DANIEL MATAMALA

Distancia social

Matamala, Daniel

Distancia social / Daniel Matamala

Santiago de Chile: Catalonia, Periodismo UDP, 2021

ISBN: 978-956-324-897-5

ISBN Digital: 978-956-324-898-2

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

CH 070.40.72

Este libro forma parte de la colección de periodismo de investigación desarrollada al alero del Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos (CIP) de la Facultad de Comunicación y Letras UDP.

Dirección editorial: Arturo Infante Reñasco

Coordinación editorial: Andrea Insunza y Javier Ortega

Edición: Andrea Palet

Fotografía de portada: Katherine Becker

Ilustración original portada: Maximiliano Andrade

Diseño de portada: Trinidad Justiniano

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, en todo o en parte, ni registrada o transmitida por sistema alguno de recuperación de información, en ninguna forma o medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin permiso previo, por escrito, de la editorial.

Primera edición: octubre, 2021

ISBN: 978-956-324-897-5

ISBN Digital: 978-956-324-898-2

Registro de Propiedad Intelectual: 2021-A-9007

© Catalonia Ltda., 2021

Santa Isabel 1235, Providencia

Santiago de Chile

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https://www.cip.udp.cl/investigacion - @cip_udp

Índice de contenido

Portada

Créditos

Índice

Y sin embargo, la esperanza

ESE VERANO EN CACHAGUA

DISTANCIA SOCIAL

La violencia

Empatía

El epitafio de los coroneles

De qué estamos hablando

No fue boicot

¡Traición!

La mala raza

Capitalismo de herederos

¿Cinco minutos, dijo?

Personajes de comedia

La peste

Socializar las pérdidas

Carne de cañón

Por favor

El sistema imperante

¡Mierda! ¡La economía!

Los dos césares

Perfectamente legal

Pero no todavía

La leche derramada

Decálogo del buen pobre

Sincera distancia social

Apostar. Jugar. Arriesgar. Ganar

Reset

Autorretratos

¿Cuál democracia?

Deudas

Promesas rotas

Dolores de parto

Pedrito y el lobo

Las uvas de la ira

¿Usted comprende?

Chile en llamas

Octubre

Otra vez octubre

La democracia enferma

El elefante encadenado

La isla de la fantasía

Trumpismo sin Trump

¡Hijos míos!

Patriotas

Utensilios

Derechos y humanos

Elige matar

El imperio del mall

Aprendices de brujo

Bananeros

Hágase la luz

Semana negra

Nosotros

El asilo contra la opresión

La mala educación

El sueldo de Chile

Una gran hacienda

Un pedestal vacío

Justo antes del amanecer

¿Quién le teme a Izkia Siches?

La catástrofe

Giles

El empleado del mes

Mano de obra

El Antiguo Régimen

Un día luminoso

El terremoto y el arcoíris

Esa gente

Los valores de la familia

El fin y los medios

Catarsis

El robo de Gil

Hay vacantes

La señal y el ruido

Hombrecitos o rebeldes

¿Y AHORA, QUÉ?

Casapiedra, 2012

Los oligarcas

La defensa

El conflicto: sobreproducción de élites

La rebelión de los mayordomos

La estrategia

Un capitalismo inviable

Cómo formar una ciudad

Una polis

Nota Final

Notas

Algunos títulos de la Colección Tal Cual Catalonia - Escuela de Periodismo UDP

A Blanca, por las risas, las aventuras y las lágrimas, compartidas y por compartir.

A Marina y Eloy, por hacer que cada día merezca ser vivido.

A Rosmarie, mi mamá, por creer siempre en mí.

A los científicos, médicos y personal de la salud, que han dado la batalla por todos nosotros.

Y a todas las familias que hoy tienen un puesto vacío en sus mesas.

Y sin embargo, la esperanza

Durante los últimos dos años, los chilenos hemos vivido en una montaña rusa. Del estallido a la Convención Constitucional. De un lejano virus a las cuarentenas, el aislamiento y las muertes. De una sociedad de clase media al regreso de la pobreza dura, los campamentos y las ollas comunes. De la violencia urbana a los atropellos a los derechos humanos, de los toques de queda a los militares en la calle. Como nos advertía Nicanor Parra al invitarnos a su Montaña Rusa, “suban, si les parece / claro que yo no respondo si bajan / echando sangre por boca y narices”.

Aunque a esta montaña nadie decidió subirse, los efectos sobre nuestra salud física, mental y social han sido devastadores.

Y sin embargo, la esperanza.

Estos dos años terribles, desgastantes, sufrientes, han estado marcados siempre por la esperanza. Había esperanza en esa explosión participativa de la marcha más grande de la historia, en un acuerdo histórico para escribir una Nueva Constitución, y en un pueblo que, contra todo (contra la pandemia, las postergaciones y los agoreros), votó con voz atronadora por un proceso constituyente que sigue en plena marcha. Ha habido esperanza en la maratón electoral en curso. Incluso, en la solidaridad surgida al alero de la pandemia, con la rearticulación de un tejido social que parecía muerto, en poblaciones, en juntas de vecinos, en clubes deportivos y ollas comunes que surgieron para remendar la incapacidad del Estado.

¿Cómo reflejar esta época única en las limitadas posibilidades de un libro?

La primera decisión fue descartar los órdenes temáticos tradicionales, y presentar esta colección de columnas en simple orden cronológico. En esta montaña rusa, todo está mezclado con todo, bien confundido y zangoloteado. No podemos entender cada paso del proceso constituyente sin recordar lo que estaba ocurriendo en ese momento con la pandemia, ni entender el apasionado debate sobre los retiros de las AFP sin citar la discusión sobre las medidas sanitarias, ni comprender el impacto de la corrupción sin hablar también de la pobreza y el desamparo. Este será, entonces, un relato desnudo, una especie de diario de vida de cómo contamos, en tiempo real, a través de columnas semanales, esta época.

Estos dos años que jamás olvidaremos.

Pero un libro es también la oportunidad de profundizar sobre algunos temas que el formato de columna no permite. Lo hicimos mediante dos textos más largos. “Ese verano en Cachagua” es la crónica de un fenómeno a mi juicio tan decisivo como poco analizado en detonar el estallido: la decisión de convertir el segundo gobierno de Piñera en un triunfo ideológico de la derecha más ortodoxa y del gran empresariado. Creo que esta decisión, fundada en una errada interpretación del resultado electoral de 2017, y empujada por influyentes grupos de lobby empresarial, fue fundamental en llevar esta olla a presión que era Chile hasta su punto de ebullición.

Si ese texto trata de explicar el pasado reciente, las páginas que cierran el libro miran al futuro. En “¿Y ahora, qué?” la tesis es que la crisis social en Chile se debe a un desajuste entre política y economía. Es el efecto de las expectativas gigantescas que generó el país al ampliar el alcance de la educación superior, pero sin una estructura productiva que pudiera cumplirlas. Las medidas políticas, como una nueva constitución, son indispensables, pero se quedarán cortas sin una modernización de la economía chilena que transite desde el extractivismo hacia la complejidad y la innovación.

Superados esos dilemas, quedaba uno más. ¿Cómo resumir estos dos años y estas reflexiones en un título y una foto de portada? Entonces recordé una foto que había visto pasar por redes sociales en diciembre de 2020. Pegado en algún muro, un cartel con el mapa del Gran Santiago partido en dos. De un lado, las tres comunas en que ganó el Rechazo en el plebiscito constitucional. Del otro lado, todas las demás, donde se impuso el Apruebo. Debajo, la expresión que había marcado el discurso sanitario para combatir el Covid: “distancia social”.

El doble sentido que tienen esas dos palabras en Chile es evidente.

En mayo de 2020 el gobierno reconocía que sus proyecciones sobre la pandemia se derrumbaban “como un castillo de naipes”. La ignorancia de problemas como el hacinamiento le había impedido ejecutar políticas sanitarias efectivas, a la vez que seguía mezquinando las ayudas económicas para la población. Entonces, en una columna titulada “Sincera distancia social”, propuse que la élite no estaba dispuesta “a abandonar su cómoda distancia social, esa que le permite ignorar día a día la realidad” y que esta pandemia había reflejado en toda su brutalidad. Mientras un Chile se acomodaba e incluso prosperaba, con ganancias récord para los billonarios de Forbes y las isapres, el otro Chile quedaba cesante, enfermaba y moría más. Las autoridades insistían en recomendar “distancia social” para prevenir los contagios, pero, en una dimensión más profunda, esa misma distancia era la enfermedad que nos estaba matando lentamente a todos.

La autora de la foto (Katy Becker, agradecimientos para ella) no pudo encontrar el original, pero en cambio pasó por la misma esquina ocho meses después, en agosto de 2021, y volvió a fotografiar el cartel. Aún estaba ahí, pero apenas. Ajado, desgarrado por manos anónimas, borradas algunas letras, permanecía aferrado a ese muro.

Pese a todo.

Vi la nueva foto y supe que teníamos la portada.

Porque nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Nosotros también estamos ajados, desgarrados por una crisis sobre otra crisis encima de otra crisis. Por una vida cotidiana que nunca volvió a ser lo que era. Por una normalidad que ya olvidamos. Y pese a todo, igual que ese viejo cartel, seguimos aferrados, creyendo que esta sociedad puede sanar sus heridas y seguir adelante.

Sin embargo, con esperanza.

D.M.

Agosto de 2021

Ese verano en Cachagua

En los días, semanas, meses y años que siguieron a octubre de 2019, Sebastián Piñera solía repetir una reflexión cada vez que se le preguntaba por lo ocurrido, cómo los había tomado tan desprevenidos, cómo no habían prestado atención a las señales, cómo –para resumirlo en esa frase que se convirtió en un mantra de autoexculpación de la clase dirigente– “no lo vimos venir”.

“Cómo lo íbamos a ver”, repetía el Presidente de la República, abriendo ambos brazos. “Mire, ese Dieciocho se batieron todos los récords de consumo. La venta de carne, de vino, los viajes de vacaciones”, enumeraba usando los dedos. “Parecíamos mejor que nunca…”, terminaba, con una sonrisa resignada haciendo la función de puntos suspensivos.

En esa anécdota está resumida gran parte del grosero error de cálculo que precipitó a la élite chilena a una caída de vértigo, y a Chile, a la cadena de acontecimientos que marca nuestro presente y marcará la historia de nuestra generación. Trocaron ciudadanos por consumidores. Vieron felicidad donde había consumo. Malinterpretaron compra por satisfacción, venta por esperanza, deuda por desarrollo. Confundieron consumidores con ciudadanos. Redujeron una sociedad a una orden de compra, un pulso social a una factura, metieron a la fuerza un Chile en ebullición a una planilla Excel.

Y todo lo demás dejaron de verlo.

Esta es una historia de cómo la distancia social los cegó. Y de cómo quedaron reducidos a poco más que espectadores de la mayor convulsión de nuestra historia reciente.

El amigo del Choclo

En el verano de 2018, tras ganar la presidencia con clara mayoría, Sebastián Piñera partió al exclusivo balneario de Cachagua para delinear su segundo gobierno y el gabinete que lo acompañaría. Se dejó ver en la playa, jugando tenis y golf, y asistiendo a un partido de fútbol en la Semana Cachagüina. Estaba en llamativa compañía. El abogado Gerardo Varela y el empresario Carlos Alberto Délano fueron algunos de sus acompañantes.

Choclo Délano, un viejo amigo y exsocio de Piñera, es uno de los protagonistas del caso Penta, la escandalosa trama de evasión de impuestos y pago a políticos con dinero sucio que había levantado el velo de la incestuosa relación entre política y dinero en Chile. Junto a su socio Carlos Alberto Lavín, Délano había pasado 46 días en prisión preventiva tras ser formalizado, y ese verano aún estaba sujeto a medidas cautelares (firma quincenal y arraigo nacional) a la espera de un juicio oral que jamás llegaría. Nada que le impidiera disfrutar de la playa junto a su amigo, el presidente electo.

“Ha sido, es y seguirá siendo mi amigo”, había avisado Piñera en 2015. Las mismas palabras que seis años después usaría otro íntimo amigo del Choclo, Joaquín Lavín, en un debate presidencial días antes de las primarias de ChileVamos de 2021, de las que saldría derrotado. Piñera y Délano tenían casi medio siglo de amistad, tras conocerse estudiando Ingeniería Comercial en la Universidad Católica y compartir negocios, viajes y vacaciones. La intimidad seguía inquebrantable, y ahora con Piñera como presidente electo la señal pública era clara.

Tres meses después, el caso Penta llegaría a su fin de un modo impresentable. La Fiscalía renunció a llevar a juicio oral a Délano y Lavín, tras negociar con sus defensas una condena a cuatro años de libertad vigilada y una multa. Los cargos de cohecho, por haber pagado una mesada bimensual al subsecretario de Minería del primer gobierno de Piñera, Pablo Wagner, fueron desechados. Los persecutores que habían investigado el caso y recolectado las pruebas, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, ya habían sido excluidos de las decisiones y habían renunciado al Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado también fue desestimado, pese a que, según su abogada María Inés Horvitz, “estábamos totalmente preparados para demostrar que la investigación arroja antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho”.

Poco importaban las evidencias. A esas alturas el íntimo amigo del Choclo ya estaba en La Moneda y la decisión de enterrar el caso era evidente. Por lo demás, la efervescencia pública que había causado la revelación de las coimas y pagos a políticos había bajado de intensidad. La audiencia final no concitó mayor interés. Pero, al cerrar el caso, fiscales y abogados cometieron un error: el acuerdo incluyó la asistencia de ambos condenados a 33 clases de “un programa formativo sobre ética en la dirección de empresas”.

Fue añadir el insulto a la injuria. La condena a “clases de ética” se convirtió en un poderoso símbolo de la impunidad de la clase dirigente, la que, sin importar la gravedad de sus delitos y el escándalo que los acompañara, parecía inmune a cualquier castigo real.

Délano y Lavín comenzaron sus clases el 5 de abril de 2019, a cargo de quince profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cuando las terminaron, el 20 de diciembre, el país ya había cambiado para siempre. Piñera aún era formalmente presidente, pero una movilización ciudadana sin precedentes en las últimas décadas había despojado al amigo del Choclo de gran parte de su poder real.

La trinchera de Varela

Parte de lo ocurrido puede explicarse por el otro acompañante de Piñera en esas vacaciones. Su también amigo Gerardo Varela, abogado de grandes empresas, presidente de Soprole y consejero de la Sofofa, había construido su perfil público como director de la Fundación Para el Progreso (FPP), el think tank financiado por el empresario Nicolás Ibáñez, fervoroso miembro de los Legionarios de Cristo y declarado pinochetista. En esa calidad, Varela se especializó en escribir incendiarias columnas en El Mercurio y El Líbero, el nuevo medio digital de trinchera creado por Hernán Büchi, ministro de Hacienda de la dictadura, y Gabriel Ruiz–Tagle, socio de Piñera en Colo–Colo, ministro de Deportes de su primer gobierno y protagonista del escándalo de la colusión del papel higiénico.

Las columnas de Varela son una línea de defensa de su nutrida red de amigos. Por ejemplo, durante la campaña de 2017 reflotó el escándalo de las “empresas zombis”, en que se descubrió que Piñera, Délano y otros empresarios compraban firmas de papel y las usaban para borrar las ganancias de sus grupos empresariales, declarando pérdidas ficticias que les permitían evitar el pago de impuestos. El 14 de noviembre, cinco días antes de las elecciones, Varela protegía a su amigo y candidato argumentando en El Mercurio que “el derecho de propiedad siempre debe prevalecer por sobre la obligación de pagar impuestos”. Defendía el vacío legal que habían aprovechado Piñera y Délano, destacando que “recurrir al espíritu de la ley para obligar a pagar impuestos es improcedente”, y enfatizando un supuesto derecho de “vender las pérdidas para que otro las aprovechara”.

Cuando los delitos de Penta salieron a la luz, Varela fue aun más colorido en su apoyo al Choclo. Argumentó en su favor afinidades de clase (“me cayó bien al tiro, era de la U y del Saint George, lo que inmediatamente me genera confianza”), y su riqueza (“él y sus empresas han pagado más impuestos de lo que han pagado la suma de sus acusadores juntos”). Pese a las abrumadoras evidencias en su contra, para Varela la investigación judicial “es Gulliver amarrado por los liliputenses, están felices de perseguirlo por no sumarse a su cruzada contra el éxito (…) Así tratamos a los que sirven al resto. Con ingratitud. No hay que cuidar a los exitosos, la idea es botar a los gigantes, impedir que toquen el cielo”. El problema según él es que “hay chilenos que envidian el éxito (…) el éxito de algunos es un espejo en el cual muchos chilenos no quieren mirarse, porque refleja envidia y resentimiento, por eso hay que perseguirlo”.

“Al Choclo, en cualquier país desarrollado le habrían dado una medalla por servicios a su país”, escribió Varela, asimilando su historia con la de Gabriela Mistral. Ambos, el evasor de impuestos y la Premio Nobel, habrían recibido “el pago de Chile”.

La apuesta de Piñera

La mentalidad de trinchera de Varela parece haber convencido a Piñera. O coincidió con la subjetividad que él mismo venía incubando. Tras cuatro años de gobierno de la Nueva Mayoría, Piñera entendió su triunfo electoral como la afirmación de un programa ideológico. Había pasado un gran susto cuando en la primera vuelta obtuvo apenas el 36,64% de los votos. Pero la campaña para el balotaje, marcada por el concepto de “Chilezuela”, pareció despejar las dudas. El contundente 54,58% de los votos con que derrotó a Alejandro Guillier en la segunda vuelta pareció una prueba indesmentible de que Chile había dado un brusco giro a la derecha, en términos electorales tanto como culturales e ideológicos.

La primera vez, en 2010, Piñera llegó a la presidencia camuflándose con la cultura de la Concertación. El arcoíris lo convirtió en una estrella multicolor, y las citas a Violeta Parra tuvieron espacio privilegiado en su discurso. Había que bajar las barreras, reducir el costo a los votantes centristas que se tentaban con cruzar el río, y para eso usó el apoyo a las uniones civiles entre homosexuales y un perfil lo menos amenazante posible. Piñera ganó ofreciendo la continuidad de la cultura de la Concertación por otros medios: los mismos colores, pero con más eficiencia y menos corrupción.

En 2017 el tono fue más duro. Y ese 54,58%, esos casi 3.800.000 votos, fueron esgrimidos como prueba de que la ciudadanía conectaba con ese discurso. Tras las reformas de Bachelet vendrían las contrarreformas de Piñera.

No se trataba solo de críticas específicas a las políticas públicas de Bachelet: una reforma educacional, una amputada reforma tributaria, un frustrado proceso constituyente y la despenalización del aborto en tres causales. Había algo más.

La homogénea élite político-empresarial vinculada en especial a los grandes grupos económicos y a la derecha política sentía todos los acontecimientos de los años previos como un ataque a sus fuentes de legitimidad y poder. Los escándalos de colusión, Penta y SQM habían deslegitimado el rol preponderante del gran empresariado en la escena de poder en Chile. En 2015, por primera vez, estaban en el banquillo de los acusados. La acusación del fiscal Carlos Gajardo a Penta (“es una máquina para defraudar al Fisco”) contrastaba con el discurso tradicional del empresariado (“Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile”, contestó Délano). Los casos fueron enterrados gracias a un pacto transversal de la clase político–empresarial, y su atrevimiento le costó el puesto a Gajardo. Recompuesta de ese momento en que se vio al borde del abismo, en 2017 la élite veía la oportunidad de reconstituirse como una homogénea clase dirigente.

Para ello se volcaron sin pudores a la campaña de la derecha. Hasta la primera vuelta, Sebastián Piñera obtuvo $282.159.540 en aportes públicos de directores de empresas, el 94,3% del total donado por ese segmento. Le siguió el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, con $14.500.000 (4,9%). Apenas con migajas se quedaron Carolina Goic, de la Democracia Cristiana ($1.850.000, equivalentes al 0,6%), y Alejandro Guillier, candidato del resto de la Nueva Mayoría ($650.000, el 0,2%). Los otros cuatro candidatos en liza no recibieron un solo peso.

Las cifras no solo muestran la homogeneidad ideológica de los directores de empresas en Chile, sino también el abandono de su práctica histórica de “dar a todos”, aplicada en la época de las donaciones reservadas de empresas. Entonces la derecha se llevaba la parte del león, pero la Concertación también recibía aportes importantes, con la lógica de congraciarse con ese grupo de poder. Esto se acabó en la primera campaña presidencial que prohibió los aportes de empresas y obligó a hacerlos públicos. Ese cambio legislativo pudo tener cierto efecto, pero vino acompañado de una ruptura mayor: para la clase empresarial, la centroizquierda dejó de ser un socio confiable y pasó a convertirse en adversario. Había que derrotarlo, a golpes de billetera.

El efecto también fue denotar una gigantesca brecha entre las preferencias de esa élite y los ciudadanos. En la primera vuelta presidencial, los cinco candidatos de izquierda (Alejandro Guillier, Beatriz Sánchez, Marco Enríquez–Ominami, Eduardo Artés y Alejandro Navarro) sumaron la mitad de los votos: exactamente 49,55%. Y se quedaron con el 0,2% de los aportes empresariales. En contraste, los candidatos de derecha (Piñera y Kast) sumaron el 44,57% de los votos y el 99,2% del dinero vinculado a los grupos económicos.

Estos golpes de bolsillo se acompañaron con un coro de advertencias del tipo “la bolsa o la vida”. Precisamente el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, tras donar el máximo legal permitido a la campaña de Piñera ($13.159.955), aprovechó su cargo para darle un empujoncito adicional. “Si no saliera elegido Piñera, la probabilidad de que tengamos un colapso en el precio de las acciones es alta”, pronosticó tras inaugurar la World Investor Week.

El triunfo de Piñera, entonces, se vivió con efervescencia. Bloomberg describía “la euforia de la comunidad empresarial” ante este nuevo gobierno que prometía la reivindicación del empresariado como el sujeto político principal de la nación, la locomotora de ese largo y angosto tren llamado Chile. “La elección de Sebastián Piñera ha impulsado la confianza de los inversores y de las empresas”, decía Andrés Abadía, economista sénior de Pantheon Macroeconomics. “Estoy seguro de que eso se traducirá en un aumento gradual de la inversión”. Y como las buenas noticias nunca llegan solas, la asunción de Piñera coincidió con una fuerte alza en las exportaciones de cobre, litio y frutas, gracias al aumento de la demanda desde China.

El Índice Mensual de Confianza Empresarial (IMCE), del Banco Central, que había llegado a un mínimo de 39,24 puntos a mediados de 2016, comenzó a subir con la campaña y tuvo un salto histórico con el triunfo de Piñera, pasando de 44,00 puntos en diciembre de 2017 a 53,79 en enero de 2018 y a 57,38 en febrero, el valor máximo desde 2013.

Era un verano de euforia en Cachagua.

Un gobierno sin complejos

Pero no se trataba solo de intereses económicos; estos están estrechamente atados a los ideológicos. Aquí el ejemplo estadounidense fue fundamental. Los sectores etiquetados como “neoconservadores” fueron ganando espacio en el Partido Republicano durante la década del 2000, poniendo un énfasis cada vez mayor en la interpretación de los debates públicos desde una óptica moral. El avance de posiciones progresistas en temas de derechos civiles, la “cultura de la cancelación” y lo políticamente correcto articularon a los sectores conservadores en torno a la defensa del statu quo, y las “guerras culturales” se convirtieron en el tema dominante de la discusión pública, sobre asuntos como el aborto, el matrimonio igualitario, la educación privada (especialmente la religiosa), el racismo, la inmigración e incluso la confianza en la ciencia.

La fallida candidatura a la vicepresidencia de Sarah Palin y el auge del Tea Party consolidaron estos movimientos, en un proceso que llegaría a su cénit con la elección de Donald Trump en 2016. En Chile, muchos tomaron nota: la “batalla cultural” parecía una herramienta idónea para ganar elecciones. Este diagnóstico se vio fortalecido con los triunfos de Mauricio Macri en Argentina (2015) y Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2016): dos símiles de Piñera, que construyeron inéditas victorias para la derecha desde la gestión empresarial y una visión conservadora de la sociedad.

Para Piñera, los temas de derechos civiles (o “valóricos”, como se les suele designar en Chile) jamás han sido prioridad. Con una mirada personal más bien liberal, los usa de acuerdo a lo que la conveniencia política dicte. Pero los ejemplos de Trump, Macri y Kuczynski fueron convincentes, y su propia victoria consolidó el concepto. Nada de vestirse con arcoíris ajenos. Los “tiempos mejores” vendrían de la mano de un gobierno nítidamente conservador en lo valórico, y proempresarial en lo económico.

Para ello, Piñera se apoyaría en dos think tanks que empujaban esa línea. Uno clásico: el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), centro de lobby favorito del empresariado y guardián de la ortodoxia, y otro emergente, la Fundación Para el Progreso (FPP), creada a imagen y semejanza de combativos centros de trinchera como Atlas Society y Ayn Rand Institute. Como una marca de los nuevos tiempos, el histórico buque madre de la derecha liberal y del empresariado, el Centro de Estudios Públicos (CEP), quedaría en un segundo plano. Se le reprochaba su enfoque poco confrontacional y su énfasis en tender puentes intelectuales con otros sectores.

El histórico director del CEP, Arturo Fontaine, había representado esa mirada, invitando a conversar a los dirigentes estudiantiles de la gran protesta de 2011, criticando el lucro en educación y defendiendo la importancia del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En una señal de la polarización que empezaba a mostrar la élite, en 2013 el Comité Ejecutivo del CEP, dominado por los grandes grupos económicos, le pidió la renuncia. Para el escritor Mario Vargas Llosa, “los patrocinadores del CEP habrían descubierto que Arturo Fontaine es demasiado independiente para su gusto. La independencia de un escritor e intelectual liberal, de espíritu crítico como Fontaine, no sería apta para un momento de polarización creciente en el que se necesitaría, a sus ojos, un instituto jugado, militante, técnico e ideológicamente comprometido, una trinchera”.

Fontaine quería ser un puente. Pero en guerra los puentes se derriban y se cavan trincheras. Lo reemplazó Harald Beyer, ministro de Educación de Piñera destituido mediante una acusación constitucional por el Senado. Era un técnico reposado, no sospechoso de desviacionismo pero tampoco un guerrero. Y así, por poco ortodoxo, el CEP sería desplazado del núcleo de poder que se activaba.

El presidente Piñera anunció su gabinete tras volver de Cachagua. El equipo político quedó en manos de sus hombres y mujeres de confianza: su primo Andrés Chadwick en Interior, Cecilia Pérez como vocera y Gonzalo Blumel en Presidencia.

LyD se convirtió en el riñón de su gobierno: Cristián Larroulet como Jefe de Asesores, Juan Andrés Fontaine en Obras Públicas, Susana Jiménez en Energía, José Ramón Valente en Economía, Marcela Cubillos en Medio Ambiente y Alfredo Moreno en Desarrollo Social. La gran sorpresa llegó de la mano de la FPP, que instaló a dos de sus directores (ambos amigos de Piñera) en puestos clave: Roberto Ampuero en la Cancillería y Gerardo Varela en Educación. Isabel Plá, conocida por su rechazo frontal al aborto, asumiría como ministra de la Mujer.

“Piñera le hace caso a Kaiser: esta es una batalla cultural y no hay que darla a medias tintas, hay que darla con lo más duro que uno tiene”, reaccionó el analista Cristóbal Bellolio, refiriéndose al presidente de la FPP, Axel Kaiser. O, como el propio Piñera aseguró al presentar a su equipo de ministros: “Esta es una centroderecha sin complejos”.

“El primer desafío es poder capitalizar el triunfo contundente que hubo en esta elección. Intuyo que detrás de ese gran apoyo hay una validación de las ideas madre que propugna la centroderecha”, decía el entonces director del think tank Horizontal, de Evópoli, y futuro ministro de Hacienda Ignacio Briones.

Y uno de los analistas influyentes en el piñerismo, Max Colodro, reflejaba el espíritu del momento en la derecha celebrando este “gabinete sin complejos”, que mostraba que “la batalla por la hegemonía cultural quedó a la orden del día (…) El gabinete exhibe por primera vez en mucho tiempo a una centroderecha sin complejos, segura de sí misma, decidida a refrendar en la orientación del próximo gobierno a esa mayoría electoral que se expresó con inusitada fuerza en la segunda vuelta. La apuesta es clara: no rehuir la contienda ideológica abierta en 2010 tras la derrota de la Concertación y el término de la ‘democracia de los acuerdos’. Dejar finalmente atrás las culpas y vacilaciones que históricamente han perseguido a la derecha y dar una contundente señal de confianza en su visión de país y de mundo, aprovechando de paso un momento en que la centroizquierda se encuentra en el suelo”.

Y ante los cuestionamientos de quienes advertían un gabinete “duro”, “derechista” e “intransigente”, el presidente electo lanzó una frase extraña hasta entonces en él, que mostraba el espíritu con que comenzaba su segundo período. Las críticas, dijo, se deben a una “colonización cultural e intelectual que han tratado de imponer en Chile”.

Si el de 2010 había sido un pragmático “gobierno de los gerentes”, el de 2018 sería una cruzada: el gobierno de los ideólogos.

Los cruzados de la FPP

La batalla cultural partiría por buscar una contrarreforma en educación, el flanco de mayor conflicto durante el segundo gobierno de Bachelet, debido a las leyes para establecer la gratuidad universitaria y terminar con el lucro, la selección y el copago en los colegios particulares subvencionados.

El nuevo ministro, Gerardo Varela, era una apuesta personal de Piñera. No había sido propuesto por ningún partido, tenía nula experiencia en la política y en el sector público, y escasas credenciales en el área. Su currículo: director de Educa UC, proyecto que ayuda a mejorar la calidad de una red de colegios, y exabogado de la iniciativa Escuelas para Chile, para reconstruir colegios dañados por el terremoto y tsunami de 2010. Aun así, quedaría a cargo de administrar uno de los mayores presupuestos del Estado y una de las carteras más conflictivas, por las difíciles relaciones con los profesores y con el movimiento estudiantil.

Tenía poca experiencia, pero muchas certezas ideológicas. “La educación es un mercado donde los colegios y universidades compiten entre ellos”, era su definición de lo que consideraba “tanto un derecho como un bien económico”. Varela había criticado duramente las reformas de Bachelet: “Se construyeron salas cuna que los padres no quieren usar”, y “se restringió que los padres paguen para mejorar la educación de sus hijos”, había dicho. Su diagnóstico: “La contribución de la Nueva Mayoría a la educación chilena es equivalente a la que hizo Idi Amin –dictador de Uganda– a los derechos humanos”.

En 2011, la protesta estudiantil tuvo en las cuerdas al primer gobierno de Piñera. En 2018, el presidente confiaba en que ese movimiento estaba muerto y enterrado, tanto como para darle el tiro de gracia instalando a un duro entre los duros en ese cargo.

El otro FPP del gabinete fue el novelista Roberto Ampuero, nada menos que en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a su mínima experiencia en la materia, que se limitaba a un año y medio como embajador en México durante el primer gobierno de Piñera. En su primera entrevista tras ser nombrado Ampuero aseguró que “uno sabe de política internacional por la vida misma, por las lecturas y por la experiencia”. Eso no sería problema para un presidente decidido a gestionar personalmente los ministerios, en especial los que más le interesaban: Hacienda y Relaciones Exteriores. El valor de Ampuero era otro: era un converso, una especie particularmente apreciada en la derecha. Militante comunista, se exilió durante una década en Alemania Oriental y Cuba, donde accedió a los círculos de poder como yerno de Fernando Flores Ibarra, el fiscal de la revolución cubana conocido como Charco de sangre por su brutalidad.

Tras dejar el PC, defraudarse de los socialismos reales y pasar algunos años en Suecia, Ampuero se instaló en Iowa, Estados Unidos, y se convirtió en exitoso escritor de novelas policiales. Pronto pasó a la derecha: fue fichado por la FPP y se convirtió en uno de los pocos nombres del mundo de la cultura que apoyó la candidatura presidencial de Piñera. El presidente apreciaba especialmente los respaldos en ese mundo, históricamente volcado a la izquierda. Con pocos competidores en esa área, Ampuero ascendió rápido en la escalera del poder: llegó a ser ministro de Cultura.

Como converso, destacaba por su fervorosa oposición al comunismo y a los regímenes de Cuba y Venezuela. En plena campaña de la segunda vuelta de 2017, cuando la derecha difundía por redes sociales la amenaza de que un triunfo de Guillier convertiría al país en “Chilezuela”, Ampuero compartió una “noticia” inverosímil según la cual el dictador venezolano Nicolás Maduro había declarado entregar “todo mi incondicional apoyo al Compañero Alejandro Guillier, Precandidato Bolivariano a la Presidencia de Chile”. “Esto no es campaña de terror, sino lisa y llanamente la campaña del chavismo y castrismo en favor de Guillier”, escribió Ampuero. Luego se disculpó.

Suenan los teléfonos

Otro fichaje fundamental para entender el proyecto que Piñera planteaba ese verano de 2018 es el de Alfredo Moreno. Su currículo hablaba por sí solo. Considerado el negociador favorito de la élite empresarial, fue el encargado de cerrar las fusiones de Sodimac con Falabella y de esta con D&S, el grupo de Nicolás Ibáñez, propietario de supermercados Líder (esta última operación fue frenada por las autoridades antimonopolios). En el primer gobierno de Piñera fue canciller, con un claro foco en negociaciones que obtuvieran resultados favorables para el comercio exterior de Chile. Ahí implementó la polémica tesis de las “cuerdas separadas”, que pretendía que los negocios con Perú no se vieran afectados por la demanda marítima de ese país contra Chile en La Haya.

Pero sus vínculos preferentes estaban con los dueños de Penta, Carlos Lavín y el Choclo Délano. En 2000, “los Carlos” le entregaron poderes plenos para negociar la venta de un paquete controlador del Banco de Chile al grupo Luksic, la que logró cerrar. Mientras negociaban en secreto, Délano, Lavín y otros cinco miembros del grupo controlador compraron acciones para aumentar su participación en el banco, a sabiendas de que Luksic había hecho una oferta superior al precio del mercado. La “pasada”, un burdo caso de uso de información privilegiada, fue sancionada por la Superintendencia de Valores y Seguros, en un fallo que sería ratificado por unanimidad en la Corte Suprema.

Sin embargo, la ley que establecía como delito el uso de información privilegiada aún no entraba en vigor. La sanción para este grave atentado contra el libre mercado fue digna de un país bananero: una multa de 17 millones de pesos para cada uno. Además, los papeles de los involucrados quedarían limpios, lo que les permitiría acogerse a su “irreprochable conducta anterior” como atenuante al estallar el caso Penta. Moreno continuó como director del Banco Penta hasta asumir el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tras su paso por la Cancillería volvió al redil de Penta, asumiendo como director de Empresas Penta y cinco de sus filiales. Entonces estalló el escándalo. Con Lavín y Délano formalizados, no hubo dudas sobre el reemplazante: Alfredo Moreno fue designado presidente de Empresas Penta. Desde esa plataforma dio el siguiente paso: en marzo de 2017 fue elegido como timonel de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la organización de los grandes empresarios chilenos. Más allá de sus cualidades personales, el símbolo era elocuente: los grandes grupos económicos que dominan la CPC ponían en su cargo más visible al hombre de confianza de los protagonistas de uno de los mayores escándalos empresariales de la historia del país. Es más: Moreno mantuvo la presidencia de Penta en paralelo a la de la CPC.

La señal no sería la única: dos meses después, en mayo de 2017, el segundo gremio empresarial más poderoso del país, la Sofofa, elegía a Bernardo Larraín Matte como su nuevo presidente. Heredero del imperio Matte, Larraín tenía a su favor ser de una nueva generación, más abierta al diálogo y preocupada de dar un sello social a su gestión, pero cargaba con una pesada mochila: había sido director de la rama tissue de la CMPC (la Papelera) en los años en que esta lideró la colusión del papel.

El presidente de Penta y uno de los protagonistas del cartel del papel asumían, así, el liderazgo del gran empresariado.

En su año al frente de la CPC, Moreno tuvo como prioridad mostrar un sello cercano a la comunidad. Firmó convenios con Fonasa e incorporó el gremio a Empresas B, vinculando al empresariado con preocupaciones sociales y ambientales. Optimista, creía que el desprestigio del empresariado había quedado atrás. “Veo también que la gente, la sociedad, percibe eso. Puede leer la editorial de El Mercurio, la de La Tercera. Esos son medios de comunicación que representan a la gente”, decía en octubre de 2017. También aseguraba que “la percepción de la desigualdad es mucho mayor que la desigualdad efectiva”.

De Penta a CPC y de CPC a La Moneda. Sebastián Piñera designó a Moreno como ministro de Desarrollo Social y a cargo de la agenda más ambiciosa del gabinete. Ese Ministerio entraría al comité político de La Moneda y además se haría cargo del conflicto de La Araucanía. “A Moreno le corresponderá la vanguardia de lo que la derecha llama ‘la batalla por las ideas’”, describía el analista Ascanio Cavallo. En la CPC, agregaba, “el proyecto de Moreno tenía que ser el de salvar y proteger a un sector económico y social que se sentía desamparado. No hace falta subrayar que el verdadero amparo vino con el resultado de las elecciones”.

Alfredo Moreno fue elevado de inmediato a la categoría de presidenciable para 2021, y él mismo daba gas a la idea. Su cartera “será una muy buena plataforma para que la centroderecha pueda hacia adelante tener una muy buena posibilidad de ser un contendiente serio en las elecciones”, decía tras ser designado. Y apenas tres días después de asumir, desplegó su proyecto en el foro empresarial Icare. “Vamos a convocarlos, los teléfonos de muchos de ustedes van a sonar para pedirles colaboración, talento, ayuda y participación”, anunció. Algunas semanas después invitaba a La Moneda a los líderes del empresariado, encabezados por su nuevo presidente, Alfonso Swett. “Lo que nos interesa del sector privado son sus capacidades, experiencias, la capacidad de convocar a otras personas, de traer buenas ideas a la mesa”, dijo Moreno. El Sename, los adultos mayores y las cárceles, anticipó, serían los primeros temas en que el empresariado colaboraría con el gobierno.

Y el 16 de octubre de 2018 la alianza tuvo su presentación pública. En el parque Víctor Jara de San Miguel, un selecto grupo de empresarios posó para las cámaras junto a Piñera y Moreno en el lanzamiento de Compromiso País, un proyecto de 16 mesas de trabajo sobre temas como la deserción escolar, los campamentos, las listas de espera en la salud o la informalidad laboral, que incluirían a miembros de fundaciones y académicos, junto a representantes del “sector privado”, un eufemismo para referirse a líderes de grandes grupos empresariales como Roberto Angelini, Bernardo Matte, Juan Sutil, Bernardo Larraín y Juan Cueto.

Meses después, el ministro Moreno presentó su proyecto estrella en París, ante la OCDE. Los grupos “han estado evaluando cómo financiar las soluciones, recurriendo a financiamiento público, filantropía y otras formas de capital privado, como los bonos de impacto social”, detalló. Y explicó la lógica de la participación de los grandes empresarios. Son las personas con “más educación, más recursos, más talentos y más redes, que ponen a disposición su tiempo y sus capacidades en solucionar los problemas más complejos de los grupos más vulnerables. Es la mejor manera, a nuestra forma de ver, de crear capital social y una sociedad más fuerte e inclusiva”.

Es pertinente recordar aquí que en 1934 el empresariado sugirió al presidente Arturo Alessandri Palma crear un Consejo Económico y Social donde ellos tuvieran participación. La respuesta del León fue tajante: “Ustedes no tienen derecho a ser parte del Estado; frente a él, ustedes solo tienen derecho a petición”. Ese portazo llevó a los empresarios a crear la CPC.

Ochenta y cuatro años después, el empresariado tenía su revancha. El exlíder de la CPC, ahora instalado en La Moneda, los convocaba a tener un rol protagónico. La legitimación del empresariado como actor político y de las soluciones privadas para problemas públicos sería el gran objetivo político del nuevo gobierno. Una “sociedad más fuerte e inclusiva” se crearía desde arriba hacia abajo, mediante la acción de aquellos con “más educación, más recursos, más talentos y más redes”. Lo que no sabían es que la cuenta regresiva para este proyecto se estaba acabando. Y que la fuerza que lo derribaría procedía exactamente al revés: empujaba desde abajo hacia arriba. Desde los que no tenían los recursos ni las redes.

… mientras tanto

En paralelo al exitista discurso oficial, la lenta cadencia de estallidos que había comenzado con la revuelta estudiantil de 2011 tomaba cada vez más impulso. Según un estudio del Observatorio de Conflictos del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), entre 2009 y 2018 se contaron 15.455 acciones de protesta. La gran mayoría (entre 55% y 75%, dependiendo del año) se debía a demandas socioeconómicas, mucho más que a las culturales o referidas a la institucionalidad política. “El gran conflicto en Chile –destacaba el COES–, refiere a cuestiones de redistribución, desigualdad e injusticia económica y social”. Los datos mostraban un cambio clave: “Desde el 2011 en Chile se fortaleció enormemente la capacidad de movilización de los actores sociales, aunque ello de modo extra–institucional”.

El doctor en geografía humana Felipe Irarrázaval destaca que “la sociedad chilena estaba en un proceso de politización al margen de los espacios institucionales durante la última década”, y que “se observa un aumento en el involucramiento de personas que participan en actividades políticas, pero que no se identificaban con el sistema de partidos ni con posiciones políticas tradicionales. Una de las dimensiones en que se expresaba esta politización no institucionalizada eran las protestas en torno a temáticas socioambientales (Patagonia Sin Represas, No Alto Maipo, No a Pascua Lama) y por demandas localistas”, con los estallidos de Magallanes, Aysén, Calama, Chiloé y otros.

Irarrázaval habla de conflictos “socioambientales”, distintos de la agenda verde tradicional, que “se caracterizaban por temáticas generales, como por ejemplo la energía nuclear, caza de ballenas o cambio climático”. En los conflictos de la última década, en cambio, “confluye una crítica respecto a las implicancias ambientales del modelo de desarrollo, con demandas respecto a la autodeterminación local frente a la realización de proyectos de inversión (Isla Riesco, Penco GNL, Tiltil) e impresentables niveles de contaminación (Quinteros, Puchuncaví, Freirina). En este escenario, surgen liderazgos locales en torno a movilizaciones sociales de mayor amplitud”.

Esas precarias organizaciones territoriales y esos líderes locales, crecidos fuera de la vista de la clase dirigente, tendrían un papel clave en los acontecimientos siguientes.

El chorreo

“Nuestra sociedad tiene que aprender a valorar más el esfuerzo de nuestros niños y jóvenes”, dijo al comenzar su gobierno el presidente Piñera. Pero al seleccionar su gabinete valoró solo el esfuerzo de personas formadas en un hermético círculo de colegios del barrio alto de Santiago.

De los 24 miembros del gabinete, ninguno egresó de la educación pública y apenas dos salieron de colegios subvencionados; 18 estudiaron en colegios de élite del barrio alto de Santiago: cuatro ministros en el Tabancura, tres en el Saint George, dos cada uno en el Sagrados Corazones de Manquehue, el San Ignacio El Bosque y el Verbo Divino, y uno cada uno en el Villa María, La Maisonette, la Scuola Italiana, el Grange y el Santiago College.

Es más. Según la investigación del sociólogo Naim Bro Khomasi, ocho miembros del gobierno eran parientes entre sí, al ser todos ellos descendientes de la familia Larraín: los ministros Alfredo Moreno, Felipe Larraín, Hernán Larraín, Nicolás Monckeberg, Marcela Cubillos, Juan Andrés Fontaine y Antonio Walker, además del propio Sebastián Piñera.

La endogamia era extrema, aun para una clase política tan hermética como la chilena. Tampoco en otros parámetros el gabinete se acercaba a la realidad del país: 16 hombres y 7 mujeres (después de los gabinetes cercanos a la paridad de Bachelet), 19 santiaguinos y 4 de regiones, 14 egresados de la misma universidad (la Católica).

Esta especie de despotismo ilustrado (“todo para el pueblo, pero sin el pueblo”) se fundaba en que el pueblo ya había hablado: había entregado un mandato electoral contundente en esa segunda vuelta de 2017. En su primera cuenta pública, el 1 de junio de 2018, Piñera anunciaba que “la gran mayoría que obtuvimos en la última elección presidencial fue mucho más que un gran triunfo electoral. Fue un sólido mandato democrático para cumplir con nuestra misión, y estoy seguro que tanto los chilenos como nuestro Gobierno vamos a honrar este mandato”.

Pero, ¿qué había dicho realmente el pueblo? Algunos exégetas de la derecha tenían dudas.

Alejandro Fernández, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), advertía sobre la conformación del gabinete. “No puede ser que cuando la derecha gobierna esto parezca como el centro de Isidora Goyenechea. No puede ser que la mayoría de los ministros vengan de tres colegios. Parte del discurso meritocrático que tiene la derecha tiene que reflejarlo en el gabinete”. Su voz se sumaba a la de Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán. “Es difícil explicar aquí cómo un electorado que vota por Beatriz Sánchez en primera vuelta, o que marcha contra las AFP, le da el voto a Sebastián Piñera”.

Arqueros advertía de “una sociedad fragmentada”, en que Piñera había ganado porque logró “hablar de bienestar, sin abrir la discusión sobre el modelo”. Tiempo después, la investigadora del IES Josefina Araos describiría el espíritu del piñerismo como una “borrachera electoral”, que “selló su destino y el de todo el país”. Decía que un gabinete sin complejos había interpretado el triunfo electoral “como una negación del malestar”, como “un mandato unívoco, que indicaba sin atisbo de duda un único camino posible”. El “tipo de ceguera que esa borrachera autocomplaciente produciría” llevaría al gobierno al precipicio.

El triunfo de Piñera en segunda vuelta había sido claro, pero la expresión electoral tenía matices que se pasaron por alto. Chile Vamos estuvo lejos de una mayoría absoluta: obtuvo el 38,66% de los votos en las elecciones de diputados. La participación electoral fue de 46,72% en la primera vuelta, y 49,02% en la segunda vuelta. En ese balotaje que eligió a Piñera, la brecha de participación se agrandó. Votó solo el 37,29% de los electores de La Pintana, el 43,53% en San Bernardo y 43,65% en Puente Alto, contra 66,64% en Lo Barnechea, 66,09% en Las Condes y 63,13% en Vitacura.

Sin embargo, embriagado por el triunfo, el gobierno puso el pie en el acelerador de los “tiempos mejores”, y enfocó su esfuerzo legislativo en dos proyectos: una reforma tributaria y una previsional. La reforma tributaria permitiría a los dueños de las empresas recortar sus impuestos personales de los pagados por sus empresas, bajando su tasa máxima de 44,5% al 35%, y ahorrándose así, según cifras de Hacienda, unos 833 millones de dólares anuales. Aunque el gobierno insistía en que el proyecto favorecía a las pymes, los cálculos de los especialistas eran que entre el 80% y el 90% de este regalo tributario beneficiaría a los dueños de las grandes empresas. Se volvía así a la vieja teoría del chorreo, tan entrañable para el núcleo duro de la élite, y que Pinochet había resumido, décadas atrás, en una frase célebre: “Hay que cuidar a los ricos para que den más”.

La reforma previsional, en tanto, respondía a las multitudinarias marchas realizadas bajo el lema “No + AFP” con una propuesta que podríamos resumir como “Sí + AFP”. Estas entidades pasarían de administrar el 10% de los sueldos de los chilenos a llevarse el 14%. El 10% seguiría siendo exclusivamente para las AFP, y para los cuatro puntos adicionales el gobierno proponía que se abriera la competencia a nuevas administradoras de ahorro complementario. Pero, ¿cómo podrían competir estas nuevas administradoras, que deberían cobrar comisión, con unas AFP que ofrecerían hacerse cargo del 4% gratis, porque ya se llevan su comisión por el actual 10%? Hasta el siempre moderado exministro de Hacienda Rodrigo Valdés advirtió que “políticamente, ese 4% adicional para las AFP es un incendio”.

Este fortalecimiento del modelo privado de pensiones vendría acompañado de mejoras a las pensiones más bajas y de las mujeres, con un gasto permanente de 3.500 millones de dólares anuales, acompañado de la ya explicada rebaja a los tributos personales de los dueños de empresas.

Para quienes dicen que la demagogia comenzó en Chile después del 18 de octubre de 2019, no está de más recordar los dos proyectos estrella que se empujaban hasta ese día: más dinero fiscal para las pensiones, y al mismo tiempo menos impuestos a los más ricos. Más gasto para el Estado, menos ingresos para el Estado.

Los fugaces “tiempos mejores”

La respuesta mágica era que estas políticas traerían tal bonanza que el crecimiento de la economía financiaría estos gastos y más. El entusiasmo empresarial que acompañó la elección de Piñera abonó la frase de los “tiempos mejores”, que se convirtió en un mantra del gobierno. El presidente insistía en su promesa de duplicar el crecimiento del segundo gobierno de Bachelet (un pobre 1,8% anual), y junto con ello duplicar la creación de empleos y aumentar los salarios. Las cifras lo acompañaron al principio: en 2018 el PIB creció 4% gracias a un fuerte aumento de la inversión (4,7%), ya que el empresariado liberó los proyectos que había frenado el último año de Bachelet. En junio de 2018, Piñera anunciaba que “llegó la hora de cumplir con nuestra gran misión, la misión de nuestra generación, la generación del Bicentenario. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América, antes que termine la próxima década, en un país desarrollado, sin pobreza, de clase media”.

Pero, una vez agotado ese stock inicial de inversiones pendientes, el motor de la economía se quedó de nuevo sin combustible. Sin reformas de fondo que diversificaran la economía y aumentaran la productividad, inevitablemente el empujón duraría poco. Chile, como siempre, seguía dependiendo del precio del cobre y la demanda de China. Y cuando la guerra comercial entre Trump y Beijing comenzó a afectar esas perspectivas el entusiasmo inversor se enfrió.

“El gobierno tiene la convicción de que su dificultad de cumplir la promesa de crecimiento es culpa de Trump o del Parlamento, cuando en realidad es un fenómeno estructural”, explicaba en esos días el economista Óscar Landerretche. “La verdad es que Chile está hace por lo menos quince años en una tendencia de caída de su productividad y competitividad, atravesando, ya, dos gobiernos de izquierda y de derecha, que naturalmente comparten la responsabilidad”.

No es cierto, como se intentaría decir después, que la economía fuera viento en popa hasta los sucesos de octubre. El año 2019 fue una constante carrera hacia abajo, en que el mercado y el Banco Central fueron moderando sus proyecciones, pero el gobierno, presa de un optimismo cada vez más irracional, se resistió porfiadamente a hacerlo. De prometer un 3,8% a principios de año, en marzo la estimación oficial cayó a 3,5% y a mediados de año a 3,2%. El 5 de septiembre el Banco Central recortó la estimación de crecimiento a 2,5%. “Somos más optimistas que el promedio del mercado”, reaccionó el ministro de Hacienda. “Yo pretendo que la realidad supere al Banco Central”, insistía el Presidente de la República.

Pero la realidad no siguió los deseos de Su Excelencia. El 3 de octubre, Hacienda tuvo que sincerar que el país crecería en torno a 2,6% en 2019.

Desde mediados de ese año el concepto de los tiempos mejores se archivó, y Piñera comenzó a enfatizar a modo de disculpa los “tiempos difíciles” que vivía el mundo. En medio de ellos, insistía, Chile era un país privilegiado. “El año pasado hubo récord de venta de viviendas, récord histórico de venta de automóviles, récord en las ventas de los establecimientos comerciales, récord en cuanto a turismo interno, venta de pasajes”, enumeraba en junio. Para octubre, esa idea ya se había expresado en el célebre concepto del “oasis”. “En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo, estamos creando 170.000 empleos al año, los salarios están mejorando”, repitió varias veces Piñera mientras los estudiantes comenzaban a saltar torniquetes en las estaciones de metro.

El gobierno insistía en que “cuidar a los ricos” nos llevaría al desarrollo, mientras las comunidades se organizaban cada vez más y un incipiente tejido social se hacía más grueso, demandando otro tipo de políticas. En vez de facilidades para la inversión, pedían cuidar el ambiente, los recursos naturales y especialmente el agua. En vez de más de lo mismo, un nuevo modelo de desarrollo. En vez de profundizar el mercado en temas como las pensiones, reformas de fondo.

La brecha entre la política institucional y el Chile real venía creciendo hace décadas. En 2011, ese proceso se aceleró. Y en los diecinueve meses que duró en la práctica el segundo gobierno de Sebastián Piñera (desde el 11 de marzo de 2018 al 18 de octubre de 2019) se transformó en un abismo insalvable.

La pólvora

Faltaba el último elemento, que proveería la pólvora faltante. Llegaría, de nuevo, desde el frente escolar.

Gerardo Varela duró apenas cinco meses como cruzado a cargo de la “guerra cultural”. Dejó como legado una seguidilla de torpezas, que le valió un poco halagador apodo del senador Manuel José Ossandón, el Catrasca: “Le puse catrasca, cagada tras cagada”.

Al referirse a la educación sexual en los colegios y la posible instalación de dispensadores de preservativos, el ministro creyó necesario aclarar que sus hijos eran “campeones” que necesitaban más de tres condones. Luego, puso en duda el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en educación: “Todos tenemos la legítima aspiración de ganar más plata de la que gastamos. ¿Es eso lucro? No pondría penas de cárcel para la gente que gana plata”.

El 21 de julio de 2018 se refirió a los problemas de infraestructura en la educación pública. “Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio arregle el techo de un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto: ¿por qué no hacen un bingo?”. Su amigo el presidente intentó salvarlo, pero el propio Varela se puso la lápida al intentar explicar su exabrupto (“no sobra nada, ojalá tengamos más Estado y más bingos”).

Su reemplazante, la exdiputada UDI Marcela Cubillos, tenía un plan mucho más disciplinado para continuar la “guerra cultural”. Aprovechó la inquietud de muchos padres por el nuevo sistema aleatorio de postulación a los colegios, respaldado mayoritariamente por los expertos, pero contrario a la costumbre de postular por separado a cada colegio. El sistema aleatorio acababa con la práctica de los colegios particulares subvencionados de discriminar a sus alumnos seleccionando familias según su conveniencia. Esa práctica discriminatoria de los colegios se presentó como un “derecho de los padres a elegir”, y el nuevo sistema fue bautizado como la “tómbola”, apoyándose en una infame portada de Las Últimas Noticiasen que un escolar aparecía amarrado de pies y manos y con la vista vendada, girando en una ruleta con símbolos de colegios.

“La tómbola es el peor de los sistemas”, dijo en su campaña Piñera, y su franja presentaba a niños sometidos a una ruleta para conocer su colegio. Su propio exministro de Educación, Harald Beyer, calificó el spot como una chambonada.

Sylvia Eyzaguirre, investigadora del CEP y miembro del equipo de campaña de Piñera, explicaba el punto. “Resulta curioso que quienes dicen querer defender la libertad de elección de los padres defiendan al mismo tiempo la posibilidad de seleccionar de los colegios. Es evidente que la selección de los colegios se opone a la libertad de elección de los padres y que la maldita tómbola, como algunos la llaman, en los hechos es su mejor aliada”. Pero, usando el libreto de Trump, Cubillos decidió que si los expertos estaban en contra, lástima por ellos, serían el enemigo. Definió “Admisión Justa” como el lema de su gestión y proclamó que “esta vez se debe escuchar más a los padres y quizás menos a los ‘expertos’”.

Por cierto, escucharía solo a algunos padres. Aunque el 59% de los estudiantes había quedado en su primera preferencia con el sistema aleatorio, y el 82% en alguna de las restantes, Cubillos lanzó una gira nacional en que se reunió exclusivamente con padres descontentos. Recorrió 26 comunas en dos semanas, de Antofagasta a Puerto Montt, contando siempre la misma historia a través de su cuenta de Twitter. En La Serena, “apoderados reclaman que les quitaron derecho a elegir”. En Antofagasta, “quieren recuperar derecho a elegir educación de sus hijos”. En Coquimbo, una madre “reclama, y con razón, que le quitaron el derecho a elegir el colegio de su hija”.

Parlamentarios oficialistas se sumaron al show paseando una ruleta de casino por el Congreso y lanzando un sitio web: “Víctimas de la tómbola”. La ministra incluso validó que los padres no enviaran a sus hijos a la escuela: “Se niegan a matricularlos en el colegio que el Estado les está asignando, y con razón”, dijo. El discurso era el mismo: el gobierno se pondría del lado de los padres, contra una élite de expertos que despreciaba sus padecimientos.

Las mentiras fueron creciendo. “El sistema creado bajo el gobierno de Bachelet prohíbe a padres pedir entrevista en colegio al que el sistema los derivó”, tuiteó Cubillos más de una vez. Las afirmaciones eran falsas. Lo que la ley hacía era prohibir a los colegios que exigieran una entrevista para aceptar la postulación.

Y cuando, en octubre de 2019, se dieron a conocer los resultados del nuevo proceso de admisión (el 54% quedó en primera preferencia y el 80%, en una de las tres primeras), las cifras oficiales sonaban demasiado bien, así que la ministra optó por ignorarlas. Presentó en cambio una submuestra, considerando solo aquellos colegios en que había más postulantes que cupos, como si fuera el total. Así, los números lucían peor de lo que el mismo Estado informaba: solo 36% en primera preferencia y 62% en alguna de las tres primeras.

A esas alturas, sin embargo, Cubillos ya enfocaba sus esfuerzos en otro tema. Ante los preocupantes casos de violencia, especialmente en colegios emblemáticos del centro de Santiago, lanzó el proyecto de ley “Aula Segura”, que permitía la expulsión inmediata de estudiantes acusados de protagonizar actos de violencia, sin esperar el resultado de una investigación interna. El gobierno “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror”, aseguró Piñera. La ley fue rápidamente aprobada en el Congreso, con algunas modificaciones para establecer un sumario exprés de quince días antes de concretar la expulsión.

Pero el clima de violencia, tensión, represión y soplonaje solo aumentó en los liceos emblemáticos. Desde junio de 2019, Fuerzas Especiales de Carabineros irrumpieron periódicamente en el Instituto Nacional, instalándose como una especie de fuerza de ocupación en sus techos. En la primera quincena de octubre, los casos de estudiantes golpeados y detenidos en los pasillos del colegio ya eran rutinarios.

La violencia en los colegios, con periódicos enfrentamientos entre carabineros y “overoles blancos”, con gaseo de estudiantes en sus salas de un lado y lanzamiento de mólotovs del otro, fue un factor fundamental para encender la chispa de los torniquetes. El nivel de virulencia que se había incubado quedó claro en los primeros días del estallido, cuando carabineros entraron disparando balines contra las alumnas del Liceo 7.

Distancia social

Sabemos lo que pasó después: el alza de 30 pesos, los torniquetes, el fuego, la pizza, la declaración de guerra, los alienígenas, las marchas, la esperanza y la violencia. El acuerdo constitucional, la pandemia y un término que adquirió el doble significado que bautiza este libro.

Distancia social.

La epidemia del Covid nos hizo hablar de la distancia social como medida sanitaria, al tiempo que los acontecimientos políticos mostraban una cara distinta de la distancia social, esa que, como escribí en octubre de 2019, da cuenta de una clase dirigente atrincherada, en oposición a la cual irrumpe “un momento populista, en la correcta definición del término: la percepción de una división de la sociedad entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso (…) un colectivo que se define por oposición a todo lo que representa la clase dirigente”.

Esa distancia social tuvo su expresión masiva en la marcha del 25 de octubre de 2019, cuando un mar sin orillas de chilenos desbordó Santiago y otras ciudades. Y su traducción electoral exactamente un año después, en el plebiscito del 25 de octubre de 2020, cuando el Apruebo al proceso constituyente ganó con el 78% de los votos y se impuso en todas las comunas del país, con solo tres excepciones significativas: Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.*

Esa fractura y sus consecuencias son el núcleo de las siguientes páginas, que reflejan a una sociedad enfrentada a una paradoja: la de intentar restañar ese profundo quiebre social al tiempo que debe confinarse y guardar distancia, un retiro físico que impide el diálogo directo entre sus miembros. Una sociedad en medio de una pandemia que está produciendo una crisis de salud, económica y de empleo devastadora, y que ha puesto de relieve lo más profundo del quiebre social: que en esta tormenta no vamos todos en el mismo barco.

Las heridas ya están tan expuestas que son imposibles de disimular. Ese verano de autocomplacencia en Cachagua ha quedado atrás.

Y este reconocimiento del problema, esta evidencia inocultable de la distancia social que nos separa, es un primer paso –doloroso, pero necesario– para remediarla.

Distancia social

La violencia

En 1948, el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán generó el Bogotazo, uno de los estallidos paradigmáticos de las ciudades de la furia de América Latina: el Cordobazo argentino en 1969, el Caracazo venezolano de 1989, el Santiagazo chileno de 2019.

Con el Bogotazo comenzó un período histórico que los colombianos bautizaron con un nombre que lo dice todo: La Violencia. En estos días en que Colombia imita la protesta chilena, en su arista pacífica cantando «El baile de los que sobran» y también en su reguero de vandalismo contra el transporte público, conviene dar vuelta la mirada y sacar lecciones de La Violencia.

De la rabia pura del Bogotazo se pasó al enfrentamiento entre milicias liberales y conservadoras. Luego, la violencia mutó a agentes de terrorismo del Estado, guerrillas marxistas como las FARC, bandoleros rurales, delincuentes comunes, carteles de narcotráfico como los de Cali y Medellín, paramilitares de derecha como las AUC, facciones irregulares del gobierno, tropas privadas, insurgentes urbanos como el M-19… Todos estos conflictos tuvieron su origen en una sociedad que cayó en la trampa de legitimar la violencia, primero porque había un crimen que vengar y una rabia que expresar; luego, porque había un enemigo subversivo al que enfrentar o una sociedad mejor que implantar, y también porque había un jugoso negocio que aprovechar.

Chile se enfrenta a la misma trampa: creer que la violencia es una herramienta que puede utilizarse a voluntad. Una llave que se abre para alcanzar ciertos objetivos como la justicia social o la restauración del orden público, y que luego, logrados ellos, se cierra sin más.

Pero la violencia no es una llave; es una criatura de Frankenstein que toma vida propia, que deja de ser un instrumento y se convierte en un fin en sí mismo. La violencia es una forma de vida que pervive luego de que su causa original se extingue. Eso lo sabemos en América Latina, donde revolucionarios marxistas y represores de dictaduras por igual terminaron reconvertidos, e incluso aliados, como secuestradores extorsivos, asaltantes de bancos o soldados del narcotráfico.

Esta violencia, por cierto, no salió de la nada: lleva décadas de lenta cocción frente a nuestros ojos.

Hace tiempo que las barras bravas subyugan barrios completos, dominan por el terror el entorno de los estadios de fútbol, someten por el miedo a deportistas e hinchas y secuestran el transporte público. Nada de eso habría sido posible sin su relación de mutua conveniencia con actores del poder que han aprovechado a los barristas como punteros de campañas políticas y aliados comerciales. Ni hablar de los tentáculos del narcotráfico y su extendido dominio sobre zonas enteras de Santiago, donde sustituyen al Estado y al mercado como proveedores de seguridad y empleo, con soldados adiestrados desde niños en el uso de la violencia. Desde ahí construyen vínculos con el poder, como vimos en la elección interna del Partido Socialista.

Son negocios que se nutren del abandono social. De la decadencia de instituciones que proveían sentido de pertenencia, como las juventudes de partidos políticos o la iglesia católica. Y del fracaso de la sociedad en ofrecer un futuro a los adolescentes vulnerables. Esa violencia estructural, subterránea, explica los incendios y los saqueos, pero no debe disculparlos. Y esa delgada línea entre entender un fenómeno y justificarlo parece más borrosa que nunca hoy.

La barbarie policial que ha dejado a más de 200 chilenos con lesiones oculares es otra expresión de una sociedad brutalizada. Un general de Carabineros la justifica diciendo que, en la represión, como en la quimioterapia, “se matan células buenas y células malas”. Es una versión 2019 de la infame meta de “extirpar el cáncer marxista”. Cuando los agentes del Estado ven al otro como una enfermedad o un parásito, su enajenación social los convierte en un peligro.

No debemos elegir entre mano dura y mano blanda, entre tolerar el vandalismo o violar los derechos humanos. Lo que necesitamos para frenar la violencia es un Estado eficiente en proveer seguridad, y eso no se consigue gaseando familias completas, abusando de detenidos ni mutilando a manifestantes. Ese descontrol policial solo logra que ciudadanos pacíficos vean a los agentes del Estado como una amenaza y no como garantes de la seguridad de todos. Y, de nuevo, sirve a los vándalos para ganar legitimidad como reacción a estos abusos.

Llevamos ya 38 días de ese círculo vicioso en que la violencia estatal y la delincuencial se potencian. En el medio de este abrazo mortal, de inerme rehén, queda la sociedad chilena. La violencia amenaza con pasar de un reventón puntual a una enfermedad crónica. Una en que tanto la justicia social como el orden público son arrastrados por el Frankenstein de la brutalidad.

Noviembre de 2019

Empatía

Ni liderazgo, ni mano firme ni trayectoria. Por amplísima mayoría, los chilenos consideran que la característica más importante que deben tener nuestros líderes es la “empatía y conocer bien los dolores que sufren las personas en Chile”, según la encuesta Espacio Público/Ipsos.

Empatía con los chilenos. Qué fácil decirlo y qué imposible resulta a veces para nuestros dirigentes.

El senador José Miguel Insulza reconoció a sus pares sus dudas en la acusación constitucional contra el exministro Andrés Chadwick, imputado de “omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los derechos humanos”. Pero sus argumentos no fueron políticos ni jurídicos, sino personales. Chadwick e Insulza fueron camaradas en el MAPU, ese movimiento que fracasó como partido político pero fue un exitazo como club social y agencia de empleos para trepar a los círculos más altos del poder. Tras la dictadura los ex-MAPUsuman decenas de parlamentarios, 15 ministros, los más influyentes lobistas (Enrique Correa y Eugenio Tironi), el fiscal nacional Jorge Abbott y el expresidente de los empresarios Rafael Guilisasti.

El íntimo amigo de Insulza, también exMAPU, José Antonio Viera-Gallo está casado con la hermana de Chadwick, María Teresa, y ese vínculo permitió que Insulza fuera autorizado a volver cinco días del exilio en 1981, cuando murió su padre. Esa relación personal se ha transformado en un escudo político, con Insulza convertido en uno de los principales defensores de Chadwick. “Conmigo no van a contar”, declaró tajante en 2018, cuando la oposición intentaba acusar al entonces ministro por el montaje en el asesinato de Camilo Catrillanca. Falta de empatía es poner el amiguismo por encima del dolor de los chilenos muertos, mutilados, cegados.

Ese mismo martes que Insulza se sinceraba con sus colegas, en La Moneda los ministros Briones y Blumel presentaban un paquete de medidas económicas en respuesta al desastroso índice de actividad económica (-3,4%) que se había publicado esa mañana. La respuesta fue rápida y sensata. Su presentación, sobria y detallada. Hasta ahí, impecable. Pero el presidente Piñera quería anunciar personalmente la medida más popular: un bono. Se armó a la rápida una puesta en escena en un restorán de Maipú. En vez de informar el bono de $ 50.000 por carga familiar, Piñera puso una cifra mayor: “$ 100.000 promedio por familia”. En rigor no era falso, pero sí tremendamente confuso. El dueño del restorán acusó haber sido víctima de una encerrona, mientras el gobierno gastaba el resto del día intentando explicar lo que había querido decir el presidente. Un paquete de medidas necesarias quedó oscurecido por el irrefrenable impulso de sobrevender cada anuncio, de convertir cada acto de gobierno en un spot publicitario infestado de letra chica o de declaraciones incendiarias sobre “enemigos poderosos e implacables”.

Los mejores días del gobierno son aquellos en que el presidente guarda silencio y deja el protagonismo a sus ministros y los partidos. Uno de los intelectuales más certeros de la derecha, Hugo Herrera, advierte que Piñera “ha sido irresponsable” y que “es mejor que no hable”. Falta de empatía es poner el protagonismo personal por encima del dolor de esos chilenos cesantes, pauperizados, angustiados.

Los diputados del Frente Amplio votaron a favor la idea de legislar en la ley antisaqueos. Una decisión razonable ante un proyecto que ataca un problema real: como las penas para los saqueos hoy son ínfimas, los vándalos están quedando en libertad. Luego rechazaron algunos puntos del proyecto en particular, considerando que penaliza formas de protesta no violentas. Pero las redes sociales ardieron, las asambleas de los partidos se molestaron y los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson publicaron videos de contrición en que intentaban explicar que habían votado que sí queriendo votar que no. Pudo más la presión de ciertos militantes inflamados en ardor revolucionario, muchos de ellos de sectores acomodados (“el MAPU con iPhone” como los llamó Óscar Contardo), que poco entienden la angustia de pequeños comerciantes y vecinos desesperados por la epidemia de saqueos y vandalismo. De hecho, la misma encuesta muestra que la mayoría de los chilenos siente miedo por esos hechos de violencia. Falta de empatía es poner la presión de algunos grupos afiebrados por encima del dolor de esos chilenos saqueados, amenazados, vandalizados.

No es casualidad que los políticos más lúcidos en esta crisis hayan sido los que vienen de la clase media o trabajan a diario con los ciudadanos de a pie: el presidente de RN, los alcaldes de Renca, La Pintana o Puente Alto, todos ellos capaces de entender que los chilenos piden justicia y también orden; apoyan las movilizaciones, pero también temen por sus empleos y deploran la violencia.

“No pregunto a la persona herida cómo se siente. Yo mismo me convierto en la persona herida”, escribía Walt Whitman. Es esa empatía la que los chilenos demandan a una clase dirigente ensimismada en la defensa de sus amigos, sus egos y sus grupúsculos de poder.

Diciembre de 2019

El epitafio de los coroneles

Cuando los votos ya estaban listos, cuando la suerte de Andrés Chadwick ya estaba echada, hubo aún un último discurso. El senador Juan Antonio Coloma tomó la palabra para hacer una apasionada defensa de quien estaba a punto de ser condenado por el Senado.

El penúltimo de los coroneles era defendido por el último de sus pares.

Minutos después, la votación selló la condena de Chadwick por las graves violaciones a los derechos humanos bajo su gestión. Es el fin de una era. El histórico grupo de los coroneles de la UDI se formó bajo el alero de una dictadura que violaba los derechos humanos, y su simbólico funeral se produjo en un déjà vu de esa tragedia. Jovino Novoa, Pablo Longueira, Andrés Chadwick y Juan Antonio Coloma fueron los cuatro «coroneles» de Jaime Guzmán, el indiscutido general de ese regimiento de disciplina leninista que era la UDI. Tras su asesinato, fueron los herederos incuestionados: entre 1992 y 2012, salvo un breve período de Hernán Larraín, los coroneles se turnaron para ocupar la presidencia del partido.

Fueron ellos los encargados de continuar la improbable alianza que Jaime Guzmán selló con Miguel Kast y sus Chicago Boys durante la dictadura y que marcó a fuego, hasta hoy, a la derecha chilena. Esta alianza reemplazó la reflexión política por la ortodoxia económica, interpretada de acuerdo a un único evangelio: un neoliberalismo funcional a los intereses de los grandes grupos económicos. Las prioridades son claras. En palabras del propio Guzmán: “El derecho de propiedad encierra relieves más esenciales para el ser humano que el derecho a participar en los asuntos políticos nacionales”.

Esta neoliberalización de la política fue más allá de la UDI. También en RN las ideologías nacionalistas, socialcristianas y populistas fueron desplazadas y los herederos de los Chicago Boys tomaron el control. Un dato decidor: desde la vuelta a la democracia, salvo la anecdótica campaña de Alessandri Besa en 1993, todos los candidatos presidenciales de RN y la UDI han sido economistas: Hernán Büchi (1989), Joaquín Lavín (1999 y 2005), Sebastián Piñera (2005, 2009 y 2017) y Evelyn Matthei (2013).

Mientras, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD), financiado por los grandes grupos económicos, tomaba el control ideológico de la derecha. Cristián Larroulet, gremialista y Chicago Boy, cerebro de LyD y de los gobiernos de Piñera, simboliza esa fusión. La misma senda seguiría luego la Fundación para el Progreso (FPP).

Al mismo tiempo, la política se subordinaba a la gran empresa. Ya en 1993, cuando el gobierno de Aylwin quiso negociar una reforma tributaria, optó por el camino más directo. “En lugar de dirigirse a la oposición, se inició una serie de contactos con el sector empresarial”, recuerda el entonces asesor de Hacienda y actual presidente del Banco Central, Mario Marcel. Con el empresariado “se logró un acuerdo básico que permitió poner en marcha las negociaciones políticas con la oposición”. La práctica se hizo habitual. Lagos negoció directamente con el presidente de los grandes empresarios una agenda de reformas, y el gobierno de Bachelet hizo lo propio en la “cumbre de las galletitas”, cuando el ministro de Hacienda concordó la ley tributaria con directores de empresas de los grandes grupos económicos.

Las actuaciones de los coroneles muestran qué tan íntimo llegó a ser este concubinato entre dinero y política. Jovino Novoa ocultó las donaciones ilegales de Penta mediante boletas falsas que pasaban a la contabilidad del grupo con un “JN” escrito al reverso. Pablo Longueira acogió las sugerencias de SQM que beneficiaban a la empresa en la ley del royaltyminero, y cercanos a él recibieron $ 730 millones de la minera. Novoa, confeso, fue condenado a pena remitida. Longueira, salvado del delito tributario gracias a la gentileza del Servicio de Impuestos Internos, aún espera juicio por cohecho.

La caída de Longueira y Novoa comenzó los dolores de parto de lo que puede ser una nueva derecha y la condena de Chadwick los agudiza. “El experimento neoliberal está completamente muerto”, proclama el economista ex-Chicago Sebastián Edwards. Pero esa muerte no tiene por qué arrastrar a ese sector político. La hegemonía neoliberal es desafiada por una nueva camada de académicos de derecha que pretenden independizarla de la ortodoxia económica. Hugo Herrera acusa a LyD y la FPP de “oscuro financiamiento”, “extremismo” y “economicismo sin matices”. Pablo Ortúzar dice que la derecha “no tiene visión política” y sufre de una “tosquedad intelectual brutal”.

¿La derecha ha muerto, viva la derecha?

Mientras los coroneles desaparecen, RN se desembarca de la ortodoxia y empuja reformas sociales de gran calado. Hasta el ministro de Hacienda exhibe una flexibilidad inédita en esas oficinas.

La derecha chilena busca a tientas un nuevo camino desde las ruinas del matrimonio del gremialismo y los Chicago Boys y, por primera vez, los coroneles no estarán en posición de frenar ese debate. Nadie sabe para quién trabaja.

Diciembre de 2019

De qué estamos hablando

Bastó que, en una entrevista radial, la periodista Verónica Franco preguntara al presidente Piñera por un “cambio de modelo” para que se produjera este monólogo:

–Si usted cuando me habla de cambio de modelo está pensando en el modelo venezolano…

–No…

–… donde destruyeron la democracia…

–No…

–… donde atropellan los derechos humanos todos los santos días, donde tienen al pueblo entero condenado a la muerte por hambre o por falta de medicamentos…

–… Es que no es dicotómico, Presidente…

–Entonces cuando hablamos de cambio de modelo, yo quiero decir, ¿de qué estamos hablando?

Le dicen “cambio de modelo” y él escucha “Venezuela”. El abismo entre la burbuja presidencial y el resto del país es enorme. Entonces, ¿de qué estamos hablando?

Ni en las protestas abundan las banderas venezolanas, ni en la consulta de los municipios los ciudadanos votaron por un régimen chavista, ni en ninguna encuesta seria los chilenos piden convertirse en Chilezuela. Esa fantasía solo existe en las mentes de un puñado de extremistas de izquierda y derecha (algunos, lamentablemente, muy escuchados en La Moneda). Lo que los chilenos exigen se parece mucho más a cualquier informe de organismos internacionales capitalistas que a alguna asamblea revolucionaria.

La calle y la OCDE hablan a coro. Veamos.

Más del 94% de los 2 millones y medio de votantes de la consulta ciudadana está a favor de un IVA menor para productos de primera necesidad. Coinciden en ello con una de las principales críticas de la OCDE a nuestro país: que nuestro sistema tributario está patas arriba. Se basa en impuestos al consumo, que golpean a los más pobres, y no en los tributos a la riqueza. Chile recauda el 41% de sus impuestos a través del IVA, contra apenas el 20% de promedio en la OCDE. Por eso, el organismo nos recomienda “incrementar impuestos ambientales, sobre la propiedad y a la renta para aumentar la equidad y estimular el crecimiento”. Un modelo en que paguen más no los que compran pan o leche sino los que más contaminan, más ganan y más tienen. De eso estamos hablando.

La calle también exige frenar la destrucción del medio ambiente y los efectos de la privatización del agua. En la consulta municipal de Coquimbo, 90% apoyó que el agua sea pública. Pues bien, según la Cepal, somos el país OCDE que menos invierte en proteger el medio ambiente: 0,1% del PIB. Y la OCDE advierte que en Chile “la contaminación atmosférica de las zonas urbanas es permanentemente alta, el agua es escasa y está contaminada, se está perdiendo hábitat y existe gran vulnerabilidad al cambio climático”. Por eso, el club de los países desarrollados nos exige tipificar el delito ambiental, con penas de cárcel efectiva. Un modelo que cuide el medio ambiente y castigue a los que lo destruyen. De eso estamos hablando.

“Mejorar las pensiones” es la primera prioridad de los chilenos, según la consulta municipal. Nuestra tasa de reemplazo (la jubilación comparada con los últimos sueldos) es de 33,5% en los hombres y de 30,3% en las mujeres, la mitad del promedio OCDE (63%). El Centro Internacional para la Gestión de Pensiones advierte que “la crisis de las pensiones chilenas no se puede resolver dentro de los límites del sistema actual” y que es necesario crear un “tercer pilar” (junto al ahorro individual y las pensiones solidarias) que “incluya elementos colectivos para mitigar riesgos entre generaciones”. Un modelo de pensiones mixto y sustentable. De eso estamos hablando.

El 97,4% de los votantes en la consulta apoya sanciones más duras para la corrupción. Un informe de la Comisión para el Mercado Financiero recomienda lo mismo: la pena máxima para el uso de información privilegiada hoy es una multa de hasta $ 420 millones, sin cárcel efectiva. En Estados Unidos o Corea del Sur, esos delitos suponen hasta 20 años de prisión. Un modelo que se tome la libre competencia en serio y, por lo tanto, castigue a quienes hacen trampa. De eso estamos hablando.

La crítica al sistema extractivista se da por igual en cabildos, organizaciones sociales y en la academia. “Chile debe diversificar su economía hacia actividades no relacionadas con los recursos naturales. La economía sigue siendo muy dependiente del cobre (…) los bajos niveles de inversión en innovación e investigación y desarrollo (I+D) frenan la productividad”, dice la OCDE.

Un modelo que no se base en extraer piedras sino en generar conocimiento e innovación, lo que nos haría salir de nuestro vergonzoso puesto de colistas de la OCDE en I+D. De eso estamos hablando.

Quien mejor resume el desafío de Chile es el físico César Hidalgo, cocreador del Índice de Complejidad Económica, un ranking en el que llevamos 40 años estancados (en 1980 éramos 61º; hoy somos 60º). Los datos del índice demuestran que crecimiento e igualdad no son metas contradictorias: ambas dependen de que Chile se vuelva más complejo y deje atrás “una economía primitiva y estática”, dice Hidalgo. Ya lo hicieron en su momento países que eran más pobres que nosotros, como Corea o Singapur: pasaron de un modelo básico, extractivista y vertical, que ya dio todo lo que podía dar, a uno basado en la innovación y el conocimiento.

Presidente: de eso estamos hablando.

Diciembre de 2019

No fue boicot

En la Irlanda de 1880, la propiedad de la tierra se concentraba en unos pocos terratenientes ingleses, cuyos administradores cobraban elevadas rentas a los agricultores locales. Ese año, las cosechas habían sido pobres y los arriendos resultaban impagables. El nombre de uno de esos administradores pasaría al diccionario. El capitán Charles Boycott amenazó con expulsar de sus tierras a los agricultores que no podían pagar. Entonces, la comunidad local decidió que resistiría de manera pacífica y se organizó para aislar a Boycott. Sus jornaleros dejaron de trabajar, el cartero no le llevó el correo, los comerciantes se negaron a venderle comida.

Las expulsiones no se concretaron. Al revés, fue Boycott quien debió dejar Irlanda. Un nuevo verbo había nacido: boicotear.

En 1955, una secretaria negra, Rosa Parks, se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco, como exigían las leyes racistas de Alabama. Parks fue arrestada y Martin Luther King organizó un boicot: la comunidad negra no volvió a usar los buses hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos acabó con la segregación en el transporte público.

Cuando India buscaba la independencia del Imperio Británico, Mahatma Gandhi lideró el movimiento de protesta por el cual los indios no comprarían ropa ni alimentos importados, ni pagarían el impuesto a la sal ordenado por los británicos. Eso es un boicot. La resistencia civil pacífica contra leyes o acciones abusivas. Y es precisamente lo que no pasó en el sabotaje de la PSU esta semana en Chile. Un boicot hubiera existido si, como en Irlanda, Alabama e India, una gran parte de la comunidad se hubiera organizado para dejar de colaborar con el sistema. Si decenas de miles de estudiantes se unieran en una “huelga de lápices caídos”, negándose voluntariamente a rendir la PSU, ese boicot derribaría la prueba de modo legítimo e incuestionable. En cambio, una ínfima fracción de los 298.000 inscritos decidió impedir que los demás pudieran rendir el examen. Atacaron los locales y desalojaron a sus compañeros de las salas, incluso quemaron facsímiles a medio contestar y celebraron la filtración de la prueba de Historia.

No fue un boicot, fue matonaje de unos pocos contra muchos.

Es que el camino del boicot no es fácil. Se requiere coordinar miles de voluntades, con una organización representativa y un liderazgo creíble. Nada de eso existe hoy en Chile, ni en los secundarios ni en ningún otro segmento de la sociedad. En vez de emular a King o Gandhi, los líderes de la ACES se proclamaron vanguardia iluminada, capaz de decidir por los demás qué es lo correcto y a imponerlo por la fuerza. Como suele pasar en Chile, hay en todo esto un nauseabundo tufillo clasista.

“Somos los hijos de los trabajadores y trabajadoras de este país, quienes no han podido ingresar a la educación superior”, dijo el vocero Víctor Chanfreau, quien en verdad es hijo de un doctor en Historia de la State University de Nueva York. El perfil de casi todos los voceros que ha tenido la ACES es similar: suelen ser estudiantes de colegios pagados o liceos emblemáticos de Providencia, Ñuñoa y Santiago. Nada nuevo bajo el sol. Los líderes del MIR y el MAPU eran hijos de connotados rectores, diputados y abogados, ansiosos por salvar al pueblo. Una vanguardia redentora que se vuelve impaciente cuando el pueblo se resiste a ser redimido.

Entonces, si ese adolescente de San Bernardo o La Granja pese a todo insiste en rendir la PSU, los redentores tendrán que enseñarle el camino correcto. Por la razón o la fuerza.

Lo más incomprensible es el entusiasmo de tantos adultos que parecen proyectar sus sueños revolucionarios frustrados en la generación de sus hijos. Una exaltación que llegó a lo patético cuando el director de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad Austral ofreció arbitrariamente un cupo en su carrera al vocero de los estudiantes (el propio Chanfreau puso cordura y rechazó de plano la oferta).

Los efectos de la violencia desatada por este grupo de estudiantes son los obvios: fortalecer a los extremos. Los grandes ganadores fueron quienes, al calor de estos incidentes, ya hablan de derribar el acuerdo constituyente. “No están las condiciones para llevar adelante el plebiscito”, dijo este viernes la presidenta de la UDI. Ese sería un desenlace feliz para los redentores de la ACES, que trataron de “traidores” a los firmantes de ese acuerdo para poner fin a la Constitución de Pinochet. Ellos ya han mostrado antes su desprecio por la democracia, con campañas y tomas para obstaculizar las últimas elecciones municipales y presidenciales.

La democracia consiste en que la gente exprese libremente sus preferencias. Una aberración inaceptable para quienes suponen que la verdad ya está revelada y que sus únicos portadores, por cierto, son ellos mismos.

Enero de 2020

¡Traición!

El filósofo Francesc Torralba definió el fanatismo como una “miopía espiritual”, que confunde la propia percepción de la realidad con una verdad universal que debe ser aceptada por todos. En estos días abundan los miopes. Basta cualquier chispa para desatar la furia de los fanáticos.

Insultos. Hostigamientos. Amenazas de muerte. El blanco: la jueza de garantía Karen Atala. Su pecado: decretar prisión preventiva contra un imputado por lanzar bombas mólotov. En su contra opera una curiosa lógica. Sus acosadores la tratan de traidora por ser ella misma víctima de discriminación. “No puedo creer que una mujer que perdió injustamente a sus hijas por ser lesbiana y fue apoyada por organizaciones civiles para demandar al Estado hoy haya sido tan miserable (…). Traidora”, decía un tuit con más de 1.100 likes, jalonado con comentarios como “cómplice”, “facha encubierta”, “basura”, “malvada”, “mierda de mujer”. Los insultos, amenazas y acusaciones de traición también se extendieron a la Fundación Iguales, de la cual es directora.

Se inventó que Atala se había negado a ver el video de la detención y había prohibido el ingreso de familiares del detenido. Ambas acusaciones eran falsas, pero fueron difundidas sin evidencia alguna por miles de cuentas en redes sociales.

“Una vez que las personas se unen a un equipo político, quedan atrapadas en una matriz moral”, afirma el sicólogo social Jonathan Haidt. “Ven confirmaciones de su narrativa en todas partes”. Como en la célebre frase de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández: “No tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

Y en momentos de conflicto, cuando dominan emociones como la rabia y el miedo, las alertas se encienden cuando es uno de los supuestamente “nuestros” quien nos traiciona. ¿A qué se parece esto? Al fanatismo religioso. En todas las religiones, los peores traidores son el hereje, que cuestiona los dogmas, y el apóstata, que renuncia a la fe. El destino de ambos es la horca, la hoguera o, en casos más civilizados, la excomunión.

Chile se llena de excomulgados. A Gabriel Boric lo atacan desde la izquierda, lanzándole cerveza al grito de “¡traidor!” por firmar el acuerdo que permitiría derogar la Constitución de Pinochet. A Mario Desbordes lo insultan desde la derecha (“¡traidor!”), por negociar con la oposición.

Nadie está a salvo. La cantante Paloma Mami sufrió una masiva campaña en redes sociales para “cancelarla”. ¿Su pecado? Se demoró cuatro días en reaccionar al estallido social y cuando lo hizo su declaración no fue lo suficientemente enérgica. Arturo Vidal fue “cancelado” por subirse a un helicóptero y compartir con el billonario Andrónico Luksic. Y suma y sigue.

La cancelación es la nueva excomunión, sin espacio para matices ni razones: se es inocente o culpable, se está del lado del bien o del mal. Un fanatismo que se extiende al trabajo del Congreso. Esta semana tuvimos dos ejemplos. Uno fue el fracaso, por falta de cuórum, del proyecto para reponer el voto obligatorio. Un tema debatible (la mayoría de las democracias más consolidadas del mundo tienen voto voluntario), pero que fue tratado como un artículo de fe. Esta vez la diputada Pamela Jiles fue la “traidora” y “cancelada” por votar en contra. Una curiosa reversión de la suerte: en 2011, cuando se estableció el voto voluntario, fue celebrado como un avance democrático desde la UDI al Partido Comunista.

Lo mismo ocurrió con el fracaso de la fórmula de la oposición para asegurar paridad en la Convención Constituyente. Una opinable técnica electoral pasó a ser tratada como un dogma que separa a los justos de los machistas y misóginos.

El problema es que la democracia se sostiene sobre consensos mínimos: reglas de mayoría, igualdad ante la ley, respeto a los derechos humanos, probidad. Todo lo demás debe quedar abierto al debate y la negociación. Porque, como advierte el intelectual colombiano Moisés Wasserman, “en tanto más diversas y complejas sean las sociedades y sus problemas, más insignificante será el mínimo sobre el cual se logre consensuar”. Una democracia moderna no puede funcionar si se repleta de dogmas, cuya violación supone la excomunión.

Esta es, en parte, una reacción a la cultura política de la transición, que, en el otro extremo, entendió que todo era negociable. ¿Sentar a Pinochet en la testera del Senado? Claro. ¿Recibir dinero de los poderes económicos favorecidos por la legislación? Perfecto. Del relativismo amoral pasamos sin escalas al moralismo fanático. Pero aún tenemos patria, ciudadanos. En la última encuesta CEP sube de 58% a 78% la cantidad de personas que pide a los líderes políticos priorizar los acuerdos por sobre sus propias posiciones. O sea, actuar como políticos laicos y no como guardianes de una fe revelada.

Una vez más, el sentido común de los chilenos emerge como antídoto al fanatismo. Y si esos millones de chilenos se pronuncian fuerte y claro en el plebiscito, abriendo la puerta para un nuevo pacto social basado, precisamente, en el diálogo y la negociación, entonces no habrá campaña de matonaje capaz de “cancelarlos”.

Enero de 2020

La mala raza

“La democracia, que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud”.

Eso escribía en 1822 Diego Portales, comerciante y futuro dueño del monopolio del tabaco en Chile. Dos siglos después, otro relevante líder patronal marca la diferencia entre el ideal de la democracia y lo que según él es posible en Chile. Juan Sutil dice que, si él viviera en un país anglosajón, “sin duda votaría Apruebo, porque tendría la confianza de que vamos a construir un país mejor”. Pero, como vivimos en Chile no más, votará Rechazo a la posibilidad de construir una Constitución en democracia.

Son dos puntas de un argumento que ha cruzado como una cicatriz toda la historia de Chile. La democracia plena es muy linda, pero acá no se puede. Como proponía Portales, hay que imponer “un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos”.

Dos siglos después, aún esperamos ser moralizados.

En su expresión más burda, está la popular idea de que “es la raza la mala”. Según ella, América Latina tiene la desafortunada mezcla de español e indio, inferior genéticamente a la de los colonos anglosajones del norte. En una derivación más políticamente correcta, que viene de las teorías de Max Weber sobre el protestantismo, se habla de la diferencia cultural con esas sociedades que añora Sutil, donde los ciudadanos sí son capaces de “construir un país mejor”.

Y si los ciudadanos, esos inmorales, no son capaces, ¿entonces quiénes deben tomar las decisiones? Jaime Guzmán lo dejó muy claro al diseñar nuestra actual Constitución: “Es siempre una minoría o élite la que decide el inicio y las reglas del juego cuando una democracia nace”.

El argumento cultural parece persuasivo en principio. Después de todo, es verdad que los países nacidos de las colonias británicas en América del Norte y Oceanía son más democráticos y prósperos que aquellos que derivaron del imperio español. Pero la causalidad no se sostiene. Nigeria, Sudán, Guyana y Bangladesh también fueron parte de la corona británica. En verdad la diferencia no es la raza ni la cultura, sino la estructura de poder. Cuando llegaron a América, los españoles se encontraron con abundantes recursos naturales y población, y pudieron ponerse al tope de una estructura jerárquica a través de la cual extraer rentas. La independencia, siguiendo la ley de hierro de la oligarquía de Robert Michels, solo reemplazó a una oligarquía por otra.

Esa sociedad extractiva, en que unos pocos dominan los recursos, favorece la desigualdad, el autoritarismo y el atraso. Esto fue especialmente brutal en los lugares más ricos en oro, plata y mano de obra indígena, donde además ya existían sociedades extractivas. Así pasó en Perú y México, al que un impresionado Humboldt llamó en 1804 “el país de la desigualdad”.

Los colonizadores británicos de América del Norte no eran más cultos ni altruistas que los españoles. De hecho, intentaron aplicar el mismo modelo de sometimiento y extracción. Pero, para su desgracia, Virginia y Carolina del Norte no tenían ni los recursos naturales ni la población indígena de México o Perú. Los colonos tuvieron que olvidarse de la vida fácil y trabajar ellos mismos la tierra y las minas. Se convirtieron en pequeños propietarios, con riquezas similares entre sí, y lógicamente se dieron estructuras de gobierno igualitarias y democráticas (reducidas al principio solo a los hombres blancos, por cierto).

Mientras, en América Latina, los indígenas y esclavos eran explotados en beneficio de otros, lo que dio lugar a instituciones verticales y excluyentes. Del mismo modo, donde los británicos sí pudieron subyugar a una gran población local para extraer recursos, como en India, Sierra Leona y Nigeria, su abuso fue tanto o más implacable que el español, y su consecuencia, la creación de sociedades pobres y desiguales. El problema no es la raza ni la cultura, sino la estructura de poder. La clave, en palabras de Daron Acemoglu y James Robinson, es que ese poder “esté limitado y suficientemente repartido” para evitar que una élite conquistadora lo capture para proteger sus privilegios.

Afortunadamente, esa estructura no es una condena. Hace un siglo nadie hubiera apostado a que un país corrupto y pobre como Suecia se convertiría en uno de los más prósperos del mundo. Pero una élite amenazada por rebeliones internas y peligros externos cedió poder en beneficio de los ciudadanos. Las guerras mundiales fueron grandes igualadoras en Europa, al destruir riquezas y poner en situación de fuerza a soldados, trabajadores y, por primera vez, mujeres. Entonces avanzaron hacia el sufragio universal y el Estado de bienestar.

En su debida proporción, Chile enfrenta un hito similar hoy. Una oportunidad única para que, por primera vez en nuestra historia, las reglas del juego sean acordadas entre todos y no impuestas, como decía Guzmán, por una minoría. Y esa minoría –vaya sorpresa– intenta derribar el proceso convenciendo a los ciudadanos de que no son capaces de tomar esa responsabilidad en sus manos, por no ser lo suficientemente “virtuosos” (Portales) o “anglosajones” (Sutil).

No es más que una sutil estrategia para mantener la estructura de poder en su sitio.

Febrero de 2020

Capitalismo de herederos

Andrew Carnegie y Bill Gates son los arquetipos del capitalismo. Según la revista Money, están entre los diez hombres más ricos de la historia. Carnegie partió su carrera como telegrafista y formó el imperio económico más grande de la era industrial. Gates fundó Microsoft y fue durante dos décadas el mayor billonario del mundo.

Ambos coincidieron en su rechazo a las herencias. “Preferiría dejarle a mi hijo una maldición antes que el dólar todopoderoso”, escribió Carnegie en 1889. Más de un siglo después, Gates advirtió que “no les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino”.

Furibundo anticomunista, Carnegie creía que eliminar las herencias legitimaba al capitalismo. Las ganancias, según escribió en su Evangelio de la riqueza, no son una fortuna que legar a la familia, sino “fideicomisos, que se deben administrar para producir los mayores beneficios a la comunidad”. Llevando la palabra a la práctica, donó en vida más del 90% de su fortuna (unos 65.000 millones de dólares de hoy) para construir universidades, bibliotecas y museos. Gates siguió sus pasos en la filantropía y creó “El compromiso de dar”, una campaña mundial en que los billonarios se comprometen a entregar al menos la mitad de su fortuna para fines benéficos. Doscientos cuatro magnates de veintidós países ya se han unido, incluyendo a Warren Buffet, Mark Zuckerberg y Elon Musk.

Ningún chileno. En verdad, los superricos criollos (y latinoamericanos, en general) parecen inmunes a esa lógica. Ven la riqueza como un asunto estrictamente familiar. Esta ideología, feudal antes que capitalista, hasta tiene su propia celebración anual, el Encuentro Empresarial Padres e Hijos (de madres e hijas, nada), en que magnates como Carlos Slim, Gustavo Cisneros, Andrónico Luksic y Horst Paulmann se reúnen junto a sus retoños. En 2016 la cumbre fue inaugurada en Santiago por la presidenta Bachelet. Por eso el académico del MITBen Ross Schneider nos define como un caso de “capitalismo familiar”, que “difícilmente puede ser defendido por los partidarios del libre mercado”.

Esta semana, diputadas del Frente Amplio y el Partido Comunista presentaron un proyecto de ley que establece un tope de 4.000 millones de pesos a las herencias para, según el comunicado de Revolución Democrática, “redistribuir la plata que se encuentra estancada en cuentas de privados”. El proyecto tendría sentido si este fuera el mundo de Rico Mc Pato, bañándose en su piscina de monedas de oro. A su muerte, bastaría con llevarse la bóveda para que no la heredara su flojo sobrino Donald. En el mundo real, el asunto es más difícil. ¿A la muerte de Paulmann, el fisco tomaría el control de Cencosud? ¿De fallecer Luksic, Canal 13 pasaría al Estado?

Pero a veces un mal proyecto detona un debate interesante. “Atenta contra la capacidad de ahorro y de inversión de muchos chilenos y chilenas, no necesariamente de los segmentos de altísimo patrimonio”, dijo Jorge Said. “Es una verdadera castración a las legítimas aspiraciones de la mayoría de las familias. Obviamente que solo afectará a la clase media”, agregó Nicolás Ibáñez. ¿Clase media? Los 4.000 millones de pesos desde los cuales regiría el impuesto equivalen a ahorrar, sin gastar un solo peso, 833 años del sueldo mediano en Chile. Para verse afectado, el trabajador medio chileno debería tener la longevidad de Matusalén (que vivió 969 años según la Biblia) y la frugalidad de Diógenes (que vivía en un barril).

Hoy, el impuesto a las herencias en Chile tiene un tope de 25%. En la práctica, un hijo que herede $ 1.000 millones debe tributar 16,2% de impuesto, menos de lo que paga en IVAcualquier trabajador chileno al comprar un kilo de pan o un litro de leche. ¿Qué sentido tiene eso en una sociedad que vende el principio de la meritocracia y la igualdad de oportunidades?

“Esto es el modelo comunista”, dice el empresario Eduardo Errázuriz sobre el proyecto. Pero los altos impuestos a la herencia no tienen nada que ver con el comunismo. En Estados Unidos, entre 1932 y 1980 el impuesto a las herencias más altas promedió un 80%. En el Reino Unido, 72%. Y en Japón, 63%. Hace algunos días, en la muy capitalista Corea el Sur murió el magnate Shin Kyuk-ho y sus hijos deberán pagar al fisco un impuesto del 50% por lo que reciban.

La riqueza heredada concentra el poder en unos pocos, fosiliza la competencia, vuelve una burla la promesa de meritocracia y es ineficiente, al poner los recursos en manos de los hijos de millonarios y no de los más talentosos. ¿Qué hacer? El economista Gonzalo Martner propone que un porcentaje de las empresas y los activos heredados pasen a un fondo público destinado a promover la igualdad de oportunidades y la diversificación económica. La economista Jeannette von Wolfersdorff propone un fondo similar, formado mediante un acuerdo de contribución voluntaria de las grandes fortunas chilenas para legitimar un “capitalismo más equitativo”, que entregue dividendos a los chilenos más vulnerables.

“El hombre que muere rico muere deshonrado”, fue el lema de Andrew Carnegie. ¿Alguno de nuestros capitalistas criollos se anima a ser medido con esa vara?

Febrero de 2020

¿Cinco minutos, dijo?

“Propongo que ningún parlamentario que vote ‘rechazo’ en abril pueda participar de la convención constitucional”, escribió el expresidente del Colegio de Arquitectos Sebastián Gray. “Si gana el apruebo a la constitución no queremos a ningún huelepeos de dictador cerca, ni siquiera queriendo participar. Del momento que rechazas el cambio quedaste fuera”, se sumó la comediante Natalia Valdebenito. Es el peor camino que puede tomar la campaña por una nueva Constitución: el de la superioridad moral y la exclusión del otro.

Así ocurrió en los plebiscitos del acuerdo de paz de Colombia y del Brexit, en que los partidarios de una opción fueron estigmatizados como ignorantes o demagogos: una fórmula perfecta para empujarlos a votar contra ese discurso que los excluye. Mucho más inteligente fue la estrategia del No en 1988. En vez de denunciar a los partidarios de Pinochet, invitó a todos a construir un futuro mejor. Esa campaña no necesitaba crear una mayoría en torno a la oposición a la dictadura: ya existía hacía años. Lo que debía hacer era despejar temores y generar sentimientos positivos para que esa mayoría se expresara en las urnas el 5 de octubre.

Hoy pasa algo similar. Hace largos años que existe una amplia mayoría a favor de una nueva Constitución. El rol, modesto pero crucial, de la campaña del Apruebo es movilizarla desde la esperanza. Y el argumento para ello debería ser político, no moral.

Por el Rechazo surgen dos razones. Una es que la Constitución es tan relevante que tocarla nos expone al caos de un modelo chavista. La otra es que la Constitución es tan irrelevante que todas las reformas importantes pueden hacerse sin cambiarla. Como es evidente, ambas ideas son contradictorias entre sí.

El primer argumento lo expone la Fundación Jaime Guzmán: “El ánimo de refundación de una nación no suele traer buenas consecuencias institucionales ni materiales a las personas”. Deliciosa ironía, viniendo del organismo que defiende el legado del autor de la mayor refundación de la historia de Chile. Pero, afortunadamente, hoy no se propone repetir el experimento de Guzmán y usar la fuerza bruta de una dictadura para refundar un país. Si gana el Apruebo, la nueva Constitución será fruto de consensos en que ni la izquierda ni la derecha podrán imponer sus propios modelos.

El segundo argumento se presenta bajo el eslogan de la UDI “Hagámosla corta: cambiemos las leyes, no la Constitución”, y con un spot que recomienda tomar “el bus de la reforma”, que, a diferencia del largo proceso constitucional, “pasa cada cinco minutos”.

Tal como Fra-Fra prometía eliminar la UF en cinco minutos, ahora con esa misma celeridad se solucionarían los problemas pendientes. Llegar y llevar: las reformas que se han frenado por treinta años se harán mágicamente en cinco minutos. La promesa la levantan los mismos que han usado todo el surtido de candados que dejó Guzmán para obstaculizar los cambios: senadores designados, sistema binominal, altos cuórums en el Congreso y, cuando todos los anteriores fallan, el Tribunal Constitucional (TC).

El Rechazo sería un cheque en blanco a esos políticos confiando en que ahora sí harán esas reformas. ¿Y si no las hacen? Pasó la micro, no más. Quedaría en pie esta Constitución que, como confesó el mismo Jaime Guzmán, hace que “si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”. ¿Quién es ese “uno mismo”? Fundamentalmente, el poder económico. Sigamos con las confesiones, ahora de la Comisión Ortúzar, cuando comenzó a diseñar la Constitución de 1980: “Será menester fortalecer el derecho de propiedad, base esencial de las libertades, ya que el control económico es el medio de ejercer el control político”.

Esa doctrina de control político por medio del poder económico tiene un ejemplo aún fresco en la ley que daba “dientes” al Sernac para defender a los consumidores, en respuesta al clamor ciudadano tras varios casos de abusos empresariales. Fue parte de un programa de gobierno votado por amplia mayoría, aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado y, sin reclamaciones de ningún sector político, quedó lista para promulgarse.

Pero eso nunca ocurrió. Bastó que el grupo de interés afectado (la Cámara Nacional de Comercio) apelara al TC para que este bloqueara los puntos fundamentales de la ley. Todo el proceso democrático –elecciones populares, debate público y aprobación parlamentaria– se fue al tacho de la basura. Entonces, aun si creyéramos que por arte de magia el Congreso despachará todas las reformas bloqueadas por treinta años, no sería suficiente. Bastaría que cualquier grupo de presión (AFP, isapres, dueños de derechos de agua y usted siga contando) se opusiera para que el Tribunal Constitucional pudiera impedir cualquier cambio. Eso es “hacerla corta”.

Si, en cambio, la “hacemos larga”, constituyentes elegidos por la gente (sí, también por los que hayan votado Rechazo) se pondrán de acuerdo en las reglas básicas del pacto social. Y mientras lo hagan, en paralelo podemos ir cumpliendo las promesas y aprobando (en cinco minutos era, ¿no?) todas las reformas que no estén bloqueadas por el cerrojo constitucional.

Ni vetos, ni venganzas, ni altares morales. Lo que debe ofrecer el Apruebo para ganar es el mismo sentido común, constructivo y esperanzador, que movilizó a los chilenos a decirle No a Pinochet ese 5 de octubre de 1988.

Febrero de 2020

Personajes de comedia

“El poder ya no es lo que era”, afirma el analista Moisés Naím. Un buen ejemplo de esa mutación lo tuvimos esta semana. Grupos radicales intentaron impedir por la fuerza que el Festival de Viña del Mar se efectuara. Atacaron el Hotel O’Higgins, apedrearon su frontis y quemaron autos.

Al día siguiente, hablando en La Moneda y flanqueado por su gabinete en pleno, el presidente Piñera diagnosticó que “Chile ha tenido demasiada violencia” y convocó a “un gran acuerdo por la paz”, que debe “condenar a los que no condenan la violencia”. En perfecta coreografía, al día siguiente lo más granado de la dirigencia de la exConcertación publicó una carta titulada, precisamente, “Es tiempo de un poderoso acuerdo nacional”. El who is who de la vieja guardia estaba al pie de página: José Miguel Insulza, Soledad Alvear, José Antonio Viera-Gallo, Óscar Guillermo Garretón, Sergio Bitar y, por supuesto, el lobista en jefe Enrique Correa, quien poco antes había publicado en la web de su empresa Imaginaccion una columna en tono similar.

La operación era clásica, perfecta. Pero cayó en el vacío. Es que, sin que el poder pareciera enterarse, el tono de la conversación había cambiado con una rutina de humor, esa misma noche en que la violencia había amenazado con impedir el festival. La presentación de Stefan Kramer generó una de las inflexiones más importantes de los cuatro meses de estallido social. Los vándalos en las calles representan el espíritu destructor del 18 de octubre y la élite política tradicional sigue girando en torno a ella. Kramer, en cambio, llevó al país de vuelta al 25 de octubre: a esa energía populista de la marcha del millón, a ese sentido común de los chilenos que confían en hacer juntos los cambios.

Algo muy diferente al desprecio revolucionario hacia la cultura popular, la que tildan de circo, de opio posmoderno para el pueblo. Los que intentaron funar la fiesta, atacando el Hotel O’Higgins y el furgón del propio Kramer, solo demostraron una vez más su desconexión con ese pueblo al que dicen representar. Este festival es el más visto en siete años. Kramer llegó a un máximo de 54,9 puntos de audiencia, el mayor para el evento desde 2012. Es que el Festival de Viña es una de las poquísimas instancias que conectan al país entero, junto a la Teletón y los partidos de la selección de fútbol. En el mundo de la posverdad y las cámaras de eco, Viña muestra una realidad compartida y revive la idea de formar parte de una comunidad.

La rutina de Kramer juntó talento, sentido común y la plataforma perfecta para recrear ese sentimiento compartido de una ciudadanía que se define a sí misma como opuesta a la élite, y que se unifica en la sátira transversal a esa clase política. Pero que, ojo, no convierte esa oposición en violencia rabiosa, sino en energía positiva. Es un abismo emocional entre ciudadanía y dirigencia. El 66% de los chilenos sigue esperanzado frente a los resultados de las movilizaciones (encuesta Criteria). Los directores de empresas, en cambio, creen que el país va por mal camino (85%) y que aumentará la polarización (99% según Cadem/Vinculación).

“Una élite es una minoría organizada con capacidad de generar un orden en torno a sí misma. Esto es, una minoría organizada con capacidad de organizar”, dice el investigador Pablo Ortúzar. Nuestra élite política sigue estando organizada y lo demuestra al escenificar sus representaciones habituales: una comparecencia del presidente junto a su gabinete, una carta firmada por la crème de la crème del establishment. Pero esa minoría organizada ha perdido la capacidad de organizar. Sus performances ya no tienen efecto sobre la sociedad a la que pretenden ordenar. Los políticos siguen estando ahí, actuando como siempre lo han hecho: con sus muletillas, sus tics, sus reconocibles timbres de voz. Pero son ahora una pura mueca. Se han convertido en personajes de Kramer: una cáscara, cuyas maneras y ornamentaciones, ahora despojadas del aura del poder, se ven ridículas.

Son reyes desnudos, carne de burla, personajes de comedia.

Los políticos de la vieja guardia quedan atrapados en lo que Juan Pablo Luna describía ya en 2016 como su “desviación ritualista”: “Hacer lo mismo de siempre, aunque ya no funcione”. Ahora convocan a un acuerdo entre ellos para resolver las cosas entre ellos. Tan gastado está su poder que deben intentar explicitarlo: será, dicen, “un poderoso acuerdo nacional”. La carta apenas menciona en su penúltimo párrafo el plebiscito y no se define sobre cómo votar en él. Tampoco lo hace el presidente, cuyo gobierno ni siquiera puede pronunciarse ante la decisión política más importante en treinta años. Kramer, en cambio, dice: “Yo apruebo”. Y acto seguido muestra empatía y respeto hacia quienes votan distinto.

El liderazgo ha sido reemplazado por la inducción constante al terror. “Este es el último día de festival y van a querer incendiar la Quinta Vergara”, decía el viernes Piñera. “No es posible ir a votar al plebiscito con los niveles de violencia que vemos hoy”, complementaba la presidenta de la UDI. Esta semana, la política tradicional les habló a los chilenos como a víctimas inermes, simples espectadores que deben confiar en que otros (los de siempre) resuelvan sus problemas. Mientras, un comediante nos trató como ciudadanos, protagonistas de la solución de esos problemas.

Queda claro cuál de esos registros fue más poderoso.

Marzo de 2020

La peste

“Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo pestes y guerras sorprenden a la gente siempre desprevenida”, escribe Albert Camus en La peste, un clásico reconvertido en súbito superventas: ya es el tercer libro más vendido en Italia, el país al que la epidemia sorprendió desprevenida.

Es que, escribe Camus, “la plaga no está hecha a la medida del ser humano, por lo tanto el ser humano se dice que la plaga es irreal, es un mal sueño que tiene que pasar”. Sin embargo, ese mal sueño está aquí. Las estimaciones oficiales son de pesadilla. En Alemania, Reino Unido y Estados Unidos prevén el contagio de hasta el 40, 60 o 70% de la población. Se toman medidas radicales con un objetivo modesto, “aplanar la curva”, para que los casos se distribuyan en el tiempo y no colapsen los sistemas sanitarios. Es lo que ya ocurre en Italia, donde los fallecimientos diarios se cuentan por cientos y algunos médicos no tienen más remedio que dejar morir a los que son demasiado viejos o están demasiado enfermos.

La economía mundial entra en un coma inducido, en que se paran los viajes, la producción y las cadenas de suministro para frenar la velocidad de la epidemia. Esta semana ya tuvimos el peor crash bursátil de la historia de Europa y la mayor caída del mercado estadounidense en 33 años. Los efectos son impredecibles, porque las epidemias marcan como cicatrices la historia humana: la plaga de Atenas selló el fin del esplendor ateniense y la peste negra sepultó el poder de los señores feudales y allanó el ascenso de la burguesía.

Las sociedades modernas hemos desarrollado sistemas inmunes para enfrentar las epidemias. Se basan en la cooperación internacional ante amenazas globales, la cohesión social, que permite actuar solidariamente, un sistema de salud robusto y universal y un Estado eficiente y creíble, que sigue criterios científicos para tomar medidas. Pero hoy enfrentamos la mayor emergencia planetaria desde la Segunda Guerra Mundial con ese sistema inmunológico muy debilitado. Las democracias occidentales son más desiguales y sus Estados más débiles, los nacionalismos populistas desbaratan la cooperación internacional y promueven el sálvese quien pueda, y la oleada anticientífica infecta de irracionalidad al debate.

Trump había disuelto en 2018 el equipo de preparación para pandemias de la Casa Blanca y pasó semanas bajándole el perfil a la amenaza del coronavirus: dijo que los casos serán “cercanos a cero” y que la epidemia era “el nuevo engaño” de la oposición. Desde México, otro presidente populista también contribuye a la desinformación: “Hay que abrazarse, no pasa nada”, dice con alegre irresponsabilidad López Obrador.

El sistema inmune de la sociedad chilena también está deprimido, por un contexto de odiosidad social y de desprestigio de todo lo que huela a autoridad: esta semana, algunos ingeniosos proclamaban que el coronavirus era un invento del gobierno para frenar el movimiento social. El jueves se anunció que el sábado el presidente anunciaría medidas que finalmente anunció el viernes en la noche, seguidas por otras anunciadas por el ministro de Salud el sábado a mediodía. No es sostenible que la comunicación pública de la crisis siga contaminándose porque Piñera, en paralelo, insiste en acusar atentados que nunca ocurrieron o entrega confusas versiones sobre cuándo se enteró de los incendios en el metro. Un presidente con una relación conflictiva con la verdad y nula credibilidad entre los ciudadanos no es el líder que uno soñaría en esta emergencia. Por eso urge despersonalizar la gestión de la crisis y poner la comunicación cotidiana en manos de voceros científicos, sin agenda partidista. En España, el epidemiólogo Fernando Simón lleva ocho años a cargo de emergencias como el ébola, sin importar el color político del gobierno, y es una voz creíble para la ciudadanía.

También la oposición debe ponerse seria y dejar de fantasear con sacar a Piñera de La Moneda por secretaría. Vienen decisiones políticas de alto impacto: repetir una marcha como la del 8M es impensable e incluso el plebiscito de abril está en riesgo. Gran Bretaña y Luisiana ya han decidido postergar elecciones. Lo responsable no es esconder la cabeza ante dilemas tan difíciles; hay que analizar todos los escenarios para preparar respuestas sanitarias y políticas serias, basadas en evidencia científica. Esas respuestas no las encontraremos en las teorías de conspiración que ven engaños y fraudes en cada hecho. Tampoco en el extremismo neoliberal de quienes insisten, citando a Thatcher, que “no existe tal cosa como la sociedad”.

Bueno, es precisamente esa sociedad, esa cadena de relaciones que nos une con familiares, colegas y desconocidos, la que enfrenta su mayor desafío. Y ocurre cuando todas las estructuras que la ordenan están cuestionadas. Quizás sea la oportunidad para recobrar una empatía que parece perdida. Nuestra proverbial solidaridad se pondrá a prueba cuando cada uno de nosotros decida, en cada situación cotidiana, cómo cuidarse y cómo cuidar a los demás. Ojalá descubramos, siguiendo a Camus, “algo que se aprende en medio de las plagas: que hay en los seres humanos más cosas dignas de admiración que de desprecio”.

Marzo de 2020

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