Primera edición, FCE Chile, 2022

Carneiro, Sarissa (coord.)

Poesía y censura en América virreinal. El proceso contra Arauco domado (Lima, 1596) de Pedro de Oña / coord. de Sarissa Carneiro. – Santiago de Chile : fce, 2022

225 p. ; 23 × 17 cm – (Colec. Lengua y Estudios Literarios)

ISBN 978-956-289-256-8

1. Poesía – Censura – América Latina – Época colonial 2. Literatura Latinoamericana – Crítica e interpretación – Época colonial I. Ser. II. t.

LC PN56 S742 Dewey 801.951 C133p

Distribución mundial para lengua española

Obra realizada con el apoyo de la Dirección de Artes y Cultura, Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

© Sarissa Carneiro

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Imagen de portada: Llulla layqha umu, hechiceros y brujos mentirosos, Guamán Poma de Ayala, Nueva corónica y buen gobierno (ca. 1615). Gl. kgl. S. 2232, 4° Det Kgl. Bibliotek, Copenhague.

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra —incluido el diseño tipográfico y de portada—,

sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito de los editores.

ISBN impreso: 978-956-289-256-8

ISBN digital: 978-956-289-257-5

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Índice

INTRODUCCIÓN

Poesía y censura en América virreinal: el caso del proceso contra Pedro de Oña Sarissa Carneiro Araujo

I. ESTUDIOS

“Un Argos, la justicia”: derecho y literatura en el juicio contra Arauco domado (Lima, 1596) de Pedro de Oña Raúl Marrero-Fente

El deán Pedro Muñiz de Medina, censor del Arauco domado Pedro M. Guibovich Pérez

La rebelión de las alcabalas en Quito: relatos en disputa Francisco Burdiles

La censura al Arauco domado, el caos quiteño y la problematicidad del mirador criollo José Antonio Mazzotti

El sueño de Quidora y la censura de Arauco domado Sarissa Carneiro Araujo

II. EDICIÓN

Proceso contra el licenciado Pedro de Oña, por componer un libro intitulado Arauco domado, y contra sus impresores Manuel Contreras Seitz

SOBRE LOS AUTORES

Agradecimientos

Este libro se realizó con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, a través del financiamiento de dos proyectos de investigación en cuyo seno se inscribió la coordinación de este volumen (fondecyt Regular nº 1180587 y fondecyt Regular nº 1210829). Asimismo, la publicación se hizo posible gracias al Concurso de Artes y Cultura 2021 de la Dirección de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su concreción se vio favorecida, además, por el interés de Rafael López Giral, director de Fondo de Cultura Económica, sede Chile. Por último, nada de ello habría prosperado de no haber contado desde el comienzo con el entusiasmo y la generosidad de los colegas que colaboraron en este volumen. A todos ellos, mi profunda gratitud.

S.C.

Introducción

Poesía y censura en América virreinal: el caso del proceso contra Pedro de Oña

Sarissa Carneiro Araujo

Pontificia Universidad Católica de Chile

El 3 de mayo de 1596 se leyó en la Catedral de Lima y en otras iglesias donde había “concurso de gente” un mandamiento firmado por el doctor Pedro Muñiz, deán de la catedral, provisor y vicario general de la Ciudad de los Reyes, que ordenaba a todas las personas, eclesiásticas o seglares, de cualquier estado, calidad y condición, traer ante él los ejemplares que tuvieran del poema épico Arauco domado, impreso hacía poco en los talleres de Antonio Ricardo, primer impresor del virreinato del Perú.1 En el entretanto, se prohibía la lectura del poema so pena de excomunión ipso facto incurrenda,2 con absolución reservada al mismo Muñiz:

mando a todas y cualesquier personas eclesiásticas y seglares, de cualquier estado, calidad y condición que sean, que dentro de tres días primeros siguientes del de la publicación deste mi mandamiento […] exsiban e traigan ante mí los dichos libros intitulados “Arauco Domado”, y en el entretanto no los lean, lo cual ansí hagan y cumplan so pena de escomunión mayor late sentencia iso fato incurrenda, cuya absolución en mí reservo.3

Con ello, el vicario respondía a la acusación que los regidores de Quito habían hecho días antes contra Pedro de Oña por imprimir un libro “en el cual por particulares fines e intereses, en grande daño, inominia y afrenta de la dicha ciudad y del cabildo y vecinos della, dice que la dicha ciudad fue traidora y rebelde a Su Majestad”.4 Los demandantes, que habían pedido la confiscación de todos los impresos y la quema del original, veían que se acercaban a conseguir lo primero con el apoyo del deán. De todos modos, no satisfechos, presentaron al día siguiente una nueva solicitud demandando recoger el libro de Oña también en otras ciudades americanas.

Este libro busca aportar a los estudios sobre la censura en América colonial a partir del examen de este caso particular: el proceso llevado a cabo contra el licenciado criollo Pedro de Oña y sus impresores por componer y publicar el Arauco domado. Los capítulos que integran este volumen, así como la edición filológica y anotada del expediente completo conservado en el Archivo de Indias, intentan no solo ahondar en diversos aspectos de este proceso, sino darle rostros, circunstancias y afectos a las complejas tramas que lo movieron.

Nos anima, por tanto, esa “pasión por el detalle revelador”, como llamó Carlo Ginzburg a “la idea de que un caso, analizado en profundidad, podría revelar algo que un tratamiento de carácter general no sería capaz de recoger”.5 Se trata, como señala el historiador italiano, no solo de reconstruir lo más minuciosamente posible las vicisitudes procesuales sino de intentar descifrar ese “ruido de fondo”: las expectativas, esperanzas y temores de los actores involucrados,6 en nuestro caso, los afanes e intereses del poeta criollo y sus impresores, de los vecinos de las ciudades de Quito y Lima, del vicario general como censor del libro, del virrey saliente como mecenas y héroe de la obra, de los indígenas americanos como personajes y potenciales receptores de esta, entre otros.

Semejante ejercicio de reconstrucción y desciframiento supone asumir –seguimos citando a Ginzburg– el desafío que entraña la distancia cronológica y cultural, la que obliga a indagar en las hipótesis, conocimientos y preconceptos de los actores del proceso, sin perder de vista nuestros propios conocimientos y presupuestos.7 A ello se encaminan, en este libro, las diversas consideraciones que, desde el ámbito del derecho, de la historia, de los estudios literarios y de la filología, intentan reconstruir y aquilatar el proceso contra Oña. A través del diálogo y conjunción de estas y otras disciplinas intentamos infiltrar en las actas procesuales el fragor de la polémica, la efervescencia y el impacto que tuvieron en su momento.

Por otro lado, nuestro estudio busca no solo explorar las condiciones particulares de un caso que arroja luces al problema general de la censura en América colonial, sino que plantear un modo de leer en el cual la lectura se hace, como señaló Valeria Añón, “recreación de escenas de archivo”, vale decir, recreación del ingente universo de “lecturas, tachaduras, escrituras y polémicas”, de las tensiones entre “inscripción, memoria y palabra”, de las disputas por la enunciación y espesa “trama de interpolaciones, supresiones y silencios” que articulan a la mayor parte de nuestros textos coloniales. En el caso del proceso contra Oña, planteamos que la lectura cruzada del poema con su censura y con otros textos y documentos permite dar cuenta de las intersecciones donde confluyen, se condicionan y repelen los horizontes de los diversos actores, a modo de microcosmos de la sociedad virreinal de fines del siglo xvi.

Este modo de leer “recreando escenas de archivo” incrementa el espesor de un texto ya en sí mismo dilatado por las múltiples relaciones intertextuales que establece con la tradición poética que imita y emula. Aunar estas operaciones de lectura permite abordar un texto como Arauco domado desde perspectivas tanto sincrónicas como diacrónicas, vale decir, desde los ricos entramados de la imitatio –que transpone y transforma el legado poético europeo en el Nuevo Mundo– y desde las dinámicas de “tachaduras y polémicas” que marcaron a la escritura y su primera legibilidad. Enlazadas, estas perspectivas se muestran necesarias para dar cuenta de obras que reunieron múltiples y aun dispares funciones sociales. En el caso de Arauco domado, el poema es simultáneamente puerta de entrada del joven poeta Pedro de Oña al parnaso de los ingenios americanos; pieza clave en la empresa de autopromoción de García Hurtado de Mendoza; “libelo infamatorio” que mermaba la reputación de los rebelados vecinos de Quito y Lima; objetivo de los dardos censorios del vicario general y perfecta ocasión para un ajuste de cuentas entre el virrey saliente y el arzobispo Mogrovejo.

Examinar esta particular “escena de archivo” significa, en suma, observar la circulación y el impacto de una obra como la de Oña en los planos político, jurídico, moral y teológico, y al mismo tiempo estimar la dimensión propiamente poética del texto a la luz de los entramados que esos planos revelan.

Durante el siglo xvi la censura de libros fue, en palabras de María José Vega, una forma de “limitar y eliminar el disenso, como un instrumento de control social y de creación de convicciones, y como un medio de acceder a las conciencias de los individuos a través de la intervención en la textualidad”.8 En su origen, el fin primario de la actividad censoria fue la erradicación de la herejía, sin embargo, por extensión, toda forma de disenso motivó el control y la vigilancia de lo impreso. En el caso de los libros de invención y entretenimiento que no versaban sobre asuntos religiosos, tal como señala Vega, su interdicción partía del “reconocimiento explícito de la relevancia de las ficciones para la vida religiosa y política”.9

En América, este supuesto llevó a la conocida prohibición de pasar a Indias “libros de romance, de materias profanas y fábulas”. La primera cédula de 1531, firmada por la reina, fue sucedida por una serie de cédulas similares que justificaban la medida en los siguientes términos:

porque los Indios que supieren leer, dándose a ellos, dexarán los libros de sancta y buena doctrina, y leyendo los de mentirosas historias, deprenderán en ellos malas costumbres y vicios: y demás desto de que sepan que aquellos libros de historias vanas han sido compuestos sin auer passado ansí, podría ser que perdiessen el autoridad y crédito de la Sagrada Escriptura, y otros libros de Doctores, creyendo como gente no arraygada en la fee, que todos nuestros libros eran de una autoridad y manera.10

El control de la importación de obras de ficción hacia el Nuevo Mundo se basaba, por tanto, en la condición religiosa de los indígenas americanos. Como bien observó Juan Carlos Estenssoro, sobre el “indio” caía (en cuanto cristiano nuevo) la misma sospecha que sobre el judío o el morisco converso, “la de traicionar la fe, ceder a la religión a la que tiende por la sangre, convirtiéndose en un excluido o devolviéndolo […] al punto cero de su integración social”.11 La categoría “indio” dilataba, de ese modo, la asimilación de los indígenas a la sociedad cristiana, sin otorgarles nunca el estatuto de plenamente convertidos, perennizando el momento previo a su incorporación.12

Desde el estudio de Irving Leonard, diversos autores han demostrado, sin embargo, que la aplicación de estas restricciones fue muy exigua.13 Apoyado en extensa documentación sobre el comercio de libros entre España y América, Leonard llegó a la conclusión de que grandes cantidades de libros de todos los géneros literarios circularon por el Nuevo Mundo. Según el autor, la legislación que prohibía el envío de géneros fabulosos a Indias fue letra muerta a causa del descuido o de la corrupción de los funcionarios de la corona.14

Al mismo tiempo, otra clase de libros también mereció especial control en lo que refiere a su circulación en América. No se trataba, en este caso, de libros peligrosos para la fe, sino de textos controversiales que tocaban, como señala Pedro Guibovich, “candentes problemas americanos”, obras que referían a aspectos de la conquista, como la justicia de la guerra, los derechos de los conquistadores, la encomienda de los indios, entre otros.15 Hacia este tipo de libros se dirigían, especialmente, las cédulas que prohibían la impresión y venta de textos sobre América sin licencia del Consejo de Indias.16 Como advierte Guibovich, “el propósito era no divulgar, en lo posible, datos sobre cualquier cuestión importante que atañía a los intereses del Imperio Español en América” y también “velar por la quietud interior de las colonias y suprimir los libros que podrían suscitar críticas y discusiones en pro o en contra de los escabrosos problemas americanos”.17

Un ejemplo notable de esto fue la Historia del Perú (1571) de Diego Hernández, llamado el Palentino. Su narración de las rebeliones de los encomenderos en contra de las Leyes Nuevas en el virreinato peruano dio lugar a la protesta de parte de las élites coloniales y a la prohibición de enviar ejemplares a América según cédula real fechada en 1572.18 Algo similar sucedió con Repúblicas del mundo (1575) del fraile agustino Jerónimo Román, obra que el Consejo de Indias propuso a Felipe ii que fuera recogida porque trataba “muchas cosas en deshonor de los primeros conquistadores”.19

La censura a posteriori del Arauco domado buscó instalar la obra de Pedro de Oña en ambos universos de vigilancia. Por un lado, lo que gatilló todo el proceso, es decir, la acusación de los regidores de Quito, se fundamentaba en claras razones políticas, en la línea de la censura de la obra de Diego Hernández. La poetización de la rebelión de las alcabalas en la pluma del criollo resultaba, en efecto, tanto o más controversial que los textos arriba mencionados, con el agravante de que tocaba un capítulo de la historia virreinal todavía muy reciente. Por otro lado, la censura del deán Muñiz añadió a las razones políticas motivos de tipo religioso concordantes con las prevenciones que habían llevado a la prohibición de traer libros fabulosos a Indias. Según Muñiz, la cura milagrosa de Talguén efectuada por Lautaro podría espolear la idolatría de los indígenas que ya “hoy día tiene ciegos a muchos dellos”,20 y la atribución de capacidades proféticas a la araucana Quidora podría parecer “verdad” a los indios y mestizos, gente “de tan flaco entendimiento” como “los rústicos” de España, que le dan crédito a cualquier obra impresa.21

El carácter controversial del poema de Oña parece haber sido percibido por el poeta o, más probablemente, por algunos de sus primeros lectores (quizás amigos y buenos consejeros), puesto que, a modo de autocensura, algunos ejemplares de la edición de 1596 suavizaban el texto en lo referido a la participación eclesiástica en la rebelión. Significativas variantes introducidas por el poeta en el proceso de impresión de la obra son:

Kk4r – XV, 81, 6-7 | Metiendose el bonete y lacuculla / a confirmar suslocos desatinos | Y entrando algunos canos ala bulla / autorizauan estosdesatinos
Mm2r – XVI, 60, 2 | sacerdotes | de la Toga
Mm2r – XVI, 61 | Y sus prelados mismos dauan orden / (auiendose entendido conuenia) / que el que tuuiesse cargo, o prelacia, / quedasse solo subdito en su orden; / y aun por el mal exemplo, y gran desorden, / que en otros mas castigo merecia, / por ser los que atizauan a la guerra, / eran echados luego de la tierra. | Que quando ya vna vez pierde la rienda, / en el demas razon, el appetito, / querello detener, es infinito, / y mas si tiene ya metida prenda: /mas el Marques en esto puso enmienda / haziendolos echar luego de Quito, / para que no siruiessen sus razones, / al encendido fuego, de tizones.22

Modificaciones insuficientes, en todo caso, no solo para aplacar la indignación de los difamados vecinos de Quito y Lima, sino también para evitar que el proceso contra Pedro de Oña se convirtiera en un ajuste de cuentas entre el virrey García Hurtado de Mendoza (iii marqués de Cañete) y el arzobispo Toribio de Mogrovejo. Huérfano de padre, el poeta nacido en Chile había gozado de especial favor por parte del virrey. Becado por el marqués para estudiar en el colegio de San Felipe y San Marcos en Lima, la composición del Arauco domado culminaba una larga relación de protección y mecenazgo. El expediente da cuenta del esmero puesto por el marqués en la composición y publicación del poema: el virrey había proporcionado las fuentes (orales y escritas) que guiaron la narración de pasajes como la rebelión de las alcabalas, había tramitado con urgencia las licencias necesarias para la impresión del libro y llevado sesenta ejemplares del poema al abandonar el virreinato. La partida de don García coincidiendo con la publicación del Arauco domado trajo consecuencias quizás inesperadas para el joven poeta.23 Contra él se lanzarían no solo los criollos antes rebelados sino también las máximas autoridades eclesiásticas del virreinato, por medio de la participación de Pedro Muñiz en el proceso.

En consecuencia, la censura a posteriori del Arauco domado da cuenta tanto de las interdicciones impuestas a la circulación de ciertas obras en América como del relieve que en ellas alcanzaron las disputas entre los poderes civiles y eclesiásticos locales y los representantes de la corona, principalmente el virrey como alter ego del monarca en América. Es posible afirmar, por tanto, que en casos como el proceso contra Pedro de Oña se jugaba no solo la intervención de la corona y de la Iglesia en el control de lo impreso en América, sino el consabido choque entre las reclamaciones de las élites coloniales y los intereses de la administración metropolitana que, como bien observó Pilar Latasa, “no dejó de ver con recelo el afianzamiento social y económico de dicho grupo”.24

Retrato de Pedro de Oña incluido en la edición de Arauco domado (Lima, 1596).

Los estudios que conforman este volumen abordan distintas aristas jurídicas, políticas, teológico-morales y poéticas que surgen de la lectura cruzada del expediente con otros textos y documentos de la época, con el poema mismo y con otros poemas antiguos y modernos emulados por Oña.

El capítulo de Raúl Marrero-Fente explica detalladamente cada uno de los pasos del proceso contra Pedro de Oña tal como aparecen anotados en el expediente aquí editado. El autor aclara, por ejemplo, las razones detrás de los recursos jurídicos empleados por los demandantes, el carácter de los delitos de que acusan a Oña (un “delito público grave”, la “ignominia, daño y afrenta” a la ciudad de Quito, y un delito de implicaciones religiosas, la calumnia, fruto de la “mentira perniciosa”), y las condiciones que permitieron la presentación de demandas tanto a la jurisdicción real como a la canónica.

Marrero-Fente puntualiza, sobre todo, las características de la figura delictiva que los regidores de Quito aplican al poema de Oña, la de “libelo infamatorio”. En cuanto escrito cuya finalidad era causar infamia notable, se consideraba el libelo difamatorio un crimen grave que debía ser penado con rigor, y un pecado mortal de “caso reservado”. Esto último incide en la preeminencia que ejercerá la jurisdicción eclesiástica en este caso, con la intervención de Pedro Muñiz, provisor y vicario general de Lima.

De especial importancia son las consecuencias sociales que la infamia tenía tanto para los quiteños como para el poeta. Como explica Marrero-Fente a partir de varias fuentes jurídicas, la deshonra causada por la infamia afectaba para siempre a los acusados de “desleales”, dado que la reputación se resentía de modo irreparable con la circulación de rumores. A su vez, de ser hallado culpable, el poeta se convertía en calumniador, es decir, infame de por vida en la figura jurídica del infamado de derecho.

Muy interesante, asimismo, es la conclusión que extrae Marrero-Fente de un pasaje final del expediente que señala que los oidores de la Audiencia se “hallaron” con el virrey en octubre de 1596 (f. 45r). Para el autor esto implica que, a pesar de la intervención privilegiada del tribunal eclesiástico, prevaleció la justicia secular por medio de un “allanamiento” logrado por el virrey Velasco en favor de Oña. Marrero-Fente estima que gracias a la intervención del virrey se habrían eliminado todas las sanciones contra el poeta.

A continuación, el capítulo de Pedro Guibovich Pérez ahonda en un actor clave en todo el proceso: Pedro Muñiz de Medina. El capítulo explica las complejas razones que llevaron a Muñiz (y no a la Inquisición) a actuar en contra del Arauco domado. Entre otros aspectos, Guibovich refiere a las relaciones que Muñiz mantenía con el poder virreinal al alero de una carrera eclesiástica que le había permitido una importante promoción social. Luego de ser nombrado arcediano del cabildo eclesiástico de Cuzco (1581) e integrar un círculo de influencia en torno al virrey conde de Villardompardo (1585), este último lo hizo rector de la Universidad de San Marcos junto a Esteban Marañón (nombramiento no exento de polémica) y recomendó su nombre al rey para ocupar una prebenda en la catedral de Lima (1587). El favor del virrey se hizo notar en el nombramiento de Muñiz como deán del cabildo catedralicio. En ese contexto Muñiz ejerció, además, como provisor y vicario general con motivo de las largas ausencias del arzobispo Toribio de Mogrovejo.

Otro antecedente determinante para la participación de Muñiz en el proceso contra Oña remonta a los conflictos entre el arzobispo Mogrovejo y el virrey García Hurtado de Mendoza, asunto en el cual también profundiza Guibovich. Las duras críticas del virrey al gobierno y al comportamiento del arzobispo tuvieron como consecuencia indirecta la censura de Pedro de Oña, una vez concluido el gobierno del marqués. Quizá por ello Muñiz haya intervenido en el proceso aun sin tener propiamente competencia para actuar como censor. Guibovich advierte que, conforme a las disposiciones de Trento y a la Pragmática de 1558, Muñiz no podía actuar contra Arauco domado pues no era una obra de carácter religioso y su licencia de impresión era potestad más bien de los representantes de la corona. El campo de acción del vicario se limitaba a la confiscación de libros reprobados o sospechosos en bibliotecas y tiendas de libros. Para actuar contraviniendo la ley, Muñiz tenía, sin embargo, razones poderosas, según observa Guibovich: defender a su antiguo protector, el virrey conde de Villardompardo y menoscabar la reputación de García Hurtado de Mendoza.

Este caso muestra, por tanto, que la legislación vinculada al control y vigilancia de lo impreso no solo tuvo una aplicación muy relativa, sino que se prestó a interpretaciones y ajustes antojadizos en función de los conflictos de poder en los virreinatos americanos. En palabras de Guibovich, la confiscación del Arauco domado de Pedro de Oña pone de manifiesto no solo los recelos hacia la palabra impresa, sino la posibilidad de que una obra como esa fuera una “suerte de chivo expiatorio de conflictos existentes al interior de las elites coloniales”.

Tales conflictos de poder se materializaron, en buena medida, en una disputa por la representación. En lo que refiere a la rebelión de las alcabalas (1592-1593), un nutrido conjunto de textos y documentos muestra la afanosa sucesión de versiones que intentaron señorear el disputado terreno de la verdad histórica. El capítulo de Francisco Burdiles aborda este asunto, contextualizándolo en el ámbito de las crisis y rebeliones que tuvieron lugar en distintos puntos de América durante la segunda mitad del siglo xvi.

Burdiles da cuenta de una situación de notable importancia para comprender el ímpetu que tuvo la persecución a la obra de Oña: a pesar de decretado, desde julio de 1593, un perdón general a la ciudad de Quito, hacia la fecha de publicación del Arauco domado permanecían las hostilidades derivadas de la rebelión. En ese sentido, el proceso contra la obra de Oña pudo haber buscado no solo frenar la circulación del libro sino también obligar a los oidores a tomar una postura sobre lo ocurrido durante la crisis. La coincidencia en la fecha de aparición de la obra de Oña y la llegada de un nuevo virrey al Perú reforzaba la urgencia en confiscar un poema que recordaba la deslealtad de los quiteños en pleno escenario de reordenamiento de cargos de gobierno y administración.

A partir del examen pormenorizado de varias fuentes, Burdiles muestra que las versiones discrepan incluso en el caso de los documentos promovidos por el mismo García Hurtado de Mendoza. Entre otras diferencias, son significativas las que apuntan a rebajar o a encarecer la responsabilidad de la audiencia o del cabildo y los vecinos, así como el protagonismo de Pedro de Arana o de Esteban de Marañón, variaciones que el autor explica como fruto de los acomodos a los diversos escenarios de gobierno del marqués de Cañete entre 1593 y 1596. Específicas circunstancias políticas habrían hecho transitar desde la proliferación de relaciones a un conveniente silencio y desde este a la fijación épica en la pluma de Oña.

Archivo General de Indias, Escribanía de Cámara, Legajo 500 de Pleitos de Lima.

El estudio del expediente permite, asimismo, renovar la lectura del poema a la luz de las dimensiones jurídicas, políticas y teológico-morales ya mencionadas. A ello se abocan los capítulos de José Antonio Mazzotti y de Sarissa Carneiro. En el primero, se menciona la cuestión de las variantes textuales atestiguadas en distintos ejemplares de la edición de 1596. En diálogo con las aportaciones de otros autores a este tema, Mazzotti destaca la idea de que los cambios efectuados por Oña buscaron disminuir el ataque al clero al reducir su participación en la rebelión. Estos cambios –significativos en sí mismos– permiten observar, sin embargo, que las más duras octavas del poema en contra de los rebelados quiteños se mantuvieron sin modificaciones.

Ahora bien, en su análisis de estos pasajes de Arauco domado, Mazzotti discrepa de la crítica que ha visto en la postura de Oña un explícito alineamiento político de adulonería al poder real. Por el contrario, postula que en estos fragmentos se captan “ángulos de subjetividad que muy sutilmente descentran los paradigmas absolutos de identidad y de estabilidad ontológica”. El autor muestra que en la focalización del poema se establece una simpatía oculta hacia los encomenderos beneméritos y sus descendientes criollos, así como una solidaridad afectiva con el dolor de mujeres y niños quiteños.

El análisis de las relaciones intertextuales que el poema establece con otras obras en lo que refiere a la imagen del caos cósmico lleva a Mazzotti a preguntarse si el llanto de Quidora podría ser leído incluso como un “eco transfigurado” de la voz del poeta “que no encuentra una base social integradora en el orden imperial que oficialmente defiende”. Dimensiones poéticas y lingüísticas del texto, como la “octava impedida” o los numerosos términos indígenas incorporados, darían cuenta, asimismo, de la complejidad de una obra cruzada por los contrastes no solo del posicionamiento criollo sino del universo social que compone el virreinato. El capítulo concluye con algunas comparaciones entre Pedro de Oña y otros criollos de primera generación en la Nueva España, como Juan Suárez de Peralta, Francisco de Terrazas, Antonio de Saavedra Guzmán y Baltasar Dorantes de Carranza.

Por su parte, el estudio de Sarissa Carneiro se centra en el artificio poético del sueño de Quidora y sus connotaciones teológico-políticas, literarias y artísticas. En primer lugar, el capítulo desbroza los presupuestos que sustentaron la censura de Muñiz en lo que refiere a los fragmentos de la aparición de Lautaro, la cura de Talguén y el sueño profético de Quidora, meollos de la censura doctrinal del poema. La interdicción que el deán manifiesta respecto de esos fragmentos se fundamentaba, sobre todo, en su potencial incentivo a la idolatría. En ese sentido, Muñiz se alineaba a los presupuestos que llevaron a la prohibición de importar libros fabulosos y profanos a América, o a la censura de historias cuyo detalle en la descripción de prácticas idolátricas prehispánicas afectaría el proceso de evangelización de los indígenas.

En el caso específico del recurso onírico, las sospechas levantadas por Muñiz se vinculaban, además, a las prevenciones que pesaban en el siglo xvi sobre los sueños proféticos, suspicacias que se redoblaban en el caso de los sueños de indígenas, objeto de máximo control dada la persistencia de las prácticas adivinatorias autóctonas. Carneiro plantea que, a pesar de los riesgos que entrañaba la idea de atribuir un sueño profético a una mujer araucana, Oña recurrió al artificio onírico en busca de la maleabilidad que este le proveía para narrar acontecimientos tan controversiales como la rebelión de las alcabalas. En cuanto “sueño de Quidora”, la narración difuminaba (convenientemente) las fronteras entre lo real y lo onírico, lo claro y lo confuso, a la vez que satisfacía los deberes del mecenazgo al brindarle una pátina profética a la actuación del virrey.

El capítulo analiza, además, las diversas tradiciones literarias y artísticas invocadas por Oña en la figura de Quidora: los atributos propios de la ninfa o pastora durmiente tal como se describe en obras como Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna o Los siete libros de la Diana de Jorge de Montemayor; la imagen de Paris durmiendo, motivo de notable relevancia artística y política en el siglo xvi; la dimensión oracular de las ninfas, tal como se presenta en textos como la Arcadia de Sannanzaro, la Égloga II de Garcilaso y Os Lusíadas de Luis de Camões, entre otros. La autora destaca que este denso entramado de relaciones imitativas permite observar con aun mayor nitidez el carácter provocador o “escandaloso” (en el término de Muñiz) del sueño de Quidora. El ropaje literario y artístico con que Oña reviste a Quidora como pastora y ninfa no borra su condición de araucana convertida en legítima transmisora de la revelación profética que encomia a don García.

Por último, la edición integral del expediente conservado en el Archivo de Indias a cargo del filólogo Manuel Contreras Seitz no solo corrige numerosos errores de la única transcripción publicada hasta la fecha (la de José Toribio Medina, Biblioteca hispano-chilena, 1897), sino que vuelve a poner en circulación un texto de gran importancia para el archivo colonial. La edición sigue los parámetros empleados en la colección Biblioteca Antigua Chilena en lo que refiere a la estandarización grafémica, derivada del análisis fónico del manuscrito, así como a la regularización de los aspectos morfológicos, sintácticos y ortográficos. Una serie de notas muy cuidadas favorecen, además, la plena comprensión del proceso por parte del lector contemporáneo.

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I. Estudios

“Un Argos, la justicia”: derecho y literatura en el juicio contra Arauco domado (Lima, 1596) de Pedro de Oña*

Raúl Marrero-Fente

University of Minnesota

El 24 de abril de 1596 el Capitán Antonio Morán, Capitán Miguel de Sandoval, Martín de Aizaga, el Capitán Pedro de Castro y Miguel de Aguirre “vecinos y regidores de la ciudad de San Francisco de Quito”26 presentan ante la Real Audiencia y Chancillería de la Ciudad de los Reyes del Perú una querella27 contra el licenciado Pedro de Oña, autor del poema épico Arauco domado. La Audiencia de Lima, creada en 1543, era la máxima corte de justicia en el Virreinato del Perú y tenía funciones judiciales y de gobierno. Estaba presidida por el Virrey y la integraban oidores, alcaldes de corte, fiscales, un alguacil mayor y un teniente de Gran Canciller.28 En la época del juicio de Oña actuaban como oidores Alonso Criado de Castilla,29 Diego Núñez de Avendaño,30 Juan Fernández de Boán,31 Juan Fernández de Recalde32 y Juan Velázquez de Espina.33 Era alcalde de corte el licenciado Juan de Villela.34

En su alegato los regidores aluden al recurso “prestamos voz e caución de rato”, institución del derecho romano denominada caución de rato et grato que permite a los demandantes asumir responsabilidad a título personal de las obligaciones del proceso. Este recurso ofrecía una mayor flexibilidad para actuar contra Oña en diferentes litigios. Quizás de esta manera querían dejar abiertas las puertas a otros fueros de competencia, como el canónico, al no confiar en la actuación de la Real Audiencia. Una desconfianza motivada en el hecho de que el libro de Oña fue aprobado por el Virrey García Hurtado de Mendoza –quien, hasta su partida del Perú, unas semanas antes, presidió la misma– y por Juan de Villela, alcalde de corte de la Audiencia de Lima, razón por la cual los magistrados limeños estarían poco inclinados a actuar en este caso.

La acusación señalaba que Pedro de Oña era autor de un libro titulado Arauco domado en el que “en grande daño, inominia y afrenta de la dicha ciudad y del cabildo y vecinos della, dice que la dicha ciudad fue traidora y rebelde a Su Majestad”. Una vez recibida la demanda, la Real Audiencia ordena un dictamen sobre el caso como se lee en una nota al margen derecho del expediente: “proveyó el Audiencia que se lleve un libro al licenciado Espina para que le vea y visto se proverá justicia”. El licenciado Espina era Juan Velázquez de Espina, natural de Palencia y alumno del famoso Colegio de Santa Cruz de Valladolid, que desempeñaba las funciones de oidor de la Audiencia de Lima desde 1586.

En el siglo xvi por Derecho se entendía el derecho propio y el derecho común. El derecho propio estaba compuesto por el derecho Real (pragmáticas, leyes, compilaciones dictadas por la Monarquía), el derecho local y la costumbre de los pueblos de España. Mientras que el segundo era una tradición milenaria del ámbito europeo que bajo el nombre de derecho común incluía el Corpus Iuris Civilis (compilación de textos de derecho romano de la época del emperador Justiniano), y el Corpus Iuris Canonici (compilación de textos dispersos de la Iglesia Católica Romana, en el llamado Decreto de Graciano). A esto se suman la labor de interpretación de los glosadores y comentaristas, que darán lugar a la denominada opinión común de los doctores o doctrina de los juristas.

Para entender los fundamentos legales de la acusación contra Pedro de Oña es necesario tener en cuenta la importancia de la teología moral católica en el siglo xvi y cómo estos valores se expresaron en la doctrina jurídica penal de la Monarquía católica. Estos valores según Carlos Garriga se manifiestan de tres maneras. En primer lugar, en la preeminencia de la religión católica; en segundo lugar, en un orden jurídico pluralista; y, en tercer lugar, en el casuismo.35 Como señala José de la Puente Brunke: “La justicia era un valor absoluto y cierto, propio de un orden creado por Dios, y que no podía ser alterado por la voluntad del hombre. Sin embargo, el decir la justicia constituía una labor envuelta en un alto grado de incertidumbre, y estaba solo garantizada por las virtudes personales del juez”.36 La doctrina jurídica penal del siglo xvi comprendía en primer lugar el orden jurídico del ius proprium –la norma jurídica y su interpretación por medio del arbitrio judicial– y después, supletoriamente, el ius commune, matizado por la qualitas delicti, es decir la valoración del delito.37 Por valoración del delito se entendía “el arbitrio del juez” el cual “hacía que adquiriera más fuerza la interpretación judicial, frente al valor normativo de los preceptos generales”.38

Sirve como ejemplo de esta “justicia de jueces y no de leyes” –según la afortunada expresión de Carlos Garriga39– un texto como el famoso Cursus Iuris Canonici de Pedro Murillo Velarde, obra que “se sustenta en el derecho romano clásico, el derecho canónico, el derecho real indiano y castellano, la doctrina de los autores, la tratadística gubernativa y judicial indiana y, en menor medida, la costumbre”.40 La doctrina del Derecho Penal clasificaba los delitos –según la eficacia procesal– en públicos y privados, y de acuerdo con la determinación de la gravedad, en leves, graves y atroces.41 Los regidores acusan a Oña de un delito público grave (“grande daño, inominia y afrenta de la dicha ciudad”) porque su libro ataca al Cabildo y a los vecinos de Quito. También lo acusan de mentir, delito con implicaciones religiosas. Así, Pedro Murillo Velarde en el Cursus Iuris Canonici define la calumnia como “cualquier mentira o información fraudulenta, de la cual resulta algún daño a terceros, Calumniador, en lo criminal, es aquél que conscientemente y con dolo perverso, atribuye a alguno falsamente un crimen...”.42 Una figura delictiva –según Max Deardorff– en la cual es “importante enfatizar la relación entre información falsa y el daño a la persona (o su reputación). En el derecho penal, el potencial del daño se refería no solo a lo punitivo, sino también al impacto sobre la reputación o el honor de la persona”.43 Este aspecto aparece recogido en la acusación contra Pedro de Oña cuando los regidores de Quito afirman: “… el cual se macula y ofende en cosa tan grave la honra de una ciudad de las principales deste Reino”. Esto último significa –de acuerdo con la teoría penal– que el “acto sancionado por la ley como delito, en virtud de su identidad con el pecado, ordena las conductas antijurídicas en aquéllas que resultan pecaminosas y aquéllas que no lo son, conforme a un criterio que se refleja además en la propia clasificación de las leyes penales como leyes penales mixtas y leyes puramente penales”.44 Una clasificación de Julio Claro en el Sententiarum, que abría las puertas a una pluralidad de jurisdicciones desde los “delitos mere ecclesiastica cuya sustanciación y resolución se reserva a los jueces eclesiásticos, aunque hayan sido cometidos por laicos…; delitos mere secularia (…) aquéllos cometidos por laicos sobre los cuales conocen los jueces seculares (…); y delitos communia (…) aquéllos cometidos por laicos sobre los cuales la jurisdicción se atribuye tanto a los jueces eclesiásticos como a los seculares (…)”.45 Según la acusación de los regidores, la conducta de Oña entraba dentro de los delitos communia, y esto explica por qué se presentaron contra él demandas en dos jurisdicciones diferentes: la real y la canónica. En su petición, los regidores definen el delito de Oña como un acto pecaminoso, adscribiendo el mismo dentro del ámbito de las leyes penales mixtas, de esta manera también abrían las puertas para la participación de la jurisdicción canónica. En este caso buscaban la legitimación teológica de su acusación desde la competencia de los tribunales eclesiásticos ordinarios. Esto ocurre en el caso de Oña ya que los regidores lo acusan de mentir en su libro. Como indica Álvarez Cora: “Es precisamente porque toda calificación de un acto como transgresor del orden moral significa un pecado, por lo que no existen en el Derecho canónico sino delitos públicos”.46

Esta dimensión de delito público venía avalada además porque la acusación de los regidores quiteños es en nombre del Cabildo y la ciudad, es decir, de una corporación, lo cual da mayor fuerza a su demanda, ya que primaba la corporación sobre el estado de las personas.47 En este caso:

decimos que un Pedro de Oña, colegial que fue del Colegio Real desta ciudad, hizo imprimir un libro que intituló “Arauco Domado”, en el cual por particulares fines e intereses, en grande daño, inominia y afrenta de la dicha ciudad y del cabildo y vecinos della, dice que la dicha ciudad fue traidora y rebelde a Su Majestad, llamando a los vecinos della muchas veces traidores y rebelde a Su Majestad, pérfidos y desleales48

Esta clasificación de delito público tenía otras consecuencias, porque “el delito público es aquel que afecta a Dios, al príncipe o a la república, y en consecuencia aquel que procesalmente permite el ejercicio de una acción pública”.49 De esta manera la demanda abría las puertas a la intervención de otros fueros de competencia, como el fuero canónico porque “en el ius canonicum todos los delitos son públicos”.50 El fundamento de la acusación de delito público es este último elemento, entendido como ataque a la ciudad de Quito. Por esa razón, la acción imputada a Oña podía localizarse dentro del derecho público y daba lugar a nuevas acciones procesales, como invocar la intervención de los tribunales eclesiásticos ordinarios.

A esto hay que agregar que, en el caso de Oña, escribir y publicar el libro era un agravante en el que intervenía la circunstancia faciendo (a diferencia del delito por omittendo), como describen tratadistas de la materia como Julio Claro en el Sententiarum.51 En términos procesales, la petición de castigo grave por los regidores se ubicaba en el marco de las ideas jurídicas de la época, a partir del principio de presunción: “allí donde la pena es mayor, ha de ser porque el delito tiene una mayor gravedad”.52 Los regidores acusan a Oña de “grande daño, inominia y afrenta”, lo que equivale a decir que sus representados padecen magnum praeiudicium y por lo tanto Oña merece magna poena53 y así solicitan a la Audiencia:

mande prohibir y vedar el dicho libro, declarándolo por falso y contrario a la verdad en lo que tenemos alegado y lo que más pareciere serlo, pues más propiamente se puede llamar libelo infamatorio, condenando al autor del en las mayores e más graves penas por derecho establecidas; y pedimos justicia.54

Con una precisa técnica penal, los regidores señalan que Arauco domado es un “libelo infamatorio”, de esta manera se referían a la figura delictiva del

libelo difamatorio o famoso, que era un escrito cuya finalidad era causar infamia notable a alguna persona o comunidad, siendo éste considerado como crimen grave y penado con severidad; por otro lado, quien lo escribía, aunque no lo publicara o quien lo publicara, aunque no lo hubiera escrito, cometía pecado mortal, en caso reservado.55

El delito de libelo difamatorio complicaba el proceso legal porque implicaba al impresor Antonio Ricardo,56 y era otro elemento técnico que permitía la actuación del juez eclesiástico, el doctor Pedro Muñiz y Molina, deán de la Catedral de Lima y vicario general de su arzobispado, porque el pecado mortal en caso reservado –desde el Concilio de Trento– requería la intervención de un sacerdote de mayor jerarquía y no podía abolirse por la simple confesión ante el sacerdote parroquial. Como explica Renzo Honores: “El juez de la “Audiencia Arzobispal” era el “provisor y vicario general”. En teoría era el obispo el gran juez y legislador, pero ésta era una definición más teórica y doctrinaria ya que era el provisor quien se encargaba de atender y resolver los casos”.57 Este fue el cambio importante desde el punto de vista procesal en el juicio, porque, a partir de ese momento, la jurisdicción eclesiástica ejerció la preeminencia en este caso. Como se trataba de un caso criminal, la doctrina jurídica establecía que el demandado no podía oponerse a esta intervención.58

Alexander Coello de la Rosa resume la vida de este importante personaje:

Don Pedro Muñiz y Molina (Baeza, 1545-Lima, 1616) llegó a la Ciudad de los Reyes en 1568 acompañado de su familia. En 1575 participó en una Junta consultiva convocada por el virrey Francisco de Toledo en la que se trataba de justificar la utilización del trabajo de los indios para la industria minera en atención al bien común (Lohmann Villena 1949, 95-96). Fue arcediano de la catedral del Cuzco, así como prior y vicario del arzobispado. En 1581 asistió al Tercer Concilio Limense como arcediano del Cuzco. Dos años más tarde fue nombrado procurador de la iglesia de Quito, pero su intención no era otra que volver a la capital. Y así fue. En 1587 el Conde de Villar lo nombró visitador y protector de la Universidad de San Marcos, en la cual se había doctorado a principios de la década de 1570 y de la cual era catedrático de prima, así como calificador del Santo Oficio. En 1594 fue nombrado deán y vicario general de la catedral de Lima. Su salud era precaria pero ello no le impidió hacer una gran fortuna. Entre 1598-1599 ejerció como rector de la Universidad, cargo que volvió a desempeñar entre 1614-1615. Tuvo otros cargos y menciones especiales, como las de provisor y vicario general de la sede vacante de Lima en 1606, que justifican el calificativo que le dio el arzobispo Toribio de Mogrovejo de hombre “muy docto”.59

El deán Muñiz tenía además otros intereses importantes que lo movían a participar en este proceso. Entre estos destacan sus vínculos con la ciudad de Quito de la época en que fue procurador de la Iglesia de aquella ciudad; asimismo, como ayudante principal del arzobispo Toribio Mogrovejo, tenía una actitud hostil al virrey García Hurtado de Mendoza, quien durante su virreinato tuvo constantes choques con el arzobispado limeño; y también mantenía conflictos personales con el padre Esteban de Ávila,60 sacerdote jesuita que había certificado la aprobación teológica del Arauco domado, por pugnas entre franciscanos y jesuitas y desavenencias en materias académicas, ya que ambos estaban vinculados a la Universidad de San Marcos.

La intervención del deán Pedro Muñiz permite entender otros aspectos del proceso basados en la religión católica. Los regidores quiteños, como hemos apuntado más arriba, indicaban que la acción de Oña causaba “grande daño, inominia y afrenta de la dicha ciudad”, por lo que su mentira cabía dentro de las llamadas “mentiras perniciosas”, las cuales “se decían con la intención de causar daño y, en efecto, podían hacerlo en gran medida, por lo que se consideraban pecados mortales”.61 De acuerdo con la opinión de Martín de Azpilcueta, remitiendo a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la culpa se presenta en tres modos: iocosa, officiosa y perniciosa.62 Estos fundamentos teológicos jurídicos de la calumnia parten del octavo mandamiento de la Biblia: “No dirás falso testimonio”. Como explica Max Deardorff: “La categoría de calumnia otorgaba al imperativo moral del octavo mandamiento una definición jurídica en el espacio de un proceso legal”.63 Por otra parte, Martín de Azpilcueta en su Manual para confesores clasifica las mentiras en tres tipos: formales, materiales, y formales y materiales a la vez.

Este autor identificaba como formales aquellas falsedades que surgían cuando una persona decía la verdad mientras pensaba que estaba mintiendo. Llamaba materiales a aquellas falsedades que una persona pronunciaba pensando que decía la verdad. Finalmente, identificaba como formales y materiales a aquellas que surgían cuando una persona decía una mentira a sabiendas. La calumnia solo podía darse en la tercera situación porque la intención era una condición necesaria.64

Los regidores solicitan contra Oña una pena vindicativa: “condenando al autor del en las mayores e más graves penas por derecho establecidas; y pedimos justicia”. Las penas vindicativas eran consideradas

penas en sentido estricto y provienen de la potestad pública que tiene la autoridad de castigar con un fin honesto. Éste es la enmienda del delincuente o al menos la función ejemplarizante. Ha de guardarse la proporción aritmética y equidad de la pena con la culpa, como corresponde en los actos de la justicia conmutativa. No obstante, deben atenderse las circunstancias de los delincuentes.65

La petición es afín al sentir de la literatura jurídica de la época, como vemos en la obra de Jerónimo Castillo de Bobadilla Política para corregidores y señores de vasallos: “En una bien instituyda República los calũniadores han de ser gravemênte castigados”.66 Como recuerda Deardorff: “El delito de la calumnia fue un asunto tanto espiritual como temporal. Juristas ilustres (Julio Claro, Luis de Molina, etc.) coincidieron en que acusar a otro falsamente de un delito se calificaba como un pecado grave”.67 Uno de los efectos más significativos y duraderos para aquellos que resultaban culpables de calumnia era ser considerados infamados (de hecho) de forma permanente.68 Aunque en este caso Max Deardorff se refiere a la calumnia procesal, es decir, al acto de mentir por una de las partes durante el juicio, estos son los mismos fundamentos teológico-jurídicos, ya que los regidores afirman que en Arauco domado el autor miente en su relato sobre la rebelión de las alcabalas,69 acción que lo convierte en calumniador, por lo que en caso de ser hallado culpable por la Audiencia sería considerado infame de por vida en la figura jurídica del infamado de derecho. En otras palabras, Oña con su supuesta mentira provocaba ignominia y deshonraba para siempre a los quiteños, porque se consideraban “infames de hecho a las personas cuya reputación se resintiera debido a los rumores que circulaban públicamente sobre su comportamiento indebido o ilegal”.70 Tanto para los quiteños como para Oña la infamia tenía importantes consecuencias sociales. Según Bernd Marquardt: “bajo influencias canónicas, los jueces pretendieron individualizar la pena según las circunstancias del delito (…) complementaron lo objetivo con lo subjetivo, ponderando y teniendo en cuenta las motivaciones, distinguiendo entre intención y negligencia”.71 Debido a ello, el deán Muñiz a lo mejor consideró a Oña solamente culpable de calumnia material porque pensaba que decía la verdad sin mala intención y por esa razón la condena fue la confiscación del libro sin consecuencias penales graves para el poeta. Recordemos que el deán Muñiz era además calificador del Santo Oficio, y en ese cargo podía referir el caso de Oña al Tribunal de la Inquisición, un tipo de justicia penal eclesiástica diferente al Tribunal eclesiástico ordinario de la Audiencia Arzobispal de Lima, que entre su potestad estaba imponer penas de mayor rigor en materias de fe. Asimismo, el deán Muñiz podía excomulgar de forma permanente a Oña.

De acuerdo con tratadistas de derecho canónico como Murillo Velarde en su Cursus Iuris Canonici72 la jurisdicción de los tribunales era territorial y esta se ejercía en cuatro maneras: según el domicilio, el contrato, el delito y la ubicación de la cosa.73 Curiosamente, entre los comentarios de derecho canónico dedicados al fuero de domicilio se encuentra el Tratado de domicilio, de Esteban de Ávila.74 Su autor fue el mismo sacerdote jesuita que aprobó la publicación de Arauco domado. Aunque el fuero de domicilio era el más importante según Murillo, no era aplicable a Oña porque este se encontraba en un barco listo para partir a su corregimiento en Jaén de Bracamoros y no podía considerarse en ese momento vecino de Lima. En el caso de Oña fue aplicada la jurisdicción del fuero del delito por varias razones, entre estas porque se trataba de una causa criminal, y en las causas de este tipo se aplicaba la “regla territorial”, es decir, “el fuero competente era el tribunal del lugar en el que el delito se cometió”, y “dado el carácter ejemplar del castigo y su función de resarcimiento a la comunidad a la que se había ofendido, convenía que la sentencia se diera en el lugar de la comisión del delito”.75

A esto se agregaban los denominados fueros privilegiados, los cuales, como indica su nombre, otorgaban a ciertos estamentos y corporaciones la exclusividad de presentar querellas directamente ante la Audiencia sin acudir a los tribunales inferiores.76 Entre los fueros privilegiados, autores como Hevia de Bolaños reconocían el de los cabildos que gozaban de la prerrogativa del acceso directo a la Audiencia: “el qual asimismo tienen los Cabildos”.77 Los Regidores de Quito aprovecharon esta posibilidad que les otorgaba el Derecho Procesal para presentar su demanda como un caso de corte ante la Real Audiencia y Chancillería de la Ciudad de los Reyes del Perú, así buscaban una respuesta rápida a su reclamación y trataban de impedir la circulación de Arauco domado. Otro de los fueros privilegiados era el de las causas de difamación, como explica Aurora María López Medina: “Las fuentes de la época se referían a la difamación, en sentido amplio, para denominar cualquier caso en el que una persona ‘va diziendo del otro mal ante los omes’”. En efecto, en su Glosa López analizó a quién se quería referir el legislador cuando decía “aquel contra quien son dichas, puede yr al juez del logar”.78

Cuando examinamos el juicio de Oña nos preguntamos por qué intervino la justicia eclesiástica ordinaria si el caso estaba bajo consideración de la justicia secular en la Real Audiencia y Chancillería de la Ciudad de los Reyes del Perú. Para ello no basta decir las razones teológicas generales que eran aplicables en este caso –y a las cuales nos hemos referido anteriormente– sino que debemos explicar las técnicas procesales que otorgan una situación privilegiada a un fuero en relación con el otro, lo que en la doctrina jurídica recibe el nombre de jurisdicción del fuero competente. Como aclara Aurora María López Medina había

una jurisdicción secular y otra eclesiástica, según la ejerciera la potestad civil o la de la Iglesia. Estando vigentes ambas potestades sobre un mismo espacio es lógico pensar que fueran frecuentes los problemas de límites, personales y materiales, en la actuación de cada una y por ello se hizo necesario establecer criterios que marcaran sus competencias. A pesar de ello, en ocasiones habría causas en las que ambos fueros resultarían competentes, como eran las causas de fuero mixto, que podían ser juzgadas en el tribunal civil o en el eclesiástico.79

Al acusar a Oña de calumniador porque según ellos mentía en el Arauco domado, los regidores quiteños otorgan una connotación de acto pecaminoso al delito, adscribiendo el mismo de acuerdo a la doctrina del Derecho Penal dentro del ámbito de las leyes penales mixtas, de esta manera el caso pertenecía al fuero mixto, es decir, podía ser competencia de dos jurisdicciones diferentes: la seglar y la canónica. También podía ser juzgado en el tribunal civil (la Real Audiencia y Chancillería de la Ciudad de los Reyes) y en el tribunal eclesiástico ordinario (la Audiencia Arzobispal de Lima). Esta competencia simultánea creaba lógicamente nuevos problemas en el desarrollo del juicio, por esa razón el influyente tratado de Derecho Procesal de Juan de Hevia Bolaños, Curia Philipica, publicado en Lima en 1603 por Antonio Ricardo, el mismo impresor del Arauco domado, intentaba ofrecer una solución a estos conflictos jurisdiccionales:

Quando ocurre competencia de jurisdicción entre el Juez Eclesiastico, y el Secular, despues de despachadas las letras, si el Eclesiastico se declara por Juez, se introduce el recurso de fuerza en conocer, y proceder, (si hay Justicia para ello) ó bien en el Consejo, ó en las Audiencias, ó en las Chancillerías, segun la forma prescripta por leyes Reales…80

La solución ofrecida por Hevia Bolaños es la conocida como “fuero competente por prevención, de modo que el primer juez que formulase la citación legítima quedaría como competente”.81 Esta fue la opción empleada el 3 de mayo de 1596 por el deán Muñiz al dictar auto ordenando la comparecencia de Oña dentro del término de veinticuatro horas so pena de excomunión mayor, declarando además que se reservaba para sí la absolución. Este auto fue leído “verbo at verbo” a Oña por el alguacil del arzobispado. Al día siguiente, el 4 de mayo de 1596, comparece Oña ante el deán Muñiz en la Audiencia Arzobispal de Lima, y responde a un interrogatorio de siete preguntas, que contienen los cargos particulares imputados. A cada uno de estos responde Oña con un descargo en su defensa. Comienza el interrogatorio con el primer cargo, o acusación inicial, que es la que origina todas las demás acciones procesales. El juez Muñiz pregunta si Oña es el autor del Arauco domado, respondiendo afirmativamente “que declara compuso e hizo imprimir”. Esta primera pregunta del interrogatorio de Oña implica su admisión de culpabilidad como autor del libro, lo cual estaba además unido a la acusación de libelo infamatorio por los demandantes. La segunda pregunta está relacionada con el delito de difamación porque una vez establecida la autoría el juez necesita saber la identidad del impresor del libro, ya que los delitos de difamación por libelo –según el Derecho Canónico– implicaban penas tanto para el autor como el impresor. Aquí Oña identifica a Antonio Ricardo como impresor de su poema. La tercera pregunta busca aclarar quién tiene la autoridad para imprimir libros y la competencia de este delito cae dentro de la esfera del Derecho Real. A lo cual responde Oña que el libro fue publicado por licencia del virrey Hurtado de Mendoza. De esta manera, la respuesta de Oña es un descargo al delito de publicar sin autorización.82 Las tres respuestas anteriores de Oña no permiten establecer delito en la jurisdicción secular. La acusación ahora se mueve buscando la incriminación de Oña en la jurisdicción eclesiástica. Este es el cargo de mayor gravedad. Por eso la cuarta pregunta tiene como objetivo probar la acusación de imprimir sin la autorización canónica, este es un delito grave de jurisdicción eclesiástica ordinaria, a lo cual Oña responde con el descargo de que solicitó al virrey Hurtado de Mendoza que hiciera todos los trámites necesarios para imprimir su obra. Pero este “no mandó hacer otras diligencias más de cometerlo al maestro Ávila y al señor licenciado Don Juan de Villela, al uno para que lo viese y corrigiese lo mal sonante acerca de nuestra fe católica, y al otro, el estilo del dicho libro”. Aquí Oña se refiere a los tres paratextos que autorizaron la publicación de Arauco domado: la licencia del virrey, la del Padre Esteban de Ávila y la del licenciado Juan de Villela. Esta es la última pregunta relacionada con el aspecto material del delito (procedimiento para publicar, impresión del libro y personas implicadas en su publicación y distribución).

A continuación, el juez Muñiz lleva el interrogatorio hacia la búsqueda del elemento subjetivo del delito, es decir, las ideas expresadas por el autor. En este sentido la quinta pregunta es precisa:

si hizo diligencia para saber la verdad de las cosas que cuenta acerca de los ánimos e intenciones de los desta ciudad y distrito desta Real Audiencia, acerca del servicio del Rey nuestro señor y recibimiento de las alcabalas que mandó echar, porque las cosas que dice en el dicho libro de los susodichos son muy contra su honra y lealtad a su Real servicio.83

Esta pregunta contiene el centro de la acusación contra Oña. Con la misma el juez Muñiz busca declarar al poeta culpable del delito de difamación de un Cabildo, por el cual puede ser castigado con penas muy severas. Este es el cargo de más envergadura en el proceso, y sobre el cual concentró la atención el deán Muñiz, como podemos ver de la lectura de otros pasajes de este expediente que contienen su informe de varios fragmentos de Arauco domado. En su respuesta de descargo, Oña repite la misma estrategia de remitir a la figura del virrey Hurtado de Mendoza la responsabilidad de la acción cuya legitimidad es cuestionada por el juez. En este caso, ofrece dos respuestas. En la primera, indica que su fuente en el tema de las alcabalas es una “relación vocal qu’el dicho Marqués de Cañete le hizo”. Es decir, ofrece una prueba no escrita, que de acuerdo con el procedimiento procesal tenía menos importancia que la prueba escrita, y esto ponía en aprietos la defensa del acusado. Mientras que en la segunda parte de su respuesta Oña aclara “lo que toca a lo de las alcabalas, por relación escripta, que parte della tiene en su poder”. De esta manera, Oña presenta una prueba escrita a su favor. Esta tenía un gran peso en el proceso, ya que las pruebas escritas eran las que gozaban de mayor consideración procesal. Sin lugar a duda, estas respuestas de Oña no permiten acusarlo de mala intención (dolo), pero no lo eximían totalmente de culpa. Con la sexta pregunta termina el interrogatorio sobre el contenido del libro. Esta parece tener relación con la historia de desavenencias entre el virrey García Hurtado de Mendoza y el arzobispo Toribio Mogrovejo. Aunque en este interrogatorio el doctor Muñiz solo se refiere a los maltratos de los indígenas peruanos durante el gobierno anterior al del Marqués de Cañete, en el detallado informe de lectura sobre el tema indígena en el poema sí menciona a los araucanos y explica las consecuencias políticas y teológicas de estos cantos del Arauco domado.84 Es significativo que el deán Muñiz no condene pasajes del poema dedicados a la astrología, siendo este un tema controversial para la teología católica.85 Por otra parte, Oña aparentemente desconoce las Ordenanzas sobre el buen trato a los indígenas del virrey Hurtado de Mendoza y concentra su descargo en el sentido figurativo del lenguaje poético, afirmando

que todas las razones referidas en esta pregunta son figuras poéticas que tiran a decir la mejoría que tuvo este Reino en el gobierno del Marqués Don García de Mendoza y su ventura, pues antes de su gobierno constara claro haber habido en este Reino hambres, pestilencias, temblores, que son cosas que Dios envía por pecados de los hombres.86

Por último, vuelve a aludir a la relación escrita del virrey: “ninguna destas cosas escribió de su motivo, sino siguiendo una relación qu’el dicho Marqués le mostró a este que declara, la cual llevábale al Rey fecha en su abono, donde refería todas estas buenas venturas”. Quizás Oña se refiere aquí a la Crónica del Reino de Chile, escrita por el capitán D. Pedro Mariño de Lobera [...] reducida a nuevo método y estilo por el Padre Bartolomé de Escobar (1593), que el Marqués de Cañete encargó.87 La última pregunta del interrogatorio del deán Muñiz tiene como objetivo saber cuántos libros se imprimieron y dónde se encuentran para facilitar la confiscación de estos. Oña responde

la cantidad que se imprimió fueron ochocientos cuerpos, de los cuales llevó sesenta cuerpos el dicho Visorrey y otros tantos, poco más o menos, se han vendido en esta ciudad a diferentes personas, de que en particular no se puede acordar, y que en su poder deste que declara no hay sino solo uno, el cual esibió ant’el dicho señor Provisor y los demás están en poder del dicho impresor Ricardo, parte encuadernados y parte en papel.88

Aunque la intervención privilegiada del tribunal eclesiástico fue decisiva en el caso de Oña y en el destino de Arauco domado, ya que el 10 de junio de 1596 ordenan confiscar todos los ejemplares hasta recibir la declaración del Consejo de Indias, al final prevaleció la justicia secular, por medio de la intervención del virrey Luis de Velasco y de un allanamiento89 de la Audiencia de Lima, que parece eliminó todas las sanciones contra Oña, incluyendo la de escribir y publicar, porque desde 1602 vuelve a hacerlo y unos años después, en su Temblor de Lima (1609), se atreve a lanzar estos dardos poéticos contra los jueces y la justicia:

Verdad es que celosa desto andaba

tras ellos hecha un Argos la justicia;

mas, como Apolo alguna vez cantaba,

y siempre es poderosa la codicia,

algún ejecutor no ejecutaba,

no quiero yo decir que de malicia,

antes presumo que con pecho humano

cerró los ojos por abrir la mano.90

Cronología del juicio contra Pedro de Oña y el Arauco domado

24 de abril de 1596: acusación de los regidores de Quito contra Pedro de Oña y su libro Arauco domado. La Real Audiencia de Lima ordena al oidor Juan Velázquez de Espina que dictamine sobre el caso. Ante la inactividad de la Audiencia, los regidores deciden apelar al deán Pedro Muñiz, provisor y vicario de la Catedral de Lima y juez de la Audiencia Arzobispal de Lima.

3 de mayo: el deán Muñiz, como juez de la Audiencia Arzobispal de Lima, dicta auto contra Oña y el Arauco domado.

3 de mayo: el sacristán Juan Marín, lee en la Catedral de Lima la orden de excomunión del deán Muñiz contra los lectores de Arauco domado.

3 de mayo: el deán Muñiz dicta auto ordenando la comparecencia de Oña.

3 de mayo: lectura verbo a verbo del auto del juez Muñiz a Oña por el alguacil del Arzobispado.

4 de mayo: interrogatorio de Oña ante el juez Muñiz en la Audiencia Arzobispal de Lima. Confesión y declaración del poeta.

4 de mayo: mandamiento contra Oña del juez Muñiz que no saque ningún libro y que no se vaya de Lima.

4 de mayo: apelación escrita de Oña al juez Muñiz. Petición rechazada. Oña otorga poder para que lo represente Antonio de Neira, procurador de causas de indígenas.

4 de mayo: notificación de la sentencia de la Audiencia Arzobispal de Lima y aceptación de Oña.

4 de mayo: Juan Gutiérrez, escribano público de Lima, acepta ser fiador de Oña.

4 de mayo: nueva solicitud de los regidores de Quito al juez Muñiz demandando recoger el libro de Oña en otras ciudades americanas.

5 de mayo: lectura del auto por el notario Francisco Alarcón.

6 de mayo: notificación del deán Muñiz explicando que por premura no le acompañó la justicia secular, sino el comendador Domingo de Garro, alcalde ordinario de Lima.

6 de mayo: recurso de fuerza de Oña ante el deán Muñiz solicitando la recusación de la competencia de la autoridad eclesiástica.

8 de mayo: nueva petición de Oña al juez Muñiz.

11 de mayo: mandamiento del juez Muñiz que el clérigo Alonso Ramírez haga un inventario de los volúmenes del Arauco domado.

12 de mayo: la Audiencia, ante la petición de los regidores de Quito, ordena a Oña entregar los libros y le prohíbe embarcar antes de hacerlo.

13 de mayo: los regidores de Quito solicitan al deán Muñiz testimonio de las declaraciones de Oña.

13 de mayo: recurso de protesta ante el juez Muñiz del procurador Antonio de Neira a nombre de Oña.

16 de mayo: el deán Muñiz ordena que se recoja y no se lea el libro.

17 de mayo: auto del deán Muñiz es notificado a Oña.

18 de mayo: nueva apelación de Oña al juez Muñiz.

24 de mayo: vista del caso de Oña por los doctores Alonso Criado de Castilla y Diego Núñez de Avendaño, oidores de la Real Audiencia de Lima.

junio: nueva petición en contra de Oña por otros vecinos de Lima.

9 de junio: la Real Audiencia de Lima ordena al deán Muñiz que haga una relación de los pasajes objetables del libro de Oña.

10 de junio: la Real Audiencia de Lima remite el caso al Consejo de Indias y ordena depositar los libros de Oña en el archivo de la Real Audiencia.

12 de junio: la Real Audiencia de Lima notifica al deán Muñiz de su decisión.

16 de julio: petición de Martín de Ampuero contra Oña.

9 de agosto: nueva petición de los representantes del cabildo de Quito contra Oña, solicitando la confiscación de los 80 ejemplares que llevó a España el marqués de Cañete.

22 de agosto: otra petición de los representantes de Quito y acuerdo de la Real Audiencia de Lima ordenando confiscar los libros.

24 de agosto: la Real Audiencia de Lima notifica su acuerdo al deán Muñiz.

3 de octubre: allanamiento de la Real Audiencia de Lima con el virrey don Luis de Velasco sobre el caso de Pedro de Oña y el Arauco domado.

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