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Se ha intentado acotar la discusión al abuso que las empresas eléctricas habrían digitado en contra de los usuarios con el cambio a los medidores inteligentes. Y se entiende, porque las empresas distribuidoras de electricidad quieren impedir que el debate escale y llegue a afectar el 10 % de rentabilidad mínima que la ley les asegura.
La fórmula para calcular esa alta rentabilidad se fijó durante la dictadura, cuando se privatizó el servicio eléctrico. Y se argumentó entonces que era indispensable considerar los riesgos asociados al negocio, que es un monopolio natural. Pero tras 35 años esos riesgos han experimentado un cambio radical: son mínimos, mientras las utilidades no han hecho más que crecer.
La renta de las empresas eléctricas
A raíz de la discusión pública sobre los medidores inteligentes, la ministra de Energía, Susana Jiménez, anunció que a fin de año el gobierno ingresará al Congreso una reforma general al sistema eléctrico. El gobierno tiene insumos para plantear esos cambios.
Desde 2017 la Comisión Nacional de Energía (CNE) tiene en sus manos un estudio realizado por Bonilla y Asociados donde se analiza el modelo que se utiliza para calcular la rentabilidad que se les asegura a las empresas distribuidoras de electricidad. El estudio concluye que una tasa de rentabilidad acorde a nuestros tiempos no debe exceder el 6,5 %.
Según expertos consultados por Ciper, bajar la rentabilidad asegurada a las empresas de un 10 % antes de impuestos a un 6,5 %, generaría una baja significativa de las cuentas de electricidad que se pagan en Chile.
Así lo afirma Cristián Muñoz, profesor asociado adjunto de la Universidad Católica, quien actualmente está al frente de la Consultora Breves de Energía. Muñoz afirma que al revisar la experiencia internacional (fundamentalmente de Estados Unidos y Europa), la rentabilidad asegurada a las distribuidoras eléctricas es significativamente inferior a la establecida en Chile:
—La ley que les asegura a las distribuidoras la tasa del 10 % antes de impuestos, es de los años 80, cifra que está relacionada con el premio por el riesgo que las empresas asumían en esos años. En ese tiempo la realidad del país era otra, situación que sugiere que es momento de actualizar el cálculo de esa tasa —afirma Cristián Muñoz.
Efectivamente, en otros países la ganancia que se les asegura a las empresas es mucho menor. A fines del año pasado en España la redujeron del 6,5 % a un 5,58 % (después de impuestos). En Alemania pasó lo mismo, y las tasas quedaron entre un 5,1 % y un
6,9 % (después de impuestos).
Enel es una de las principales empresas que participa del negocio de la distribución de la electricidad.
El estudio de Bonilla y Asociados, que tiene en sus manos la Comisión Nacional de Energía, coincide con el diagnóstico de que la rentabilidad del 10 % que se les garantiza a las distribuidoras eléctricas debe modificarse: “Esta tasa se encuentra sobrestimada. Y no es de extrañarse, ya que fue fijada hace al menos 30 años, cuando en Chile solo la tasa libre de riesgo era del orden de 5 %. Reconociendo la evolución del mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta”.
La propuesta de reducir la tasa de ganancia asegurada fue recogida por los diputados Giorgio Jackson y Pablo Vidal (ambos de RD) que presentaron un proyecto de ley que apunta a ese objetivo. En el gobierno están estudiando la medida.
Para Cristián Muñoz una buena forma de beneficiar al consumidor, además de actualizar la rentabilidad asegurada, es introducir una mayor competencia en la venta de energía al cliente final. Por eso, aconseja mirar el modelo de comercialización de energía instaurado en países del primer mundo, el que mantiene el monopolio a las distribuidoras para el “negocio cable” (la estructura que permite distribuir la energía), pero que abre el mercado para su comercialización:
—Eso se llama retail de electricidad libre o desregulado. Y se aplica hoy en Europa principalmente (España, Alemania e Inglaterra) y también en Australia. No es necesario que la comercialización de energía sea regulada porque los clientes pueden tener distintas preferencias. Por ejemplo, una persona puede optar por recibir solo energía renovable u optar por solo comprar energía producida en base a carbón, que puede tener un descuento, pero es mucho menos amistosa ambientalmente. Otras comercializadoras pueden ofrecer opciones de prepago, donde se compra energía hasta un tope y después se interrumpe. La ventaja de ese modelo es que tienes una amplia gama de combinaciones que los comercializadores pueden ofrecer a los consumidores. También puede aliviar los vertimientos de energía renovable, situación que se ha dado en Europa, donde los generadores les pagan a los clientes por consumir en determinadas horas del día. La competencia finalmente beneficiará a los clientes con una mayor variedad de opciones de suministro —explica Cristián Muñoz.
Historia de un cambio inesperado
El escándalo provocado por el cambio obligado de los medidores, con cargo a los usuarios, abrió una discusión sobre el sistema en general. La chispa que encendió el debate fue una tramitación express y a última hora en el Senado en enero de 2018. El impulsor fue el último ministro de Energía del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Rebolledo.
La paradoja es que esa modificación se originó en una iniciativa de diputados que establecía que las empresas eléctricas se harían cargo de los daños provocados por catástrofes naturales en las instalaciones eléctricas. Ningún diputado asume hoy haber sabido que su moción terminaría exactamente en lo contrario: impulsando un cambio obligatorio de todos los medidores financiado por los usuarios.
Fue en el Senado donde el proyecto dio un giro brusco. En sesiones de su Comisión de Energía, entre fines de 2017 y enero de 2018, se reactivó el proyecto de ley que habían presentado los diputados y cuya tramitación estaba congelada desde agosto de 2016. Eran las últimas semanas del gobierno de Michelle Bachelet y el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, con premura se movió en el Senado para aprobar el proyecto. Así lo declararon varios parlamentarios a Ciper.
A la Comisión de Energía asistió el ministro Rebolledo, la subsecretaria de la cartera, Jimena Jara, el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y otros personeros de esa repartición. Fue la subsecretaria la que inició la ofensiva frente a los senadores: “Abogó por la conveniencia de que el articulado precise a quién corresponde la titularidad del derecho de dominio sobre el medidor”, se lee en el informe de la Comisión de Energía.
El diputado Sergio Gahona (UDI) asistió a esa comisión del Senado para resguardar el proyecto original. Ante la propuesta de la CNE los convidó a presentar una indicación “que aclare el punto”, pero resguardando el menor costo posible para el usuario. Luego habló la senadora Isabel Allende (PS): “Señaló que, en su opinión, el medidor debe ser de propiedad de la empresa. Una vez instalado, ha de ser entregado en arriendo al usuario”.
La subsecretaria Jara apuntaló esa idea: “La tendencia futura, tratándose de medidores inteligentes, se orienta en el sentido de que las distribuidoras sean dueñas de los aparatos”. Fue entonces que el secretario ejecutivo de la CNE (Andrés Romero), lanzó la propuesta del gobierno. Las compañías eléctricas debían ser dueñas de medidores y empalmes (el cableado que lleva la electricidad a las casas), y que al ser estos parte de la red de distribución su instalación y mantención debían ser cargados a la tarifa que pagan los usuarios. Instó a los senadores a hacer suyas esas propuestas para agilizar el trámite legislativo.
Así fue. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad y el proyecto volvió a la Cámara de Diputados, donde se tramitó sin discusión y también fue aprobado por todos los diputados.
La rabia ciudadana se ha expresado en las redes sociales con creativos memes relativos al tema.
Nadie planteó una crítica. Según el reporteo de Ciper, ningún parlamentario se percató de los cambios de fondo que se le habían hecho a la iniciativa. Eso solo se explica porque ningún diputado
—ni ninguno de sus asesores— leyó el proyecto antes de votar.
La idea del recambio tecnológico de medidores no se le ocurrió súbitamente a la CNE a fines de 2017. El cambio venía siendo planteado por las empresas a las autoridades desde al menos 2015.
A nivel internacional los medidores inteligentes ganan terreno: son parte de una actualización necesaria del sistema eléctrico y ofrecen beneficios que pueden ser aprovechados si su instalación está sujeta a una regulación eficiente.
Eso fue exactamente lo que no pasó en el Congreso de Chile. Esa regulación fue discutida y votada en tiempo récord en el Senado. Ciper conversó con senadores y diputados, y observó que hay un conocimiento muy rudimentario del complejo entramado que encierra este cambio tecnológico, así como de los nuevos negocios que se abren para las empresas eléctricas con su instalación.
En el desarrollo de esta investigación, Ciper encontró una reunión realizada el 20 de abril de 2015 entre el entonces ministro de Energía, Máximo Pacheco, y las cabezas de Enel. Entre los ejecutivos de la empresa de capitales italianos que llegaron al despacho del ministro, estaba Jorge Rosenblut (PPD), quien fue indagado por el Ministerio Público por su rol en el financiamiento ilegal de la precampaña de Michelle Bachelet. ¿Se habló en esa cita de medidores inteligentes?
Ciper se lo preguntó al exministro Pacheco. Su respuesta fue concisa: “Es un tema que siempre planteaban las empresas”.
El negocio de los medidores
En medio de la discusión que se abre sobre las condiciones en que operan las empresas distribuidoras de electricidad en Chile, el Ministerio de Energía intentó reducir el enojo ciudadano anunciando un acuerdo con tres de las principales empresas distribuidoras —Enel, Saesa y Chilquinta— para que se le pague $ 10 mil a los usuarios que son dueños de sus actuales medidores (70 % del total) luego de que estos sean cambiados por aparatos inteligentes. CGE, el cuarto gran actor del sistema, medita.
La cifra puede parecer pequeña, considerando que los medidores inteligentes que ya han sido instalados tienen un costo de $ 87,5 mil (determinado por la CNE). Aun así, lo que esta no ha aclarado es que es probable que esa suma no sea la definitiva. ¿La razón?: el “Anexo Técnico”, que fijará por ley las características que deben tener los medidores inteligentes que se usarán en Chile, aún no está listo.
Desde la CNE informaron a Ciper que la consulta pública sobre este tema finalizó recién el 13 de marzo. A ello se suma otro dato desconocido: el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando una consulta pública internacional al respecto y que también entrará en la discusión. Como sea, ese “Anexo Técnico” debiera publicarse y empezar a regir en julio.
Recién ahí se sabrá si los más de 250.000 medidores inteligentes que ya ha instalado Enel cumplen con la norma o si deberán ser nuevamente cambiados. Esos medidores fueron comprados a una filial de su mismo holding: E-distribuzione, empresa con sede en Italia. Así lo reconoció en 2016 el encargado de medición inteligente de Enel para Latinoamérica, Gianni Cereni: “El medidor es fabricado y distribuido por E-distribuzione SpA, compañía del mismo Grupo Enel y que lleva más de 15 años de experiencia en Smart Metering”.
La adquisición de esos medidores no fue licitada a pesar de que ese fue uno de los puntos que la CNE comprometió ante los parlamentarios durante la tramitación del proyecto. Hasta ahora, el negocio para Enel ha sido redondo: se compra a sí misma los medidores inteligentes y el costo lo pagan los usuarios.
Fuentes de Enel aseguraron a Ciper que para que los nuevos medidores funcionen requieren de una serie de requisitos, por ejemplo, estar conectados a internet. Actualmente la empresa tiene un contrato con Movistar y con Claro para acceder a esa conexión, pero al interior de la empresa señalan que se firmó un convenio internacional y que será Claro la que proveerá el servicio de internet.
El negocio para Enel y las otras compañías que se beneficien de este monopolio, no incluiría solo la compra y venta del medidor. Desde Enel señalaron en enero de 2017 a El Mercurio que “no solo se incluye el equipo, sino también el sistema de comunicación, los concentradores de datos y el sistema de gestión”.
Pero los nuevos negocios para las empresas distribuidoras podrían ir más allá. En Dinamarca la nueva tecnología incluyó la posibilidad de que los consumidores puedan comprar una mayor cantidad de servicios relacionados. Entre esos está el que se pueda apagar de forma remota los electrodomésticos o controlar la temperatura de los calefactores a través del teléfono. La pregunta surge de inmediato: ¿quién los rentabilizará? ¿Las mismas distribuidoras? De ser así, y de mantenerse el sistema regulatorio chileno actual, los medidores inteligentes abrirán un nuevo millonario negocio también monopólico para las empresas eléctricas.
¿Bajan o suben las tarifas?
Si bien desde el gobierno se aseguró que la instalación de los nuevos medidores no tendrá aparejado un aumento de las tarifas de electricidad, ese dato choca con la experiencia internacional. Un informe preparado por la Fraunhofer Chile Research para Corfo en 2014 revisó lo que ha pasado con las nuevas tecnologías eléctricas en el mundo.
En ese informe se constata que en algunas regiones de Estados Unidos los usuarios han reclamado por “el incremento en los costos de la electricidad que ha acompañado a los medidores inteligentes”. Algo similar ocurrió en Canadá: “La introducción de estos proyectos coincide con incrementos en precios de la electricidad, algunos creen que esa alza de precio es motivada por los medidores”.
PREMIO CATEGORÍA REPORTAJE O PERFIL
EL ESTALLIDO VITAL DE GERALDINE: EL DURO DESPERTAR DE LA MENOR QUE QUEDÓ EN COMA POR UNA LACRIMÓGENA
Ivonne Toro
27 de diciembre
Ciper
Las cifras en el periodismo y para la sociedad, cobran vida y se entienden mejor cuando se devela una historia, que puede representar a mucha gente y que se extrae de la realidad que estamos viviendo.
Ocurrió durante el estallido social de Chile en 2019, se hablaba de cientos de miles de personas manifestándose, la mayoría en forma pacífica, pero que también resultaban afectadas por la acción de Carabineros. Fue el caso de Geraldine, una niña de 15 años, que recibió un impacto en su cabeza y que estuvo muchos días en coma, debatiéndose entre la vida y la muerte.
Ivonne Toro tomó su historia, puso el foco y su pluma en función de mostrarla, no solo como una menor agredida, sino como una persona que tenía una historia, sus luchas, un origen y también sentido. Así creó para Ciper “El estallido vital de Geraldine: el duro despertar de la menor que quedó en coma por una lacrimógena”, un relato intenso que revela no solo quién era sino también sus sueños y el de su entorno.
“Los evaluadores concuerdan respecto a que cumple con un buen reporteo, así como un uso adecuado de técnicas narrativas: “La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral”.
Sostiene el jurado, además, que el testimonio reproduce un sistema que vulnera a las personas, retratando el fenómeno del estallido social. “Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen ‘China’. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar”.
El 10 de diciembre, en medio de las protestas en Plaza Baquedano, un elemento contundente —una lacrimógena según testigos— abrió una profunda herida en la cabeza de Geraldine Alvarado. Con apenas 15 años, la niña estuvo inconsciente durante cinco días en los que rozó la muerte. Los rescatistas y médicos que la atendieron en la calle relatan los segundos de horror en que entró en un coma profundo. Su padre y su mejor amiga cuentan sobre la infancia fracturada de una menor que desde pequeña conoció la pobreza y la desigualdad, contra las que decidió luchar. El INDH se querelló por homicidio frustrado.
— ¡Cubre poh, huevón, cubre!
La niña está sentada en la vereda, rodeada por manifestantes. Desde la frente, un reguero de sangre marca con nitidez sus facciones. Alrededor de su rostro lleva una polera gris que comienza a teñirse de rojo. En su cabeza tiene una herida tan profunda que el hueso del cráneo quedó expuesto. Viste de negro. Está consciente y balbucea su apodo: Geral.
Ha llegado hasta la intersección de las calles Ramón Corvalán con la Alameda, en la zona cero de las protestas en la Plaza Baquedano —rebautizada en octubre como Dignidad—, traída en brazos por otros jóvenes. Son las 20:32 del martes 10 de diciembre. Es el día 51 desde que estalló la crisis social en el país. La jornada ha sido violenta. El territorio está en disputa entre encapuchados y carabineros y la contienda no es pareja: los primeros lanzan piedras; la fuerza policial responde con carros lanzaaguas y con bombas lacrimógenas.
Desde que se limitó el uso de escopetas de perdigones porque las lesiones oculares marcaban un nefasto récord mundial —más de 350 víctimas—, algunas de esas granadas de gas comenzaron a ser lanzadas directamente al cuerpo o la cara. Es lo que habría ocurrido con Geral, según contaron los testigos de la agresión. El disuasivo disparado a corta distancia le abrió en forma vertical un tajo de varios centímetros desde donde parte el cuero cabelludo, al centro de la frente, hacia la nuca. El proyectil penetró dejando un profundo surco abierto en forma de “v”. Ni siquiera quedó allí un mechón de pelo o un colgajo de piel.
Un equipo voluntario de rescatistas, dirigido por el enfermero reanimador, Michael Díaz Damiano (31), la recibe esa tarde y comienza a entregarle los primeros auxilios.
Los asistentes a la marcha levantan las manos pidiendo una tregua para permitir la atención clínica y el traslado de la muchacha, pero los carabineros no detienen al “guanaco” y entonces Michael insiste con la misma orden:
—¡Escudos! ¡Cubre poh, huevón, cubre!
Geral tiene la mirada extraviada. Desconocidos la alientan: “Aguante, compañera”. Ella no responde, pero sí es capaz de colaborar y subirse a una camilla.
Parece estar bien, pero en instantes el pronóstico se torna desolador. Esa noche rozará la muerte.
Su nombre es Geraldine Alvarado Parra, tiene 15 años y en cuatro días más cumple 16. Le dicen “China”. Está en segundo medio de la Consolidada Dávila, el mismo liceo donde se grabó la emblemática serie El reemplazante. Es aguerrida y alegre, se declara hincha de la Universidad de Chile, vive con su papá —un obrero de Pedro Aguirre Cerda— y está a segundos de caer en un coma del que pudo no despertar.
“Sin lucha no hay historia”. La frase la escribió Geraldine en Facebook. Desde hace unos meses, cuenta su padre Héctor Alvarado Araya (53), la adolescente comenzó a hablarle de temas que para él eran ajenos o tal vez tan conocidos que ya no reparaba en ellos. Estaba ocupado en cosas prácticas, “parar la olla”, dice, y para eso había que trabajar en lo que fuera.
Tiene experiencia en construcciones, pero solo estudió hasta sexto básico y eso no ayuda a la hora de “buscarse la vida”. El sueldo en el rubro es poco, menos de $ 500 mil mensuales según la Fundación Sol; la estabilidad, nula. Héctor había aprendido por años a caminar en una ingrata cornisa financiera. También se había convencido de que el destino está más o menos trazado: se nace pobre y se muere pobre.
A esa convicción, Geraldine le dio un nombre: inequidad.
Si los barrios donde ella había crecido en Renca y luego en las poblaciones Navidad y Dávila, tienen pocos árboles y un exceso de cemento que en verano los transforma en un mini infierno, es porque en Santiago las áreas verdes se concentran en el sector oriente. Si ella debe compartir un cuarto con su papá porque no les alcanza para arrendar una casa, es porque en los últimos diez años, según el Instituto de Estudios Urbanos de la UC, el valor de las viviendas en la Región Metropolitana ha aumentado entre el 95 % y el 150 %. Si su sueño de estudiar medicina forense se vio siempre tan lejano, es porque entre la educación pública y la privada más que una brecha hay un abismo.
—Cuando me conversaba eso, yo me iba para abajo. Yo nunca iba a poder darle una educación de la manera que ella lo anhela. Igual lo tomaba como una cosa que ella podía cambiar porque estaba más chiquitita cuando me decía eso. Y ahora en el colegio que está estudiando iba a comenzar con gastronomía en tercero medio, pero se metía también en la parte metalúrgica. Yo le traía guantes, antiparras de mi pega. Ella cuestionaba que faltaran cosas, instrumentos para trabajar. Era como una líder, andaban todos en la misma onda de ella, sobre todo un grupo. De eso fui dándome cuenta yo: ella quería ser alguien en la vida —dice Héctor.
La niña tuvo una infancia dura. Sus papás se separaron cuando era pequeña y ella quedó bajo la custodia de su mamá que la maltrataba. En 2018, hubo un episodio de violencia que terminó en tribunales con una orden de alejamiento para la mujer. Geral pasó a vivir con una hermana materna mayor, Evelyn, unos meses. Luego, cuenta Héctor, fue él el responsable. Vivía de allegado en la casa de un familiar.
—Un día tomé la decisión. Fui donde la Evelyn y dije: “Ya, se acabó todo esto, hasta aquí nomás llegó. Geraldine, nos vamos. ¿Dónde? No sé. Nos vamos”. En ese momento tenía algo de platita que me habían pagado y me costó, me costó. Yo tengo un cacharrito chico, ahora lo tengo en panne. Hubo una noche que tuve que dormir con la Geraldine en el auto y después caminamos todo el día buscando arriendo hasta que encontramos una pieza. En una pieza vivo con ella. Yo deseo que tenga su privacidad, sus cosas, porque es una lola y no puedo estar al lado de ella. Me ha costado bastante encontrar un lugar porque está caro todo. Yo no gano un dineral, mi trabajo es de obrero nomás. Es fregado.
Geraldine y su papá llevaban más de un año viviendo juntos cuando el espanto los golpeó. Las últimas semanas habían sido agitadas para los dos: él había comenzado un nuevo trabajo y ella había aumentado su participación en las manifestaciones masivas que se iniciaron el 18 de octubre cuando estudiantes secundarios saltaron el torniquete del Metro en protesta por el alza en las tarifas.
“Evadir, no pagar, otra forma de luchar” fue el grito que inició una crisis que escaló hasta dejar en jaque al gobierno de centro derecha de Sebastián Piñera. Por vez primera desde el retorno a la democracia, se decretó estado de emergencia y toque de queda por las protestas sociales.
Hubo saqueo de supermercados y quema de estaciones de Metro. Los militares intentaron controlar el orden público en casi todo Chile entre la madrugada del 19 de octubre y las 00:00 horas del 28 de ese mes. En ese periodo, hubo cuatro muertos a manos de agentes del Estado; otros, como José Miguel Uribe Antipani (25) en Curicó, cayeron por la acción de civiles; y hubo más de 20 calcinados en incendios de comercios asaltados por turbas.
El movimiento social no se detuvo y entonces los ojos de cientos de personas fueron alcanzados por balines de Carabineros. En noviembre, el horror subió de escala: al estudiante de sicología Gustavo Gatica (22) y a la trabajadora Fabiola Campillai (36) los dejaron ciegos.
Gustavo tuvo un doble estallido ocular provocado por perdigones. A Fabiola, una lacrimógena le fracturó la mirada.