used the data the Informacie provides (Adrianus Maria van der Woude: Het Noorderkwartier. Een regionaal historisch onderzoek in de demografische en economische geschiedenis van westelijk Nederland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw, Wageningen, Veenman & Zonen, 1972; Leo Noordegraaf: Hollands welvaren? Levensstandaard in Holland 1450-1650, Bergen, Octavo, 1985. Van Zanden used the informacie to come up with a national account of Holland for 1510-1514 (Jan Luiten van Zanden: «Taking the measure of the early modern economy: Historical national accounts for Holland in 1510-1514», European Review of Economic History, 6 (2002), pp. 131-163.

³⁹ See for instance R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, pp. 149, 300. Hoppenbrouwers stressed the unreliability of the data on landed property in the informacie as well Peter C. M. Hoppenbrouwers, «Mapping an unexplored field. The Brenner debate and the case of Holland», in Peter C. M. Hoppenbrouwers & Jan Luiten van Zanden, Peasants into farmers? The transformation of rural economy and society in the Low Countries (middle ages-19th century) in the light of the Brenner debate, Tournhout, Brepols, 2001, pp. 41-66, p. 44.

⁴⁰ Cf. R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, pp. 512-513; L. M. VerLoren van Themaat et al. (eds.): Oude Dordtse lijfrenten, pp. 123-127. At the end of the 15th century some towns made adjustments to annuities, to cope with arrears. This involved lowering the interest rate of annuities. The source does not take these adjustments into account; it offers an overview of the interest rates agreed upon when annuities were sold.

⁴¹ Noordwijk Archives, inv. nr. 291 (accounts of 1513 and 1516).

⁴² Jaco Zuijderduijn: «Het lichaam van het dorp. Publieke schuld op het Hollandse platteland rond 1500», Tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis, 5 (2008), pp. 107-132, 118.

⁴³ R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, p. 512.

⁴⁴ Herman W. Dokkum & Eef C. Dijkhof: «Oude Dordtse lijfrenten», in Lambertus M. Ver-Loren van Themaat et al. (eds.): Oude Dordtse Lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw, Amsterdam, Verloren, 1983, pp. 37-90, 85-86.

⁴⁵ «Seggen oock, dat, zoe zy niet gelooft en waeren meer renten up heurluyder dorp te vercoopen, zoe hebben zy upte huysen ende landen particulier gehaelt an losrenten 100 currente guldens tsjaers…» (R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, p. 234).

⁴⁶ This pricing mechanism is best studied in: Timur Kuran & Jared Rubin: «The Financial Power of the Powerless: Socio-economic Status and Interest Rates under Partial Rule of Law», The Economic Journal, 128 (2016), pp. 758-796.

⁴⁷ Jean Charles Naber: Een terugblik. Statistische bewerking van de resultaten van de informatie van 1514, Haarlem, Stichting Contactcentrum voor regionale en plaatselijke geschiedbeoefening in Noord- en Zuid-Holland, 1970 (reprint of edition 1885), pp. 36-37.

⁴⁸ Cf. the importance of trade relations for the institutional framework of capital markets Lance Davis: «The capital markets and industrial concentration. The US and UK, a comparative study», The Economic History Review 2nd series, XIX (1966), pp. 255-272, 256.

⁴⁹ R. Fruin: Informacie up den staet faculteyt, pp. 164-165.

⁵⁰ Cf. Oliver Volckart & Nikolaus Wolf: «Estimating Financial Integration in the Middle Ages: What Can We Learn from a TAR Model?», The Journal of Economic History, 66 (2006), pp. 122-139.

⁵¹ Cf. Larry Neal: The rise of financial capitalism. International capital markets in the Age of Reason, Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 141.

⁵² This is also more or less why the bill of exchange did not become a major financial instrument. According to L. Neal: «this lending depended on the volume and intensity of commerce between any two cities. So it was limited to merchant bankers dealing in foreign trade, and to cities in close geographical proximity that were politically friendly» (Larry Neal: «How it all began: the monetary and financial architecture of Europe during the first global capital markets, 1648-1815», Financial History Review, 7 (2000), pp. 117-140, 118.

FIANZAS Y FIADORES EN EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO A FINES DEL MEDIEVO: INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONFIANZA*

David Carvajal de la Vega Universidad de Valladolid

A fines del Medievo la expansión de la economía, de los mercados, de los instrumentos y de las relaciones financieras era patente en buena parte del occidente europeo.¹ Durante la Baja Edad Media, el progresivo desarrollo del mundo financiero impulsó un complejo entramado de vínculos que permitió integrar el capital en ámbitos como el comercio, la fiscalidad o la deuda pública y privada; haciendo posible el desarrollo y la consolidación de diversos «sistemas financieros», entendiendo estos como el universo conectado formado por instrumentos, instituciones y mercados, operando en un lugar y en un tiempo dados.²

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Los centros italianos, franceses, flamencos, etc., asistieron como espectadores privilegiados de este proceso de auge financiero; si bien es cierto que a la hora de comprender el fenómeno de forma global, atendiendo a la mayor parte de los territorios de la Europa occidental, es fácil observar dinámicas y características que les hacen diferir entre sí. En palabras de Ch. Kindleberger, refiriéndose al estadio inicial de las finanzas occidentales en el que enmarcamos este trabajo, Europa era «una unidad que puede ser desagregada. Sus elementos son similares en términos generales, pero diferentes en los detalles»³. Por ello, sin obviar el contexto general, nuestra intención pasa por prestar atención al sistema financiero castellano y a ciertos aspectos del mismo que consideramos escasamente tratados.

Hoy conocemos, en líneas generales, las bases del sistema financiero castellano y de su desarrollo durante el Medievo gracias a diferentes aportaciones que han respondido más a preocupaciones puntuales que a un ejercicio de reflexión general.⁴ Con el ánimo de enriquecer este sustrato, y sabiendo de antemano que existen determinados ámbitos, como el de la fiscalidad, u operaciones, como el préstamo, que nos permiten esbozar la senda seguida por las finanzas castellanas, estimamos oportuno dedicar este trabajo, por un lado, a tratar la realidad castellana dentro del contexto europeo y peninsular y, por otro, al análisis de la fianza, una figura legal y económica poco considerada hasta ahora y que nos permite mostrar hasta qué punto las finanzas castellanas lograron un grado de madurez y complejidad notable. A fines del siglo XV, esta institución del derecho alcanzó plena vigencia dentro del entramado de relaciones que conformaban el sistema financiero castellano, dotándolas de la seguridad y de la confianza que requerían los partícipes.

EL SISTEMA FINANCIERO CASTELLANO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

A diferencia de otros territorios, con una consolidada tradición historiográfica en torno a las finanzas, los investigadores interesados en el mundo financiero peninsular se han preocupado por labrar esta parcela de la historia económica y financiera a lo largo de las últimas décadas. El desarrollo de numerosos proyectos y trabajos ha permitido conocer, en términos generales, el proceso de introducción y afianzamiento de prácticas financieras vinculadas al uso de una gran variedad de instrumentos, o realidades como la expansión de la negociación a crédito, la especialización económica y financiera, y otros fenómenos comunes a los observados en sistemas más complejos. Como ejemplo de estos avances, basta citar algunos trabajos que confirman la temprana adopción por parte de los aragoneses de técnicas, instrumentos e instituciones propias de la vanguardia financiera de los centros mediterráneos, fomentando el desarrollo de las finanzas urbanas o del crédito rural.⁵ Algo similar podemos señalar en el caso de Navarra, territorio donde las finanzas públicas y privadas, sobre todo las ligadas al mundo judío, muestran un considerable nivel de progreso durante los siglos medievales.⁶ A diferencia de estos, el caso castellano resulta particular, ya que la consolidación de lo que hemos definido como «sistema financiero» apenas puede documentarse hasta el siglo XV, siempre a partir de las escasas fuentes financieras conservadas.⁷ La relación de las finanzas peninsulares con los sistemas europeos parece clara aunque, más allá de los elementos comunes, diversos trabajos han puesto de manifiesto una serie de rasgos propios de las finanzas peninsulares; sobre todo aquellos basados en la influencia de la estructura socioeconómica e institucional de los territorios ibéricos, fundamentales a la hora de analizar fenómenos como la implicación de la comunidad judía y conversa⁸ o el desarrollo de complejos sistemas financieros y fiscales en entornos locales.⁹

En cuanto a las finanzas castellanas, algunos casos bien conocidos, como el de la ciudad de Sevilla, muestran una importante y creciente vitalidad de las relaciones financieras a lo largo de los siglos medievales; si bien es cierto que estos centros disfrutaron de su orientación hacia la economía mediterránea, mientras que otros, situados en regiones septentrionales, ligaron su prosperidad al impulso de rutas como el Camino de Santiago. ¿Por qué no se aprecia un desarrollo generalizado del sistema financiero castellano entre los siglos XIII-XIV? La respuesta, a expensas de ser reduccionista, puede fundamentarse a partir de un argumento simple: durante este periodo, la economía castellana estaba lejos de necesitar un sistema financiero complejo sobre el que sustentar la expansión del capital, del comercio interior –preso de una débil demanda–, de las exportaciones hacia centros europeos o el desarrollo de un aparato financiero y fiscal como el que puede apreciarse a partir del siglo XV,¹⁰ ligado al inicio de una próspera etapa de crecimiento económico. Los límites de la estructura económica, social y política castellana, así como la diversidad de un amplio territorio en el que era complejo promover una integración económica real, son factores que también han de ser considerados. Por otro lado, sería necesario tener en cuenta el papel de instituciones como las ciudades, la nobleza, la Iglesia o la propia Corona, cuyo interés por impulsar sistemas fiscales capaces de reforzar su poder era común, aunque quizá menos acentuado que el observado en otros reinos como Aragón, Francia o Inglaterra.¹¹

A pesar de todo, las relaciones financieras, la existencia de crédito, la llegada de mercaderes extranjeros, la aparición de mercados y ferias y otros fenómenos nos permiten hablar de un avance en materia financiera, desde fines del siglo XIV e inicios del XV, del que acabará siendo uno de los grandes espacios financieros a nivel europeo a mediados del siglo XVI.¹²

La progresiva consolidación del sistema financiero castellano se puede constatar a partir de una serie de hechos. En primer lugar, hay que destacar la participación de agentes de toda condición, desde miembros de la nobleza y de la oligarquía urbana a grupos teóricamente menos pudientes vinculados al mundo agrario. En segundo lugar, podemos mencionar el recurso generalizado al crédito para llevar a cabo todo tipo de negocios y operaciones que sobrepasaban con mucho el ámbito del gran comercio, expandiéndose hacia el mundo agrario, la producción artesanal, etc.¹³ Por último, el auge de los mercados y ferias,¹⁴ además de la consolidación formal de diversos instrumentos, acaban por definir las bases de lo que podríamos entender como los pilares del «sistema financiero» castellano. A estos elementos debemos añadir el papel de las instituciones (legales, económicas, sociales…), cuyo desarrollo ejerció un notable impulso sobre las finanzas a fines del siglo XV e inicios del XVI.

Como ya han expuesto numerosos autores, las instituciones vinculadas al mundo mercantil han desempeñado un papel decisivo en el desarrollo de la economía europea durante el último milenio.¹⁵ Además, existe cierto consenso en torno a los efectos positivos que tuvo el desarrollo institucional en sus más diversas vertientes para promover el crecimiento de la economía europea durante el Medievo.¹⁶ Siguiendo estos planteamientos, resulta evidente la relación entre el auge de los sistemas financieros medievales-modernos y el avance de instituciones como el propio derecho, los mercados o las ligadas al gobierno.¹⁷ En función de estas premisas, podemos señalar que el auge de la actividad financiera, al igual que ocurrió con el comercio o con la producción, también fue deudor del desarrollo institucional castellano, promotor del cambio en ámbitos de la actividad económica como el comercio, la fiscalidad o el crédito.

El auge del comercio internacional a lo largo del siglo XV constituye una de las mejores pruebas del cambio económico e institucional en Castilla, sobre todo en lo que concierne al relevante papel que comenzaron a desempeñar las instituciones mercantiles. Estas actuaron como promotoras de un proceso de creación y consolidación de relaciones comerciales estables, bajo el amparo de consulados en el extranjero, que culminó con la consolidación de poderosas agrupaciones mercantiles como el Consulado de Burgos o el de Bilbao. Aunque no vamos a entrar en consideraciones sobre su eficacia, no cabe duda de que su labor contribuyó a animar la exportación de lana, a respaldar los flujos económicos internacionales vinculados a los negocios de los mercaderes castellanos y, en definitiva, al desarrollo de un sistema financiero que, esta vez sí, mantenía crecientes conexiones con los territorios a la vanguardia. Junto a estas instituciones, merece la pena señalar otras necesarias y directamente vinculadas al comercio interior: nos referimos a la aparición de cofradías de mercaderes, al desarrollo de los mercados urbanos y al progreso de un sistema ferial capaz de vertebrar los intercambios a nivel local, regional e internacional.¹⁸

A diferencia del interés generado por las instituciones vinculadas al comercio, existe menos masa crítica en torno a la influencia que ejercieron otras instituciones en el auge del sistema financiero castellano. Muchas de estas instituciones han sido estudiadas de forma particular, con escasas referencias al rol ejercido sobre el sistema financiero en general. Por ejemplo, los cambios institucionales visibles a fines del siglo XV, resultado de la consolidación de un lento proceso impulsado por la Corona desde el siglo XIV en ámbitos como la fiscalidad, el notariado o la justicia,¹⁹ tienen mucho que ver en la expansión de la actividad financiera y de lo que podemos entender como sistema. Las transformaciones en la administración de la fiscalidad regia, la municipal, la señorial o la eclesiástica constituyen una buena muestra del impulso vinculado a este mundo en auge.²⁰

No menos importantes fueron los cambios impulsados por los gobernantes dentro del notariado. Su labor como garante de la fe pública recibió un importante estímulo en tiempos de los Reyes Católicos, momento que supuso el culmen de su progresivo afianzamiento, situando la práctica notarial al nivel de otros territorios vecinos.²¹ En este mismo orden, es necesario señalar que la Corona mantuvo una preocupación constante por impulsar otras instituciones como la justicia, necesaria para el correcto desarrollo de la actividad económica y básica para reforzar las operaciones y las relaciones entre los agentes que participaban en el sistema financiero castellano.²²

Si las instituciones mercantiles, notariales, fiscales o judiciales fueron esenciales en la configuración del sistema financiero, las vinculadas al derecho constituyeron el sustrato sobre el que germinaron muchas de las relaciones financieras documentadas. Las instituciones y las relaciones financieras forman un binomio de cuya existencia y desarrollo son deudoras algunas operaciones como el préstamo, la compraventa a crédito, el arrendamiento… y el nivel de confianza y seguridad con el que se llevaron a cabo. El derecho, por tanto, emergió como otra institución fundamental en la que podemos rastrear el origen de algunas figuras legales que contribuyeron a consolidar y a potenciar la expansión financiera.

Desde el siglo XII, la recuperación del derecho romano fue fundamental en la evolución institucional de gran parte de los territorios europeos.²³ En Castilla, su influencia a nivel financiero se hizo visible al establecer las bases legales de la contratación y de las operaciones a crédito entre particulares. En lo que concierne al marco legal que sustentaba las relaciones financieras, Castilla se encontraba a un nivel similar al de otras regiones, si bien la praxis no conoció el mismo desarrollo. Las Partidas, sobre todo la V, desglosaban las figuras legales sobre las que se desarrollaban negocios como la compraventa, el préstamo, la obligación o el empeño, y que constituían la espina dorsal de un mundo necesitado de crédito y de confianza que, desde el punto de vista legal, era reforzada a través de otras figuras legales como el depósito o la fianza.

Con el paso de los siglos, el empeño y la fianza pasaron de ser un simple apartado del corpus legislativo castellano a convertirse en figuras de derecho de gran utilidad en los negocios financieros. En el caso de la fianza, su simpleza y versatilidad promovieron su aplicación en todo tipo de contratos, como tendremos ocasión de ver. La fianza se mostró como el aditamento necesario para un buen número de operaciones financieras, puesto que aportaba la seguridad requerida por acreedores y deudores ante la incertidumbre y el peligro que entrañaba todo negocio.²⁴ Nuestro objetivo en las siguientes páginas será analizar la fianza con el ánimo de conocer su utilidad, su articulación, su efectividad… y mostrar hasta qué punto los agentes del mundo financiero castellano dotaron a sus operaciones de mecanismos que asegurasen su viabilidad.

LAS INSTITUCIONES LEGALES COMO REFUERZO DEL SISTEMA FINANCIERO: LA FIANZA Y LOS FIADORES

Nos referimos a la fianza como un acto jurídico con especial trascendencia, cuya implantación y uso estaban estrechamente vinculados con el nivel de confianza entre los agentes, y el de estos en un sistema financiero capaz de asegurar sus derechos. De su importancia y de su aplicación en Castilla dan cuenta tanto las fuentes legislativas como diversas fuentes documentales (contratos, pleitos, etc.) entre las que hemos optado, como muestra, por los registros notariales del entorno de Valladolid, Medina del Campo, Medina de Rioseco, etc. A partir de estos pretendemos constatar la utilidad y eficacia de la fianza en un contexto de expansión económica y contrastarlas a través del análisis de la documentación judicial procedente del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. El objeto último será comprobar si los fiadores ejercieron como tales ante una deuda impagada, corroborando así su teórica eficacia como instrumento capaz de garantizar los derechos de los acreedores.

La fianza: una institución en el derecho castellano

El desarrollo legal de la fianza o fiaduria asienta sus cimientos en las ya citadas Partidas. Esta institución formaba parte de un discurso en torno a los fundamentos de las relaciones financieras en el que la seguridad que aportaban la fianza o el empeño era parte sustancial.²⁵ La compilación legal dedicaba un amplio apartado a la fianza, definida como un acto por el que el ome da su fe comprometiéndose a responder por las obligaciones de su fiado.²⁶ Desde el texto alfonsino, los legisladores desarrollaron diversas cuestiones vinculadas a esta figura que tendían a reforzar su capacidad para dotar de seguridad a los participantes de un variado elenco de negocios, procurando no desamparar al fiador ni menoscabar sus derechos. A priori, el fiador era quien asumía el riesgo en un negocio que no tenía por qué proporcionarle una contraprestación directa,²⁷ aunque sabemos que lo más normal era que tras la fianza se escondiesen negocios e intereses comunes.²⁸ Entre las diferentes modalidades de fianza,²⁹ la civil y natural fue la que mayor incidencia tuvo en las operaciones financieras, algo demandado en las relacionadas con el crédito, como dejan claro los instrumentos financieros que incluyen menciones o cláusulas relativas a la constitución de fianzas.

No pretendemos desarrollar en detalle todos y cada uno de los aspectos que regulan las leyes castellanas en torno a la fianza, sobre todo porque gran parte de lo expuesto en Las Partidas se mantuvo vigente, al menos, hasta inicios del siglo XVI. Compilaciones legales de la época, como las Ordenanzas de Montalvo (década de 1480) o la recopilación bajo la autoría de Hugo de Celso (1538), son algunos de los mejores ejemplos de su vigencia.³⁰ En cambio, nos interesa más prestar atención a la práctica cotidiana, al uso de la fianza, a su eficacia y a las consecuencias derivadas del compromiso adquirido por el fiador.

La fianza en el mundo financiero castellano

A fines del Medievo, el recurso a la fianza se había convertido en algo común en la negociación entre particulares y en otras tantas operaciones. A pesar de que algunos autores han señalado que el uso de la fianza en el Medievo –vinculada a contratos de compraventa– ejerció un efecto negativo en la contratación, pues su aparición generaba un mayor coste de las operaciones,³¹ a fines del siglo XV, la versatilidad y la expansión del mecanismo fue notable. Cabe destacar la creciente importancia que adquirió, por ejemplo, en el negocio fiscal, haciéndose especialmente visible en las operaciones de arrendamiento de rentas reales, cuya gestión requería de una creciente seguridad basada, entre otros mecanismos, en la concesión de fianzas en los procesos de subasta y arrendamiento de rentas.³² La preocupación por afianzar la actividad y la solvencia de los partícipes del sistema fiscal –en régimen de arrendamiento o bajo el sistema de encabezamiento– se hizo patente en disposiciones regulatorias como los cuadernos de alcabalas³³ y en el proceso de información previo a la entrega del recudimiento.³⁴ No obstante, también se ha llegado a constatar cierto nivel de permisividad a la hora de requerir fianzas,³⁵ lo que nos da una idea sobre la flexibilidad de lo que venimos denominando sistema, siempre al servicio del poder político, social y económico.

Más allá del mundo fiscal, otro de los ámbitos financieros que prueban el carácter transversal de la fianza es el del cambio público. Como ocurría con otros tantos negocios, las leyes exigían cierto nivel de seguridad económica y de solvencia a aquellos financieros que deseaban ocupar una mesa de cambio pública. En este sentido, la presencia de fiadores avalando a los obligados –titulares de una mesa– y el control de las fianzas impuestas por parte de las autoridades locales nos muestran el interés de estas últimas por afianzar un negocio con una gran repercusión en la economía de centros como Valladolid.³⁶

El interés de las autoridades, tanto las vinculadas a la Real Hacienda como las municipales, por reducir el nivel de riesgo que entrañaban negocios como el fiscal o el del cambio público también se puede rastrear, a otro nivel, en el ámbito de las relaciones económicas privadas. A pesar de su uso reiterado en todo tipo de instrumentos y de contrataciones, existe un pequeño vacío a nivel analítico que pretendemos cubrir en la medida de lo posible.

Un primer indicio de la importancia que adquirió la fianza a la hora de realizar negocios privados se observa a partir de la inclusión de fianzas y fiadores en la firma de numerosos contratos, acuerdos y otros documentos,³⁷ más aún cuando se trataba de instrumentos financieros vinculados a operaciones a crédito. Las referencias a fianzas y fiadores eran valoradas como un complemento sustancial de los negocios acordados a través de instrumentos como la obligación, vital para concertar compras a crédito o préstamos, aunque también es cierto que podemos encontrar con suma facilidad referencias a la concesión de fianzas en otros como las cartas de pago, los finiquitos, las capitulaciones, etc.³⁸ De hecho, cabe destacar entre las escrituras notariales analizadas la presencia de un documento destinado específicamente a la constitución de fianzas, teniendo en cuenta las diversas necesidades de los interesados: el documento podía expresar un compromiso de los fiadores para el pago de un censo, responder ante la necesidad de nombrar fiadores para asegurar un negocio…³⁹

La documentación notarial vallisoletana de inicios del siglo XVI permite rastrear la etapa de consolidación de las finanzas castellanas, de la fianza y del papel de los fiadores. Entre los contratos registrados merecen especial mención las cartas de arrendamiento –una veintena– en las que la aparición de fiadores era común. Más allá del dato cuantitativo, la documentación analizada pone de manifiesto la demanda de confianza del arrendador, papel que por lo general correspondía a la Colegiata de Santa María,⁴⁰ y la capacidad de responder a dicha demanda por parte del arrendatario gracias, en parte, al fiador. Este era quien aportaba seguridad al negocio sin asumir por ello excesivos riesgos en el caso del arrendamiento de casas y locales, al menos si comparamos el montante con las fianzas asumidas por otros fiadores en el cambio, en el negocio fiscal o en algunas operaciones comerciales. Por ejemplo, las rentas a favor de la Colegiata oscilaban entre los 375 mrs. y 4 gallinas anuales comprometidos por el alquiler de una casa en la céntrica calle de Olleros por el cambiador Pedro Ruiz del Burgo, fiado por el también cambiador Francisco de San Pedro y por Juan de Trillanes, escribano de la cárcel del Consejo Real; y los 2.700 mrs. y 12 de gallinas de renta anual por el alquiler de una casa en la Plaza del Mercado, consignados por el mercader Juan de Valladolid y sus fiadores, su tío Diego Sánchez y el mercader Pedro Sánchez Paldón.⁴¹

GRÁFICO 1

Instrumentos que incluyen fianzas (1500-1520) ⁴²

La variedad de los instrumentos en los que aparecen fiadores nos da cuenta de los múltiples negocios en los que estos se veían involucrados. Eran comunes las cartas de pago, aquellos documentos que manifestaban el cumplimiento de una obligación por parte del fiado o del fiador. Por otro lado, la presencia de fiadores en las cartas de poder estaba relacionada con varios tipos de vínculo, siempre basados en la representación. Entre otras, destacaba la carta de poder entregada por los fiadores a sus fiados para que estos la presentasen a la hora de obligarse ante un tercero, como la otorgada el día 14 de julio de 1519 por el cambiador Sancho Ortiz, vecino de Toledo, en favor del mercader toledano Pedro Vázquez para que este le obligase como su fiador, hasta en cuantía de 50.000 mrs., a pagar a los acreedores de Pedro en las ferias de Medina del Campo.⁴³ En el entorno de estas ferias hemos podido localizar hasta 28 cartas de poder firmadas mayoritariamente en Toledo.⁴⁴ De este modo, los mercaderes que recibían el poder acudían a negociar con el apoyo financiero de sus compañeros. Estas operaciones ponían de manifiesto uno de los principales activos de la fianza, su capacidad de reforzar la solvencia de los fiados, sin la necesidad de contar con la presencia física del fiador, a la hora de negociar con terceros en grandes mercados donde la necesidad de capital y de confianza era recurrente.

La fianza suponía aportar seguridad sobre un negocio que generalmente estaba relacionado con operaciones a crédito o con aquellas en las que era obligatorio aportarla a modo de seguro ante una deuda ya reconocida.⁴⁵ Las obligaciones recogidas entre la documentación notarial vallisoletana de inicios del siglo XVI muestran la prevalencia de estas dos operaciones, si bien es cierto que la obligación fue un instrumento versátil en el que se recogieron negocios de todo tipo.

Las operaciones a crédito constituyen uno de los indicadores más evidentes de la consolidación y avance de la economía, en general, y del sistema financiero, en particular. El progresivo auge de las operaciones de compraventa a crédito retrata bien el dinamismo de una economía donde la demanda recibía el impulso del capital disponible. La importancia del crédito al consumo en la Europa medieval y moderna es bien conocida⁴⁶ y en el caso castellano estamos en disposición de seguir profundizando en el análisis de este fenómeno.⁴⁷ La documentación utilizada en este trabajo, muy vinculada al entorno de los mercaderes castellanos, nos muestra la relevancia de la fianza en las obligaciones por compraventas a crédito, representando el 78,6 % de las 225 obligaciones analizadas en este trabajo. El fiador ejerció como refuerzo necesario del negocio y la fianza, que a simple vista parece presentarse como un mero formalismo en la documentación financiera, constituyó un importante mecanismo de seguro, una idea que ya ha sido desarrollada a través del análisis de fuentes judiciales.⁴⁸

Además de constituir un aval en las compraventas, la documentación estudiada también nos advierte sobre la utilidad de la fianza ante un impago. En torno a la treintena de las obligaciones recuperadas tenían como fundamento la renovación del compromiso de pago, incluyendo a un fiador que se comprometía a garantizar el pago de la deuda pendiente, lo que facilitaba la renegociación de deudas ante las exigencias financieras de los acreedores.⁴⁹

Al tratar de relaciones financieras y de obligaciones, es necesario hablar del préstamo. La mayor parte de los préstamos con fianza documentados responden a operaciones con finalidades muy diversas, concedidos mayoritariamente por cambiadores,⁵⁰ como el medinense Sebastián Romero,⁵¹ el vallisoletano García de Cocón,⁵² el burgalés Diego de Mazuelo,⁵³ o importantes agentes financieros, como el florentino Nicolás del Nero, a deudores de toda clase y condición, como Francisco del Nero, corregidor de Segovia, a quien fiaba el mercader florentino Andrea Velluti por 333,33 ducados de oro en el préstamo concedido por el citado Nicolás.⁵⁴

Entre las obligaciones merece la pena señalar otros negocios, como el generado en torno a la concesión de bulas. Las noticias sobre fiadores que actuaron en este tipo de operaciones son escasas, tan solo cinco en la muestra recogida, sin embargo, dan cuenta del nivel alcanzado por la concesión y venta de bulas, y del interés que suscitó en personajes como Alonso y Fernando de Espinosa, vecinos de Medina del Campo, que actuaban como fiadores de Diego de Palacios, Fernando Delgado y Lope de Urueña, vecinos de Medina de Rioseco; mercaderes que invirtieron en la compraventa de bulas la nada desdeñable cantidad de 2.000 ducados (750.000 mrs.).⁵⁵

GRÁFICO 2

Operaciones financieras desarrolladas en obligaciones con fianzas (1500-1520)⁵⁶

Una vez vista la relación entre la fianza y las diferentes operaciones financieras y su utilidad a nivel formal cabe preguntarnos por el nivel de riesgo asumido por los fiadores. ¿La constitución de fianzas era un mero formalismo o suponía un riesgo real para los fiadores en caso de tener que responder por las deudas de sus fiados? A estas alturas podemos adelantar que los requerimientos de los acreedores a los fiadores eran comunes. No obstante, por ahora, vamos a tratar de mensurar el nivel de riesgo asumido a través de los montantes de las fianzas consignadas, aunque dicho riesgo estaba intrínsecamente relacionado con la calidad y capacidad económica del fiado, cuestión que trataremos en el siguiente apartado.

La cantidad fiada dependía mucho del negocio. Por ejemplo, en Valladolid a fines del siglo XV, las fianzas otorgadas a los cambiadores oscilaron entre las 1.000 doblas y los 2.000 ducados, es decir, entre los 365.000 y los 750.000 mrs.⁵⁷ Como se aprecia en la tabla 1, en el caso de las obligaciones documentadas, algunas de las fianzas más altas (750.000 mrs. y 214.500 mrs.) responden al negocio de las bulas, mientras que otras están relacionadas con el pago de letras de cambio, con la concesión de préstamos…, todas ellas por cantidades superiores a los 100.000 mrs. A pesar de estas cifras, la fianza no se concentraba exclusivamente en aquellos negocios que movilizaban grandes cantidades de capital. Al menos un 25 % de las obligaciones recogidas contenían fianzas por montantes menores a 4.125 mrs. Una cantidad nada desdeñable a inicios del siglo XVI, pero lejana de las desorbitadas cifras vinculadas a los grandes negocios financieros y comerciales. Las fianzas más cuantiosas estaban relacionadas con varios tipos de operación, mientras que las fianzas más bajas respondían fundamentalmente a las compras a crédito. Dicho esto, aunque una estimación del riesgo debería tener en cuenta tanto la capacidad económica del fiador como la cantidad fiada, los montantes son lo suficientemente elevados como para afirmar que el hecho de fiar suponía un peligro real sobre las haciendas de muchos hombres que otorgaron su confianza y sus bienes en beneficio de un familiar, amigo o compañero.

TABLA 1

Datos estadísticos sobre las cantidades fiadas en obligaciones (1500-1520)⁵⁸

Media | 31.609
Mediana | 11.250
Máx | 750.000
Mín. | 586
Cuartil 1 | 4.125
Tipos de operación C. 1 (en %)
Compra a crédito | 94,2 %
Deudas | 5,8 %
Cuartil 2 | 11.250
Cuartil 3 | 32.250
Tipos de operación C. 3 (en %)
Compra a crédito | 67,3 %
Deudas | 15,4 %
Bulas | 7,7 %
Préstamos | 7,7 %
Otras | 1,9 %

Los fiadores

La concesión de fianzas no solo respondía al interés económico por asegurar un negocio. Suponer esto implica obviar otras tantas motivaciones fundamentales a la hora de que un fiador otorgase su confianza a un fiado asumiendo riesgos que, como acabamos de ver, podían suponer el pago de importantes cantidades. Al igual que ocurría con la fianza, el fiador ha sido objeto de estudio por parte de los investigadores interesados en la fiscalidad castellana de la época, mientras que son escasas las menciones a su papel en el mundo del comercio o de las finanzas.⁵⁹ En este sentido, cabe preguntarnos acerca de quiénes eran los fiadores, de dónde procedía su capacidad para conceder fianzas y, sobre todo, qué vínculos socioeconómicos permitieron que fiadores y fiados compartiesen los riesgos que entrañaban las operaciones a crédito.

Por un lado, sabemos que la aparición de mujeres como fiadoras estaba restringida por ley con la excepción de una serie de casos.⁶⁰ Como muestra de su participación, aprovechando las posibilidades que otorgaba la ley, podemos citar ejemplos como la viuda Juana de Liévana, quien se obligaba de mancomún y actuaba como fiadora de su yerno Cristóbal de Wamba, ambos vecinos de Medina de Rioseco, por los 2.430 mrs. que debía al mercader Antonio de Sahagún; la también viuda Francisca de Tabladillo, responsable de las deudas contraídas por sus familiares (su marido difunto); o Catalina de Acuña, quien salió como fiadora de dos vecinos de Medina del Campo, posiblemente socios de su difunto marido, por una cantidad elevada: 122.570 mrs.⁶¹

TABLA 2

Participación de hombres y mujeres como fiadores y fiados (1500-1520) ⁶²

Las leyes determinaban que los fiadores debían ser omes llanos e abonados en bienes rayses,⁶³ siendo su número variable según el negocio y la necesidad de afianzarlo. Mientras que en los arrendamientos de casas lo normal era contar con uno o dos fiadores, no ocurría lo mismo en el caso de las obligaciones. Por lo general abundan las obligaciones con un solo fiador y un solo fiado, aunque es necesario señalar que muchos fiadores aparecían también como obligados de mancomún en las escrituras, lo que manifiesta cierta falta de concreción a la hora de diferenciar al fiador del obligado de mancomún o, quizá, su equiparación a efectos prácticos. Los datos no evidencian una correlación clara entre el número de fiadores y la cantidad fiada, por lo que suponemos que el hecho de que aparezcan uno o varios fiadores guardaría mayor relación con su capacidad económica y su deseo de fiar en mayor o menor cuantía. Sobre la capacidad de los fiadores, basta observar su perfil socioeconómico para concluir que este hecho fue determinante. Entre los fiadores con oficio conocido, un 65 % responde a mercaderes, mientras que el resto se distribuye entre cambiadores, sastres, maestros, plateros, etc., profesionales que, a priori, podrían disfrutar de una posición económica holgada para conceder su apoyo. En este sentido, la capacidad económica de los mercaderes resultó ser clave a la hora de otorgar fianzas ya que, entre las obligaciones de mayor cuantía con las que trabajamos aparecen varios mercaderes como Alonso Leal, un importante mercader de Medina del Campo capaz de fiar a cambiadores como Sebastián Romero y Diego Díaz por 87.500 mrs. Podemos observar a mercaderes fiando en negocios de todo tipo, como la compraventa de 50 sacas de leña –valoradas en 90.000 mrs.– que debía entregar Antonio García de Valdemuñoz, fiado por el mercader Alonso Clemente, vecino de Villalón; o como la ya citada fianza del florentino Andrea Velluti al corregidor de Segovia, Francisco del Nero, por 333,33 ducados –125.000 mrs.–.⁶⁴

Entre las fianzas más elevadas concedidas por mercaderes merece la pena destacar aquellas que responden a las otorgadas por los ya citados mercaderes toledanos a sus compañeros y vecinos. Nos referimos a casos como el de Alonso Álvarez, quien fio a varios compañeros hasta 50.000 mrs. con objeto de respaldar las deudas que estos mantenían con acreedores burgaleses; o el de Juan de Acre, quien dispuso hasta 100.000 mrs. en la fianza otorgada a sus compañeros Pedro López y Fernando de Villanueva para hacer frente a otra deuda pendiente con el prior y cónsules de la Universidad de Mercaderes de Burgos.⁶⁵

Aunque es evidente que la fianza respondía a intereses económicos, no debemos obviar que también nacía como un acto legal de expresión de la confianza depositada en el fiado, por lo que es necesario ampliar el estudio de los vínculos que sustentaron estas operaciones. Nos referimos a relaciones ya mencionadas como la vecindad, la familia o el oficio. El hecho de que dos personas presenten la misma vecindad no supone que haya mayor conexión entre ellas, pero resulta llamativo que en la mayor aparte de los casos los fiadores y los fiados mantuviesen este vínculo. Compartir vecindad podía implicar, entre otras cosas, conocer la situación económica de los involucrados en la fianza y otras cuestiones como su fama y su honra, sus antecedentes en el cumplimiento de otras obligaciones, etc.

Aun así, el vínculo de vecindad no era más que una de las relaciones que facilitaban las fianzas. Muchos fiadores y fiados compartían oficio o actividad económica, lo que manifiesta la utilidad de su apoyo para el desarrollo y la consolidación de las actividades profesionales. La colaboración entre los mercaderes toledanos, como los ya citados Alonso Álvarez y Juan de Acre, a los que podríamos sumar otros nombres como los de Antonio de San Pedro o Rodrigo Sánchez,⁶⁶ era una estrategia que, posiblemente, les dotó de una importante capacidad de negociación en los mercados y ferias castellanas. Observamos una situación similar entre mercaderes de Medina del Campo como Francisco Rodríguez, fiador del también mercader Antonio de Medina por 40.000 mrs., o el mercero Pedro Díaz, fiador del mercero Pedro de Portillo por un montante alto, 100.000 mrs.⁶⁷ Lo mismo podríamos decir de la fianza concedida por Alonso de Bedoya al mercader Francisco Caballero, ambos vecinos de Guadalajara, quien debía entregar 50 sacas de lana a los mercaderes burgaleses Juan de Carrión, Diego de Salamanca y Gregorio de Polanco.⁶⁸

Por último, las relaciones familiares, fundamentales para entender el desarrollo económico y mercantil de la época, también aparecen como una importante base sobre la que se establecieron fianzas.⁶⁹ Los vínculos familiares –que en numerosas ocasiones aparecen unidos a relaciones de vecindad y de oficio– demuestran que el apoyo y/o la confianza entre familiares eran básicos para desarrollar negocios con un nivel de solvencia aceptable. Por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos fueron fundamentales en el acceso de algunos financieros vallisoletanos a una mesa de cambio pública, o para apoyar la compra a crédito de mercaderías, como hizo García Cuadrado al fiar a su hijo, Blas Cuadrado, por valor de 11.000 mrs. No solo las relaciones padre-hijo, claves para que muchos advenedizos diesen sus primeros pasos, fueron representativas de los lazos familiares. Otras fianzas, como la concedida por Juan Chamorro a su yerno Juan Izquierdo por la compraventa de una viña, o la de Juan Requejo a su hermano Pedro Requejo por la compra de 166 carneros valorados en 35.690 mrs., son algunos de los numerosos ejemplos que nos permiten afirmar la, en teoría, beneficiosa relación de confianza entre familiares expresada y establecida a través de la fianza.⁷⁰

GRÁFICO 3

Relaciones socioeconómicas entre fiadores y obligados (1500-1520) ⁷¹

La eficacia de la fianza

Hasta ahora nos hemos referido a la fianza desde el punto de vista legal y económico y al fiador como el sujeto cercano y necesario para afianzar operaciones de todo tipo, sobre todo aquellas vinculadas al crédito. Pero ¿era realmente necesaria la fianza? ¿Fue eficaz a la hora de dotar de seguridad a las operaciones afianzadas en caso de incumplimiento? ¿Respondieron los fiadores por las deudas de sus fiados? El sentido de todas estas preguntas no es otro que comprobar el papel real de la fianza en las relaciones financieras más allá de su mera inclusión en los contratos. La respuesta la podemos encontrar entre los numerosos pleitos por deudas en los que es relativamente fácil seguir la estela del fiador.

En caso de impago de una deuda, la justicia mantuvo un procedimiento más o menos claro, siempre que el acreedor pudiese probar su derecho contra el deudor y el fiador a través de un instrumento público –cartas de obligación, de arrendamiento, etc. Una vez reclamada la deuda ante la justicia, el deudor era requerido por los alcaldes de la localidad donde residía. En caso de no localizar al deudor, la justicia local optaba, por lo general, por defender los derechos del acreedor a través del requerimiento contra el fiador, quien debía disponer del capital o de los bienes necesarios para responder por la fianza contraída, como indicaba la ley.⁷² La ejecución hecha contra los bienes del fiador era un procedimiento común que evidencia cómo esta figura, lejos de aparecer en los contratos de una forma sistemática y carente de sentido, desempeñó su rol asegurando los derechos del acreedor. No obstante, con el fin de aclarar lo aquí expuesto y la diversidad observada en las actuaciones judiciales contra los fiadores, trataremos algunos casos particulares.

El primero de ellos pone de manifiesto la importancia que también cobraron las relaciones de dependencia en el mundo de las fianzas. En torno al año 1500, el mercader Francisco de Cueto vendió diversas mercaderías al conde de Salvatierra que, como muestra de su compromiso, dio y nombró como sus fiadores a cinco vecinos de la localidad de Ampudia, de la que era señor: Alonso de Corcos, Alonso Pérez, Juan Rodríguez, Pedro Silla y Juan de Castro.⁷³ Es difícil pensar que la fianza de 60.000 mrs. otorgada por estos hombres no tuviese que ver con la relación establecida con su señor, y así lo hicieron saber los propios fiadores cuando se negaron a hacer frente al pago de la deuda. El acreedor, Francisco de Cueto, logró el favor de los oidores de la Real Chancillería de Valladolid en su pleito contra el conde y sus fiadores, lo que le permitió reclamar a estos los 60.000 mrs. Al ser requeridos por el acreedor y por la justicia, los fiadores podían aceptar realizar el pago o, por el contrario, podían resistirse a ello. En el primero de los casos, cuando el fiador hacía frente a la deuda recibía del acreedor una carta de lasto, el documento que acreditaba el paso de su condición de fiador a la de nuevo acreedor.⁷⁴ Es lo que le sucedió a Alonso de Corcos, quien hizo frente a toda la fianza, recibiendo de Francisco de Cueto el derecho de cobro contra el deudor. Aunque el comportamiento normal del nuevo acreedor hubiera sido reclamar los 60.000 mrs. al conde, prueba de su dependencia, Alonso de Corcos acabó denunciando a sus compañeros de fianza ante la Audiencia, con el fin de recuperar parte de los maravedís entregados al mercader Francisco de Cueto.

Por otro lado, la negativa de un fiador a hacer frente al pago de una deuda complicaba la resolución del conflicto. Las razones para negarse al pago eran diversas –falta de medios, negación del contrato y de la fianza, etc. Una de las estrategias más comunes era poner en duda la veracidad del instrumento, momento en el que la justicia ejercía como garante entre las partes, dirimiendo el litigio a partir de otras probanzas. Así se aprecia en el pleito que enfrentó a Diego de Villasuida y a Juan Rodríguez.⁷⁵ Diego, un calcetero vallisoletano, acudió a la justicia en su nombre y en el de Sancha Gutiérrez, mujer del difunto Juan de Guinea, con el fin de requerir el pago de 1.700 mrs. a Juan Rodríguez, fiador y cuñado de Juan Gutiérrez de Valladolid. Los demandantes solicitaron al fiador el pago de una obligación, llegando a exigir la ejecución de una serie de bienes –dos colchones, unas sábanas de lino, una manta blanca, una colcha, dos almohadas y otros– que poseía Juan Rodríguez y que, según los demandantes, también pertenecían al deudor ausente. La defensa del fiador pasaba por poner en duda la veracidad del instrumento, exigiendo comprobar ante qué escribano se realizó la obligación y la mencionada fianza. A pesar de todo, la justicia condenó en dos ocasiones al fiador a hacer frente a los 1.700 mrs.

Son cuantiosos los ejemplos de procesos con subasta de bienes que demuestran que el fiador ejerció en numerosas ocasiones como garante. Lo mismo podríamos decir de otros ámbitos como el de la fiscalidad o el del cambio, negocios cuyo riesgo y pérdidas asumieron los fiadores con sus bienes y con sus personas, siempre y cuando no se hubiesen dado antes a la fuga. Otorgar fianzas suponía un riesgo real, por lo que estamos ante una relación económica con un fuerte componente social que resultó ser fundamental en la consolidación del sistema financiero castellano.

CONCLUSIONES

Analizar en profundidad el desarrollo y la consolidación de aquello que podemos entender como sistema financiero, o en palabras de R. Goldsmith,⁷⁶ premodern financial system, resulta una tarea difícil de abarcar en pocas páginas. A esto hay que sumar una escasez de datos manifiesta que complica aún más el análisis. Sin embargo, en este texto hemos querido tratar de forma sucinta algunos factores que explican el avance del mundo financiero en la Castilla tardomedieval a través del marco privilegiado que ofrecen las instituciones. Si es cierto que las instituciones mercantiles desempeñaron un papel clave en el desarrollo del comercio medieval y, en consecuencia, sobre el crecimiento económico, no es menos cierto que otras instituciones, como las vinculadas al derecho y a la contratación, también influyeron en el desarrollo financiero de las regiones europeas.

En este sentido, hemos intentado mostrar que la aplicación de figuras legales como la fianza resultó fundamental para dotar a los negocios y a las operaciones del nivel de seguridad y de confianza necesario en este tipo de sistemas financieros. Lejos de ser un mero formalismo o de convertirse en una cláusula vacía de contenido que aparece sin cesar en todo tipo de instrumentos (obligaciones, cartas de pago, cartas de arrendamiento, etc.), a fines del siglo XV e inicios del XVI, la fianza constituía una garantía real para el acreedor quien, apoyado sobre otras instituciones como el notariado y la justicia, tuvo la capacidad real de hacer valer sus derechos. Además, la fianza presenta un aspecto de enorme interés que no debemos pasar por alto en este tipo de sistemas financieros en desarrollo. Nos referimos a la importancia que cobraron las relaciones sociales a la hora de establecer vínculos de confianza y de consolidar la operativa financiera a todos los niveles, facilitando desde cuantiosas fianzas otorgadas para el desarrollo del cambio a pequeñas fianzas vinculadas al negocio del arrendamiento de inmuebles.

En definitiva, la cotidianeidad de la fianza y la cercanía del fiador fueron elementos esenciales para entender el desarrollo de un sistema financiero necesitado de confianza y en pleno auge a inicios de la Edad Moderna.

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación «Poder, sociedad y fiscalidad en la Meseta norte castellana en el tránsito del Medievo a la Modernidad», financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, Plan Nacional de I+D+i (2008-2011) (HAR2011-27016-C02-02). Dicho proyecto forma parte de un proyecto coordinado entre la Universidad de Valladolid y la Universidad del País Vasco («Poder, sociedad y fiscalidad en la Corona de Castilla: un estudio comparado de la Meseta Norte y de la Cornisa Cantábrica en el tránsito del Medievo a la Modernidad», HAR2011-27016-C02) y está integrado en la red temática Arca Comunis (http://arcacomunis.uma.es). Abreviaturas utilizadas: AHPV = Archivo Histórico Provincial de Valladolid; ARChV = Archivo de la Real Chancillería de Valladolid; leg. = legajo; c. = caja; mrs. = maravedís.

¹ Son numerosos los casos que podríamos citar a lo largo y ancho del continente. La literatura sobre esta cuestión es muy abundante, valgan como ejemplos algunos textos relacionados con el mundo bancario italiano como el de Luciano Palermo: La banca e il credito nel Medioevo, Milán, Mondadori, 2008, donde a su vez se recoge un amplio elenco de publicaciones vinculadas a las finanzas italianas en el que se cita a autores fundamentales como A. Sapori, R. de Roover, F. Melis, L. de Rosa, etc. (pp. 101-118), o las más recientes de Francesco Guidi Bruscoli. Por lo recurrente de su bibliografía en este trabajo, muy vinculada a los mercados y a las instituciones, destacamos algunas obras de la historiografía de los Países Bajos, como la de Bas Van Bavel: Manors and Markets. Economy and Society in the Low Countries. 500-1600, Oxford, Oxford University Press, 2010. Un valioso

ejemplo sobre la implicación de los mercaderes en el auge del sistema financiero lo encontramos en Peter Spufford: Power and Profit. The Merchant in Medieval Europe, Londres, Thames & Hudson, 2006.

² Raymond W. Goldsmith: Premodern Financial Systems. A Historical Comparative Study, Nueva York, Cambridge University Press, 1987, p. 1.

³ Charles P. Kindleberger: Historia financiera de Europa, Barcelona, Crítica, 2011 (1.ª ed. 1984), p. 13.

⁴ Como trabajo general sobre las bases del crédito en Castilla véase David Carvajal de la Vega: Crédito privado y deuda en Castilla (1480-1521). Tesis doctoral inédita, Universidad de Valladolid, 2013.

⁵ Un completo panorama sobre esta cuestión en la obra coordinada por Manuel Sánchez Martínez (coord.): Fiscalidad real y finanzas urbanas en la Cataluña medieval, Barcelona, CSIC, 1999. Sobre el caso valenciano y con carácter general, Juan Vicente García Marsilla: Vivir a crédito en la Valencia medieval. De los orígenes del sistema censal al endeudamiento del municipio, Valencia, Universitat de València, 2002; Antoni Furió: «Crédito y endeudamiento: el censal en la sociedad rural valenciana (siglos XIV-XV)», en Esteban Sarasa y Eliseo Serrano (eds.): Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1993, vol. I, pp. 501-514.

⁶ Juan Carrasco Pérez: «Crédito y fiscalidad en el reino de Navarra bajo el gobierno de la casa de Francia (1280-1328)», Príncipe de Viana, 243 (2008), pp. 37-68; Íñigo Mugueta Moreno: El dinero de los Evreux: hacienda y fiscalidad en el reino de Navarra (1328-1349), Pamplona, Gobierno de Navarra, 2008.

⁷ Miguel Ángel Ladero Quesada: «Crédito y comercio de dinero en la Castilla medieval», Acta historica et archaeologica medievalia, 11-12 (1990-91), pp. 145-159.

⁸ Ídem: «Los judíos castellanos del siglo XV en el arrendamiento de impuestos reales», Cuadernos de Historia. Anexos de Hispania, 6 (1975), pp. 417-439; Macarena Crespo Álvarez: «Judíos, préstamos y usuras en la Castilla medieval», Edad Media. Revista de Historia, 5 (2002), pp. 179-215; Enrique Cantera Montenegro: «Una familia de prestamistas y arrendadores judíos en tiempos de la expulsión: Los Soto de Aranda de Duero», Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, 12 (1999), pp. 11-46.

⁹ Sobre fiscalidad y finanzas locales destacan los estudios vinculados a Cataluña y a sus municipios. Entre los numerosos trabajos de los autores citados a continuación cabe mencionar, Pere Orti Gost, Manuel Sánchez Martínez y Max Turull Rubinat: «La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña», Revista d’Història Medieval, 7 (1996), pp. 115-134 y Pere Verdés Pijuan: «La consolidació del sistema fiscal y financer a mitjans s. XIV», en Manuel Sánchez Martínez (coord.): La génesis de la fiscalidad municipal en Cataluña, Barcelona, CSIC, 1999, pp. 185-217.

¹⁰ Para una visión en conjunto, consúltense los trabajos reunidos en Miguel Ángel Ladero Quesada: La Hacienda Real en Castilla 1369-1504, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009.

¹¹ W. Mark Ormrod: «Les monarchies d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge», en Richard Bonney (ed.): Systèmes économiques et finances publiques, París, PUF, 1996, pp. 111 y ss.

¹² Dan cuenta de ello obras clásicas y aún vigentes como las de Ramón Carande: Carlos V y sus banqueros. La vida económica en Castilla (1516-1556), Madrid, Soc. de Estudios y Publicaciones, 1965; o Felipe Ruiz Martín: Pequeño capitalismo, gran capitalismo: Simón Ruiz y sus negocios en Florencia, Barcelona, Crítica, 1990.

¹³ Hilario Casado Alonso: Señores, mercaderes y campesinos: la comarca de Burgos a fines de la Edad Media, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 530-535. Sobre la participación de los grupos privilegiados en el mundo del crédito urbano, en particular en el caso segoviano, véase Ángel García Sanz: «El crédito a principios del siglo XVI en una ciudad de Castilla: la nobleza como financiadora del comercio y de la industria en Segovia, 1503-1508», Studia Historica. Edad Moderna, 5 (1987), pp. 77-88; sobre la presencia del crédito en el mundo agrario en el entorno sevillano, Mercedes Borrero Fernández: «Crédito y mundo rural. La expansión de los préstamos y los endeudamientos en tiempos de los Reyes Católicos», en Manuel García Fernández (ed.): Andalucía y Granada en tiempos de los Reyes Católicos, Sevilla, Universidad de Sevilla / Universidad de Granada, 2006, vol. 1, pp. 25-40.

¹⁴ Miguel Ángel Ladero Quesada: Las ferias en Castilla. Siglos XII a XV, Madrid, Comité Español de Ciencias Históricas, 1994.

¹⁵ Sheilagh Ogilvie y André W. Carus: «Institutions and Economic Growth in Historical Perspective», en Philippe Aghion y Steven N. Durlauf: Handbook of Economic Growth, Nueva York, North Holland, 2014, vol. 2, p. 419.

¹⁶ Jan Luiten van Zanden: The Long Road to the Industrial Revolution, Leiden, Brill, 2009, chapter 1: «Introducting the problem: the emergence of efficient institutions in the Middle Ages», pp. 17 y ss.

¹⁷ Estos aspectos son especialmente visibles en el caso de Flandes y han sido analizados en diversos trabajos centrados en el desarrollo del mercado de B. Van Bavel: Manors and Markets; en el auge de los mercados de deuda pública y privada, Jaco Zuijderduijn: Medieval capital markets: markets for renten, state formation and private investment in Holland (1300-1550), Leiden, Brill, 2009; o en el papel desarrollado por las instituciones judiciales, Jessica Dijkman: «Debt Litigation in Medieval Holland, 1200-1350», en Jan Luiten van Zanden y Debin Ma (eds.): Law and Long-Term Economic Change: A Eurasian Perspective, Stanford, Stanford University Press, 2011, pp. 221-243.

¹⁸ R. Carande: Carlos V y sus banqueros, pp. 331 y ss.; Felipe Ruiz Martin: «Las ferias de Castilla», en Eufemio Lorenzo Sanz (coord.): Historia de Medina del Campo y su Tierra, Valladolid, Excmo. Ayto. Medina del Campo / Junta de Castilla y León / Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1986, vol. II: Auge de las Ferias. Decadencia de Medina, pp. 269-299; Bartolomé Yun Casalilla: Sobre la transición al Capitalismo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1987, pp. 184-185.

¹⁹ Sobre cuestiones referentes a la fiscalidad, M. A. Ladero Quesada: La Hacienda Real en Castilla. En cuanto al desarrollo judicial a través de la Audiencia, Carlos Garriga Acosta: La Audiencia y las Chancillerías castellanas (1371-1525), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994.

²⁰ M. A. Ladero Quesada: «Crédito y comercio de dinero». Una muestra clara de los vínculos entre el negocio fiscal y el comercial se aprecia en la compañía estudiada por Hilario Casado Alonso, «Comercio, crédito y finanzas públicas en Castilla en la época de los Reyes Católicos», en Antonio M. Bernal (ed.): Dinero, moneda, crédito en la monarquía hispánica, Madrid, ICO, 2000, pp. 135-156.

²¹ Es reseñable la aparición de registros notariales como los de la pequeña localidad andaluza de Torres (María Luisa Pardo Rodríguez et al.: El Registro Notarial de Torres (1382-1400), Granada, Junta de Andalucía, 2012). No obstante, hasta fines del medievo e inicios del siglo XVI no se aprecian avances decididos hacia su control, Ángel Riesco Terrero: «Los oficios públicos de gobierno, administración, justicia y recaudación y los de garantía de la fe documental en la corona de Castilla a la luz de una disposición de los Reyes Católicos de finales del siglo XV (a. 1494)», Documenta & Instrumenta, 3 (2005), pp. 77-108; y «Real provisión de ordenanzas de Isabel I de Castilla (Alcalá, 7-VI-1503) con normas precisas para la elaboración del registro público notarial y la expedición de copias autenticadas», Documenta & Instrumenta, 1 (2004), pp. 47-79.

²² Algo similar a lo operado en otras regiones como Holanda: J. Zuijderduijn: Medieval capital markets, pp. 36 y ss.

²³ Sobre la importancia de la recuperación en del derecho romano Antonio García García: «El renacimiento de la teoría y prácticas jurídicas. Siglo XII», en Renovación intelectual del Occidente Europeo (siglo XII). XXIV Semana de Estudios Medievales. Estella, 14 a 18 de julio de 1997, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998, pp. 99-118.

²⁴ Una cuestión que ha sido trabajada desde hace tiempo en el análisis de sistemas financieros contemporáneos y centrado en el papel de las instituciones, como se aprecia en el sugerente trabajo de David E. Allan: «Credit and Security: Economic Orders and Legal Regimes», The International and Comparative Law Quarterly, 33/1 (1984), pp. 22-38, en particular p. 23.

²⁵ D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 78 y ss. Fiadurias fazen los hombres entre si, porque las promisiones, e los pleitos que fazen, e las posturas, sean mejor guardadas. Partida V, Título XII.

²⁶ Partida V, Título XII, Ley I.

²⁷ Hugo de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000 (primera edición de 1538).

²⁸ Esta relación es especialmente visible en el mundo fiscal, como se ha encargado de demostrar en numerosos estudios como los más recientes de Ágatha Ortega Cera: «Arrendar el dinero del rey. Fraude y estrategias financieras en el estrado de las rentas en la Castilla del siglo XV», Anuario de Estudios Medievales, 40/1 (2010), pp. 223-249, en particular pp. 242-243; o Pablo Ortego Rico: «Financieros y redes financieras en tiempos de Juan II: posibilidades de estudio del libro de “recepta” de 1440», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Redes sociales y económicas en el mundo bajomedieval, Valladolid, Ed. Castilla, 2011, pp. 120-129, sobre la relevancia de fianzas y fiadores de los arrendadores de rentas reales.

²⁹ La fianza podía ser natural, si no se podía apremiar al fiador por juicio, o civil e natural, entre las que los legisladores diferenciaban las de carácter concreto de las generales. Partida V, Título XII, Ley V.

³⁰ Ordenanzas, Libro V, Título XI «de los fiadores»; H. de Celso: Reportorio de las leyes de Castilla, entrada «Fiador y fiaduría», f. CXLV.

³¹ Francisco Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas en la Edad Media, Madrid, CSIC, 1990, p. 253.

³² Sobre los fiadores en el proceso de arrendamiento de rentas reales, A. Ortega, «Arrendar el dinero del rey»; Juan Antonio Bonachía Hernando y David Carvajal de la Vega: «El control del negocio fiscal: las Hojas e Informaciones de bienes de arrendatarios y fiadores en la hacienda castellana bajomedieval», en Antonio Collantes de Terán Sánchez (ed.): Fuentes para el estudio del negocio fiscal en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales-Universidad de Málaga, 2010, pp. 171-203. La presencia de «buenos fiadores» también se exigía en los procesos de arrendamiento de rentas locales, véase Antonio Collantes de Terán Sánchez: «Los fiadores en la hacienda concejil sevillana bajomedieval», Mayurqa, 22/1 (1989), pp. 191-197; Antonio Collantes de Terán Sánchez y Denis Menjot: «Hacienda y fiscalidad concejiles en la Corona de Castilla en la Edad Media», Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), pp. 213-254, en particular p. 243, o para el caso de los encabezamientos, David Carvajal de la Vega y Juan Antonio Bonachía Hernando: «Financieros locales en los primeros encabezamientos castellanos: Valladolid, 1496», en Mercedes Borrero y Juan Carrasco, Rafael Peinado (eds.): Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII): un modelo comparativo, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 2015, pp. 169-192.

³³ Cuaderno de alcabalas de 1491, artículos 45 y 46 donde se desarrollan el nombramiento de los fiadores –uno de ellos se debía obligar de mancomún con el arrendatario principal– así como el proceso de presentación de fianzas. Miguel Ángel Ladero Quesada: Legislación hacendística de la Corona de Castilla en la Baja Edad Media, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, pp. 137-139.

³⁴ J.A. Bonachía y D. Carvajal: «El control del negocio fiscal», pp. 171-203.

³⁵ A. Ortega: «Arrendar el dinero del rey», p. 245.

³⁶ Los cambiadores vallisoletanos estaban obligados a nombrar a uno o dos fiadores, por lo general compañeros de profesión o familiares cercanos, con disponibilidad de medios económicos para afrontar los impagos y quiebras en los que pudiese incurrir el cambiador público fiado. Las obligaciones se realizaban ante los oficiales del concejo y las fianzas variaban según estimasen oportuno los regidores encargados de velar por el correcto funcionamiento del sistema. David Carvajal de la Vega: «El control económico de la villa: mercaderes y financieros en Valladolid (ca. 1500)», en David Carvajal, Javier Añíbarro e Imanol Vítores (eds.): Poder, Fisco y Mercado en las ciudades de la Península Ibérica (ss. XIV-XVI), Valladolid, Eds. Castilla, 2015.

³⁷ Un buen ejemplo de este tipo de documentos que no respondían a la firma de un contrato entre acreedor y deudor eran las cartas de poder, donde se recogía el compromiso de un otorgante, el fiador, para salir como tal en favor del receptor de la carta de poder, el fiado.

³⁸ A fines del siglo XV, la tipología notarial castellana presenta aún un importante grado de indefinición. Entre las cartas de obligación es posible distinguir varios tipos documentales: obligación de cambio, de lanas, de carnicería, incluso cartas denominadas de obligación y fianza, que pueden ser similares a las cartas de obligación generales o a las cartas de fianza. Entre las cartas de pago podemos citar de forma especial las cartas de pago y lasto (el acreedor se daba por pagado de una deuda traspasando su derecho al fiador que había hecho efectivo dicho pago). Sobre instrumentos financieros y tipología véase: David Carvajal de la Vega, Mauricio Herrero Jiménez, Francisco J. Molina de la Torre e Irene Ruiz Albi: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales de la provincia de Valladolid (1486-1520), Valladolid, Universidad de Valladolid, 2015, pp. 29 y ss.; y la obra clásica de José Bono Huerta: Los archivos notariales, Sevilla, Junta de Andalucía / Dirección General del Libro, Bibliotecas y Archivos, 1985.

³⁹ Como ejemplo de la primera operación, encontramos a Diego de Aguilar, el mozo, lencero, y Francisco de Cuenca, platero, vecinos de Valladolid, que salieron como fiadores de Pedro de Guadalajara, joyero, vecino también de Valladolid, en el censo perpetuo contraído por este con el convento de Santa Clara de Tordesillas sobre unas casas que el monasterio poseía en la calle de la Costanilla de Valladolid. AHPV, Protocolos, leg. 14065/1, ff. 729v-732r. En cuanto al segundo caso, podemos citar una carta de fianza por la que Francisco Corvalán, vecino de Medina de Rioseco, salía por fiador de Antón Audinete, platero, vecino de la misma villa, para estar «a justicia» con Juan de Villalón, mercader, vecino de Medina de Rioseco, para lo que le demandara, AHPV, Protocolos, leg. 8439, ff. 35v-36r.

⁴⁰ Los legajos 1 y 2 de la sección Protocolos del AHPV son un buen ejemplo de esta concentración. Estas piezas recogen mayoritariamente cartas de arrendamiento de casas propiedad del cabildo de la colegiata a vecinos de la villa durante los primeros años del siglo XVI. D. Carvajal et al.: Mercaderes y cambiadores en los protocolos notariales, pp. 24-28.

⁴¹ AHPV, Protocolos, leg. 1, ff. 383r-392v. y leg. 2, f. 246.

⁴² Sobre un total de 356 casos registrados. Fuentes: AHPV, Protocolos, legs. 1, 29, 32, 4394, 6095, 6813, 7330, 7838, 7839, 7840, 8433, 8434, 8436, 8438, 8439, 8440, 8441, 8448, 14065/1, 20152. 20153, 20154 y 20205, pertenecientes a las localidades de Medina del Campo, Medina de Rioseco, Valladolid, Toledo y menores.

⁴³ AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 495r-496v.

⁴⁴ De nuevo, valga como ejemplo el poder otorgado por Juan del Castillo, vecino de Toledo, a Diego López de Santa Justa, hijo de Pedro López, mercader, vecino de Toledo, y a Fernando Núñez de Madrid, su suegro, vecino de la misma ciudad, para que puedan obligarle como su fiador, hasta en cuantía de 100.000 mrs., para pagar a sus acreedores. AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 565r-566r (Toledo, 1519/08/18).

⁴⁵ «Tiene gran provecho a aquel que la recibe (la fianza), pues está por ello más seguro de aquello que le han de dar o hacer, porque quedan ambos obligados, tanto el fiador como el deudor principal», Partida V, Título XII, Ley I.

⁴⁶ Valgan como ejemplo los estudios de Maria Giuseppina Muzzarelli: «Il credito al consumo in Italia: dai banchi ebarici ai Monti di pietà», o Myriam Greilsammer: «Il credito al consumo in Europa: dai lombardi ai Monti di pietà», ambos en Franco Franceschi, Richard A. Goldthwaite y Reinhold C. Mueller (coords.): Il Rinascimiento italiano e l’Europa. Commercio e cultura mercantile, Treviso, Fonzacione Cassamarca / Angello Colla Editore, 2007, pp. 567-589 y 591-611.

⁴⁷ Hilario Casado Alonso: «Comercio textil, crédito al consumo y ventas al fiado en las ferias de Medina del Campo en la primera mitad del siglo XVI», en Salustiano de Dios et al. (eds.): Historia de la propiedad: crédito y garantía, Madrid, Servicio de Estudios del Colegio de Registradores, 2007, pp. 127-160.

⁴⁸ D. Carvajal: Crédito privado y deuda, pp. 363 y ss.

⁴⁹ Este mismo fenómeno se aprecia en las fianzas otorgadas a los cambiadores públicos en Valladolid. Cuando los regidores requirieron afianzar mejor las mesas de cambio públicas del año 1497, procedieron a exigir nuevas obligaciones de fiadores hasta cumplir con el montante fijado. D. Carvajal: «El control económico de la villa».

⁵⁰ David Carvajal de la Vega: «En los precedentes de la banca castellana moderna: cambiadores al Norte del Tajo a inicios del siglo XVI», en Ernesto García Fernández y Juan Antonio Bonachía Hernando (eds.): Hacienda, Mercado y Poder al Norte de la Corona de Castilla en el tránsito del Medievo a la Modernidad, Valladolid, Ed. Castilla, 2015, pp. 17-37.

⁵¹ AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 828v. Martín de Cáceres, cazador, deudor, y Antonio de Aranda, sastre, fiador, se obligan a pagar a Sebastián Romero, cambiador, vecino de Medina del Campo, 11.250 mrs. de un préstamo, en el plazo de veinte días.

⁵² AHPV, Protocolos, leg. 8440, f. 246v. Sancho López, mercero, vecino de Valladolid, como principal pagador, y Pedro Díez de Ceballos, vecino de Medina del Campo, como su fiador, se obligan a pagar a García Cocón, cambiador, vecino de Valladolid, 28.000 mrs. que había prestado al dicho Sancho López, mediada la feria de octubre de Medina del Campo de 1516.

⁵³ AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 912. Alonso de Baeza, mercader, vecino de Baeza, deudor; Gutierre García y Alonso Ortiz, mercaderes, vecinos de Toledo, y Pedro de Baeza, mercader, vecino de Granada, fiadores, se obligan de mancomún a pagar a Diego de Mazuelo, cambiador, mercader, vecino de Burgos, 100.000 mrs. que le prestó, mediada la feria de Cuaresma de Villalón de 1520.

⁵⁴ AHPV, Protocolos, leg. 7838, ff. 359r-v.

⁵⁵ AHPV, Protocolos, leg. 8434, ff. 45r-47r (1517). Otra de las bulas cuya administración y venta fue concertada ante notario fue la bula de fábrica de San Pedro, concedida por León X, gestionada por el mercader genovés Tomás de Forneri, estante en la Corte. AHPV, Protocolos, leg. 7840, f. 905r (1519).

⁵⁶ Sobre un total de 224 cartas de obligación. Fuentes, vid. nota 42.

⁵⁷ D. Carvajal: «El control económico de la villa».

⁵⁸ Sobre un total de 207 obligaciones cuya cuantía fiada conocemos. Datos en maravedís. Fuente, vid. nota 42.

⁵⁹ La disponibilidad e información aportada por determinadas fuentes son algunas de las razones de mayor peso para comprender esta descompensación, puesto que la documentación fiscal otorga una mayor relevancia formal y documental al fiador en comparación con otros ámbitos donde también aparece esta figura (compraventas, finanzas, depósitos, etc.).

⁶⁰ Sobre las excepciones de la mujer como fiadora: Partida V, Título XII, Ley III. Las más relevantes eran para conseguir la libertad de una persona, por su dote o por fianzas otorgadas libremente renunciando a los derechos que la ley le reservaba.

⁶¹ AHPV, Protocolos, leg. 7839, ff. 397v-399r y leg. 7840, f. 826v.

⁶² Fuente, vid. nota 42.

⁶³ Cuaderno de alcabalas de 1491, M. A. Ladero Quesada: Legislación hacendística, art. 47. pp. 138-139.

⁶⁴ AHPV, Protocolos, leg. 20154, f. 236r; leg. 8436, f. 15r-v y leg. 7838, f. 359r-v, respectivamente.

⁶⁵ AHPV, Protocolos, leg. 7839, f. 657r-v, y leg. 7840, f. 538v.

⁶⁶ AHPV, Protocolos, leg. 7840, ff. 607v-608r, y leg. 20153, f. 333r.

⁶⁷ AHPV, Protocolos, leg. 7330, f. 321r-v.

⁶⁸ AHPV, Protocolos, leg. 6813, ff. 612r-613v.

⁶⁹ F. Ruiz Gómez: Las aldeas castellanas, p. 66.

⁷⁰ AHPV, Protocolos, leg. 8441, f. 679v; leg. 8434, f. 289v, y leg. 8436, f. 97r-v.

⁷¹ Fuente: vid. nota 42.

⁷² Partida V, Título XII, Ley X.

⁷³ ARChV, Registro de Ejecutorias, c. 150, 42.

⁷⁴ Siguiendo lo indicado por la ley: Partida V, Título XII, Ley XI.

⁷⁵ ARChV, Pleitos Civiles, Alonso Rodríguez (D), c. 37, 3.

⁷⁶ R. W. Goldsmith: Premodern Financial Systems, pp. 229 y ss.

CREDIT AGREEMENTS AND LITIGATION OVER DEBT IN ENGLISH MANORIAL COURTS

Phillipp R. Schofield Aberystwyth University

Work on rural credit, especially credit agreements involving members of the peasantry, has grown significantly in the last two decades. Earlier work by Elaine Clark on the fifteenth-century small town of Writtle (Essex) offered a pioneering examination of credit arrangements and the ways in which these intersected. She also offered some careful and important commentary on the form of agreement, which included money loans and sale credits¹. Work on rural credit in the last two decades has chiefly been undertaken by the present author and by Chris Briggs and in a number of publications, including Briggs, major monograph on the topic of rural credit and indebtedness, they have aimed to set out the variety of ways in which credit can be examined for rural England during this period.² This has resulted in discussion of the form and nature of credit arrangements and some identification of distinctions between the kinds of credit extended, the likely differences in terms of credit agreements over time, as well as discussion of the nature of credit agreement.

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As regards the last point, there is some obvious distinction to be drawn between the historical view of credit arrangements as essentially the product of horizontal agreements, conducted typically between parties of generally similar means and without the operation of significantly unequal power relations and, conversely, credit agreements that were created in essentially vertical relationships in which one party, typically the creditor, enjoys a considerably enhanced bargaining position relative to the other party. Briggs, in particular, has sought to show that much credit extended in the medieval English countryside was not the product of distress or unequal bargaining positions, occasioned perhaps by crisis events such as harvest failure or famine; instead, as he has argued, credit agreements were often the product of fairly small-scale exchange between parties dealing in proximity and often in forms of mutual support aimed at facilitating consumption.³ The present author, who has tended to work on credit and indebtedness in the decades either side of 1300, has also, as Briggs has noted, often represented credit in terms of distress and has associated it, on occasion and typically indirectly, with other indices of apparent upheaval in crisis years, including heightened land market activity.⁴ In recent work, the present author has attempted to show that a considerable amount of the credit recovered in the early fourteenth century had been extended in large sums and often extended over what were seemingly quite long periods of time. In particular, there is plentiful evidence for the involvement of relatively wealthy merchants and townsmen engaging, often as creditors, with peasant debtors, and often in credit agreements involving very large sums of money and/or large amounts of goods, especially grain.⁵

In this paper, further reflection will be made upon the role of external agents in developing modes of business dealing in the medieval English village. Before we return to this theme however we will need to set out a more general context. In what follows therefore we will begin with a discussion of credit agreements, their form and evidence for them in the medieval English countryside, especially at the level of the peasantry. We will then discuss evidence for the role of external agents, both as lawyers and attorneys as well as merchants and townsmen in the medieval English village, and consider the likely significance of their role in helping establish modes of dealing and of conducting business at the local level.

CREDIT AGREEMENTS: EVIDENCE AND FORM

Most of the evidence for peasant-level debt in medieval England comes from litigation and, in particular, litigation recorded in manorial courts. We have very little, though certainly some, evidence from the point that credit is extended but we do have a great deal of information arising from the point of recovery and, given that, recovery recorded as part of the process of debt litigation. While some of that material resides in fora other than manorial courts, including central courts, borough courts and other ancillary documentation, such as wills, the bulk of evidence and, to date, the greater part of historical investigation is focussed upon manorial courts. Manorial courts in England survive in great number from the second half of the thirteenth century and have been used extensively by historians of the medieval English countryside and in particular of the peasantry since the end of the nineteenth century.⁶ Some of the earliest work on manorial courts and the evidence they offered was undertaken by legal historians and, in particular, F. W. Maitland whose seminally important study of the customary law in manorial courts has remained a standard point of reference for more than a century.⁷ That said, a great deal of the work on the medieval English peasantry has not been focussed upon law and litigation in the manorial court; instead, considerable emphasis has been upon such topics as socio-economic dealing, the land market, lord-tenant relations, rent and so on. Only intermittently, at least until quite recently, has the study of litigation featured prominently in work in this area and it remains a main topic of research for only a handful of researchers.⁸

To date a good deal of relevant research has been aimed at establishing the typicality of debt, its extent and frequency, as well as understanding the form and structure of credit agreements and resultant debt in so far as this can be understood from litigation. Historians primarily interested in inter-personal litigation in the manorial court have challenged any easy assumptions regarding the significance of patterns in the frequency of debt litigation relative to external factors such as harvest failure or fluctuation in the money supply.⁹ They have suggested that a detailed understanding of the law, and most especially due process, informing debt recorded as litigation in manorial courts is required before any confident assertions can be made regarding the applicability of debt litigation evidence to changing socio-economic conditions. With that in mind, the last decade or more has seen a number of detailed studies of litigation in manorial courts; this work has, in the broadest terms, suggested the following ten points:

First. Most debt litigation in manorial courts was not supported by written evidence; typically litigation was conducted between parties who had, at an earlier date, established their credit agreement through oral agreement, most likely supported by witnesses.

Second. This tendency for oral agreement is evidenced in the litigation, often in terms of the proof employed in order to secure judgement; the use of oath-helpers, through compurgation or wager of law, makes clear the kind of evidential basis that most likely predominated, namely the oral oath of the party supported by the oaths of his or her helpers, the latter intended to attest to the integrity of the party.¹⁰

Third. Where reference to other than oral proof is made it tends to relate to relatively weak forms of non-oral or written proof; in particular there is evidence for the use of tallies (notched sticks used to record an account) and written instruments of various and often indistinct kinds. Parties to litigation also used devices, such as the payment of a token coin (so-called earnest or God’s money) intended to aid the subsequent mental recovery of contract details. There is also some indication, especially in debts arising after a significant period of time or following the death of a party to a debt, that individuals maintained, in some form, records or accounts of debt, though little or no direct evidence of any kind survives in this respect.¹¹

Fourth. On occasion, but quite rarely, parties to a credit agreement made use of the manor court in order to register or recognise their agreement through the entering of a formal record or recognisance of the agreement in the court roll; as noted, relative to litigation over failed credit agreements such agreements recorded at the inception of the debt are rare.¹²

Fifth. There is almost no evidence for the use of sealed documents in the inter-personal debt litigation recorded in the manor court; this would be consistent with the legal view that the manorial court, a private seigneurial court in which compurgation was used as the foundation of most pleading, did not have the jurisdictional authority to try cases involving specialty (i. e. where sealed instruments, such as bonds, were in evidence). There is also the closely related point that cases in which compurgation was employed as the evidential basis implied of necessity that sealed documents were not available as proof, since the latter was a stronger proof and defeated a claim based upon the evidence of oath helpers (according to the legal maxim that ‘specialty bars compurgation).¹³

Sixth. Much of the litigation recorded in manorial courts could be quite formulaic and laconic; there is clear evidence of a development of process and a general tendency for a more consistent and sophisticated recording of litigation by the end of the thirteenth and the beginning of the fourteenth centuries. While the earliest courts, from the middle decades of the thirteenth century, are far less systematic in their recording of litigation, there is plentiful evidence for a standardisation of terminology by the early fourteenth century.¹⁴

Seventh. While inquest jurors were increasingly involved in other forms of action, such as trespass and litigation over land, debt litigation was less frequently tested by inquest jury and, instead, compurgation tended to predominate, surviving as a mode of trial throughout the middle ages in debt and long after it had been superseded by supposedly more modern forms of proof as employed in other forms of action.¹⁵

Eight. The general development of litigation within manorial courts in the period c. 1250 to c. 1350 suggests that, rather than creating their own localised forms of action and processes, most manorial courts were, to a greater or lesser extent, developing their law in parallel with developments in the king’s court, in other words at common law. The processes by which this relationship between customary seigneurial courts and common law courts was established and legal practice shared between them remains uncertain but it is reasonable to suppose that practice in the manorial court was influenced by a range of factors including those who moved between central courts and local and private courts. Such people included estate officials, such as stewards, as well as their manorial lords, attorneys and legal advisers and, of course, litigants. Some of the latter were, of course, peasants including villeins or unfree peasants, but they also included, as we shall discuss more fully in a later section of this essay, litigants from beyond the manor, such as merchants and townsmen.

Ninth. Despite, or perhaps in part because of, the previous point it is clear, as Chris Briggs has pointed out, that some manor courts developed legal processes far more fully and effectively than did others. In such instances it seems likely that certain courts within a region, perhaps encouraged by their manorial lord, developed as courts of litigation, and attracted a range of business accordingly, while other courts remained largely free of inter-personal litigation of the kind discussed here.¹⁶

Tenth. While a good deal of the litigation, as already noted, is quite often formulaic and quite brief, on occasion individual cases are detailed and include discussion of substantive elements of law. It seems at least probable that on such occasions, individuals, possibly including professional lawyers, with a sophisticated level of legal awareness encouraged the introduction of informed and complex legal argument as part of pleading in some manor courts.¹⁷

It is elaboration and further investigation of this last point, in particular, and its implications for our understanding of the nature of credit agreements and indebtedness in the medieval village that will be the main element of the second part of this essay. Together the above points also help to illustrate that law in manorial courts was in a condition of considerable development in the decades either side of 1300 and that it was sufficiently flexible as to be open to an array of potential influences.

EXTERNAL AGENTS AND CREDIT IN THE MANOR COURT

There seems little doubt that a number of individuals other than peasant litigants themselves were involved in the debt litigation recorded in manorial courts. We can explore this in two respects, firstly in terms of third party involvement in litigation, as regards such roles as attorney and legal advisor, as well as those who organised the processes of the court. Secondly, and no less importantly, of course, there is the issue of involvement of non-peasant litigants in debt litigation recorded in the manor court. We deal with each issue in turn.

Third-party involvement in debt litigation recorded in the manor court

The extent to which the law in the manorial court was informed by external agency is a moot point. While there is no doubt that peasant litigants were on occasion capable of generating their own legal argument and engaging in pleading in the manorial court through their own agency,¹⁸ it is also clear that pleading was also influenced by third parties, sometimes identified as attorneys, who may conceivably have included professional pleaders. Stewards and other manorial officials also influenced the process of law in the manorial court; while their oversight was not directed wholly or indeed largely at inter-personal litigation but was concentrated upon maintaining their lord’s interest in matters pertaining to, in particular, landholding, land transfer and rent, it is also evident, from occasional entries in the manor court, that stewards helped to direct and, indeed, to encourage inter-personal litigation, points to which we will return below.

In the first instance, it is clear that peasants in the manor court could act as advisers to peasant litigants and help thereby to form the process of law and litigation in the manor court. In such instances, peasant advisers, undoubtedly sometimes referred to as attorneys in manorial court litigation, were often themselves experienced litigants who brought their expertise to the benefit of other villagers, and for financial or other gain.¹⁹ Occasional detail in litigation referencing attorneys or other named supporters of litigants suggests that peasant «attorneys» might help their fellow peasant litigant in organising writs and access to other courts; they might also simply appear in the court or, on occasion at a certain stage of a contract (for instance as payer or recipient of goods or money) on behalf of the litigant, essentially as a proxy and not necessarily as someone bringing specialised knowledge or great insight to the case. There is also a marked, though not absolutely consistent, tendency for female litigants to make use of male attorneys.²⁰

It is far from straightforward, without a thorough prosopographical analysis of the relevant corpus of manorial court rolls, to distinguish between peasant «attorneys» and external attorneys whose presence in the court is solely as a professional legal adviser. Where we gain a sense of legal advisors present in debt cases and, as likely, guiding the litigant or handling their case for them, it still remains difficult to identify with any certainty the extent of their role. Take, for instance, a debt case from Horsham St Faith (Norfolk) in May 1316, in which the plaintiff, through his named attorney (William Lauk’), sought recovery of 52 s. owing from the purchase of pigs and other chattels. The defendant agreed that he owed 32 s., but denied owing the additional 20 s., the latter to be subject to an inquest at a later court. We might assume that the attorney led the pleading in this case on behalf of the plaintiff but the bare details of the case do not permit us a closer view.²¹ At Bottisham in August 1344 a group of thirteenth plaintiffs brought their case against a single defendant through their attorney, Thomas Dykeman. The case suggests a fairly involved legal process; for instance, the sum claimed by the plaintiffs was 39 s. 11 d. ¾, the maximum possible sum and just below the 40 s. limit for the jurisdiction of the manor court.²² Dykeman also appears as a pledge in support of claimants in other, possibly related cases at about the same time; his family name, which can also be found elsewhere in the rolls, suggests that he was local and we should not necessarily think of him as a professional pleader whose presence in the manor court at Bottisham is explicable only in such terms.²³ In other instances, it is perhaps the detail, sophistication and frame of reference of the pleading that at least hints at outside agency and the kind of legal expertise which it may have been less easy for a peasant «attorney» to have acquired through their experience as a litigant. Relatively few debt cases recorded in the manor court include details of the pleadings used by the parties in order to construct a case; from time to time, however, we are offered a sense of the details of pleadings. So, for instance, at Longdon (Staffordshire), the attorneys of plaintiffs generated quite complicated and technical pleas, sometimes moving beyond the immediate in order to use a technicality, such as the requisite number of individuals required to permit an adjournment.²⁴

It is also reasonably evident that rather more involved legal argument was brought into pleading by manorial officials, sometimes from within particular jurisdictions and, on occasion, from neighbouring or competing jurisdictions. At Longdon (Staffs.), for instance, bailiffs from neighbouring manors served as attorneys for individual peasant litigants. This appears to have been so in the case of on William le Messager who appears frequently in the Longdon manor court as an attorney, representing more than one litigant, but was also, seemingly, bailiff on a neighbouring manor.²⁵ Furthermore, and albeit rarely, bailiffs from neighbouring manors sometimes came into the manorial court of lords other than their own in order to recover wayward litigants, especially villein defendants and, arguing relevant seigneurial authority, return them and, conceivably the case, to their own jurisdiction.²⁶

Stewards were also very important in facilitating and developing inter-personal litigation in the manor court. As estate officials charged with helping to oversee the running of the estate and its constituent manors, stewards were well-placed to direct and adjust matters of day-to-day management. They also responded to the dictates of their lord and were tasked with implementing their policy changes; as Razi and Smith suggest, the surge in business activity, including the introduction of inter-personal litigation in manorial courts from the third quarter of the thirteenth century may have a great deal to do with stewards acting upon seigneurial initiatives intended to make their courts effective and remunerative centres for inter-personal litigation.²⁷ On occasion the intervention of stewards could be deeply unwelcome and cause significant and damaging change to the management of fora such as the manor courts.²⁸ In other instances, stewards undoubtedly sought to ensure that manorial courts functioned effectively as courts capable of providing a secure and effective jurisdiction capable of meeting the demands of potential litigants and, no doubt especially, wealthy plaintiffs capable of judging their court against the standard of other courts, including borough, county and central courts. That they were capable of doing so is explained in no small part by their own experience in a variety of legal fora and jurisdictional contexts. Paul Brand has described the career of an early fourteenth-century steward, Henry Tyrell of Mannington (Norfolk), who combined his experience in a variety of offices with his own considerable activity as a litigant in informing his work as an estate steward. Tyrell, a member of the minor local gentry, was immersed in his own litigation but also used that to the advantage of others, including the free and unfree tenants who, along with his employer, his lord, he also advised as part of his role in managing his lord’s estate.²⁹ It is clear that stewards sometimes presided in court and litigants sought legal and, more particularly, processual advice from them on occasion. At Ruyton (Shropshire), for instance, the defendant requested that the steward allow him to withdraw before pleading in order to take legal advice, something to which the steward, contrary to the wishes of the court and in a manner that on this occasion actually proved fatal to the defence, agreed.³⁰ All of the above discussion in this section can be taken to suggest that in the manor court, or at least in those manor courts in which inter-personal litigation was especially prevalent, there was both an identified process for overseeing litigation and for allowing litigants, and especially plaintiffs, to bring their cases to court with reasonable confidence that the court would offer an effective forum for a satisfactory resolution of their dispute. It is important to note in this respect, therefore, that the court was, especially in the case of inter-personal litigation, open to the influence not only of the lord and his officials but also of the litigants and potential litigants themselves. If, from the point of view of the lord, his court was to be an attractive venue in which wealthy litigants would sue and, thereby, enhance his seigneurial revenue through the fines, amercements and the associated business that came into his court as a result it needed to be a suitable and trustworthy forum for those litigants.

Non-peasant litigants in debt cases in the manor court

Undoubtedly, a great deal of lending and borrowing at the level of the medieval village took place between villagers and a high proportion of such agreement did not end up as litigation in manorial or other courts. Chris Briggs’ work has illustrated the evident tendency for the majority of credit agreements which led to debt litigation in the manorial court to be small in scale. Briggs’ close investigation of debt cases on five separate manors in the fourteenth century indicates that most debts were less than 5 s. and that, on some manors at least, very small debts which must chiefly have been intended to support consumption rather than investment predominated.³¹

Despite the evidence of large numbers of small debts, it is also strongly evident that a great deal of the capital which was contested in litigation was concentrated in a relatively small number of cases. As Briggs also notes, while even some of the relatively small debts involved quite large sums, if considered in terms of day-to-day expenditures, there were also other debt cases recorded in the manor court cases which involved really quite substantial sums.³² While the typical, but not always consistently applied, limit of 40 s. inevitably contained the extent of debts recorded in the manor court, even debts of 20 s. or more involved, by most contemporary standards, large sums of money.³³

While the number of debt cases involving large sums of money was certainly less than the number of cases in which smaller sums were pursued, it remains the case that, on more than one level, the debt cases in which large sums were contested, were very important. In a previous paper, it has been shown that a simple count of proportions of cases relative to the amount of the debt risks under-representing the significance of cases involving large debts.³⁴ The present author has looked at the range of available published data on debt litigation in English manorial courts and by, for instance, examining the proportion of cases identified by Briggs for the Cambridgeshire manors of Oakington, Dry Drayton and Cottenham in the later thirteenth and early fourteenth centuries has shown that while the proportion of debts worth 5 s. or less on these manors was in excess of 70 per cent, the total value of debts worth 5 s. or less was, by estimation, less than 15 per cent. By contrast, debts to the individual value of 10 s. or more accounted for upwards of 70 per cent of the total value loaned on the three manors while their number accounted for just 17.3 per cent.³⁵ In the first instance, but a point that will be explored less in this paper than elsewhere, the recovery of the larger debts was important in terms of its significance for the extent of available capital operating within particular locales. At Hinderclay (Suffolk) in the second decade of the fourteenth century, for instance, just under 11.5 per cent of all debt cases accounted for a little over 45 per cent of the total capital in litigation in that decade, in other words there was a small number of very large (in terms of the size of debt) cases but that these were highly significant in terms of contested capital.³⁶ In what follows we can to explore in a little more detail cases involving relatively large sums of capital of this kind and consider the implications of such cases for the wider context of credit extension and debt litigation in the medieval village in the later thirteenth and early fourteenth century.

As already discussed, individual litigants, estate officials and attorneys, could have significant influence upon the nature and process of litigation conducted in the manor court, especially during a period when the manorial court as a jurisdictional entity was evolving and at the same time as were common law courts. Just as in other periods, when lords were prepared to respond to external influence and to adjust their modes of dealing accordingly, so we can see lords in the later thirteenth and early fourteenth century allowing their courts to be moulded to suit the needs to litigants and, especially, wealthy and relatively powerful litigants capable of dealing in relatively large sums of money. We can test this proposition further here by consider the introduction of external forms of dealing at law into the manor court.

Much that passed as litigation in the manor courts of the later thirteenth and early fourteenth centuries responded to patterns and developments also evident in common law courts of the same period. So, for instance, the appearance and development of discrete forms of action, insistence on correct pleading, rules as to the use of particular proofs and so on, responded to and reflected, sometimes with a degree of local colour, conventions and forms also evident in the emergent case law in central common law courts. There remains much potential work to be done in exploring the chronology as well as the direction of flow in such relationships; the assumption is, and it is implicit in much that is written here, that legal development commenced in central courts and was subsequently adopted, sometimes in suitably modified form, in local and seignueurial courts; while this is most likely to have been the case, it is also possible to suggest movement in the opposite direction, an emerging process of law finding favour in local courts before transferring to more central courts. In the final part of this discussion, as an example of transmission of law into the manor court, we can consider the ways in which external plaintiffs and creditors often brought their own expectations of law and process into the manor court and, most especially, sought to apply merchant law, lex mercatoria, within the private jurisdiction of the seigneury.

What was lex mercatoria c. 1300? As is reasonably well known, merchant law was a growing corpus of laws and conventions a main thrust of which was to permit dealing between merchants to be conducted both with relative speed and a good degree of confidence. As James Davis writes, lex mercatoria was «important in defining sales, the procedures of debt litigation and the nature of contractual obligations».³⁷ One important feature of the developing merchant law in this period was the ambition to prevent debtor-defendants from slowing recovery and especially by using compurgation in order to deny their obligation. The principle behind this was clearly that plaintiff-creditors needed the facility to recover obligations efficiently, the beneficial consequence of which was that capital was returned with relative speed to them and thereby into commerce. In order, for instance, to avoid a lengthy process, a creditor seeking repayment under merchant law could use a recognised formula in his pleading in order to effect a speedy recovery. Thus, later thirteenth and early fourteenth-century custumals from Ipswich (Suffolk) and Norwich (Norfolk) state clearly the obligation upon defendant-debtors to dispense with a defence founded upon compurgation should the plaintiff claim that the original contract had been agreed in a market in the presence of witnesses.³⁸ These kinds of convention were on occasion carried into the manor court.

In certain instances, it is quite clear that the plaintiff is an external agent, familiar with merchant law and able to apply it in the manor court. So, for instance, at Walsham le Willows in 1321 the defendant was pursued in the manor court there on account of a contract established in 1319 at Ipswich through which the defendant was to render regular accounts relating to the money lent, and this was to be done according to merchant law and a written agreement between the parties. The defendant acknowledged the debt without defence.³⁹ In three separate cases at Great Barton in 1316 the same plaintiff, Stephen de Haukedon pursued three different individuals for the recovery of large sums of grain, the first of which was proved by sealed tally; in only one of the three cases, the last and the most poorly preserved, did the defendant seek to defend himself, possibly again suggesting that de Haukedon was a wealthy external agent able to bring the force of merchant law into the manor court.⁴⁰ More explicitly, a defendant at Horsham St Faith (Norfolk) was distrained to answer a claim that he had bought iron at Norwich, the sum for which was to repaid at the local market (nundine) at Horsham; as the defendant had failed to pay the debt, the plaintiff sought recovery by offering to show his tally accordingly to law merchant. The defendant, faced with this proof, acknowledged the debt.⁴¹ Such instances suggest that, within the manor court, the force of merchant law was clearly recognised and that defences, notably compurgation, were recognised to be weak or inadmissible defences in certain compelling circumstances.

This kind of external influence upon the development of law and, over time, the kinds of tactical and procedural approaches developed in the manor court requires further investigation. While there is plentiful evidence that defendants remained committed to compurgation as an effective defence in most instances, they clearly needed to be wary of its limits especially when confronted by a combination of proof in the form of tally or other written instrument, as well as witness proof including attesting a prior contract entered into at a market or market town. Further research in this area might, for instance, consider the possibility that peasant litigants introduced such devices into their own pleading, not the least of which would be reference to contracts established within a market location. It is also worth noting that, in so far as can be gleaned to date from an examination of debt litigation recorded in court rolls from western and eastern England in the later thirteenth and early fourteenth centuries, references to merchant law are relatively common in the eastern England sample but far less evident in western England. It is likely that a combination of factors, including proximity to a number of significant commercial centres in which merchant law was, as we have seen in the above references to its codification at Norwich and Ipswich, frequently employed and a commercialised regional economy in which economic interaction between towns and their hinterlands were commonplace, help explain the greater tendency for merchant law to reach into manorial courts in eastern England. Such regional features of legal development add to our sense of a developing law in manorial courts which, while in many respects strikingly uniform, also displays nuance and subtle distinctions.⁴²

¹ Elaine Clark: «Debt Litigation in a Late Medieval English Vill», in James Ambrose Raftis (ed.): Pathways to Medieval Peasants, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1981.

² See, for example, Chris Briggs, Credit and village society in fourteenth-century England, Oxford, Oxford University Press, 2009; idem: «Manor court procedures, debt litigation levels, and rural credit provision in England, c. 1290-c. 1380», Law and History Review, 24 (2006), pp. 519-558; Phillipp R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market in a late thirteenth century Suffolk village», Agricultural History Review, 45, part 1, (1997), pp. 1-17; idem: «L’endettement et le crédit dans la campagne anglaise au moyen âge», in Maurice Berthe (ed.): Endettement paysan et crédit rural dans l’Europe médiévale et moderne. Actes des XVIIes journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran, Septembre 1995, Toulouse, Mirail, 1998, pp. 69-97; idem: «Access to credit in the medieval English countryside», in Phillipp R. Schofield & Nicholas J. Mayhew (ed.): Credit and debt in medieval England, Oxford, Oxbow, 2002, pp. 106-126; idem: «Credit and debt in the medieval English countryside», in Il Mercato della Terra. Secc. XIII-XVIII, Prato, Monash University, 2004, pp. 785-796; idem: «The social economy of the medieval village», Economic History Review, 61 S1 (2008), pp. 38-63.

³ C. Briggs: Credit and village society.

⁴ C. Briggs: Credit and village society; Ph. R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market»; Ph. R. Schofield: «Social economy».

⁵ Phillipp R. Schofield: «Dealing in crisis: external credit and the early fourteenth-century English village», in Martin Allen and Matthew Davies (eds): Medieval Merchants and Money: Essays in honour of James L. Bolton, London IHR, 2016, pp. 253-270.

⁶ For a discussion of the historiography of the medieval English peasantry, see Phillipp R. Schofield: Peasants and historians. Debating the medieval English peasantry, Manchester, MUP, 2016. See also Christopher Dyer: «Les Cours Manoriales», Études Rurales, 103-104 (1986), pp. 19-28 and on the appearance of manorial court rolls, Zvi Razi & Richard. M. Smith: «The Origins of the English Manorial Court Rolls as a Written Record: A Puzzle», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, Oxford, Oxford University Press, 1996, pp. 36-68.

⁷ Select Pleas in Manorial and Other Seigneurial Courts, ed. and tr. Frederic W. Maitland, Selden Society, 2, 1889.

⁸ In addition to the works listed above by Chris Briggs and Phillipp R. Schofield (n. 2), an important and earlier contribution was made by John S. Beckerman: «Customary law in English manorial courts in the thirteenth and fourteenth centuries», unpublished University of London PhD, 1972; the core of his thesis was subsequently published as idem, «Procedural innovation and institutional change in medieval English manorial courts», Law and History Review, 10 (1992), pp. 198-252. Other historians have touched on such issues as part of their wider campaign of research; see especially, Lloyd Bonfield: «The Nature of Customary Law in the Manor Courts of Medieval England», Comparative Studies in Society and History, XXXI (1989), pp. 515-534; idem: «What did Edwardian Villagers Mean by «Customary Law»?», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 103-116; John S. Beckerman: «Toward a Theory of Medieval Manorial Adjudication: the Nature of Communal Judgements in a System of Customary Law», Law and History Review, xiii (1995), pp. 1-22; Paul R. Hyams: «What did Edwardian Villagers Understand by Law?», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 69-102. Hyam’s important essay and the themes arising have recently been discussed in Chris Briggs & Phillipp R. Schofield: «Understanding Edwardian villagers’ use of law: some manor court litigation evidence», Reading Medieval Studies, XL (2014) (guest ed. D. Postles), pp. 117-139.

⁹ C. Briggs: Credit and village society; also Ph. R. Schofield: «Dearth, debt and the local land market»; idem: «Credit, crisis and the money supply, c. 1280-c. 1330», in Martin Allen & D’Maris Coffman: Money, Prices and Wages. Essays in Honour of Professor Nicholas Mayhew, Basingstoke / New York, Palgrave, 2015, pp. 94-108.

¹⁰ On which, see, for instance,

¹¹ Phillipp R. Schofield: «Credit and its record in the later medieval English countryside», in Philipp R. Rössner (ed.): Cities – Coins – Commerce. Essays presented to Ian Blanchard on the occasion of his 70th Birthday, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2012, pp. 77-88.

¹² For court roll-recorded recognizances, see for instance the examples given in Phillipp R. Schofield: «Peasant debt in English manorial courts: form and nature», in Julie-Mayade Claustre (ed.): La Dette et le juge. Juridiction gracieuse et jurisdiction contenieuse du XIIIe au XVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, p. 57, and the discussion by C. Briggs: Credit and village society, pp. 79-82 and p. 225 for a further example.

¹³ See, for instance, Ph. R. Schofield: «L’endettement et le credit», p. 81; J. S. Beckerman: «Customary law», p. 286.

¹⁴ See, for instance, some examples offered in C. Briggs: Credit and village society, pp. 224-227. The development of law in the manor court in the period c. 1250-c. 1350 is the subject of the project «Private law and medieval village society: personal actions in manor courts, c. 12501350», funded by the Arts and Humanities Research Council, 2006-2009, grant reference AH/ D502713/1; the project team comprised Chris Briggs and Matthew Tompkins as project researchers; Richard Smith was principal investigator, with the present author as co-investigator. A volume arising from the project and edited by Briggs and Schofield will be published by the Selden Society: http://www.law.harvard.edu/programs/selden_society/pub.html#avp (last accessed 16 March 2015).

¹⁵ See, in particular, the discussion of these developments in J. S. Beckerman: «Procedural innovation».

¹⁶ C. Briggs: «Manor court procedures».

¹⁷ Phillipp R. Schofield: «Peasants, litigation and agency in medieval England: the development of law in manorial courts in the late thirteenth and early fourteenth centuries», in Janet Burton, Phillipp R. Schofield & Björn Weiler (ed.): Thirteenth-century England XIV, Woodbridge, Boydell and Brewer, 2013, pp. 15-25.

¹⁸ See, for discussion of this particular point, C. Briggs & Ph. R. Schofield: «Understanding Edwardian villagers’ use of law», pp. 132-135.

¹⁹ For an instance, see Phillipp R. Schofield: «Peasants and the manor court: gossip and litigation in a Suffolk village at the close of the thirteenth century», Past and Present, 159 (1998), pp. 15-16, and especially n. 47.

²⁰ See, for instance, Messing, court of 15 May 1296, Essex Record Office D/DH X1; East and West Hanningfield, court of 28 April 1332, Essex Record Office D/DP M 832; Foxton, court of 7 Oct. 1275, Trinity College, Cambridge Box 27 roll 3.

²¹ Horsham St Faith, court of 31 May 1316, Norfolk Record Office, NRS 19505. For a similar instance, see West Halton, court of 14 July 1315, Westminster Abbey Muniments 14545.

²² Bottisham, court of 14 Aug 1344, The National Archive, SC2/155/49, 29 r. and d.

²³ See, for instance, Bottisham, court of 2 Oct. 1344, The National Archive [hereafter TNA] SC2/155/49, 30r.

²⁴ Ph. R. Schofield: «Peasants, litigation and agency», pp. 22-23.

²⁵ Langdon (Staffs), Staffordshire Record Office D(W)1734/2/1/598, m.1r, courts of 12 January 1328, 18 January 1334, 9 October 1335; noted as bailiff of Norton Canes or Wyrley, court of 26 April 1328, D(W)1734/2/1/598, m.4r.

²⁶ Langdon (Staffs), court of 12 January 1328, Staffordshire Record Office D(W)1734/2/1/598, m.1r.

²⁷ Zvi Razi & Richard M. Smith: «The origins of the English manorial court rolls as a written record: a puzzle», in Z. Razi & R. M. Smith (ed.): Medieval Society and the Manor Court, pp. 45-49.

²⁸ See, for instance, the complaints against the actions of the steward of Christ Church Canterbury by the tenants of Bocking, John F. Nichols: «An early fourteenth century petition from the tenants of Bocking to their manorial lord», Economic History Review, II (1929-30), pp. 300-307.

²⁹ Paul A. Brand: «Stewards, bailiffs and the emerging legal profession in the later thirteenth century», in Ralph Evans (ed.): Lordship and learning. Studies in memory of Trevor Aston, Woodbridge , Boydell & Brewer, 2004, pp. 139-153.

³⁰ Ruyton (Shropshire), court of 3 June 1344, Shropshire Archives 6000 /7401, m.6r.

³¹ C. Briggs: Credit and village society, pp. 57-62.

³² Ibidem, pp. 60-61.

³³ Ibidem, p. 60; a sum of 20 s. was equivalent to almost four quarters of wheat, based on David Farmer’s average grain price for the period 1330/1-1346/7, or in other words, sufficient higher quality grain to feed four people for a year, David L. Farmer: «Prices and wages», in Herbert E. Hallam (ed.): The Agrarian History of England and Wales, vol. II, 1042-1350, Cambridge, Cambridge University Press, 1988, pp. 787-791.

³⁴ Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis».

³⁵ Ibidem, Figure 1 and associated discussion citing data in C. Briggs: Credit and village society, p. 59.

³⁶ Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis», Figure 2 and associated discussion citing data in Ph. R. Schofield: «Social economy», p. 54.

³⁷ James Davis: Medieval market morality. Life, law and ethics in the English marketplace, 1200-1500, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, pp. 207-211 (quote at p. 208); Select cases concerning the law merchant, volume 1, ed. Charles Gross: Selden Society, 23, 1908, pp. xxiii-xxvii.

³⁸ Robert L. Henry: Contracts in the local courts of medieval England, London, Longmans, 1926, pp. 68-69.

³⁹ Court rolls of Walsham-le-Willows, 1303-1350, ed. Ray Lock, Suffolk Records Society, XLI, 1998, p. 92.

⁴⁰ Great Barton, court of 17 March 1316, Suffolk Record Office E18/151/1; the case is discussed in more detail in Ph. R. Schofield: «Dealing in crisis».

⁴¹ Horsham St Faith, court of 7 Oct. 1311, Norfolk Record Office, NRS 19498.

⁴² For similar points but in a different context, see Phillipp R. Schofield: «English law and Welsh Marcher courts in the late-thirteenth and early-fourteenth centuries», in Ralph A. Griffiths & Phillipp R. Schofield (ed.): Wales and the Welsh in the Middle Ages, Cardiff, University of Wales Press, 2011, pp. 108-125.

LA HACIENDA MUNICIPAL DE ZARAGOZA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIV:

OPERACIONES FINANCIERAS Y RELACIONES CREDITICIAS*

Mario Lafuente Gómez Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN¹

El concepto de «hacienda municipal» referido a las villas y ciudades medievales constituye una convención historiográfica que sirve para nombrar al conjunto de estructuras y actividades económicas situadas en la órbita de las autoridades locales. En las poblaciones de la Corona de Aragón este tipo de funciones fueron alineándose durante el siglo XIII en torno a cargos específicos, denominados clavaris, clavers, síndics o, como en el caso de la mayoría de las grandes villas y ciudades aragonesas, mayordomos. La primera reglamentación del cargo de mayordomo correspondiente a la ciudad de Zaragoza se inserta en las ordenanzas ratificadas por Jaime II el 23 de mayo de 1311, en las que se regula el sistema de elección de los magistrados locales, sin incluir detalles sobre sus competencias. Según esta normativa, los mayordomos debían ser nombrados al mismo tiempo que lo eran los jurados, el procurador de la ciudad, los almutazafes, el portero y el encargado de los muros, con la particularidad de que su origen debía situarse necesariamente en una de las nueve parroquias mayores de la ciudad, quedando al margen, por lo tanto, los vecinos procedentes de las otras seis parroquias urbanas, identificadas como menores.²

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Muy posteriormente, el 15 de agosto de 1391, Juan I aplicó algunas modificaciones sobre la reglamentación anterior, sin alterar sustancialmente su contenido en lo relativo al sistema de elección de las magistraturas, aunque introduciendo una pormenorizada descripción sobre las funciones concretas de cada una de ellas.³ En estos estatutos, el mayordomo se define como el responsable de recibir los ingresos del concejo, así como de efectuar los pagos de todas las cargas que afectasen a la ciudad, previa autorización de los jurados. Su salario se fijaba en 1.000 s. j. anuales, cantidad idéntica a la de cada uno de los jurados de la ciudad, y, antes de tomar posesión de su cargo –acto que se producía cada 15 de agosto–estaba obligado a depositar una fianza de 40.000 s. j.⁴ Esta reglamentación incluyó además una novedad significativa, al imponer un procedimiento de auditoría sobre la contabilidad tanto del mayordomo como de cualquier otro oficial urbano con responsabilidades económicas. Al frente de dicho procedimiento se situaban dos contadores, nombrados específicamente para ello y renovados anualmente.⁵

Asimismo, la responsabilidad de poner por escrito la contabilidad del cargo de mayordomía recaía, según las ordenanzas emitidas por Juan I, en un notario escogido por el propio mayordomo. En términos económicos, el contrato del notario se traducía en un salario anual de 300 s. j. y un máximo de 12 dineros por cada uno de los albaranes que expidiera, independientemente de las cuantías consignadas.⁶ Sin embargo, a pesar de que la ciudad de Zaragoza conserva una buena serie de documentación notarial, cuyos protocolos más antiguos datan de la década de 1320, los primeros registros sistemáticos de la contabilidad dirigida por el mayordomo de la ciudad que se han podido localizar son relativamente tardíos, ya que corresponden a finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente. Se trata, concretamente, de tres cuadernos de albaranes de la mayordomía, todos ellos redactados por el notario Gil de Borau. El primero de ellos corresponde al ejercicio 1368-1369, cuando ejerció el cargo Domingo de Flores, y es un cuaderno de 64 folios (rectos y vueltos), encuadernado en pergamino y cosido, posteriormente, en el registro de las actas de dicho notario de 1369.⁷ El segundo da cuenta de la mayordomía de Miguel de Azara, en 1372-1373, consta de 60 folios (rectos y vueltos) y está incluido en el registro notarial de 1373.⁸ El tercero y último desglosa el ejercicio de Juan Jiménez de Sinués, que data de 1373-1374, se organiza en 38 folios (recto y vuelto) y está añadido en el registro de 1374.⁹

El seguimiento por escrito de la gestión desarrollada por los mayordomos, a juzgar por el contenido de los tres cuadernos que acabamos de citar, incluía el registro de todas aquellas partidas de ingresos y gastos ordinarios del concejo, así como algunas de las consideradas extraordinarias, normalmente justificadas por demandas de la monarquía o, sencillamente, por actuaciones estrictamente municipales. Es importante tener en cuenta, no obstante, que la gestión del mayordomo no centralizaba, necesariamente, la totalidad de la actividad económica del municipio, por lo que es muy probable que existieran conceptos cuyo seguimiento se llevase a cabo mediante instrumentos paralelos. Este fue el caso, por ejemplo, de algunos de los servicios otorgados a Pedro IV durante la guerra con Castilla, cuya administración exigió el nombramiento de comisiones específicas emanadas bien de las Cortes o bien del concejo o los capítulos parroquiales, y cuya actividad conocemos gracias a la conservación de albaranes de cobro, más o menos dispersos entre los protocolos notariales. La cuantía y finalidad de este tipo de operaciones extraordinarias justificaron, sin duda, la organización de un entramado administrativo particular, pero, junto con ellas, otras actividades económicas pudieron discurrir también por cauces diferentes al de la mayordomía de la ciudad.

Los tres ejemplares indicados son los únicos cuadernos de albaranes del siglo XIV hallados, hasta la fecha, entre los fondos notariales zaragozanos, aunque es probable que un registro sistemático de los protocolos del último cuarto de la centuria pueda aportar algún volumen más. La misma valoración puede hacerse extensiva al siglo XV, para el que se conocen tres ejemplares, datados en 1456, 1472 y 1477.¹⁰ De otro lado, la documentación municipal conservada incluye libros de actos del concejo solo a partir de 1440 y de forma discontinua,¹¹ si bien la información contenida en estos registros puede ampliarse, a partir de 1444, gracias a la conservación de varias relaciones de bienes inmuebles pertenecientes al concejo.¹²

En perspectiva comparada, la hacienda municipal zaragozana presenta evidentes paralelismos en los otros dos grandes centros urbanos de la Corona de Aragón –Barcelona y Valencia–, particularmente en lo referente al marco institucional y su evolución durante la Baja Edad Media.¹³ En estas dos ciudades, la gestión de la actividad económica del municipio se organizó a partir de la figura del clavario, cuyas funciones equivalen a las desempeñadas por el mayordomo en Zaragoza. Las primeras referencias al cargo, de hecho, son prácticamente contemporáneas en las tres ciudades, ya que, mientras la mayordomía de Zaragoza está documentada a partir de 1311, como hemos señalado, los clavarios de Barcelona y Valencia constan al menos desde la década de 1340.¹⁴ A falta de un estudio comparado entre las tres haciendas municipales, todo apunta a que su sincronía se ajustó todavía más a partir de 1391, con la introducción de los ya citados auditores (contadores u oidores de cuentas) y, sobre todo, a partir de 1414, cuando Fernando I implantó en Zaragoza la figura del racional, un cargo de nombramiento exclusivamente real preexistente tanto en Barcelona como en Valencia.¹⁵ La evidente proximidad en el ámbito institucional queda patente, a su vez, al comparar los registros documentales de las tres haciendas municipales, aunque, en términos cuantitativos, los fondos barceloneses y valencianos conservados superen claramente a los zaragozanos.¹⁶

En las páginas que siguen analizaremos la evolución de la hacienda municipal de Zaragoza en la segunda mitad del siglo XIV, tratando de explicar, en el medio plazo, algunos de los cambios más significativos que se produjeron en su estructura. Para ello, delimitaremos en primer lugar aquellos movimientos económicos que pueden ser considerados como ordinarios (ingresos y gastos) y, a continuación, presentaremos las operaciones extraordinarias más importantes y su incidencia sobre la política fiscal y financiera del concejo. En este sentido, trataremos de acotar, especialmente, la relación de causalidad existente entre la consolidación de la deuda pública y la adopción del impuesto indirecto en el ámbito municipal.

LOS EJES DE LA HACIENDA MUNICIPAL

La estructura de la hacienda municipal zaragozana, en la segunda mitad del siglo XIV, estaba cimentada sobre la rentabilidad obtenida del arrendamiento de las propiedades del concejo, cuyos derechos de explotación o, en su caso, de gestión, habían sido traspasados a la ciudad por la monarquía, ya desde las décadas inmediatamente posteriores a la conquista, en el siglo XII. Estas propiedades englobaban un heterogéneo conjunto de rentas, organizadas a partir de tres grandes conceptos: los ingresos vinculados al señorío del Puente Mayor de la ciudad, aquellos procedentes del dominio señorial ejercido por el concejo sobre la villa de Zuera y sus aldeas (Leciñena y San Mateo) y, por último, un conjunto disperso y no muy bien conocido de fincas rústicas y urbanas.¹⁷

Ingresos ordinarios

El señorío vinculado al Puente Mayor

El primero de los tres pilares de la hacienda municipal equivalía a un conjunto relativamente amplio de rentas y derechos señoriales destinados por la monarquía al mantenimiento del Puente Mayor, cuya gestión había quedado, también por decisión real, en poder del concejo de la ciudad desde, al menos, finales del siglo XII. La principal apoyatura jurídica de los derechos del Puente se encontraba en la configuración progresiva de un dominio señorial, que incluía una larga serie de exacciones procedentes de un puñado de aldeas y lugares diseminados por el entorno de la propia ciudad de Zaragoza. Estas exacciones incluían fincas de labor y espacios forestales, cuya explotación se encontraba asociada a regímenes tributarios antiguos (treudos) y era asumida por familias campesinas y concejos, en función de las características concretas de cada recurso.¹⁸ Habitualmente, para agilizar el ingreso de estos derechos, el concejo solía arrendar su cobro a gestores particulares.

El proceso de formación del dominio del Puente tuvo que comenzar poco después de la conquista de la ciudad, aunque la primera referencia concreta se documenta ya a finales del siglo XII. Como resultado de este proceso, la ciudad pasó a ejercer su dominio, en primer lugar, sobre un puñado de poblaciones situadas a orillas del Ebro, aguas abajo de la ciudad. Se trata de las aldeas de Pina de Ebro, Alforque, Colera y Cinco Olivas.¹⁹ Los principios en los que se basaba el dominio de la ciudad sobre estos lugares son difíciles de determinar, si bien, desde el punto de vista estrictamente económico, se concretaban en la percepción regular de una serie de rentas cuya recaudación era arrendada anualmente por el consistorio. El monto global de todos estos conceptos ha podido ser documentado para el ejercicio 1373-1374, cuando el ciudadano García Sánchez de Épila arrendó los ingresos derivados de las cuatro aldeas por la modesta suma de 125 s. j.²⁰ Sin embargo, una década después, en la anualidad 1383-1384, las rentas de la aldea de Colera fueron arrendadas separadamente por 1.200 s. j.²¹

Mucho más significativas eran las rentas percibidas en los lugares adscritos al dominio del Puente a partir de finales del siglo XIII, concretamente las poblaciones de Longares y La Puebla de Alfindén. En orden cronológico, la primera en ser incorporada fue Longares, que, tras haber constituido un feudo en poder del obispo de Zaragoza, desde 1127, y del pabostre de la Seo de la ciudad, desde 1154, en algún momento entre 1279 y 1292 pasó a formar parte del dominio del Puente.²² El dispositivo de rentas y derechos en que se tradujo esta nueva relación está incluido en el acuerdo alcanzado en noviembre de 1305, mediante el cual, el consejo de Longares se comprometía a tributar, en tanto que vasallo del Puente, un treudo del 10 % (aproximadamente) sobre la producción y del 18 % sobre el valor de los bienes muebles, con excepción de las parejas de bueyes de trabajo, los ajuares domésticos y el cereal destinado directamente al consumo personal. Asimismo, se explicitan también, como propios del Puente, otros derechos típicamente señoriales que compelían igualmente a los vecinos del lugar, concretamente las rentas de explotación del horno y un palomar, la propiedad de algunos bienes inmuebles rústicos y urbanos, la imposición del servicio de hueste y cabalgada (permutada en términos económicos) y el ejercicio de la justicia civil y criminal, con la potestad de exigir penas pecuniarias.²³ El señorío de La Puebla de Alfindén, en cambio, fue comprado por el concejo a Ferrán Pérez de Pina, por la cantidad de 13.000 s. j., en 1315.²⁴

Desde su entrada en el dominio del Puente y hasta, al menos, finales de la Edad Media, el precio del arrendamiento de ambos señoríos no dejó de ser revisado por los jurados de la ciudad. Su rentabilidad puede ser definida, en líneas generales, a partir de finales de la década de 1360, cuando la suma de ambas partidas se movía en torno a los 3.000 s. j. anuales. Así, el único ejercicio para el que se han podido documentar las cantidades en que se fijaron ambos arrendamientos, entre 1350 y 1400, es el correspondiente a 1373-1374, cuando cada uno de ellos se cerró en 1.500 s. j. Los arrendatarios en aquel momento fueron los ciudadanos Domingo Palomar y Juan Aldeguer, que pujaron respectivamente por los treudos de La Puebla de Alfindén y Longares.²⁵ A partir de entonces, el arrendamiento de los derechos percibidos en Longares alcanzó los 3.000 s. j. en 1394, mientras que los obtenidos en La Puebla llegaron hasta los 2.200, ya en 1440.²⁶

Junto a los derechos asociados al dominio señorial, el mantenimiento del Puente Mayor justificó la cesión al concejo de Zaragoza de algunas otras exacciones por parte de la monarquía, entre las que cabe destacar el pontazgo de la ciudad, es decir, el tributo sobre el tránsito de mercancías a través del mismo Puente, cuyo derecho de cobro fue traspasado por Jaime I a los magistrados municipales en 1257.²⁷ Su rentabilidad económica durante la segunda mitad del Trescientos pasó de 3.000 a 4.000 s. j., entre finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente, aunque es razonable pensar que su precio oscilara en función de las coyunturas y las perspectivas de sus potenciales arrendadores. Estas oscilaciones llegaron a ser, de hecho, altamente significativas, como muestran los datos procedentes de los tres ejercicios mejor documentados. Así, después de que en 1368 la percepción del peaje se rematara en 3.650 s. j., que pagó el ciudadano Sancho de Ejulve, cuatro años más tarde Francés de Castellón y Jimeno de Artieda –ambos vecinos de la ciudad– la obtuvieron por 4 540 s. j., y, al año siguiente, en 1374, la cantidad pagada fue de 4.000 s. j., abonados entonces por Juan de Castellón, Juan de Zacarías y el citado Jimeno de Artieda, todos ellos vecinos de Zaragoza.²⁸ Asimismo, con una importancia cuantitativa mucho menos relevante, figuran una cuota anual sobre el tributo pagado a la monarquía por la aljama de judíos de la ciudad, fijada en 300 s. j.;²⁹ y otra de 50 s. j. sobre la explotación de una de las panaderías urbanas.³⁰

Y, por último, el Puente, como entidad jurídica, aglutinaba también la propiedad de fincas de labor y espacios forestales o ribereños susceptibles de ser explotados individual o colectivamente. Estas propiedades solían arrendarse en lotes extensos, que, en las décadas de 1360 y 1370, se estructuraban en tres partidas diferentes: la primera de ellas era enunciada genéricamente como treudos del Puente y rentaba entre 1.300 y 2.500 s. j. al concejo;³¹ la segunda correspondía a un cañar, cuyo treudo osciló entre 530 y 540 s. j.; y la tercera a una viña, arrendada también, en estos momentos, por 530 s. j.³²

En suma, la rentabilidad económica anual de los conceptos adscritos al dominio señorial del Puente Mayor, en las décadas de 1360 y 1370, oscilaba en torno a los 10.000 s. j., una cantidad que, como veremos algo más adelante, permitía al concejo tener cubiertos los gastos derivados del mantenimiento ordinario del propio Puente y obtener, además, un notable margen de beneficio.³³

El señorío de Zuera y sus aldeas

La segunda partida de ingresos regulares de la hacienda municipal zaragozana en la cronología acotada en este estudio procedía de los derechos adquiridos por la ciudad sobre la villa de Zuera y sus aldeas (Leciñena y San Mateo), entidades que, bajo la consideración formal de un dominio señorial propio, pasaron a depender del concejo de la capital del reino en 1366. El traspaso de este dominio a la ciudad fue promovido por Pedro IV quien, en el contexto de la guerra con Castilla de 1356-1366, negoció con el concejo zaragozano una operación de compraventa que, finalmente, se cerró en la importante cantidad de 15.000 florines (170.000 s. j.). A partir de entonces, los jurados de Zaragoza ejercieron su dominio sobre las citadas localidades continuadamente y se aseguraron, por lo tanto, la percepción de los tributos asociados a esta nueva relación de dependencia.³⁴ Dichos tributos fueron computados, dentro de los libros de mayordomía conservados, bajo dos únicas denominaciones: rentas y cena. La expresión rentas remite, muy probablemente, a un conjunto de ingresos entre los que sin duda se encontraba la pecha; mientras que la categoría cena englobaría únicamente el importe de este antiguo derecho real.³⁵

En el ejercicio 1368-1369, la exacción por ambos conceptos se fijó en 1.500 s. j. (1.000 por las rentas y 500 por la cena), mientras que, unos años más tarde, a comienzos de la década de 1370, el monto de los derechos señoriales sobre Zuera osciló entre los 1.356 sueldos y 8 dineros ingresados en el ejercicio 1372-1373 y los 1.750 percibidos en 1373-1374.³⁶ Sin duda, esta tendencia alcista se acentuó en los años sucesivos, ya que en 1382 el nivel de la exacción anual tributada por Zuera y sus aldeas se encontraba muy próximo a los 4.500 s. j. anuales. Concretamente, en aquel momento los gravámenes del dominio señorial sobre Zuera, Leciñena y San Mateo quedaron estipulados en el pago anual de 4.000 s. j., en concepto de pecha, y de 486 sueldos y 8 dineros, por el derecho de cena. La suma de estas dos exacciones ascendía, pues, a casi 4.500 s. j., cantidad a la que se añadía el cobro regular de 300 s. j. por monedaje (en los años correspondientes) y las contribuciones ocasionales con motivo de coronaciones y visitas reales a Zaragoza. Conviene destacar, por otro lado, que a partir de ese momento los vecinos del señorío pasaron a disfrutar de muchas de las exenciones propias de los habitantes de la ciudad, excepto los derechos de hueste y cabalgada, y que el concejo zaragozano continuó reteniendo la jurisdicción civil y criminal –a través del nombramiento de oficiales– y el cobro, por lo tanto, de las correspondientes penas pecuniarias.³⁷

Bienes inmuebles

Por último, el concejo de Zaragoza era propietario de una serie de bienes inmuebles cuya explotación directa era puesta en manos de terceros, a cambio del pago de una renta anual en forma de treudo. El régimen de gestión de este tipo de bienes inmuebles era idéntico al de aquellos que, con estas mismas características, formaban parte del señorío del Puente Mayor, aunque su extensión global y, por tanto, su rentabilidad económica a la altura de 1374, era aparentemente menor. Según la información consignada por los mayordomos del concejo, la relación de propiedades de este tipo incluía un monte –llamado Monte Oscuro– cedido a treudo al concejo de Alfajarín, a cambio de 200 s. j. al año; un cañar, llamado De Campdespina, que rentaba 10 s. j. anuales; y cuatro torres de la muralla de piedra cuyo arrendamiento ascendía a 6 s. j. anuales.³⁸

En total, este capítulo reportaba anualmente 210 s. j., una cantidad modesta cuyo peso específico dentro del conjunto anual de ingresos del concejo era prácticamente insignificante.³⁹ Sin embargo, los magistrados zaragozanos vieron en este tipo de bienes una fuente de ingresos rentable a medio y largo plazo, por lo que entre finales del siglo XIV y mediados del XV fueron incrementando progresivamente el patrimonio de la ciudad, bien mediante la adquisición de fincas rústicas, bien a través del arrendamiento de zonas y estructuras urbanas, entre las que cabe destacar la muralla de piedra y su entorno más próximo. Así, según los libros de actas del concejo, en las décadas de 1440 y 1450, la ciudad constaba como propietaria de un monte –llamado De la Cañuecla–, que rentaba anualmente entre 200 y 500 s. j.; un soto con su dehesa –situados en la aldea de Zaragoza la Vieja–, arrendados por 600-700 s. j. anuales; varias fincas rústicas situadas en las inmediaciones de la ciudad, cuya rentabilidad total rondaba los 700 s. j.; y, sobre todo, una prolija serie de edificios urbanos –locales comerciales y viviendas– que en conjunto podían proporcionar entre 4.000 y 5.500 s. j. anuales.⁴⁰

Gastos ordinarios

Dado que la ciudad de Zaragoza se encontraba exenta de exacciones señoriales directas desde poco después de la conquista feudal, el destino prioritario de los recursos ordinarios del concejo venía definido por los costes de mantenimiento de las infraestructuras urbanas y por los gastos originados por la burocracia municipal.⁴¹ Dentro del primero de estos dos conceptos, destaca la notable absorción de recursos provocada por el mantenimiento del Puente Mayor, cuya conservación justificaba, de hecho, la acumulación de un patrimonio señorial y fundiario específico, tal y como hemos visto anteriormente. Asimismo, dentro de esta partida, debemos incluir también los gastos cotidianos provocados por el mantenimiento de puertas, muros, calles, canalizaciones de agua y otros elementos. El segundo de los conceptos citados, la burocracia municipal, contenía ante todo los salarios de los oficiales del concejo, junto a los gastos provocados por la actividad diplomática de los magistrados municipales, así como la adquisición de todo tipo de materiales y utensilios de uso administrativo. Aunque ambos capítulos eran ineludibles, lo cierto es que se vieron sometidos a importantes variaciones, ya que, como es lógico, tanto el plano logístico como el burocrático estaban fuertemente sujetos a factores coyunturales.

Los registros contabilizados por los mayordomos Domingo de Flores (1368-1369), Miguel de Azara (1372-1373) y Juan Jiménez de Sinués (1373-1374) nos permiten calibrar el nivel de inversión destinada al mantenimiento del Puente Mayor en tres ejercicios diferentes y, en principio, carentes de problemas específicos en torno a este importante elemento del entramado urbano. Así, sabemos que durante el tiempo de gestión del primero de ellos se gastaron poco más de 7.000 s. j. en la reparación del Puente, inversión que decayó sensiblemente en los dos siguientes ejercicios documentados, en los que el coste de este tipo de obras se movió entre los 1.900 y los 2.400 s. j. Teniendo en cuenta que el conjunto de los ingresos derivados del patrimonio fundiario y señorial del propio Puente rondaba, anualmente, los 10.000 s. j., resulta bastante obvio que en circunstancias normales aquel podía autofinanciarse e incluso reportar un margen de beneficios al concejo, con el que los magistrados podrían hacer frente a otras necesidades.⁴²

El coste anual de las funciones burocráticas y administrativas constituye un aspecto más difícil de valorar, dado que los mayordomos de la ciudad, al menos hasta bien entrada la década de 1370, tan solo gestionaban los salarios de algunos oficiales y trabajadores asalariados por el municipio. Entre ellos, encontramos al encargado del puente, los guardas de varias puertas o el encargado de los muros, pero, sobre todo, a procuradores y abogados contratados para tareas concretas, así como a beneficiarios de retribuciones ordenadas por los jurados sin especificar el motivo y que, probablemente, se justificaban por el hecho de haber prestado este tipo de servicios durante el año. En función de la coyuntura, esta partida de gastos podía variar de forma notable, principalmente a causa de las necesidades diplomáticas del propio consistorio. Este aspecto exigió, por ejemplo, poco más de 1.000 s. j. en 1373-1374, si bien un año antes había absorbido más de 6.000.⁴³

No obstante, aun contando con este tipo de fluctuaciones, el balance anual entre los ingresos y gastos ordinarios solía mantener siempre un cierto equilibrio, aunque ello no significa, evidentemente, que no pudieran producirse desajustes ocasionales entre ambas partidas. Cuando esto ocurría, la solución rutinaria adoptada por los jurados consistía en la obtención de créditos a corto plazo, que se saldaban bien con cargo al ejercicio siguiente o bien mediante la recaudación de un impuesto extraordinario por vía directa, siguiendo la fórmula del compartimento. De este modo, se buscaba que el saldo final siempre resultara positivo, lo que permitía iniciar cada ejercicio sobre el remanente del año anterior. Así, por ejemplo, el mayordomo Juan Jiménez de Valconchán, tras finalizar su gestión en 1367-1368 dejó un saldo de 877 sueldos y 6 dineros jaqueses, cantidad que recibió su sucesor, Domingo de Flores.⁴⁴

OPERACIONES FINANCIERAS EXTRAORDINARIAS

Como acabamos de ver, los ingresos procedentes del patrimonio de la ciudad permitieron al concejo de Zaragoza tener resueltas, a priori, las necesidades económicas cotidianas. Desde un punto de vista cuantitativo, la suma de todos los conceptos que constituían dicho patrimonio fue, como hemos visto, muy limitada, aunque su rentabilidad en el plano institucional no deja lugar a dudas, al permitir que el consistorio pudiera tener cubiertos onerosos gastos ordinarios y, por tanto, atenuar la carga fiscal soportada anualmente por el municipio. Así, el despliegue fiscal dirigido por los magistrados urbanos solía orientarse, mayoritariamente, hacia operaciones de carácter extraordinario.

De entre todas las operaciones financieras afrontadas por el concejo de forma extraordinaria, aquellas que movilizaron las mayores cantidades de capital se enmarcan en las décadas de 1350 y 1360, y estuvieron justificadas por las guerras que enfrentaron a la monarquía aragonesa con el juez de Arborea en Cerdeña (1354-1355) y, sobre todo, con la monarquía castellana inmediatamente después (1356-1375). La movilización de recursos llevada a cabo, precisamente, en el segundo de los dos contextos citados, elevó sustancialmente los niveles de exacción fiscal, tanto en la capital como en el resto del reino de Aragón y de la Corona, lo que afectó especialmente a las villas y ciudades de realengo. En el caso de la ciudad de Zaragoza y ciñéndonos exclusivamente al periodo de la llamada guerra de los Dos Pedros (1356-1366), este fenómeno se tradujo, en términos cuantitativos, en la movilización de una cantidad global cercana a las 60.000 libras, repartidas entre catorce operaciones diferentes desarrolladas entre mediados de 1356 y finales de 1365. Los principios que justificaron esta ingente actividad fiscal pueden organizarse en torno a tres grandes objetivos: el pago de los servicios pactados en Cortes, la entrega de subsidios otorgados a la monarquía por el concejo (al margen de las asambleas) y la remuneración de las medidas adoptadas para defender la propia ciudad, ya fuese a través del reclutamiento de compañías, ya mediante el acondicionamiento de las murallas y la construcción de artefactos relacionados con la poliorcética. En consecuencia, todas estas operaciones financieras absorbieron una media anual cercana a las 6.000 libras para el conjunto de las unidades fiscales y de 2 libras por cada uno de los fuegos solventes de la ciudad, que podemos estimar, en cifras redondas, en 3.000, incluyendo tanto las parroquias urbanas como a las aldeas.⁴⁵

El incremento de la presión fiscal soportado por la ciudad de Zaragoza durante los diez años de guerra con Castilla, entre 1356 y 1366, fue asumido a través del sistema de recaudación habitual, esto es, el compartimento entre las unidades fiscales de todas las entidades comprendidas en la ciudad –es decir, las parroquias, las aldeas, los lugares pertenecientes a su señorío y las aljamas– mediante la contribución directa de las unidades fiscales solventes en función de su riqueza (tallas). En efecto, de las catorce operaciones citadas anteriormente, doce fueron resueltas mediante compartimentos e impuestos directos exclusivamente, una de ellas se financió a través de impuestos indirectos y otra más implicó la adopción de un sistema mixto en el que se combinaron ambas soluciones. Resulta significativo que los dos únicos contextos en los que se adoptaron procedimientos de fiscalidad indirecta para obtener, total o parcialmente, la cantidad estipulada, fuesen consecuencia de una decisión adoptada en Cortes y la gestión del impuesto recayese, por lo tanto, en una comisión de diputados emanada de la asamblea. Se trata, en orden cronológico, de una parte del servicio otorgado en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, en el que se combinaron impuestos directos e indirectos, y del concedido en las Cortes de Zaragoza de 1364, donde se empleó preferentemente el impuesto indirecto.⁴⁶ En cambio, en aquellos casos en los que la decisión pertenecía exclusivamente al concejo, como las cuatro operaciones destinadas a costear las obras de fortificación de la ciudad, o aquella encaminada a sostener una compañía de 160 hombres a caballo entre julio y septiembre de 1362, se canalizaron exclusivamente a través de impuestos directos, compartimentados por el concejo y repartidos entre las distintas entidades fiscales de la ciudad.⁴⁷

A partir de finales de 1365 y durante la década siguiente, el sistema predominante a la hora de fiscalizar las operaciones financieras extraordinarias en la ciudad volvió a ser el impuesto directo, distribuido por niveles de riqueza entre todos los hogares solventes. Esta solución se aplicó a la hora de satisfacer las demandas recibidas de la monarquía y también en aquellos momentos en los que el concejo se enfrentaba a otro tipo de necesidades extraordinarias. Paralelamente, las propias Cortes del reino, reunidas sucesivamente en cuatro ocasiones entre 1365 y 1367, volvieron a sustentar su actividad fiscal sobre el impuesto directo. En efecto, después de haber diversificado sus métodos de recaudación –al emplear simultáneamente compartimentos, sisas y generalidades en los donativos pactados en las Cortes generales de Monzón (1362-1363) y las privativas de Zaragoza (1364)–, la serie de asambleas iniciada en noviembre de 1365 renunció a las sisas y otorgó, a priori, un papel muy secundario a las generalidades. Fueron, concretamente, cuatro reuniones sucesivas en las que se resolvió la dotación de tres servicios, prácticamente solapados entre sí, cuya vigencia se extendió desde diciembre de 1365 hasta agosto de 1368.⁴⁸

Concluido el periodo para el que había sido concedido el último de los donativos, no hay testimonio de que las Cortes del reino volvieran a reunirse hasta tres años más tarde, en la asamblea celebrada en Caspe, Alcañiz y Zaragoza, entre 1371 y 1372. Sin embargo, sí tenemos constancia de que en ese intervalo el General –es decir, los representantes de los cuatro brazos del reino conjuntamente– concedió al menos un nuevo donativo a Pedro IV, que se concretó en el sostenimiento de cuatrocientos hombres a caballo durante un mes, con el fin de contrarrestar un posible ataque de las compañías francesas involucradas en la guerra civil castellana. En términos estrictamente económicos, este nuevo servicio se fijó en 60.000 s. j. y hubo de aprobarse con anterioridad al 2 de marzo de 1369, momento en el que fue recaudada la parte correspondiente a la ciudad de Zaragoza, que sumó 6.862 s. j. La recaudación de esta cantidad fue íntegramente gestionada por el mayordomo de la ciudad, Domingo de Flores, quien desempeñó dicho cargo en el ejercicio 1368-1369, y, gracias a ello, podemos documentar el procedimiento con un elevado nivel de detalle.⁴⁹

Según la información consignada en el libro de mayordomía, los 6.862 s. j. fueron repartidos entre los 3.431 fuegos solventes que poblaban las quince parroquias de la ciudad, las dos aljamas urbanas (judía y musulmana), las trece aldeas situadas bajo su dominio, y los lugares de señorío (Longares y La Puebla de Alfindén, vinculados al Puente Mayor, y la villa de Zuera con sus aldeas, señorío de la ciudad). En total, treinta y tres entidades, cuyos albaranes de pago figuran cuidadosamente copiados, uno tras otro, en dicho libro.⁵⁰ A continuación, el mayordomo hizo incluir copia del albarán final expedido por los tesoreros del brazo de las universidades, Lope de Lorbes y Sancho de Ejulve, acreditando haber ingresado el total de la suma requerida a la ciudad.⁵¹ El hecho de tratarse de un servicio otorgado al rey por el General explica que todas las entidades citadas, bajo la autoridad de los jurados de la ciudad, fueran incluidas en un mismo compartimento, una cuestión que, como veremos enseguida, no termina de estar clara en operaciones justificadas por otros motivos. En este sentido, conviene subrayar que la aportación de las aldeas, aljamas y lugares de señorío fue fundamental, ya que significó cerca del 30 % del total. Concretamente, de los 6.897 sueldos y 8 dineros recaudados por el mayordomo, las quince parroquias urbanas proporcionaron el 72 % (4.973 s. j. 3 d.), mientras que el resto fue compartido por las otras entidades, en las proporciones siguientes: las aljamas, 12 % (828 s. j.); las aldeas, 11 % (746 s. j. 2 d.); y los lugares de señorío, 5 % (350 s. j. 3 d.).

Por otro lado, a finales de la década de 1360 y comienzos de la siguiente, el concejo de Zaragoza hubo de afrontar la movilización de otras partidas económicas de modo extraordinario, en las que, sin excepción, se continuó empleando la fiscalidad directa como forma de recaudación, mediante la fórmula del compartimento. Así, en el ejercicio 1368-1369 se recaudaron dos compartimentos más: uno de ellos de cerca de 20.000 s. j., destinado a financiar una celebración en honor del príncipe Juan, a causa de su llegada a Zaragoza, y algunas deudas de la ciudad; y otro que rondaba los 6.500 s. j., con los que pagar el coste de los intereses de la deuda censal de la ciudad en aquel momento.⁵² Unos años más tarde, en la anualidad 1372-1373, se recaudaron tres compartimentos: el primero, de 35.000 s. j., para pagar los gastos originados por la celebración del matrimonio del príncipe Juan y otras necesidades de la ciudad; el segundo, de 15.000 s. j., dedicado a costear los intereses de la deuda censal; y el tercero, de 3.400 s. j., debía servir para arreglar el muro exterior del recinto urbano.⁵³ Y, por último, en el ejercicio siguiente, 1373-1374, se efectuaron otros dos compartimentos: uno de 15.000 s. j., de nuevo, para cubrir los intereses de la deuda; y otro de 10.000 s. j., para reparar las defensas de la ciudad.⁵⁴

Los siete compartimentos citados fueron gestionados por los mayordomos de la ciudad, en los ejercicios correspondientes, y, por tanto, la administración de todos ellos figura convenientemente anotada en los respectivos cuadernos de la mayordomía. Salvo en un caso, en el que la cantidad registrada equivale al 100 % del importe recaudado, la suma de las cantidades consignadas en cada uno de los libros supera siempre el 80 % del total ingresado e incluso, en algunos casos, se encuentra muy próxima al 100 %. En nuestra opinión, se trata de una muestra lo suficientemente representativa como para plantear, cuando menos, algunas hipótesis sobre la consignación de las demandas económicas por parte del concejo, particularmente en torno a la integración de las diferentes entidades administrativas situadas bajo su órbita en diferentes contextos. Desde este punto de vista, resulta significativo que en ninguno de los tres compartimentos recaudados para financiar la deuda censal de la ciudad –en 1368-1369, 1372-1373 y 1373-1374– se compute, entre las entidades contribuyentes, a las aljamas, aunque sí se incluya a las aldeas (prácticamente todas están documentadas). Más dudas presentan, en este sentido, los lugares de señorío, ya que únicamente consta la participación de La Puebla de Alfindén (señorío del Puente Mayor) en el ejercicio 1368-1369,⁵⁵ pero ni Longares ni Zuera figuran en ninguna de las tres anualidades registradas.⁵⁶

Por su parte, el análisis de las dos operaciones relacionadas con la financiación de celebraciones en honor del príncipe Juan –por su visita a la ciudad, en 1368-1369 y su matrimonio en 1372-1373– ofrece un resultado similar al caso anterior, con el agravante de que, en esta ocasión, ninguno de los lugares de señorío figura entre las entidades contribuyentes.⁵⁷ Y, por último, en los dos compartimentos efectuados para costear las defensas de la ciudad –en 1372-1373 y 1373-1374–, la situación se complica todavía más, ya que está documentada la contribución de las aljamas en el primero de ellos, pero no así en el segundo, mientras que la participación de la mayoría de las aldeas está registrada en ambos casos y, en cambio, no hay constancia de que los lugares de señorío aportasen nada en ninguno de ellos.⁵⁸

EL GRAN CAMBIO: LA CONSOLIDACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO Y LA ADOPCIÓN DEL IMPUESTO INDIRECTO

La escalada de la presión fiscal experimentada en el conjunto de la Corona de Aragón en las décadas de 1350 y 1360 empujó a muchos municipios aragoneses hacia el endeudamiento a largo plazo, a través de la venta de censales y/o violarios y, acto seguido, hacia la introducción de la fiscalidad indirecta entre sus propios instrumentos de financiación, con el fin de responder al pago de los intereses de la deuda contraída hasta entonces. La primera de estas dos soluciones venía siendo aplicada ya, de hecho, desde tiempo atrás, como muestran los casos de Fraga, cuya corporación vendió su primer censal en 1309, y Monroyo, que en 1346 acumulaba una serie de violarios por valor de 58.800 sueldos barceloneses de capital y 8.521 de interés anual.⁵⁹ En fechas algo más tardías, Jaca, Caspe y Calatayud, además de otras poblaciones, siguieron el mismo camino, e inmediatamente después los concejos de muchas de estas villas y ciudades comenzaron a aplicar sisas sobre los productos de consumo más habitual, con el fin de incrementar sus ingresos y poder satisfacer los intereses a sus acreedores.⁶⁰ La falta de consenso entre los distintos sectores de la clase dirigente y, muy probablemente, los abusos cometidos por algunas corporaciones, hicieron que las Cortes de 1371-1372 promulgaran un fuero prohibiendo la aplicación de sisas a los municipios.⁶¹ No obstante, la medida no llegó a ser respetada ni por los concejos ni tampoco por la monarquía, que, en último término, era la autoridad encargada de sancionar legalmente el impuesto. Por ello, en las Cortes de Zaragoza de 1398-1399 volvió a legislarse en este sentido y, con el fin de renovar la prohibición, se dictó un nuevo fuero que siguió una suerte similar al anterior.⁶²

Sin embargo, la secuencia de este proceso en la capital del reino sitúa la emisión de deuda a largo plazo, así como la adopción de las sisas entre los mecanismos propios de la fiscalidad local, en una cronología sensiblemente posterior. En efecto, poco antes de 1368, el concejo zaragozano había empezado ya a vender censales y/o violarios,⁶³ y, casi veinte años después, en 1386, solicitó y obtuvo del rey la potestad para recaudar y gestionar, bajo ciertas condiciones, un conjunto de sisas relativamente amplio.⁶⁴ Evidentemente, la originalidad de esta segunda medida es muy relativa, ya que en Zaragoza, como en otras muchas localidades aragonesas, se habían recaudado impuestos indirectos sobre el consumo con anterioridad, pero no es menos cierto que, al menos durante el siglo XIV, la utilización de este recurso puede ser calificada de excepcional. De hecho, en la capital del reino únicamente se ha documentado en tres coyunturas muy concretas: en 1319-1320, para sufragar parte de un subsidio de 50.000 sueldos barceloneses concedido a Jaime II;⁶⁵ en 1336, para costear una reparación del Puente Mayor;⁶⁶ y en 1363-65, para recaudar parte de los servicios otorgados a Pedro IV por las Cortes generales de Monzón (1362-1363) y las de Zaragoza (1364).⁶⁷ Conviene subrayar, asimismo, que existe una diferencia sustancial entre las dos primeras coyunturas citadas y la tercera, ya que, mientras en aquellas estamos hablando de un impuesto de ámbito estrictamente municipal, en esta última se trata de un impuesto general reglamentado, recaudado y gestionado por diputados nombrados en Cortes.

Aunque no ha podido documentarse, por el momento, ninguno de los contratos de venta de censales y/o violarios por parte del consistorio zaragozano, nuestra hipótesis es que los primeros fueron emitidos entre mediados de 1363 y comienzos de 1366, es decir, entre el periodo de vigencia del servicio concedido a Pedro IV en las Cortes generales de Monzón de 1362-1363, cuya recaudación global hubo de realizarse mediante un severo sistema de anticipaciones, y la compra del señorío de Zuera y sus aldeas por orden del rey.⁶⁸ Así, en una coyuntura crítica, después de casi una década de elevada presión fiscal, los jurados de la ciudad habrían decidido emitir deuda a largo plazo, a través de la venta de censales y/o violarios, fórmula que les iba a permitir reunir rápidamente cantidades importantes de capital y, lo que es más importante, posponer su devolución de forma prácticamente indeterminada.

Inicialmente, el pago de los intereses de la deuda fue asumido sin dificultad aparente por el concejo, mediante la recaudación anual de un compartimento extraordinario para hacer frente a esta partida de gastos. Sin embargo, la continuidad de los servicios demandados por la monarquía, junto a las dificultades asociadas a la devolución del principal de los préstamos a largo plazo, terminaron por hacer de la partida destinada a los intereses de la deuda un gasto no tan excepcional, sino, en la práctica, estrictamente regular y, lo que era más grave, sumido en una tendencia al alza difícil de atenuar. Esta tendencia se concretó en un incremento desde los 6.408 s. j. (19,99 % de los gastos del concejo) en el ejercicio 1368-1369, hasta los 15.000 s. j. (45,10 % de los gastos) en 1373-1374, aumento que todavía se mantuvo de forma sostenida al menos hasta 1386, si bien no ha sido posible, hasta el momento, documentar el volumen de la deuda del consistorio en ese último año.⁶⁹

En nuestra opinión, la importancia de la introducción de los intereses de la deuda entre las partidas de gastos regulares del concejo no debe ser evaluada únicamente desde el punto de vista material, dado que el coste de las pensiones de censales y violarios por ejercicio nunca iba a acercarse, ni remotamente, a los niveles de exacción anual derivados de la fiscalidad real extraordinaria. Su relevancia se encuentra, en cambio, en el hecho de que estos intereses equivalían a un nuevo motivo de exacción, difícil de legitimar y con una fuerte vocación de perpetuidad. En efecto, a la hora de justificar la recaudación de los servicios concedidos a la monarquía, así como de las partidas destinadas a financiar las infraestructuras urbanas, las autoridades municipales se apoyaban habitualmente en la estricta temporalidad de la exacción, dado que los motivos que la justificaban también lo eran. Sin embargo, el pago de los intereses de la deuda era un concepto mucho más difícil de justificar en estos términos, puesto que la única manera de suprimir el motivo de la exacción pasaba por la amortización de la deuda y, para ello, era necesario realizar un nuevo y cuantioso desembolso económico.⁷⁰ Así, por ejemplo, si estimamos que los primeros contratos de deuda a largo plazo se establecieron a un interés del 10 %, el capital adeudado por la ciudad en 1374 –fecha, todavía, temprana– se situaría en 150.000 s. j.⁷¹ Redimir este capital en un único ejercicio habría supuesto al municipio una carga fiscal superior, en un 25 %, a la media anual registrada durante la guerra con Castilla, cuando, como hemos indicado, se dieron los niveles de exacción más elevados de la centuria, tanto en el reino como en el resto de la Corona. En tales condiciones, no es de extrañar que la amortización de la deuda se fuera posponiendo en el tiempo, sin que podamos concretar, por ahora, cuándo se comenzaron a tomar medidas al respecto.

Por otro lado, el creciente peso de la deuda fue determinante para que, en 1386, los magistrados optaran por ampliar las fuentes de ingresos del concejo mediante la recaudación de una variada serie de impuestos indirectos sobre el consumo. El argumento empleado para justificar esta medida fue la necesidad de reparar el Puente Mayor y de acondicionar, al mismo tiempo, la ribera del Ebro, tras los destrozos provocados por una fuerte riada, y su aplicación fue ratificada por Pedro IV en Barcelona, el 6 de abril del citado año, mediante la expedición de un instrumento en el que se incluía, además, una detallada descripción sobre el alcance del impuesto, su periodo de vigencia y el perfil de los contribuyentes.⁷² Muy probablemente, todas estas condiciones habían sido remitidas, previamente, por los jurados de la ciudad, de modo que en la cancillería real únicamente fuera necesario otorgar la concesión y enunciarla con el debido detalle. En cualquier caso, lo cierto es que en aquel momento el monarca autorizó al consistorio zaragozano para escoger con libertad los productos que deseara gravar –aunque citaba expresamente el trigo, la cebada, la aceituna, el pan, el vino y la carne–, decidir las tasas que considerase oportuno imponer sobre cada uno de ellos y fijar libremente las condiciones de su recaudación. Asimismo, la enumeración de los sujetos fiscales incluía explícitamente a toda la población de la ciudad y sus aldeas, fija y flotante, independientemente de su orden y estatus.⁷³

A pesar de haber sido concebida como una solución eventual, cuya vigencia debía limitarse a ocho años, la utilización del impuesto indirecto en 1386 significó, de hecho, una profunda reestructuración de la hacienda zaragozana, y, tras el vencimiento de esta primera medida, en 1394, el concejo volvió a adoptar soluciones similares en 1404 y en 1414.⁷⁴ El sentido y la operatividad del impuesto en ambos contextos está, todavía, por estudiar, como lo está también la evolución de la política fiscal de la corporación municipal durante la primera mitad del siglo XV. No obstante, el funcionamiento de la hacienda municipal a mediados de esta centuria permite pensar que las sucesivas corporaciones continuaron recurriendo, más o menos de forma continuada, a las sisas para satisfacer las partidas de gastos extraordinarios y, particularmente, aquella destinada a costear los intereses de la deuda. De hecho, como pusieron de manifiesto Bonifacio Palacios e Isabel Falcón, en 1449 los magistrados zaragozanos volvieron a solicitar al rey, Alfonso V, su autorización para recaudar sisas con el fin de paliar el endeudamiento crónico de la hacienda municipal.⁷⁵ Finalmente, muy poco después de esta última solicitud y, en cualquier caso, antes de 1453, siempre según los citados autores, el impuesto indirecto terminó convirtiéndose en uno más de los instrumentos fiscales empleados de modo ordinario por el concejo.⁷⁶

CONCLUSIONES

Los instrumentos básicos de la estructura fiscal desplegada por el concejo de Zaragoza, a mediados del siglo XIV, se apoyaban, como hemos visto, en un cumplido dominio señorial y fundiario, capaz de dar cobertura económica a los gastos ordinarios del consistorio, cuya rentabilidad se completaba, ocasionalmente, mediante la recaudación de compartimentos sobre la base del impuesto directo. La política cívica, y sobre todo la relación con el poder real, disparó el nivel de incidencia de las operaciones extraordinarias y, con ello, la presión fiscal, a partir de 1356, lo que hizo que los jurados se vieran forzados a buscar una nueva fuente de ingresos. La solución consistió, como hemos visto, en la venta de censales y/o violarios desde el trienio 1363-1366, pero la presión derivada del pago de los intereses y, sobre todo, de la necesidad de amortizar la gran cantidad de capital vinculado a la deuda, terminaron obligando, poco más de dos décadas después, a reorganizar la estructura fiscal del concejo, mediante la introducción de las sisas como parte de los instrumentos propios de la fiscalidad municipal en 1386. En adelante, este mecanismo continuó aplicándose de modo regular aunque discontinuo –siempre en función de la coyuntura económica y contando, necesariamente, con la autorización real– hasta que, entre 1449 y 1453, terminó consolidándose entre los procedimiento fiscales ordinarios del concejo.

La evolución que acabamos de resumir y que hemos tratado de explicar en detalle a lo largo de estas páginas demuestra que los procesos de endeudamiento censal y consolidación progresiva del impuesto indirecto se desarrollaron, en las tres mayores ciudades de la Corona de Aragón, dentro de una secuencia mucho más próxima cronológicamente de lo que hasta ahora se había venido afirmando. Así, la primera emisión de censales y/o violarios por parte de la ciudad de Zaragoza (1363-1366) se situaría casi cuatro décadas después de la primera efectuada por Barcelona (1326) y menos de una década más tarde que la realizada por Valencia (1356).⁷⁷ La evolución del peso de la deuda en cada caso fue, desde el punto de vista cualitativo, muy similar, ya que, en torno a 1400, los intereses absorbían el 45,10 % del presupuesto zaragozano (en 1374), el 61 % del barcelonés (en 1403) y el 43,46 % del valenciano (en 1411).⁷⁸ Por otro lado, hemos visto cómo la regularización del impuesto indirecto entre las prácticas fiscales del concejo comenzó, en Zaragoza, en 1386, como solución al creciente peso del endeudamiento a largo plazo iniciado en 1363-1366, reproduciendo así una secuencia que en Barcelona se había producido entre 1351 y 1358, mientras que en Valencia lo había hecho entre 1356 y 1366.⁷⁹

Pero existen, todavía, lagunas importantes a nivel local en lo que respecta, por ejemplo, a las fluctuaciones de la deuda –tipos de interés, capital acumulado– en torno a 1400, la identidad de los acreedores o el modo en que se desarrollaban las operaciones de amortización. Se trata de cuestiones complejas –aunque, esperemos, no insalvables– que, de hecho, plantearon ya serios quebraderos de cabeza a sus contemporáneos. En efecto, según las ordinaciones emitidas por Juan I en 1391, entre las funciones de los primeros auditores (contadores u oidores de cuentas) de la ciudad, se encontraba la revisión de todas las operaciones financieras gestionadas por cualquier oficial no solo desde el consistorio, sino también desde las quince parroquias de la ciudad, durante los treinta años anteriores.⁸⁰ De la envergadura de su labor da buena cuenta el hecho de que la auditoría iniciada en ese momento se prolongara, como mínimo, durante toda la última década de la centuria.⁸¹

APÉNDICES

1. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1368-1369, según el libro de mayordomía de Domingo de Flores⁸²

Ingresos ordinarios | Cantidades
Puente Mayor | 10.251 s. 8 d.
Zuera: rentas de la villa (1.000 s.) y cena (500 s.) | 1.500 s. 0 d.
Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, García Matamala, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d.
Resto mayordomía anterior (Juan Jiménez de Valconchán, 877 s. 6 d. j.) | 877 s. 6 d.
Total | 12.839 s. 2 d.

Ingresos extraordinarios | Cantidades
Celebración en honor del príncipe Juan y algunas deudas de la ciudad (compartimento) | 11.919 s. 0 d.
Servicio otorgado en Cortes: compañía de 400 hombres a caballo, durante un mes (compartimento) | 6.897 s. 8 d.
Censales y violarios: intereses (compartimento) | 6.474 s. 0 d.
Total | 25.290 s. 8 d.

Total ingresos: 38.129 s. 10 d.

Gastos ordinarios | Cantidades
Puente Mayor | 7 .060 s. 6 d.
Embajadas y mensajería (al príncipe Juan, en Daroca, 1000 s. j.; al rey, en Valencia, 1000 s. j.; al príncipe Juan, en Monzón, 540 s. j.; sobre el pleito de María de Huerva y Longares, 20 s. 4 d. j.) | 2.560 s. 4 d.
Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados | 1.403 s. 0 d.
Administración (estudio de fray Tomás Jordán, 300 s. j.; traslado de un libro de privilegios de la ciudad, 200 s. j.; escrituras notariales, 89 s. j.; derechos de sello en dos cartas del rey, 15 s. j.; cera, 273 s. j.) | 877 s. 0 d.
Obras públicas (puertas, 339 s. 10 d. j.; pasos para las compañías francesas, 150 s. j.; cerrojo Puerta Cremada, 4 s. j.) | 493 s. 10 d.
Total | 12.393 s. 8 d.

Gastos extraordinarios | Cantidades
Servicio extraordinario otorgado en Cortes | 6.862 s. 0 d.
Intereses de censales y violarios | 6.408 s. 0 d.
Celebración en honor del príncipe Juan (un caballo otorgado como presente y un toro para un espectáculo) | 5.390 s. 0 d.
Deudas atrasadas (con Gregorio de Argensola) | 700 s. 0 d.
Compra de una casa | 300 s. 0 d.
Total | 19.660 s. 0 d.

Total gastos: 32.053 s. 8 d.

Saldo final: 6.077 s. 6 d.

Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).

2. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1372-1373, según el libro de mayordomía de Miguel de Azara⁸³

Ingresos ordinarios | Cantidades
Puente Mayor | 10.380 s. 0 d.
Zuera: rentas de la villa (690 s. j.) y cena (666 s. 8 d. j.) | 1.356 s. 8 d.
Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s. j.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d.
Resto mayordomía anterior (Sancho Lafoz, sin datos) | -
Total | 11.752 s. 8 d.

Ingresos extraordinarios | Cantidades
Matrimonio del infante Juan (32656 s. 6 d. j.) y otros gastos necesarios (2343 s. 6 d. j.) (compartimento) | 35.000 s. 0 d.
Intereses de censales y violarios, y otros gastos necesarios (compartimento) | 15.000 s. 0 d.
Arreglo del muro de común (compartimento) | 3.400 s. 0 d.
Total | 53.400 s. 0 d.

Total ingresos: 65.152 s. 8 d. j.

Gastos ordinarios | Cantidades
Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluidos guardas, 96 s. j.; y el alcaide de Zuera, 200 s. j.) | 6.332 s. 11 d.
Puente Mayor | 1.940 s. 0 d.
Otros (limosna, 426 s. 3 d. j.; devoluciones, 270 s. j.) | 696 s. 3 d.
Administración (banquete ofrecido por los jurados, 400 s. j.) | 400 s. 0 d.
Obras públicas (Casas del Puente, 200 s. j.; puentes menores, 32 s. j.). | 232 s. 0 d.
Embajadas y mensajería (pleito con el gobernador, 20 s. j.) | 20 s. 0 d.
Total | 9.621 s. 2 d.

Gastos extraordinarios | Cantidades
Matrimonio del infante Juan (incluye un donativo de 22.083 s. 4 d. j. para el infante, y 1.573 s. 2 d. j. gastados en la representación enviada a Barcelona, para la boda y para actuar en un pleito con aquella ciudad) | 32.656 .s 6 d.
Pensiones de censales y violarios, y otros gastos necesarios | 15.000 s. 0 d.
Arreglo del muro de común (3200 s. j., margen de 200 s. j.) | 3.200 s. 0 d.
Total | 50.856 s 6 d.

Total gastos: 60.477 s. 8 d. j.

Saldo final: 4.675 s 0 d.

Fuente: AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373, ff. 184r-242r (Libro de mayordomía de Miguel de Azara.).

3. Contabilidad del concejo de Zaragoza en el ejercicio 1373-1374, según el libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués⁸⁴

Ingresos ordinarios | Cantidades
Puente Mayor | 9.845 s. 0 d.
Zuera: rentas de la villa (1.250 s.) y cena (500 s.) | 1.750 s. 0 d.
Bienes inmuebles: Monte Oscuro (treudo, concejo de Alfajarín, 200 s.), cañar de Campdespina (treudo, Bartolomé Ferrer y Pedro Íñiguez de Aranda, 10 s.), torres del muro de piedra (cuatro, en total 6 s.). | 216 s. 0 d.
Mayordomía anterior: resto (Miguel de Azara, sin datos) | -
Total | 12.145 s. 0 d.

Ingresos extraordinarios | Cantidades
Censales y violarios: pensiones (compartimento) | 15.000 s. 0 d.
Reparación de las defensas de la ciudad (compartimento) | 10.000 s. 0 d.
Total | 25.000 s. 0 d.

Total ingresos: 37.145 s. 0 d.

Gastos ordinarios | Cantidades
Puente Mayor (incluido el salario del maestro, Abraym Allabar; y el pontero, García de Quinto) | 2.371 s. 4 d.
Salarios de oficiales del concejo y otros pagos con asignación de los jurados (incluido el alcaide de Zuera, sin datos) | 1.385 s. 0 d.
Administración (banquete ofrecido por los jurados a los prohombres, 500 s. j.; vestuario de fray Ferrer de Burgos, 171 s. 8 d. j.; caja para guardar los privilegios, 200 s. j.; capítulo de la orden de San Agustín, 255 s. j.; cera, 228 s. j.) | 1.354 s. 8 d.
Embajadas y mensajería (gobernador, Justicia de Aragón, villas y ciudades) | 1.030 s. 0 d.
Obras públicas (mantenimiento de las murallas y puertas, 564 s. j.). | 564 s. 0 d.
Total | 6.705 s. 0 d.

Gastos extraordinarios | Cantidades
Reparación de las defensas de la ciudad | 10.000 s. 0 d.
Intereses de censales y violarios | 15.000 s. 0 d.
Presente ofrecido al infante Martín | 759 s. 3 d.
Celebración por el nacimiento del primogénito del duque de Gerona | 795 s. 0 d.
Total | 26.554 s. 3 d.

Total gastos: 33.259 s. 6 d.

Saldo final: 3.885 s 6 d.

Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).

4. Mantenimiento del Puente Mayor de Zaragoza (1368-1374)⁸⁵

Fuentes: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores); AMZ, Prot. Not., 2 (Gil de Borau), 1373 (Libro de mayordomía de Miguel de Azara), ff. 184r-242r; y AHPrNtZ, Gil de Borau, 1374 (Libro de mayordomía de Juan Jiménez de Sinués).

5. Operaciones financieras y ciclos fiscales ejecutados en Zaragoza con motivo de la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)⁸⁶

Fuentes: Mario Lafuente Gómez: «Que paresca que ciudat es. La fortificación de Zaragoza en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en Construir la ciudad en la Edad Media. Nájera. VI Encuentros Internacionales del Medievo, 28-31 julio 2009, Logroño, IER, 2010, pp. 583-612; ídem: «La oligarquía de Zaragoza y las huestes de la ciudad en la guerra de los Dos Pedros (1356-1366)», en A guerra e a sociedade na Idade Média. VI Jornadas Luso-Espanholas de Estudos Medievais, Coimbra, Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, Sociedad Española de Estudios Medievales, 2009, v. I, pp. 183-211; ídem: Un reino en armas. La guerra de los Dos Pedros en Aragón (1356-1366), Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2014.

6. Recaudación mediante compartimento de un servicio otorgado por el General al rey (marzo de 1369)

Entidades fiscales | Cantidades | Porcentajes
Aldea de Alfranca | 8 s. 6 d. | 0,0008
Aldea de El Burgo | 12 s. 9 d. | 0,1848
Aldea de La Muela | 33 s. 0 d. | 0,4784
Aldea de La Perdiguera | 83 s. 9 d. | 1,2142
Aldea de Mezalmazorre | 16 s. 9 d. | 0,2428
Aldea de Monzalbarba | 21 s. 6 d. | 0,3117
Aldea de Pastriz | 50 s. 3 d. | 0,7285
Aldea de Peñaflor | 125 s 9 d | 1,8231
Aldea de Ribasaltas | 8 s. 6 d. | 0,1232
Aldea de Siest y Vistabella | 25 s. 2 d. | 0,3649
Aldea de Utebo | 92 s. 3 d. | 1,3374
Aldea de Villamayor | 100 s. 6 d. | 1,4570
Aldea de Villanueva de Burjazud | 167 s. 6 d. | 2,4284
Aljama de los judíos | 626 s. 0 d. | 9,1187
Aljama de los moros | 202 s. 0 d. | 2,9285
Lugar de La Puebla de Alfindén | 50 s. 3 d. | 0,7285
Lugar de Longares | 60 s. 0 d. | 0,8699
Parroquia de San Andrés | 33 s. 6 d. | 0,4785
Parroquia de San Felipe | 335 s. 0 d. | 4,8567
Parroquia de San Gil | 620 s. 0 d. | 8,9885
Parroquia de San Jaime | 167 s. 6 d. | 2,4284
Parroquia de San Juan del Puente | 150 s. 9 d. | 2,1855
Parroquia de San Juan El Viejo | 75 s. 6 d. | 1,0946
Parroquia de San Lorenzo | 117 s. 3 d. | 1,6999
Parroquia de San Miguel | 251 s. 3 d. | 3,6425
Parroquia de San Nicolás | 75 s. 6 d. | 1,0945
Parroquia de San Pablo | 1.424 s. 0 d. | 20,6879
Parroquia de San Pedro | 139 s. 0 d. | 2,0152
Parroquia de San Salvador | 209 s. 6 d. | 3,0373
Parroquia de Santa Cruz | 227 s. 0 d. | 3,2911
Parroquia de Santa María La Mayor | 670 s. 0 d. | 9,7566
Parroquia de Santa María Magdalena | 477 s. 6 d. | 6,9226
Villa de Zuera y sus aldeas | 240 s. 0 d. | 3,4794
Total | 6.897 s. 8 d. | 100 %

Fuente: AHPrNtZ, Gil de Borau, 1369 (Libro de mayordomía de Domingo de Flores).

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