¡ Queremos lo nuestro!

Finalmente, los Estados han decidido remediar las violaciones a la propiedad ocurridas en el pasado porque no hacerlo puede poner en peligro potencial la estabilidad actual21. Sudáfrica es un caso perfectamente ilustrativo porque un fracaso al rectificar sus inequidades en la distribución de la tierra es como un mar de petróleo esperando un fósforo. En uno de los estudios más impresionantes hasta la fecha sobre la opinión pública, en materia de reforma de tierras en Sudáfrica, James Gibson encuestó a 3.700 sudafricanos y encontró que el 85 % de los negros en Sudáfrica creían que «[l]a mayoría de la tierra en Sudáfrica fue arrebatada injustamente por los colonos, y que por tanto ellos no tenían derecho a la tierra hoy»22.

El resultado más inquietante del estudio de Gibson fue que dos de cada tres personas negras estaban de acuerdo en que «la tierra debe ser devuelta a los negros en Sudáfrica, sin importar cuáles sean las consecuencias para los dueños actuales ni para la estabilidad política del país»23. De acuerdo con los datos de Gibson, la mayoría de los negros, tanto en áreas rurales como urbanas, ven la tierra como robada y la quieren de vuelta aun si la redistribución provoca inestabilidad política. Si el Estado post-apartheid no aborda adecuadamente las injusticias pasadas sobre la tierra, la estabilidad actual puede estar en peligro24. Por todas estas razones, el Estado sudafricano post-apartheid ha decidido dar una mirada al pasado y abordar la expropiación de la dignidad ocurrida bajo el colonialismo y el apartheid.

Breve historia de la expropiación de la dignidad en Sudáfrica

Los primeros despojos de tierra en la historia sudafricana comenzaron con la fundación de la Estación del Cabo por parte de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales (VOC) en marzo de 165125. La VOC dio a la población nativa la opción de irse o quedarse en sus tierras como sirvientes de los holandeses26. En 1679 la VOC comenzó a implementar una política más activa de adquisición de tierras, lo que les garantizó a los colonos blancos tierra siempre que fuera cultivada dentro de los tres primeros años27. La VOC adquirió esta tierra de los nativos usando la fuerza bruta o algunas veces comprándola de los líderes comunitarios. No obstante, debido a que estos líderes no conocían la ley holandesa o el concepto de venta permanente de la tierra, algunos académicos han concluido que las compras iniciales de tierra se basaron en el engaño28. La conquista británica de la colonia holandesa en 1806 no significó ningún cambio en las políticas racialmente opresoras que existían en la época29. De hecho, el despojo se aceleró al mismo tiempo que los británicos conquistaron nuevas comunidades y tomaban la mejor tierra para sí30.

Las poblaciones nativas no entregaron fácilmente sus tierras y pelearon varias guerras para resistir la invasión británica. Por ejemplo, en 1834, bajo el liderazgo de Gcaleka, los xhosa llevaron a cabo una guerra de guerrillas contra los británicos. A pesar de haber sido exitosos inicialmente en hacer retroceder a los británicos, la llegada de refuerzos de éstos llevó a la derrota de los xhosa y a la ejecución de Gcaleka31. No obstante sus valientes esfuerzos, las poblaciones nativas fueron finalmente diezmadas por la viruela, se retiraron hacia el interior o se mantuvieron bajo autoridad colonial. Estos nativos bajo el dominio colonial fueron forzados a la servidumbre como pastores, sirvientes domésticos o trabajadores agrícolas, y muchos tenían que pagar a los colonos renta, impuestos (en la forma de una porción de sus productos) o prestación de servicios32.

Desde principios del siglo XIX, los oficiales británicos usaron desalojos forzados y reubicaciones como forma de ejercer la autoridad colonial y controlar la población indígena. Sin embargo, inmediatamente después de que se diera la unión de Sudáfrica en 1910, la apropiación de tierras y la reubicación tomaron un decidido giro legal. La Ley de Tierra para Nativos de 1913 llevó a que solo el 7 % de la tierra del país fuera reservada para «nativos»33. La Ley de Fiducia Nativa y Tierra de 1936 finalmente expandió este número al 13 %34. Estas leyes prohibieron a los sudafricanos negros comprar o rentar tierra fuera de las reservas, lo que los relegó a ser arrendatarios laborales o empleados de tiempo completo en el 87 % de su tierra nativa. Los lotes de tierra situados fuera de las reservas designadas y comprados antes de 1913 fueron llamados zonas negras (black spots) y se mantuvieron bajo constante amenaza de desalojo35. Como consecuencia de lo anterior, un académico resaltó que «[l]a Ley de Tierras para Nativos convirtió en ley el proceso de desposesión de los sudafricanos negros de sus tierras que ya llevaba 200 años. El derecho y no la guerra fue el medio final de conquista»36.

El siglo XX trajo consigo la industrialización y la urbanización, y cambió el centro de la actividad económica del área rural a las áreas urbanas37. A pesar de que el recientemente formado Estado sudafricano animó a los africanos negros a trabajar en las áreas urbanas, ellos no estaban llamados a echar raíces allí. La ideología que motivó esto era que los africanos, como los animales de finca, no pertenecían a la ciudad, sino a las áreas rurales. Esta ideología fue articulada de forma más influyente en 1922 por la Comisión de Gobierno local del Transvaal liderada por el coronel C. F. Stallard, popularmente conocida como la Comisión Stallard. Esta comisión concluyó que el sudafricano negro solo debería entrar a la ciudad «cuando estuviera dispuesto a atender las necesidades del hombre blanco», y «que debería ser forzado a salir cuando cesara de atenderlas»38. Los académicos han identificado diferentes razones que explican el ímpetu que tuvieron las leyes y políticas públicas, que asumieron que los blancos eran naturalmente urbanos y los africanos eran habitantes congénitos del campo; las más prominentes están relacionadas con consideraciones militares, dominación política y acumulación de capital39. A medida que la agricultura empezó a perder su dominio y las economías urbanas se volvieron más lucrativas, el Estado usó una complicada red de leyes mutuamente reforzadas para minimizar y controlar la presencia de las personas negras en las áreas urbanas.

La primera ley importante que buscó regular la presencia de africanos negros en áreas urbanas fue la Ley de Nativos (Áreas Urbanas) de 1923, la cual expandió el número de locaciones urbanas donde el Estado podía forzar a los nativos a mudarse. Los nativos podían ocupar pero no comprar una residencia en estas áreas urbanas, las cuales pasaron a llamarse «townships (comunas)» o «locaciones»40. Esta ley permitió a aquellos africanos que cumplieran con los requisitos establecidos en la sección 10 de la ley modificada residir temporalmente en las townships siempre que tuvieran un pase a la mano en todo momento. Esto llevó a que solamente los sirvientes pudieran vivir en la ciudad41. La Ley de Áreas Urbanas hizo que no se estableciera una fuerza de trabajo negra urbana y en consecuencia creó una clase de trabajadores migrantes altamente vulnerable. Estos trabajadores podrían ser enviados a sus reservas nativas y privados de su sustento en cualquier momento. Esta vulnerabilidad hizo que los trabajadores africanos fueran menos propensos a organizarse y hacer huelgas para conseguir mejores pagos, lo que minimizó el riesgo que supondría para la supremacía blanca una clase de trabajadores sudafricanos negros empoderados42.

Las locaciones urbanas establecidas para los sudafricanos negros eran en su mayoría comunas deplorables. En el libro African Population Relocation in South Africa, Maré describe lo que la gente tuvo que soportar cuando se mudó a la comuna de Nondweni: «La gente fue llevada en camiones y las posesiones que no cabían tuvieron que ser dejadas atrás […] Las letrinas se llenaban con agua porque el suelo no era lo suficientemente poroso; frecuentemente ocurrían casos de fiebre tifoidea, enfermedades relacionadas con la nutrición y neumonía»43. En los años 1920 hubo intentos iniciales de limpiar las comunas y construir comunas modelo cerca a las áreas urbanas, sin embargo las nuevas comunas no lograron remediar el hacinamiento porque no eran lo suficientemente grandes para acomodar el flujo de migrantes a las ciudades. En consecuencia, los trabajadores negros y sus familias fueron forzados a vivir en habitaciones hacinadas, sin ventilación y sin provisión de servicios sanitarios44.

La Ley de Administración de Nativos de 1927 fue la siguiente ley importante responsable del desarraigo de los sudafricanos negros en las áreas urbanas45. Antes de 1927, cada jurisdicción tenía sus propias políticas para remover africanos, siendo algunas jurisdicciones más agresivas que otras. Como resultado, la ley centralizó el poder del Estado permitiendo al Gobernador General –a quien el acto consideró como el jefe supremo de todos los nativos– remover cualquier «tribu o nativo» en la medida en que lo considerara necesario para promover el interés público46.

Siete años más tarde, el Estado utilizó argumentos más creativos para desplazar a los africanos urbanos. Bajo el disfraz de una medida de salud pública, la Ley de Comunas de 1934 consolidó más fuertemente la regulación de la presencia de africanos en áreas urbanas47. La ley creó un estándar mínimo para las viviendas y permitió al gobierno evacuar y confiscar cualquier propiedad que cayera por debajo de dicho estándar48.

En vez de resolver el problema de las comunas, la ley simplemente creó nuevas comunas miserables lejos del centro de la ciudad, las cuales eran alojamientos inadecuados; esto forzó a muchos africanos y mestizos a establecerse ilegalmente. Las condiciones de hacinamiento y por debajo de cualquier estándar digno de vida promovieron el surgimiento de actividades ilegales que la gente empezó a desarrollar para ganarse la vida49.

El partido nacionalista llegó al poder en 1948 y escaló el sistema existente de apartheid50. El régimen del apartheid removió forzadamente a millones de personas negras urbanas de sus hogares y los privó de su propiedad para crear una sociedad donde cada raza y grupo étnico viviera separadamente. El gobierno del apartheid creó la Ley de Áreas de Grupo de 1950 y 1957, la cual asignó a cada grupo étnico un área donde solo él podía vivir, tener propiedades y realizar negocios51. Los blancos, asiáticos, mestizos, xhosa, tswana, venda, pedi, swazi, zulu y south sotho se convirtieron, cada uno, en piezas de un rompecabezas racial y étnico, y con gran fuerza destructiva, el gobierno intentó mover cada pieza para que cada grupo estuviera en su lugar «apropiado». Una organización de la sociedad civil, The Surplus People’s Project, reportó que la Ley de Áreas de Grupos fue responsable de la mayoría de las reubicaciones en áreas urbanas, desplazando alrededor de 860.400 personas52. El gobierno del apartheid transfirió la propiedad confiscada a los diferentes grupos raciales para ocupación étnica, la vendió para propósitos comerciales o industriales o se quedó con la tierra para uso gubernamental53.

Para 1950, las leyes anteriores ya relegaban a los africanos a reservas rurales o a locaciones urbanas en la periferia de las ciudades, así que la Ley de Áreas de Grupo afectó principalmente a los indios y a los mestizos que se habían establecido y mezclado en áreas urbanas. Aun así algunos grupos africanos negros fueron afectados por la Ley de Áreas de Grupo. Por ejemplo, de 1900 a 1965 una comunidad en Simonstown, llamada Luyolo, era la única locación permanente de africanos en la península del Cabo. Los casi 1.600 luyolos varones residentes trabajaban principalmente en el puerto cercano y en las canteras, mientras que las mujeres trabajaban como sirvientas domésticas dentro y alrededor de la ciudad54. El señor Rabodila, un antiguo residente de la comuna de Luyolo, lamentó el impacto que la ley de Áreas de Grupo tuvo en su comunidad:

Nací en Luyolo, sí. La localidad de Luyolo en Simonstown, yo crecí ahí y era un lugar muy agradable –vibrante […] Entonces éramos una comunidad muy unida; muy cercana. No éramos una comunidad grande. Era una pequeña locación, sí. Pero, con el pasar de los años, cuando el gobierno del apartheid llegó, empezaron a remover por la fuerza a todas las personas africanas de los barrios y nos tiraron en el Gugulethu […] Y ahí ahora la gente y las familias se resquebrajaron y la gente ahora está intentando hacerse a la idea del nuevo ambiente porque era un desierto, sí. Pero de todas maneras no podíamos hacer nada porque era el sistema que se aplicaba. Y para decirle la honesta verdad, las cosas nunca fueron iguales jamás porque esa fue la ley más cruel del apartheid. La llamaron la Ley de Áreas de Grupo. Fue lo que más [pausa] le dio un gran golpe a la gente africana y por eso es que estamos en esta situación, sí55.

En los años 1960, el Estado del apartheid «des-estableció» (es decir, erradicó) las comunas, particularmente en Transvaal y en el Orange Free State, diezmando más aún la escasa presencia urbana de la población africana56. Empezó en 1955 cuando la Comisión Tomlinson estableció bantustanes o patrias, que eran supuestamente Estados-nación autónomos destinados por el gobierno del apartheid para los diferentes grupos étnicos africanos. Las comunas fueron erradicadas y los africanos fueron forzados a mudarse al bantustán si sus comunas estaban a 75 kilómetros o menos de ellos. Por tanto, «en 1983 se calcula que a lo largo de la república 783.000 personas fueron obligadas a mudarse por medio de la política de erradicación de las comunas, y que otras 184.000 estaban bajo amenaza de desplazamiento»57.

En otro golpe a los derechos sobre la tierra de los africanos residentes en áreas urbanas, en 1968 el gobierno del apartheid abolió el arrendamiento a treinta años –una cuasi-forma de propiedad58. Además, a los africanos que habían llegado a ser propietarios de viviendas, el Estado les negó la posibilidad de legar sus casas a sus herederos59. El régimen del apartheid también eliminó la provisión de casas económicas a los africanos y abolió la provisión de alojamientos familiares, lo que resultó en un déficit de 186.000 alojamientos en las comunas urbanas para 198060. En consecuencia, aun cuando el Estado del apartheid no eliminó formalmente las comunas, muchos africanos negros fueron forzados a abandonarlas y a mudarse a los bantustanes debido a las pocas opciones de vivienda a las que se vieron abocados.

Como se ha demostrado con esta breve historia, desde 1651 hasta la caída del apartheid en 1994, el Estado colonial y el del apartheid usaron una serie de normas meticulosamente diseñadas, combinadas con fuerza bruta, para despojar a los negros. Como resultado, en 1994 los blancos eran dueños de aproximadamente el 87 % de la tierra, a pesar de constituir menos del 10 % de la población61. Había un acorde unificador a través de los siglos: el despojo era parte de una estrategia más amplia para subyugar a los negros, a quienes las autoridades consideraban sub-personas no merecedoras de completa e igual inclusión en la comunidad política.

El señor Carol, un hombre mestizo de la comunidad de Die Eiland, lamentó: «Sufrí por el apartheid, por la segregación […] yo era un ciudadano de segunda clase, peor que eso. No creo que usted pueda saber realmente lo que es no ser tratado como una persona. No ser tratados como seres humanos»62. El historiador Leonard Thompson explicó cómo los blancos justificaban este trato subhumano:

Virtualmente todos los blancos en la región, en común con sus contemporáneos en Europa y las Américas, se veían como pertenecientes a una raza superior, cristiana y civilizada y creían que, como tal, estaban justificados para confiscar tierra nativa, controlar el trabajo de los nativos y subordinar a las autoridades nativas63.

El archivo histórico es claro, los despojos en Sudáfrica fueron parte de una estrategia mayor que deshumanizaba e infantilizaba a los negros, ellos fueron expropiados de su dignidad.

Después de una lucha larga y duramente peleada, el apartheid terminó y nació una democracia multirracial comprometida con la justicia y los derechos humanos64. Como muchos otros Estados en transición, el nuevo Estado sudafricano tenía al menos dos opciones: podía enfrentar el despojo de tierras o podía ignorarlo. Bajo el liderazgo del presidente Nelson Mandela, el Estado decidió enfrentarlo. Un elemento importante de la estrategia post-apartheid era la sección 25.7 de la Constitución sudafricana que establece que:

Una persona o comunidad que haya sido despojada de su propiedad después del 19 de junio de 1913 como resultado de las prácticas o leyes pasadas racialmente discriminatorias tiene derecho […] bien a la restitución de dicha propiedad o a una compensación equitativa65.

La Comisión de Restitución de Derechos sobre la Tierra (en adelante, la Comisión) era la agencia administrativa encargada de convertir esta promesa constitucional en una realidad.

Una tarea complicada se erguía ante la Comisión, porque un remedio integral para las injusticias pasadas sobre la propiedad en Sudáfrica requería más que compensación por los despojos físicos. Involucraba confrontar la deshumanización latente, la infantilización, la exclusión política y económica que permitió esta expropiación de la dignidad. Esto es, involucraba una restauración de la dignidad. La siguiente sección describe los métodos utilizados por mí para investigar las circunstancias bajo las cuales la Comisión facilitó la restauración de la dignidad y aquellas en que no lo hizo.

Metodología

Este libro introduce los términos «expropiación de la dignidad» y «restauración de la dignidad» y se vale de métodos empíricos para desarrollar estos conceptos. La fuente primaria de información fueron entrevistas en profundidad y semiestructuradas a las personas que participaron en el Programa de Restitución de Tierras sudafricano. El libro privilegia, a propósito, sus voces y perspectivas, para que el lector oiga directamente a aquellos a quienes normalmente no se les da una oportunidad para hablar.

Realicé 141 entrevistas semiestructuradas de 151 reclamantes de tierras urbanas, con una duración de entre treinta y noventa minutos cada una. Estas entrevistas fueron grabadas, transcritas y realizadas con la promesa de confidencialidad (por ello los seudónimos enmascaran la identidad de los entrevistados). El 80 % de estas entrevistas las hice completamente en inglés, y usé un traductor cuando el entrevistado no se sentía cómodo hablando en este idioma. Todas las entrevistas tuvieron lugar frente a frente y no por teléfono. Llevé a cabo las entrevistas con una persona a la vez, pero en algunos casos usé grupos focales.

Adicionalmente a las entrevistas semiestructuradas, me apoyé en otras tres fuentes de información. Primero, realicé veintiséis entrevistas semiestructuradas a funcionarios, a quienes me refiero como funcionarios de la Comisión, que trabajaban en la Comisión Central de Reclamación de Tierras, así como en las comisiones regionales de Gauteng y el Cabo Occidental. Cada entrevista tuvo una duración de entre treinta y noventa minutos; todas fueron grabadas y transcritas pero no son confidenciales. Segundo, estuve en una oficina de la Comisión Central de Reclamaciones en Pretoria y realicé observación participante durante siete meses. Estuve en Sudáfrica de febrero a agosto de 2008 para llevar a cabo todo el trabajo de campo66. Tercero, utilicé fuentes secundarias como documentos gubernamentales, libros, periódicos y artículos académicos.

Tanto la literatura existente como el debate público sobre reforma de tierras se han enfocado principalmente en reclamaciones rurales67, y por ello este libro llena un vacío importante al enfocarse en las violaciones a los derechos de propiedad ocurridos en las áreas urbanas. La ausencia de trabajos sobre despojos urbanos es una omisión clave en los análisis sobre el programa de restitución de tierras porque la Constitución provee un remedio para las violaciones ocurridas entre 1913 y 1994, y, para el siglo XX, la industrialización y la urbanización movieron los centros de poder de las áreas rurales a las áreas urbanas68. El poder de las autoridades blancas estaba basado en su habilidad para controlar estos espacios urbanos burgueses, así que el desplazamiento urbano era clave para subyugar a los negros y mantener el poder blanco69. El despojo urbano era también importante porque afectaba a una porción significativa de la población sudafricana. A pesar de que no hay números exactos, se estima que 3.5 millones de personas fueron desplazadas forzadamente de las áreas urbanas como resultado de tan solo una de las muchas leyes usadas, la Ley de Áreas de Grupos70. Finalmente, es importante enfocarse en los reclamantes urbanos porque ellos eran el 33 % de las 1.551.294 personas que se beneficiaron de las restituciones en el año 200871.

Para investigar el impacto de los recursos provistos para aquellos que fueron desplazados forzosamente de las áreas urbanas seleccioné primero comunidades desplazadas en las provincias de Gauteng y Cabo Occidental (ver Mapa I.1, I.2 y I.3). En la muestra están incluidas comunidades dentro o cerca de Johannesburgo, Soweto, Pretoria y Ciudad del Cabo, las cuales están entre las ciudades más grandes de Sudáfrica. Las comunidades seleccionadas capturaban el rango completo de los tipos de entrevistados incluyendo: africanos, mestizos, asiáticos y blancos; antiguos arrendatarios y propietarios; personas que recibieron compensación financiera, tierra y viviendas; y personas que recibieron compensaciones financieras en cantidades variadas.

Figura I.1. Mapa provincial de Sudáfrica

Figura I.2. Mapa de la Provincia de Gauteng

Figura I.3. Mapa de la Provincia del Cabo Occidental

Después escogí reclamantes aleatoriamente dentro de esas comunidades. La Comisión mantenía una lista de personas que habían recibido compensación financiera, la cual fue organizada por comunidades y establecía cuánto dinero había recibido cada persona. Una lista separada de nombres identificaba a las personas que habían recibido viviendas e indicaba el lote de tierra o la casa que habían recibido. Escogí a la quinta persona de cada una de estas listas y solicité que el departamento de archivo de las oficinas de reclamos regionales me diera sus archivos para asegurarme de tener el número de teléfono de los reclamantes. Después yo o un traductor llamamos a cada uno de los reclamantes elegidos aleatoriamente para agendar una entrevista. Alrededor de tres cuartos de los reclamantes tenían un número de teléfono habilitado y disponible en su carpeta del departamento de archivo de la Comisión, y más del 90 % de los reclamantes accedieron a ser entrevistados. Los entrevistados identificaron a los líderes dentro de sus comunidades, a quienes entrevisté y también incluí en la muestra. El Cuadro I.1 describe la muestra resultante de entrevistas.

Cuadro I.1. Descripción de la muestra de la entrevista

Las entrevistas produjeron largas transcripciones llenas de descripciones profundas, ricas en detalles. El proceso de organizar y sintetizar la información proveniente de las entrevistas me llevó a organizarla en siete categorías: 1) naturaleza y consecuencias del desplazamiento; 2) nivel de control que los entrevistados tuvieron en el proceso; 3) impacto de las restituciones; 4) aspectos técnicos del proceso; 5) dinámicas familiares; 6) dinámicas comunitarias; y 7) puntos de vista sobre el gobierno actual. Cada una de las siete categorías tenía varios códigos dentro de los cuales incluimos extractos de cada entrevista. Por ejemplo, el código «uso de la compensación» hace parte de la categoría «impacto de las restituciones». Este código contenía todos los extractos de las entrevistas en las cuales los entrevistados discutían cómo usaron sus restituciones y las razones tras esas decisiones. Después de leer todos los extractos de entrevistas en este código, pude identificar la diversidad de las respuestas, tendencias sobre cómo y por qué los entrevistados usaron sus restituciones, y casos atípicos con alcance explicativo. En la medida de lo posible, verifiqué la información con las fuentes de información adicionales del estudio (entrevistas con agentes de la Comisión, observación participante y fuentes secundarias).