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Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia
Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia
Édgar Ardila Amaya
Arturo Suárez Acero
Editores
Instituto de Investigación Sociojurídica
“Gerardo Molina” - Unijus
Bogotá D.C., 2021
CATALOGACIÓN EN LA PUBLICACIÓN UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Arauca : una escuela de justicia comunitaria para Colombia / Édgar Ardila Amaya, Arturo Suárez Acero, editores. -- Primera edición. -- Bogotá : Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales. Vicedecanatura de Investigación y Extensión. Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” (Unijus), 2021.
Incluye referencias bibliográficas e índices de autores y materias
ISBN 978-958-794-554-6 (rústica). -- ISBN 978-958-794-556-0 (e-pub). – ISBN 978-958-794-555-3
1. Universidad Nacional de Colombia (Arauca) -- Escuela de Justicia Comunitaria (EJCUN) -- Fines y objetivos 2. Justicia comunitaria -- Arauca -- Colombia 3. Mecanismos de solución de conflictos 4. Jueces de paz – Arauca -- Colombia 5. Cultura de paz – Arauca – Colombia 6. Negociaciones de paz 7. Administración de justicia – Arauca – Colombia 8. Equidad (Derecho) – Arauca – Colombia 9. Conflicto armado – Arauca – Colombia I. Ardila Amaya, Edgar, 1959-, editor II. Suárez Acero, Arturo, editor III. Serie
CDD-23 378.175 / 2021
Arauca: una escuela de justicia comunitaria para Colombia Colección Gerardo Molina
© Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
© Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
© Vicedecanatura de Investigación y Extensión
© Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” - Unijus
© Édgar Ardila Amaya y Arturo Suárez Acero, editores
Primera edición, 2021
ISBN (impreso): 978-958-794-554-6
ISBN (IBD): 978-958-794-555-3
ISBN (digital): 978-958-794-556-0
Dolly Montoya Castaño
Rectora Universidad Nacional de Colombia
Hernando Torres Corredor
Decano Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Alejo Vargas Velásquez
Vicedecano de Investigación y Extensión
Preparación editorial
Instituto de Investigación Sociojurídica “Gerardo Molina” - Unijus
Pedro Elías Galindo León
Director Unijus
Viviana Zuluaga Zuluaga
Coordinadora editorial
Julieth Constanza Leal García
Asistente coordinación editorial
Hernando Sierra
Asistente coordinación editorial
Fabio Toro Lugo
Coordinador académico
Luis Miguel Solórzano
Asesor administrativo y financiero
Alejandra Álvarez
Correctora de estilo
María Victoria Mora
Diagramadora
Marcianita Barona
Imagen de cubierta
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio sin la autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
Hecho en Colombia
Made in Colombia
A quienes desde el Arauca enseñan a construir paz con justicia comunitaria. Alirio Zubieta, Zulma Bastos, María Elena Vallejo y Uriel Garzón: su vida alienta a miles después del fin de sus tiempos.
CONTENIDO
Hacia un lugar para Arauca en el Derecho nacional
Édgar Ardila Amaya
La justicia comunitaria y la construcción de colombianidad en el Sarare
¿Reinventarnos o simplemente reconocernos?
La Escuela en Arauca
Esta obra
Primera parteLECTURAS TERRITORIALES
Justicia en Arauca: entre el Estado y la insurgencia
Arturo Suárez Acero
El revés de la justicia
Reglas armadas: entre la seducción y el miedo
La disputa por la justicia
Mapas de la justicia en el piedemonte
Conflicto, violencia y paz en el piedemonte araucano
Paula Andrea Moreno Pinzón
Regulación de un territorio fragmentado
Conflicto cotidiano: lo que está en juego
La violencia: geografías de la guerra y el abandono
Capacidades locales para la paz: (re)interpretación del territorio y articulación comunitaria
Así se accede a la justicia en Arauca
Édgar Ardila Amaya
Introducción
Diversidad de instancias
Actores armados, conflicto y territorio
Operadores estatales
Conclusión
Segunda parteLA DISPUTA DE LA JUSTICIA COMUNITARIA
Bases de la propuesta de la Escuela a los araucanos
Arturo Suárez Acero
Édgar Ardila Amaya
Trayectos universitarios
¿Transformar el Derecho?
Apuesta metodológica
¿Tiene sentido promover la justicia en equidad en Arauca?
Édgar Ardila Amaya
Hablar de justicia comunitaria
Una precisión conceptual
Diversidad de figuras
El corto vuelo de la justicia en equidad
De la conciliación a la mediación
Construcción regional del acceso a la justicia: travesía y aprendizaje
Arturo Suárez Acero
Francy Aimed Tolosa Vallejo
Sufriendo guerras ajenas
Empezar a llamar justicia a los acuerdos comunitarios
De la paz también se habla y se actúa en Arauca
Aprendizajes y enseñanzas de Arauca
Tercera parteAPRENDIZAJES ARAUCANOS
El aporte de los conciliadores en equidad a la paz de Arauca
Melissa Vargas Silva
Diego Fernando Acosta Daza
Los conciliadores en equidad son personas de carne y hueso que resisten a la violencia
El Programa de Justicia en Equidad se constituye en una capacidad local para la paz
Aportes de la conciliación en equidad a la realidad araucana
Notas de cierre
Sistema local, para que la justicia surja con el diálogo y las respuestas efectivas
Édgar Ardila Amaya
Arturo Suárez Acero
Introducción
Transformar la relación del Estado con la comunidad y sus conflictos
Instancias comunitarias en el Sistema Local de Justicia
El sistema local de justicia y el territorio municipal
Así operan los terminales de justicia
Conclusión
Referencias
Autores
HACIA UN LUGAR PARA ARAUCA EN EL DERECHO NACIONAL
Édgar Ardila Amaya
La Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia —EJCUN— ha venido adelantando desde el año 2005 una labor de extensión e investigación en Arauca con diferentes sectores poblacionales y un amplio espectro de entidades estatales relacionadas de alguna manera con las necesidades de amparo de derechos, la regulación social y el acceso a la justicia. Por diferentes razones, la intensidad en las labores ha sido mayor en los cuatro municipios que descienden desde los Andes orientales por el piedemonte, constituyen la zona del Sarare y reúnen aproximadamente la mitad de la población y del área del departamento de Arauca.
Este capítulo busca entender hacia dónde se dirige la labor que realiza la EJCUN en desarrollo y empoderamiento de instancias comunitarias de gestión de conflictos. Aquí, se describen los elementos fundamentales del enfoque y los principales rasgos de la estrategia y la metodología de búsqueda que la Escuela, como equipo de la Universidad, hace al interior de la región tratando de identificar cómo pueden transformarse positivamente los escenarios jurídicos y, desde allí, extraer aprendizajes para otras regiones de Colombia que pueden estar sometidas a condiciones similares.
Desde su definición misional, la Universidad se propone aportar en la elaboración del proyecto de nación para Colombia. Ese proyecto cultural convoca una serie de acciones de amplio espectro que, aunque tienen su vértice en la formación de profesionales, se encaminan hacia la construcción y transformación de la identidad colombiana en diálogo y sinergia con pluralidad de actores a partir de saberes y capacidades de origen diverso que constituyan respuestas a las necesidades del país.
En el caso de Arauca, nuestro proyecto cultural tiene retos grandes que se vienen sumando a desafíos históricos que en el último medio siglo ni siquiera se habían encarado. Arauca es un territorio marginalizado y olvidado desde el centro del país, de condición fronteriza, profundamente marcada por la desigualdad, el racismo y la discriminación étnica, que no ha logrado construirse como región y tampoco ha contado con canales que la conecten adecuadamente con una nacionalidad que, generalmente, la esquiva o le muestra los dientes.
A continuación, tratamos de precisar en qué se concreta ese compromiso que asumimos en relación con la región desde nuestro lugar como equipo de la Universidad que trabaja en el campo del derecho y la administración de justicia. Luego, enmarcamos teórica y metodológicamente el sentido con el que nos acercamos a interactuar con estas dinámicas sociales. Finalmente, describimos los retos que hemos asumido a lo largo de nuestra experiencia en el departamento de Arauca y evaluamos la manera como los encaramos.
LA JUSTICIA COMUNITARIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE COLOMBIANIDAD EN EL SARARE
Hay una gran distancia entre las fórmulas jurídico-políticas de la modernidad y la realidad de nuestras estructuras orgánicas. Mientras en Europa el concepto de nación precede al del Estado y se concibe como un conjunto humano, que por compartir territorio e historia se siente parte de lo mismo, la Constitución establece la nación a partir del discurso de un pequeño grupo que se considera heredero de españoles y no se identifica con la mayoría, de las pretensiones territoriales que fijan en las normas y de los mapas que no están integrados espacialmente. De acuerdo con esto, el orden jurídico se organiza sobre una nación que es poco más que una formalidad, no solo porque carece del requerido fundamento identitario, sino también del alcance territorial que pregona.
La gran profesora colombiana María Teresa Uribe caracteriza amplias zonas por la carencia institucional del Estado, que no implica necesariamente la falta de presencia física, sino su incapacidad de operar y, en consecuencia, su impotencia para producir los referentes simbólicos de lo nacional que ordenen las relaciones sociales. Con lo cual, en caso de conflicto, la acción reivindicatoria o retaliatoria por mano propia solo encuentra alternativas viables en la intervención de poderes territoriales no nacionales que pueden imponer el orden o competir para imponerlo (Uribe, 2001).
Si bien hoy podemos constatar que —además de una plaza de Bolívar y una estatua de Santander— en esos municipios hay jueces y otros operadores de justicia, su presencia allí en muchos casos no es más que simbólica, porque no garantiza el orden nacional en el territorio, pues para actuar carecen de capacidad operativa, de garantías de seguridad para ellos, de respaldo de la fuerza pública para sus actuaciones y de legitimidad en la comunidad (García, 2008). Así, los conflictos que más afectan a la comunidad son gestionados por los poderes extraestatales, en territorios de todas maneras con orden extraestatal o, de manera más violenta y letal, en las zonas de caos donde compiten los diferentes actores por el dominio territorial (Ardila, 2018).
Arauca es un caso particular dentro de este panorama. Sin haber encontrado una vía para que la región avizorara en la historia condiciones físicas, políticas, económicas y culturales de integración con el resto del país, en apenas cinco décadas ha sido sometida a dinámicas provenientes del resto del país que la lesionan y la fraccionan aún más. Arauca, cultural y físicamente, hace parte de la región bastante homogénea que se conoce como “Los Llanos”, y que comparten Colombia y Venezuela. De manera más o menos similar al resto de los departamentos de esta enorme región, Arauca permaneció más integrada con los llanos1 y relativamente aislada del resto del país, y no ha encontrado oportunidad de participar en la construcción de identidad nacional2.
La expansión paulatina y centenaria de la economía ganadera de pastoreo, aunque generalmente no reivindicaba títulos de propiedad, atacó los sistemas de relacionamiento de la población indígena con la naturaleza, especialmente de los pueblos nómadas. La expulsión creciente de los llamados “guahibos” de sus propios territorios ha estado sustentada en un ideario racista desde el que no solo se les ha excluido de las pocas oportunidades existentes, sino que se les ha asesinado3. Sin embargo, es en la segunda mitad del siglo XX que se producen los rasgos más profundos del actual escenario de fraccionamiento social y cultural, luego de una migración desordenada y agresiva que no solo ataca de frente la territorialidad de los pueblos nativos, sino una cierta comunalidad existente en el pastoreo de ganado.
Durante la mayor parte de la Colonia predominó la población indígena, en parte sometida a la explotación ganadera impulsada por los jesuitas, aunque hubo una paulatina colonización de zonas aledañas, incluso venezolanas, que fueron definiendo una configuración cultural y fenotípica que se conoce externamente como el llanero, y allá denominan criollo. Esta población aprendió de los indígenas su interacción con la naturaleza, pero se vinculó con la ganadería en el pastoreo de los grandes hatos que sucedieron a la expulsión, en el siglo XIX, de la Compañía de Jesús.
Esa situación empezó a tener un cambio rotundo y unos choques interculturales por la migración masiva de los departamentos andinos a partir de la violencia del medio siglo, pero que arreció con la expectativa generada por el descubrimiento de petróleo en los años ochenta. La población del Sarare por lo menos se duplicó en treinta años, principalmente, por la inmigración, que expandió una tendencia cultural y fenotipo andino en los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita, que los lugareños denominan “guates”.
Los desplazamientos forzados por el conflicto armado compelieron por décadas a oriundos de Santander, Boyacá y otras regiones de Colombia a abrirse espacio en este territorio, en disputa con la población ya asentada. Pero los recién llegados no pudieron dejar atrás los factores y los actores que los llevaron hasta allí y tampoco encontraron respuestas institucionales a sus necesidades en el nuevo territorio. Por el contrario, lo protuberante ha sido la presencia y el control de los actores armados. Con un Estado ausente, en medio de los esfuerzos autogestionarios de las comunidades, fueron medrando proyectos territoriales guerrilleros que, ante las necesidades de las comunidades, procuraron cooptar los recursos y las organizaciones que ellas habían desarrollado o, simplemente, imponer sus condiciones para hacer alguna oferta para la solución de conflictos y otras necesidades de la comunidad.
En los años ochenta, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se hizo fuerte y predominó en el territorio. En los noventa, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lograron disputarle amplias zonas e imponerse en varias de ellas en una confrontación crónica que se prolonga hasta esta década, dejando más líderes sociales víctimas que bajas entre las partes. Al comienzo del siglo, aprovechando el repliegue de la guerrilla, logrado por las fuerzas armadas del Estado, grupos paramilitares se expandieron desde el sur, arrasando el liderazgo social existente entonces. En todos los casos, las comunidades tuvieron que reconstruirse luego de que, al asesinar o desplazar a sus líderes, se les privaba de los recursos colectivos para atender sus necesidades.
Frente a muchos de sus problemas, en las últimas décadas, el Estado viene dando respuestas muy precarias y limitadas en su alcance. El Sarare, a pesar de la enorme riqueza petrolera —que en su mayoría se bombea por un tubo sin que llegue a verse—, es una zona marginalizada y se encuentra por debajo de los índices de satisfacción de las necesidades que se registran en el país (datos de pobreza, participación, estratos económicos, PIB per cápita, NBI).
Pero ese no es el único problema, el territorio está fuertemente fragmentado. Por una parte, a causa de la lucha bélica por el territorio, se ha incrementado el aislamiento de unas zonas y otras; y se han dividido en su interior, incluso, las comunidades y hasta a las familias por la desconfianza, la polarización y la estigmatización mutuas. Por otra parte, las dinámicas de poblamiento y la ubicación socioeconómica han demarcado cuatro grupos sociales que tienden a diferenciarse y a discriminar de arriba hacia abajo así: en la cresta, beneficiarios de la economía petrolera y de los recursos públicos, como la burocracia estatal sempiterna; enseguida, los guates, que a través de la apropiación de la tierra y el comercio se han convertido en el sector que dinamiza la economía capitalista en la región y constituye la población mayoritaria, salvo en Tame; en un nivel inferior, está el sector que identifica a todos los llaneros, los criollos, que son población en general carente de propiedades y de acceso a los beneficios sociales y se ubica en zonas muy marginales; en la parte más baja, u’was, hitnüs, macaguanes, betoyes y sikuanis, muy reducidos en sus miembros, población indígena que se mantiene aferrada a su identidad, de cara a una sociedad que mayoritariamente los excluye.
En lo relacionado con la labor que desempeña la EJCUN, se evidencia que las entidades encargadas de garantizar derechos y gestionar conflictos han tenido una presencia insular, discontinua, desarticulada e insuficiente. Por ello, los requerimientos de justicia rara vez llegan a puerto mediante la oferta institucional nacional. De allí que la Constitución y las otras leyes de la República no sean una herramienta reconocida para ordenar la vida y regular los comportamientos sociales en la región. De hecho, a pesar de que en ello se agotan las acciones estatales, las entidades encargadas de agenciar la legalidad en el territorio son muy poco robustas y tienen un alcance territorial que apenas rasguña lo más importante de la conflictividad, que se circunscribe a un radio de acción principalmente urbano. Los programas de promoción y defensa de derechos, y de acceso a la justicia han estado reducidos a unos recursos muy limitados de la cooperación internacional.
La acción coactiva de actores ilegales es, en parte, una consecuencia de esa exclusión. La instrumentalización de la violencia para tramitar los conflictos ha sido un recurso más utilizado que la fuerza que corresponde a los actores estatales en buena parte del territorio. La población se somete a los actores armados no solo por miedo a sus represalias, sino también, en muchos casos, por la necesidad que se tiene de zanjar conflictos que no se está dispuesto dejar en suspenso, y ese es el camino que predomina. Es la contracara de la inacción del Estado que aparece en muchos estudios sobre la violencia en esta u otras zonas del país. Pero tampoco desde aquí puede comprenderse plenamente el conjunto de dinámicas que determinan los comportamientos y enmarcan las dinámicas de orden social reinantes en la zona.
La manera como la gente actúa y se relaciona entre sí, también como tramita sus controversias, es la sumatoria de diversos vectores que interactúan de manera compleja y muchas veces contradictoria. Están sin resolverse los choques que surgen de las normas que siguen las personas para trabajar, para acceder a la naturaleza y a los bienes, para intercambiar recursos, para reproducirse o para participar en las acciones colectivas, pues estas no son homogéneas. Para los indígenas y una parte del campesinado, los parámetros son los que plantaron los ancestros; mientras que, para los colonos de las últimas décadas, son los que trajeron de sus zonas de origen. El impulso de las normas estatales también llega débil al pasar por los filtros de comunidades de fe o de grupos políticos poco interesados en el discurso de la legalidad.
Además, ya hemos visto que, como resultante de ese juego vectorial muchas veces también conflictivo, han ido surgiendo, con mayor o menor sostenibilidad, instancias, saberes y procedimientos mediante los cuales las comunidades han buscado atender por sí mismas las necesidades de justicia que se presentan a su interior. Esas normas y esas instancias, con sus limitaciones y sus defectos, tienen una profunda y extensa significación en la vida de los sarareños. El modo de ser araucano se ha venido construyendo en esa área comunitaria todavía poco visible pero mucho más real y presente que los códigos legales y las metralletas. Hay una trayectoria de experiencias, incluso algunas efímeras y ocasionales, que han ido dejando también enseñanzas sobre cómo abordar los conflictos y han decantado capacidades que se han convertido en el patrimonio más valioso para enfrentarlos. Son esas normas y esas instancias las que representan el sentir y el ser de este territorio llanero.
Es allí donde se ubica el lugar específico de la EJCUN en la misión de la Universidad. La resignificación de la nación no puede hacerse con la exclusión de Arauca, de sus identidades, de su obra colectiva, de las normas que encauzan su interacción, de los instrumentos que han generado para tramitar sus controversias pacíficamente. El sistema jurídico y la función de administrar justicia debe buscar los caminos para que este acumulado pueda ser canalizado. Empeñarse en desconocerlo, intentando imponer modelos únicos, es remar contra la corriente y, sobre todo, puede tener un efecto que solo llega a destruir lo poco o mucho con lo que cuenta la población.
Si, ante la inexistencia o la ineficacia del Estado, son las instancias y las reglas comunitarias lo que funciona en medio de la dura realidad específica del piedemonte, se trata de conocerlas y reconocerlas, de valorarlas y evaluarlas, de fortalecerlas y de criticarlas. De hecho, es necesario partir de la base de que no se trata de una realidad uniforme, sino de un escenario en el que se han ido estructurando tendencias y proyectos diferentes y, en muchos sentidos, contradictorios entre sí. Entonces, nuestra labor no se limita a describir y a ser testigos de su experiencia, se trata de entablar un diálogo con su normatividad y sus instancias en busca de que la propia comunidad se transforme y fortalezca desde sus propias contradicciones y en su interacción con las dinámicas nacionales. Pero también se trata de que el proyecto de nación y de sus estructuras jurídicas se enriquezcan con el aporte que se hace desde una región específica, de que la oferta institucional se nutra con los aprendizajes que se elevan también desde estas realidades que no son excepcionales en el país.