Publicación

editada

en el Perú

por Palestra Editores

Fragmento textil Shipibo-Conibo

TRES ENSAYOS SOBRE

DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

TRES ENSAYOS SOBRE DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA

Baldo Kresalja Rosselló

Primera edición Digital, diciembre 2021

© 2021: Baldo Kresalja Rosselló

© 2021: Palestra Editores S.A.C.

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Gabriela Zabarburú

Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2021-14161

ISBN: 978-612-325-235-9

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o Parcial de esta obra, bajo ninguna forma o medio, electrónico o impreso, incluyendo fotocopiado, grabado o almacenado en algún sistema informático, sin el consentimiento por escrito de LOS TITULARES DEL COPYRIGHT.

Contenido

Primer ensayo

ENGRANAJE DE IDEAS SOBRE LA IMPORTANCIA Y VIABILIDAD DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA EN EL PERÚ

PRESENTACIÓN

I. DEMOCRACIA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

1. Sobre democracia formal y democracia sustancial

2. Soberanía y ejercicio de la voluntad general

3. Democracia directa y Estado liberal

II. DEMOCRACIA GOBERNANTE Y DEMOCRACIA CRÍTICA

1. Democracia gobernante y democracia gobernada

2. Ética política y democracia crítica

III. SOBRE LA PRESENCIA DE LA NOCIÓN DE CIUDADANÍA

1. La noción actual

2. Las tradiciones liberal y republicana

3. Perspectiva cosmopolita

4. El patriotismo constitucional

5. La necesaria identidad política

IV. CRISIS Y CONTINUIDAD DE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

1. Notas sobre la representación política

2. Crisis y sobrevivencia de la democracia representativa

3. Las propuestas de la democracia participativa y de la democracia deliberativa

4. El espacio público como lugar de deliberación

5. Presencia de la multiculturalidad

V. SISTEMA ELECTORAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. La importancia del sistema electoral

2. Medios, encuestas, propaganda y lobbys

3. La influencia creciente de las redes

VI. PODER POLÍTICO Y GOBERNABILIDAD NEOPATRIMONIAL

1. ¿Es el poder político el poder supremo?

2. El rol tradicional de los partidos políticos

3. Colapso partidario y competencia electoral

4. La crisis política y la gobernabilidad neopatrimonial

VII. FRATERNIDAD ECONÓMICA Y ÉTICA CÍVICA

1. La lucha por la fraternidad económica

2. La ausencia de sentimiento constitucional

3. En pos de una ética cívica

Referencias bibliográficas

Segundo ensayo

LAS VÍAS DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

I. BREVE REFERENCIA HISTÓRICA Y PRESENCIA ACTUAL DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

1. Las ciudades-Estado griegas; y la experiencia de Roma

2. Las ciudades en el Renacimiento italiano y la evolución posterior

3. El caso suizo y la práctica en los Estados Unidos de América

4. La presencia actual y sus objetivos

II. SU INCORPORACIÓN EN EL PERÚ

1. Reconocimiento constitucional

2. Promotores y posiciones favorables

3. Antagonistas

4. Conclusión preliminar

III. LAS PRINCIPALES MODALIDADES DE LA DEMOCRACIA DIRECTA

1. La iniciativa popular

2. El plebiscito

3. Referéndum

4. El proceso revocatorio

5. La remoción de autoridades

IV. LA CONSULTA PREVIA: MODALIDADSUI GENERIS

V. EL REFERÉNDUM DE VIZCARRA: COYUNTURA, ANTAGONISMO POLÍTICO, DEBATE ELITISTA Y RESULTADOS

VI. CONSIDERACIONES APLICABLES A LA SOCIEDAD PERUANA

1. Requisitos y exigencias mínimas educativas e informativas para una participación popular convincente y eficaz

2. Los obstáculos soslayados por los promotores: pluralidad cultural, ausencia de homogeneidad social, informalidad, desconfianza generalizada y dificultades geográficas

3. La manipulación de la opinión pública y la ausencia de ética en las opciones políticas divulgadas en los grandes medios de comunicación y en las redes sociales

4. El uso excepcional de las modalidades de la democracia directa

5. El abuso reiterado en los procesos revocatorios

6. El carácter plebiscitario del referéndum Vizcarra y los efectos negativos de las propuestas

7. La irremplazable democracia representativa

8. El espacio público como lugar de deliberación

9. La necesaria extensión de la consulta previa: condiciones mínimas para su viabilidad democrática

10. Sobre la imperiosa superación de la democracia plebiscitaria

VII. IDEAS CONCLUSIVAS

Referencias bibliográficas

Tercer ensayo

CARACTERIZACIÓN PROVISIONAL DEL JOVEN ELECTORADO PERUANO URBANO EN EL CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL

PRESENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DE ESTE ENSAYO

II. PINCELADAS DE DOCTAS OPINIONES

III. JUVENTUD, CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

1. Dos palabras sobre educación

2. Perfil de la juventud actual

3. La herencia fujimorista

4. Cambios mundiales y efectos locales

5. Demócratas precarios y nuevos súbditos

IV. SONDEOS PARCIALMENTE ILUSTRATIVOS

1. Las primeras encuestas (1988-1989)

2. Encuestas II (2008-2016)

3. Encuestas III (2010-2019)

4. Encuestas IV (2018)

V. ENJUICIAMIENTO PROVISIONAL

1. Clientelismo y tutelaje

2. Avances discontinuos

3. Apuntes críticos

4. Ciudadanías activas

VI. CONCLUSIONES

Referencias bibliográficas

Primer ensayo

Engranaje de ideas

sobre la importancia y viabilidad

de la representación política

en el Perú

Presentación

Los temas de los que trata este ensayo han sido desde hace muchos años estudiados y comentados por los más reputados intelectuales y políticos del mundo entero, pero especialmente por aquellos que forman parte de lo que se denomina «la cultura occidental». A pesar del tiempo transcurrido desde que generaron interés, siguen presentes en la vida política y cotidiana de todos los países, inclusive en aquellos —como el nuestro— que han sido más receptores que creadores de opinión en el ámbito académico y político. ¿No bastará —entonces— leer lo que ya se ha escrito y juzgar en la intimidad las opiniones de los más enterados? Esta es sin duda una primera y elemental tarea, pero la aplicación de los asuntos vinculados al gobierno de las sociedades —es decir, de las personas— tiene que ver con su estado de desarrollo, su ubicación geográfica, sus costumbres y culturas, y con las tradiciones de las que son tributarias. Los países de América Latina tienen una herencia compleja, proveniente tanto de las culturas originales precolombinas, de las que trajeron aquellos europeos que se establecieron y gobernaron en ellos, de las herencias asiáticas y africanas de quienes llegaron de esos continentes y se quedaron a vivir entre nosotros y de los países que imponen en estos tiempos su poder duro y sus industrias culturales aunadas a un gran desarrollo tecnológico. Todo ello tiene un impacto en la vida política y social del Perú de nuestros días. Y, por razones diversas, los debates sobre los temas de los que trata este ensayo suelen ser tratados casi únicamente en círculos cerrados académicos, aunque su influencia alcanza a todos los ciudadanos y sus descendientes.

Me han animado a escribir este ensayo las lecturas que durante años he realizado y la situación actual del Perú, así como mi propio interés. Los temas aquí tratados han estado presentes en toda nuestra vida republicana con intensidad diversa. Ya durante el siglo XIX se produjeron amplios debates sobre representación política, acerca de quiénes podían participar en los asuntos públicos, en los que se recurría a la copia de constituciones e instituciones extranjeras —una colección de «modas», como afirma Marie-Danielle Demelas en su magnífico libro La invención política (2003, p. 333)— y en donde el caudillaje militar y la ausencia de instituciones democráticas fue sin duda una penosa realidad que la joven república no pudo superar. Pero es preciso constatar que, durante las últimas décadas, se ha producido un avance significativo en aspectos educativos y económicos, aunque somos aún —a pesar de la antigüedad de la presencia del hombre en nuestro territorio— una nación en busca de un perfil más nítido e integrador y, sobre todo, más creador. Es eso lo que me ha impulsado a efectuar un «engranaje» (es decir, un enlazamiento) de ideas y conceptos muy conocidos, pero imprimiéndoles una visión personal con el propósito de contribuir al mejor funcionamiento del sistema democrático y a que el concepto integral de ciudadanía se instaure y se enraíce entre nosotros.

Lima, febrero de 2020

I.

Democracia y derechos fundamentales

1. SOBRE DEMOCRACIA FORMAL Y DEMOCRACIA SUSTANCIAL

1. Afirma el jurista italiano Luigi Ferrajoli que los derechos fundamentales constituyen la base de la moderna igualdad, que es una igualdad en derechos que la hace diferente de las anteriores. En primer lugar, porque tales derechos son universales, es decir, corresponden a todos y en la misma medida, al contrario de lo que sucede con los derechos patrimoniales, de los que un sujeto puede ser o no titular con exclusión de los demás. Y, en segundo lugar, por su naturaleza de indisponibles e inalienables, que los sustrae del mercado y de la decisión política. Continúa Ferrajoli señalando que la constitucionalización de esos derechos sirve para insertar una dimensión sustancial no solo en el derecho sino también en la democracia1.

Leamos a continuación esta larga cita del mismo autor:

Efectivamente, las dos clases de normas sobre la producción jurídica que se han distinguido —las formales que condicionan la vigencia, y las sustanciales que condicionan la validez— garantizan otras tantas dimensiones de la democracia: la dimensión formal de la ‘democracia política’, que hace referencia al quién y al cómo de las decisiones y que se halla garantizada por las normas formales que disciplinan las formas de las decisiones, asegurando con ellas la expresión de la voluntad de la mayoría; y la dimensión material de la que bien podría llamarse ‘democracia sustancial’, puesto que se refiere al qué es lo que no puede decidirse o debe ser decidido por cualquier mayoría, y que está garantizado por las normas sustanciales que regulan la sustancia o el significado de las mismas decisiones, vinculándolas, so pena de invalidez, al respeto de los derechos fundamentales y de los demás principios axiológicos establecidos por aquélla. Así, los derechos fundamentales se configuran como otros tantos vínculos sustanciales impuestos a la democracia política: vínculos negativos, generados por los derechos de libertad que ninguna mayoría puede violar; vínculos positivos, generados por los derechos sociales que ninguna mayoría puede dejar de satisfacer. Y la democracia política, como por lo demás el mercado, se identifica con la esfera de lo decidible, delimitada y vinculada por aquellos derechos. Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible que sí y de lo indecidible que no; y actúan como factores no solo de legitimación sino también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones.2 (Cursivas nuestras)

2. Definir con precisión el significado de la democracia no es tarea fácil: se han propuesto muchos modelos de ella3. Pero, en lo sustancial, puede afirmarse que «dentro del pensamiento democrático hay una división clara entre los que valoran la participación política en sí misma y la entienden como un modo fundamental de autorrealización y los que tienen una visión más instrumental y comprenden la política democrática como un medio para proteger a los ciudadanos de un gobierno arbitrario y expresar sus preferencias».4 En el curso de este ensayo habrá que tener presente esta división de pareceres que cruza todo el debate sobre la pertinencia, viabilidad o conveniencia de la representación política y de las modalidades de la democracia directa en el Perú5.

3. ¿Qué justifica la democracia? Esa es la pregunta que se hace Carlos Santiago Nino y a la que busca contestar en un largo y enjundioso estudio. Aquí solo recordamos que el autor citado amplía tal interrogante al preguntarse si ella es un proceso o si es algo inherente a un proceso. Y dice:

si la democracia se justifica mediante el valor de sus resultados, su atractivo sería débil y su carácter contingente, debido a que se podrán alcanzar mejores resultados a través de algún otro procedimiento. Además, podría decirse que el procedimiento democrático algunas veces produce resultados moralmente inaceptables. Si la democracia estuviera justificada, en cambio, en valores inherentes a su procedimiento distintivo, su valor debería ser ponderado con los resultados alcanzados a través de ella. A diferencia de aquellas prácticas que valoramos debido a ciertas reglas intrínsecas a ellas (como los juegos o los deportes), los resultados del procedimiento democrático no son moralmente irrelevantes sino de una importancia moral inmensa. El modo en que se resuelva la tensión entre procedimiento y sustancia debería ser considerado relevante al momento de evaluar las teorías de la democracia6.

4. Ahora bien, es conveniente también recordar lo dicho por Bobbio:

la democracia de los modernos es el Estado en el que la lucha contra el abuso de poder se desarrolla en dos frentes, contra el poder desde arriba en nombre del poder desde abajo y contra el poder concentrado en nombre del poder distribuido […] La garantía contra el abuso de poder no puede nacer únicamente del control desde abajo, que es indirecto, sino que debe contar con el control recíproco entre los grupos que representan a los diversos intereses, los cuales se expresan a su vez en diferentes movimientos políticos que luchan entre ellos por la conquista temporal y pacífica del poder7.

Ello pone en evidencia una característica de la democracia de los modernos: que, si bien se trata de un régimen que persigue consensos, acepta el disenso, lo reputa necesario y propio de una sociedad pluralista, siempre que se manifieste dentro de ciertos límites, lo que implica el reconocimiento de que existe una minoría disconforme. Ello no puede expresarse cabalmente en las modalidades de la democracia directa.

5. Un correcto análisis del tema que nos interesa exige hacer evidentes las diferencias entre lo que un gobierno democrático debería ser y lo que es en la realidad. La democracia perfecta es un ideal porque los valores en los que se apoya, como la libertad y la igualdad, no están igualmente compartidos entre los ciudadanos. Muchos son los que no pueden gozar de ellos o pueden hacerlo solo limitadamente. Por tanto, como señala Andrea Greppi, si bien «el prestigio del ideal democrático no se ha visto comprometido y no han surgido ideales alternativos que puedan desafiarlo, […] el lugar de privilegio que ocupaba en el imaginario colectivo ha ido diluyéndose […] por estas razones, urge revisar el diagnóstico sobre el presente y el futuro de la democracia»8. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre se inicia así: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos». Pero la realidad nos muestra que la libertad y la igualdad no son un punto de partida sino de llegada, y que es necesario un proceso para alcanzar esa situación ideal. Por ello, las propuestas para mejorar y superar las actuales conductas y prácticas en los sistemas democráticos deben ser respetadas y acogidas, lo que no impide debatirlas y criticarlas cuando se consideran inconvenientes para la gobernabilidad, la solidaridad y la paz. Trataremos de seguir esta recomendación al analizar la conveniencia de la representación política y las modalidades de la democracia directa tomando en consideración las características humanas y geográficas de nuestro país.

6. Debemos, desde nuestra condición de país en desarrollo y en el proceso de construir una nación de naciones, entender que la palabra «democracia» encierra entre nosotros significados varios; por ejemplo, traduce «un conjunto de sentimientos e ideas que tienen en común una fuerte carga igualitarista o, más específicamente, niveladora. Supone un anhelo de cambio en cuanto a prácticas cotidianas consideradas discriminatorias. La democracia es percibida como un modo ideal de relacionarse entre personas de diferente condición social y económica»9.

Pero para que aquello se consolide y pueda afirmarse que tenemos un régimen consolidado:

se requiere una sociedad civil con plena libertad de expresión y asociación; una sociedad política con una competencia electoral libre e inclusiva; un Estado de Derecho que respete las normas constitucionales; un aparato del Estado capaz de hacer valer las normas burocráticas, fundadas en la racionalidad y la legalidad; y una sociedad económica en la que los mecanismos de mercado funcionen en el marco de las instituciones10.

Mas para conocer la dinámica de la democracia no basta con estudiar a las élites y lo que aceptan como reglas del juego; es preciso recurrir al mundo de lo social que en ocasiones irrumpe desde fuera en el ordenamiento constitucional bajo la forma de descontento y protestas varias, máxime cuando el Estado es incapaz de asegurar el control sobre todo su territorio, es institucionalmente débil y goza de baja legitimidad. Si a ello se adiciona que la organización política tiene un ingrediente en el que tenga presencia cotidiana la explotación de las mayorías, como ocurrió en parte importante de los siglos XIX y XX, nos encontraremos entonces, como se ha afirmado, con una «república sin ciudadanos».

7. Hay que tener presente que:

ninguna nación está libre de que en algún momento el poder sea asaltado por hordas de fanáticos, o incluso que la población sea, casi sexualmente, seducida por algún líder carismático. La democracia vive siempre en peligro, y a veces sucumbe a sus propias tentaciones. Pero si en algún lugar ha habido democracia, hay que contar siempre con su poder de recuperación, pues en una verdadera democracia los principios que la rigen no viven solo en códigos, sino interiorizados en almas ciudadanas11.

Recordar también que la democracia es obra de sujetos, pero también formativa de estos.

Finalmente, no podemos dejar de apuntar que en nuestros días:

el paisaje político se ha polarizado en torno al pelotón de los cínicos tecnócratas y el de los ilusos populistas; los primeros, se sirven de la complejidad de las decisiones políticas para minusvalorar las obligaciones de legitimación, mientras que los segundos suelen desconocer que la política es una actividad que se lleva a cabo en medio de una gran cantidad de condicionantes; unos parecen recomendar que limitemos al máximo nuestras expectativas y otros que las despleguemos sin ninguna limitación. Este es hoy, a mi juicio, un eje de identificación ideológica más explicativo que el de derechas e izquierdas12.

2. SOBERANÍA Y EJERCICIO DE LA VOLUNTAD GENERAL

1. Las democracias occidentales, en su concepción inicial inspiradas en la ideología liberal y posteriormente evolucionadas hacia un Estado social y democrático de derecho, constituyen el modelo que buscamos y aspiramos a aplicar integralmente. Están basadas en el principio del autogobierno, que pretende conciliar —dice Biscaretti di Ruffia—, mediante la identificación entre gobernantes y gobernados, la libertad de cada uno con la libertad de todos. El mismo autor agrega que la extraordinaria extensión territorial en numerosos Estados contemporáneos hace que las funciones gubernativas no puedan ser asumidas directamente por todos los ciudadanos a través de la llamada democracia directa, por lo que es necesario conferir tales funciones a individuos elegidos en procedimientos electorales, llevados adelante mediante el sufragio universal y aceptando el principio de la mayoría que no olvida tutelar el derecho de las minorías. Es así como se establece la denominada democracia representativa13. Y son los valores de la libertad y de la igualdad los que caracterizan a esos regímenes democráticos, al poner de relieve la dignidad de la persona14.

Así, pues, la base ideológica común de las democracias constitucionales contemporáneas15 consiste en el convencimiento de que el poder emana del pueblo, es decir, todas las autoridades elegidas en la competencia electoral se deben al pueblo, de modo que el ejercicio del poder reposa en una trilogía de control mutuo compuesta por el Parlamento, el Gobierno y el pueblo16. En ese sistema político participa la ciudadanía libremente mediante elecciones periódicas o a través de alguna modalidad de la democracia directa como el referéndum. Al elegir a sus representantes, el pueblo les de las directrices que considera fundamentales, aunque no haya mandatos imperativos. En la actualidad ningún sistema se atreve a cuestionar o rechazar abiertamente la ideología democrática, según la cual, como hemos visto, el poder emana del pueblo. Esto no niega que en muchas ocasiones este mandato sea tomado como una careta para esconder propósitos autoritarios vinculados a la concentración del poder. Latinoamérica está, y ha estado, plagada de ejemplos que lo confirman17.

2. No existe contradicción entre los planteamientos del Estado liberal y la participación directa del pueblo en los procesos políticos, pues presupuestos tales como el individualismo o el pacto en cuanto fundamento de la sociedad política, la igualdad civil y la soberanía popular se asientan en las propuestas de Rousseau sobre dicha forma de participación, lo que ha sido aceptado con variaciones en el Estado democrático contemporáneo. El debate sobre este punto se origina en torno a las ideas de representación aparecidas en el nacimiento y la evolución posterior de la Revolución francesa de 1789. Muy resumidamente, Rousseau sostenía que la soberanía radicaba en el pueblo y que la voluntad general, expresión de la soberanía, no era susceptible de ser representada, razón por la cual consideraba que la ley, para ser válida, debía ser aprobada directamente por el pueblo18. Montesquieu19 y Sieyes20, de otro lado, afirmaban que la voluntad general solo podía ser expresada a través de representantes y que la aprobación de estos era suficiente en materia de legislación, y que la soberanía era de esa forma transferida del pueblo a la asamblea de representantes. Como señala Wieland: «lo interesante de este debate es que lo que estaba en discusión no era tanto quién era el titular de la soberanía sino, más bien, en quién recaería la potestad o facultad para expresar la voluntad general, es decir, la voluntad del titular de la soberanía»21. Todos coincidían en que el verdadero titular de la soberanía era el pueblo, pero no en cuanto a su capacidad para expresar por sí mismo su propia voluntad, debido a que tanto Montesquieu como Sieyes consideraban que el pueblo carecía de conocimientos necesarios para expresar directamente la voluntad general22.

La posición de Rousseau llevaría a la consecución de un Estado plebiscitario que descansa sobre la decisión popular y se superpondría sin límite a la racionalidad jurídica institucionalizada. Frente a ella se erige el Estado legislativo, que se asienta en la legalidad y cuyo funcionamiento se refuerza con la participación de representantes del pueblo elector. Goza el primero de una mayor legitimidad, pero se terminaría imponiendo históricamente la participación representativa, con algunas excepciones, como por ejemplo aquellas vinculadas a reformas constitucionales. Este debate no se ha extinguido; de diversas formas, sigue presente en la promoción, defensa y difusión de la democracia directa. A través de las distintas modalidades de esta democracia, el elector reconquista, frente al sistema representativo, su soberanía: «el gobierno de todos por todos se veía así restaurado en la medida de lo posible»23, siempre que la totalidad del cuerpo electoral haya sido convocado para participar en la votación.

3. Como recuerda García-Pelayo, desde el punto de vista político, el sistema democrático se caracteriza porque el pueblo es el sujeto del poder y su voluntad se convierte en la voluntad del Estado, ya que el pueblo es soberano24. Apunta este autor que el nacimiento de la democracia está vinculado a la idea de nación, es decir, a la existencia de una voluntad conjunta25; y señala que «la formación de la teoría de la representación democrática y, por consiguiente, de la democracia indirecta —aquella en la que el pueblo ejerce su poder a través de representantes— corresponde capitalmente al núcleo de las ideas jurídico-políticas de la revolución francesa»26. La formación de esa teoría se condiciona por la imposibilidad técnica de la democracia directa y por la sustitución de la idea del pueblo como algo tangible y visible por la idea de nación. En resumen, dice García-Pelayo, «es el resultado de la aplicación del principio democrático a un gran espacio y a una gran población»27.

4. Idealmente, la representación política debe tener en cuenta los intereses generales de la colectividad y de las corrientes de pensamiento ahí presentes, así como los programas de gobierno que formulan los partidos políticos. Así esta representación aparece como representación integral y genérica de los más distintos intereses de una colectividad concreta28.

Si bien un concepto amplio de representación democrática comprende a toda autoridad judicial, ejecutiva o legislativa, uno más restringido es aquel que se reserva el nombre de representación por los que han sido designados por elección popular. Estos últimos representantes no suelen estar sujetos a mandato imperativo: los electores no les dan instrucciones, ya que son representantes de toda la nación y no de una fracción de ella29.

Los derechos políticos, que son los derechos de participación en el gobierno, están fijados en la Constitución, pues es ahí donde se deciden los límites y el ejercicio del poder. En otras palabras, es el pueblo el que decidirá la forma en que se va a organizar y gobernar el país, y para tal efecto el ciudadano no requiere de ninguna autorización expresa.

5. Podemos afirmar, al concluir este apartado, que las democracias modernas se rigen por el respeto a las mayorías relativas fruto de procesos electorales periódicos y la trasmisión del poder que supone la elección de representantes30; y que ayuda a evitar autocracias y dictaduras, garantizando a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos fundamentales; además, brinda una mayor libertad para que las personas se autodeterminen y logren un desarrollo humano integral que haga posible el logro de un mayor bienestar tanto físico y económico cuanto espiritual.

De este modo, el concepto tradicional de soberanía debe ser repensado: ya no es posible el ejercicio ilimitado y exclusivo del poder público; más bien, debe reconocerse que la soberanía está hoy en día repartida en distintas instituciones y limitada por esta natural pluralidad, pues hay un juego de soberanías compartidas, a nivel nacional y local, que recíprocamente se limitan. Las tendencias en las democracias contemporáneas apuntan a gobernar mediante los pactos y la bilateralidad. Hay que recordar que el concepto tradicional de soberanía presuponía un pueblo homogéneo y un espacio cerrado políticamente, lo que ha sido superado por la sociedad multicultural de nuestros días31. Si bien su práctica es más compleja que décadas atrás, autogobierno y autodeterminación siguen siendo principios esenciales de la democracia.

3. DEMOCRACIA DIRECTA Y ESTADO LIBERAL

1. Dice Aguiar que:

desde sus inicios, la teoría política se ha preocupado por el problema de formular un ideal democrático que iluminase la práctica política cotidiana y entre dichas formulaciones la democracia directa ha ocupado con frecuencia un lugar relevante, a pesar que el ejercicio del poder en el curso de la historia haya discurrido con carácter casi general por instituciones virtual o pretendidamente representativas32.

En ese debate el ejemplo griego se invocó originalmente con frecuencia, aunque prontamente se descartaba su aplicación en una sociedad tan distinta como la actual, influida por las ideas liberales, en la cual es fundamental el reconocimiento de la igualdad natural del hombre, la existencia de derechos naturales y la búsqueda de una fundamentación social del poder que tradujera a la realidad el principio de la soberanía popular.

Pero nada de lo dicho nos debe llevar a olvidar que desde sus inicios el pensamiento liberal se escindió en dos visiones sobre la participación política: la participación directa y la representativa. Si bien aparecía como compatible la existencia de modalidades de la democracia directa con el Estado liberal, la puesta en práctica de esas modalidades no solo acarreaba dificultades técnicas, sino que se convertía en contraria a los intereses de clase de la burguesía en el poder. Así, pues, si bien es preciso recordar que el ideal de una sociedad compuesta por hombres libres e iguales fue fundamentalmente un ideal legitimador del poder, ello no dio lugar a la desaparición absoluta de las propuestas sobre la participación directa, pues algunas instituciones pugnaron desde siempre por ponerla en práctica, aunque sea con carácter excepcional y reservándola para asuntos de especial trascendencia, como aquellos referidos a los plebiscitos para la anexión de territorios.

Surgen en el siglo XIX diversas fórmulas como la iniciativa popular, el referéndum, el veto y el recall, con las variantes propias de cada realidad nacional, y se debate hasta hoy sobre su compatibilidad con el régimen parlamentario; debate que, preciso es puntualizarlo, se produce al interior del Estado constitucional. En la actualidad, como veremos, ese debate está presente ante la crisis del Estado representativo, pero también por el uso eventual y a veces frecuente de esas modalidades por regímenes autoritarios, especializados en falsear resultados o en utilizar descaradamente la publicidad y la propaganda para manipular a la opinión pública. Hay que tener presente que muchas de las razones que inicialmente justificaron las modalidades de la democracia directa y su incorporación normativa son un signo distintivo del constitucionalismo contemporáneo, que las considera como un complemento del sistema representativo, aunque no como una alternativa de este último.

2. Ahora bien, si se ha calificado al Estado de derecho como «institucionalización jurídica de la democracia liberal», es preciso recordar que la evolución conceptual de esa construcción jurídico-política se reconoce en nuestro tiempo como Estado social y democrático de derecho, que es además una calificación que encuentra sustento en nuestra Carta fundamental, y que tiene unos caracteres generales de amplia aceptación, tales como el imperio de la ley, la división de poderes, la fiscalización de la administración y el reconocimiento de derechos y libertades fundamentales33. Como bien recuerda Elías Díaz:

a quien en última y más decisoria instancia se dirige el Estado de Derecho es precisamente al propio Estado, a sus órganos y poderes, a sus representantes y gobernantes, obligándoles en cuanto tales a actuaciones en todo momento concordes con las normas jurídicas, con el imperio de la ley, con el principio de legalidad, en el más estricto sometimiento a dicho marco institucional y constitucional34.

En consecuencia, tanto el sistema electoral que tiene como finalidad la elección de representantes como el uso de modalidades de la democracia directa se deben realizar respetando el Estado de derecho. Y si bien en ambas existe participación efectiva de los electores e igualdad en el voto, no ocurre con igual proporción con otros dos factores: la comprensión ilustrada de lo que está en debate, pues en este caso la democracia representativa suele ofrecer mayores posibilidades y, sobre todo, la determinación de cuáles son los puntos realmente importantes sobre los cuales votar.

3. Antes de terminar con este apartado, no es posible dejar de hacer mención de lo que ha constituido una extensa práctica en América Latina respecto de la forma como se ha entendido la democracia liberal. Dice Nino:

la adopción incómoda en América Latina de los dos componentes del constitucionalismo liberal democrático se refleja en el hecho de que ambos —la participación popular y el gobierno limitado— han sido internalizados solo parcialmente en la cultura política de la población. La investigación empírica apoya la hipótesis de que la adhesión de la gente a la democracia es mucho más fuerte en cuanto a su dimensión participativa que en relación a la dimensión liberal de la tolerancia y el respeto por los derechos35.

El constitucionalismo democrático precisa reconocer tanto su dimensión democrática participativa como la liberal, fundada esta última en los derechos de los individuos. Es necesario, entonces, crear un marco normativo que incorpore ambas dimensiones; pero también lo es no olvidar que aquellos que promocionan sin cautela la práctica de las modalidades de la democracia directa suelen ser ajenos a ese necesario intento.

4. No me parecen ajenas a estas consideraciones las poco numerosas propuestas en el Perú de una refundación republicana, que parte de un severo análisis histórico y sociológico sobre lo ocurrido en el país desde su independencia y cerca ya a los doscientos años de su proclamación. Esas propuestas conllevan siempre un contenido radical, pero de variaciones múltiples. Creo que es preciso rescatar el debate porque no solo no está agotado, sino que es necesario activarlo. Como parte de las últimas argumentaciones a favor de una refundación republicana, una Segunda República, se encuentra la propuesta de Nicolás Lynch en su reciente ensayo Cholificación, república y democracia36. Señala este autor que la tentación de considerar la refundación como la negación de todo lo existente está alejada de su intención, pues lo que él propone es la superación de un orden político, económico y social anterior; en otros términos, diseñar un gran acuerdo que deje definitivamente atrás la herencia colonial, la desigualdad, el Estado patrimonial y el sistema neoliberal. Busca recoger más bien la energía y logros de movimientos sociales y de partidos políticos progresistas, propone un Estado que tenga soberanía sobre su territorio y recursos naturales, y que sea expresión de la diversidad de sus habitantes, una república de ciudadanos caracterizada por su mestizaje, respeto por la propiedad privada en armonía con el interés social y una reforma política que promueva la participación y que tenga autonomía frente a los poderes fácticos, especialmente en las áreas de la economía y de los medios de comunicación. En algunas de estas propuestas —no en todas, por cierto— se podrá probablemente lograr un consenso democrático apoyado en una mayoría que respete a las minorías, consenso necesario para realizar las reformas de envergadura que el país requiere.

1 Ferrajoli, L. Derechos y garantías. (7.ª edición). Madrid: Editorial Trotta, 2010, p. 23.

2 Ibid.

3 Entre ellos este de Burdeau, citado por Adell: «la democracia es hoy día una filosofía, una manera de vivir, una religión y, casi accesoriamente, una forma de gobierno» (en «El poder de los contrapoderes», en Ignacio Gutiérrez (Coord.), La democracia indignada. Granada: Comares, 2014, p. 122).

4 Held, D. Modelos de democracia. Madrid: Alianza Editorial, 2009, p. 332.

5 Considero que el Gobierno de Alberto Fujimori ha tenido un impacto social e institucional de gran importancia en la vida política del Perú, razón por la cual no puede dejársele de mencionar: su prédica se ha mantenido vigente hasta nuestros días en especial en los más jóvenes. En la Introducción del libro Nuevos tiempos, nueva política, de R. Grompone y C. Mejía (1995), publicado cuando aún estaba en el poder Fujimori, se señala —en mi opinión, acertadamente—: «el Perú ha ingresado a un nuevo ciclo político en el decenio de los 90. Fujimori proclama ser el abanderado de “la política de la antipolítica”. No encuentra contendores que consigan persuadir a la mayoría de los ciudadanos de la dignidad de la actividad pública y de la importancia de los partidos como representantes de los intereses de una sociedad diversa y plural, defensores de proyectos y utopías, promotores de la participación. Se extiende en el país un malestar con la política como ámbito de liberación. Se cuestiona a la democracia como construcción de instituciones con capacidad de alentar acuerdos, regular consensos, proteger a las minorías y permitir la expresión de derechos» (Lima: IEP, 1995, p. 9).

6 Nino, C. S. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 101.

7 Bobbio, N. El futuro de la democracia. México: FCE, 1994, p. 47.

8 Greppi, A. «La democracia sin enemigos», en La democracia y su contrario. Madrid: Trotta, 2012, p. 10.

9 Hernández, R. «¿Qué es democracia?», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia. Lima: IEP, 2005, p. 152.

10 Tanaka, M. «El regreso del Estado y los desafíos de la democracia», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 98.

11 Mires, F. Civilidad. Madrid: Trotta, 2001, p. 108.

12 Inerarity, D. La política en tiempos de indignación. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016, p. 172.

13 Sobre el tamaño de los Estados y la práctica democrática vid. Dahl, R. La democracia. Buenos Aires: Taurus, 1999, pp. 123 y ss., quien afirma: «La ley del tiempo y el numero: Cuantos más ciudadanos contenga una unidad democrática, tanto menos podrán participar los ciudadanos directamente en las decisiones políticas y tanto más tendrán que delegar su autoridad sobre otros».

14 Biscaretti di Ruffia, P. Derecho constitucional. Madrid: Tecnos, 1987, p. 217.

15 El constitucionalismo democrático, dice Greppi, se origina a partir de la feliz convergencia de una exigencia liberal y una democrática: la garantía de los derechos individuales y el reconocimiento de la igualdad política, lo que fue posible de alcanzar al establecerse mecanismos de representación política y control reciproco entre poderes funcionalmente diferenciados, en «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 41.

16 Afirma Elías Díaz: «La soberanía popular por definición solo lo es cuando es producida por la libertad de todos, empezando como mínimo por la libertad crítica de expresión y participación en consultas y comicios […] la soberanía popular se construye y se va forjando a través de la crítica de todos ejercida de modo constante» en De la maldad estatal y la soberanía popular. Madrid: Debate, 1984, p. 58.

17 Desgraciadamente ello ha dado lugar a continuas referencias en la mejor doctrina internacional del pobre desempeño democrático en esa región del mundo. Así, por ejemplo, K. Loewenstein afirma: «En Iberoamérica, sin embargo, el estado de sitio (o de asamblea) es el método corriente para que el gobierno asuma poderes ilimitados ante situaciones de excepción reales o pretendidas. Los pueblos de Iberoamérica, con su perenne turbulencia política, su violenta lucha por el poder entre camarillas, facciones, partidos y clases, y con la tradicional impotencia e incapacidad de los parlamentos, es el campo clásico para las dictaduras presidencialistas bajo el manto del estado de excepción constitucional. Para el caudillaje, el estado de sitio es el medio más apropiado y típico para montar un gobierno autoritario» (Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1982, p. 287).

18 Rousseau, J. J. El contrato social. Madrid: Colección Austral, Espasa Calpe, 1975, libro tercero, capítulo XV.

19 Montesquieu, Del espíritu de las leyes. Madrid: Istmo, 2002, libro XI, capítulo 6.

20 Sieyes, E. ¿Qué es el tercer Estado? Madrid: Alianza, 1973, capítulo III.

21 Wieland C., H. El referéndum en el Perú. Lima: Palestra Editores, 2011, p. 105.

22 Sobre el principio de soberanía, dice Sebastián Soler: «El principio de la soberanía del pueblo ha arraigado tan firmemente, que, por una parte, los príncipes actuales todos invocan al pueblo como fuente o como instancia justificante de su poder y, por otra parte, los propios dictadores modernos —los nuevos príncipes— aun cuando acaso se sientan iluminados y escogidos por Dios, se dicen representantes de su pueblo y buscan desesperada y ostentosamente el tumultuario apoyo de las muchedumbres» (en Fe en el derecho y otros ensayos. Buenos Aires: Tipográfica Editora Argentina, 1956, p. 152).

23 Wieland C., H. El referéndum en el Perú, op. cit., ibid.

24 Afirma Elías Díaz que «la soberanía popular solo ha podido llegar a prevalecer en la historia en virtud precisamente de los valores y las exigencias éticas que están en su base: entre ellas, en primerísimo lugar, la libertad, núcleo central, origen y fundamento de todo lo demás» (en De la maldad estatal y la soberanía popular, op. cit., p. 57).

25 García-Pelayo, M. Derecho constitucional comparado. Madrid: Alianza Editorial, 1984, p. 169.

26 Ibid., p. 177.

27 Ibid.

28 Biscaretti di Ruffia, P., op., cit., p. 288.

29 Es preciso advertir sobre la controversia y discusión referente a cómo se forman las mayorías. Así, se afirma que pueden formarse por la manipulación de los sentimientos de los ciudadanos mediante una propaganda emotiva que no respeta la autonomía de las personas; pero también a través del diálogo y la deliberación. Si la mayoría aparece como un «proceso de decisión», entonces recordar que son los individuos los que toman las decisiones al votar y que es preciso establecer un método que permita pasar de las decisiones individuales a las colectivas. Y para tal efecto se dan como características atractivas de ese proceso la neutralidad y el anonimato. La primera, porque no favorece a ningún partido o programa: es una oportunidad igual para todos. La segunda, porque la identidad de quienes votan no influye sobre el resultado de la elección: el voto de una persona cuenta tanto como el voto de cualquier otra. Por cierto, la votación por mayoría tiene límites, pues para que sea válida debe respetar los derechos fundamentales, reconocer a los que piensan de forma diferente y asumir que los que votan son personas bien informadas sobre los asuntos en debate (vid. Cortina, A. ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2014, pp. 143 y ss.; Blackburn, P. La ética. Fundamentos y problemáticas contemporáneas. México: Fondo de Cultura Económica, 2006, pp. 262 y ss.).

30 En efecto, como señala E. Díaz, «sin elecciones libres las mayorías no pueden probar que lo son. Sin libertad individual y sin libertad de las minorías, las mayorías no pueden probar que, efectivamente, son mayoría ni pueden legitimarse como tales. La libertad crítica es así la base de todo, el necesario requisito para la democracia y para la existencia de los derechos humanos» (en De la maldad estatal y la soberanía popular, op. cit., p. 60).

31 No puede dejar de advertirse que la discusión sobre el ejercicio de la soberanía supone la autonomía de un Estado; esto es, si el Estado no puede disponer de sus recursos para desarrollarse tiene, más allá de lo que pueda decir la normativa legal, una soberanía disminuida. Este tema ha sido ampliamente debatido en el ámbito político y por lo que se denominó «la teoría de la dependencia». Referencias cercanas las encontramos en N. Lynch, Cholificación, república y democracia (Lima: Otra Mirada, 2014, pp. 101 y ss.) y en Paulo Drinot, «Foucault en el país de los incas: soberanía y gubernamentalidad en el Perú neoliberal», en Paulo Drinot (Editor), El Perú en teoría. Lima: IEP, 2017, pp. 238 y ss.

32 Aguiar de Luque, L. «Democracia directa y Estado constitucional». Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1977, p. 3.

33 Díaz, E. «Estado de derecho», en Filosofía política. Madrid: Trotta, 1996, p. 65.

34 Ibid., p. 67.

35 Nino, C. S. La constitución de la democracia deliberativa, op. cit., p. 21.

36 Lynch G., N. Cholificación, república y democracia, op. cit., 2014, pp. 53, 221 y ss.

II.

Democracia gobernante y democracia crítica

1. DEMOCRACIA GOBERNANTE Y DEMOCRACIA GOBERNADA

1. En el año 1959, Georges Burdeau afirmaba que:

la democracia es hoy día una manera de vivir, una filosofía e incluso, para muchos, una religión y casi accesoriamente una fórmula política. Un significado tan amplio proviene, tal vez no tanto de lo que ella es efectivamente, sino de la idea que se forman los hombres de la democracia, cuando le entregan sus esperanzas de una vida mejor. Se debe considerar, sin embargo, que si el significado de la democracia es tributario de la imagen que nosotros nos formamos de ella, no se puede pretender que tenga para todos el mismo sentido. Depende de nuestras representaciones y puesto que se encuentra sujeta a esas interpretaciones divergentes, está, por lo mismo, amenazada; de ahí la paradoja de que mientras más adictos se proclamen los hombres a las instituciones democráticas —y lo son, efectivamente— más comprometida se encuentra la suerte misma de la democracia, ya que el ardor de sus convicciones crea entre ellos oposiciones irremediables37.

Y a continuación detalla las ideas, percepciones y prácticas sobre su evolución.

Burdeau afirma que esa evolución se explica por la forma en que los hombres entienden lo que debe ser un gobierno democrático. Se ha pasado de calificar como tal la forma de gobernar a través de una élite de representantes, la «democracia gobernada», que permitía decantar el sentir popular, a una llamada «democracia gobernante», en la cual el Gobierno es ejercido por los más fuertes y numerosos, un régimen en el que el pueblo real no tiene ya necesidad de que se designe en ella a los mejores, que era la característica de la «democracia gobernada». Y afirma: «el paso de la democracia gobernada a la democracia gobernante es simplemente consecuencia de la renovación de los fines, de los objetivos del Poder»38. Pero dice también que la búsqueda de ese poder fuerte reduce la vida política a esa búsqueda, y, siendo cada vez más enérgica, más imperativa, más carente de jerarquías, condena al pueblo a no obtener nada, con lo que se convierte en una democracia impotente. Sostiene Burdeau, asimismo, que la democracia gobernada ha sido una forma histórica que ya quedó atrás, pero que hay que pensar en el precio que es preciso pagar por la democracia gobernante, y que ese precio no es aceptable si para instaurarla se impone el silencio y se eliminan las opiniones discrepantes. Porque «si es cierto que la democracia gobernada merece ser reprochada en cuanto a la modestia de sus objetivos sociales, supone excederse en la crítica razonable el olvidarse que al hacer del individuo el asiento de una libertad inalienable, de una libertad imprescriptible, va a dar a la persona humana una estatura cuyo aminoramiento no puede ser aceptado»39. Y termina afirmando que existen dos tipos de demócratas irreconciliables: los que quieren para el pueblo el Poder, y los que quieren para él la libertad, concluyendo que las democracias occidentales se han empeñado en llevar adelante la opción más difícil, aquella que consiste en querer lo uno y lo otro, es decir, «querer el Poder de un pueblo que permanezca libre»40.

2. La realidad social de nuestros días nos enseña que el ciudadano común no conoce en la mayoría de los casos cuáles son los problemas y las soluciones que atañen a los asuntos públicos, ni cuáles serán las probables consecuencias de las opciones que escoja. A pesar de ello, en las democracias gobernantes se ha establecido una omnipotente voluntad popular que se impone sobre el Estado utilizando una retórica populista. Por esta vía, afirma Sartori, llegaríamos a la democracia por aclamación, a una manipulación masiva de la soberanía popular, a un estado de ingobernabilidad que utiliza el poder de vetar la acción41. Frente a ello se erige la concepción de una democracia gobernada, la búsqueda de un ideal. Su éxito depende del comportamiento del ciudadano medio, pero no puede exigírsele a este que exprese juicios informados y articulados frente a cada problema. Para tal propósito es pertinente considerar a la opinión pública «como pauta de actitudes y como un abanico de demandas básicas», porque el ciudadano medio no es un ciudadano ausente, ya que las decisiones políticas no se generan normalmente —dice Sartori— en el pueblo soberano, sino que se someten a él, y los procesos de formación de opinión no se inician desde el pueblo, sino que pasan a través de él42.

2. ÉTICA POLÍTICA Y DEMOCRACIA CRÍTICA

1. Ahora es necesario mencionar algo sobre la ética política, que suele oscilar entre dos extremos: del dogmatismo al escepticismo, del absolutismo al relativismo de los valores. Seguiremos en esto las apreciaciones críticas de Gustavo Zagrebelsky43. Este considera que tanto el dogmático como el escéptico, aunque no lo parezcan, son falsos amigos de la democracia, porque el primero puede aceptar la democracia únicamente si le sirve como fuerza para imponer su verdad, mientras que el escéptico no cree en nada y por tanto puede tanto aceptarla como repudiarla, pues no encontrará ninguna razón para preferir la democracia a la autocracia. En determinadas circunstancias podrían ser compatibles con la democracia, pero detrás de las apariencias la suya no es una adhesión sino una adulación interesada. Ambos están, sin duda, presentes entre nosotros, aunque en proporción desconocida. A esas dos formas de pensar, dice Zagrebelsky, hay que contraponer otra que no presuma de poseer la verdad y la justicia, pero que tampoco considere insensata su búsqueda; este es el pensamiento de la posibilidad, «propio de quienes rechazan tanto la arrogancia de la posesión de la verdad como la renuncia a la realidad aceptada»44. Y la democracia que asume como propia esta actitud del espíritu la califica como «democracia crítica».

La posibilidad combate tanto el dogma como la realidad, porque postula que en toda situación hay algo que falta, que puede salir a la luz, por lo que es un régimen que acepta la autocrítica y mira hacia delante. Esta visión de la democracia que no se hace tontas ilusiones rechaza aquellos conceptos de ella que atribuyen al pueblo la capacidad de no equivocarse nunca, de hallarse siempre en lo justo, pero no lo hace para condenar al pueblo mismo sino el exceso de expectativas que en él se han depositado. Porque el pueblo, así como puede equivocarse, también puede tener razón. Por tanto, no abandona la confianza en la autoridad popular, porque considera peor cualquier otra alternativa45. Ello no significa buscar soluciones de élite porque las carencias de algunos no justifican las pretensiones de otros al privilegio político. «El espíritu de la posibilidad, dice Zagrebelsky, puede ser una fuerza que promueve energías y las orienta, no hacia el bien, sino, más modestamente, hacia lo mejor»46.

La democracia crítica es incompatible con las decisiones políticas inmodificables, por lo que cuestiona el uso cada vez más promovido del referéndum, porque la decisión que adopta significa la última palabra que no puede discutirse ni oponerse a ella. La democracia acrítica derrota al Estado de derecho, poniendo en tela de juicio la articulación de los poderes públicos construida sobre la experiencia del constitucionalismo, basada en instancias de garantía y compensación independientes. De esa manera, la apelación repetida de llevar a cabo consultas tales como los referéndums o las reiteradas disoluciones de órganos electivos, cuyos resultados suelen ser muy publicitados, debilitan la institucionalidad y contribuyen a que se instalen concepciones totalitarias, reduciendo la pluralidad de voces características de los sistemas democráticos.

37 Burdeau, G. «Dilema de nuestro tiempo: democracia gobernante o democracia gobernada», en Revista de Derecho N.° 109, jul.-set. 1959, Universidad de Concepción, p. 293.

38 Ibid., p. 308.

39 Ibid., p. 311.

40 Ibid., p. 312.

41 Sartori, G. Teoría de la democracia. 1. El debate contemporáneo. Madrid: Alianza Editorial, 1995, p. 164.

42 Ibid., p. 166.

43 Zagrebelsky, G. La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, 1996, pp. 8 y ss.

44 Ibid., p. 8.

45 Ibid., p. 106.

46 Ibid., p. 109.

III.

Sobre la presencia de la noción de ciudadanía

1. LA NOCIÓN ACTUAL

Es preciso preguntarnos si está presente entre nosotros una noción actual de ciudadanía, uno de los conceptos más debatidos en el ámbito político y académico. Y la pregunta es relevante para nosotros porque la ciencia política considera que una ciudadanía autónoma es un prerrequisito para transitar de un régimen autoritario a uno democrático, ya que para lograr ese empeño no basta la voluntad de las élites, sino que es necesaria la activación de las energías ciudadanas. La teoría política sostiene que el núcleo central de la teoría democrática clásica y moderna descansa en el principio de ciudadanía, principio que une a lo largo del tiempo a todos los miembros de una sociedad determinada al margen de sus características individuales, concediéndoles los mismos derechos y exigiéndoles los mismos deberes; lo que, en otros términos, supone la existencia de un espacio imparcial para el diálogo, la aceptación de un lenguaje político en el que el concepto de solidaridad trasciende los vínculos de identidad de las minorías47. Así, en sociedades como la peruana, con tantas fracturas internas y una cultura poco homogénea, es preciso rescatar en el diálogo diario aquello que todos comparten: la ciudadanía.

Lo que en nuestros días se denomina ciudadanía social es aquella en la que el ciudadano goza de derechos civiles o libertades individuales, de derechos políticos y de derechos sociales garantizados por el Estado social de derecho. Satisfacer esos derechos, aunque sea aproximadamente, es una exigencia para que las personas se sientan miembros de una comunidad política.

La ciudadanía actual implica la aceptación de las diferencias cuyo único límite, dice Fernando Mires, es que en nombre de las ellas alguna cultura dominante se arrogue el derecho de romper esa norma ciudadana. Una de las condiciones que ello impone tiene un carácter ético, es decir, saber convivir con diferencias en un mismo territorio, siendo la otra la aceptación de una legalidad común a todas las culturas que conviven en ese territorio. Ambas condiciones establecen las diferencias entre integración y asimilación, dos conceptos que usamos con frecuencia. La primera implica conservar la propia identidad, mientras que la asimilación supone el abandono de la identidad propia en función de otra. «La integración es una necesidad, continúa Mires, si es que no se quiere vivir como náufrago en una sociedad ajena. La asimilación es una opción, en algunos casos muy comprensible. No obstante, una cultura que por ser oficial o dominante exige la asimilación de otras no puede ser una cultura democrática»48. Frente a ello, recordemos que el uso continuo de modalidades de la democracia directa es una herramienta ad hoc para exigir la imposición de una cultura dominante irrespetuosa de las demás. Aceptado el concepto actual de ciudadanía, veamos otro debate entre dos filosofías políticas reconocidas y de indudable influencia.

2. LAS TRADICIONES LIBERAL Y REPUBLICANA

1. La ciudadanía es una relación política entre el individuo y la sociedad de la que es miembro de pleno derecho y a la que debe lealtad. Según Adela Cortina, ello:

parte de una doble raíz, la griega y la romana, que origina a su vez dos tradiciones, la republicana, según la cual, la vida política es el ámbito en el que los hombres buscan conjuntamente su bien, y la liberal, que considera la política como un medio para poder realizar en la vida privada los propios ideales de felicidad49.

Ambas tradiciones, continúa Cortina, se reflejan en dos modos de democracia que se alinean bajo los rótulos de «democracia participativa» y «democracia representativa».

Ahora bien, existe un debate sobre la noción de ciudadanía entre el liberalismo y el republicanismo modernos. Seguiremos aquí la exposición de Ortiz Leroux en el capítulo IV de su libro En defensa de la república50. La ciudadanía moderna se entiende como la relación de un individuo no con otro individuo, ni con un grupo cultural, sino con la idea de Estado. Sus rasgos básicos son, dice Ortiz Leroux, la pertenencia, los derechos y la participación. En efecto, la persona o el individuo pertenece a su comunidad política, y tiene en virtud de ello ciertos derechos y toma parte activa de algún modo en la vida pública. El titular de los derechos es el ciudadano, y la participación es fundamental para conquistar nuevos derechos o conservar los existentes. Mientras la tradición liberal ha puesto énfasis en los derechos, la tradición republicana lo ha hecho en la participación.

En el caso de los liberales, el componente civil de la ciudadanía consiste en un conjunto de derechos individuales, como la propiedad o la libertad de expresión, que garantizan formas de acción autónomas frente al Estado; se trata de libertades negativas que se afirman no en el Estado sino frente a él. La participación política es indirecta y se concreta en el gobierno representativo por medio del sufragio. Así, pues, para los liberales el componente social de la ciudadanía consiste en la capacidad de garantizar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos. La actitud del ciudadano concreto es más bien negativa y defensiva, pues busca gozar de autonomía suficiente para atender a su propio interés y planes de vida; sus deberes cívicos son escasos. «Lo decisivo para la tradición liberal […] radica en la defensa de los derechos individuales de los ciudadanos y en el respeto irrestricto a la ley que los protege. Los derechos de libertad preexisten a la esfera del derecho y del Estado»51.

El modelo de ciudadanía del republicanismo, como ya dijimos, es distinto al liberal; el elemento distintivo es la idea de participación, que se encuentra estrechamente vinculada a la noción de libertad republicana como no dominación, a la soberanía de las leyes y a la presencia de virtudes cívicas como soportes de deberes ciudadanos. La idea es que sin participación libre en la cosa pública esta puede ser contaminada. Según esta teoría, la libertad está ligada a la ausencia de dependencia material de otros. El ciudadano es libre por la ley, gracias a la ley, y no a pesar de ella. Ello exige asumir deberes para con la cosa pública, compartir ciertos valores, costumbres y concepciones del bien, lo que Tocqueville llamó «hábitos del corazón». Los ciudadanos deben ser educados en la virtud cívica. Dice Ortiz Leroux:

El republicanismo sostiene la idea de un Estado socialmente responsable y activo en materia moral que fomente la participación ciudadana en la cosa pública a partir del cultivo de las virtudes cívicas52. El liberalismo, por su parte, es partidario de un Estado abstencionista y pasivo o neutral en materia moral que respete los derechos y la autonomía del individuo53.

¿Puede, con las características anotadas, existir un modelo de ciudadanía moderno e integral? El autor que venimos citando cree que sí, que tendría que defender tanto el elemento de los derechos como el principio de participación, pero que también debería establecer límites a ambos, que habrían de estar previamente definidos por la prioridad general. En otras palabras, defender la más amplia extensión de los derechos del individuo de corte liberal siempre que no pongan en entredicho la participación ciudadana en la cosa pública, que no cuestionen la libertad republicana como no dominación. Las libertades cívicas y políticas liberales son compatibles, dice Ortiz Leroux, con la existencia social y con la suficiencia material. Deberían ser más bien las libertades económicas las que requieran vigilancia y necesiten límites. De esa forma, concluye, el principio de participación de corte republicano no sería excluyente con el lenguaje de los derechos de matriz liberal.

2. Maurizio Viroli ha tratado de las diferencias entre patriotismo y nacionalismo en su libro Por amor a la patria54, y ello tiene relación con el tema de ciudadanía que estamos tratando. El patriotismo, afirma, ha sido utilizado para fortalecer el amor a las instituciones políticas y la forma de vida que defiende la libertad, mientras que el nacionalismo —que se fraguó a finales del siglo XVIII en Europa— defiende la homogeneidad cultural, lingüística y étnica de un pueblo. Dice: «mientras que los enemigos del patriotismo republicano son la tiranía, el despotismo y la corrupción, los enemigos del nacionalismo son la contaminación cultural, la heterogeneidad, la impureza racial y la desunión social, política e intelectual»55.

Para los republicanos existe una obligación moral para con el país, al que se le debe la vida, la educación, la lengua y hasta la libertad, y por tanto debe devolvérsele lo que nos ha dado, sirviendo al bien común. En consecuencia, es preciso luchar contra cualquiera que desee imponer el interés particular sobre el bien común, oponerse a los que buscan exigir la homogeneidad cultural, étnica o religiosa, o a los que nieguen los derechos civiles y políticos, porque ello hace a la república opresiva y a los ciudadanos, fanáticos. Por cierto, este razonamiento adolece de puntos débiles, porque para que la población se comprometa con la libertad común es preciso apelar a sentimientos de compasión y solidaridad que están enraizados en vínculos de sangre, cultura e historia. La retórica nacionalista es influyente en los pobres, desempleados y en la clase media en declive, que encuentran en la pertenencia a una nación una nueva dignidad. Pero lo que en verdad necesita una buena república, dice Viroli, es otro tipo de unidad, principalmente la unidad política sustentada en el ideal republicano. Y reconoce que «la victoria ideológica del lenguaje del nacionalismo ha relegado al lenguaje del patriotismo a los márgenes del pensamiento político contemporáneo»56.

Sin embargo, desde la orilla republicana se ha hecho ver que el único patriotismo posible en sociedades multiculturales, como la peruana, es un patriotismo basado en la tradición republicana, en la lealtad política sobre las diferencias culturales, religiosas o étnicas; esto es, en la práctica de la democracia participativa y en el ejercicio de los derechos políticos. Poca duda cabe de que el patriotismo crece cuando se permite y se alienta el autogobierno democrático, y hace posible la virtud cívica, entendida como amor a la libertad común, un arma contra los corruptos y los poderosos abusivos. Ese patriotismo de la libertad no requiere homogeneidad cultural, religiosa o étnica, sino demanda fortalecer la práctica y la cultura de la ciudadanía, un camino político.

3. PERSPECTIVA COSMOPOLITA

1. «¿Qué es un ciudadano hoy?», se pregunta Javier Peña en su ensayo «Nuevas perspectivas de la ciudadanía»57. Lo distinguen —señala— tres aspectos: en primer término, ser igual ante la ley que los demás ciudadanos, con independencia del linaje, sexo, religión o raza, esto es, la diversidad sustancial de condiciones se engloba bajo la figura unitaria de ciudadano. Pero advierte que ello no elimina la desigualdad material que impondrá el mercado. El mayor esfuerzo para superar esta limitación lo ha hecho en Europa la socialdemocracia con el llamado «Estado del Bienestar», duramente cuestionado por el neoliberalismo durante las últimas décadas. En segundo término, la ciudadanía tiene una dimensión política, pues el ciudadano participa a través de sus representantes en el gobierno de los asuntos públicos. En tercer lugar, tiene una condición nacional-estatal, porque forma parte de una entidad colectiva con identidad propia, la más adecuada dada la complejidad de las sociedades modernas. Esa identidad cívica se conjuga bien con los derechos humanos y la capacidad de inclusión, pues la desvincula de rasgos étnicos y culturales que no se pueden adquirir a voluntad.

Así, si bien la idea de ciudadanía ha estado vinculada al Estado-Nación, a un ámbito territorial particular, en la actualidad hay una corriente que busca repensarla desde una perspectiva cosmopolítica, como una exigencia natural del proceso de globalización y el desarrollo de instituciones supranacionales que dan cabida y defienden derechos humanos universales. Entonces ya no solo se reconocen los derechos de los compatriotas: se impone la idea de que formamos parte de un solo mundo, de la necesidad de un sistema de justicia cosmopolita. Esta propuesta, sin embargo, ha sido calificada de utópica, porque la dimensión democrática se desvanecería y porque son muchos los intentos nacionales de no admitir la apertura de fronteras.

En ese contexto entran otra vez en tensión las posiciones liberales y republicanas a las que ya nos hemos referido. Mientras que el liberalismo da preferencia a lo individual sin intromisiones ajenas y entiende el compromiso democrático como un compromiso de intereses recelándose de las conductas activas y participativas, el modelo republicano concibe la ciudadanía en relación con la comunidad, porque la autonomía frente a la dominación arbitraria solo puede alcanzarse en conjunto, pues considera que solo así se puede ser auténticamente libre. Para el republicanismo, dice Peña, «tiene la mayor importancia la virtud cívica, que puede ser definida como compromiso y disposición al ejercicio activo de la ciudadanía a favor de la comunidad política y del interés público»58. Considera este autor que la falta de intervención de los ciudadanos produce la decadencia de las instituciones, el desarrollo de poderes arbitrarios y la difusión de la corrupción; promueve Peña, en consecuencia, la deliberación y considera la virtud cívica como una virtud política.

2. Pero lo que no puede dejarse de advertir es la vigencia creciente de las llamadas «políticas identitarias» que han tenido origen en las democracias de países ricos y que se han extendido rápidamente a través de los medios de comunicación modernos; políticas que persiguen proteger más el interés concreto individual que el del conjunto de la sociedad en la que viven. Ellas se originan porque ya no basta disminuir la pobreza, es decir, combatir la desigualdad llamada «vertical». Responden más bien a desigualdades «horizontales», a grupos culturalmente diferenciados por la etnia, el género o la religión, materia que los partidos políticos tradicionales no han sabido asumir en sus propuestas. Pero la intensidad de estas percepciones trae consigo un peligro que hay que saber enfrentar. No se trata de un egoísmo ancestral sino de algo más grave, del olvido de la noción de «nosotros», los ciudadanos. Se trata de la preeminencia de un materialismo económico ultraliberal, en el que las elecciones que valen son solo aquellas vinculadas a derechos individuales, dejando de lado las necesidades naturales de las colectividades. La defensa de las minorías y de las diferentes culturas se vio pronto sobrepasada, y los portadores de esas políticas identitarias que falsamente se identificaban como liberales dieron lugar a actitudes xenófobas y discriminatorias que en varios casos encontraron refugio en grupos religiosos evangélicos caracterizados por su fanatismo. Se hicieron entonces ininteligibles preguntas como ¿qué puedo hacer por mi país? Y se pusieron por delante asuntos como preferencias de raza, sexo y género, utilizando la pregunta que suelen constantemente repetir: ¿qué me debe mi país en virtud de mi identidad?59 Un camino dirigido, sin duda, a cuestionar la existencia del concepto de ciudadanía.

3. Más allá, entonces, de toda disquisición teórica, ser ciudadano es ser gestor de su destino y responsable de sus actos. También, capaz de crear riqueza y estar comprometido con su comunidad, y hoy, además, ser protector del ambiente en el que vive; en otras palabras, ser un impulsor del desarrollo. En el caso nuestro, el individuo promedio tiene limitaciones para poder ser considerado como un ciudadano completo; es más, en la mayoría de los pueblos del Perú no existe el capital humano capacitado para el autogobierno y la formación de cadenas productivas. Algo se ha avanzado durante los últimos años y capacidades naturales no faltan, pero en materia educativa y tecnológica estamos aún muy atrasados. La superación de las limitaciones debe ser una tarea conjunta de organizaciones propias de la sociedad civil pero también de quienes tienen el poder de decisión y de distribuir recursos, esto es, el Gobierno central60.

4. EL PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL

Esa superación de nuestras limitaciones podría tomar como ejemplo los esfuerzos del llamado «patriotismo constitucional» entroncado con la tradición política del republicanismo que requiere de una participación de la ciudadanía destinada a la promoción del bien común. Tiene un destacado componente universalista que se contrapone al nacionalismo de base étnico-cultural, pues busca una identidad colectiva compatible con el sistema democrático y los derechos humanos.

Como señala Juan Carlos Velasco: «el objeto de la adhesión no sería entonces el país que a uno le ha tocado en suerte, sino aquel que reúne los requisitos de civilidad exigidos por el constitucionalismo democrático; solo de este modo cabe sentirse legítimamente orgulloso de pertenecer a un país. Dado su destacado componente universalista, este tipo de patriotismo se contrapone al nacionalismo de base étnico-cultural»61, que tiene entre nosotros últimamente numerosos seguidores, lejanos a los intereses democráticos y en más de una ocasión volcados a soluciones autoritarias, en las cuales las modalidades de la democracia directa adquieren el carácter de instrumentos esenciales para el logro de sus propósitos.

Ese fin perseguido por el patriotismo constitucional reivindica una cultura política republicana con el propósito de cohesionar una sociedad con formas de vida y tradiciones culturales heterogéneas, para «articular la unidad de la cultura política en la multiplicidad de subculturas y formas de vida»62, todo ello para consolidar una cultura política de tolerancia que haga posible la coexistencia intercultural. Un camino como este debería poderse plasmar en un país pluricultural y multiétnico como lo es el Perú, enfrentándose a la carga emocional de la idea fuerza de nación, en el caso peruano de naciones con su legado cultural específico, solo políticamente superable, pero a la vez estable mediante la instauración de una «nación de ciudadanos» que ejercen activamente sus derechos democráticos preocupados por el destino de lo público que atañe a todos. En tal virtud la identificación de los ciudadanos con los intereses generales y públicos de la sociedad da lugar al nacimiento de indignación cívica frente al abuso del poder o ante la corrupción de las autoridades63.

5. LA NECESARIA IDENTIDAD POLÍTICA

1. Pero un concepto pleno de ciudadanía, afirma Cortina, integra un status legal (un conjunto de derechos), un status moral (un conjunto de responsabilidades) y una identidad, por la que la persona se sabe y siente parte de una sociedad64, y que la impulsa a comprometerse con la cosa pública, a sacrificarse por el logro del bien común, más allá del hogar doméstico y de la economía de mercado, la ruta para alcanzar «una democracia sostenible» y superar las contradicciones de las sociedades influidas por el neoliberalismo y el consumismo. La noción de ciudadanía, generalmente restringida al ámbito político, ya no puede ignorar la dimensión pública de la economía, ni las organizaciones de la sociedad civil interesadas en participar en las cuestiones públicas y la supervivencia y habitabilidad del planeta:

La ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un quehacer, la ganancia de un proceso que empieza con la educación formal (escuela) e informal (familia, amigos, medios de comunicación, ambiente social). Porque se aprende a ser ciudadano, como a todas otras cosas, pero no por la repetición de la ley ajena y por el látigo, sino llegando al más profundo ser sí mismo65.

2. Hay que recordar que la identidad se funda en la construcción de una diferencia, por lo que es siempre problemática, pues no es algo dado por la naturaleza sino un proceso de asimilación y aprendizaje cultural que nunca concluye y cuyas variaciones dependen tanto de dinámicas interiores como de influencias del exterior. Como dice Víctor Vich, a quien venimos siguiendo, «la identidad es siempre una construcción histórica que está sujeta a variaciones en su desarrollo»66. Más aún cuando la identificación generalmente no es total ni unificada.

En síntesis, en nuestros días el ciudadano requiere que se le ofrezca y permita crear o tener una identidad política para que pueda situarse y comprender a cabalidad el complejo mundo en el que vive, identidad que debe contener estrategias compartidas para mejorarlo o cambiarlo. El ciudadano ya no puede ser solo un testigo, un receptor que no ha alcanzado el status de representado.

47 Lilla, M. El regreso liberal. Barcelona: Debate, 2018, p. 131.

48 Mires, F. Civilidad, op. cit., p. 114.

49 Cortina, A. Ciudadanos del mundo. Madrid: Alianza Editorial, 1999, p. 42.

50 Ortiz Leroux, S. En defensa de la república. México: Ediciones Coyoacán, 2014.

51 Ortiz L. S., op. cit., p. 124.

52 Las virtudes cívicas son, entre otras, la igualdad, la fraternidad, el patriotismo, la prudencia, la honestidad, el amor a la justicia, la austeridad, la solidaridad.

53 Ortiz L. D., op. cit., p. 130.

54 Viroli, M. Por amor a la patria. Barcelona: Planeta, 2019.

55 Ibid., p. 16.

56 Ibid., p. 199.

57 Peña, J. «Nuevas perspectivas de la ciudadanía», en Fernando Quesada (Editor), Ciudad y ciudadanía. Madrid: Trotta, 2008.

58 Ibid., p. 249.

59 Lilla, M. El regreso liberal. Barcelona: Debate, 2018, p. 75.

60 Existen distintas calificaciones sobre el comportamiento de un electorado de las características del nuestro. Algunas no solo extremas sino además polémicas. Por ejemplo, la visión descarnada y polémica de Gonzalo Portocarrero: «en la mayoría de población peruana domina la figura del siervo-ciudadano. Es decir, la persona que, insegura de su situación y derechos, imagina que puede ser abusada en cualquier momento. Pero este siervo-ciudadano puede convertirse rápidamente en un patrón-autoridad, especialmente si la persona con la que se está interactuando tiene menos poder» (Portocarrero, G. «Los fantasmas del patrón y del siervo como desestabilizadores de la autoridad legal en la sociedad peruana», en G. Portocarrero, J. C. Ubilluz y V. Vich (Editores), Cultura política en el Perú. Lima: PUCP, Universidad del Pacifico, IEP, 2010, p. 23). La pregunta que hay que responder es si esa calificación dura y hasta fatal de Portocarrero es un mero capricho académico sin vigencia y sin comprobación, si responde a un escrupuloso y abrumador complejo personal de gratuita culpabilidad, o si, más bien, en la vida cotidiana su presencia es parcial y se encuentra acompañada de rasgos sociales y personales que la difuminan y la convierten solo en un tópico propio de quienes están lejos de la vitalidad cotidiana.

61 Velasco, J. C. «Patriotismo constitucional y republicanismo», en Claves de la razón práctica, N.° 125, España, 2002, p. 34.

62 Ibid., p. 35.

63 En tal medida, quienes han servido a regímenes corruptos y autocráticos —el ejemplo del fujimorismo es el más notorio— no pueden probar que sus tareas han tenido un valor patriótico, ya que no puede existir sentido alguno de patria en el despotismo. Sobre la deslealtad al sistema democrático del fujimorismo, vid. Degregori, C. I. y Meléndez, C., El nacimiento de los otorongos. Lima: IEP, 2007, p. 49.

64 Cortina, A., Ciudadanos del mundo, op. cit., p. 177.

65 Ibid., p. 38.

66 Vich, V. «Las políticas culturales en debate: lo intercultural, lo subalterno y la perspectiva universalista», en Víctor Vich (Editor), El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 267.

IV.

Crisis y continuidad de la representación política

1. NOTAS SOBRE LA REPRESENTACIÓN POLÍTICA

1. Los orígenes de la noción de representación se remontan al derecho privado romano y luego ella emigra al derecho público, siendo ambigua y polisémica. En su significado central alude a ciertas situaciones en las que se pretende traer a la presencia algo que permanece, por definición, ausente. Se entiende como poner algo frente a los ojos de alguien o llamar o evocar algo, así como imitar o reproducir. En sus orígenes la representación no fue democrática, sino un instrumento a través del cual gobiernos no democráticos lograron hacerse de ingresos provenientes de la clase aristocrática y propietaria para, por ejemplo, hacer la guerra67. Pero una evolución posterior hizo posible que los reformistas democráticos en Inglaterra la utilicen y amplíen para el logro de sus propuestas de carácter igualitario. Así, pues, puede haber representación sin democracia, afirma Greppi, pero no democracia sin representación68. Hoy se entiende que hay representación democrática cuando esta tiene la capacidad para trasladar la voluntad o el interés de los representados al proceso político. Todo ello, actualmente, en un ambiente de aguda individualización de la base social y de fragmentación del espacio público, pues en varios aspectos las instituciones representativas han dejado parcialmente de ser soberanas.

2. Representación significa actuar en interés de los representados, independientemente, pero sin alejarse de sus intereses. La representación política suele versar sobre la acción, sobre lo que debería hacerse. Dice Pitkin:

en consecuencia, implica a la vez compromisos de hechos y de valores, fines y medios. Y característicamente, los juicios de hechos, los compromisos de valor, los fines y los medios, están inextricablemente entrelazados en la vida política. Con frecuencia, los compromisos con respecto a los valores políticos son profundos y significantes, a diferencia de las triviales preferencias de gusto69.

Por tanto, la representación no es necesaria donde existen soluciones científicamente verdaderas, cuando no están presentes compromisos de valor ni juicios, o cuando se produce una elección arbitraria y la deliberación es irrelevante.

Entonces, y ello es de especial interés para nosotros en el Perú, si hay en la sociedad divisiones asentadas en compromisos de valor, es importante que esas divergencias sean atendidas, pero sin olvidar que el Gobierno está obligado a perseguir el interés nacional; en otras palabras, estar atento a los intereses locales y parciales no debe tener preponderancia sobre las necesidades e intereses de la nación. Si bien es reconocido que una de las características más importantes del gobierno representativo es su capacidad para resolver las conflictivas pretensiones de las partes sobre la base de su común interés, ello no debe llevar a pensar que en ocasiones es necesario no posponer el bienestar de alguna de ellas. El representante está obligado a perseguir al mismo tiempo el interés nacional y el interés local; no tiene con sus electores una simple relación bilateral, pues en la realidad se presentan muchos intermediarios de intereses disímiles.

De otro lado, cuando un gobernante, autoritario o populista, manipula a sus seguidores mediante, por lo común, una maquinaria electoral bien montada, y en más de una ocasión utilizando con frecuencia modalidades de la democracia directa, debemos dudar si nos encontramos frente a un gobierno representativo, aunque se hayan cumplido determinadas formalidades. Un gobierno representativo no es el que controla a sus electores o súbditos, sino, muy por el contrario, aquel en el cual son los electores los que tienen el control mediante actos electorales frecuentes en los que eligen a sus representantes.

3. Los dos pilares organizativos básicos del sistema democrático son los principios de representación y la separación de poderes. Nos referiremos a continuación al primero. En palabras de Andrea Greppi, es «en la relación entre representación, separación de poderes y opinión pública donde radica el elemento específicamente democrático de esa forma de gobierno compleja que es la democracia constitucional»70. Sin las reglas que instituyen mecanismos de representación y separación de poderes es improbable que pueda constituirse una esfera pública democrática. Para formarse una opinión propia sobre cuestiones de dominio público los ciudadanos requieren pautas estables que organicen el flujo de comunicación y el debate; sin ellas el sistema entraría en un inexorable declive71. Sería un error, sin embargo, creer que hubo alguna vez un instante en el que esos ingredientes de la democracia moderna estuvieron en perfecto equilibrio.

4. La presente desconfianza en el sistema representativo y, en general, en el Derecho y el Estado, no debe hacer suponer que en el pasado ambos hayan gozado de una mayor legitimidad; es preciso, pues, relativizar esa extendida creencia72. Lo que ha ocurrido es que en la actualidad las exigencias para gobernar y legislar son mayores, debido al más alto nivel educativo, la mejor información y las demandas ciudadanas para participar en los asuntos públicos, manifestadas ya no mediante partidos políticos cerrados e ideologizados, sino desde una amplia variedad de iniciativas y organizaciones civiles. No puede olvidarse, entonces, la extensa legitimidad que tiene la aceptación del principio democrático que implica la participación del pueblo en la toma de decisiones sobre asuntos de interés general.

5. Hay en nuestros días una corriente de opinión que combate la política representativa, pero que al mismo tiempo destruye aquellos espacios donde se pueda deliberar, esto es, hacer vida política. Esa corriente suele reivindicar la democracia directa, pero se desplaza hacia el terreno de la autopolítica, olvidando que la representación garantiza el pluralismo en una sociedad como la peruana, multicultural y pluriétnica, lo que no puede lograrse haciendo uso continuo de las modalidades de la democracia directa, una forma de democracia asamblearia que nunca ha dado buenos resultados.

En general, la democracia directa es atractiva para el ciudadano pasivo, para aquellos que prefieren no opinar ni intervenir en el espacio público; personas a las que les parecen mejores formas plebiscitarias de decisión, que no pueden reemplazar a los debates y al intercambio de opiniones, porque reducen los procedimientos de decisión a posibilidades binarias, alegando que así hay más transparencia y menos ideología, cuando en realidad éstas impiden la creatividad política y el uso con matices de la libertad de opinión.

La predominancia de los mercados globalizados y las exigencias contradictorias y disfuncionales tanto en los llamados grupos de derecha como de izquierda son dos obstáculos para que la representación política pueda cumplir a cabalidad su cometido, sin atreverse a reconocer que es el sistema más adecuado para proteger a la ciudadanía contra su inmadurez e ineficiencia.

Los malentendidos frecuentes entre la ciudadanía y sus representantes han dado lugar a que se proponga como remedio la proximidad, la cercanía entre el representante y sus representados, en parte tomando como modelo la forma en que operan las redes sociales. En otras palabras, hay una extendida y fomentada desconfianza en las mediaciones, una búsqueda de que todo sea transparente y se castigue a los intermediarios. Dice Innerarity: «La nueva figura del ciudadano es la de un amateur que se informa por sí mismo, expresa abiertamente su opinión y desarrolla nuevas formas de compromiso; por eso desconfía tanto de los expertos como de los representantes»73. Este sueño de la espontaneidad, de la transparencia ilimitada, del considerar como realidad absoluta lo que resulta de las encuestas —en otras palabras, la ausencia de límites— resulta un peligro que puede poner en duda nuestros derechos y los procedimientos que dificultan la arbitrariedad y frenan el populismo. No es que la transparencia y la proximidad no sean importantes, lo son, pero hay una imparcialidad democrática igualmente relevante y necesaria. Para funcionar bien, la representación política necesita, al igual que los mercados, límites adecuados y legítimos.

Si bien la proximidad, sobre todo en el ámbito local, se presenta como uno de los medios para hacer frente al descrédito de la política, no puede olvidarse que la distancia ha sido considerada necesaria para el ejercicio de la imparcialidad y para combatir el favoritismo. Esa exigencia de proximidad se entiende además por la preponderancia que ha adquirido la figura del consumidor en las sociedades modernas, por la inmediatez del corto plazo, por la influencia de la televisión. Pero las políticas de largo plazo que protegen el desarrollo continuo y sólido se hacen generalmente desde la distancia y la reflexión, y para tal tarea los representantes políticos son esenciales.

Ahora bien, reconozcamos que la lejanía elitista es un problema tan grave como la cercanía oportunista inclinada a halagar malos instintos, deseos cambiantes y mal definidos. Son muchos los problemas políticos que no pueden resolverse bajo las presiones que exigen inmediatez, sobre todo aquellos que son impopulares pero que es necesario enfrentar, como ocurre con muchos casos de contaminación ambiental. Si no existiera una cierta distancia frente a los electores, los gobiernos no podrían decir lo que deben hacer. Si criticamos ese necesario distanciamiento caeremos en un populismo plebiscitario, que puede surgir tanto de posiciones de derecha como de izquierda. Así, pues, «equilibrar proximidad y lejanía, lo local y lo global, la inmediatez y la prospectiva, es una de las grandes tareas que aguardan a la política, una tarea que no puede ser llevada a cabo privilegiando uno de sus términos»74.

7. En una democracia representativa los ciudadanos no gobiernan: son gobernados por otros. Y ello es aceptable porque existe la alternancia en el poder, porque los gobiernos son provisionales, reemplazables por otros mediante elecciones libres. Es esta realidad la que hace aceptable la ficción de que nos gobernamos a nosotros mismos. La representación es un proceso en el que compromisos diversos se articulan y conjugan y que hace posible actuar eficazmente sin olvidar la pluralidad constitutiva. «La representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»75. Hay que recordar que son los representantes los que, al tomar decisiones, acertadas o no, asumen la responsabilidad por sus actos y deben tener el coraje para hacerlo, y no buscar escabullirse mediante el uso de plebiscitos o referéndums. No es tarea del ciudadano analizar los costos y beneficios de toda política pública o de una decisión gubernamental compleja por la real imposibilidad de conocer los fundamentos y detalles de gran importancia. Nada de ello impide opinar, cuestionar y exigir razones y resultados. Pero acudir a las modalidades de la democracia directa para superar emotivamente ese desconocimiento es peligroso y no suele construir institucionalidad.

8. Por democracia representativa se entiende entonces aquella en la que los ciudadanos no ejercen directamente el gobierno, sino que lo hacen a través de representantes a quienes eligen periódicamente, representantes que no están sujetos a mandato imperativo, es decir, toman sus decisiones con libertad, debiendo tener presente el interés general. Aunque, como veremos en el punto siguiente, en la práctica no siempre es así. Dice Bobbio: «en términos generales la expresión democracia representativa quiere decir que las deliberaciones colectivas, es decir, aquellas que involucran a toda la colectividad, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese fin»76. Y si bien el término o concepto de representación puede utilizarse en muchos contextos distintos, el que nos interesa aquí es el vinculado a aquellos que han sido designados por elección popular, de modo que la idea de representación queda vinculada a la de elección77.

9. En la actualidad, en el mundo occidental la inmensa mayoría de las sociedades se gobiernan por medio de representantes que son los que deliberan y votan de acuerdo con sus propias convicciones o conveniencias. Ello se origina en la libertad entendida como independencia, y es así como se ha extendido la convicción de que la mejor forma de gobierno es la representativa. El órgano más representativo de esta clase de democracia es el parlamento, lugar donde en teoría se toman decisiones de gran importancia. El control sobre los representantes tiene lugar en cada proceso electoral, momento en el cual los ciudadanos manifiestan su parecer sobre la actuación o conducta desplegada durante el período en que tales representantes estuvieron en el cargo. La democracia representativa es, en la actualidad, en buena medida, una democracia «de partidos políticos»78.

Hay que recordar que la concepción liberal de la representación se caracteriza por considerar que los ciudadanos no tienen más participación que el uso del derecho de sufragio durante las elecciones; y que ello en estos días se considera una visión limitada que debe superarse dando lugar a una mayor participación a través de varios mecanismos, pero sin alterar el núcleo del sistema representativo tradicional. En este proceso, que podríamos calificar de contemporáneo, están presentes los temas de hasta dónde alcanza la independencia del representante tanto en relación con sus votantes cuanto frente al partido al que pertenece, y hasta dónde la representación parlamentaria interpreta correctamente el interés general.

En síntesis:

la representación política tiene en cuenta […] no las voluntades de personas, particulares, o de determinados grupos de las mismas, sino más bien intereses generales de toda la colectividad popular tal como vienen a resultar de las fuerzas sociales y políticas que en ella se mueven, de las corrientes de pensamiento que en ellas se determinan y de los variados programas de gobierno que se formulan y sostienen79.

10. Como bien señala Ángel Garrorena:

dentro de la triada democracia-participación-representación, el elemento fundamental es el concepto de representación. Es verdad que las otras dos categorías, participación y democracia, tienen una mayor carga ideal y casi mística, pero, visto el tema desde una perspectiva estrictamente instrumental, la clave está en el concepto de representación porque es a esta a quien le corresponde organizar la representación y realizar la democracia80.

Por su parte, Adela Cortina afirma que:

la democracia comunicativa es representativa, sabe que el mejor modelo entre los que hemos ideado consiste en la participación del pueblo en los asuntos públicos a través de representantes elegidos, a los que pueden exigirse competencia y responsabilidades. Pero exige llevar a cabo al menos cuatro reformas: tratar de asegurar a todos al menos unos mínimos económicos, sociales y políticos, perfeccionar los mecanismos de representación para que sea autentica, dar mayor protagonismo a los ciudadanos, y propiciar el desarrollo de una ciudadanía activa, dispuesta a asumir con responsabilidad su protagonismo81.

El fomento de una sociedad activa y alerta a los intereses generales no es posible si se la mantiene en la ignorancia o si se fomenta el odio frente a los demás, estrategia común en los partidos totalitarios cuando no pueden aplicar la fuerza para imponerse y prevalecer abusivamente. Nace entonces la inmensa importancia de la docencia que enseña a pensar bien y a expresarse libremente, que es estar libre de prejuicios y manipulación.

2. CRISIS Y SOBREVIVENCIA DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

1. La crisis de representación política tiene su origen en un creciente distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones, lo que se manifiesta en apatía y desconfianza, así como en el debilitamiento de los partidos políticos y la instauración de otros cauces de representación de intereses como las corporaciones multinacionales. Los medios de comunicación han multiplicado el efecto de estos cambios en beneficio de intereses privilegiados y minoritarios. Así, muchas de las críticas al funcionamiento de la democracia representativa tienen carácter plural. Determinados sectores han afirmado que si bien lo que está presente es la democracia representativa, el Estado ideal es aquel que se basa en las modalidades de la democracia directa y semidirecta, por lo que es preciso implantarlas y ampliar los mecanismos propios de la democracia participativa. Olvidan, sin embargo, que el indispensable pluralismo político tiene una expresión más acabada con la democracia representativa, pues el pueblo soberano, en un referéndum, por ejemplo, responde a lo que le preguntan, no a otra cosa; en otros términos, quien plantea la pregunta influye directamente en la respuesta final, como un debate recortado, simplificado. Más coherente es afirmar que tanto la democracia participativa como la deliberativa solo tienen consistencia y viabilidad en la democracia representativa, pues son actores secundarios, aunque complementarios solo en ciertos temas y ocasiones.

La contraposición entre las llamadas «representación-mandato» y «representación-independencia» ha puesto de manifiesto, una vez más, el tema del mandato imperativo. A ello se agregan las críticas por no haber sabido responder adecuadamente a los estragos causados por la crisis financiera reciente ¿CUÁL?, al aumento de la desigualdad social, la percepción de una clase política autónoma desconectada de los votantes y la extendida corrupción descubierta, en un ambiente de cambio por la globalización de los mercados y la irrupción de las nuevas tecnologías.

Los críticos más agudos argumentan que el poder se encuentra donde están los ciudadanos y no en las instituciones llamadas a representar la voluntad general. Retomar ese control, afirman, es retomar la soberanía, y se apoyan en el constitucionalismo clásico que afirma que hay que controlar el poder poniéndolo al lado de los ciudadanos, para volver a utilizar su fuerza inclusiva. La soberanía se convierte así en la clave para interpretar la crisis que ya anunciaba el proceso de globalización, en virtud del cual el poder de las corporaciones trasnacionales supera el poder de los Estados de tamaño medio. Esta crisis ha hecho, dicen esos críticos, que tanto los ciudadanos como las instituciones que los representan hayan perdido el poder que hoy detentan los mercados financieros, lo que desafía al constitucionalismo democrático que se construye teniendo como base la dignidad humana, constitucionalismo que ha combatido y triunfado en el terreno de los principios. La crisis de legitimidad se deriva, según esa argumentación, de la incapacidad de las instituciones para defender justamente los postulados alcanzados por el constitucionalismo democrático, porque sus estructuras jurídico-políticas no pueden contener la brecha entre lo que postulan los principios y la realidad. «La crisis —dice Guillén— es la brecha entre la sociedad y el Estado, la expresión de la fuerza normativa de lo fáctico, la muestra de la incapacidad del Estado de integrar el conflicto social aportando soluciones satisfactorias a los titulares de la soberanía»82.

Otros críticos consideran que uno de los problemas más graves en las sociedades modernas se encuentra en la falta de lealtad política de los dirigentes, en la adulteración de los derechos y en su falta de transparencia y su conducta corrupta. Ello se refleja en el clientelismo político y la crisis de los partidos tradicionales, pues se ha extendido su financiamiento ilegal y la falta de publicidad, control y rendición de cuentas. También, por cierto, en la delegación de una autoridad enorme en representantes que gozan de una discrecionalidad casi absoluta de la que no suelen dar cuenta a sus representados, lo que se agrava cuando ese poder se otorga a quienes actúan en organismos internacionales de gran impacto en materias de gran importancia, lo cual hace poco «democrático» su accionar83.

2. Otro tema vinculado a la crisis de representación es la constatación de que la división de poderes desarrollada en el siglo XVIII e incorporada en prácticamente todos los textos constitucionales —es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial— ha sufrido en la realidad una alteración radical por el surgimiento de potentes contrapoderes, formales e informales, tales como los medios de comunicación, las empresas trasnacionales, el mercado financiero y gobiernos de ámbito regional representativos no solo de intereses materiales sino también de composición étnica, cultural o religiosa distinta a la de la población mayoritaria. «Por lo tanto —afirma Ramón Adell—, la idea rousseauniana que parte de que un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor, estableciendo equilibrios entre tres poderes, se aleja de la realidad»84. En un contexto de individualismo exacerbado y de quiebra de lo colectivo, la sociedad se atomiza en la soledad del propio individuo y se vuelve descreída tanto de las instituciones como de los proyectos colectivos, a lo que se suma la desigualdad y la corrupción, así como mayorías silenciosas conservadoras y poco participativas. Este es el contexto que da lugar a la crisis de representación.

3. El Perú no es ajeno a esa crisis, la que está asociada a la de los partidos políticos, pues casi todos ellos han perdido identidad y carecen de idearios y programas. De cierta forma, esto se ha extendido a otras importantes instituciones políticas fundamentales, como el Congreso, del cual la población tiene una opinión muy desfavorable85. Es preciso asimismo señalar que los procesos electorales son cada vez menos deliberativos y más dependientes de una propaganda audiovisual con poco contenido. Por ejemplo, la institucionalización de la conflictividad social, las continuas protestas en varias partes del territorio son parte de la escena política en el Perú y ello, afirma Carmen Ilizarde, es fruto de una crisis de representación, que ha sido incluso reconocida por el Estado, tal como lo ponen en evidencia los informes de la Defensoría del Pueblo. Quienes intervienen lo hacen reivindicando un mayor espacio. Esa conflictividad social, dice Ilizarde:

merece pensarse como una forma de participación política independiente del sistema de representación política que tiene en los partidos a su institución central. Más que frente a una forma alterna de representación, nos encontramos con formas diversas de ejercer la auto representación [sic] para afirmar el desacuerdo y lograr un cambio en el Estado a partir de acciones colectivas de incidencia directa. Este tipo de participación política ha ido consolidándose en el tiempo en el que los partidos políticos han ido desapareciendo y dándole paso, a su vez, a otras formas de organización para la competencia electoral, una suerte de emprendimientos políticos que no buscan ejercer la representación sino llegar al poder y enseñorearse en él86.

Resulta comprobable que después del colapso de los partidos políticos tradicionales durante el fujimorismo, el sistema fue remplazado por un modelo autoritario y vertical, que no ha podido superarse o recomponerse en los últimos años de gobiernos democráticos. Ello ha influido para que varios intentos de representación fueran en la práctica reemplazados por la prebenda y un clientelismo relacionado con intereses concretos lejanos de los mayoritarios y de las necesidades más apremiantes de la población. Uno de los efectos de la práctica fujimorista ha consistido en que la sociedad prescinda cada vez más del referente estatal y los partidos tengan dificultades para interpretar lo que ocurre en la sociedad, lo que favoreció la idea de emplear procedimientos plebiscitarios para consultar a la población, ya que los gobiernos autoritarios se muestran desconfiados y hasta hostiles respecto a las mediaciones políticas. En ese escenario, la idea de representación se asocia de modo más transparente con el Poder Ejecutivo que con el Parlamento. En efecto, no hay duda de que esa deslegitimación autoritaria de la política, en la que se pone en discusión la validez de los que la ejercen, restringe el espacio público como ámbito de participación y de deliberación87.

Lo que está en juego, en palabras de Greppi, es:

si en el futuro podrá establecerse todavía alguna clase de equivalencia entre lo que piensan, creen, dicen, sienten los representados y la actividad de quienes actúan en su nombre, entre las expectativas que unos cultivan y las prestaciones que los otros pueden razonablemente ofrecer. En términos clásicos, el problema que hoy corroe a la teoría de la representación está en saber si cabe la posibilidad de darle forma política a la multitud88.

Y ello es así, dice el autor citado, porque cada vez son mayores las demandas destinadas a migrar hacia esferas de acción que no están directamente involucradas con la política representativa, ya no son de carácter distributivo sino tienen una relación con la condición individual, apareciendo nuevos enclaves de poder, informales y ajenos a los cauces típicamente democráticos de agregación de preferencias, con lo cual se origina un vacío pues cada vez hay menos que representar89.

Para combatir esa crisis se persigue un mayor acercamiento con los electores como una forma de evitar que el representante esté sujeto a las órdenes del partido, a sus propios intereses o a los de aquellos que lo promocionan; es decir, se busca que sea un auténtico representante de los intereses generales. De otro lado, se afirma que el sistema ha contribuido a acentuar el carácter elitista de la clase política. El sistema, se señala, carece de transparencia, a lo que se suma el escaso interés de los ciudadanos en la deliberación política, desafección causada por el individualismo extremo de las sociedades capitalistas contemporáneas y por la preeminencia de intereses fácticos de oscuro origen. Todo lo cual debilita grandemente el sistema del que venimos tratando90. Los correctivos propuestos son muchos; entre otros, elecciones primarias en los partidos, financiamiento público a éstos para evitar el «blanqueo» de dinero y hasta la introducción de algunos mecanismos propios de la democracia directa.

4. A pesar de las sentencias pesimistas y la intensidad de las polémicas sobre esta materia, cabe señalar que la democracia representativa sigue teniendo muchas ventajas que mostrar y sigue siendo por ello profusamente utilizada como sistema de gobierno. Es difícil encontrar hoy a alguien que cuestione la necesidad de contar con instituciones representativas, y, «por tanto se ha renunciado a la utopía de que todos los ciudadanos puedan participar directamente en todos los procesos de toma de decisiones»91. En efecto, para J. L. Martí: «nadie ha cuestionado la idea de representación, que es considerada necesaria y hasta valiosa, ni defendido en su lugar un modelo de democracia directa»92. Las propuestas que veremos más adelante no buscan su desaparición sino el perfeccionamiento de la «democracia representativa».

El objetivo es mostrar que la representación debe poner a los ciudadanos en condiciones de elaborar y revisar las demandas que se proyectan sobre el espacio público. Si bien no existe sistema electoral que consiga reflejar las preferencias de todos, el proceso de representación es indispensable para que puedan proyectarse las demandas y para que el sistema tenga legitimidad; no suele haber solicitudes instantáneas: todas pasan necesariamente por mediaciones representativas, por el intercambio discursivo entre las demandas de los ciudadanos y las respuestas de las instituciones. Hay, pues, que reinventar la representación, recordando la progresiva pérdida de centralidad de la política y de su fuerza legitimadora cuando la deliberación languidece. «La voz que expresa la voluntad soberana no está ni del lado de los representantes, como siempre han dicho los elitistas, ni del lado de los ciudadanos, como han pretendido los populistas, sino que emerge paulatinamente en el continuo intercambio entre los distintos niveles de formación de la opinión y la voluntad»93. Podemos entonces afirmar que sin representación no hay deliberación ni puede haber opinión.

En ese entendido, no puede olvidarse que la política debe ser un espacio de encuentro entre personas que se juntan en libertad para hablar de las ideas y asuntos que comparten; ha sido justamente el abandono del espacio común lo que ha llevado a la crisis que hay que superar. Y buscar ese encuentro es la primera tarea por desarrollar para lograr una representación cabal, pues la consecución del interés público debe ser liderada por alguien. No basta pues el acto electoral; la iniciativa grupal juega un rol determinante para seleccionar a quien debe representar los intereses comunes. En cierta medida, el desarrollo tecnológico y la información más precisa hacen que el acto electoral sea en nuestros días un acto plebiscitario que recobra parte del antiguo encanto de la decisión popular como acto de soberanía. No es que el principio de representación desaparezca; lo que sucede es que el principio de identidad está ahora más presente que antes, consecuencia de un mayor desarrollo educativo. Por ello, resulta innecesario buscar fórmulas clásicas de democracia directa, pues la manifestación de voluntad es expresada en los comicios. Lo contrario es poner en entredicho los logros democráticos que con tanto esfuerzo se ha logrado conseguir.

5. Para que la representación sea efectivamente útil es preciso recordar que es insensata la divinización del pueblo cuya expresión máxima, «vox populi, vox Dei», es —dice Zagrebelsky94— una forma de idolatría política, que persigue implantar formas autocráticas, pues corresponde a conceptos triunfalistas y acríticos. Si se confía en la decisión del pueblo es porque se acepta que pueda estar equivocada y revocarse. Y ello es así porque la democracia se basa en un hecho esencial que no puede soslayarse: los méritos y defectos de uno lo son también de todos; si no lo aceptamos, entonces no tendremos democracia, es decir, gobierno de todos sobre todos, sino autocracia. La autoridad del pueblo no depende pues de sus virtudes, sino de la ausencia de una alternativa mejor. En efecto, si continuamos confiando en la autoridad popular —afirma Zagrebelsky— es porque cualquier otra solución sería peor que esta última.

3. LAS PROPUESTAS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DE LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA

1. Si bien hay un reconocimiento de que los problemas y dificultades del mundo moderno no se resolverán renunciando a la política sino más bien transformando su práctica, hay quienes creen que es preciso crear modelos alternativos para superar la desconfianza que genera la actual práctica política, aun cuando se suele aceptar que el atractivo de la democracia reside en que se trata de un modelo generado por el pueblo, con mecanismos que dan legitimidad a las decisiones porque se adhieren a principios, reglas y mecanismos adecuados de participación, representación y responsabilidad. Como señala Held, «la democracia debe contemplarse como la concepción privilegiada del bien político porque ofrece una forma de política y de vida en la que hay maneras justas de deliberar sobre valores y negociar valores y disputas»95. En palabras del mismo autor, si bien no constituye una panacea para todos los males e injusticias, «proporciona una base adecuada para la defensa de un proceso de diálogo público y toma de decisiones sobre asuntos de interés general y plantea vías institucionales para su desarrollo»96.

Algunos de los que persiguen reformas en la práctica política sustentan sus propuestas en el «principio de autonomía», entendido como una noción según la cual las personas podrían llevar adelante sus proyectos como agentes libres e iguales, sin interferencias, participando en los debates y en las deliberaciones sobre una base de igualdad y libertad, pero aceptando que es necesaria una «frontera de la libertad» que no debe ser nunca rebasada. Esta concepción propone la creación de instituciones democráticas diferentes de las que nos ofrece la práctica cotidiana en las democracias liberales capitalistas. En otras palabras, la aplicación del principio de autonomía lleva a repensar los límites de la acción del Estado y de la sociedad civil.

Son tan variadas las propuestas específicas que promueven esos movimientos de reforma que aquí es imposible enumerarlas; lo que sí se puede decir es que se caracterizan por amplios y ligados derechos sociales y económicos, preocupación por las cuestiones distributivas y de justicia social incompatibles con los derechos de las grandes corporaciones y los grupos de poder fáctico. Proponen, por ejemplo, un modelo de «autonomía democrática» que busca preservar el ideal del ciudadano informado y activo que tenga opinión y decisión sobre materias vinculadas a la vida económica y laboral, propiedad productiva y financiera, aliviando la condición de los menos favorecidos. Creen que «la precariedad del gobierno en las circunstancias actuales está ligada tanto a los límites del poder del Estado, en el contexto de condiciones nacionales e internacionales, como al carácter remoto, a la desconfianza y escepticismo que se expresan acerca de los arreglos institucionales existentes, incluyendo la eficacia de la democracia parlamentaria»97.

Pues bien, son parte de ese movimiento de reformas políticas las propuestas de democracia participativa y democracia deliberativa que resumimos a continuación y que se vinculan con los mecanismos de la democracia directa. Luego, se critica su viabilidad.

2. La llamada democracia participativa, cuyos más importantes promotores pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XX, es presentada como un avance y perfeccionamiento de la democracia representativa. Propone usualmente utilizar, para reforzarla, algunas de las modalidades de la democracia directa. Busca responder a las políticas agresivas neoliberales que debilitan el llamado Estado del bienestar, al plantear una mayor participación directa y un control más acusado a los representantes elegidos. Ramírez Nardiz cita a Sartori, para quien la democracia participativa es aquella forma de gobierno en la que «el pueblo participa de manera continua en el ejercicio directo del poder»98. Más precisamente, consiste en la introducción de un conjunto de instrumentos que hagan posible ampliar la participación ciudadana en el gobierno, buscando que el ciudadano tome parte de la vida pública. Esos instrumentos, que no pretenden remplazar a la democracia representativa, son —entre otros— las iniciativas legislativas populares, los referendos y la revocatoria de mandatos.

Las propuestas de la democracia participativa buscan dotar de contenido al ideal democrático, sea ampliando los derechos, promoviendo la autogestión y el espíritu asambleístico, esto es, aumentar la presencia de los ciudadanos en la deliberación y en las decisiones de asuntos de interés público. Esas propuestas han sido reconocidas en varias Constituciones de países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Pero esta circunstancia no las libera de críticas varias, fundamentalmente asociadas a la afirmación de que el ciudadano no tiene la capacidad necesaria para decidir sobre asuntos complejos, pero también a que no participa con otros en la discusión de los temas públicos. Aquellos asuntos sometidos a votación son tratados principalmente en los medios de comunicación, donde en muchos casos se ejerce una manipulación evidente, de modo que no son los ciudadanos quienes suelen imponer los puntos o temas sobre los que deberán pronunciarse en referéndum. Quienes por su lado defienden las propuestas dan gran importancia al espacio público99 como lugar de privilegio para que los agentes sociales puedan obtener información y tomar decisiones adecuadas a los intereses de las mayorías.

Hay que anotar que esa participación se da con mayor frecuencia y facilidad en el ámbito local y tiene contenidos muy variables. Por ejemplo, puede estar dirigida al intercambio de información con el Gobierno o las autoridades sobre asuntos vinculados a determinadas tomas de decisiones sobre la atención preventiva de las enfermedades, o a buscar un consenso acerca de ciertos aspectos urbanísticos controvertidos para determinadas obras de infraestructura. Pero poca duda cabe de que la participación en estas materias no basta para sostener —y, menos, cuestionar— el edificio de la democracia representativa.

3. La llamada democracia deliberativa es un desarrollo de los postulados teóricos de la democracia participativa, pero más preocupada por la parte práctica vinculada al diseño institucional. A pesar de su reciente impulso, debe advertirse que la reivindicación de la deliberación es tan antigua como la democracia misma100. Dice Martí que «la democracia deliberativa es un modelo político normativo cuya propuesta básica es que las decisiones políticas sean tomadas mediante un procedimiento de deliberación democrática»101, esto es, un modelo de toma de decisiones que persigue cómo debería ser la realidad política, un ideal regulativo hacia el que se debe tender en la medida de lo posible. En otras palabras, se trata de la utilización de un procedimiento deliberativo como precondición para que las decisiones políticas adquieran legitimidad.

Los promotores de la democracia deliberativa afirman que buscan mejorar la calidad de la democracia, abogando por un debate informado, el uso de la razón y la búsqueda de la verdad. Señala Held que «la idea fundamental de los demócratas deliberativos es desterrar cualquier noción de preferencias fijas y sustituirla con un proceso de aprendizaje en el cual y por el cual la gente acepte los asuntos que tienen que comprender para mantener un juicio político sensato y razonable»102. La legitimidad política ya no se basa tanto en los resultados de las votaciones en procesos electorales o en la regla de la mayoría cuanto en ofrecer argumentos defendibles de las decisiones públicas para mejorar la calidad de estas últimas, sustituyendo el lenguaje del interés por el lenguaje de la razón. En otras palabras, consideran que «el intercambio de razones públicas en la deliberación crea un nuevo principio de gobierno legítimo»103. Y para que su ideal político «sea eficaz los ciudadanos tienen que estar libres de las influencias tergiversadoras de la desigualdad del poder, riqueza, educación y otros recursos. Lo que importa es un acuerdo motivado racionalmente, no un resultado producido por la coerción, la manipulación o el pacto. Este modelo exige que los ciudadanos disfruten de una igualdad formal y sustancial»104.

Entre los principios democráticos para la toma de decisiones, la democracia deliberativa privilegia el de argumentación sobre los de negociación y del voto. Entienden el principio de argumentación como un intercambio desinteresado de razones a favor o en contra de una propuesta en condiciones de igualdad y con la disposición de ceder ante el mejor argumento105.

Aquí, los mecanismos más promocionados son el derecho de petición, la iniciativa legislativa popular, las consultas y los referéndums deliberativos, la participación en asociaciones y consejos a nivel municipal y los presupuestos participativos106.

4. Las propuestas por una democracia tanto participativa como deliberativa, como es natural, han dado lugar a diversas críticas. Ellas se concentran, en primer término, en las dificultades de encontrar en las grandes urbes modernas, más que en pequeños poblados, condiciones que hagan posible un debate alturado, informado y respetuoso. Consideran que sus promotores parten de una premisa que desconoce en el ser humano común la ausencia de altruismo y de conocimiento general para enfrentar problemas complejos. Se afirma, creemos que, con razón, que «el ideal de imparcialidad expresa una ficción, ya que descansa en el supuesto de que la gente puede trascender sus peculiaridades cuando se dedica a deliberar»107. También se afirma que con la deliberación es imposible generar acuerdos o consensos y que más bien ella puede incrementar los conflictos en lugar de mitigarlos. Así mismo, que no hay garantía de que una mayor participación dé lugar a una de mayor calidad. Hay también firmes críticas a las propuestas de democracia directa por su fácil manipulación. Sus defensores, por su parte, replican que los desacuerdos persistentes y posteriores a la deliberación constituyen un paso firme para conocer mejor las diferencias y buscar superarlas108.

5. Pero el verdadero test para calibrar la conveniencia y viabilidad de los instrumentos que propone la democracia participativa, dice con razón Josep M.ª Castella:

consiste en examinar su origen, es decir, si van de abajo arriba. Esto significa que es algo impulsado y querido por los ciudadanos. Se participa si, cuando y para lo que interesa a la ciudadanía. En cambio, cuando la participación es organizada desde el vértice del poder hay que ponerla bajo sospecha, pues es muy probable que se pretenda o se utilice para afianzar y legitimar una determinada acción de gobierno, tendiendo a llamar a la participación a aquellas asociaciones que reciben subvenciones del poder o que son títeres de partidos y, por tanto, revisten el clientelismo de democracia109.

6. Finalmente, reconozcamos que la democracia no puede quedar librada a la deliberación, pero sin ésta no hay democracia. Se señala entonces que si bien la capacidad de delegación, sobre la que se asienta la representación, cede frente a las prácticas deliberativas, lo cierto es que para que funcionen grandes porciones de la política debe haber delegación, para, de esa forma, evitar caer en el espacio pantanoso de los plebiscitos. Solo una parte del trabajo político es discursivo. Es imposible, si se desea ser eficaz, remplazar la profesionalidad y la experiencia de los representantes para resolver intrincados asuntos de gobierno. La experiencia enseña que cuando prima lo deliberativo puede brillar la argumentación aguda y hasta original, pero que siempre se trata de momentos de escasa duración.

4. EL ESPACIO PÚBLICO COMO LUGAR DE DELIBERACIÓN

1. En las sociedades democráticas, la capacidad de la política para articular el espacio público se debía al procedimiento de la representación, gracias al cual se da forma a las opiniones, identidades e intereses. Lo contrario de todo ello es la inmediatez propugnada por el populismo, que busca —afirman— abolir la distancia entre gobernantes y gobernados, dando lugar a numerosas subvenciones improductivas y a fomentar el consumismo. «Para el populista, la democracia representativa, modestamente procedimental y prosaica, caracterizada por la lentitud y los compromisos, se presenta, por comparación con el ilusionismo sin límites, como insuficiente»110. En el horizonte de ese proceso se entiende la sociedad como un conjunto de minorías y el Gobierno como una ONG encargada de atender diversas demandas. En ese escenario aparecen con poder cada vez mayor las clientelas particulares y los derechos privados, lo que encaja con la lógica del mercado promovida por el neoliberalismo. Sabemos que la representación pasa por una crisis, porque quien es elegido en ocasiones solo representa al grupo que lo ha promovido y no a todos a su vez; por ello, solo la representación interesada en la acción pública podrá contrarrestar ese proceso. Y lo cierto es que una sociedad solo se conoce a sí misma si existe representación; de lo contrario conocerá tal vez detalles, tendrá proliferación de datos, pero no podrá concebirse colectiva y coherentemente. Es necesario respetar la lógica del espacio público.

2. Cualquier análisis de la práctica democrática actual no nos puede hacer olvidar la contradicción existente entre la convocatoria universal a participar en un espacio público y la fragmentación de los discursos y de los intereses en juego. Sea cual fuere el acercamiento al concepto de lo que es público nos remite a pensar que la práctica política tramite o convoque algo que sea integrador, común a todos. Ese espacio público ha sufrido una gran transformación, por razones culturales y tecnológicas, y por el diseño urbano de las grandes ciudades.

Ahora bien, el espacio público como el lugar en el que se delibera sobre lo común y donde se tramitan las diferencias no constituye una realidad compacta y cerrada, sino que obliga a una construcción laboriosa y variable que exige un trabajo de representación. Ese espacio acoge al conjunto de procedimientos mediante los cuales las decisiones políticas colectivas son formuladas y adoptadas con significativa influencia de las nuevas tecnologías de la información. Daniel Innerarity cree posible:

redefinir el ideal de la democratización a partir de la esfera pública, en la que se contiene la preeminencia de los valores constitutivos de la dimensión colectiva frente a los intereses particulares, de lo político sobre lo económico, de la comunicación sobre el mercado. No se me ocurre otro procedimiento mejor para hacer frente a la concepción de la política como mera gestión de los intereses y que tiene su origen en una idea de la sociedad como una colección atomista de individuos o grupos desvinculados entre sí111.

Sin espacio público el poder sería entendido como dominación y la opinión pública como lugar para las manipulaciones mediáticas. Y entonces se produciría una confrontación «donde el acontecimiento está por encima del argumento, el espectáculo sobre el debate, la dramaturgia sobre la comunicación, la imagen sobre la palabra»112. La pérdida del sentido de lo común es un elemento que sin duda dificulta la configuración del espacio público, que es en verdad el corazón de la acción política.

Los miembros de una sociedad no tienen solo derechos sino también deberes que van más allá del respeto a los derechos de los demás; en otras palabras, un compromiso con los intereses de la sociedad en su conjunto e inclusive más allá, porque el proceso de globalización implica ampliar el espacio público para gestionarlo adecuadamente, pues antes se entendía como un territorio propio del Estado nacional. En efecto, la soberanía del Estado ya no es indivisible, pues está diluida en un continuo flujo de interdependencias, tanto en el ámbito de lo económico como en el de lo financiero; es hoy un actor «semisoberano». Para articular políticamente a la sociedad, tendrá ahora que ser más cooperativo y concentrarse básicamente en los bienes colectivos esenciales, moderando los desarrollos sociales. Ello no hace que renuncie a su antigua pretensión de configurar el espacio social, pero ya no con el modelo jerárquico tradicional, que se ha debilitado sin remedio. En la actualidad debe contrapesar la dinámica centrífuga de los variados intereses y preferencias culturales, buscar la compatibilidad de los sistemas funcionales autónomos, con especial énfasis en sociedades heterogéneas, convirtiéndose en una instancia que asuma la responsabilidad por el sistema democrático en su conjunto. Como dice Innerarity, «tanta cooperación como sea posible, tanta jerarquía como sea necesaria, podría ser una máxima del buen gobierno y la buena administración»113.

3. El espacio deliberativo supone la práctica de un tipo de argumentación que intenta justificar las afirmaciones o juicios que se presentan, lo que puede llevar al ciudadano a cambiar su opinión o preferencias. El espacio público es justamente el lugar donde se dialoga, donde ese proceso se ejecuta. Entonces, cuando se desconoce la fuerza transformadora de la política, se sucumbe a la inmediatez y con frecuencia al uso de las modalidades de la democracia directa, insuficientes para una democracia de calidad.

Se olvida reiteradamente que la democracia no es un régimen de consulta, sino un régimen que articula diversos criterios a través del debate público. Por cierto, exige un trabajo para lograr una representación adecuada y utiliza para ello la consulta popular, pero ésta no es un sustituto de un procedimiento deliberativo. Y es justamente el sistema político representativo el que se encarga, con todos sus límites, de las tareas necesarias para el análisis y la discusión. La utilización frecuente del referéndum, por ejemplo, es un procedimiento inmejorable para no adelantar nada de lo esencial, porque no hay prácticamente ni diálogo ni discusión, y tampoco es posible un proceso deliberativo. La representación no puede tampoco ser sustituida por encuestas y sondeos en los que las mediaciones políticas son inexistentes y la expresión del pueblo queda sujeta a la inmediatez de los intereses. En efecto, «la representación es una relación autorizada, que en ocasiones decepciona y que, bajo determinadas condiciones, puede revocarse. Pero la representación no es nunca prescindible, salvo al precio de despojar a la comunidad política de coherencia y capacidad de acción»114. La representación es una construcción, un espacio de creación.

4. Dice Innerarity:

Es una ilusión pensar que podemos controlar el espacio público sin instituciones que medien, canalicen y representen la opinión pública y el interés general. Lo que ocurre hoy en día es que el descrédito de alguna de esas mediaciones nos ha seducido con la idea [de] que democratizar es desintermediar; algunos —con una lógica similar a la empleada por los neoliberales para desmontar el espacio público en beneficio de un mercado transparente— se empeñan en criticar nuestras democracias imperfectas a partir del modelo de una democracia directa, articulada por los movimientos sociales espontáneos, desde el libre juego de la comunidad on line y más allá de las limitaciones de la democracia representativa. Se ha instalado el lugar común de que periodistas, gobiernos, parlamentos y políticos son prescindibles, cuando lo que son en realidad es mejorables115.

Este es uno de los propósitos para mejorar y conservar una nueva democracia representativa en nuestro país.

6. La crisis de representación en el Perú pudo haberse iniciado por el pobre desempeño de los partidos políticos y de las élites en la década que se inicia en 1980. Poco después, ello dio lugar a una alta volatilidad electoral. Sin embargo, Tanaka considera que el principal desafío de los partidos no fue enfrentar un problema de representación sino de gobernabilidad, en un contexto de diversos proyectos políticos, algunos excluyentes entre sí116. Posteriormente, en la década de 1990, el fujimorismo establece una dinámica política diferente, pues se opuso al conjunto de partidos políticos. Obtuvo así una importante aprobación y Fujimori logró imponer su liderazgo personalista y arbitrario, así como consolidar una coalición de poderosos intereses a su alrededor que combinaban el neoliberalismo con el neopopulismo117. Y como los partidos políticos fueron dejando un espacio vacío, se impuso la dinámica autoritaria de Fujimori con relativa facilidad, sin una oposición debidamente integrada y cohesionada. Afirma Tanaka que «el espacio público de deliberación ciudadana quedó seriamente menoscabado, lo que produjo, en el plano de las decisiones de gobierno, una centralidad excesiva»118, que —vale recordarlo— contó con el apoyo de organismos financieros e inversionistas extranjeros, con las Fuerzas Armadas, poderes nacionales empresariales y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Posteriormente, sin embargo, a partir del corto gobierno de Valentín Paniagua en el año 2001, la democracia peruana ha pasado por varios procesos electorales no cuestionados que han dado lugar a cuatro gobiernos democráticamente elegidos. Desde esta perspectiva se ha robustecido el aspecto procedimental, pero en otro sentido, como hemos visto, la representación se ha debilitado y alejado del interés de las mayorías. Poca duda cabe, sin embargo, de que en la actualidad la democracia electoral —con su inmensa importancia— no basta, y que es preciso aceptar diversos mecanismos de participación que permitan un diálogo fluido con las instituciones de la sociedad civil, más aún cuando nos enfrentamos a una crisis de partidos de difícil recomposición y a una realidad geográfica fragmentada y con dificultades comunicativas. A ello se suma el mayoritario trabajo informal, que torna particularmente difícil ubicar representantes de sus integrantes y entorno, lo que le ha dado un carácter usualmente episódico y cambiante. Se ha señalado, finalmente, que en el Perú hay una falta de equilibrio entre la función representativa y la gubernamental, pues mientras la primera está supeditada a enfrentar los problemas de corto plazo, la segunda está obligada a tomar opciones que la pueden separar de sus electores119.

5. PRESENCIA DE LA MULTICULTURALIDAD

1. La idea de multiculturalidad está sin duda presente en el actual orden democrático. Se la entiende no solo como un campo poblado por muchas culturas sino como un espacio de intercomunicación. Y las sociedades se hacen multiculturales independientemente de lo que opinen sus habitantes. Por cierto, es un tema conflictivo, aunque la ciudadanía actual suele aceptar las diferencias, siendo su límite que algún grupo cultural se arrogue el derecho de imponer sin titubeos sus preferencias sobre los demás. Saber vivir en democracia es saber vivir con diferencias que se manifiestan no solo en lo cultural sino también en las diferentes opciones electorales. Y el tema de las diferencias no puede separarse del de las minorías. No olvidamos que el ideal homogeneizador, que combate o busca olvidar las diferencias, ha estado presente entre nosotros con especial énfasis durante el siglo XIX, y aún no ha desaparecido del todo. Pero lo que busca imponerse en nuestra realidad es un radical pluralismo, pues sin duda conocemos mejor que en el pasado las diferencias culturales, la existencia de identidades abiertas y porosas.

Como señala Fernando Mires, si:

la autonomía de pueblos y culturas es el resultado del reconocimiento de diferencias, y este reconocimiento es condición de democracia, quiere decir que el reconocimiento de la autonomía de las minorías es también condición de la autonomía de las mayorías, pues no puede haber democracia sin seres autónomos. Esto quiere decir que la autonomía de culturas y pueblos no es, en sentido estricto, una concesión, sino mucho más, una garantía para el propio funcionamiento democrático120.

Nada de esto se opone a que en los momentos electivos prime la voluntad de las mayorías, pero convengamos en que ese no es el único criterio para definir un orden democrático, pues si así fuera el principio central de toda democracia no sería político sino puramente matemático, y ahí subyace el peligro de la dictadura de las mayorías121.

2. La cuestión es si disponemos en nuestras sociedades de una pedagogía del encuentro y del intercambio para superar los mundos cerrados de las creencias y costumbres. Creemos que ello es posible y necesario porque, finalmente, la tradición en los grupos se aproxima a una construcción social. La fragmentación cultural que vivimos hace inútil buscar una representación de la identidad como una totalidad sin disonancias, así como también creer que es posible un mosaico de culturas independientes. Tal como señala Innerarity:

es una ilusión pensar que el mundo se compone de unidades similares, como elementos de un puzle. La yuxtaposición de distintos modos de vida y de comunidades que no pueden ser tratadas de manera uniforme es una característica irrenunciable de la cultura contemporánea. El mundo de hoy se caracteriza por la paradoja de que una creciente globalización va acompañada de nuevas diferenciaciones, de que hay más relaciones entre un número mayor de elementos. El cosmopolitismo y la particularidad no son opuestos, sino que más bien se complementan y fortalecen mutuamente122.

Y concluye afirmando que «toda pretensión de identidad pura es asfixiante e incestuosa». Además, por supuesto, de que esa valorización de la diversidad no nos impide tener preferencias: nadie nos puede obligar a abandonar nuestro propio interés u opinión, ni a preferir nuestro propio país; lo que no podemos es atribuirle un significado absoluto, excluyente.

Es obvio para nosotros que las clasificaciones étnicas son cada vez más complicadas y los conceptos que tradicionalmente se han usado para ello no parecen acertados para describir y calificar el mundo plural y cambiante que vivimos. No se nos escapa que la folclorización, tan apoyada en ciertos medios de comunicación considerando cualquier identidad cultural como inmodificable, es un negocio cercano a la mendicidad y un obstáculo para el pluralismo que se oculta bajo un extremado respeto de las diferencias123. En efecto, ello neutraliza el diálogo intercultural y nos hace recordar que «la homogeneización y la peculiarización son estrategias que coinciden en su desinterés por relacionar y traducir»124. Es misión de la sociedad multicultural hacer que se caracterice por relacionar las distintas versiones del mundo que se hallan en una sociedad pluralista, no aceptando por tanto diferencias irreductibles, pues la vida cultural no es una unidad cerrada, comenzando por tener el coraje de relativizar la propia cultura. Cito otra vez a Innerarity: «nuestra pedagogía ha de ser capaz de presentar un muestrario de las diferencias, articular experiencias de contraste, señalar la arbitrariedad de las convenciones sociales, la contingencia de los hábitos y estilos de vida, ponerse en el lugar de otros. Aprender a valorar esa diversidad no equivale a una deserción, sino a un enriquecimiento de lo propio»125.

3. Hay que recordar que el menosprecio a otras culturas vivas dentro del territorio se sostuvo en aquella noción liberal del derecho según la cual ha de primar la autonomía individual sobre la de pueblos y culturas, aunque los teóricos actuales del liberalismo han buscado superar esa noción importante en el inicio de los procesos democráticos en Europa y en los Estados Unidos. Porque la protección de las culturas es en primer término la protección de las personas que las constituyen. Si bien el llamado «multiculturalismo» puede derivar en hacer difícil la convivencia en un mismo espacio social de personas que se identifican con culturas diversas, no es verdad absoluta que la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos; éstos se originan más bien cuando se busca imponer un proyecto estatal que elimine las diferencias en nombre de una nación única. Hoy día, al parecer, vamos a transitar por el camino de la asociación, siendo del todo ejemplar el iniciado por la Unión Europea.

En Latinoamérica se han producido muchos intentos de homogeneización, especialmente vinculados a lo económico, y los resultados han sido hasta ahora pobres y limitados. Los enemigos de una más amplia integración, en territorios que comparten elementos culturales comunes, idiomas mayoritarios similares y costumbres parecidas, se han encontrado y se encuentran tanto dentro como fuera del espacio latinoamericano o, si se prefiere, sudamericano. Contra lo que podría pensarse en una primera instancia, el proceso de globalización y la supremacía de las empresas multinacionales, sumados a la vigencia en muchas élites del pensamiento neoliberal, han sido obstáculos que han frenado los intentos integracionistas, anunciados y promovidos en todos los países por sus intelectuales y políticos de mayor visión. Pero en muchos casos han ganado los pobres nacionalismos, enquistados en poderes subalternos y de corto plazo.

4. ¿Qué debemos entender por cultura? Cortina propone la siguiente definición: «[cultura es] el conjunto de pautas de pensamiento y de conducta que dirigen y organizan las actividades y producciones materiales y mentales de un pueblo, en su intento de adaptar el medio en que vive a sus necesidades, y que puede diferenciarlo de cualquier otro»126. En América Latina tenemos Estados multinacionales, entendidos como la existencia de varias naciones, como Estados poliétnicos, en los que existen diversas etnias. Si bien es conveniente enfatizar que ninguna cultura tiene soluciones para todos los problemas vitales, sí conviene recordar que en los multinacionales los problemas son básicamente políticos y deben solucionarse mediante una distribución justa del poder (federales, autonomías, etcétera), mientras que en los poliétnicos el problema es más complejo, porque conviven diferentes cosmovisiones o modos de concebir el sentido de la vida, de la felicidad o de la justicia, siendo entonces los problemas más bien de tipo moral127. El diseño adecuado de un sistema de representación no puede dejar de reconocer estas variables que se dan en la realidad. Y si, como hemos señalado, en América Latina se presentan ambos tipos de retos por superar, el amplio mestizaje racial y la extensión educativa han servido para contrarrestar las creencias y manifestaciones culturales impuestas durante el período colonial, lo que hace de las sociedades latinoamericanas mucho más homogéneas que hace décadas atrás. Los problemas que surgen en nuestra sociedad poliétnica pueden también superarse con un buen sistema de representación en el ámbito político, respetando las diferentes cosmovisiones.

Pero en el caso del Perú debemos hacer un esfuerzo por alcanzar una visión de conjunto, pues si bien tenemos fotos espectaculares y hasta provocadoras, nos falta aún una buena película para saber bien cómo es el país que habitamos; de lo contrario, seguirán primando las estrategias de marketing o las protestas sin proyecto integrador.

67 Dahl, R., La democracia, op. cit., p. 120.

68 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 44.

69 Pitkin, H. F. El concepto de representación. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985, p. 235.

70 Greppi, A., La democracia sin enemigos, op. cit., p. 11.

71 Ibid., p. 12.

72 Sobre esta materia, cuando tiene lugar el nacimiento de las repúblicas andinas al inicio del siglo XIX, ver Marie-Danielle Demelas, La invención política (Lima: IFEA e INP, 2003), quien entre otros muchos temas trata de los límites de la democracia representativa, de los problemas del sufragio y del pueblo como soberano efímero (pp. 332 y ss.).

73 Innerarity, D., La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 243.

74 Ibid., p. 250

75 Ibid., p. 265

76 Bobbio, N., El futuro de la democracia, op. cit., p. 34.

77 García Pelayo, M., op. cit., p. 180.

78 Hay que advertir el problema que se presenta por la ausencia de partidos sólidos y la invocación entonces a utilizar las vías de la democracia directa. Vid. este problema en Perú y Latinoamérica en C. Meléndez en su libro El mal menor (Lima: IEP, 2019).

79 Biscaretti di Ruffia, P., op. cit., p. 287.

80 Garrorena, A. «Democracia, participación y representación. La crisis actual de la democracia representativa. ¿Qué hacer?», en J. L. Cascajo C. y Augusto Martin de Vega (Coordinadores), Participación, representación y democracia. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 67.

81 Cortina, A. ¿Para qué sirve realmente la ética? Barcelona: Paidós, 2014, p. 156.

82 Guillén López, E., «Las enseñanzas del 15-M (El léxico constitucional frente a la crisis de legitimidad)», en La democracia indignada, op. cit., p. 10.

83 Dahl, R., La democracia, op. cit., pp. 131 y ss.

84 Adell, R. «El poder de los contrapoderes», en La democracia indignada, op. cit., p. 120.

85 En una reciente encuesta urbano-rural realizada por el INP en el mes de abril de 2019, el 84 % de los encuestados desaprueba al Congreso y el 70 % apoya que se cierre. Difícil es encontrar, en cualquier país, cifras que demuestren inequívocamente un rechazo tan marcado; se discute si ese rechazo es al sistema democrático o si es consecuencia de la conducta de los políticos en general y de los parlamentarios en particular. Lo único seguro es que se trata de una manifestación que no puede olvidarse o dejarse de lado.

86 Ilizarbe, C. «Autorrepresentación y desacuerdo: Estado y conflictividad social en el Perú», en R. Grompone (Editor), Incertidumbres y distancias. Lima: IEP, 2016, p. 390.

87 Grompone, R. Nuevos tiempos, nueva política. Lima: IEP, 1995, p. 19.

88 Greppi, A. «Representación y deliberación», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 46.

89 Ibid., p. 47.

90 Una visión crítica de la representación política contemporánea y de las recomendaciones e influencia del neoliberalismo puede encontrarse en De Vega, P., Democracia, representación y partidos políticos, op. cit., pp. 11 y ss. Así, afirma, «seguir hablando, por ejemplo, de mandato representativo, cuando todos sabemos que los diputados obedecen las ordenes de los partidos, o continuar sosteniendo que los representantes representan a toda la nación y no intereses particulares concretos, equivaldría a seguir manteniendo un concepto de representación y de democracia representativa que […] hace ya tiempo que forma parte de la arqueología constitucional» (p. 20). Sin embargo, más adelante afirma que aquellos que preconizan a la democracia directa como única forma de democracia posible conducirá a la condena de la democracia representativa con nefastas consecuencias para la libertad de los ciudadanos. Finalmente dice «la crítica a la democracia representativa y la defensa de la democracia directa como único mecanismo de legitimidad, para lo que termina sirviendo es para construir la democracia plebiscitaria y para sustituir el Estado de partidos por la organización totalitaria del Estado-partido» (p. 21).

91 Martí, J. L. La república deliberativa. Madrid: Marcial Pons, 2006, p. 215.

92 Ibid.

93 Ibid., p. 79.

94 Zagrebelky, G. La crucifixión y la democracia. Barcelona: Ariel, 1996, pp. 105-106.

95 Held, D. Modelos de democracia, op. cit., p. 368.

96 Ibid.

97 Held, D., op. cit., p. 405.

98 Ramírez N., A. Democracia participativa. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, p. 126.

99 J. Habermas, citado por Ramírez N., A., op. cit., p. 133, señala que «el espacio de la opinión pública, como mejor puede describirse es como una red para la comunicación de contenidos y tomas de posturas, es decir, de opiniones, y en él los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno a temas específicos».

100 Martí, J. L., op. cit., p. 17.

101 Martí, J. L., op. cit., p. 22.

102 Held, D., op. cit., p. 334.

103 Held, D., op. cit., p. 340.

104 Ibid.

105 Sobre este punto, ver Martí, J. L., op. cit., pp. 49 y ss.

106 Martí, J. L., op. cit., pp. 297 y ss.

107 Held, D., op. cit., p. 348.

108 En un interesante artículo, «Democracia y nuevas formas de participación», Luigi Bobbio ilustra tres mecanismos participativos: los presupuestos, el debate público francés y los mecanismos basados en el sorteo, y revela las dificultades y dilemas que enfrentan para su concreción. Afirma que, si bien son una respuesta no populista a la crisis de la democracia representativa, se enfrentan a problemas de participación con un siempre presente riesgo de manipulación (en La democracia en nueve lecciones. Madrid: Trotta, pp. 47 y ss.).

109 Castella, J. M. «Las enseñanzas del tiempo transcurrido, o de cómo la democracia representativa sigue siendo imprescindible», en La democracia indignada, op. cit., p. 151.

110 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 50.

111 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 18.

112 Ibid.

113 Ibid., p. 271.

114 Ibid., p. 68.

115 Innerarity, D. La política en tiempos de indignación, op. cit., p. 276.

116 Tanaka, M., «¿Crónica de una muerte anunciada? Determinismo, voluntarismo, actores y poderes estructurales en el Perú, 1980-2000», en Lecciones del final del fujimorismo. Lima: IEP, 2001, p. 71.

117 Ibid., p. 79.

118 Ibid., p. 80.

119 Grompone, R. «Modernidad, identidades políticas y representación», en El Estado está de vuelta: desigualdad, diversidad y democracia, op. cit., p. 221.

120 Mires, F. Ciudadanía, op. cit., p. 123.

121 Ibid.

122 Innerarity, D. El nuevo espacio público, op. cit., p. 145.

123 Ibid., p. 147.

124 Ibid., p. 148.

125 Ibid., p. 152.

126 Cortina, A. Ciudadanos del mundo, op. cit., p. 188.

127 Ibid., pp. 190 y ss.

V.

Sistema electoral y medios de comunicación

1. LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA ELECTORAL

1. El artículo 2.17 de la Constitución Política del Perú señala que toda persona tiene derecho «a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum». El capítulo III de la misma Constitución trata de los derechos políticos y de los deberes ciudadanos, ratificando y ampliando lo señalado en el citado artículo 2.17. Esa participación tiene como finalidad que el pueblo elija a sus representantes. Ello significa que quienes gobiernan serán elegidos por el pueblo y que la fuente de su poder radica en esa elección, no en un acto de fuerza que ignore la voluntad popular. Así, pues, la representación popular es designada mediante el sufragio.

Como se ha señalado reiteradamente, el sufragio tiene varias funciones y, siguiendo a Aragón Reyes, citado por Blancas Bustamante, una de ellas es producir representación política, gobiernos, es decir, establecer mayorías y minorías; limitar temporalmente el poder, razón por la que el sufragio se realiza periódicamente; y legitimar el poder del Estado en la medida en que todo poder democrático reside en el pueblo128. Desde otra perspectiva, el sufragio entendido como un derecho tiene un doble contenido, esto es, el derecho de cada ciudadano a votar y a ser elegido (artículo 31 de la Constitución).

2. Mucho se ha debatido en cuanto al significado y efecto de las elecciones. Se trata de un fenómeno moderno, pues durante la mayor parte de la historia de la humanidad el derecho a gobernar no requería autorización de los gobernados. Las llamadas elecciones competitivas, que son aquellas que se realizan periódicamente y cuyos resultados permiten conocer al ganador y quien está en el gobierno debe dejarlo para ser sustituido por el triunfador, son las que se consideran verdaderamente democráticas. Debe quedar claro que sin elecciones no hay representación, tal como la entendemos hoy. Puede afirmarse que minimizan la insatisfacción de cómo somos gobernados, y desde esa perspectiva previenen la violencia, pero no sirven directamente para reducir la inequidad económica, pues «el valor de las elecciones para transformar las relaciones económicas y sociales parece ser débil»129. Sin embargo, no se ha encontrado otro método mejor para elegir gobernantes. «A fin de cuentas —dice Przeworski—, las elecciones son apenas un marco dentro del cual personas en cierto modo iguales, en cierto modo efectivas, hasta cierto punto libres pueden luchar en paz para mejorar el mundo de acuerdo con sus diferentes visiones, valores e intereses»130. Es necesario advertir que los procesos electorales pueden adolecer de múltiples defectos e inconvenientes, y estar influidos por muchos factores tanto vinculados al poder como al dinero, y que los contrincantes políticos pueden hacer uso frecuente de trucos y trampas para ganar. Pero también es preciso recordar que suelen ser los países que tienen elecciones competitivas los que han alcanzado un nivel de desarrollo y de bienestar superior.

Como señala Carlos Blancas, el derecho de sufragio es un derecho individual pero su ejercicio es colectivo; ello supone la existencia de un marco político y jurídico de libertad e igualdad y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Según este autor, hay dos clases de votaciones: las votaciones electivas y las no electivas, estas últimas a través de las vías de la democracia directa, como el referéndum o la revocación de autoridades131. Mientras la votación designa el escrutinio que va a dar lugar a la mayoría, la elección designa a la persona o personas escogidas como representantes. Las modalidades de la democracia directa se materializan mediante votaciones populares, pero no todas tienen la misma razón de ser, ya que, en el referéndum, por ejemplo, puede ser una condición para que un proyecto normativo entre o no en vigor, mientras que el veto persigue que una norma no rija.

3. Ahora bien, hay varios tipos de elecciones, y diversas formas de determinar las limitaciones al sufragio. Pero lo cierto es que la adopción de un determinado sistema electoral tiene una gran importancia en la selección de los representantes y en la composición de las fuerzas políticas en los poderes del Estado; esto es, el sistema electoral tiene influencia decisiva en la conformación de las mayorías que van a gobernar, la protección de las minorías y los procesos de alternancia en el gobierno132. En la democracia, tal como la entendemos, y así está consignado en nuestra Constitución, el sufragio tiene carácter universal e igualitario, le brinda igual oportunidad a todos los partidos y candidatos y cuenta con una autoridad electoral independiente133.

«Es evidente —dice Blancas Bustamante— que la adopción de un determinado sistema lectoral habrá de influir en la gobernabilidad y la representatividad de las fuerzas políticas de cada sociedad y, de esa manera, sobre el carácter democrático de la sociedad y la participación de los ciudadanos»134. En consecuencia, la determinación de los distritos electorales, la adopción del sistema de mayoría relativa, los diversos métodos del sistema proporcional, entre otros muchos otros aspectos vinculados a los sistemas electorales, son materias que hay que tener en cuenta para determinar el carácter y composición de la representación popular. Y han sido justamente las críticas a la forma en que se han llevado a la práctica esas diversas alternativas uno de los argumentos esgrimidos con frecuencia para alentar e implantar como complementarias las diversas modalidades de la democracia directa.

4. Zagrebelsky recuerda las palabras de Antonio Gramsci, cuando dice que el cómputo de los votos no es la expresión del dominio de la mediocridad sino la manifestación final de un proceso de formación de opiniones colectivas en las que todos tienen la capacidad de ejercer su influencia, y que si aquellos que se creían los mejores no consiguen influir en el pueblo y quedan en minoría, deben acusarse a ellos mismos; no es, por tanto, un defecto de la democracia. Y si los que se sorprenden por ese resultado creen que se debe a falta de madurez política, es decir, que el pueblo puede equivocarse, ello no tiene mayor sentido, porque, así como ha podido equivocarse también puede tener razón. Dice Zagrebelsky que «el pueblo y sus decisiones siempre pueden ser puestos en tela de juicio, pero no con la intención de condenarlos (o exaltarlos) sino solamente con la intención de promover el cambio hacia lo mejor»135.

2. MEDIOS, ENCUESTAS, PROPAGANDA Y LOBBYS

1. En el mundo atomizado de nuestros días:

los medios de comunicación proporcionan la coherencia social mínima sin la cual una sociedad no sería pensable. Nuestro sentido de pertenencia a un mismo mundo se lo debemos, en buena medida, a los medios de comunicación … [los que]… han ampliado enormemente las dimensiones de lo común y de lo público, … [aunque]… no es el espacio idealizado en las teorías de la comunicación racional, ni la esfera en la que se delibera sobre asuntos comunes136.

Los medios construyen la realidad, y lo que está en juego no es hallar la verdad, sino cumplir un conjunto de funciones sociales como el entretenimiento. Su velocidad informativa se paga con la redundancia, proporcionando seguridad y claves de orientación moral. La realidad suele ser para nosotros una realidad mediática. El éxito de los medios se encuentra en su capacidad de prefigurar la aceptación social de los temas, una preinterpretación esquemática de éstos. Y es a eso lo que llamamos con frecuencia opinión pública, la que establece el repertorio de asuntos públicos, asegurando una realidad de referencia y pudiendo incluso manipularla, pero no siempre convenciéndonos. Ante ello, los políticos, entonces, observan como son observados, y se produce de tal modo un montaje, una escenificación, que hay que saber manejar.

2. Como es sabido, los medios de comunicación de masas son un instrumento privilegiado para la propaganda política y para la formación de la opinión pública. En tal sentido, su uso resulta indispensable para los partidos políticos y para los grupos de poder137. Han permitido que la circulación de ideologías y puntos de vista plurales puedan ser compartidos rápidamente por un gran número de personas. Es posible afirmar que tanto los gobiernos democráticos como los autocráticos dependen en gran medida de los medios de comunicación social. A ello se agrega la importancia de la concentración y la propiedad cruzada de ellos, que obviamente imponen determinadas ideas o puntos de vista usualmente cercanos a los intereses de sus propietarios. En la mayoría de los países la regulación estatal sobre esas materias es pobre y parcializada138.

Como es obvio, la existencia de un entorno comunicativo adecuado es determinante para que el elector pueda ejercer de manera efectiva sus derechos y optar por una alternativa con propiedad; si no fuera, así el poder del elector sería irrelevante o, lo que es peor, terminaría optando por lo que no conoce bien, generándose desconfianza y frustración. La calidad del entorno discursivo resulta fundamental, porque las preferencias no suelen nacer espontáneamente, ni tampoco en la soledad de su conciencia, pues sin un intercambio discursivo el ciudadano mira, pero en verdad no ve. Tal como afirma Greppi:

al indagar en la microfísica de las voliciones del elector hemos descubierto que las opiniones no se imponen por sí mismas en el vacío neumático de la conciencia, ni la voluntad es una mera reacción ante los estímulos externos, sino que opiniones y voluntades se forman a partir de deseos y razones, a través de múltiples narraciones, casi siempre fragmentarias, elaboradas sobre la marcha y continuamente revisadas, en función de lo que sucede o deja de suceder en cada una de las distintas etapas del proceso político. No podrán, por tanto, ser tomadas como variables independientes y externas al juego democrático139.

Así, pues, sin la confrontación discursiva con los demás es difícil adquirir los elementos de juicio necesarios para elaborar demandas. El malestar político actual tiene por tanto que ver en buena medida con la mala distribución del poder comunicativo. En efecto, la creciente presencia de asesores y de expertos en marketing político ha dado lugar a que los mensajes de los candidatos a representantes tengan un contenido trivial y espectacular, lo que es contrario al diálogo. Los argumentos y la reflexión política han sido relegados, por lo que el espacio utilizado en los medios favorecerá al candidato oportunista y autoritario, el que sin duda se encontrará inclinado a las soluciones plebiscitarias y lejano a la deliberación democrática.

Los partidos políticos han sido, sin duda, afectados por la conducta de los medios de comunicación, y ello ha dado lugar a una relación —nunca explicitada convenientemente— entre comunicación y representación. Esto es fruto de que los medios y sus principales periodistas o presentadores, casi diariamente, se han convertido en auténticos ordenadores de la vida política, avasallando sin recato a quienes no comulguen con sus intereses inmediatos. La presencia excepcional de analistas en la prensa escrita y de algunos comentaristas cultivados intelectualmente en la televisión no altera la verdad del anterior juicio. La deliberación, entendida en su sentido tradicional como un intercambio pausado y ponderado de opiniones discrepantes, está ausente, especialmente en la televisión de señal abierta.

Hay que reconocer que el público consumidor de medios es mayoritariamente anónimo e indiferenciado, y de bajo nivel educativo. Frente a esa realidad, el político debe formular un discurso generalista que logre interesar por su relación con los problemas de corto plazo o con proyectos emotivos de más largo plazo, cuyas herramientas de concreción casi nunca se conocen. Siempre están presentes lo trivial y lo espectacular, y los horarios para menores y adolescentes no se respetan. La selección de la información transmitida no tiene como referente la afirmación democrática. Opina con razón Grompone:

Al final de este proceso se trastoca la idea de representación. Los periodistas que afirman reflejar a la opinión pública, valiéndose con frecuencia de los sondeos como garantía de veracidad, se sitúan frente a legisladores y dirigentes partidarios electos sugiriendo la idea de que en sus preguntas y sus dudas se escuchan las voces de todos y de nadie en particular. Afirman expresar lo que se encuentra ‘en ambiente’, lo que se sabe, lo que el público se pregunta140.

Como es obvio, en ese juego la representación política tiene poco que hacer, porque debilita la inclinación natural a asociarse para proyectar con mesura un proyecto político de envergadura; y, como la realidad enseña, salen usualmente como ganadores los oportunistas y los autoritarios.

3. En el Perú, como en otros países de la región:

los medios de comunicación se consideran como un dominio legítimo de la economía privada; las empresas privadas buscan, en primera línea, obtener beneficios económicos y, solo en segundo lugar, llevar a cabo un servicio a la comunidad, o, en el mejor de los casos, camuflan su deseo de obtener beneficios en forma de ‘servicio público’. La propaganda política es una mercancía puesta a la venta de aquellos que quieran y sean capaces de pagarla. La propaganda se ha convertido en un objeto legítimo de comercio, y los medios de comunicación sirven a aquellos que están dispuestos a pagar el precio más alto141.

Pero esta mala conducta de los medios, contraria a lo que dispone el artículo 14, in fine, de nuestra Constitución sobre la colaboración que deben brindar en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos, no puede hacernos olvidar que en una democracia no es aceptable la censura y, por lo tanto, toda regulación debe cuidarse de no impedir el ejercicio de las libertades básicas de información y de expresión, más aún cuando está comprobado que, con todos sus defectos y limitaciones, los medios de comunicación libres son siempre mejores que los controlados por el Estado.

Ahora bien, en esta materia el poder de los anunciantes —pues los medios viven de la publicidad y de la propaganda— se ha incrementado muchísimo durante las últimas décadas, y ellos apoyan a aquellos partidos que protegen sus intereses. Algunos países —sin duda, la excepción— han podido superar esta situación mediante la autorregulación y medios plurales de propiedad estatal. Como tendremos ocasión de ver, la importancia de las nuevas tecnologías y de las redes ha menguado en cierta medida el poder de los medios de comunicación de masas tradicionales.

4. Pero hay que advertir que la proliferación de aparatos tecnológicos privados ha hecho que la ciudadanía, cada vez en mayor número, se informe a través de las redes sociales y no suela recordar las fuentes de esa información, con lo que éstas pierden relevancia y autoridad, y se aplanan las necesarias jerarquías, de modo tal que un trabajo o investigación serio tiene la misma legitimidad que una noticia cualquiera. Ello empobrece los espacios de discusión y de entendimientos públicos. De ahí surge esta continua proliferación de fake news que escapan de todo tipo de regulación y no dan cuentas a nadie, eludiendo las exigencias de verificación. Como señala Blas:

en menos de 25 años hemos pasado de la utopía del internet libertario de los años 90 y la primera década del nuevo siglo a una red privatizada y diseñada como escaparate comercial para beneficiar los intereses de un puñado de grandes tecnológicos. Sistemas expresamente diseñados para lucrar con la llamada “economía de la atención” a través de una selección sesgada que intencionalmente apela a los extremos del discurso político142.

De esta forma, la celebrada desintermediación de la información se ha convertido en una esfera pública intervenida, más centralizada que nunca, un capitalismo de vigilancia, antítesis de un espacio de entendimiento colectivo llamado espacio público que resulta esencial para sostener el edificio democrático.

5. Es necesario tener presente el uso extenso de las encuestas o sondeos de opinión, un lucrativo negocio vinculado usualmente a los grandes medios de comunicación. Lo primero que hay que decir, más allá de la manipulación que puede efectuarse en el diseño de la encuesta, es que ella constituye una «expresión parcial de la voluntad popular»143, porque los encuestados suelen responder a preguntas diseñadas por un pequeño grupo de expertos, es decir, no son espontáneas. Si bien la única voluntad vinculante es la que se expresa en elecciones abiertas y libres, el momento en que se hace pública una encuesta, en los llamados momentos preelectorales, puede influir en el comportamiento de los votantes y favorecer al partido o al candidato mejor ubicado, o también cuando busca que se concrete un voto no ideológico sino de utilidad. Hacemos aquí mención de las encuestas porque es un procedimiento bastante utilizado como paso previo al uso de las vías o modalidades de la democracia directa.

No olvidemos la llamada encuestocracia, es decir, aquellos gobiernos que se rigen por las opiniones de coyuntura, método también propio de los gobiernos autocráticos, que buscan consolidar una percepción intrínsecamente autoritaria del poder, que no aceptan el debate y que ocultan actos de corrupción, atentatorios contra los derechos humanos. Algunas compañías que realizan encuestas suelen aceptar esos encargos inconvenientes para la vida democrática. Fue principalmente durante la etapa final del Gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) cuando se hizo uso extenso de esas prácticas, como está debidamente probado.

Afirma Zagrebelsky que el sondeo puede ser un instrumento útil y lícito mientras se mantenga en el ámbito privado de la previsión de comportamientos colectivos; pero si se convierte en instrumento de gobierno, altera el debate público. Este autor afirma que «debe rechazarse la ilusión de que puede existir una democracia de sondeos»144, por su falta de transparencia y carácter engañoso, más aún cuando el público de los sondeos, las «muestras», está aislado de los demás, obrando como átomos que no interactúan, no intercambian conocimientos ni opiniones. A un pueblo capaz de iniciativa política —dice— y de hacer escuchar su voz, los sondeos le sobran. Y adicionalmente afirma que para que los individuos lleguen a tener capacidad de ejercer una acción política hacen falta instituciones.

6. Otro elemento fundamental que es preciso considerar es el de los llamados lobbys o grupos de interés, que tienen una participación abierta o indirecta en la vida pública, dependiendo de la regulación pertinente y de la cultura prevaleciente. En la práctica de las democracias occidentales todas las fuerzas sociales de importancia tienen garantizada la libertad para intervenir y competir, y eso constituye un principio de distribución del poder asentado en el derecho fundamental a la libertad de asociación, que se encuentra consignada en los incisos 13 y 17 del artículo 2 de nuestra Constitución. En algunos países y en representación de intereses muy concretos, los grupos de presión, sean de base económica, ideológica o religiosa, han adquirido gran poder, logrando tener clara influencia en los partidos políticos y en la elección de representantes ante el Parlamento o el Poder Ejecutivo, pues no solamente están dirigidos por profesionales capacitados sino cuentan además, en muchos casos, con importantes recursos económicos. Se ha intentado controlar a los lobbys mediante regulaciones específicas, pero con poco éxito. Más bien, como señala Loewenstein, «el público está inclinado a aceptar esta avalancha de propaganda como un signo de una sana democracia pluralista, sin darse cuenta de que todo está montado por unos invisibles detentadores del poder, los poderosos grupos de interés, que se sirven de las más sutiles técnicas del anuncio y de la publicidad»145.

7. No está en cuestión la legitimidad de origen de la representación elegida en comicios libres y limpios, pero sí la llamada legitimidad de ejercicio, esto es, el trabajo y horizonte ideológico de los representantes. Es ahí donde aparece en su dimensión sin límites identificables el concepto de opinión pública, de tanta importancia en la praxis de la democracia contemporánea, porque es indispensable preguntarnos si la opinión pública de nuestros días se origina libre y racionalmente o si lo hace constreñida por los intereses monopólicos que gobiernan los grandes medios de comunicación en una sociedad poco homogénea, fragmentada y de intereses contrapuestos. Porque si fuera de esta manera sería una ficción, pues habrá tantas opiniones como grupos existan e intereses dominantes impuestos.

Como se sabe, el conjunto de información que se pone en circulación viene en gran parte seleccionado, no necesariamente por los hechos que suceden, sino por las conveniencias de los propietarios de los medios y de sus anunciantes, por lo que la idea de que la opinión pública es un legitimador del ejercicio de los políticos queda contradicha por esa práctica146. La lógica del mercado, en ese contexto, deja al margen el propósito de la práctica y de la representación. De esa forma, son los poderes privados los que ponen en cuestión el poder político y los que impiden que la correcta administración del Estado pueda atender el interés general.

3. LA INFLUENCIA CRECIENTE DE LAS REDES

1. En primer término, se debe reconocer que el nuestro es ya un mundo digital, que esto es irreversible y que ya existen «nativos digitales» que desconocen o no utilizan otros medios de comunicación tradicionales. La discusión se centra en de qué manera esa transformación inevitable debe respetar la dignidad de las personas, sus opciones y sensibilidades; en otras palabras, en qué medida puede la razón moral estar por encima de la razón técnica. Y ello significa, entre otros aspectos, la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.

Como puede apreciarse diariamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cobrado una importancia creciente, así como su impacto en la formación de la opinión pública con acceso a ella. Y a pesar de los excesos y de la falta de argumentación y ponderación que de continuo muestran sus usuarios, no puede ocultarse que es una vía, discutida y cuestionada pero posible, para alcanzar una mayor calidad en el sistema democrático; siempre, claro está, que se trate de una amplia red asociativa.

2. Estamos hablando de redes con auténtica vocación pública y no de aquellas fundadas en el interés privado, por legítimo que éste sea. En esos casos se produce una participación política informal, pues no está institucionalmente regulada; dispersa, porque los contactos están situados simultáneamente en varios lugares; y frecuentemente fragmentada por la variedad de temas tratados desde distintos puntos de vista. Por ahora, no aspira a sustituir a los canales institucionales ni tampoco a tomar decisiones políticas, pero su influencia puede llegar a ser enorme para plantear asuntos de interés general, generar información, controlar y supervisar la actividad de los representantes políticos elegidos por votación popular.

La irrupción de las nuevas tecnologías que facilitan el contacto entre individuos a través de distintos mecanismos ha puesto en debate el tema de la ciudadanía. Sociedades multiculturales como Suiza o los Estados Unidos, en cuya cultura política los principios constitucionales han podido enraizarse sin tener que pasar sobre el origen étnico, lingüístico o cultural, existe un debate sobre el modelo de «identidad» que ha adquirido mucho vigor durante los últimos años y está debilitando el concepto de ciudadanía, central en toda política democrática, porque es un vínculo que une a todos los miembros de una sociedad política al margen de sus características individuales. Contrariamente, modelos tecnológicos de identidad, como Facebook, solo importan a quienes los utilizan, es decir, se trata de afinidades afectivas no democráticas, que han expulsado la palabra «nosotros», precisamente el concepto liberal que hizo posible garantizar la igualdad de derechos. Solo en un estatus compartido podemos dar lugar a un sistema democrático funcional, que trasciende los vínculos de identidad, cuando son estos últimos los que predominan; es entonces difícil hablar de deberes y el Estado se convierte en un obstáculo del que hay que prescindir. Como afirma Mark Lilla, «al socavar el “nosotros” democrático universal sobre el que se puede construir la solidaridad, al instalar el deber y al inspirar la acción, deshace en vez de hacer ciudadanos»147.

Ahora bien, frente a los retos del siglo XXI es preciso que el sistema democrático pueda conservar sus virtudes; por ejemplo, su capacidad para combinar beneficios ciertos y reconocimiento personal148, que es justamente lo que no está ocurriendo, pues mientras las soluciones a los problemas comunes dependen cada vez más —por el desarrollo tecnológico— de la pericia técnica de los expertos (los tecnócratas), las demandas de reconocimiento se diluyen en el individualismo emotivo de las redes. En otras palabras: la experiencia colectiva en la lucha política, esencial para el florecimiento de la democracia, está desapareciendo en parte por la crisis de los partidos políticos que ya no son la correa de transmisión de las demandas populares o de horizontes esperanzadores de largo plazo.

No cabe duda de que la revolución digital y su evolución acelera el proceso que debilita la representación tal como antes se entendía, pues son las multinacionales o gigantes tecnológicos apoyados por determinados gobiernos de las grandes potencias los que brindan las soluciones y alternativas, haciendo creer que su tecnología puede proporcionar reconocimiento en forma generalizada. Enfrentar estos problemas forma parte de la lucha por lograr una renovada y cercana representación. Esa es una de las batallas cívicas que se avecinan.

3. Si bien queda aún mucho por descubrir y cómo regular su práctica, la magnitud sobre el impacto político de las redes es grande, sobre el control o no de sus contenidos, y por el creciente involucramiento en asuntos que rebasan las fronteras nacionales en un proceso que va en paralelo a la globalización que se manifiesta en otras actividades, especialmente las económicas, las financieras y las vinculadas al entretenimiento. Se conocen ya datos preocupantes sobre manipulación y las noticias falsas. Los cambios tecnológicos influyen en los sistemas democráticos, y la utilización de datos personalizados puede cambiar el curso de una elección, sobre todo cuando se trata de poblaciones que hacen uso intenso de las nuevas tecnologías y vuelcan en ellas sus más variadas preferencias, que podrán tener un impacto decisivo en la elección política.

El futuro desarrollo e impacto de las TIC es una materia que es preciso tener presente cuando se diseñe un renovado sistema de representación o un sistema electoral, y también cuando se haga uso de las modalidades de la democracia directa.

128 Blancas, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52, citando a Manuel Aragón Reyes.

129 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2019, p. 66.

130 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, op. cit., p. 21.

131 Blancas Bustamante, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52.

132 El debate sobre la reforma electoral, que no se ha concretado aún en forma significativa, continúa en el Congreso, los partidos políticos y la Academia. Como ejemplo de numerosos trabajos tenemos Paniagua, V. «Sistema electoral», en La Constitución de 1993. Lima: Comisión Andina de Juristas, Serie Lecturas sobre temas constitucionales N.° 10, 1994; Fernández Segado, F. «Los órganos electorales en el ordenamiento constitucional peruano», en La Constitución de 1993, op. cit.; y Roncagliolo, R. «La reforma del sistema electoral», en Las tareas de la transición democrática. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001.

133 Blancas, C., op. cit., p. 102.

134 Blancas, C., op. cit., p. 112.

135 Zagrebelsky, G. La crucifixión y la democracia, op. cit., p. 108.

136 Innerarity, D. El nuevo espacio público. Madrid: Espasa Calpe, 2006, p. 79.

137 Quizás convenga aquí recordar el siguiente texto de Kant recogido por Elías Díaz en el pie de página 47 de su ya citada obra De la maldad estatal y la soberanía popular, acerca de la inescindible vinculación entre soberanía popular, legitimidad democrática y libertad crítica y de expresión. Dice Kant: «Se le tiene que conceder al ciudadano —y, por cierto, con el favor del soberano mismo— la atribución de hacer conocer públicamente sus opiniones acerca de lo que parece serle injusto para la comunidad en algunas disposiciones tomadas por aquel. Pues admitir que el soberano no se pueda equivocar a veces o ignorar alguna cuestión, equivaldría a otorgarle la gracia de una inspiración divina y a pensarlo como un ser sobrehumano. Por tanto, el único paladín del derecho del pueblo está en la libertad de la pluma, ejercida dentro de los límites que impone el alto respeto y el amor a la constitución que rige la vida del ciudadano y mantenida por el modo de pensar liberal de los súbditos que la misma constitución infunde y por ello las plumas se limitan mutuamente, para no perder libertad».

138 Una severa crítica al poder de los medios y la manipulación que hacen de la opinión pública en defensa de sus propios intereses que busca dejar marginada a la representación popular puede verse en De Vega, Pedro. «Democracia, representación y partidos políticos», en B. Kresalja y D. Lovatón (Coordinadores), Pensamiento constitucional. Lima: PUCP, 1995, pp. 24 y 25. Un reciente libro en el Perú sobre este tema es ¿Puede acapararse la libertad? Libertad de expresión y concentración de medios en el Perú. Lima: Facultad de Derecho PUCP, 2016.

139 Greppi, A. «Calidad e intensidad de la democracia», en La democracia y su contrario, op. cit., p. 35.

140 Grompone, R. Nuevos tiempos, nueva política. Lima: IEP, 1995, p. 34.

141 Loewenstein, K., op. cit., p. 418.

142 Blas, D. «La esfera pública ya no es lo que era», en diario El País, Madrid, 23.1.2018.

143 Manin, B. Los principios del gobierno representativo. Madrid: Alianza Editorial, 2017, p. 211.

144 Zagrebelsky, G. La crucifixión y la democracia, op. cit., pp. 114 a 116.

145 Loewenstein, K., op. cit., p. 436.

146 De Vega, P. «Democracia, representación y partidos políticos», en Pensamiento constitucional. Lima: PUCP, 1995, pp. 24 y ss.

147 Lilla, M. El regreso liberal. Barcelona: Debate, 2017, p. 145.

148 Runciman, D. Así termina la democracia. Barcelona: Planeta, 2019, p. 255.

VI.

Poder político y gobernabilidad neopatrimonial

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