Portada

Juan C. Aceros

Claudia Quijano Mejía

(editores)

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Trabajo Social

Escuela de Historia

Bucaramanga, 2021

Página legal

ALFONSO LEÓN, DANIELConflicto armado y organización campesina : Memorias de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra / Daniel Alfonso León … [y otros] ; editado por Juan C. Aceros y Claudia Quijano MejíaBucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2021214p.: il., diagrs., tablas., mapasISBN:E-PUB : 978-958-5188-13-61. CONFLICTO ARMADO – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) – HISTORIA 2. CAMPESINOS – CONDICIONES SOCIALES - VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) – INVESTIGACIONES 3. VIOLENCIA POLÍTICA – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) – HISTORIA 4. RESISTENCIA CIVIL – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) 5. MUJERES CAMPESINAS – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) – ASPECTOS SOCIALES 6. ASOCIACIONES CAMPESINAS – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) – ASPECTOS SOCIALES 7. CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA – ACTIVIDADES – VALLE DEL RÍO CIMITARRA (MAGDALENA MEDIO: REGIÓN: COLOMBIA) 8. NEGOCIACIONES DE PAZ – COLOMBIA – EVALUACIÓNI. Figueroa Salamanca, Helwar Fernando II Linares García, Johana III Correa Delgado, Juan Sebastián IV.Méndez Villamizar, RaquelCDD : 303.6209861 / 305.563309861 Ed. 23CEP - Universidad Industrial de Santander. Biblioteca Central

Conflicto armado y organización campesina

Memorias de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra

Editores:

Juan C. Aceros*

Claudia Quijano Mejía*

Autores:

Juan C. Aceros*

Claudia Quijano Mejia*

Raquel Méndez Villamizar*

Helwar Fernando Figueroa Salamanca *

Daniel Alfonso León

Johana Linares García*

Juan Sebastián Correa Delgado

*Profesores, Universidad Industrial de Santander

© Universidad Industrial de Santander

Reservados todos los derechos

ISBN: 978-958-5188-13-6

Primera edición, diciembre de 2021

Fotografía de portada: Daniel Alfonso León

Diseño, diagramación e impresión:

División de Publicaciones UIS

Carrera 27 calle 9, ciudad universitaria

Bucaramanga, Colombia

Tel.: (7) 6344000, ext. 1602

ediciones@uis.edu.co

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra,

por cualquier medio, sin autorización escrita de la UIS.

Impreso en Colombia

Introducción

Juan C. Aceros y Claudia Quijano Mejía

Cuando se habla de memoria, el sentido común impone una asociación entre el acto de recordar y el acto de revivir. Sin embargo, este imaginario social no le hace justicia a la memoria, por al menos dos razones. En primer lugar, por su tono nostálgico, que parece asumir que «todo pasado fue mejor». En segundo lugar, por su individualismo. La comprensión cotidiana que tenemos de la memoria pone el énfasis en la persona que rememora su pasado y así lo vive de nuevo. Así pues, el sentido común nos presenta la memoria como algo que tiene que ver con lo que el individuo fue y probablemente ya no será más. Pero recordar es mucho más que eso. La memoria es un logro social (Halbwachs, 2004): recordamos a la luz de lo que hemos vivido, pero también a la luz de lo que hemos experimentado con otros, de lo que otros nos han hecho y de lo que nos han contado. En este proceso de recordar con otros y gracias a otros se construye toda una narrativa del pasado que nunca es la reproducción de lo ya ocurrido. Por el contrario, ocurre siempre una construcción social de la memoria. Dicha construcción implica tanto recuerdos como olvidos selectivos (Jelin, 2002a). Así pues, la memoria no es un regreso al pasado, sino la actualización del recuerdo social en el presente, acto que tiene implicaciones para el mantenimiento de las formas de vida actuales y su proyección hacia el futuro. A medida que esta historia colectiva se recuerda y se narra, la comunidad que lo hace se mantiene viva como comunidad. En algunos casos es así como resiste a la muerte, al exterminio; es así como genera mejor calidad de vida para todos.

Esa memoria compartida y performativa es la historia de una comunidad del recuerdo, lo que ahora se denomina ‘memoria histórica’: una historia compartida y construida que no simplemente reproduce la vida tal como fue, sino que produce la vida comunitaria a través del recuerdo. La memoria histórica puede tener muchas funciones. En años recientes, se ha convertido en una herramienta para abordar y elaborar los sucesos ocurridos y vividos por cuenta del conflicto armado, además de recuperar la verdad y romper con el olvido y el silencio respecto a los hechos acontecidos (Vélez, 2012). El interés por conocer el pasado de países que han tenido conflictos sociopolíticos es además una apuesta por la paz y la consolidación de la democracia a través de iniciativas oficiales y no oficiales de reconstrucción de memoria. Para el caso colombiano, con la promulgación de la Ley 1448 de 2011 se reconocen por primera vez los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral, luego de seis décadas de conflicto armado interno. Dicha ley contempla los ejercicios de reconstrucción de memoria histórica como medidas de reparación simbólica que contribuyen al esclarecimiento de los hechos y la dignificación de las víctimas (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

De una u otra forma, la memoria histórica consiste en la narrativa del pasado que construyen campesinos, afrodescendientes, indígenas y población civil afectada. Al poner el énfasis en la voz de estos actores, se intenta revertir la persistente asimetría en los relatos que constituyen la historia oficial, y que construyen en su mayoría los sectores dominantes de la sociedad; de ahí que su función suela ser la de legitimar su hegemonía. Así pues, la memoria histórica reivindica la capacidad de otros sectores sociales, generalmente subalternos, que buscan construir lecturas de la historia que sean acordes a su propia vida, ya que la construcción del pasado es fuente de cohesión, identidad social y proyección histórica (Torres, 2014).

Este libro presenta los resultados del proyecto de investigación «Reconstrucción de la memoria histórica de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, con enfoque de género», que contó con financiación por parte de Colciencias, a través de la convocatoria 745 titulada «Convocatoria para Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Contribución a los Retos de País, 2016». El proyecto se ubica en el eje de construcción de paz, en la línea temática de verdad y reparación, y su objetivo es el de reconstruir la memoria histórica de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (ACVC) con enfoque de género, promoviendo el acceso de la organización social a la reparación simbólica y reconociendo sus expectativas y potencialidades en la construcción de paz en un escenario de posacuerdo en Colombia. Para lograr este propósito, se empleó una aproximación inspirada en las herramientas desarrolladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que se caracterizan por su alto nivel participativo y por un énfasis en la dignificación de las víctimas como individuos, comunidades y organizaciones en proceso de convertirse en sujeto de reparación colectiva.

La ACVC es una organización social no gubernamental fundada en 1996. Está integrada mayoritariamente por campesinos que han colonizado el valle del río Cimitarra, una región ubicada en el sur de la región del Magdalena Medio colombiano. Muchos de ellos han llegado a esta región debido a que han sido desplazados de otras zonas del país por cuenta del conflicto armado. Lo anterior los ha llevado a orientar la acción de la ACVC hacia la construcción del arraigo, la defensa del territorio y la permanencia en él. Tal cosa supone, de una u otra forma, resistir a nuevos desplazamientos y a otras formas de violencia. Dicha resistencia colectiva y organizada se articula con 181 juntas de acción comunal que componen sus tres seccionales: nordeste antioqueño, medio cimitarra y sur de Bolívar. En años recientes, consciente como es de ser un actor histórico, la ACVC ha empezado a promover acciones tendientes a la reparación simbólica de los daños colectivos que ha experimentado durante el conflicto. Además, persigue decididamente la construcción de paz en Colombia.

La reconstrucción de la memoria histórica de esta organización campesina ha requerido un proceso riguroso, llevado a cabo a lo largo de alrededor de 24 meses, entre los años 2017 y 2019. El primer paso consistió en una revisión de la bibliografía colombiana acerca de los procesos de memoria histórica en el país, con especial interés en los trabajos realizados por el CNMH. A su vez, se indagó acerca del conflicto armado colombiano, buscando establecer categorías deductivas con las que se desarrollaría el proceso reconstrucción de memoria. La revisión bibliográfica y la reflexión en el interior del equipo llevó a proponer cinco grandes categorías: 1) Antecedentes o contexto sociohistórico del surgimiento y desarrollo de la ACVC (1970-1996); 2) Repertorios de violencia, daños y reparación experimentados entre 1996 y 2018; 3) Acciones de resistencia realizados por la organización (1996-2018); 4) Enfoque de género y formas de entender el rol de la mujer en la organización campesina, y 5) Expectativas y potencialidades frente a la implementación del Acuerdo Final de Paz en el escenario del actual posacuerdo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

Una vez superada la etapa de documentación, el segundo paso de la investigación consistió en encuentros con líderes y lideresas de la ACVC orientados a socializar el proyecto, así como a establecer los objetivos y alcances del proceso de construcción de memoria histórica. De estas reuniones resultaron cronogramas y acuerdos sobre los espacios de trabajo de campo con la población campesina. El grupo de investigación efectuó sesiones de trabajo colectivo, de la mano de documentos guía como la caja de herramientas del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) y el documento «Recordar y narrar el conflicto» (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Como resultado, se establecieron herramientas y técnicas de recolección de información que incluyeron entrevistas individuales y colectivas, talleres de memoria con hombres y mujeres víctimas de violencia, y observación participante en eventos desarrollados por la ACVC durante la ejecución del proyecto.

El trabajo de campo fue el tercer paso de la reconstrucción de la memoria histórica de la ACVC. Supuso para los investigadores el desplazamiento a diferentes lugares en los que hace presencia la organización, para contactar directamente con sus miembros. El ejercicio de trabajo de campo contó con la constante aprobación y consulta de líderes y lideresas de la ACVC, quienes sugirieron las fechas, lugares y logística de los talleres colectivos de memoria histórica. Su apoyo fue también fundamental en la ubicación e identificación de los participantes. Se determinaron como criterios de selección de la población que las personas vinculadas al proceso de reconstrucción de memoria fueran participantes en la dinámica organizativa de la Asociación en cada una de sus seccionales (Sur de Bolívar, Medio Cimitarra y Nordeste Antioqueño). En total se efectuaron 6 talleres de memoria histórica colectiva: uno en cada seccional de trabajo de la ACVC (en la vereda Alto San Juan, de la seccional sur de Bolívar; en la vereda Cuatro Bocas, de la seccional medio Cimitarra, y en el casco urbano del municipio de Remedios, de la seccional nordeste), un taller con los fundadores de la asociación en Barrancabermeja, y dos talleres con lideresas de la ACVC en Cantagallo y San Lorenzo. En cada uno de los talleres participaron en promedio 15 personas provenientes de las distintas veredas y caseríos que conforman las seccionales, en su mayoría líderes y lideresas adscritos a las juntas de acción comunal. En los encuentros con los campesinos y campesinas de la ACVC se procuró el uso de herramientas que facilitaran la construcción de un sentido propio y auténtico del pasado. En este sentido, fueron útiles técnicas como las líneas de tiempo, la cartografía social, el análisis prospectivo y el dibujo, entre otros. Los investigadores también asistieron a diferentes espacios de formación, discusión y trabajo organizativo de la ACVC como observadores, buscando de esta manera conocer las dinámicas internas de la asociación. En estos espacios se pudo realizar un total de 36 entrevistas individuales a 23 líderes y 13 lideresas de la ACVC, así como dos entrevistas colectivas.

Con los insumos antes mencionados se dio inicio al cuarto paso del proceso: el análisis de los datos. Para tal fin se transcribieron todas las grabaciones realizadas, y se procedió a su codificación acorde con los ejes de análisis. El tratamiento de la información se realizó con el programa Atlas Ti ® versión 6.2. Dada la naturaleza del proyecto, los audios y sus transcripciones se anonimizaron y protegieron siguiendo cuidadosas medidas de seguridad. Este proceso llevó a la creación de cuatro documentos preliminares, uno por cada una de las categorías deductivas. Estos han servido de base para la construcción de los capítulos que componen este libro. A ellos se ha añadido un texto específicamente dedicado a la forma en que el género se ha convertido en un asunto central en el proyecto y la actuación de la ACVC. Estos documentos han sido, en diferentes niveles de desarrollo, socializados, retroalimentados y validados por actores participantes de la ACVC. De esta manera, se ha querido que el relato resultante de todo el proceso se corresponda efectivamente con las memorias de los campesinos y campesinas sobre lo vivido y sentido en los más de veinte años que lleva esta asociación resistiendo al conflicto armado colombiano en el territorio.

Producto de la reconstrucción de la memoria histórica de la Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, este libro se estructura en cinco capítulos1. En el primero, Daniel Alfonso León y Helwar Figueroa presentan el contexto sociohistórico y geográfico en el que surge la ACVC. Los autores reconstruyen los antecedentes del proceso social que posibilitó el surgimiento de la asociación. En ese recorrido describen las diversas experiencias organizativas creadas por los campesinos, así como las experiencias de participación política en la región. La colonización campesina, las juntas de acción comunal, los comités, las cooperativas y el río son elementos que se entretejen para explicar la construcción de la identidad colectiva, del nosotros, de la asociación.

En el segundo capítulo, Johana Linares y Juan C. Aceros presentan el repertorio de violencias y daños experimentado por los miembros de la ACVC. El capítulo pone especial énfasis en lo que los pobladores del valle del río Cimitarra han experimentado como un proceso de consolidación de la actividad paramilitar en la región, así como en las alianzas que los participantes en el estudio perciben entre los grupos paramilitares y las Fuerzas Militares. Los autores también presentan lo que, desde las distintas seccionales de la ACVC, se propone como acciones deseables de reparación colectiva.

El tercer capítulo está dedicado a las acciones de resistencia que la ACVC ha desplegado a lo largo de su existencia. Sebastián Correa presenta un inventario de las apuestas de la ACVC en torno a la exigencia de los derechos humanos, la creación de una economía de la resistencia, la implementación de un proyecto de comunicación alternativa, la realización del trabajo político-organizativo en la región y la defensa del territorio y el medioambiente. El capítulo muestra la versatilidad y adaptabilidad de la ACVC, que, en su esfuerzo por permanecer en un contexto afectado por la violencia, ha desarrollado iniciativas que protegen al territorio y al campesinado en muy diversas dimensiones.

El cuarto capítulo está dedicado a entender el proceso histórico mediante el cual la ACVC viene incorporando discusiones en torno al género, y, en específico, cómo esta organización asume el feminismo campesino y popular como apuesta para lograr la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Las autoras, Claudia Quijano y Raquel Méndez, evidencian las principales dificultades, contradicciones y dilemas que enfrentan los hombres y las mujeres que han decidido poner en debate las cuestiones de género en la región y en el interior de la asociación. Asimismo, a través de relatos de vida y líneas de tiempo rescatan el papel de las mujeres lideresas en la construcción y consolidación del proyecto organizativo de la ACVC.

El libro finaliza con el quinto capítulo, en el que Daniel Alfonso y Claudia Quijano realizan un balance de las potencialidades y expectativas de la ACVC como organización campesina frente a la implementación del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional. En esa dirección, el capítulo recuerda que los ejercicios de reconstrucción de la memoria adquieren sentido si orientan el futuro.

Como ya hemos mencionado, este libro ha sido posible gracias a la financiación de Colciencias, a través de la «Convocatoria para proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación y su Contribución a los Retos de País, 2016». El desarrollo del proyecto empezó pocos meses después de la firma en Bogotá del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto. A pesar del revés que sufrió el plebiscito con el que se esperaba refrendar los acuerdos, persistía un clima de optimismo o, por lo menos, una expectativa razonable de cambio sociopolítico de la que era un indicador la misma convocatoria del entonces Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, en el momento de la publicación de este libro, diversas fuentes apuntan al asesinato de entre 400 y 700 líderes sociales y defensores de derechos humanos, al crecimiento en número en activos de las disidencias de las FARC-EP y la aparición de numerosos grupos emergentes tremendamente violentos, y a más de cien masacres con cerca de 400 víctimas en un contexto de llamativa impunidad. Así, pues, la situación es distinta de aquella en la que se escribió este libro y su contenido debe leerse desde esta perspectiva. A los lectores dejamos la tarea de valorar si las esperanzas que organizaciones como la ACVC habían puesto en el posconflicto pueden considerarse aún realizables, así como de determinar qué tan imperfecta es la paz hacia la que hemos avanzado, si es que en algo hemos avanzado2.

Los autores quieren expresar su agradecimiento a los líderes y lideresas de la ACVC, por su constante acompañamiento, apertura y colaboración a la hora de reconstruir la memoria histórica de la organización. En la misma vía, le debemos gratitud a cada una de las personas que participó en los talleres y que autorizó que se la entrevistase para este trabajo. Esperamos que los resultados de la investigación hagan honor a todas las experiencias y narrativas que los miembros de la ACVC han compartido con nosotros a lo largo de estos años.

Este libro es resultado de un trabajo colectivo al que han contribuido muchas personas. Claudia Quijano, Juan C. Aceros, Héctor Mauricio Rojas, Raquel Méndez, Helwar Figueroa, Freddy Jesús Herrera, Álvaro Acevedo y Johana Linares, profesores de la Universidad Industrial de Santander, participaron en la redacción de la propuesta de investigación. Además, contribuyeron con distintas actividades durante el desarrollo de la reconstrucción de la memoria histórica: realizaron trabajo de campo, dirigieron trabajos de grado asociados al proyecto, apoyaron la revisión bibliográfica, la realización de actividades de campo, el análisis de los datos y la redacción de los productos de nuevo conocimiento (incluido este libro). Josefina Vásquez, Daniel León, Johana Linares y Ángela Rodríguez contribuyeron significativamente a la revisión bibliográfica que sustenta este libro. Gerard Verschoor y Elisabet Rasch brindaron asesoría desde la Wageningen University.

Las estudiantes Francy Victoria Vélez Hernández y Zaida Ligia Acosta Villabona se integraron al equipo de investigación y realizaron sus respectivos trabajos de maestría con nosotros. Sebastián Correa, Jennifer Andrea Velasco Cómbita, Paula Jemima Carreño Gómez, Andrés Ríos, Ismael Pinzón, Nancy Roxana Tamayo Tette, María Camila García, Yudy Paola Posada Arciniegas, Brigitte Carolina Santos Roja, César Augusto Vargas, Ana Torres, Karoll Yesenia Velandia Rendón, Kelly Cristancho Maldonado, Jennie Andrea Carolina Ortiz Camacho y Angie Lorena Valencia Reátiga adelantaron su trabajo de grado en la modalidad de pasantía de investigación en este proyecto. Las estudiantes María María Delgado y Laura Daniela Ramírez trabajaron de manera comprometida en la transcripción de los datos recogidos; Wendy Tatiana Duque, Liseth Campos, Janna Vesga, Érika Yesina Ortiz, Silvia Yineth Anaya y María Natalia Vargas apoyaron la realización del evento científico de cierre del proyecto, en el que se presentaron avances del libro. Johana Convers, como auxiliar administrativa del proyecto, estuvo siempre atenta al desarrollo del proceso y brindó su ayuda incansable para al equipo de investigación. Natalia Vargas apoyó al equipo en campo y realizó talleres sobre gestión de memoria histórica y construcción de paz en los que participaron más de cincuenta líderes veredales de la ACVC. Andrés Pedraza transformó parte del material recolectado en documentos divulgativos —digitales e impresos— y fue el realizador audiovisual que creó el documental Mujeres del valle del río Cimitarra: Memorias de lucha y resistencia, derivado también de nuestra investigación. Wendy Tatiana Duque, con la ayuda de Sebastián Correa y Ángela Rodríguez, facilitaron la recopilación de los textos que componen este libro y realizaron revisiones preliminares. Con todas estas personas tenemos una deuda de gratitud que esperamos saldar —al menos parcialmente— con la presentación pública de este producto resultado de los esfuerzos de este equipo de trabajo.

1 Otros resultados pueden consultarse en: https://www.memoriaACVC.com/copia-de-documental

2 Fuentes adicionales para la reflexión sobre este período histórico son dos trabajos que ha publicado recientemente la ACVC: el informe final del proyecto de memoria campesina y protección de derechos para la paz en el valle del río Cimitarra (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra y Red Agroecológica Nacional, 2018a) y el protocolo para la protección individual y colectiva de los habitantes de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra y Red Agroecológica Nacional, 2018b). Es de destacar que estos documentos son resultado de un proyecto que se llevó en paralelo a nuestra investigación (véase Asociación Campesina del valle del río Cimitarra y Red Agroecológica Nacional, 1 de agosto de 2018); de ahí que las problemáticas denunciadas en estos textos tengan algunos aspectos en común con la presente investigación. No obstante, por la conformación interdisciplinaria del grupo que lideró esta investigación, es evidente que los resultados acá presentados tienen un mayor alcance interpretativo. También debe mencionarse que el informe publicado por la ACVC fue acompañado de otros productos de divulgación e incidencia política, con la intención de convertirse en documentos de denuncia para ser presentados ante los organismos estatales encargados de investigar los hechos de que fueron víctimas los miembros de la ACVC (en este momento en cabeza de la Justicia Especial para la Paz y la Comisión de la Verdad); además, estas investigaciones lideradas por sus propios miembros buscan que la ACVC sea reconocida como una organización víctima del conflicto y, por tal motivo, se repare a sus miembros de manera colectiva. Un objetivo vigente para los miembros de la ACVC, quienes, a pesar de las dificultades por las que atraviesan los líderes sociales del país, continúan resistiendo.

Forjando un territorio: «Nosotros ya somos de acá…»

Daniel Alfonso León y Helwar Figueroa Salamanca

Introducción

El valle del río Cimitarra comprende el costado oriental de la Cordillera Central, parte del valle del río Magdalena y el costado sur de la serranía de San Lucas. Cubre todo el municipio de Yondó y parte de los municipios de Remedios (Antioquia), San Pablo y Cantagallo (sur de Bolívar), en un área aproximada de más de 500.000 hectáreas. Es una zona con abundancia de fuentes hídricas, como los ríos Tamar, Ité, San Francisco, Caño Bravo y Caño Don Juan, que, en conjunto con otros riachuelos y quebradas, crean un sistema fluvial que permite la comunicación en el territorio. El valle posee importantes recursos mineros, energéticos y madereros, así como corredores estratégicos que se disputan el Estado y los actores armados.

Desde la década de los setenta, el valle del río Cimitarra experimentó procesos de colonización y organización campesina de la lucha por la tierra. Estos procesos estuvieron motivados inicialmente por la expansión de la ganadería y el modelo latifundista en diversas zonas del país que obligaron a muchos campesinos del Magdalena Medio que no tenían tierras o títulos de propiedad a buscar otros lugares donde asentarse. Estos colonizaron y «recolonizaron3» las tierras ubicadas en la desembocadura de los ríos Ité y Tamar, siguiendo el curso del río Cimitarra desde la desembocadura del río Magdalena, en las zonas de frontera de los municipios de Remedios, Yondó, San Pablo y Cantagallo. Un proceso que continuó en la década de los ochenta, como consecuencia del enfrentamiento del ejército y los paramilitares en su guerra contra las guerrillas (ELN, M19 y FARC-EP), y que obligó a cientos de campesinos a continuar desplazándose selva adentro hacia el interior de los baldíos que todavía quedaban, lejos de los márgenes del río Cimitarra. De esta manera, en el Magdalena Medio, la colonización, la «recolonización» y el desplazamiento forzado trajeron consigo distintas formas de movilización y organización social: creación de comités de tierras, juntas de acción comunal, cooperativas y asociaciones que, entre otras, permitieron garantizar las condiciones de vida de los campesinos en sus territorios y proteger sus derechos.

Este valle ha mantenido un flujo irregular de entrada y salida de población de orígenes ribereño, sabanero y de ladera lo que ha permitido la consolidación de focos de colonización, veredas, corregimientos y municipios sobre las riberas del río y en el interior de las selvas. De esta manera, la llegada a la región de gente proveniente de los departamentos de Antioquia, Caldas, Huila y Bolívar configuró un proceso de poblamiento contemporáneo marcado por elementos naturales, espaciales y económicos que configuraron la región4. En ese contexto, la vereda Puerto Nuevo Ité se desarrolló como uno de los focos de colonización que surgió del encuentro de campesinos desplazados y colonos en busca de madera y tierra. Allí se fundó, a comienzos de 1980, un proceso organizativo que se extendió sobre el río Cimitarra y que años más tarde dio origen a la ACVC.

Este capítulo busca indagar sobre las condiciones bajo las que se dio el proceso de colonización y la génesis del proceso organizativo y comunitario de la ACVC, así como su relación con procesos políticos y la violencia derivada del avance de los grupos armados en la zona entre 1980 y 2016. El trabajo parte principalmente de los testimonios de los campesinos y campesinas que han estado ligados a la ACVC. Intentan visibilizar elementos internos y externos que han marcado la trayectoria de esta organización, así como la relación de estos acontecimientos en los ámbitos local, regional y nacional.5 De este modo, se evidencian las transformaciones vividas en medio de fenómenos de migración, desplazamiento, colonización, exclusión y violencia contra los campesinos, y los distintos logros, resistencias y propuestas de la asociación en la construcción de su territorio. Asimismo, se pretende identificar cuáles han sido sus intereses, cómo se han gestionado sus demandas ante el Estado, los hechos de violencia que los han afectado colectivamente y las formas de lucha en defensa de sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales.

Esta investigación se enmarca en un esfuerzo de reconstrucción de memoria histórica. Por ello, se centra en los recuerdos colectivos como un entretejido de memorias individuales en flujo constante, una evocación volcada al presente de una organización social, cuya visión en conjunto trae interpretaciones sobre el conflicto, proyectos y aprendizajes en un territorio en construcción. La memoria histórica no es un dato, es un proceso de construcción que, en el caso de este capítulo, surge de talleres colectivos, de entrevistas a líderes y de documentos producidos por la propia asociación. De este modo adquieren sentido más de treinta años de historia, un pasado que en el acto de rememorar/olvidar fue cobrando significado en su enlace con el presente y de cara al futuro, proceso subjetivo y activo construido socialmente, en diálogo e interacción.

En esta reconstrucción, múltiples experiencias dan cuenta del proceso organizativo y comunitario de la ACVC. Sin embargo, debido a las características que adquirió el conflicto armado, sus protagonistas recuerdan con vehemencia las acciones violentas por parte de los diversos actores armados (entre 1980 y 2016) en contra de las comunidades, de sus líderes y de los proyectos comunitarios. El impacto de los operativos militares, los bloqueos alimentarios, la destrucción de asentamientos, los bombardeos, las ejecuciones extrajudiciales, la persecución y los asesinatos de líderes están presentes recurrentemente en los testimonios de los protagonistas de esta historia (ver capítulo 2). Asimismo, las conquistas y aprendizajes a partir de los cuales se configuran las expectativas que a futuro tienen los miembros de la asociación, principalmente con los recientes diálogos de paz adelantados entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP y la implementación de los acuerdos firmados. En este sentido, vale la pena aclarar que los talleres con las comunidades se hicieron en un momento en que los diálogos entre el Gobierno nacional y las FARC-EP situaban en el centro del debate a las víctimas. Verdad, justicia, reparación y no repetición fueron las palabras más apropiadas por los movimientos sociales de la región, recurrentemente mencionados en los diferentes encuentros organizados en las salidas de campo.

Por lo anterior, aquí se narra con la voz de los campesinos una historia cargada de resistencia y de ganas de vivir. Los protagonistas evocaron el pasado de forma oral en medio de encuentros, ejercicios de memorias, entrevistas individuales y colectivas desarrolladas en los municipios de Remedios, San Pablo, Cantagallo, Yondó y Barrancabermeja, durante el segundo semestre del 2017 y el primero del 2018. En medio de una guerra que se ensaña con las personas más débiles y donde el Estado sobresale por su ausencia, las narraciones se escriben con las voces de sus protagonistas. Experiencias que en muchas ocasiones nos fueron trasmitidas en múltiples encuentros en las cabeceras municipales, pero también recorriendo las veredas, los caminos y los ríos que surcan este paisaje que todavía se muestra exuberante, a pesar de la tala indiscriminada. Un ejercicio de etnografía e historia oral contrastado con la bibliografía existente sobre la región y con el periódico virtual Prensa Rural, un medio de comunicación alternativo impulsado por la misma organización campesina (ver capítulo 3).

El capítulo se centra en los antecedentes del proceso social de la ACVC durante el periodo 1980-1995. Bajo esa óptica se reconocen las características, atributos y percepciones sobre el valle geográfico del río Cimitarra, el poblamiento, los focos de colonización y la recolonización de las tierras baldías. Así se describen las primeras experiencias organizativas en el territorio: comités de tierras, juntas de acción comunal y la cooperativa; también se hace una aproximación a las vías de participación política que los campesinos utilizaron para elevar sus demandas en los ámbitos municipal, regional, nacional e internacional. De manera transversal también se abordan las percepciones sociales en torno a los grupos armados en el territorio donde la asociación tenía algún tipo de injerencia o influencia; Fuerzas Militares, guerrillas y paramilitares se comportaron de manera diferente con los campesinos, avanzando sobre el territorio de manera simultánea con múltiples consecuencias. El texto finaliza ubicando las acciones colectivas que la asociación realizó después de 1998 en torno a los derechos humanos y la defensa del territorio. Con ello aparecen los logros y desafíos que han surgido del trabajo de la ACVC y sus aportes a una región golpeada por el conflicto armado.

Entre la marcha y el éxodo

La creación de la ACVC se dio entre 1996 y 1998, en medio de dos grandes movilizaciones de carácter regional: la marcha de los parques (1996) y el éxodo campesino (1998). En ambas, juntas de acción comunal rurales y urbanas, comunidades campesinas, mineras, pescadoras y cocaleras de los municipios de Yondó, Remedios (Antioquia) y Cantagallo (sur de Bolívar) marcharon hacia Barrancabermeja. Esta gama de actores sociales en ámbitos local y regional buscaba soluciones y el cumplimiento de acuerdos sobre las necesidades veredales de infraestructura, salud y educación en toda la región, que ya habían sido firmados con el Gobierno nacional. Además, formulaban nuevas demandas respecto a los derechos humanos, las políticas agrarias, las condiciones de vida y el control de grupos armados.6

La marcha de los parques reunió aproximadamente a tres mil campesinos y surgió en respuesta al Decreto 1956 de 1995, «Compromiso de Colombia frente al problema de las drogas», con el cual el gobierno del presidente Ernesto Samper tomó medidas coercitivas que se hicieron sentir en las zonas con cultivos de coca, al afectar la agricultura familiar y la comercialización con fines lícitos de mercancías como el cemento y los combustibles. La marcha, además, fue una reacción a la definición de los municipios de Remedios y Segovia como zonas especiales de orden público7 y al incumplimiento de los acuerdos firmados con anterioridad. Por último, la marcha hizo evidentes las preocupaciones por la expansión de las «Convivir»8 y la intensificación de las acciones violentas de los paramilitares y el ejército contra la guerrilla y la población civil en sus territorios. En esta ocasión los campesinos se reunieron con una comisión de la Presidencia de la República y representantes de las alcaldías de Barrancabermeja, Yondó y Cantagallo, y se crearon cinco áreas de trabajos: orden público y derechos humanos; infraestructura; inversión social; desarrollo agropecuario, y división administrativa. Esta dinámica de trabajo fue la base para llegar a un acuerdo que fue firmado en el Parque Infantil de Barrancabermeja, el 28 de octubre de 1996 (Páez, 2016; Pedraza, A. Entrevista 26 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2018).

Dos años después, entre julio y octubre de 1998, se efectuó el éxodo campesino a Barrancabermeja. Esta movilización se dio ante el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos firmados en 1996, especialmente en relación con la violación de los derechos humanos, ya que el conflicto se había intensificado en las zonas rurales de Yondó, Remedios y Cantagallo, y se había extendido a las comunidades campesinas de San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití. El éxodo permaneció durante el cambio de gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998) al de Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Este último, ante la fuerza de la movilización campesina, se hizo presente para la firma de los acuerdos en Barrancabermeja el 4 de octubre de 1998: un acto que será recordado como la primera vez en la historia de la región del Magdalena Medio que un presidente de la República firma directamente un acuerdo con los campesinos (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).

Retrospectivamente, estos acontecimientos fueron claves para la génesis de la ACVC, porque evidenciaron, al igual que en otras movilizaciones en distintas partes del país9, la falta de políticas y programas que atendieran en el largo plazo las necesidades básicas de la población rural en las zonas de colonización. Las marchas además ponían en evidencia las acciones violentas contra los campesinos realizadas por los paramilitares; entre ellas, la quema por segunda vez de la sede de la Cooperativa de Pequeños y Medianos Agricultores de Antioquia (Coopemantioquia), en el caserío Puerto Nuevo, a orillas del río Ité (1986-1996); la masacre paramilitar en Barrancabermeja, en mayo de 199810, y la estigmatización de los campesinos por parte de sectores castrenses señalándolos como «guerrilleros» o «auxiliadores de la guerrilla». Por último, las marchas dieron cuenta de los impactos de la política de fumigaciones sobre los territorios campesinos, el acceso y gestión de los bienes comunes: agua, suelo, bosques y biodiversidad.

Esta estrategia militar ejerció una fuerte presión sobre los campesinos y campesinas del valle del río Cimitarra, quienes recurrieron a diferentes estrategias para protegerse del conflicto armado y elaborar proyectos que contribuyeran al fortalecimiento del territorio y la economía campesina. Por ello, los campesinos se organizaron en juntas de acción comunal desde donde lideraron y organizaron la movilización de las dos marchas y la creación de una organización de segundo nivel que denominaron Asociación Campesina del valle del río Cimitarra. Es así como, en medio de las movilizaciones, realizaron un fuerte trabajo de base, trazaron un plan de acción con énfasis en la formación y amparo de los derechos humanos11, y formularon además una propuesta, siguiendo la Ley 164 de 1994, de una zona de reserva campesina. Por cierto, para la memoria de los campesinos que hacen parte de la asociación, las movilizaciones campesinas de 1996 y 1998 no pueden entenderse desligadas de otras movilizaciones y acciones colectivas. En esa perspectiva, están presentes otras coyunturas de orden regional y nacional que jugaron un papel fundamental en la formación de líderes y la creación de una organización que acogiera y dirigiera el interés colectivo de las juntas. Así lo recuerdan sus dirigentes:

… es importante echarnos un poquito para atrás ¿no?, en 1985 fue cuando se consolida el proceso de Belisario Betancur de la UP. Ya ahí pues hay líderes que hoy hacen parte de la ACVC haciendo un papel importante. Está lo de la marcha que hubo en Cartagena, que acá desde el sur de Bolívar fue en 1984, la toma de Cartagena. De ahí parte mucho lo del tema organizativo: que es importante organizarnos acá en las veredas para seguirle saliendo al Gobierno nacional, y por eso de ahí nacen entonces unos acuerdos con el Gobierno nacional que son incumplidos, y entonces se siguen programando movilizaciones de personas del Magdalena Medio, que termina esa fase en 1996, cuando las grandes movilizaciones, y entonces se decide buscar una organización interlocutora entre el Gobierno nacional y las comunidades, y de ahí es donde se decide que entonces se crea la ACVC (GPAD, Taller colectivo1, sur de Bolívar, ACVC, 2017).

La ACVC se constituyó, en ese momento, en una de las organizaciones campesinas de la región cuya territorialidad se fue extendiendo de norte a sur por el valle del río Cimitarra. En ese sentido, la realización de las dos movilizaciones antes mencionadas (1996-1998) y la creación de la asociación fueron parte de los desafíos que los campesinos venían encarando desde finales de la década de los setenta, como una forma de ejercer la demanda de derechos sociales, cívicos, políticos y económicos, así como de reafirmar su condición de actor dentro de la ley y la lucha por sus derechos campesinos.

Río abajo y río arriba

Las tierras baldías en el valle del río Cimitarra fueron refugio y alternativa para muchos campesinos que migraron de antiguas zonas de poblamiento, en un proceso que empieza en 1950 y se fue intensificando en las tres últimas décadas del siglo XX. Esto se tradujo en la formación de diferentes focos de colonización campesina donde se reunieron conocidos y desconocidos sustentados en los recursos naturales, los conocimientos y la herencia cultural de sus lugares de origen. Con ello, boyacenses, tolimenses, santandereanos, antioqueños, chocoanos y caribeños, entre otros, llegaron para quedarse y, aún en medio de condiciones difíciles, se aferraron a una tierra con un gran potencial de producción, rica en madera y agua.

El valle del río Cimitarra es una región que se circunscribe a la influencia de las más diversas problemáticas propias del Magdalena Medio relacionadas con la represión a la protesta social y las luchas de los múltiples movimientos sociales que allí confluyen, donde el circuito Yondó, Cantagallo, San Pablo, Remedios y Segovia es epicentro de disputa permanente por parte de los actores armados ilegales, ante la ausencia del Estado. En efecto, la región del Magdalena Medio es uno de los espacios geográficos y sociales del territorio colombiano donde convergen el conflicto armado y otros procesos históricos que le son afines, se trata de una región determinada también por el conflicto agrario y su violenta intensidad en las zonas de colonización, desplazamiento y recolonización. Aunque no sea oficialmente una unidad territorial político-administrativa, esta región12 comprende a los municipios ribereños del río Magdalena, desde La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar (Cundinamarca) al sur; hasta Gamarra al norte, en el departamento del Cesar (Alonso, 1992). Vale la pena reiterar que este espacio histórico-cultural se definió al margen del Estado por quienes intentaron controlar sus recursos naturales, y que es vista por el Estado como un espacio de otredad, periférico, marginal y de frontera (Alonso, 1992).

Ahora bien, en la memoria colectiva de los campesinos el Magdalena Medio ha quedado marcado por la coexistencia de diversos actores, desde empresas petroleras, madereras, ganaderos y palmeros, hasta trabajadores dedicados a la actividad minera o migrantes temporales o definitivos relacionados con los cultivos de coca. Esto ha generado flujos de entrada y salida de gentes, creación de circuitos comerciales y vías de acceso a la zona. Así, las tierras de colonización se convirtieron en foco de disputa por la tierra y de tensiones sociales, políticas y económicas presentes en todos los actores de la región. Uno de los campesinos retrata esta situación al referirse a la dinámica de las empresas petroleras y la explotación de madera:

… lo que yo quiero contarle es que en ese entonces había dificultades: no había vías, no entraba sino un ramal de carretera que había hecho la Shell-Cóndor, que fue la empresa que vino a explorar petróleo en lo que hoy es el territorio de Yondó [...] entonces esa disputa era como una disputa también territorial [...] pero cuando ya nosotros empezamos la creación del municipio de Yondó (1979), ahí ya los intereses eran por el hidrocarburo; entonces de Ecopetrol empiezan a traer concesionarias, a seguir explorando petróleo, pero en la colonización estábamos por el interés de las maderas y el aporte que hacíamos era la agricultura, con el arroz, pero entonces ahí ya empezó a trabajase sobre la pequeña ganadería (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

Entre los árboles de mayor renombre y más buscados para la madera figuraban el abarco, guayacán, ceiba amarilla, ceiba tolúa, canelo, caracolí y perillo, entre otros. Algunas de estas especies nativas fueron explotadas para obras de infraestructura en el ámbito nacional o llevadas rumbo a los puertos del Caribe y comercializadas para diversos usos:

Mi primo había llegado aquí a este territorio; venía del Carare más bien como detrás de las maderas. Él trabajaba con madera; cortando madera, cuando eso el aserrío era el serrucho; una pareja cortaba los árboles, los entablaban y los volvían bloques a puro serrucho, no había motosierra. Al primo lo habilitaba un señor Fermín, no recuerdo el apellido del señor en ese entonces, ¿ese señor qué hacía? Tenía un negocio de contratar muchas parejas de aserradores, aparte de lo que cortaban a serrucho en el Carare tenía una contrata de polines para el ferrocarril, que eso sí los trozaban y los labraban era a pura hacha; pero, más que todo, cuando el primo mío vino aquí a esta tierra fue con la misión de venir a cortar abarco, coco abarco, que es una madera muy especial que aquí ya está extinguida. Tiempo después apareció una empresa que venía de Barranquilla, y sacaban la madera, porque ya se usaban las motosierras y las usaban para tumbar el árbol y descogollarlo, después lo tiraban al río [...] río abajo lo llevaban a Barranquilla, y allá con una máquina los soltaban y los limpiaban y los echaban pa´ otro país (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

Para ese entonces, algunos colonos llegaban río abajo o río arriba, otros por las carreteras y trochas construidas por las empresas petroleras o siguiendo a los mineros y aserradores; o viceversa, los mineros y aserradores siguiendo a los colonos. Algunos mineros en busca de oro descendían de Remedios y lograban cruzar hasta Yondó, Barrancabermeja y San Pablo. Los aserradores compraban madera; con ello, los colonos podían «hacer una finquita», o lo que llaman «un fundo». Este poblamiento tuvo como soporte una gran biodiversidad de flora, fauna y gran cantidad de ciénegas y afluentes fluviales, un paisaje hídrico que le da a sus pobladores una identidad ribereña:

… en la propia selva entonces teníamos la guagua, los cafuches, los micos, el pescado en los caños, ¡muy rico el pescado! [...] el guti, el conejo, el ñeque que llamamos y las aves, el pajuil, la pava, la gallineta [...] Había mucha abundancia, por carne no se sufría. Usted tenía su anzuelo e iba y lo tiraba y venga pa acá: usted en media hora se cogía 10 doradas, doncellas, blanquillos, ¿pa qué más? [...] cuando eso había mucho pescado en el río, ahorita no hay tanto por la minería, un almuerzo era arroz, yuca, plátano cocinado y pescado o carne de monte [...] siempre la comida gracias a Dios nunca nos ha faltado (León, D. Entrevista 1 con lideresa de la ACVC. 25 de agosto, 2017).

Los ríos Ité y Tamar, que desembocan en el río Cimitarra e integran la cuenca media del río Magdalena, han sido fundamentales en la construcción del territorio campesino. En sus cuencas, además de los paisajes, geoformas, coberturas y la gran biodiversidad, se han formado comunidades campesinas cuyos modos de vida y visión sobre el territorio han cambiado al ritmo de las dinámicas de aprovechamiento de los ecosistemas y de las relaciones con otros actores. En contraste con la explotación petrolera, la extracción ilegal de oro y el cercado y apropiación de los espacios del agua por parte de ganaderos y palmeros, los colonos han construido una identidad campesina en estrecha relación con uno de los pocos reductos ecosistémicos que quedan en la región.

Figura 1.1. Mapa del valle del río Cimitarra. Tomado de Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (2014).

Precisamente el contacto de los colonos con los baldíos permitió identificar tres zonas de producción: sectores fértiles, semifértiles y estériles. En las partes más fértiles, quienes sabían sembrar frijol, maíz y plátano conseguían tener animales de cría como gallinas y cerdos. En las partes semifértiles, que se inundaban entre abril-mayo y agosto-noviembre, se implementó el cultivo de arroz. Finalmente, en las zonas con poco material orgánico abundaban los cultivos de yuca o pequeños descubiertos para la cría de ganado. Asimismo, a lo largo del río, al lado de los cultivos de plátano y yuca estaban los tejedores de atarrayas y pescadores. De esta forma, se fueron integrando distintas costumbres entre los agricultores: unos sabían pescar y salar el pescado, otros preparaban mazamorra y conservaban la grasa de los cerdos o «entrojaban» (guardaban) el arroz, tal como lo explicó uno de los colonos:

Cuando nosotros llegamos a la ciénaga el potencial era pescado. Nosotros [...] los antioqueños no sabemos mucho, de pronto pescar por ahí con anzuelo y allá tocaba era con canoas y atarrayas. Pues nos demoramos mucho tiempo para nosotros empezar a disfrutar de eso también, porque no teníamos ni camino pa llegar a la ciénaga. A nosotros nos tocó fue empezar de ceros. Cuando le agregamos a esas dos hectáreas otro pedacito de monte que derribamos pa sembrar arroz, cogimos el arroz y lo guardamos, lo entrojamos en una parte del ranchito donde vivíamos [...] Entonces se optó por cultivar arroz y todo mundo nos dedicamos a eso: en todas las finquitas se cultivaba arroz, yo conocí en la tierra de los Medinas que en una sola cosecha se cultivaron 250 cargas de arroz, entre varios socios, porque también la siembra era artesanal, a barretón y cogerlo a mano, lo que se llama raspao, quizás cuando ya entraron a cultivar arroz grande en las partes de la costa y en la parte del Tolima se cayó la producción de arroz artesanal aquí en esta región, entonces ya no se pudo cultivar más (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

Otra de las huellas profundas dejadas por el territorio en la memoria de los colonos está vinculada con las enfermedades tropicales. La salud y la enfermedad estuvieron estrechamente relacionadas con las incursiones en nuevas áreas de colonización, pues aumentaban los accidentes y riesgos de contraer enfermedades. Las endemias, como paludismo, fiebre amarilla y hepatitis, se sumaban a las mordeduras de serpientes como la patoquilla o patoco, la coral negra, blanca, amarilla, la veinticuatro, la boga, la mapaná o mata gota, el verrugo y la talla xx. Para hacerle frente a estos problemas de salubridad, los colonos manejaban una amplia variedad de especies nativas de flora y fauna para contrarrestar los efectos mortales de las afectaciones que experimentaban. De estas plantas se destacan las siguientes: guaco, escubilla, mataandrea, caña, limón criollo, valdivia, raíz de limón, la fruta del cedro, la cascara de quina, el caldo de mico, la hiel de guagua, doncella y dorada.

Si bien es cierto que el territorio del que venimos hablando posee una gran riqueza humana y de recursos naturales, no es menos cierto que los procesos económicos capitalistas, sus ciclos y enclaves han estado estrechamente relacionados con la deforestación de los bosques, ocupación de humedales y ciénagas, contaminación de las aguas, desarrollo de sistemas agrícolas intensivos y pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, el territorio campesino del valle del río Cimitarra está definido no solamente por las zonas descubiertas en el largo proceso de colonización, sino también con las zonas que no han sido colonizadas ni ocupadas13.

Esta doble condición es una de las particularidades que distinguen el valle del río Cimitarra y que desde las memorias de los campesinos se hace evidente su dimensión geográfica, biodiversidad, prácticas de uso de la tierra y riquezas naturales:

Para mí, el valle del río Cimitarra significa un territorio amplio, lógico, de vida, de vida para muchos años, o sea muchos años, y de vida porque es que el valle del río Cimitarra tiene muchos elementos de vida, como el agua, o sea las partes hídricas, todavía tenemos riquezas naturales como las mismas montañas, ¿cierto? En este caso bosques, porque es que a veces uno habla de montañas y entonces algunos entienden que es una cordillera altísima por allá con rocas y eso. No, hablamos de bosques, de quebradas, y esto significa un centro, un territorio para vivir en un futuro no lejano, porque ya estamos trabajando sobre ello, que el pueblo y las comunidades vivamos una vida digna (León, D. Entrevista 19 con líder de la ACVC. 24 de febrero, 2018).

En conclusión, las tierras baldías en el valle del río Cimitarra fueron refugio y alternativa para muchos campesinos que migraron de antiguas zonas de poblamiento, a mediados del siglo xx, y se fue intensificando hasta comienzos de los años ochenta. Esto se tradujo en la formación de diferentes focos de colonización campesina, donde se reunieron conocidos y desconocidos, para «tumbar monte» y volver cultivables las tierras; inicialmente sobrevivieron con los recursos naturales de la región (pescado) y sembrando plátano y yuca, para después ir recreando los conocimientos agrícolas y la herencia cultural de sus lugares de origen y poco a poco crear una economía campesina que contribuyó al desarrollo de la región. Así, boyacenses, tolimenses, santandereanos, antioqueños, chocoanos y caribeños, entre otras colonias, llegaron para quedarse y, aun en medio de condiciones extremamente difíciles, aferrarse a una tierra con un gran potencial de producción, rica en madera, agua y pescado, con la cual se identifican y defienden.

La recolonización: perdimos y aprendimos

Aunque el proceso de colonización no se dio al mismo tiempo y en los mismos espacios geográficos, los agricultores recuerdan que la migración y desplazamiento en toda la región fueron en gran medida por motivos políticos y económicos. Una buena parte de los colonos llegó en búsqueda de tierra y mejores condiciones de vida, o bien escapando de la expansión del latifundio, los proyectos de infraestructura y la violencia, aspecto que ha marcado la vida de los colonos. Hombres y mujeres llegaron con fuerza de trabajo para «tumbar montaña» y sembrar, pero sin perder los vínculos culturales con sus lugares de procedencia y labores, lo que, unido a la rápida adaptación a los nuevos lugares, les permitió apropiarse del paisaje y construir poco a poco una identidad con el territorio, en medio de las adversidades y el conflicto.

La expansión de los ganaderos desde la década de los setenta explica la llegada de colonos desde Puerto Berrío (Antioquía) y La Dorada (Caldas). Por un lado, un número reducido de propietarios con capital controlaban la compra y venta de ganado; por otro, se comenzó a valorizar y ampliar las tierras con pasto. Finalmente, estos ganaderos organizaron a hombres armados que tenían a su cargo la seguridad privada de los hacendados y terratenientes; y así se fueron ampliando los linderos sobre tierras habitadas por familias de colonos que vivían de cultivar maíz, arroz, ajonjolí, plátano, cacao y de la cría de cerdos. Estos primeros grupos armados, según los testimonios, fueron creados para proteger la propiedad privada y los intereses de los ganaderos:

Se juntaban cuatro o cinco grandes ganaderos terratenientes; entonces ellos pagaban, un ejemplo, cinco por cada hacienda: cinco haciendas igual a veinticinco personas que eran contratados única y exclusivamente para revisar los linderos, es decir, las colindancias con las demás regiones, buen caballo, con pistolas, o escopetas de cinco tiros, las famosas «changones» [...] y un radio, un radio pequeño de comunicación con la hacienda [...] entonces tenía dos funciones: una que era permanecer vigilante a la cantidad de animales que se tenía o la cantidad de bienes que tenía la hacienda, estar siempre pendiente de lo que llamamos los linderos con las demás personas que ya no eran hacendados, mantener vigilancia, porque hay que recordar que en ese entonces la mayoría de dueños de las haciendas vivían en las haciendas (Páez, 2015, p. 272).

Los terratenientes en Puerto Berrío actuaron de manera violenta contra los campesinos desde finales de la década de los setenta. Los intereses de ampliar el territorio, de aumentar el número de cabezas de ganado, el acceder a tierras ya descubiertas, llevaron a un ambiente de inseguridad colectiva, lo que provocó incertidumbre, desconfianza y amenazas contra los colonos que ya se habían alejado de Puerto Berrío. Este fenómeno ocasionó una ruptura del tejido social y cultural que se había construido durante más de treinta años, expulsando a la gente en dirección hacia el río Ité, Tamar y San Bartolomé, abajo hasta el Cimitarra y el Magdalena, para ubicarse en sitios como Puerto Nuevo Ité, Jabonal, entre otros.

Para los colonos, la recolonización fue la «semilla» que creció con los acumulados de experiencias anteriores y generó elementos políticos, económicos y sociales que se integraron en la construcción de un nuevo territorio. Antes de ser desplazados, los colonos que vivían por los lados de Ciénega Barbacoas, límites entre Yondó y Puerto Berrío, recuerdan que el proceso de colonización que estaban viviendo en ese lugar fue acorde con las necesidades del campesino, es decir, debido al fácil acceso a recursos naturales: buena tierra, caza y pesca. Fue una colonización que se guiaba por el «ánimo de tener un patrimonio en el ámbito del núcleo familiar, con una solidaridad normal y la hospitalidad del campesino», pero con la particularidad de no contar con la suficientemente organización para resistir. Como recuerda uno de los campesinos, a modo de aprendizaje: «Creo que esa parte de no haber concebido un contexto económico y político de la defensa del territorio nos jodió y nos puso a reflexionar [...] perdimos y aprendimos» (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

A comienzos de la década de los ochenta, los terratenientes «amparados» en el apoyo del batallón Calibío de Puerto Berrío entraron en esa zona «masacrando y aplicando la política de tierra arrasada». Unos se quedaron, otros se desplazaron para la ciudad y otros continuaron hacia el río Cimitarra, un territorio que no conocían, dejando atrás tierras, animales, cultivos y una historia para muchos de más de 15 años:

… entonces llegar al río Ité sobre la altura de un punto que llama la Troja y ahí nos quedamos. Nos quedamos, digo: decidimos descansar. No conocíamos tampoco muy bien el terreno. Decidimos descansar sobre ese río, que había mucho pescado y se encontraba tal vez por esas épocas antes que decían que antes de la violencia había habido unas explotaciones de caoba y que habían quedado algunos espacios de campamento de aserradores. Recuerdo que en esas primeras partes de salidas había unos rastrojos grandes que no eran montañas, que se veía que habían sido talados, pero había, por ejemplo, popochos, había plátano, que le llamamos manzano, y entonces había forma de tener de ahí y ajustar con pescado y comer. Eso ya era un alivio inmenso, porque sobre ese río, tal vez porque era río, ya una ribera, porque tal vez habían bajado mucha madera, en eso antes de la violencia, por el río como una vía y madera embalsada, y tal vez entonces habían dejado esos espacios. Ya luego nos dimos cuenta que más abajo había gente colonizada y entonces empezamos ahí con los pocos colonos. Creo que eran tres no más que vivían muy solos, que subían desde Barranca y entraban por el río Cimitarra; pero no había mucha tronquera, el transporte era a palo, a pura canoa de remo y palo, y duraban tres días para subir las cosas desde donde lograban mercar y nos echaban todos esos cuentos; entonces decidimos recolonizarnos ahí, y ese es como el nuevo momento que parte la historia hoy (Páez, 2016, p. 219).

Adicionalmente, otros focos de colonización se formaron por la entrada de gente río arriba. Un caso en este proceso está representado por la vereda Concepción o la Concha, que a comienzos de los años de 1980 mantuvo una junta de acción comunal con familias que venían del sur de Bolívar, San Pablo, Simití, Caldas y algunas familias del Chocó. Desde Barrancabermeja salían canoas hasta La Rompida, por donde se podía entrar al río Cimitarra, y de ahí, a un día de camino, se llegaba a los sitios conocidos como Bagre y la Concha. Se trabajó en tierras productivas «tumbando» montaña, sembrando maíz y arroz en medio de abundante pesca y cacería. Era, como decía una de las colonas, «un paisaje hermosísimo, eso había especies de todo, tanto de aves como de animales, abundaba la danta, el venado, toda una suficiencia de alimentos, por eso la gente fue acabando con las mismas especies porque con eso se sostenían» (León, D. Entrevista 35 con lideresa de la ACVC. 23 de abril, 2018).

De esta forma, a orillas del río se fueron dando nombres a lo recién descubierto. Muchos colonos atraídos por la biodiversidad bautizaron las veredas con nombres de especies nativas como El Bagre, Coroncoro, La Raya, Nutrias, La Poza, San Miguel del Tigre, Los Mangos, Cagüí, Guamo y Bijao. Otros reivindicaban un sentimiento religioso que se ligaba indudablemente a fiestas o santos patronos propios del imaginario rural: San Francisco, Concepción, Santa Clara, San Luis Gonzaga, San Lorenzo y Santo Domingo. Tras los nombres de las veredas también aparecen, en parte, las historias de personas y procesos surgidos en el territorio, referentes en la memoria que ayudan a contar los aciertos, esperanzas, apuestas políticas y dificultades vividas por las familias en busca de mejores condiciones y participación: Puerto Nuevo Ité, Puerto Matilde, La Cooperativa, La Y de los Abuelos, No te Pases, Jabonal, Lejanías, La Congoja y Vietnam. Estos nombres retienen y congelan múltiples aventuras, sensaciones y experiencias.

El empuje de la colonización (con ritmos diferenciados en términos de poblamiento y configuración territorial) permitió que los esfuerzos de los colonos encontraran intereses y desafíos comunes ante las contradicciones que se venían presentando. A diferencia de las experiencias anteriores, esta forma de combinar la «solidaridad» tenía un «criterio», es decir, un objetivo común que trascendía el bienestar de la familia y el patrimonio y se dirigía hacia la lucha por el territorio. Los comienzos de la década de 1980 marcan una nueva fase en ese sentido, en el ámbito local se fortalecieron los comités de tierra, las juntas de acción comunal y una cooperativa desde donde se definían acuerdos y se hacían esfuerzos para la «distribución cualitativa de la tierra», la comercialización y el suministro de alimentos. Se compartieron alimentos, semillas, herramientas y la cría de animales domésticos, así como el trabajo para levantar los primeros ranchos de madera y palma. En palabras de los colonos, «todo eso era casi que un compromiso de los colonos, que ya existíamos con el colono que llegaba, y el que llegaba y ya al año tenía esa garantía, entonces se comprometían también [...] esa solidaridad surgió en la recolonización, por la necesidad de la distancia, la soledad, la falta de los productos, la falta del dinero para comprar los productos». Gilberto de Jesús Guerra, líder fundador de la ACVC, insiste en la forma como se dio este poblamiento:

El primer año usted recibía de los campesinos que ya estaban en la frontera que iba la colonización yuca, plátano, pie de cría en aves, en cerdos no vieron esas condiciones siempre, y luego, semillas de ese mismo producto para que usted sembrara donde estaba. La solidaridad que se merecía el compañero que llegaba, el espíritu de la solidaridad, es uno de los tantos temas del criterio, y al año, en la asamblea siguiente usted ya con un año de convivir con esta colonización tenía derechos a decidir si se quedaba o se iba. Si en ese año decidía que me quedo estaba totalmente comprometido con el criterio, y ya el criterio tenía el decir que un objetivo en común para la región era que yo no solo iba a trabajar por el bienestar de mi familia y mi patrimonio, sino iba a comprometerme con la lucha por el territorio y la defensa del mismo. Ese es el criterio, independiente de [...] la forma de pensar de la persona, ahí no tenía que ver, yo podía venir a desplazado, podía haber sido liberal, conservador, bueno, casos sucedieron (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).

Desde aquí hacia afuera y empezamos: cooperativa, comités de tierra y juntas de acción comunal

Después de 1982, las relaciones de cercanía entre los colonos se fueron asumiendo como un «criterio» fundamental para fomentar un proceso colonizador dirigido a fortalecer el territorio, siempre con un compromiso de amor por la tierra; por lo tanto, los líderes buscaban estrategias adecuadas para que los recién llegados permaneciesen en los lugares colonizados: cultivar la tierra. Muchos de los que habían llegado a la zona habían pasado por el ciclo «migración-colonización-conflicto-migración» (Fajardo, 2015, p. 7), dejando atrás tierras, familia, amigos, trabajo y proyectos, para tener que hacerlo una vez más, al poco tiempo de haberse establecido en otro lugar. Ante esta experiencia, se dieron nuevas relaciones, actividades y un proceso organizativo que buscó transformar la realidad y construir un orden deseado. La capacidad de los campesinos residió en mantenerse con lo básico —es decir, colonizar y «producir para el consumo familiar y el de sus animales domésticos»—, pero, además, crear una expectativa colectiva frente a la colonización.

Así en 1985, entre las capacidades y las habilidades de los colonos fue tomando fuerza la idea de convertir Puerto Nuevo Ité no solo como foco de entrada y salida de colonos, sino también en la sede de una cooperativa:

… ya estamos en esta región Puerto Nuevo Ité, la cooperativa, concretamente ahí: todo baldío; pero sobre el río ya teníamos asentamiento, empezaron entonces una serie de ideas que empezaron a concertarse ya por medio del Partido, y ya empieza a plantearse desde la orientación del Partido Comunista una realidad, que quizás es la que no logramos concretar antes, y se crea entonces la posibilidad de empezar a crear una economía propia y así surge entonces la Cooperativa de Pequeños y Medianos Agricultores, Coopemantioquia [...]. Esa iniciativa que trabajaron los que estaban aquí porque cuando llegamos al río los que venimos de Berrío, ya hay algunos que están ahí sin mucha organización, entre otras muy pocos [...] nosotros veníamos desplazados en esos dos años. La gente está aquí tratando de reagruparse, tienen miedo por lo que nos está pasando y no les está pasando a ellos todavía, todavía en ese momento no, se sentían igual como nosotros estábamos allá, tranquilos, solo trabajando; pero cuando escuchan todo lo que se escucha y lo que se conoce, las masacres y todo, llegamos nosotros a contarles y a decirles lo que venimos viviendo y dicen: ¡no joda! Entonces empezamos a organizarnos con ese fin, entonces todo mundo circuló, mejor dicho, se comprometió y empezó a circular alrededor de la economía: la cooperativa (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).

Puerto Nuevo Ité y la cooperativa se convirtieron en un referente político, económico y organizativo. En torno a la cooperativa se fortaleció un grupo importante de líderes, algunos militantes del Partido Comunista y otros que venían desplazados de zonas liberales o conservadoras, quienes en asambleas de socios de base fueron construyendo los propósitos de las zonas de colonización. Como parte de esta estrategia organizativa, la cooperativa económicamente buscó atender el problema de los intermediarios, la comercialización de madera, oro y el suministro de alimentos, medicinas e insumos.

Los comités de tierra en algunos casos surgieron antes de las juntas de acción comunal. Su importancia, según los propios colonos, fue facilitar la creación de acuerdos comunitarios sobre «alinderamiento» de las tierras colonizadas, tamaño de los terrenos para las familias; reglas para el aprovechamiento de los recursos naturales y ubicación de tierras baldías disponibles. Los comités jugaron un papel fundamental en la distribución de tierras para los colonos en las zonas rurales de los municipios de Yondó, Remedios, Cantagallo, la parte media del nordeste de Antioquia y en menor proporción en San Pablo, entre 1988 y 1993.

En cuanto a las juntas de acción comunal, su historia desde los años sesenta está presente en la memoria de los colonos. Su doble carácter de asociación comunitaria e institucional facilitó la reconstitución de las comunidades y la posibilidad de una relación más directa entre las demandas específicas del territorio y las administraciones públicas (Londoño, 1997). Fue a través de sus líderes que se crearon redes de vínculos sociales y políticos con los que se canalizaban ayudas y se negociaba para trabajar en las veredas. Las juntas son consideradas como una «herramienta», un derecho y «una representación legal» para gestionar proyectos y «recursos para el beneficio social de las comunidades». En la práctica las juntas de acción comunal, ante las condiciones en el territorio y la ausencia del estado, potencializaron colectivamente una serie de tareas y acuerdos, es decir:

Primero que todo el abandono estatal: aquí había, y hay que decirlo, todavía hasta hace poco seguía habiendo presencia del Estado; pero en lo que tenía que ver en la parte bélica de conflicto y de guerra. Entonces [en] esta región, cuando nosotros llegamos, no había profesores, no había escuelas, no había carreteras, no había puestos de salud, no había nada. Desde las juntas de acciones comunales pagábamos los profesores, desde las juntas de acciones comunales montábamos un botiquín, desde las juntas de acciones comunales construíamos una escuelita para que los niños estudiaran y en ese orden y desde las juntas de acciones comunales le hacíamos mantenimiento a los caminos para transitar la gente y caminos de herradura y el mantenimiento al río como medio de transporte, que era la único que teníamos (Pedraza, A. Entrevista 26 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2018).

Desde estos espacios surgieron los socios que dieron vida a la Cooperativa en 1985. Además de la junta de Puerto Nuevo Ité se sumaron las de las veredas de Ojos Claros, Dos Quebradas, Campo Bijao, Caño Tigre, Camelias y La Congoja, entre otras. Su participación se tradujo en un aumento de socios y la creación de tres nuevas sedes en el sitio de La Congoja (1989), en el casco urbano de Remedios y Yondó. Productos como maíz, arroz, cerdos, oro y madera eran comercializados en los mercados de Medellín y Barrancabermeja, y con ello se accedió a productos como la panela, aceite, jabón, alambre, herramientas e inyecciones antitetánicas.

Sin embargo, después de 1989 hasta 1996 la cooperativa fue objeto de cinco ataques por parte del ejército y de los grupos paramilitares (ver capítulo 2). Situaciones que afectaron a las comunidades, pero no destruyeron los desafíos que se venían planteando desde sus asambleas; entre ellos, la defensa del territorio y su economía, una organización más amplia que «empezara a hacer la lucha legal», continuar con la colonización y su delimitación. Es decir, la colonización con un propósito.

… nosotros duramos organizaditos con la Cooperativa en el 85, 86, 87, 88. Ya en el 89 lo que viene es la aplanadora contra cooperativa y no solo la madre sede, sino también sucursal: Congoja, que ya era una cooperativa que abastecía hasta esa zona de Berrío [...] los mismos ricos compraban ahí y entonces impactan a todo el mundo y la gente empieza a tomar como bandera de lucha de mantener su economía. Entonces se convierte en una cosa más estructurada, una bandera colectiva de lucha conjunta por mantener una economía a cuestas de lo que se diera de lo que costara, si era la misma vida; pero era su economía y la defensa del territorio. Entonces empiezan las masacres ya en esa década, ya entrada la década de los noventa y efectivamente en esos comienzos de los noventa, que fueron tan duros, fue ya en estas regiones que empieza una serie de masacres, una serie de arremetidas de controles de militares con presencia paramilitar (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).

En 1999, la ACVC comienza a reconstruir la Cooperativa de Puerto Nuevo Ité. Ese mismo año empieza a funcionar en junio una sucursal en Puerto Machete o Cuatro Bocas. Desd e estas dos sedes se continuó con el suministro de productos de primera necesidad para los pobladores y la compra de madera.

En la memoria de los campesinos la Cooperativa fue más allá de su dimensión económica. Pese a los ataques y violaciones para impedir su funcionamiento, el peso de sus asambleas, las decisiones que se tomaron y las discusiones que se dieron siguen estando vigentes en la organización. Este ha sido el caso de la experiencia reciente en torno a la defensa de la «línea o franja amarilla», que ante la expansión de economías extractivas centradas en la explotación maderera y la delimitación de la frontera agrícola, desde la cooperativa y las juntas de acción comunal la utilizaron para crear acuerdos y normas para la conservación y la protección ambiental: vedas de pesca, regulación de la caza y protección de hábitats de especies amenazadas, como las tortugas, el manatí y el jaguar; así lo recalcó uno de los campesinos:

Cuando nos queman la Cooperativa por primera vez, ya no asaltada sino incendiada, queman parte de la cooperativa y queman parte del caserío. Entonces ya empezamos a definir qué hacer, si podíamos vivir ahí o no, o si íbamos a tener recursos reservados. Pero también teníamos en cuenta que si la colonización iba a seguir hacia esa región después qué zona de reserva íbamos a tener. En ese entonces, la zona baldía la pisábamos, pero la utilizábamos era para eso, no para explotarla sino para refugiarnos. Como nos íbamos a quedar sin recursos dijimos: «no, no vamos a colonizar más, vamos a crear la línea amarilla». Entonces se propuso lo de la línea y se empezó a definir con las JAC el límite con la zona baldía (León, D. Entrevista 20 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2017).

Son varias cosas en ese mismo nudo: campesinos, Partido Comunista y Unión Patriótica

En 1984 se firmaron los Acuerdos de La Uribe (Meta) entre los comisionados por el Gobierno de Belisario Betancur y los voceros de la guerrilla de las FARC-EP. A raíz de estos pactos, nació el movimiento político de la Unión Patriótica (1985), como un medio para canalizar las diversas manifestaciones de protesta civil y popular y, asimismo, como un mecanismo político conducente a una eventual asimilación de las FARC-EP a la vida civil. Este proceso, que vinculó en sus inicios no solo a cuadros y dirigentes nacionales de la guerrilla, también logró atraer a diversas organizaciones sociales y sectores democráticos, donde tuvieron una participación destacada muchos dirigentes y líderes campesinos en el ámbito nacional.

Hasta ese momento, el proceso de colonización del valle del río Cimitarra venía ocurriendo con una notable ausencia del Estado. Fenómeno que generó las condiciones para que el nuevo movimiento acogiera las demandas y necesidades de los colonos y al mismo tiempo abriera la posibilidad para la construcción de un Estado que, más allá de su presencia militar, trabajara políticamente para mejorar el acceso a vías, salud y educación. Es por ello por lo que algunos campesinos que conocían la realidad de las comunidades y que pertenecían al Partido Comunista pasaron a ser dirigentes de la Unión Patriótica:

El Partido Comunista era como el motor impulsor de todo esto [...] entonces cuando el surgimiento, cuando la coordinadora, pues mueren tres o cuatro dirigentes del partido pero de manera regional, pero cuando ya nace la Unión Patriótica y todos nos volcamos a la Unión Patriótica como una alternativa de poder, como una fuerza política capaz de liderar cosas y ya con un pulso decidido ante las instituciones y ante los partidos y movimientos políticos, entonces es el mismo Partido Comunista el que dice no, echémonos esta bandera al hombro. Y entre los más de 5 mil muertos de la UP, entonces asesinaron la mayoría, fueron dirigentes del Partido Comunista, y eso para nosotros fue un golpe muy tenaz; pero bueno, ahí los pocos que quedamos nos hemos mantenido después de esa ofensiva de la coordinadora. Nosotros seguimos desde aquí pensando en que había la necesidad de crear estructuras de segundo nivel que representaran el campesinado (Pedraza, A. Entrevista 26 con líder de la ACVC, 25 de febrero, 2018).

Los campesinos del valle del río Cimitarra no se mantuvieron aislados en las zonas de colonización. Cuando se creó la Unión Patriótica, se inició el proceso de creación de la Cooperativa y simultáneamente se participó en movilizaciones y organizaciones en los ámbitos regional y nacional hasta la creación de la ACVC, durante el periodo 1996-1998. Entre los espacios de articulación y movilización social de aquel entonces se destaca la marcha a Barrancabermeja y la creación de la Coordinadora Campesina y Popular, en octubre de 1982; el paro cívico de Barrancabermeja (1983); la Comisión de Veeduría, para vigilar la situación de seguridad campesina, en 1984; la gran marcha a Cartagena, en 1985; el paro del nororiente, en 1987; el primer éxodo hacia Remedios, en 1987; el Frente Común por la Vida, la Paz y la Democracia, en 1988; la creación de la Asociación de Juntas Comunales de Yondó (Asojuntas), en 1992; la gran marcha de los parques (Barrancabermeja, 1996); el éxodo campesino de 1998; la Mesa Regional de Trabajo Permanente por la Paz (1998). Con todo ello, el trabajo con la Unión Patriótica no fue un fin en sí mismo, sino que hizo parte de las conquistas y luchas que se dieron por una visión amplia en defensa del territorio y la creación de una organización campesina de «segundo nivel».

Algunos líderes campesinos que fueron colonos, socios de la Cooperativa y concejales por la Unión Patriótica en el municipio de Yondó, entre los años de 1986 a 1999, narran cómo fue esa experiencia y los aportes que se hicieron a las zonas de colonización:

Lo que fue Remedios, Segovia, Barranca y Yondó fueron territorio de mucha acogida de la Unión Patriótica [...] En Yondó fue nombrado alcalde Braulio Mancipe Suárez por la UP (1986-1988). Ahí es donde toma más fuerza para construir lo que no estaba construido y para hacer lo que no estaba hecho [...], pero en el terreno que más le metimos duro fue a las vías de comunicación, que son las terciarias del municipio, las escuelas rurales, mejoramiento de los centros educativos propiamente en el Yondó, que era la escuela La Patria, el colegio Agropecuario [...] se construyeron las escuelas primeramente en los corregimientos, y de ahí pasamos en donde había más asentamientos humanos; por ejemplo, en La Raya, que fue una escuela que tenía capacidad para enseñarle a 100 niños [...] Sí, a mí me reeligieron (1988-1990), me lancé otra vez al Concejo y volví y gané el escaño, los que estábamos casi todos ganamos los escaños; pero entonces ya vino lo de las elecciones para la Asamblea Departamental. Entonces enviamos a Álvaro Córdoba Villalobos, y ganó la curul. Él fue diputado [...] Álvaro nos ayudó a conseguir una cantidad de cosas que necesitábamos tanto para la educación como para la salud y las vías. Bueno, ya teníamos nosotros allá como se dice un apoyo [...] hicimos unos acuerdos intermunicipales con San Pablo y con Remedio, para que se pudiera invertir en carreteras y vías [...] después de 1995 nosotros tuvimos varias situaciones de peligro, la amenaza era continua, lo que pasa es que uno, como se dice, hace de tripas corazón, y se hace el berraco estando muerto de miedo. Lograron el objetivo con algunos, mataron a Alirio Bermúdez, mataron al secretario del Concejo Héctor Moreno, mataron a Moisés [...], mataron a Benito Reyes arriba en la Congoja, y después, de allí haber salido de allá, mataron a Diomedes Playonero y mataron Eliécer Cuellar. Todos éramos concejales por la UP, pues nosotros estamos vivos de puro milagro (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

Se dio una gran discusión, acuerdos y eso, y se acordó que yo fuera al Concejo entre el año 95 al 97, y fui, o sea, salí candidato y salí nombrado. Por 6 votos le gané a un compañero ahí y quedé como concejal representando a esa región, del territorio de Remedios, San Francisco, Tamar, Matilde [...] se consiguió 11 kilómetros de carretera que es la que llega al bordo del río, ahí en Puerto Nuevo Ité, en Cooperativa, allá yo mismo fui uno de los primeros que entré [...] en educación se hizo el sostenimiento de la comida para los niños, donde había centros donde el niño dormía y comía. Entonces llegaban el domingo y se iban el viernes: un internado. Entonces en varias partes hubo, entonces se conseguía la comidita y profesores. Pero digamos, el alcalde nos salió charro. Nosotros tuvimos el poder, pues, como mayoría de concejales por un tiempo y luego allá se descuadró la dirección con el alcalde y perdimos y quedamos minoría, ¿sí? Entonces no fue mucho lo que se hizo [...] No fue lo mejor, pues yo evaluando diría que no fue malo en el sentido de que por lo menos salí vivo, ¿no? Porque ya se encrudeció la situación, además los de Unión Patriótica en esa época éramos muy poquitos ya. Ya hablar de UP en esa época era un valiente el que lo había, y era un riesgo. Entonces yo salí ileso, por lo menos salí. No se pudo hace lo que se pensaba, eso no es lo que nosotros pensábamos, nosotros no éramos políticos electoreros, ni mucho menos habíamos ido nunca a un concejo. Entonces la cosa no es como tan fácil: decir y hacer es otra cosa, porque allá las cosas se definen por votos y en este mundo de corrupción, y eso la cosa es berraca, no es fácil. Allá llegamos a tener habiendo 4 concejales del Partido Comunista o de la Unión Patriótica, llegar a tener 10 votos a 1, de los cuales el mío era el que respondía por el 1, porque los otros, para mí, se vendieron, porque los políticos, mal llamados políticos, diría yo, politiqueros, aprovechan la necesidad del pueblo (León, D. Entrevista 19 con líder de la ACVC. 24 de febrero, 2018).

Logramos tener en el Magdalena Medio la mayoría de las alcaldías y concejos, muy buenas representaciones. Recuerdo mucho que, en Yondó, en ese entonces, eran apenas 9 concejales y nosotros de esos 9 logramos obtener 6 en ese cargo. El proceso de la Unión Patriótica fue tan bueno que hacíamos los debates políticos en el interior de las juntas de acción comunal y eran las juntas las que decían «nosotros estamos en condiciones de apoyar a fulano o a fulana para el concejo municipal, al alcalde no definamos 8, 10, 15 candidatos, definamos 2 para la participación democrática y los sometemos a consulta», y así, de esa manera, tuvimos tres periodos de alcaldía y uno en coalición con los liberales que fue en donde entró en crisis la UP. ¿Qué fue lo que hacía la UP en su primer ejercicio? Nombrar los concejales, nombrar el alcalde, bueno, los debates de inversión del presupuesto del municipio lo vamos a hacer con todas las juntas de acción comunal, tanto urbanas como rurales, y son las comunidades las que van a decir hacia dónde vamos a dirigir al presupuesto. De esa manera, en Yondó se construyeron carreteras, escuelas, centros de salud, que hoy en día siguen siendo una preocupación (Orgeda, 2015).

Los Acuerdos de Paz firmados en 1984 se dieron por terminados en 1986. El presidente Belisario Betancur no consiguió mantener bajo control las fuerzas militares opuestas a los acuerdos. Asimismo, la impotencia del mandatario para acabar con los grupos paramilitares que venían aumentando su presencia en zonas controladas por las guerrillas creó el escenario propicio para que la guerra se incrementara. Las FARC-EP dieron por terminada la tregua y ordenaron que los líderes que habían dispuesto para el trabajo político dentro de la UP regresaran a los frentes de la lucha armada. Con esto, se dieron por terminados los acuerdos y se desvaneció cualquier continuidad de diálogo con esta agrupación.

A partir de este momento, no solo se eliminó la posibilidad de una salida negociada al conflicto, sino que también se inició un proceso de eliminación sistemática contra los militantes de la UP. Si bien el inicio de los hostigamientos y atentados contra los militantes de la UP había iniciado desde 1984, fue a partir del fin de los diálogos de paz que se dio más frontalmente el exterminio de este movimiento.

Lo que se había convertido en una victoria histórica de la UP por su éxito en las elecciones14 significó paradójicamente su infortunio. Por una parte, con la disculpa de combatir a la guerrilla, los escuadrones de la muerte iniciaron una ola de crímenes selectivos contra senadores, representantes, concejales y diputados de la UP. En una década, la UP perdió 145 concejales, lo que significa 14 por año y más de un líder cada mes. Además de esto, la racha de homicidios cobró las vidas 15 alcaldes en ejercicio, 9 candidatos a alcaldías, 11 diputados, 12 candidatos a asambleas, 3 representantes a la Cámara, 3 senadores de la República y 2 candidatos presidenciales (Romero, 2011).

El tratamiento represivo y militar de las fuerzas castrenses y los grupos paramilitares contra las organizaciones sociales y campesinas llevó a que el valle del río Cimitarra pasara de la no resolución de los derechos económicos, sociales y culturales a la violación sistemática y permanente de todos los derechos civiles y políticos.

Del valle del río Cimitarra hacia la región del Magdalena Medio colombiano: ACVC y sus conquistas

El Magdalena Medio es una de las regiones de Colombia que más ha estimulado tanto los análisis en diferentes áreas del conocimiento como las referencias al conflicto armado en su historia reciente. Cada una de sus historias, por sí solas, son suficientes para considerarla una región compleja: los vestigios de sitios arqueológicos a ambos lados del río Magdalena que recuerdan las tribus guerreras de los Yariguíes; las distintas visiones sobre el comercio por el río y la explotación del árbol de quina y madera; la explotación de petróleo y la llegada de empresas extranjeras; tierra baldía para campesinos sin tierra; lugar de luchas reivindicativas de trabajadores y campesinos; fronteras internas y tierras de nadie por conquistar; formación de grupos guerrilleros y paramilitares; poca presencia del Estado y altos niveles de violencia, entre otras. Para cada una de las historias de esta incompleta lista, existen distintas, divergentes y contradictorias versiones. A su vez, cada una de estas posturas son expresadas por distintos actores a través de diferentes medios, construyendo social y colectivamente la región que se conoce como el Magdalena Medio, dotándola de representaciones y atributos convenidos, contradictorios, aceptados y reproducidos socialmente.

Dentro de la región del Magdalena Medio, el valle del río Cimitarra ha sido para la ACVC un medio de identificación, pertenencia, referencia, apego y arraigo; asimismo, de refugio, producción, defensa, control y diálogo. Es decir, ha sido el medio de apropiación y compartimentación del espacio y sus procesos en articulación con otros actores en los ámbitos regional, nacional e internacional. Su materialidad se extiende inicialmente por cuatro municipios (Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo) a través de 120 juntas de acción comunal, algunas cooperativas y comités de pescadores. En su interior se encuentran tres seccionales (nordeste, media y sur de Bolívar), la zona de reserva campesina, proyectos productivos, aldeas comunitarias, zonas agrícolas, ganaderas, mineras y cocaleras.

Para la ACVC la región del Magdalena Medio es un espacio de vida y un espacio vivido por y desde los campesinos, pescadores y pequeños mineros que han entrado allí a lo largo del siglo XX. Como se ha visto es un territorio resultado de la colonización, la lucha por la tierra, la participación política y la búsqueda de mejores condiciones en una zona de frontera que se ha venido cerrando bajo la presión de distintas dinámicas. La organización de las juntas de acción comunal, la articulación de sus comunidades y las contradicciones, entre otros aspectos, muestran que la ACVC ha tenido formas particulares de apropiación y defensa del territorio que han desembocado en procesos concretos, entre ellos, y el más sobresaliente, la zona de reserva campesina:

… la última herramienta que nosotros tenemos en las manos como campesinos es la zona de reserva campesina, porque ni siquiera los campesinos colombianos tenemos derecho a la tierra. ¿Quién es el que tiene derecho a la tierra? El que tiene con qué comprarla. Usted se puede comprar toda esta región y es uno solo, y es el dueño de la tierra y es el que manda porque la compró. Pero en el caso de nosotros, que somos colonos, nosotros somos vulnerables a que nos saquen de la tierra. ¿Quién nos saca? Nos sacan los grupos armados o nos pueden sacar los cultivos de palma africana o la ganadería, a través de sus métodos que tienen para sacar a los campesinos. ¿Cuáles? Bueno, todos auspiciados por el Estado que no paga a sus habitantes, como son los campesinos desplazados de muchas regiones del país, y estamos acá y encontramos estas figuras de zona de reservas campesinas, pues esa es la que nos ata más al territorio (GPAD, Taller colectivo 46 con los fundadores de la ACVC, 2017).

Esta concordancia entre campesino-territorio recoge una profunda relación con las historias vividas en cada comunidad, lo que le ha permitido a la ACVC tener miradas tanto prospectivas y retrospectivas que refuerzan el sentido de la organización y sus desafíos. De ahí surgen dos elementos fundamentales que le aportan a la idea de región del Magdalena Medio: el río Cimitarra y la propuesta de desarrollo alternativo.

Al decir «río» se hace referencia a tres características. En primera instancia, es ruta o camino para entrar y salir del territorio, rodeado de lugares significativos, puntos de encuentro y referencia. Es la vía de comunicación de los campesinos dentro y fuera de la región15. En segundo lugar, para las comunidades, el río es el soporte de los procesos de apropiación y adaptación de las tierras, un apoyo fundamental en la colonización y el poblamiento de las tierras16. Por último, el río también representa parte de esa gran biodiversidad que se extiende por todo el valle y que se conecta con la serranía de San Lucas: una gran riqueza hídrica, abundantes especies de flora, fauna y recursos minerales como el petróleo y el oro17.

El desarrollo, por otro lado, en este contexto no es entendido en un sentido capitalista o de crecimiento económico (narco, empresarial y transnacional). Más bien se concibe como parte de la perspectiva de las comunidades, para defender la vida y establecer condiciones dignas que permitan el disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los habitantes (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, 1999). En ese sentido, encarna nuevos valores humanos y naturales que permitan armonizar las transformaciones de las estructuras productivas con sentido de equidad distributiva, responsabilidad ecológica e identidad cultural regional (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, 2004).

Estos dos elementos, río y desarrollo, desde el carácter de las comunidades campesinas involucran historias comunes, tanto en la interacción con los ecosistemas como en la relación entre las mismas comunidades y de estas con otros actores. En ese sentido, la memoria abre la posibilidad de documentar esa forma de pensar que tienen los miembros de la ACVC con respecto a ese proceso de construcción de región.

a) «Seguimos siendo colonos por naturaleza». Las regiones se construyen tanto desde abajo (desde las interacciones de los pobladores con los ecosistemas, la creación de identidades ligadas a la tierra, entre otros aspectos) como desde arriba (como herramienta de gobierno y administración). Para la ACVC, la declaratoria de zona de reserva forestal del río Magdalena (Ley 2 de 1959) se dio con procesos de colonización en curso y otros que todavía no habían comenzado. A ello se suman otras actividades como la explotación de madera, minería y ganadería que, en su conjunto, superaban las condiciones legales de un título de propiedad. En ese sentido, debido a esa condición de ley segunda, la ACVC recuperó como organización campesina el uso y acceso a la tierra de forma colectiva. Es decir, un carácter plural del territorio resultado de la relación construida por los colonos, que en la práctica consistió en un conjunto de reglas y acuerdos que determinan los medios de acceder a los recursos;

[...] yo sigo ahí todavía en los años sesenta, todavía estaba yo ahí por esos lados, en ese comité de parceleros y entonces nació la ley forestal, en el año cincuenta y nueve, y entonces eso nos llamó la atención, que ahí era como otro cambio [...] pero no lo entendíamos, de qué era eso, ¿cierto? Pero lo sentimos y fue tan duro que nosotros no teníamos estudio; pero fue tan duro porque vimos que no teníamos opción algún día de meternos como parceleros, digamos a reclamar los derechos, porque lo habían cogido prácticamente, era gente de organizaciones muy grandes y de mucha plata, y nosotros no podíamos competir con ellos. Entonces de esa manera pues fue la ley forestal, fue una vaina hecha legalmente, pero no fue legítima con las comunidades, y entonces esa es la problemática que tenemos hoy día, entonces ahí fue donde nació esa y empezó ya a organizarse una vaina diferente. No tenemos el reconocimiento de la tierra ni mucho menos los títulos, porque en ley segunda lógicamente el Estado no puede titular [...] de ahí que todas las parcelas ya hablando de la parcela de mi patrimonio familiar es igual que el patrimonio de todos los compañeros, y una vez estábamos colonizando terreno sobre la zona de ley segunda, pues efectivamente todos los patrimonios o todas las adjudicaciones de tierras son relacionadas a la decisión agraria y tienen pues un criterio establecido para la colonización. De esa manera puedo decir que [...] las parcelas tienen todas un mismo significado para el beneficiario en mayor o menor proporción de acuerdo con los recursos naturales. En ejemplos, si en los sectores hay más maderas, en los bosques, en los otros, puede haber contado si había una mina de oro o existió o puede existir, pero cosa que no se hace como con una decisión ya de recursos probados, sino que la tierra sea apta para producción, que tenga agua, y que la cantidad del terreno sea igual o equitativa más o menos, un poco de búsqueda en eso de que yo no tenga dos terrenos en uno, dos derechos no, un derecho igual , sin ningún tipo de GPS ni ningún tipo de medición o cálculo a la simple vista, pero acorde o concertada con las personas [...] hoy estamos es en un proceso de tres décadas, de las cuales le estoy hablando en una zona de ley segunda, pero que no está sustituida, sigue siendo ley segunda, seguimos siendo colonos por naturaleza (GPAD, Taller colectivo 47, con fundadores de la ACVC, 2017).

b) «La paz deseada se construirá si así lo exigimos todas y todos mediante la organización y la movilización». El Estado colombiano y las Fuerzas Militares definieron el Magdalena Medio como un área conflictiva y «teatro de operaciones» a mediados de los años sesenta. Inspirados en acciones contrainsurgentes y el monopolio legítimo de la fuerza armada, agrupó 36 municipios ribereños18 que, según esa perspectiva, eran foco de presencia de grupos guerrilleros. Esta regionalización militar tuvo como efecto la creación de aproximadamente 10 batallones19 y el desplazamiento de hombres armados en las zonas rurales con mayor intensidad desde los años ochenta.

En esa década, las FARC-EP habían empezado a definir una dinámica política en la región, como consecuencia de los diálogos de paz con el presidente Belisario Betancur (1982-86) y, por otro lado, el liderazgo del Partido Comunista y la influencia de la Unión Patriótica en la región dieron pie para la reacción armada por parte de los nacientes grupos paramilitares, en un contexto estratégico de lucha contrainsurgente y de «tierra arrasada». En efecto, los paramilitares surgieron en la región del Magdalena Medio en la década de los ochenta. Proyecto político, social y económico que arrastró alianzas e intereses entre elites locales, hacendados y narcotraficantes y las fuerzas militares. Para el Centro de Investigación y Educación Popular (1997) existieron dos tipos de paramilitarismo. El primero surgió en el municipio de Puerto Boyacá en la década de los setenta, y su máximo desarrollo se dio con la formulación del proyecto político del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena) y la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam). Después de ajustes y de una guerra interna Morena se disolvió para crear el Movimiento Liberal Democrático y Popular del Magdalena Medio como parte del Partido Liberal. Aunque el proyecto de Morena y el MLDPMM no prosperó, dos fueron sus principales herederos: Ramón Isaza en el Magdalena Medio antioqueño, con vocación defensiva y preventiva, y el Bloque Central Bolívar, que se reclamó heredero del pensamiento político de Pablo Guarín, líder del movimiento Morena, manteniéndose a la ofensiva y extensión territorial (Ureña, 2010).

El segundo tipo de paramilitarismo surgió con dos focos. En el sur del Cesar los paramilitares tenían como propósito una ofensiva contra las guerrillas del ELN y en menor medida contra las FARC-EP. Acciones que contaron con el apoyo de ganaderos, terratenientes y de empresarios de palma africana de San Alberto y Puerto Wilches. Por otro lado, y de manera simultánea, otro foco de paramilitares surgió en el municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, en los años ochenta. La particularidad de este paramilitarismo estuvo marcada por un fuerte apoyo de las Fuerzas Militares y la creación de cooperativas de seguridad.

Los enfrentamientos entre ejército, guerrillas y paramilitares desde la década de los ochenta introdujeron un margen de inseguridad sobre cientos de familias de campesinas y colonas en la región. En el caso del valle del río Cimitarra se recuerdan las humillaciones que el ejército cometía con los colonos, exigiendo salvoconductos para entrar o salir de la zona, la construcción de bases militares a orillas de los caminos y bloqueos económicos.

Nosotros nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en otras partes también por el encuentro de ellos con el ejército y con la guerrilla, lo cierto es que la situación se puso tan grave que entraron operativos hasta todo este territorio, lo que pertenecía a Yondó, pero ya pura selva y por la parte de encima también y gente que estaba entrando por Puerto Berrío a un punto que se llama La India, que es lo que es hoy día Campo Bijao, y la Cooperativa los obligaba que tenían que ir a presentarse a la base militar de Las Lomas, esa cosa era muy injusta, había gente que iba y se presentaba y se venían, y apenas daban una vueltica en la casa del otro, ya vuelva y arranque pa allá, pa darle cumplimiento a eso, es un atropello, y eso es una cosa muy humillante (León, D. Entrevista 4 con líder de la ACVC. 5 de septiembre, 2017).

A su vez, la presencia de las guerrillas del ELN, FARC-EP, m19 planteó en el interior de los focos de colonización la disyuntiva de permanecer en el territorio o hacer parte la lucha armada. Aunque algunas juntas de acción comunal y sus líderes apoyaron o hicieron parte de la Unión Patriótica, con la llegada de los paramilitares se produjo una arremetida violenta contra esa base social y sus proyectos.

Fue entonces que la experiencia vivida en la zona rural por más de 15 años (1980-1998) marcó la forma de ver el conflicto. Los campesinos que hacían parte de la recién creada ACVC junto con otros actores propusieron en el ámbito regional en 1999 «la necesidad inaplazable de consolidar un proceso de paz»; es decir, «lograr la paz y el desarrollo integral humano, a partir de la construcción de un proceso de desarrollo regional, con participación ciudadana y expresión de las potencialidades de los sectores populares» (Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, 1998, p. 43). Con ello se define un nuevo rumbo de gran parte de las acciones de la asociación campesina en el ámbito regional.

Por eso, en 1999 el Plan de Desarrollo y de Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio buscó reunir las demandas de movilizaciones anteriores y los esfuerzos hechos por las juntas de acción comunal en las zonas de colonización. Además, pese a que esos años existió un ambiente generalizado de terror paramilitar y estatal, la asociación pasó a ser un diálogo con propuestas alternativas ante el Estado y sus instituciones militares y sociales.

… en el noventa y ocho, a fines del noventa y siete, logrando hablar con muchos dirigentes comunales de ellos dicen: no, aquí hay una necesidad y es concentrarnos y llamar la atención del Gobierno frente a dos cosas puntuales: que nos garanticen el tema de derechos humanos y constituir una figura para resolver para defender el territorio [...] en el 98, donde ya nace la propuesta de crear la zona de reserva campesina, ya parecía en este momento la Ley 160 del 94, no sabíamos cómo se manejaba, tampoco estaba jurídicamente aprobada, pero empezamos a trabajarle a eso, y es así como planteamos ya aproximaciones con el gobierno de Pastrana para la creación de la zona de reserva campesina, y contentos, porque entonces ya venían nuevo gobierno, y ya había campañas y se decía que Pastrana va a ser el hombre que va a buscarle solución al conflicto armado colombiano, al menos con las FARC-EP por medio de la salida política [...] de ahí nos pusieron la tarea de hacer un plan, de construir un plan de desarrollo, presentamos el plan de desarrollo, fue aprobado en el año 2000, en ese entonces con 11 ejes, el primer eje es de derechos humanos, el segundo eje es el de infraestructura, el tercer eje tiene que ver con el desarrollo agropecuario, bueno, ahorita no me acuerdo de todos ellos, pero nosotros específicamente empezamos a trabajar en dos, uno el de derechos humanos, porque era la forma de cómo conseguir quien nos financiara unos talleres para capacitar a la gente en el tema de derechos y eso, la defensa de la tierra y el territorio y de la familia, y dos: en el de desarrollo agropecuario que entonces producto de eso tenemos la «bufalera», tenemos algunas trilladoras de arroz en toda la región, tenemos trapiches y proyectos productivos (Pedraza, A. Entrevista 26 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2018).

La asociación campesina fue ampliando su trabajo en el ámbito regional desde las juntas de acción comunal, comités ganaderos, comités pesqueros, comités de derechos humanos, un equipo técnico y una propuesta de comunicación llamada «Agencia Prensa Rural». De esta manera, la ACVC se convirtió en un fuerte foco de organización campesina, que, a diferencia de experiencias organizativas anteriores, mantuvo el compromiso por un proceso de paz y fuertes nexos con luchas cívicas y de sectores urbanos. Así se reforzó el tejido social de los campesinos y se visibilizó en los ámbitos nacional e internacional sus exigencias mediante la lucha por los derechos humanos contra las políticas de paramilitarización de la vida regional y la necesidad de seguir construyendo una región desde planes y proyectos alternativos. Una apuesta de desarrollo alternativo en defensa del medio ambiente, reapropiada y recontextualizada de los discursos y acciones de las ONG, que tempranamente habían hecho presencia en la región; de esta forma, hoy los miembros de la ACVC con su campesinato popular y de resistencia insisten en que el Estado reconozca sus esfuerzos por poblar la región y, en medio del conflicto endémico, su condición colectiva de víctimas.

3 La recolonización hace referencia a la llegada de colonos a zonas ya descubiertas. La explotación de madera, principalmente de caoba, había dejado sobre la desembocadura del río Ité una serie de descubiertos y caminos que se reutilizaron o recolonizaron. Uno de los colonos entrevistados lo presentó de la siguiente manera: «Decidimos descansar; no conocíamos tampoco muy bien el terreno, decidimos descansar sobre ese río en el que había mucho pescado; y se encontraba tal vez por esas épocas, antes, que decían, que antes de la violencia había habido unas explotaciones de caoba y que habían quedado algunos espacios de campamento de aserradores…; recuerdo que en esas primeras partes de salidas había unos rastrojones grandes que no eran montañas, que se veía que habían sido talados, pero había, por ejemplo, popochos, había plátano, que lo llamamos manzano, y entonces había forma de tener de ahí y ajustar con pescado y comer; eso ya era un alivio inmenso, porque sobre ese río, tal vez porque era río, ya una ribera, porque tal vez habían bajado mucha madera en eso, antes de la violencia, por el río como una vía y madera embalsada, y tal vez entonces habían dejado esos espacios» (Pedraza, A. Entrevista 26 con líder de la ACVC. 25 de febrero, 2018).

4 Los elementos naturales están relacionados con el río y los caños. Los elementos espaciales con las trochas y caminos abiertos por los buscadores de oro, madera y petróleo desde los tiempos de la Caribean y la Shell-Cóndor. Elementos económicos como la explotación de oro y enclaves cocaleras.

5 La organización de la información partió de los talleres colectivos cuya estructura y resultados abordaban las categorías de hechos, daños, resistencias y perspectivas de paz. Con estas fuentes, que fueron transcritas en su totalidad, se inició el proceso de sistematización utilizando la línea de tiempo como eje conector de las experiencias comunes o acontecimientos colectivos, internos o externos, que han afectado de manera positiva o negativa la historia de la asociación antes y después del bienio 1996-1998.

6 De acuerdo con Prada (2006): «En el Magdalena Medio las protestas regionales presentaron un leve incremento entre 1996 y 1998; en estos tres años, 38 protestas se realizaron en el sur de Bolívar, alrededor del 70 % de las totales del Magdalena Medio en ese periodo» (p. 193).

7 Decreto 2035 del 10 mayo de 1996 promulgado por parte de Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia para esa época. En estas zonas de orden público se definió que «la Decimocuarta Brigada del Ejército dispondrá retenes, con puestos fijos y móviles en las entradas y salidas de los municipios declarados como zonas especiales de orden […] restricciones de circulación y porte de armas» (Amnistía Internacional, noviembre de 1996).

8 El presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998), por medio de su ministro de defensa, Fernando Botero Zea, impulsó las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural («Convivir»), como una forma de regularizar el paramilitarismo. Las Convivir tuvieron su respaldo legal en los Decretos 2535 de 1993 y 356 de 1994, con la función de contribuir con labores de inteligencia para las Fuerzas Militares, y declaradas inexequibles en 1999; el Estado no recuperó las armas y sus miembros se emplearon con ganaderos y narcotraficantes. Las Convivir tuvieron su principal epicentro en el departamento de Antioquia, donde fungía como gobernador Álvaro Uribe Vélez.

9 Durante julio, agosto y septiembre de 1996, más de 200.000 campesinos cocaleros (cultivadores y recolectores de coca) marcharon hacia los centros urbanos y capitales de los departamentos de Guaviare, Putumayo, Caquetá y la baja Bota Caucana, en la Amazonia occidental de Colombia, también protestando contra la política de fumigación contra cultivos de coca en el gobierno de Ernesto Samper.

10 Esta masacre ocurrió el 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja (Santander), donde paramilitares fuertemente armados asesinaron a 7 pobladores de la región y desaparecieron a otras 25 personas, quienes participaban de una fiesta popular destinada a recoger fondos para obras de carácter comunitario.

11 En 1999, producto de la movilización campesina, se elabora el Plan de Desarrollo y Protección Integral de los Derechos Humanos del Magdalena Medio, en el cual participan diferentes formas de organización campesina de la región. El plan buscaba superar, mediante su implementación, el «atraso estructural» de 25 municipios de la región. En la Mesa Regional Permanente de Trabajo por la Paz del Magdalena Medio, plataforma que registra como autora del plan, participaron líderes campesinos del valle del río Cimitarra que impulsaron el proceso de la ACVC.

12 Se entiende aquí ‘región’ como ‘espacio histórico y cultural específico que está determinado y se transforma a partir de los procesos sociales productivos, políticos y simbólicos que allí se dan’ (Alonso, 1997, pp. 4-5).

13 «Tenemos 380.000 hectáreas que no están trabajadas ni por esta junta ni por esta, pero que todos las estamos cuidando, ese es el objetivo de eso, de la serranía, porque ese es el pulmón del mundo, pa mostrarle al mundo lo que estamos cuidando, digamos ahí, que es donde está la zona de reserva campesina, en el medio de todo esto» (GPAD, Taller colectivo 46 con fundadores ACVC, 2017).

14 La UP obtuvo en las elecciones de 1986 329.000 votos, correspondientes a 4,5 % del censo electoral, eligió 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 23 alcaldes y 351 concejales. En menos de 6 meses, la UP ya registraba 2229 juntas patrióticas y en 572 actos políticos habían reunido a más de un millón de personas.

15 «El río Cimitarra, el Ité y el Tamar son la principal vía de comunicación. De otro lado, existen otras vías, como la que llega de Remedios y de Puerto Berrío, que fueron construidas para remediar la situación precaria de comercialización de los productos agrícolas de los campesinos de esta zona» (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, 1999, p. 51).

16 «La Asociación Campesina ha conducido procesos de colonización en forma sistemática. Las nuevas familias que llegan a la zona desplazadas por la violencia son reubicadas por la Asociación Campesina, y esta, a su vez, ha desarrollado procesos solidarios con toda la comunidad, de tal manera que mientras las nuevas familias que llegan a la zona comienzan a autosostenerse, la comunidad les ayuda. Del mismo modo, la Asociación, en coordinación con las juntas de acción comunal, ha creado normas de convivencia comunitaria que les han permitido convivir en medio del conflicto» (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, 1999, p. 5).

17 «El valle del Cimitarra es una zona con importantes riquezas naturales, como las reservas naturales de bosques, nacimientos de ríos y ciénagas. Además, sus suelos poseen un alto potencial productivo. Por ello, la Asociación ha establecido normas de convivencia con la naturaleza, y ha delimitado áreas de no intervención, definido zonas de reserva forestal, piscícola y de fuentes de agua, así una sensibilidad ambiental entre sus pobladores» (Asociación Campesina del valle del río Cimitarra, 1999, p. 5).

18 15 municipios del departamento de Santander (Landázuri, Cimitarra, Santa Elena del Opón, Puerto Parra, El Peñón, Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Sucre, Jesús María, La Belleza, Florián, Albania, Rionegro y Simacota bajo), uno de Boyacá (Puerto Boyacá), uno de Caldas (Dorada), 12 de Cundinamarca (Puerto Salgar, Guaduas, Villeta, Quebradanegra, Útica, Yacopí, La Palma, Caparrapí, Topaipí, Nocaima, La Peña y El Peñón), cuatro de Antioquia (Puerto Triunfo, Puerto Nare, Yondó, Puerto Berrío), dos de Bolívar (San Pablo y Cantagallo) y uno del Tolima (Honda).

19 N.º 42 Batalla de Bomboná (1948) en Puerto Berrio; N.° 3 Batalla de Bárbula (1979) en Puerto Boyacá; N.° 14 Batalla de Calibío (1983) en Cantimplora, Cimitarra; N.° 40 Coronel Luciano D’elhuyar (1983) con sede en San Vicente del Chucurí; N.° 41 Rafael Reyes Prieto (1983) con sede en Cimitarra; N.° 14 Cacique Pipatón (1983), Puerto Berrio; N.° 8 Especial Energético Vial Capitán Mario Serpa Cuesto (2002), en Segovia, Remedios Antioquía; N.° 45 Héroes de Majagual; N.° 2 Nueva Granada (1968), Barrancabermeja y Yondó; N.° 5 Coronel Francisco José de Caldas (1976), Bucaramanga; N.° 14 Ricaurte (1946), Bucaramanga; N.° 14 Palagua (1987).

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