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¿Y qué se hacía con esos productos? Se destruían. Sí, tal cual: se destruían o botaban en un vertedero en presencia de un fiscalizador del SII, de otra forma serían considerados gastos rechazados. Por ejemplo, cuando una partida de yogurt con sabor a vainilla era etiquetada como “sabor a frambuesa”, esos yogurts se podían comer, no tenían nada malo, pero ningún comercio los iba a aceptar para la venta. Lo mismo ocurría con las conservas de frutas, gaseosas, pan de molde, etcétera, con algún error de etiquetado. Y dado que no se podían vender, se destruían para poder contabilizarlos como gastos. Ese era el incentivo tributario.
Pero eso no era todo. Para destruir productos clasificados como “fallados”, las empresas debían pedir hora para su destrucción, almacenarlos en sus bodegas y solicitar un inspector del SII para que verificara el proceso. Recién entonces podían llevar toda la merma al vertedero, previo pago por dicho ingreso y, finalmente, se eliminaba en presencia del inspector del SII, quien emitía un certificado para que los gastos incurridos en la producción de esos alimentos ya destruidos, así como el IVA correspondiente a los insumos adquiridos para producirlos, pudieran ser considerados en la contabilidad como gastos y no fueran considerados por el SII como “gastos rechazados”.
Por esa época, Calú llamó al abogado de JP Morgan Alberto Pulido y le comentó sobre la frustración que sentía ante la falta de avances.
–Alberto, ¿cómo es posible que no se pueda hacer nada con lo de los gastos rechazados?
–Qué quieres que te diga, Calú. El Servicio de Impuestos Internos es totalmente independiente, no lo manda nadie; ni siquiera el ministro de Hacienda –dijo Alberto.
–Me extraña que los empresarios, los directores, los ejecutivos de empresas sean tan renuentes a donar. Que tengan tan poca sensibilidad sobre el tema. Que no haya ni una iniciativa al respecto. O muy pocas. Incluso, mirá lo que te voy a decir ¡cómo alguien puede pensar que en Chile nadie pasa hambre, que este tema está resuelto!... ¡Pero, viejo, si este país no es Suecia!
–Sí. Tienes razón. No somos Suecia. Pero es que la legislación tributaria en Chile no es profilantropía –contestó Alberto.
Algo de razón tenía Alberto Pulido porque –de acuerdo con los resultados de las encuestas Casen– en Chile, la situación de pobreza –medida por ingresos– cambió radicalmente con el regreso a la democracia. En 1990, el país registraba un 38,6% de hogares pobres. En 2003, esa tasa había bajado al 18,7% con solo 4,7% calificados como indigentes [ver gráfico].
En esos años, Chile tenía unos 16 millones de habitantes con un promedio aproximado de cuatro personas por hogar. Entonces había unos cuatro millones de hogares, de los cuales el 4,7% estaba en situación de indigencia, lo que equivale a unas 188.000 personas.
Comparando con el número de indigentes que existía antes de 1990, la pobreza extrema efectivamente casi había desaparecido. Pero visto persona a persona y, más aún, considerando que los que habían salido de la indigencia seguían siendo pobres o estaban muy al filo de la navaja, las personas con dificultad para satisfacer sus necesidades básicas en Chile seguían y siguen existiendo.
En 2009, justo antes de que se fundara la Red de Alimentos, la tasa de hogares pobres había descendido a 12,8%. Y según el último dato disponible (2017)6, esta alcanzó al 7,6%7 de los hogares, con 2,2% de hogares en situación de indigencia, es decir, familias con ingresos mensuales por debajo de los $107.085.
Esta situación se ve muy lejana desde el punto de vista del grupo socioeconómico más pudiente del país (ABC1a)8, cuyo ingreso promedio por hogar es del orden de los $3 millones9. Quizás a ello se deba la percepción de que la pobreza fuese tan baja según la clase acomodada. Hay que pensar que también había un sector medio que crecía muy rápida y exitosamente. Y si era un problema, pensaban, era del Estado, no de ellos.
Esta es una de las causas de por qué en Chile, en el año 2003, cuando Carlos Ingham inició sus gestiones para crear la Red de Alimentos, había poca sensibilidad frente al hambre y pocos incentivos para donar. Pero ayer y hoy sigue habiendo chilenas/os que sufren de inseguridad alimentaria, es decir, que sienten hambre o que se alimentan mal. Aunque haya algunos que no lo quieran ver.
Odisea 2003
Corría el mes de julio cuando Calú se dio cuenta de que no podía seguir solo en este proyecto; sus obligaciones al mando de JP Morgan en el Cono Sur le consumían el día a día. Decidió entonces contratar a alguien para que fuera su alter ego en las gestiones para la creación del primer banco de alimentos de Chile.
El elegido fue Gonzalo Aspillaga, un profesional joven que trabajaba en una compañía multinacional y del cual Calú había recibido buenas referencias. Su primera misión fue viajar a Argentina a familiarizarse con el funcionamiento del Banco de Alimentos de Buenos Aires. Estuvo una semana en la capital trasandina y a su regreso comenzó las gestiones para que el SII recogiera la idea de permitir que la entrega de alimentos por destruir no fuera considerada un gasto rechazado.
En otra vereda, Calú inició una serie de reuniones con el abogado tributario Francisco Lyon –del estudio Philippi– para ver si él lograba visualizar alguna otra línea de acción a fin de obtener el cambio normativo.
–Calú, si quieres que la norma cambie, vas a tener que hablar con autoridades del gobierno. El ministro de Hacienda sería el más indicado, pero Eyzaguirre no es fácil de convencer –le dijo Lyon.
–Tendré que intentar hablar con Lagos, entonces –dijo Calú.
–¡Pucha! Si logras hablar con él sería genial. Aunque algo más realista sería reunirse con el director del Servicio de Impuestos Internos. Quizás con ellos logres avanzar algo. No te digo que vayas a solucionar el problema, pero tal vez consigas luces sobre el camino a seguir –le recomendó el abogado.
–Gracias, Francisco. Buen consejo.
Y así Calú –a veces solo, a veces con Gonzalo– empezó a peregrinar por una serie de oficinas públicas del barrio cívico de Santiago. Consiguieron reuniones con diversas autoridades del mundo financiero: ministros y subsecretarios de Hacienda y Economía, y diferentes reguladores.
Pero doce meses más tarde, y luego de no haber conseguido el más mínimo avance, Calú decidió que no tenía sentido que Gonzalo siguiera en esto; le podía estar cortando las alas a su carrera y la falta de logros los estaba frustrando a ambos.
Llegó entonces a dos conclusiones: una, que no podía seguir botando plata de su bolsillo y, dos, que necesitaba nuevos aliados.
El primero que se sumó a sus esfuerzos fue el abogado Roberto Peralta, también del estudio Philippi, quien se entusiasmó de inmediato con el proyecto y se abocó a estudiar alternativas al tema tributario y a la búsqueda de una solución para involucrar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
Odisea 2004
Nada presagiaba una luz al final del túnel. Después de cada reunión, Calú salía indefectiblemente refunfuñando para sus adentros. “¿Cómo puede ser que en este país –que se supone es el más moderno de Sudamérica– no se pueda hacer un banco de alimentos?”.
En ese entonces, la sociedad chilena parecía no estar preparada para acoger acciones de apoyo social que ya eran norma en los países más desarrollados. De hecho, si uno mira las memorias anuales de las grandes empresas en Chile a comienzos del siglo XXI, muy pocas hablan de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Y cuando se mencionaba el tema era porque aparecía la fotografía de algún gerente junto a un(a) religioso(a) en un evento de beneficencia esporádico. El concepto aún no se entendía bien y, por esos años, su uso era casi cosmético. Incluso, algún empresario manifestaba abiertamente que su labor social era dar trabajo.
No fue hasta después del escándalo de corrupción en La Polar, la aparición del ranking de transparencia corporativa, el levantamiento de la sostenibilidad como tema social de cargo de las corporaciones y la presión de los jóvenes por el cambio climático y las problemáticas sociales, que la sensibilidad por estas materias hizo mayor eco en ejecutivos, directores y accionistas de las grandes empresas.
A pesar del diagnóstico poco auspicioso, Calú no se resignaba: ¿Cómo algo que es evidentemente beneficioso para los más necesitados –y además es de todo sentido– no se permite y ¡nadie hace nada al respecto!? Esto le molestaba, pero a la vez lo estimulaba a dar la pelea. La ética luterana-sueca que le inculcaron desde niño, aquella según la cual “lo que uno empieza, lo termina y bien”, se hacía presente en cada una de las células de su cuerpo. Así que, sin importar el tiempo ni los esfuerzos, sabía que necesitaba encontrar la manera de que se modificara la famosa norma tributaria.
Odisea 2005
Una luz de esperanza se abrió recién a fines de septiembre de 2005, cuando Calú recibió una llamada telefónica.
–¿Calú, te interesaría ir a Nueva York con el Presidente? Así le podrías presentar al presidente Lagos al CEO de JP Morgan –decía Karen Poniachik, vicepresidenta del Comité de Inversiones Extranjeras, quien estaba al otro lado del teléfono.
–Sí, claro, por supuesto, Karen. Decime cómo y cuándo, y ahí estaré –respondió Calú.
–Salimos el jueves 6 de madrugada, en el avión presidencial. No es nada fancy (te advierto), es como ir en turista. Y regresamos a la noche siguiente.
–Viajé mucho en turista. No tengo problema con eso.
–Estupendo. Al presidente Lagos le va a hacer un homenaje el Council of the Americas, en Nueva York. Ahí van a estar todos, entre otros, Rockefeller y tu CEO de JP Morgan para Latinoamérica.
–Ah, pero qué fantástico, ¡che! –dijo Calú, mientras pensaba “Lagos… esta es LA oportunidad”.
–¡Ah! Una cosa más. Tienes que llevar esmoquin –le dijo Karen–. La ceremonia es súper formal.
–Por supuesto, Karen. No hay problema –dijo Calú.
El día del viaje, cuando Calú se subió al avión, había poca gente: prensa acreditada, Karen Poniachik, el doctor de la presidencia José Miguel Puccio y el director de la Agencia de Cooperación Internacional Marcelo Rozas, una persona de seguridad, Luisa Durán y Ricardo Lagos. Calú buscó su asiento y se acomodó. De inmediato comenzaron las conversaciones de pasillo, nada importante.
Una vez que el avión se estabilizó en el aire, el presidente Lagos invitó a Calú a cenar.
Mientras disfrutaban la comida, y con ese desenfado propio de los argentinos, Calú le pidió permiso al mandatario para interrumpirlo con un tema importante. En un breve pero entusiasta discurso, le explicó el proyecto y los problemas que estaba enfrentando.
–Mire qué interesante lo que usted plantea, mi amigo. No sabía que se destruían los alimentos en Chile –dijo Lagos.
–Es terrible. Quizás usted podría gestionar un cambio, Presidente –le sugirió Calú.
–Algo hice una vez con el SII y unas obras de arte. Pero ahora, que en seis meses se acaba mi gobierno, no creo que alcancemos.
Calú lo miró sin saber muy bien qué decir. En eso alguien le hizo una pregunta al Presidente y el tema se fue para otro lado. La cena y la conversación se devoraron las siguientes dos horas, luego de lo cual la señora Luisa se disculpó y se fue a dormir. La sobremesa con Marcelo Rozas, José Miguel Puccio y el presidente Lagos fue más distendida gracias a las anécdotas y el acostumbrado buen humor del Ciudadano Lagos.
Después, todos se fueron a sus asientos y trataron de dormir. Por la mañana, el servicio secreto de EE. UU. había instalado tres camionetas en la losa de JFK junto al avión. De ahí salieron con escolta policial hacia NYC. Esa mañana, Ricardo Lagos fue –acompañado de Calú y Karen Poniachik– a conocer al CEO del banco de inversión de JP Morgan.
A las 18:00 horas en punto llegaron al 680 de Park Avenue, sede del Council of the Americas. La ceremonia transcurrió como cualquier otra gala para los estadounidenses, pero era algo muy especial para la delegación chilena. Lagos iba a recibir un reconocimiento de manos de David Rockefeller10. Incluso se leyó una carta enviada por Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil11.
Calú disfrutó la velada. Al rato, todos partieron directamente de regreso al avión. Y justo cuando Calú iba hacia su asiento, el Presidente –quien ya se encontraba sentado revisando unos apuntes en su escritorio– le dijo:
–Use mi dormitorio para cambiarse. Irá más cómodo con otra ropa.
–Se lo agradezco, Presidente –le dijo Calú.
Minutos después, cuando Calú salió del dormitorio que se transforma en comedor, Lagos terminaba el discurso que daría al otro día en Tocopilla.
–Oiga, Calú ¿y no quiere abrir una sede del JP Morgan en Antofagasta? –le dijo Lagos entre sonrisas.
Y así, la primera parada del avión fue en Antofagasta. Calú agradeció al mandatario, pero no acompañó a la comitiva en esa escala. Luego de aterrizar en la ciudad nortina, tomó el primer avión disponible a la capital.
***
Durante su administración, el presidente Lagos había hecho las gestiones para que –a solicitud de Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay– el Sr. Harry Recanati, exdueño de bancos en Inglaterra, Suiza y Francia, pudiera traer colecciones itinerantes al Mueso Ralli de Santiago (fundado en 1992), para rotarla con las de los otros muesos Ralli (Punta del Este, Uruguay, 1988; Cesarea, 1993, cerca de Tel Aviv, en Israel; y Marbella, España 2000)12. Su objetivo era tener una colección itinerante durante cinco años que circulara entre los museos, además de la colección permanente que cada uno alberga. Pero para ello tenía que pagar aranceles por la internación de bienes, lo cual hacía inviable incluir a nuestro país en el circuito.
En Chile, la ley tributaria permite la “internación transitoria de bienes”, como equipos, aparatos, luces, películas para emisión en cines, obras de arte, entre otros, pero solo por seis meses. Al cabo de ese lapso, se debe pagar el derecho aduanero y el IVA correspondiente.
La solicitud del expresidente Sanguinetti era que se extendiera el plazo de seis meses a cinco años para las obras de arte. En caso contrario, el museo no podría traer esas colecciones a Santiago. Al entonces presidente Ricardo Lagos le pareció razonable la solicitud e inició conversaciones con el SII para ver cómo se podía resolver esto. Hasta que finalmente se hizo el cambio de normativa hacia el final de su administración.
En el caso del banco de alimentos, el presidente Lagos no alcanzó a hacer nada. Aunque en realidad sí lo hizo, pero fue bastante después, en 2015.
Odisea 2006
En cuanto asumió el nuevo gobierno, esta vez dirigido por la primera mujer presidenta en Chile, Michelle Bachelet, Calú se animó a volver a la carga, para lo cual estuvo dispuesto a quemar uno de sus últimos cartuchos.
Su socio, Tim Purcell, es amigo de Andrés Velasco. Así que, sin pensarlo demasiado, le pidió que lo contactara con el nuevo ministro de Hacienda.
En esa ocasión, al teléfono, Calú se sinceró con el ministro.
–Te juro, Andrés, que no doy más. He hablado con medio mundo. He gastado las suelas de los zapatos recorriendo las oficinas de los distintos gobiernos. Les he llevado carpetas llenas de documentos sobre cómo operan los bancos de alimentos en otros países, he presentado diversas propuestas para evitar los posibles loopholes tributarios, le planteé el proyecto al presidente Lagos en 2005, pero nada parece posible. No hay ninguna receptividad con el tema. Y, simplemente, no lo puedo creer. De verdad, que no lo puedo creer –se confesó Calú–. Necesito ayuda, Andrés, por favor. Si vos no me ayudás, no sé a quién más puedo recurrir –remató.
Después de esta llamada telefónica, a fines de 2006, Andrés Velasco llamó a su subsecretaria, María Olivia Recart.
–¿Malala?
–Sí, Andrés.
–Necesito que hables con un señor. Se llama Carlos Ingham y está tratando de armar un banco de alimentos en Chile, pero tiene el problema de que la normativa de los gastos rechazados del SII le impide recolectar alimentos de las empresas. ¿Lo podrías atender, por favor? –pidió el ministro–. Quizás esto se ajuste con el tema de las donaciones sociales que estás manejando.
–Claro. No te preocupes, yo me encargo –respondió la subsecretaria.
Como subsecretaria del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, María Olivia Recart trabajó mucho con las organizaciones sin fines de lucro para crear un fondo social para que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera apoyar a las fundaciones de beneficencia sin fines de lucro más pequeñas, aquellas que no suelen ser favorecidas por las grandes empresas donantes. En específico, ella y su equipo se dedicaron a reformular la ley de donaciones con fines sociales de las que eran objeto las organizaciones sociales y deportivas, comparándolas con la Ley Valdés13, que era mejor en términos de distribución de los aportes. Esto, ya que la Ley de Donaciones Culturales permite:
(a) que el 50% del monto de la donación pueda ser rebajado directamente del impuesto a pagar por las empresas o por trabajadores independientes o por cuenta propia, con límite del 2% de la renta líquida imponible o de la renta imponible del impuesto global complementario, sin exceder el monto de 14.000 UTM al año;
(b) y que el 50% restante de la donación o aquella parte que no pueda ser imputada como crédito, pueda rebajarse como gasto tributario en su totalidad, sin tope o límite alguno.
En este sentido, la reforma a la Ley de Donaciones Sociales nivelaba más la cancha, ya que, con esta nueva ley, cuando una empresa dona dinero a una organización no gubernamental (ONG), el Estado reconoce ese aporte y reduce su pago de impuestos. Luego, parte de esa rebaja tributaria se deposita en un fondo para que las ONG postulen a este a través del Ministerio de Desarrollo Social. Así se genera una mayor redistribución e igualdad entre las instituciones grandes y pequeñas.
Finalmente, las averiguaciones respecto a qué había que hacer para que esto fuese posible los condujo –y no podía ser de otra forma– nuevamente al SII. Para ello se organizó una comisión para iniciar conversaciones con la entidad controladora, pero no hubo mayores avances.
Fue un trabajo muy difícil, porque para impuestos internos el principio no es de sospecha, sino de mal uso. Donde abres una posibilidad de mal uso, ellos tienen que fiscalizar más, tienen que verificar cómo se está aplicando la normativa. –María Olivia Recart.
***
Entretanto, Aníbal Larraín, entonces director de Watt’s, le envió a Calú una información que fue de gran importancia para establecer un concepto que resultó fundamental más adelante para llegar a puerto con el Servicio de Impuestos Internos. Se trata de lo que luego se denominó “productos aptos para el consumo o uso, pero que ya no son comercializables”.
–Calú, Aníbal Larraín te llama –dijo su secretaria.
–Pasame la llamada, Jeanette, gracias.
–Calú, hola, ¿cómo estás? Te llamo porque me quedé pensando en este asunto del gasto rechazado y creo que tengo una información que te puede ser útil. Y antes de mandártela, te la quería explicar un poco.
–Buenísimo, che. Contame.
–Como te decía el otro día, el funcionamiento de los supermercados en Chile es de los más modernos del retail, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estos han establecido protocolos muy estrictos con las empresas proveedoras, como nosotros, respecto a las fechas de vencimiento de los productos. Cada supermercado tiene las propias, de ahí que pedí que te organizaran unas “tablas” con las fechas.
–Ya…, entonces...
–Bueno, que si un producto tiene, digamos, una vida útil de 90 días antes de vencer, los supermercados nos lo devuelven a los proveedores a los treinta. Como te imaginarás, la diferencia entre lo que les entregamos y lo que nos devuelven 60 días después, en teoría, lo podríamos salir a vender a los locales de barrio. El problema es que la logística de aquello es muy grande y requiere de un tiempo que ya no tiene el producto. Es decir, en la práctica, esos productos ya no los podemos vender. No sé. Te lo dejo planteado, y mi secretaria te envía mañana toda la información. Velo con los expertos que te asesoran. Capaz que te sirva.
–Estupenda información, Aníbal. Muchas gracias –se despidió Calú con una sonrisa en la cara.
Efectivamente, las famosas “tablas de los supermercados” fueron el origen del concepto de que había una cantidad “x” de días, según el tipo de producto y la cadena de supermercados, en que esos alimentos no se podían comercializar, pero sí se podían consumir. Es decir, justo lo que el banco de alimentos requería para justificar ante el SII que esos alimentos debían ser donados, ya que no se podía hacer nada con ellos, salvo dejarlos descomponerse y destruirlos, como indicaba la ley, generando además un gran daño adicional al medioambiente.
Con esta información en mano, Calú inició una serie de encuentros con el SII con el objetivo de demostrarles que era posible aprovechar estos alimentos sin generar problemas de control fiscal.
A la primera reunión –en plan de lobistas– con Juan Alberto Rojas, abogado jefe del SII, Calú fue acompañado por Roberto Peralta. Pero los resultados no fueron auspiciosos.
–No, no, no y no. Por ningún motivo. Por favor, entiendan. Lo que ustedes piden va a generar un loophole14 en nuestro sistema impositivo, por donde se van a escapar muchos tributos –dijo con firmeza Rojas.
Y no fue una, sino varias las reuniones que tuvieron con Rojas y, en cada una de ellas, le presentaron nuevas propuestas para combatir la posible creación de loopholes que pudieran ser usados maliciosamente para evadir impuestos. El tema podía subsanarse, pero para ello había que cambiar mentalidades.
Odisea 2007
Durante 2007 el equipo de trabajo de la subsecretaria Recart continuó buscando junto con el SII una fórmula para sacar adelante una nueva normativa, pero los esfuerzos se distanciaban y comenzaron a aparecer otros temas. Fue así como las esperanzas se fueron diluyendo y pasó otro año más.
Por esas fechas, como nuevo aliado, se incorporó al proyecto el abogado Pablo Guerrero, del estudio Barros & Errázuriz, quien, además, era presidente de la Fundación Pro Bono.
Odisea 2008
Un día cualquiera a mediados de 2008, Calú y María José, su señora, recibieron en su casa a Pierina Bocic y su marido, Patrick Orchard, a quienes habían invitado a cenar. Los matrimonios se conocían porque sus hijos mayores fueron compañeros de colegio y, desde entonces, tanto los padres como los hijos, forjaron una gran amistad.
Entre aperitivos y bajativos, surgió el tema del banco de alimentos. Con su modo apasionado, Calú les resumió en qué estaba el proyecto y comentó la frustración que sentía ante los obstáculos para llevarlo a cabo. La respuesta de todos fue unánime: era una gran idea y tan evidente que ninguno entendía que no fuera posible materializarla. Pero en Pierina el concepto despertó algo más fuerte aún; a medida que escuchaba el relato de Calú, el entusiasmo por participar de la idea se hacía cada vez más grande en ella. Le pareció que era de tanto sentido común aprovechar los alimentos que no se pueden vender para entregárselos a quienes no los pueden comprar, que llegó incluso a sentir un poco de vergüenza de que fuera un argentino quien liderara la idea, aunque su amigo era bien chileno también, con sus catorce años viviendo en el país. Entonces, cuando Calú le pidió que lo acompañara en esta aventura, no lo dudó ni por un instante.
Y así, esa misma noche, en casa de los Ingham, nació entre los cuatro –con Carlos y Pierina al frente– el directorio imaginario del primer banco de alimentos imaginario de Chile.