Religión y política en la 4T

Debates sobre el Estado laico

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Religión y política en la 4T : debates sobre el Estado Laico / Carlos Garma, Ariel Corpus y María del Rosario Ramírez Morales, coordinadores. - - México : Universidad Autónoma Metropolitana : Juan Pablos Editor, 2021

1a. edición

278 p. ; 14 x 21 cm

ISBN: 978-607-28-2272-6 UAM

ISBN: 978-607-711-637-0 Juan Pablos Editor

T. 1. Iglesia y Estado - México T. 2. Religión y Estado - México

BR115 R45

Primera edición, 2021

RELIGIÓN Y POLÍTICA EN LA 4T. DEBATES SOBRE EL ESTADO LAICO

de Carlos Garma, Ariel Corpus

y María del Rosario Ramírez Morales (coordinadores)

Diseño de portada: Roberto Mora

Imagen en portada: Carlos Torres Monroy

D.R. © 2021, Carlos Garma, Ariel Corpus

y María del Rosario Ramírez Morales (coordinadores)

D.R. © 2021, Universidad Autónoma Metropolitana

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ISBN: 978-607-28-2272-6 UAM

ISBN: 978-607-711-637-0 Juan Pablos Editor

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada o transmitida, por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma y por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito de los editores.

La presente publicación pasó por un proceso de dos dictámenes (doble ciego) de pares académicos avalados por el Consejo Editorial del Departamento de Antropología, que garantizan su calidad y pertinencia académica y científica

Impreso en México/Printed in Mexico

Juan Pablos Editor es miembro de la Alianza de Editoriales Mexicanas Independientes (AEMI). Distribución: TintaRoja <www.tintaroja.com.mx>

Índice

Introducción: religión y política en la 4T Carlos Garma, Ariel Corpus y María del Rosario Ramírez Morales

POLÍTICA, RELIGIÓN Y LAICIDAD

Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales Mariana G. Molina Fuentes

Secularización y laicidad en la 4T: escenarios de su complejidad Ariel Corpus

El monopolio moral como estrategia apologética-analógica de la 4T Raúl Méndez Yáñez

Política y religión. Reflexiones sobre los complejos caminos de la laicidad José Carlos Mondragón González

MIRADAS DESCENTRALIZADAS DE LA LAICIDAD

Retos del Estado laico ante los procesos político-religiosos y autonómicos en Chiapas Enriqueta Lerma Rodríguez

Diálogos ecuménicos y prácticas comunitarias en un lugar llamado Macondo, en la frontera México-Guatemala Blanca Mónica Marín Valadez

Pañuelos y rosarios: encuentros y desencuentros en los activismos en torno a la defensa de los derechos María del Rosario Ramírez Morales y Arcelia Paz Padilla

Religiosidades, Iglesias y sistema penitenciario mexicano Carla Vargas Torices

LOS EVANGÉLICOS EN LA 4T

Los pentecostales frente al Estado laico en México: una reflexión histórica Carlos Enrique Torres Monroy

Razones teológicas y consecuencias sociales. Notas para comprender la religión en la 4T Carlos Martínez García

Estado laico y nuevas coyunturas: la actuación política de algunos líderes evangélicos mexicanos Leopoldo Cervantes-Ortiz

La construcción mediática del sujeto social “evangélico” en los tiempos de la 4T Hedilberto Aguilar de la Cruz

Semblanzas de las/los autoras/es

Introducción: religión y política en la 4T

Carlos Garma* Ariel Corpus** María del Rosario Ramírez Morales***

Dios mismo estaba ahí apretando en su puño la vida, agarrando la tierra entre sus dedos gruesos, entre sus descomunales dedos de encina y de rabia. Hasta un descreído no puede dejar de pensar en Dios. Porque ¿quién si no Él? ¿Quién si no una cosa sin forma, sin principio ni fin, sin medida, puede cerrar las puertas de tal manera? Todas las puertas cerradas en nombre de Dios. Toda la locura y la terquedad del mundo en nombre de Dios. Dios de los ejércitos; Dios de los dientes apretados; Dios fuerte y terrible, hostil y sordo, de piedra ardiendo, de sangre helada.

Dios en la tierra, JOSÉ REVUELTAS.

En lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y en el plan de nación que encabeza para un cambio de régimen, conocido como la Cuarta Transformación (4T), la religión ha sido un tópico presente que ha generado una permanente discusión. Esta apertura a lo religioso en las acciones y discursos del ahora presidente no comenzó con su llegada al poder. Desde su última campaña electoral, en 2018, llamó la atención por utilizar elementos y símbolos religiosos en distintas presentaciones públicas, de modo que la retórica de su discurso e imagen se construyó haciendo alusión a lineamientos morales. En el ámbito de los acuerdos políticos entre partidos, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) estableció una alianza con el entonces Partido Encuentro Social (PES), cuya plataforma se asentaba sobre una postura conservadora. Al abanderar a AMLO, Hugo Éric Flores Cervantes, presidente del PES, lo equiparó con el personaje bíblico Caleb, uno de los sucesores de Moisés, quien según el relato bíblico llevó al pueblo de Dios a la tierra prometida (Rodríguez, 2018).

El 1 de julio de 2018, AMLO obtuvo poco más de 53% de los votos en el nivel federal, cifra histórica que lo colocó como indudable ganador de las elecciones presidenciales. El 1 de diciembre del mismo año, en una ceremonia posterior a su investidura presidencial en el Congreso de la Unión, participó de un ritual neoindígena¹ de purificación donde algunos representantes de los 68 pueblos originarios de México le entregaron el bastón de mando con el cual reconocían y consagraban su liderazgo, convirtiéndose así en el primer mandatario en recibir este objeto como símbolo del respaldo moral y reconocimiento de su autoridad presidencial.²

Ya como presidente, en sus conferencias matutinas diarias —las “mañaneras”—, en giras y conferencias, las alusiones a la Biblia han sido frecuentes —incluso ha llegado a citar al papa Francisco—, todo ello bajo una retórica que descansa en la moral, a la que se acusa de constituirse como parte del proyecto de la 4T. Estas alocuciones no han quedado sólo como parte de las líneas discursivas y la elocuencia del presidente, se trasladaron hacia materiales oficiales como la Cartilla moral, un documento redactado en 1944 por el literato neoleonés Alfonso Reyes a petición del entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Este material fue diseñado para la alfabetización, pero le fueron sumados una serie de principios morales por interés del propio Reyes. La 4T, a través de la Secretaría de Educación Pública, retomó y reimprimió en 2018 la Cartilla moral³ como una guía de principios descontextualizando el documento original. En el texto de presentación, firmado por AMLO se lee:

La decadencia que hemos padecido por muchos años se produjo tanto por la corrupción del régimen y la falta de oportunidades de empleo y de satisfactores básicos, como por la pérdida de valores culturales, morales y espirituales. Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere el bienestar material y el bienestar del alma, como decía José Martí. Nuestra propuesta para lograr el renacimiento de México busca hacer realidad el progreso con justicia y promover una manera de vivir sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a la patria y a la humanidad. La difusión de la Cartilla moral de Alfonso Reyes es un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad. Te invito a compartir con la familia estos pensamientos y a dialogar entre sus integrantes acerca de la moral, la ética y los valores que necesitamos para construir entre todos una sociedad mejor (López, 2018).

A la par de esta política de moralización que mediáticamente ha sido criticada, se le sumaron algunos actores evangélicos que encontraron eco en la retórica presidencial y vieron la oportunidad de poner su capital social a disposición de la 4T. Mientras el PES perdía su registro por no alcanzar 3% de los votos en la elección de junio de 2018 (cuestión que se refrendó en las elecciones intermedias de 2021), Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), emergía como el nuevo interlocutor después de una reunión el 21 de febrero de 2019 que, a decir del líder evangélico, sentó las bases para una posterior cooperación en temas referentes a la reconstrucción del tejido social, así como el acceso a los medios de comunicación. Desde luego, este acercamiento fue duramente criticado, homologando a los distintos grupos que conforman el mosaico evangélico en una misma línea que atentaba contra el Estado laico (Blancarte y Barranco, 2019).

Para sorpresa de muchos, en diciembre de 2019 la senadora por Morena, María Soledad Luévano Cantú, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, misma que implicaba la apertura y participación de las iglesias en el ámbito público, contraviniendo, así, la histórica separación entre el Estado y las iglesias. Estas reformas habilitaban la incursión de las asociaciones religiosas en la radio y la televisión, la capellanía espiritual al interior de las instituciones del Estado y, entre otras cosas, la celebración de convenios en torno a tareas dirigidas a la restructuración del tejido social. Para algunos analistas, esta reforma implicaba no sólo un atentado al Estado laico, sino su desmantelamiento.

En este contexto, el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, convocó en marzo de 2020 al foro “Defender el Estado laico. Política y religión en la 4T”, donde distintos académicos se dieron cita para reflexionar sobre la incursión de lo religioso en el primer año de gobierno de AMLO, atendiendo a la idea de subrayar la importancia de la laicidad para la sociedad contemporánea, continuando así la discusión sobre los problemas contemporáneos referentes a la relación entre religión y política (Garma, Ramírez y Corpus, 2018).

No obstante, como se verá en los distintos capítulos que componen este volumen, analizar la laicidad desde fenómenos concretos, así como sus aplicaciones en diversos ámbitos y contextos, habilitó la construcción de posturas críticas que, en principio, cuestionan el abordaje jurídico de la laicidad frente al dato etnográfico. De este modo, el foro se convirtió en un espacio donde se repensaron las categorías, conceptos y su aplicación en distintos fenómenos y contextos; se analizó la vigencia y operacionalización de la laicidad en una diversidad de arenas y espacios religiosos y seculares; la construcción mediática de determinados grupos como enemigos de la laicidad; el surgimiento de nuevos actores en la intersección entre la religión y la política; entre otros.

RELIGIÓN, SECULARIZACIÓN Y LAICIDAD

Retomando al antropólogo Clifford Geertz (2003) y al sociólogo Émile Durkheim (2012), es útil definir la religión como un sistema de símbolos que son socialmente transmitidos y que tienen un sentido general sobre el universo. Estos elementos sobre el cosmos y la vida hacen referencia a componentes trascendentales de lo sagrado que se expresan a través de creencias y rituales, y que al ser compartidos, transmitidos y socializados conforman una comunidad moral-colectiva. En el mundo contemporáneo la religión sigue siendo importante, su fuerza no sólo radica en que permite integrar bajo una comunidad una serie de creencias y rituales dirigidos hacia lo trascendente, sino que estos principios también actúan en el mundo al dirigir la acción de las personas (Weber, 2008).

Desde hace más de un siglo la religión se enfrenta al paradigma de la secularización. Existen varios autores que desarrollaron el tema, desde los más radicales como Nietzsche, Freud y Marx que aseguraban la desaparición de las creencias del monoteísmo, hasta los que apuntaban un cambio en la religión. En su caso, Weber, sostuvo que la religión perdería los elementos mágicos y se volvería una institución cada vez más burocrática e institucionalizada. Para Casanova (2012:23), la tesis o el paradigma señalado remite a tres elementos: la diferenciación de la esfera secular de la religiosa, el declive generalizado de creencias y prácticas religiosas, y la privatización de la religión. Bajo este paradigma la religión perdería un lugar en el espacio público y se trasladaría al ámbito privado. Sin embargo, esta tesis que en Europa se ha desarrollado ampliamente, contrasta con lo que ocurre en América Latina, donde las religiones prevalecen en la mayoría de los países (Parker, 1996; Frigerio, 2018).

No obstante, existen otros planteamientos que indican que la secularización generaría una pluralidad de religiones; es decir, dejarían de existir instituciones religiosas centrales fragmentando así el monopolio y dando paso a la pluralidad (Dobbelaere, 1994). Esta tendencia es la que se observa en gran parte de nuestro continente, misma que apunta hacia la pluralización de las creencias, y no necesariamente a su desaparición. En el caso concreto de México, la presencia e incidencia del catolicismo —incluso en su dimensión cultural y no sólo religiosa—, sigue vigente en muchos de los símbolos nacionales —como el caso del guadalupanismo y la rectoría de calendarios e iconografía religiosa. Sin embargo, desde hace ya varias décadas el país se dibuja como un espacio marcado no sólo por la pluralidad cultural, sino religiosa, tanto institucional como espiritual (De la Torre y Gutiérrez, 2007).

Frente a esta pluralidad religiosa y su necesaria gestión, es que la laicidad adquiere sentido como un marco político que garantiza la libertad de creencias de los individuos que conforman la sociedad, o en su caso, para no creer si así lo deciden. Desde luego, la importancia de la laicidad no se limita a lo religioso, conlleva el ejercicio de los derechos en un marco más amplio, de ahí que sus disputas tengan otras aristas, como veremos más adelante.

El principio de laicidad tuvo su origen en Francia, como parte de un proceso de larga duración que va desde el triunfo de la revolución hasta 1880, periodo en el cual se instala una moral laica arraigada bajo el modelo educativo, y todavía durante el primer cuarto del siglo XIX en las querellas radicales (Baubérot, 2005).

Incluso en Francia, la laicidad aparece para muchos como una “excepción francesa”, y la misma opinión prevalece en otros países. Pero los historiadores y sociólogos pueden observar que esta expresión de “laicidad como excepción francesa” sólo se utiliza desde 1990, muy poco antes de que se produjera el primer affaire relacionado con el uso del hijab por parte de las alumnas musulmanas en las escuelas públicas. Antes de eso, México o incluso Estados Unidos habían sido considerados por los partidarios franceses de la laicidad como países más laicos que Francia (Baubérot, 2008:22).

Es importante notar que el concepto de laicidad proviene, sobre todo, de países donde la Iglesia católica mantenía la hegemonía y una relación privilegiada con el Estado; de modo que su imposición como programa político tenía la intención de mermar el poder y la influencia de la Iglesia católica en la sociedad, la cultura, la educación, etc. Así entendida, la laicidad forma parte del acotamiento de la religión del espacio público y colectivo hacia un asunto individual.

En América Latina, el nacimiento de las repúblicas independientes se aparejó a los ideales del liberalismo, y aunque la ruptura con la Corona española no implicó el abandono de la religión católica, sembró las bases para su posterior discusión, de modo que los debates sobre la libertad religiosa se pueden encontrar desde la primera mitad del siglo XIX. Particularmente en México, la laicidad emerge con las Leyes de Reforma (1855-1860) que separaron las funciones del Estado de las tareas espirituales del catolicismo. Al ratificarse en la Constitución de 1917, se sentaron las bases de esta histórica separación, además que se determinó que el clero católico no podía tener propiedades ni contar con instituciones educativas, se limitaba su expresión política e incluso no podían votar. De igual modo, como proceso inacabado, la laicidad tuvo sus momentos difíciles durante la Guerra Cristera; posteriormente, en la etapa conocida como de relaciones nicodémicas o el modus vivendi —caracterizada por un acuerdo informal entre el gobierno y la Iglesia católica a fin de dar continuidad a la vida social en tanto se concertaba una solución completa al problema religioso— se posibilitó un escenario para la gradual pluralización religiosa, generando así la emergencia de nuevos interlocutores religiosos. La última reforma en lo que concierne a las relaciones Iglesia-Estado fue en 1992, cuando bajo el régimen de Carlos Salinas de Gortari se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público, misma que brindó el reconocimiento jurídico a las distintas iglesias o religiones, por lo que se denominaron “asociaciones religiosas”, no haciendo distinción entre los diversos grupos que así quisieran registrarse (Blancarte, 2018).

El marco laico bajo el cual se rige el Estado mexicano garantiza a los individuos que conforman la sociedad el ejercicio de sus creencias religiosas sin discriminación, también posibilita que aquellos que no rigen sus convicciones bajo un postulado religioso puedan desarrollar sus capacidades y ejercer sus derechos. La libertad religiosa es un pilar importante de la laicidad, pero no el único. A su amparo se han desarrollado políticas progresistas en algunas entidades federativas, como el matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo, la adopción homoparental, la fecundación in vitro, la maternidad subrogada, la investigación de células madre, la muerte asistida, la perspectiva de género en educación, el reconocimiento de la identidad de género, etc. A decir de Roberto Blancarte (2017:9-15), la laicidad se puede entender como un instrumento jurídico-político para el ejercicio de las libertades individuales dentro de un régimen político que, apelando a la legitimidad popular, toma distancia de lo religioso para la convivencia social.

Sin embargo, como se verá en distintos capítulos de este libro, tal definición situada desde la perspectiva jurídica no siempre tiene su correlato empírico. La laicidad que se plantea desde el ámbito político, e incluso académico, tiene diversas formas de verse y vivirse de acuerdo con el contexto donde se desarrolla y se aplica. En ocasiones puede generar la articulación de movimientos en favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo; en otras, como veremos, es una limitante para los proyectos de atención prioritarios para las poblaciones en situación de vulnerabilidad y en aquéllas donde el Estado se ha ausentado. De ahí que la mirada antropológica y su método etnográfico —que había estado ausente de las discusiones sobre laicidad, salvo para el abordaje de la religiosidad popular (González, 2012; Stavenhagen, 2012)— se vuelve importante para conocer el modo en que los sujetos sociales se desenvuelven bajo el marco laico en sus espacios y bajos sus conceptos, así como la manera en que opera el propio Estado bajo el régimen laico.

Finalmente, no se puede omitir que la laicidad, y de paso la secularización, han tenido sus miradas críticas.⁴ En principio, porque el marco laico existente en México no representa el único modelo actual: los hay extremadamente restrictivos y aquéllos donde la participación religiosa es parte importante de la discusión colectiva en la arena pública. De igual modo, porque el modelo laico mexicano, retomado del francés, parte de la concepción secularista del Occidente moderno europeo, cuyo epicentro católico es restrictivamente institucional; es decir, funciona como un marco operativo en tanto el interlocutor sea una institución. De frente, la pluralidad religiosa se expresa en un mosaico de expresiones que no necesariamente se arraigan en una institución. Es aquí donde se vuelve importante ampliar las miradas disciplinarias en torno al debate del Estado laico, hecho que se busca en este libro.

LOS EVANGÉLICOS: ¿UN PELIGRO PARA LA LAICIDAD?

Una de las discusiones actuales más importantes sobre la laicidad es la incursión de los actores evangélicos en la política mexicana y latinoamericana. Los evangélicos son un amplio sector de grupos descendientes de la Reforma protestante, movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en 1517, que propició un acercamiento diferente con lo divino, dando origen a numerosas iglesias como las luteranas, reformadas, anglicanas, y que en su devenir se han fragmentado en otras más dando paso a las iglesias bautistas, metodistas, menonitas y, más recientemente, las iglesias pentecostales.

Si bien la presencia de los evangélicos se remonta a la segunda mitad del siglo XIX, es a partir de 1970 que se incrementó su visibilidad en varias partes del país, sobre todo en los estados del sur, como Chiapas, Yucatán y Quintana Roo (principalmente en municipios y localidades con fuerte presencia indígena), así como en el norte del país, como es el caso de Baja California. De acuerdo con los resultados del último censo (INEGI, 2020), la categoría “Protestante/Evangélico/Cristiano” suma un porcentaje de 11.2% en el nivel nacional. No obstante, se incorporaron aquí a grupos que en 2010 se ubicaban bajo la categoría “Bíblico no evangélico”, de modo que al excluirlos se reduce a 9%, es decir, sólo 1.5% arriba de 2010.

Aunque la participación de los evangélicos en la política y en el espacio público no es novedosa, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) empezaron a figurar como protagonistas por los lazos establecidos con el régimen panista. Cabe señalar que esto no fue un hecho aislado, pues desde el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) se consintió un relajamiento en las normas legales establecidas con referencia a la laicidad. En ambas administraciones, Fox y Calderón, existió la intención de abrir la participación de grupos católicos —sobre todo de la extrema derecha— para acceder a posiciones en el gobierno, y dejaron que la Iglesia católica tuviera un papel público, además de la creación de programas de televisión con orientación religiosa.

En América Latina se han formado partidos políticos evangélicos con mucha fuerza: Guatemala ha tenido tres presidentes evangélicos; en Brasil se conformó lo que llamaron “la bancada evangélica” con una presencia fuerte en el Congreso; en Costa Rica un político evangélico disputó la última vuelta electoral; en Colombia los congresistas evangélicos se han vuelto pragmáticos al estar en las bancadas de distintos partidos de derecha, centro e izquierda; y así la lista puede seguir para otros países (Pérez y Grundberger, 2018). Por lo tanto, la incursión de lo religioso en la política no es particular de México; ejemplo de ello es la formación del PES en 2006, partido cuya base de creyentes evangélicos ha mantenido una posición abiertamente conservadora al definirse como el partido de la familia tradicional en México (Garma, 2019).

El PES, dirigido por Hugo Éric Flores Cervantes, estaba organizado en grupos sectoriales que incluían campesinos, obreros, migrantes, discapacitados, mujeres, adultos mayores, familias e indígenas, entre otros; lo que se asemeja a los ministerios de una iglesia evangélica. En 2018 hicieron alianza con Morena para apoyar a Andrés Manuel López Obrador. Pero Flores Cervantes no ha sido el único actor importante del sector evangélico. Otro actor central es el pastor Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternice —conformada por ministros de culto, profesionistas e iglesias evangélicas—, y que ha intentado conseguir medios de comunicación para las iglesias, pugnado para que éstas participen en la vida pública con el fin de lograr la reconstrucción del tejido social y la cultura de paz en México (Excélsior, 2019).

Tanto la participación de Flores Cervantes como la de Farela, han construido una noción de los evangélicos como un peligro para la laicidad debido a su papel activo en la política nacional, percepción que ha circulado en distintos medios de comunicación. Se ha identificado a los evangélicos como un grupo homogéneo, lo que implica un problema dado que se trata de un mosaico de diversas expresiones. Aunque en muchas ocasiones se insiste en que no existe un representante o vocero de los evangélicos, en los espacios acotados a la nota mediática siguen convocando a los mismos personajes.

Bajo la idea anterior es que se consideró que en las elecciones de 2018 los evangélicos votarían por el partido que “los representaba”: el PES. Sin embargo, no lo hicieron: votaron por AMLO, pero no por el partido “de los evangélicos”. Algunos estudios hechos recientemente en el ámbito latinoamericano han abordado el temido “voto evangélico” demostrando que tal tesis no se cumple como se perfila (Pérez, 2020), con excepción de Brasil, que tiene otras características. “Hermano no vota necesariamente por hermano”, al menos fue así en la elección pasada con la cual se construyeron las plataformas electorales de algunos partidos políticos, como en el caso del PES, donde se pretendió hacer del voto gremial su bastión político, de modo que los evangélicos votan dirigidos por intereses generales hacia la población y no por el parentesco simbólico. Por lo anterior, es que siempre es necesario recalcar que al interior del campo evangélico hay un mosaico de diversas posturas que incluso se oponen en el mismo campo. Lo anterior se vio evidenciado en las elecciones intermedias de 2021, en la cual los evangélicos diversificaron su voto y no respaldaron el proyecto de un partido con orientación religiosa. Ello cuestiona la imagen que se construyó sobre los evangélicos, quienes fueron vistos como un peligro para la laicidad, extrapolando lo sucedido en otras regiones del continente, Brasil principalmente, y que bajo un enfoque acrítico se asumió que pasaría lo mismo en México. También, se vuelve a poner de manifiesto que la lógica del creyente no opera en sintonía con la de los liderazgos eclesiales, ni menos con alguna figura o institución que pretenda asumir la representatividad evangélica, así la fragmentación del campo religioso a su interior es una variable importante en el análisis de la relación con la política.

2020 Y 2021, AÑOS DE LA PANDEMIA Y LAS LUCHAS POR LA LAICIDAD

A finales de febrero de 2020 se identifica el primer caso de Covid-19 en México. En marzo, el gobierno federal adopta la resolución de implementar el confinamiento voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales promoviendo —en la medida de lo posible— el trabajo a distancia, la permanencia en casa, la reducción de la movilidad en los espacios públicos y la sana distancia con el fin de contener los contagios. Dentro de las medidas tomadas, el gobierno federal determinó el cierre de todos los templos, iglesias y centros de culto, y se prohibió toda actividad que implicara la congregación de manera física —como misas, funerales, bodas y bautizos, etcétera.

Por medio de un comunicado dirigido a las iglesias, asociaciones y agrupaciones religiosas de México,⁵ el gobierno federal hizo un llamado recalcando tres puntos: la promoción del resguardo domiciliario entre sus miembros, sintetizada en la medida “Quédate en casa”, y la petición de utilizar medios de comunicación tradicionales, radio y televisión, así como redes sociales para la realización de actos colectivos; difundir información veraz y actualizada sobre la contingencia sanitaria evitando discursos que confronten, confundan y dividan a la población, “recordando que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país y que nadie podrá alegar motivos religiosos para evadir las responsabilidades y obligaciones prescritas en las leyes” (Segob, 2020); y llamando al fortalecimiento de los lazos familiares y a la solidaridad con el fin de superar con éxito la emergencia sanitaria.

Entre los eventos de gran escala llevados a cabo con las medidas preventivas estuvo la representación de semana santa en Iztapalapa, dando paso a la participación de los actores sin asistencia de público y transmitida a través de la señal de televisión; y en el nivel internacional uno de los eventos más recordados para muchos fieles católicos, fue la oración extraordinaria Urbi et Orbi del papa Francisco con la Plaza de San Pedro vacía (Bonilla, 2020).

Sin embargo, no todas las iglesias hicieron caso a las indicaciones federales para enfrentar la pandemia, ya que algunos grupos pugnaron por mantener abiertos los templos bajo el argumento de que el confinamiento y el cierre de los centros de culto atentaban contra su libertad religiosa.⁶ Éste fue el caso de la Confraternice. Desde luego, la pandemia no estuvo exenta de interpretaciones religiosas a partir de las cuales muchos grupos respondieron desde las explicaciones bíblico-teológicas. Dentro de éstas no faltaron explicaciones tales como que el Covid-19 es un “castigo divino” por la pérdida de valores y la aceptación de tendencias como el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo y, desde luego, la interrupción legal del embarazo. Caso contrario, al interior del gobierno mexicano prevalecieron los lineamientos de los científicos y los expertos de salud pública, quienes llevaron la pauta desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta la implementación de la estrategia de vacunación, momento en que se escribe este texto.

Por otro lado, la pandemia y el confinamiento no fueron impedimento para la reagrupación y actividades de los movimientos antiderechos —autonombrados Pro-Vida— quienes permanecieron en la arena pública y generaron estrategias digitales para contrarrestar el avance de las discusiones en torno a la despenalización del aborto en varios congresos locales. Durante 2020 las agendas legislativas no se interrumpieron, pues en varios estados del país, el aborto fue tema de discusión siendo rechazado en San Luis Potosí el 21 de mayo 2020,⁷ en Guanajuato el 26 de mayo de 2020,⁸ en Veracruz el 29 de julio 2020⁹ y en Quintana Roo el 2 de marzo 2021.¹⁰ Sin embargo, el 30 de junio de 2021 Hidalgo se convirtió en el tercer estado en lograr la despenalización del aborto,¹¹ sólo después de la Ciudad de México y Oaxaca. En otras legislaturas se construyó una política de protección “a la vida desde la concepción”, tal como sucedió en Aguascalientes (12 de febrero de 2021), y también se han formado comisiones de la familia al interior de los recintos legislativos, como es el caso de Querétaro.¹² Desde luego, en el cabildeo y las sesiones los grupos antiderechos han hecho acto de presencia y han celebrado “la victoria” como propia.

Pero la interrupción legal del embarazo (ILE) no ha sido el único blanco de ataque de los grupos llamados Pro-Vida; en este mismo tenor se puede situar la polémica generada con la propuesta denominada “Pin Parental”, una iniciativa trasplantada desde España —propuesta por VOX— y que en México fue impulsada por el entonces diputado local de Nuevo León, Carlos Leal y que ha sido replicada en algunos estados como Querétaro por la también en su momento diputada Elsa Méndez. El Pin Parental, en síntesis, pretendía condicionar el ejercicio del derecho a la información sobre sexualidad, salud sexual y reproductiva, a la autorización previa y expresa de madres, padres y personas que ejercen la tutela para que niños, niñas y adolescentes puedan recibir esos contenidos en las escuelas.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos el 11 de julio de 2020, emitió un comunicado¹³ que hacía un llamado a los poderes legislativos de las 32 entidades federativas para proteger los derechos de la niñez y las adolescencias frente a las iniciativas del denominado Pin Parental en sus leyes estatales, ya que este tipo de propuestas atentan contra las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley general de la materia y las leyes estatales de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derecho cuya autonomía progresiva les permite ejercer por sí mismos sus derechos. Sin embargo, y aun cuando el 1 de septiembre de 2020 un juez federal ordenó la suspensión definitiva del Pin Parental, diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron que al menos en 19 de los 32 estados de la república existían propuestas para establecerlo.¹⁴

Para octubre de 2020 otro tema que prendió los focos rojos para las iglesias y sus líderes religiosos, fue cuando la diputada por Morena Reyna Celeste Ascencio Ortega presentó una iniciativa de ley para modificar el artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, encaminada a sancionar a las asociaciones religiosas o ministros de culto que profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas por motivo de su identidad sexual o expresión de género, con objeto de evitar ataques desde las organizaciones religiosas y sus agentes en contra de la población de la diversidad sexual.¹⁵ Esta propuesta, para algunas iglesias y personas fue considerada como una limitación a su libertad de expresión.

Con estos ejemplos, queda claro que la agenda de los derechos de la diversidad, así como aquellos que refieren a los derechos sexuales y reproductivos, el acceso a la educación sexual integral, así como la garantía de los derechos de las mujeres, son parte de la agenda pendiente del proyecto de la Cuarta Transformación.

Dentro de los temas electorales es de resaltar que con seis votos a favor y cinco en contra, en septiembre de 2020 el Instituto Nacional Electoral (INE) le regresó el registro al PES bajo un nuevo nombre, Partido Encuentro Solidario. Lo anterior pese a las denuncias que hiciera el consejero presidente, Lorenzo Córdova, por la evidente participación de ministros de culto en sus asambleas. De esta manera la puerta quedó abierta para que Flores Cervantes, quien hasta octubre de 2020 fungió como delegado del gobierno federal para los programas de la Secretaría de Bienestar en Morelos, articule y amplíe su base social proponiendo a figuras públicas como candidatos para contender en las elecciones intermedias: en la lista resalta el cantante Vicente Fernández Junior, el exfubolista del Guadalajara, Adolfo Bautista y el también exseleccionado nacional de futbol, Javier Cruz, por mencionar algunos (La Jornada, 2020; Campos, 2021). Con este perfil de candidatos, buscó construir una imagen amplia atrayendo a votantes más allá de la confesión evangélica, aunque siga manteniendo los principios conservadores que han caracterizado a este partido. Para las elecciones intermedias, en junio de 2021, los candidatos señalados, no obtuvieron el voto esperado, la plataforma política del PES que se declaró como el “partido de la vida y la familia” fue rechazada por la ciudadanía, incluidos los evangélicos quienes, como ya señalamos, desconfiaron del proyecto y le dieron la espalda, lo que Flores Cervantes consideró como traición (Gómez, 2021). Días después de este proceso electoral, en el marco de la aprobación del matrimonio igualitario en Baja California y Sinaloa, las redes sociales del PES fueron “hackeadas” y se difundieron mensajes de aprobación de la diversidad sexual, de igual manera sus propios logotipos fueron intervenidos con los colores de la disidencia, provocando así las burlas y sátiras de los usuarios quienes no dejaron pasar la oportunidad de evidenciar su desacuerdo con las posturas conservadoras del partido. Finalmente, al momento de escribir esta introducción, el PES está en espera de una resolución para saber si conserva o no su registro, mismo que perderá si no llega al 3% de la votación emitida.

LA COMPOSICIÓN DE LA OBRA

Este libro colectivo se conforma de tres ejes temáticos. El primero, denominado “Política, religión y laicidad”, inicia con el texto de Mariana Molina, “Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales”, quien hace una revisión del concepto de laicidad en la historia de México, señalando las necesarias actualizaciones frente a un escenario de cambio, para después problematizar el modo en que las actuaciones de López Obrador debilitan cualquier propuesta de la 4T referente al Estado laico, indicando así algunas problemáticas de la potencial cooperación entre el Estado y las iglesias.

En el segundo texto, “Secularización y laicidad en la 4T: escenarios de su complejidad”, Ariel Corpus argumenta que la conceptualización de la laicidad, como proyecto político, no se desarticula de la construcción de la secularización como una narrativa que considera a la religión incapaz de tener presencia en lo público, ello en el marco de los acontecimientos que se han cuestionado de la 4T, como la presencia de la religión en lo público. Corpus señala la necesidad de repensar la laicidad a partir de un escenario cambiante, enfatiza por ello que los desfases existentes entre la laicidad como ideal político y argumento jurídico decimonónico no ha considerado el nuevo escenario de lo religioso, que no se limita ni se restringe a lo privado como lo señalaba el paradigma secularizador.

Por su parte, Raúl Méndez, en “El monopolio moral como estrategia apologética-analógica de la 4T”, analiza cómo el discurso de AMLO parte de un pensamiento analógico donde la 4T representa una serie de atribuciones positivas que establecen una apologética de su gobierno y de todo aquel que se sume a su proyecto. A partir de la teoría antropológica, subraya que este pensamiento analógico no sólo legitima sus acciones, sino también se utiliza para construir adversarios: quienes no están con la 4T, están en contra de ella; los que están con la 4T son los buenos, los que la critican son de la “mafia del poder”; AMLO representa la honestidad, la oposición a la corrupción. Bajo tal pensamiento es que el presidente sostiene a la 4T no sólo como un proyecto político, sino también como un discurso de moralidad. Así, quien está con la 4T, inmediatamente queda absuelto del pasado por el sólo hecho de sumarse a ella; por su parte, quien se opone, carece de las virtudes morales del régimen.

La primera parte del libro finaliza con el trabajo de Carlos Mondragón González, “Política y religión. Reflexiones sobre los complejos caminos de la laicidad”, donde se recupera la visión americana del concepto de laicidad, entendido como la separación de las iglesias y el gobierno, señalando que el modelo europeo no es el único. Posteriormente argumenta que la laicidad tiene muchas aristas que no se reducen a la intromisión de las iglesias en los asuntos de la vida pública, sino que abarca otros fenómenos. Termina reflexionando en torno a distintas problemáticas sobre la laicidad mexicana donde, a pesar de que hay un marco laico, también hay creencias personales de una sociedad que no se ha secularizado; aunque subraya la necesidad de un Estado laico para el buen desarrollo de la pluralidad y la tolerancia ante la diversidad.

El segundo eje del libro se intitula “Miradas descentralizadas de la laicidad”. Abre este espacio Enriqueta Lerma, en cuyo capítulo “Retos del Estado laico ante los procesos político-religiosos y autonómicos en Chiapas”, reconstruye la participación que han tenido las organizaciones sociales articuladas por la pastoral de la Iglesia católica, misma que ha sido pieza clave para las luchas sociales frente a un contexto marcado por la desigualdad social. Interroga a la laicidad mexicana como un tipo ideal jurídico que pasa por alto estos fenómenos que articulan las luchas sociales con lo religioso, tal como lo representa el caso del Pueblo Creyente, movimiento abordado por Lerma, cuyas acciones hacen frente al capitalismo de despojo auspiciado por el propio Estado, sea laico o no.

En la misma discusión, Mónica Marín en su texto “Diálogos ecuménicos y prácticas comunitarias en un lugar llamado Macondo, en la frontera México-Guatemala”, señala la manera en que algunas expresiones religiosas no institucionalizadas e iglesias, han desempeñado las tareas del Estado en los escenarios donde éste se encuentra ausente. A partir del trabajo etnográfico, muestra el papel de liderazgos y organizaciones ecuménicas en los procesos que restauran el tejido social comunitario, articulando su creencia con la práctica pública. La autora menciona que una de las críticas hacia la 4T es pensar que lo religioso puede coadyuvar a restaurar el tejido social, lo que se ha convertido en una afrenta a la laicidad, pues frente a ello observa que en los espacios periféricos son precisamente las organizaciones religiosas, las espiritualidades y grupos ecuménicos quienes están supliendo algunas tareas que debiera realizar el Estado.

Rosario Ramírez y Arcelia Paz en “Pañuelos y rosarios: encuentros y desencuentros en los activismos en torno a la defensa de los derechos”, parten de tres escenas donde los colectivos feministas y conservadores se ven confrontados en el espacio público de Guadalajara, en el marco de las acciones de denuncia contra la violencia de género y en favor de la despenalización del aborto. A partir de ejemplos situados, las autoras se cuestionan si la laicidad y su ejercicio es el más apropiado para atender los asuntos de género, de seguridad y acceso a la justicia, y si este esquema garantiza el acceso y ejercicio tanto de los derechos humanos como de los derechos sexuales y reproductivos.

Por su parte, Carla Vargas Torices, en “Religiosidades, iglesias y sistema penitenciario mexicano”, analiza uno de los puntos de la iniciativa de reforma de Soledad Luévano: la participación de las instituciones religiosas al interior del sistema de readaptación social. La autora comienza por hacer un recorrido por la conformación y el modelo del sistema penitenciario mexicano, señalando que el propio Estado fue quien incentivó la participación de las organizaciones religiosas al interior de las instituciones correccionales, evidenciando la ambigüedad y la permisibilidad de la legislación vigente. Sin embargo, esta participación no es equitativa, ya que así como hay grupos religiosos que tienen apertura, hay otros grupos minoritarios que cargan con una serie de estereotipos y, por ende, se limita su entrada. De igual modo, la autora analiza el debate sobre la privatización del sistema carcelario así como la intención de AMLO de una mayor colaboración con las iglesias, principalmente las evangélicas, mismas que a decir de la autora han atendido las necesidades de contención psíquica y emocional que provoca el encierro.

El tercer eje del libro se centra en la reflexión sobre “Los evangélicos en la 4T”. De inicio, en “Los pentecostales frente al Estado laico en México: una reflexión histórica”, Carlos Torres Monroy, reconstruye desde una perspectiva histórica la manera en que algunas expresiones del pentecostalismo mexicano fueron respetuosas de la separación entre las iglesias y el Estado, marcando su distancia y cuestionando cuando los gobiernos se aliaron con la Iglesia católica. Con estos antecedentes, se permite comparar el modo en que tal interlocución tiene lugar en el contexto de la 4T, donde analiza la relación de este régimen con los casos de Hugo Éric Flores Cervantes y Arturo Farela, quienes han buscado tener una incidencia política y mediática, muy cuestionable para el autor.

En “Razones teológicas y consecuencias sociales. Notas para comprender la religión en la 4T”, Carlos Martínez García lee entre líneas los discursos de AMLO y encuentra las paráfrasis que hace de distintos versículos de la Biblia. Presenta, así, una tesis sugerente donde la estrategia narrativa es hacer eco en determinados creyentes, los evangélicos, quienes al tener una cultura bíblica pueden entender y captar estos mensajes. De igual modo, el autor describe cómo algunos grupos evangélicos han buscado aliarse con el poder político justificando su incursión en la esfera pública con base en la lectura literal de los textos bíblicos.

En el capítulo, “Estado laico y nuevas coyunturas: la actuación política de algunos líderes evangélicos mexicanos”, Leopoldo Cervantes-Ortiz aborda cuatro liderazgos evangélicos que han buscado incidir en lo público, ya sea como mediador con los correligionarios o bien encabezando algún proyecto político. De esa manera rastrea los inicios de tales personajes, sus influencias ideológicas, sus redes y su actuar en la política mexicana.

Finalmente, en el texto, “La construcción mediática del sujeto social ‘evangélico’ en los tiempos de la 4T”, Hedilberto Aguilar de la Cruz analiza cómo distintos medios de comunicación en México han construido un tipo ideal de evangélico antagónico a la democracia. El autor hace un rastreo de los principales portales de noticias y opinión de diciembre de 2018 a febrero de 2020, detallando en un discurso dominante que se tiene sobre el mosaico evangélico como un grupo homogéneo y, por lo tanto, desconocido para la opinión pública.

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¹ Para mayores referencias se puede consultar a De la Torre (2018).

² Disponible en <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46427940>.

³ Disponible en <https://lopezobrador.org.mx/wp-content/uploads/2019/01/CartillaMoral.pdf>.

⁴ En particular la secularización a razón de los debates sobre el islam y lo que implica el multiculturalismo para las sociedades contemporáneas occidentales (Scott, 2020).

⁵ Disponible en <https://www.gob.mx/segob/prensa/a-las-iglesias-asociaciones-y-agrupaciones-religiosas-de-mexico?idiom=es>.

⁶ Disponible en <https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/005n3pol>.

⁷ Disponible en <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/21/una-vez-mas-congreso-de-slp-rechaza-despenalizar-el-aborto-7237.html>.

⁸ Disponible en <https://www.animalpolitico.com/2020/05/guanajuato-archiva-iniciativas-aborto/>.

⁹ Disponible en <https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/05/21/una-vez-mas-congreso-de-slp-rechaza-despenalizar-el-aborto-7237.html>.

¹⁰ Disponible en <https://www.animalpolitico.com/2021/03/congreso-quintana-roo-aprueba-aborto-comisiones/>.

¹¹ Disponible en <https://www.jornada.com.mx/notas/2021/06/30/estados/congreso-de-hidalgo-aprueba-la-interrupcion-legal-del-embarazo/>.

¹² Disponible en <http://legislaturaqueretaro.gob.mx/comision-de-la-familia-presenta-su-plan-de-trabajo/>.

¹³ Disponible en <https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-07/COM_2020_215.pdf>.

¹⁴ Disponible en <https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/09/21/son-19-entidades-que-buscan-establecer-pin-parental-2092.html>.

¹⁵ Disponible en <http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/ 10/asun_4089145_20201013_1602614572.pdf>.

* Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Departamento de Antropología.

** Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; Facultad de Filosofía y Letras.

*** Universidad de Guadalajara, Departamento de Sociología.

POLÍTICA, RELIGIÓN Y LAICIDAD

Política y religión en la 4T. Cooperación iglesia(s)-Estado. Consecuencias en las políticas sociales

Mariana G. Molina Fuentes*

La llegada de la Cuarta Transformación generó profundas expectativas en buena parte de la población mexicana. También conocida con el apelativo de 4T, la actual administración gubernamental se ha dado a conocer con ese nombre porque se concibe a sí misma como un parteaguas en el desarrollo del sistema político nacional. Y es que la decisión de identificarse como la 4T no es ninguna casualidad; discursivamente, apunta a su comparación con tres procesos históricos que, en definitiva, cambiaron el curso de nuestro país: la Independencia, la Guerra de Reforma, y la Revolución mexicana (Milenio Digital, 2018).

A la cabeza de este proyecto se ubica Andrés Manuel López Obrador. Con una amplia trayectoria política, en la que se incluye su gestión como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005), el ahora presidente de la república participó como candidato a ese cargo en 2006 y 2012¹ (Bedoya y Colín, 2016). Más allá de los resultados en ambas contiendas, lo cierto es que López Obrador se erigió como un referente de la oposición a los partidos en el poder. Prueba de ello es el apoyo popular que le llevó a fundar el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido político que escindió a la izquierda y que, sin duda, se benefició de su carisma (Ruiz, 2019).

Las elecciones de 2018 significaron una victoria indiscutible y arrasadora para Morena.² Además, en ellas se presentaron hechos sin precedentes: nunca se había visto una diferencia tan amplia entre los votos obtenidos por el presidente electo y el candidato que le sigue, y la participación en las elecciones fue la más extendida desde la fundación del Instituto Federal Electoral³ (García y Jiménez, 2018).

Pero al margen del liderazgo asumido por López Obrador, debe señalarse que “la esperanza de México”⁴ llegó al poder en condiciones políticas y sociales especialmente complejas. En un estudio realizado por El Colegio de México y BBVA Research se afirma que, de las 36 naciones que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2018 nuestro país ocupaba el segundo lugar en materia de desigualdad (El Colegio de México y BBVA Research, 2018); la inseguridad cobró, cuando menos, 33 369 vidas (El País, 2019); y el número de personas desaparecidas ascendió a más de 37 mil⁵ (Wilkinson, 2019). Además, el Latinobarómetro reporta que 61% de la población consideraba que la corrupción había aumentado, 88% afirmaba que quienes gobiernan lo hacen sólo para su propio beneficio y 78% desaprobaba la gestión del presidente en turno (Latinobarómetro, 2017).

La 4T llegó al poder en medio de una evidente crisis del aparato estatal, manifiesta en la desconfianza frente a las instituciones y en la casi absoluta incapacidad para solucionar problemas que trastocan la vida cotidiana de quienes somos parte de esta nación. Por ese motivo, el movimiento encabezado por el actual presidente se percibió como una oportunidad para cambiar el país a partir de varias aristas, que van desde la desigualdad hasta la relación entre gobernantes y gobernados.

Todos los rubros que forman parte del proyecto de la 4T son por demás interesantes. Empero, en este texto nos centraremos exclusivamente en uno: el papel de la religión y de los grupos religiosos en el sistema político mexicano durante los primeros años de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ello, el texto se divide en cuatro secciones: en la primera se explican brevemente los conceptos de secularización y de laicidad, enfatizando sus diferencias y sus puntos de encuentro; la segunda se refiere al modo en que se construyó el Estado laico en México y la necesidad de repensarlo a la luz de las condiciones políticas y sociales en los albores del siglo XXI; la tercera tiene como propósito sintetizar la posición de la 4T frente al principio de laicidad, y las prácticas que derivan de ella y, por último, se ofrecen algunas reflexiones finales.

SECULARIZACIÓN Y LAICIDAD NO SON SINÓNIMOS. NOTAS CONCEPTUALES PARA EL ANÁLISIS

El papel que desempeña lo religioso en las sociedades es un tema que ha ocupado a las ciencias sociales desde sus orígenes. Puesto que la religión se erigió como la única base de organización legítima por varios siglos,⁶ el tránsito a la Modernidad en los territorios europeos despertó un profundo interés por comprender sus consecuencias para los sistemas sociales en su conjunto.

La llegada de la Modernidad significó una transformación de las dinámicas sociales. A decir de sociólogos clásicos, como Émile Durkheim o Max Weber, el proceso de modernización significó una diferenciación funcional que eventualmente derivó en nuevas formas de entender a la sociedad en su conjunto, y en las que la racionalidad ocupó un papel primordial.

En términos del tema que aquí nos ocupa, lo religioso fue desplazado como referente central de la organización social por medio del proceso que se conoce como “secularización”. Es importante advertir que, en contraste con algunos de los planteamientos primigenios al respecto (Luckmann, 1967; Berger, 1969; Martin, 1978), la religión no desapareció, y tampoco dejó de estar en contacto con otras esferas sociales. Empero, es indudable que perdió su capacidad para permear a la sociedad en su conjunto. Además, como se ha apuntado ya en otras reflexiones académicas (Hervieu-Léger y Champion, 1986; Tschannen, 1991; Casanova, 1994; Blancarte, 2008; Beaubérot y Milot, 2011), la secularización:

1. No es un proceso teleológico, lo que implica que no todas las sociedades transitan por éste. Por otro lado, parece imposible identificar un patrón o un camino único en las sociedades que lo experimentan.

2. No es un proceso progresivo y, por lo tanto, es susceptible de revertirse.

3. No es un proceso homogéneo ni totalizante; es decir, el hecho de que algunos sectores sociales operen con una lógica secular no se contrapone con la existencia de otros que mantienen una lógica integrista.⁷

4. No es un proceso calculado o deliberadamente planeado, lo que constituye su principal diferencia respecto de la laicidad.

En el lenguaje cotidiano es frecuente advertir un uso inadecuado de los términos “secularización” y “laicidad”, que suelen referirse como sinónimos. A pesar de ello, se trata de conceptos que apuntan a objetos de estudio distintos y que es necesario diferenciar analíticamente. Mientras que la secularidad indica un desplazamiento de lo religioso como articulador social único, la laicidad es un principio político que funge como rector del marco jurídico de un Estado. Así pues, la laicización es un proceso que deriva de un proyecto calculado, planeado e institucionalizado.

En México, por ejemplo, el proceso de laicización impulsado por el Partido Liberal inició en el siglo XIX. Esto significa que algunos grupos de la sociedad mexicana operaban ya con una lógica secular, pues de otro modo no habrían podido gestar el proyecto de separación entre Estado e Iglesia(s). No obstante, sería un error considerar que el sistema social en su conjunto funcionaba bajo esa misma lógica; de haber sido el caso, el proceso de laicización no habría sido objeto de oposición o resistencia alguna.

De hecho, y a pesar del peso histórico que ha adquirido la laicidad del Estado mexicano, parece evidente que en la actualidad no todos los grupos conciben el orden social a partir de una visión secular. Un ejemplo que ilustra esta condición es el de las comunidades educativas: si bien el currículum de estudios está definido por la Secretaría de Educación Pública y, por lo tanto, sus contenidos son laicos, en algunos de los colegios que pertenecen a órdenes religiosas éstos se aprenden a partir de una lógica integrista (Molina, 2018).

En ese orden de ideas, en este texto se sugiere que analizar la laicidad en sí misma es un despropósito: su construcción, su implementación, y las prácticas que de ella derivan pueden entenderse mucho mejor si se le estudia en relación con el proceso de secularización. Ante todo, debe reconocerse que existe un vínculo analítico insoslayable entre ambos objetos de estudio.

De manera similar a otros aspectos que configuran el marco jurídico y los códigos legales, en México existe un régimen de laicidad que no siempre se manifiesta en prácticas sociales concretas. Aquí se propone que esa brecha puede explicarse a partir de dos elementos: el desfase entre laicidad y secularización en algunos sectores de la sociedad mexicana; y la inconsistencia entre el proyecto de Estado laico del siglo XIX y las condiciones políticas y sociales de la actualidad. Esto último se discutirá en el siguiente acápite.

DE JUÁREZ A LÓPEZ OBRADOR: EL NECESARIO REPLANTEAMIENTO DE LA LAICIDAD EN MÉXICO

Uno de los hitos históricos recuperados por la 4T es la Guerra de Reforma. Ese enfrentamiento, acaecido entre 1857 y 1861, está directamente relacionado con las consideraciones vertidas en la sección anterior de este capítulo. La sociedad mexicana de inicios del siglo XIX estaba fuertemente influida por la religión católica, oficial desde que se instauró el virreinato de Nueva España.

Más allá de los vínculos entre la Iglesia y el Estado, que se asumía, entre otras cosas, como protector de la “religión verdadera”, lo cierto es que la autoridad eclesial permeaba todos los espacios sociales. Así, por ejemplo, la educación, los servicios sanitarios, y el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones estaban a cargo de la Iglesia católica (Rosas, 2012).

Ante la poderosa presencia eclesial en el espacio público, y en un clima de evidente tensión entre proyectos políticos disímiles, los partidarios del liberalismo consideraron que para consolidar un Estado fuerte era necesario que éste se condujera con autonomía respecto de otras instituciones, garantizando su supremacía por encima de ellas. Ese ideal se oficializó con la Constitución de 1857, en cuyo artículo 123 puede leerse que “Corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materias de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes” (Cámara de Diputados, s/f).

El liberalismo decimonónico subrayó la supremacía del Estado en relación con otras autoridades. Para asegurarse de que no hubiera cuestionamiento alguno sobre esto último, se incautaron los bienes de la Iglesia, se prohibió la obligatoriedad del diezmo, y los registros, escuelas y hospitales religiosos fueron sustituidos por instituciones cuya administración pasó a manos del Estado (Rosas, 2012).

A diferencia de otros contextos, como el estadounidense, donde la diversidad religiosa fue desde siempre una realidad social, en México el régimen de laicidad estuvo pensado para hacer frente al peso político de la Iglesia católica. Esto no significa que los miembros del Partido Liberal estuvieran en contra de la religión o del derecho a profesarla; el propio Benito Juárez se educó en un seminario católico y fue creyente hasta el fin de sus días (García, 2010). Empero, para quienes mantenían una lógica integrista, la separación entre Estado e Iglesia significó una afrenta directa al catolicismo, sus valores, y el orden social que había imperado por tres siglos. La Guerra de Reforma da cuenta del desfase entre laicidad y secularización en ese momento histórico; en otras palabras, la autonomía jurídica del Estado no se traduce en un cambio automático en los marcos de sentido a partir de los cuales se interpreta la realidad, o cuando menos no en todos los grupos sociales.

Desde entonces la autonomía estatal se mantiene incólume en su acepción legal.⁸ No obstante, los cambios políticos y sociales transcurridos en más de 160 años hacen cada vez más evidente la necesidad de repensar la laicidad en función de las condiciones actuales. En opinión de quien escribe estas líneas, las transformaciones más relevantes para el tema que aquí nos ocupa son tres:

• La pluralización confesional. A diferencia del siglo XIX, hoy no puede hablarse de un sistema de creencias único ni de una iglesia hegemónica. Es cierto que el catolicismo continúa siendo la adscripción religiosa más extendida, pues 77.7% de la población mexicana se identifica en esa categoría (INEGI, 2020). Sin embargo, desde la década de 1950 se ha observado un incremento acelerado de otras denominaciones, especialmente de raíz cristiana (INEGI, 2020). Esta tendencia parece ir al alza; aunque la Iglesia católica prevalece como un actor religioso relevante, no es ya el único que se manifiesta tanto en el campo social como en el político.

• La imposibilidad de establecer límites entre lo público y lo privado. El pensamiento liberal decimonónico partió de la premisa de que existe una división entre el espacio público, cuya regulación corresponde al Estado, y el privado, en el que los individuos adoptan decisiones libres y autónomas respecto de su propia vida (Breña, 2006). Sin embargo, la realidad social muestra que las fronteras entre ambas esferas son difíciles de definir. Piénsese, por ejemplo, en el caso de la educación que se discutía en un apartado previo. Los padres tienen el derecho de educar a sus hijos e hijas a partir de los valores que consideren pertinentes, puesto que el hogar pertenece a la esfera privada. Empero, ningún menor está aislado de la sociedad, sino que construyen relaciones con otras personas. De este modo, lo que se ha aprendido en la esfera privada termina por tener repercusiones también en la pública.

• La religión no es un fenómeno de carácter individual y privado. Puesto que las libertades se entienden a partir de un criterio de individualidad, es lógico que corresponde a los individuos decidir sus creencias y actuar de conformidad con ellas. Así, en un régimen laico tanto las convicciones religiosas como las prácticas que se les asocian corresponden exclusivamente a la esfera privada. No obstante, debe señalarse que la religión no se corresponde del todo con esa descripción.

Las religiones no son de ningún modo individuales; por el contrario, es precisamente la colectividad lo que les provee de significado y de un sentido de pertenencia (Durkheim, 2014). Por otro lado, parece ingenuo considerar que éstas se restringen al ámbito privado. De hecho, muchas de ellas tienen un proyecto social apoyado en la evangelización o en un compromiso por hacer el bien a partir de sus códigos de conducta. Por ese motivo, a ojos de quienes forman parte de un grupo religioso y mantienen una visión integrista en su participación en el espacio público no sólo es posible o deseable, sino absolutamente necesaria.

En este ensayo se argumenta que el régimen de laicidad en México se construyó a partir de un proyecto político que obedeció a los ideales del liberalismo, y que cumplió con el objetivo de lograr la autonomía estatal. Esa manera de entender la laicidad resultó funcional en el momento histórico en el que se originó, y continuó siéndolo durante varias décadas. Sin embargo, las transformaciones sociales aquí mencionadas son muestra de la necesidad de repensar qué se entiende por laicidad, qué implicaciones tiene para el Estado y para los grupos religiosos, y de qué modo habría de repercutir en la configuración del espacio público. A decir verdad, la autora de este trabajo no ha desarrollado una propuesta minuciosa que pudiera aportar a la sustitución de un régimen de laicidad por otro. Pero, ¿hay alguna apuesta de ese tipo en la administración gubernamental actual?

LAICIDAD, JUARISMO Y COOPERACIÓN CON LAS IGLESIAS. LA CONFUSA POSICIÓN DE LA 4T

El presidente López Obrador ha afirmado en repetidas ocasiones que guarda respeto por la figura de Benito Juárez, que se entiende a sí mismo como juarista y que defenderá el Estado laico (Barranco, 2019). A pesar de ello, ni sus declaraciones ni sus prácticas permiten entrever una definición clara de qué se entiende por laicidad o cómo se espera recuperar los ideales juaristas. En un intento por sistematizar las constantes contradicciones de las que se ha visto objeto el principio de laicidad en la 4T, esta sección se estructura a partir de los tres rubros esbozados en el acápite anterior.

La pluralización confesional

La diversificación religiosa en nuestro país no es un fenómeno nuevo; cifras oficiales muestran que la hegemonía del catolicismo comenzó a resquebrajarse desde la década de 1950, y a partir de entonces la pertenencia a otras iglesias ha experimentado un crecimiento sostenido (INEGI, 2020). Sin embargo, puede considerarse que la visibilización de tales grupos sí es relativamente reciente. Más allá de la edificación de templos, la asistencia a rituales, el uso de símbolos o el respeto a códigos de vestimenta que derivan de las convicciones espirituales, lo cierto es que algunas iglesias han tenido una mayor presencia mediática en los últimos años.

En un discurso pronunciado en octubre de 2019, el presidente de México se dirigió a un grupo de jóvenes para exhortarlos a ser tolerantes frente a la diversidad religiosa (Palacios, 2019). Aunque la tolerancia a ese tipo de pluralidad no se ha hecho una consigna explícita de su gobierno, ésta parece conducir sus prácticas tanto en lo discursivo como en lo político.

Sobre el primer rubro puede decirse que, a diferencia de quienes le precedieron,⁹ López Obrador ha tenido cuidado de no identificarse con una creencia en particular. Y si bien ha hecho saber que no existe contradicción entre su juarismo y su guadalupanismo¹⁰ (El Universal, 2017), discursivamente el presidente recurre con frecuencia a Dios y a Jesucristo, dos referentes compartidos por la mayoría de la población creyente. No hay manera de saber si las constantes menciones a dichas figuras constituyen una expresión real de sus convicciones o una estrategia comunicativa. Sea como fuere, las repetidas citas a la divinidad en actos públicos han causado polémica en algunos círculos políticos y académicos. Esto se debe a que la tajante separación entre Estado e Iglesia(s) en nuestro país se reflejó por varias décadas en una total ausencia de lo religioso en el discurso de la figura presidencial, especialmente en actos públicos.

Vicente Fox ya había roto con esa tradición política desde 2002 durante una visita del papa Juan Pablo II (Martínez, 2002). Sin embargo, el discurso del actual presidente resulta todavía más disruptivo en función de su naturalidad y de su recurrencia. Las interpretaciones al respecto están divididas. Hay quienes afirman que nombrar a Dios no va en detrimento de la laicidad porque no implica algún cambio institucional. Otras personas argumentan que se trata de un error inaceptable, pues no toda la población es creyente. Con independencia de la gravedad que se le asigne a esta práctica, es innegable que constituye una falta: en el artículo 40 Constitucional se establece que México es una república democrática, representativa, laica y federal (Salazar et al., 2017). Así pues, en su calidad de representante de Estado ningún presidente debería hacer referencias a símbolos o creencias dogmáticas, ya sean religiosas o seculares.

En opinión de quien escribe estas líneas, las referencias a la divinidad en el discurso presidencial son a todas luces inadecuadas. A pesar de ello, ése es quizás el punto menos preocupante en lo que al principio de laicidad se refiere. La diversidad religiosa se visibiliza también a través del contacto personal de López Obrador con varios grupos confesionales, y de su incorporación como parte del debate público mediante la Secretaría de Gobernación (Segob). Aquí no se pretende decir que las iglesias deben mantenerse al margen del desarrollo social, y mucho menos que sus aportaciones carezcan de valor. Sin embargo, la apuesta por resolver los grandes problemas nacionales a través de la cooperación con grupos religiosos supone varios problemas.

En primer lugar, el contacto con representantes de denominaciones religiosas ha sido más bien disparejo. Cuando menos mediáticamente se ha dado cabida, sobre todo, a miembros de la jerarquía católica y de una rama conservadora de organizaciones evangélicas, que esperan incidir en la agenda pública en torno a la así llamada protección de la vida, el matrimonio y la familia. De la primera resultó un compromiso del gobierno federal para apoyar los programas de “Escuelas de Perdón y Reconciliación” (Suárez, 2020), una cuestión totalmente incompatible con la laicidad estatal. De la segunda, un acuerdo para distribuir la Cartilla moral de Alfonso Reyes a través de las redes de Confraternice,¹¹ un grupo que aglutina a varias iglesias evangélicas conservadoras y cuyo representante, Arturo Farela, tiene un vínculo cercano con López Obrador. Habría que ver cómo se difunde y en qué términos se discuten los contenidos de este material, cuya selección generó en sí misma fuertes discusiones en torno a su pertinencia para impulsar la pacificación nacional a través de la moral.

A la inclusión selectiva de grupos religiosos se agrega una dificultad adicional; a saber, que la estrategia de reducción de la violencia se apoya en el compromiso asumido por las iglesias. Una vez más, aquí se reconoce el valor de las acciones emprendidas por los grupos religiosos en el ámbito social. Sin embargo, se considera también que ningún plan o política federal habría de considerar el sostén de las iglesias para su implementación: en ellas, tanto la autoridad como la responsabilidad son exclusivas del Estado.

La imposibilidad de establecer límites entre lo público y lo privado

En el acápite anterior se ha discutido que la laicidad en México no puede pensarse ya a través de una división artificial entre lo público y lo privado, pues ninguna persona se encuentra aislada de su entorno social. La relación entre ambos espacios parece fundamental para el proyecto de la 4T, y se vincula inextricablemente con la inclusión de las iglesias en el debate público, así como con su apoyo para llevar a cabo algunas de las estrategias impulsadas por el gobierno federal.

El razonamiento que sustenta dicha decisión puede formularse del siguiente modo: si lo que ocurre en el espacio privado tiene repercusiones en el público, entonces habría que incentivar ciertas prácticas en el primero para generar cambios favorables en el segundo. El argumento es lógico, y en principio no se contrapone con la laicidad ni con una administración pública adecuada. Empero, también en este punto pueden identificarse cuando menos dos inconvenientes.

Primero, que en aras de la laicidad y de los derechos reconocidos por la Constitución, el Estado no tiene injerencia en el espacio privado. En otras palabras, no hay modo de regular las acciones de los grupos religiosos, civiles o empresariales que han decidido brindar su apoyo a los proyectos de la actual administración. Respecto del tema que aquí nos ocupa, es indiscutible que las iglesias tienen derecho de operar sin ningún tipo de intervención estatal. Pero si éstas se encuentran dispuestas a contribuir con algunos programas gubernamentales, ¿deberían hacerlo con la misma libertad con la que practican y difunden su doctrina? La pregunta no es menor; se sabe, por ejemplo, que algunas instituciones religiosas se pronuncian en contra del divorcio, de la diversidad sexual y de los núcleos familiares conformados por padres del mismo sexo. Si una persona se acerca a uno de esos espacios para recibir información sobre la Cartilla moral o cualquier tipo de taller destinado a reducir la violencia, ¿se le orientará bajo los parámetros del gobierno federal o bajo los de la iglesia en cuestión? En el primer caso estaría obstaculizándose la libertad de los grupos religiosos para profesar sus creencias sin que el Estado intervenga; en el segundo, no hay manera de regular que la información recibida por la ciudadanía se ajuste al principio de laicidad. Sin una delimitación clara de los parámetros que habrían de guiar sus acciones, la apuesta por recurrir a las iglesias como coadyuvantes en algunos programas gubernamentales acarrea más problemas que beneficios.

La segunda debilidad en el proyecto de la 4T en relación con el vínculo entre lo público y lo privado consiste en asumir que los problemas colectivos pueden solucionarse a partir de acciones individuales. Un buen ejemplo de esta afirmación es el caso antes referido: la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la violencia son problemas estructurales, que no pueden resolverse a partir de un programa para moralizar a los individuos. Aquí se reconoce que las familias, las iglesias, las escuelas y cualquier tipo de organización de la sociedad civil pueden, sin duda, influir en la conducta (e incluso en la conciencia) de quienes pertenecen a ellas. Pero pensar que las soluciones dependen más de agentes individuales que del fortalecimiento de las instituciones, el diseño de políticas públicas o la aplicación de las leyes resulta francamente alarmante. Muy importantes los puntos mencionados.

Esta postura ha sido constante durante la presente administración, y abarca una amplia gama de problemáticas sociales. En julio de 2019, el presidente dirigió un mensaje a los delincuentes instándoles a “portarse bien, porque hacen sufrir a sus mamás”. Luego agregó que los actos que dañan al prójimo no son muestra de valentía, y que el buen comportamiento de la gente contribuyó en la resolución del problema del huachicol (El Universal, 2019). Ese mismo mes, el mandatario exhortó a los medios de comunicación a “portarse bien” y apoyar la transformación del país (Animal Político, 2019).

En marzo de 2020, cuando se declaró la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, López Obrador afirmó que para enfrentarla había que estar fuertes y, por tanto, evitar el desgaste mental que provocan las preocupaciones. Añadió también que para combatir la pandemia “el escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, el no permitir la corrupción” (Badillo, 2020). La apuesta por el buen comportamiento individual para combatir la pandemia se mantuvo por varios meses. Durante una conferencia celebrada a inicios de junio, el presidente hizo algunas recomendaciones sobre la sana alimentación y agregó que “[…] estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus” (Animal Político, 2020). El 13 de junio se publicó un decálogo de autoría del mandatario para incorporarse a la nueva normalidad; entre otras cosas, en éste se recomienda ser optimista, no dejarse llevar por el materialismo y aferrarse a un ideal o creencia, sea o no religiosa (Muñoz, 2020).

Aquí se suscribe que las acciones realizadas en el nivel individual y en el espacio privado tienen consecuencias para el ámbito colectivo en el espacio público. No obstante, se considera también que la administración gubernamental no habría de centrarse en ese recurso para dar solución a problemas que rebasan lo individual. En opinión de quien escribe estas reflexiones, apostar por el buen comportamiento personal resulta analíticamente ingenuo e irresponsable desde la perspectiva política; máxime si se toma en cuenta la feroz crítica del presidente en turno hacia el neoliberalismo y la disolución del Estado como rector del desarrollo nacional.

La religión no es un fenómeno de carácter individual y privado

A diferencia de sexenios anteriores, en los que se partió de la noción decimonónica de que la laicidad equivale a un confinamiento de lo religioso al ámbito privado, el proyecto de la 4T parece contemplar su carácter colectivo y público. Así, por ejemplo, desde la Segob se han hecho varios intentos por impulsar la inclusión y el respeto a la diversidad religiosa a través de espacios de diálogo incluyentes (Monroy, 2019).

Autores como Timothy Samuel, Alfred Stepan y Monica Duffy han sostenido que en un régimen democrático, el Estado debería garantizar la igualdad de condiciones para participar políticamente. Esa igualdad habría de incluir a personas y grupos religiosos, ya que forman parte tanto del sistema político como de la sociedad en la que éste opera (Samuel, Stepan y Duffy, 2012). Dicha consideración es razonable, y en principio apunta a la necesidad de repensar en el régimen de laicidad para adecuarlo a las condiciones actuales. Sin embargo, para el caso particular de nuestro país ese reto conlleva también algunas previsiones que no deben perderse de vista.

Abrir la posibilidad de que las iglesias participen políticamente en el espacio público hace necesario definir en qué asuntos pueden hacerlo, a partir de qué actividades y cuáles son los parámetros mínimos que habrían de conducir sus prácticas. Hasta ahora, ni el presidente de la república ni quienes componen la administración pública se han pronunciado al respecto.

En el momento en que se escribe este texto no se ha sugerido alguna modificación al sistema político para impulsar la participación de las iglesias a través de la vía partidista. Empero, no debe olvidarse que uno de los partidos que integraron la coalición por la que López Obrador participó en la contienda electoral es de raíz evangélica y de tendencia conservadora.¹² No existe ninguna prueba de que la agenda de la 4T en materia de política pública esté comprometida en función de los intereses de ese partido, y sería irresponsable afirmar tal cosa. A pesar de ello debe admitirse que, en la medida en que se permita la participación política de grupos religiosos, existe la posibilidad de que quienes entablan alianzas con éstos impulsen una agenda fundada en sus principios morales. Por ese motivo, aquí se sostiene que fortalecer las instituciones a partir del principio de laicidad resulta trascendente para garantizar los derechos de una ciudadanía plural.

Es viable que quienes establecen alianzas con grupos religiosos trasladen sus valores al ejercicio de sus funciones públicas. Pero es necesario considerar también la condición inversa; es decir, que las negociaciones con dichos grupos no estén fundadas en convicciones similares sino en un afán por generar capital político. En ese caso, se presentaría un uso instrumental de los símbolos o de las creencias de una parte de la población con el único objetivo de conseguir bases de apoyo. Aquí se propone que la instrumentalización de lo religioso en función de lo político conlleva una falta de respeto, pues demerita las creencias fundamentales de un grupo de personas.

No está demostrado que las adscripciones religiosas se reflejen en filiaciones políticas en México, y tampoco que quienes pertenecen a una iglesia en particular voten en bloque. Sin embargo, vale la pena reflexionar en torno a las posibles consecuencias de generar alianzas entre lo político y lo religioso.

Los ejes de análisis que se consideran en este apartado apuntan que en la 4T el principio de laicidad y el régimen que de éste deriva se conciben de forma innovadora. Conscientes de la pluralidad religiosa en México, de la imposibilidad de relegar creencias y prácticas confesionales al ámbito privado, y de la importancia que adquieren las iglesias en términos de cohesión social, quienes forman parte de la actual administración no se muestran reacios a que éstas participen en el espacio público.

No hay duda de que las condiciones políticas y sociales de nuestro país se han transformado visiblemente desde que el Estado adquirió autonomía respecto de la(s) Iglesia(s), y en ese sentido debe admitirse que el intento del gobierno federal por repensar el régimen de laicidad es atinado. Sin embargo, hasta ahora éste parece desarrollarse más por inercia que a partir de objetivos claros. En el momento en que se escribe este texto, ni el presidente de la república ni alguna otra autoridad han referido explícitamente qué se entiende por laicidad, y tampoco cómo se pretende reformularla. Como se discutirá en las reflexiones finales de este capítulo, la falta de definición en torno a un principio constitucional puede acarrear graves consecuencias para el modo en que se tejen las relaciones entre lo religioso y lo político.

REFLEXIONES FINALES

En este texto se ha procurado hacer una distinción entre secularización y laicidad, enfatizando que la heterogeneidad de la primera repercute en el modo de entender la segunda. Para el caso de México, ese desfase es visible desde que se instauró la separación entre Estado e Iglesia(s) y que perdura hasta la actualidad. En tanto que la laicidad es un principio jurídico, y no un proceso social, éste permea leyes e instituciones pero no puede modificar las prácticas de quienes forman parte de la población nacional.

Ahora bien, en nuestro país la laicidad se gestó como parte de un proyecto político en el que la Iglesia católica se concebía como un enemigo político capaz de disputar la autoridad del Estado. La realidad social ha cambiado ostensiblemente desde entonces; las iglesias se han multiplicado, y lejos de recluirse al espacio privado éstas son cada vez más visibles. A diferencia de algunos gobiernos que le precedieron, la 4T no parece considerar que esta situación sea problemática. Por el contrario, desde las instituciones públicas se ha procurado entablar el diálogo y tejer alianzas con las organizaciones religiosas; su importancia social se reconoce, e incluso se usa para satisfacer algunos de los objetivos estatales en términos de lo que el presidente ha llamado “reconstrucción del tejido social” (lópezobrador.org, 2018).

Más allá de las continuas referencias a la divinidad, el discurso presidencial se asemeja con frecuencia al de algunos líderes religiosos que identifican la pérdida de valores como la causa única del desorden social. En este capítulo se sostiene que la recurrente referencia a dicha explicación desvía la atención respecto de las múltiples causas reales del desgaste político y social en nuestro país. Asimismo, la apuesta por impulsar la moral y el buen comportamiento de los individuos deja de lado las vías potenciales para fortalecer las instituciones y garantizar el cumplimiento de las leyes.

De hecho, la fuerza de las iglesias no reside únicamente en su carácter espiritual sino en su capacidad para satisfacer necesidades ahí donde el Estado suele estar ausente. Un buen ejemplo de este argumento es el de Pueblo Creyente, una organización ciudadana que opera en Chiapas, brillantemente abordado en el trabajo de Enriqueta Lerma (2018). Aquí se reconoce la labor social de los grupos religiosos e incluso se celebra su visibilización por parte de las autoridades públicas. Sin embargo, de ninguna manera debería sustituir la presencia estatal y mucho menos reducir su responsabilidad.

La cooperación con las organizaciones religiosas en nuestro país supone un replanteamiento completo del régimen de laicidad tal como se ha pensado hasta ahora. Empero, ese reto constituye una labor titánica que habría de comenzar por definir qué es la laicidad y cómo repercute en las leyes, las instituciones y las relaciones del Estado con otros agentes políticos y sociales. Los primeros años de la 4T han dado mucho qué pensar respecto de la pertinencia de cooperar con las iglesias, en parte por un prejuicio históricamente fundado y, en parte, por la inclusión selectiva de organizaciones religiosas afines al presidente.

Aquí se propone que la necesidad de impulsar la socialización de valores cívicos a través del Estado es real; no obstante, éstos habrían de sujetarse precisamente al principio de laicidad y no a una moral particularista. Quien escribe estas líneas no duda de las buenas intenciones que dan forma al proyecto político que ostenta el poder actualmente. No obstante, ni el desarrollo nacional ni la inclusión social pueden alcanzarse mediante el buen comportamiento de los individuos, cuyas acciones individuales difícilmente trastocan las estructuras sociales.

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¹ Felipe Calderón Hinojosa, del PAN, resultó vencedor en las elecciones de 2006. Ante el estrecho margen que le separaba del presidente electo, López Obrador denunció fraude y lideró un plantón que bloqueó el Paseo de la Reforma durante 47 días. En 2012, la contienda dio la victoria a Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI.

² López Obrador llegó a la presidencia apoyado por la coalición Juntos haremos Historia, conformada por el Partido del Trabajo (PT), el Partido Encuentro Social (PES) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Este último se posicionó como la primera fuerza política en el nivel nacional.

³ El Instituto Federal Electoral se fundó en 1990, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En 2014, este organismo autónomo se transformó en el Instituto Nacional Electoral.

⁴ “La esperanza de México” es el lema oficial de Morena.

⁵ Vale la pena subrayar que estas cifras corresponden a los casos de los que se tiene registro. Empero, si se suman los que no se han denunciado es posible que las cifras asciendan de manera considerable.

⁶ Si se piensa en la Edad Media, por ejemplo, puede advertirse que el catolicismo permeaba prácticamente todas las actividades sociales: las monarquías se edificaron a partir del derecho divino; la autoridad papal fungía como mediadora de los intereses y alianzas entre los reinos; los códigos de conducta, incluyendo la clasificación de delitos, se definían a partir de la moral religiosa, y la producción artística se centraba en motivos de ese mismo orden.

⁷ El término “integrismo” se contrapone al de secularismo, y se usa para designar los esquemas que funcionan con la religión como centro de toda actividad humana, tanto en el nivel individual como en el colectivo.

⁸ Así como la secularización permea de manera diferenciada al sistema social, debe reconocerse que también el proceso de laicización es heterogéneo en las instituciones que se circunscriben al aparato estatal. El principio de laicidad es más tangible en la Constitución Política que en los códigos legales locales; y como discutiremos posteriormente, el hecho de que una institución sea laica no significa que todas las personas que la componen operan con una lógica secular.

⁹ Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox, sus tres antecesores inmediatos, se declararon católicos de manera abierta.

¹⁰ La Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso exclusivo del catolicismo.

¹¹ Confraternice es una asociación civil creada en 1996, integrada por asociaciones religiosas y civiles con un perfil cristiano evangélico. Es importante destacar que esta asociación no es representativa de todas las iglesias y creyentes evangélicos.

¹² El Partido Encuentro Social (PES) obtuvo su registro en 2014 y lo perdió tras las elecciones de 2018 a pesar de su alianza con el bloque Juntos haremos Historia. Su fundador, Hugo Éric Flores Cervantes, ha declarado que no es un partido religioso sino liberal; empero, varios de sus miembros más prominentes son cristianos y la agenda partidista defiende la vida y la familia en su acepción tradicional. De hecho, Flores ha expresado en diversas ocasiones la necesidad de impulsar candidatos con fuertes valores morales. Llama la atención el uso de la palabra “moral”, especialmente por sus declaraciones en torno al matrimonio homosexual (que calificó de “moda” en 2018), a la urgencia de promover el Pin Parental en México (con el objetivo de vetar los contenidos de educación sexual que padres y madres consideren inadecuado para sus hijos) y al tajante rechazo a la legalización del aborto (por considerarlo contrario al valor de la vida).

* Universidad Nacional Autónoma de México, Cátedra Extraordinaria “Benito Juárez” sobre Laicidad.

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