Joyitas

La relación entre el exministro y Rosas partió como una amistad. Hacia fines de 2004, Cristina Rosas terminaba sus estudios y Elgueta le ofreció una suplencia en el 5to Juzgado del Crimen, y luego le consiguió una práctica profesional en el 4to Juzgado Civil, ambos de San Miguel. Era la jurisdicción donde su profesor –antes de ser promovido a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– se desempeñaba como fiscal judicial.

Cristina Rosas retrataría al Elgueta de entonces –el hombre de quien se enamoró– como un caballero, buena persona y, por lo que él mismo le contaba, un excelente padre. Elgueta no le ocultó que estaba casado. Su matrimonio, a esas alturas, solo se sostenía en el papel. Le presentó a algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos al exministro Marcelo Vásquez Fernández, también expulsado del Poder Judicial.

La percepción de Rosas sobre su pareja solo comenzó a cambiar a mediados de 2007, después de dos años y algo más de idilio. No estaba en los planes de Elgueta convertirse nuevamente en padre. Rosas –quien trabajó en tribunales de Viña del Mar y Santiago– diría después que, por motivos laborales, tuvo que mantener bajo reserva su embarazo el mayor tiempo posible.

La relación continuó “con más penas que alegrías”, según ella misma la definió en una declaración. Elgueta seguía viviendo con su esposa y el sueño de hacer una vida juntos se desvanecía para Rosas. En 2010, ella le dio un ultimátum. Ahí fue cuando Elgueta, en junio de ese año, le pidió la tuición voluntaria de sus hijos a Alejandra Rebolledo, lo que desencadenó la serie de acontecimientos que le valieron una sanción de la Corte Suprema por sacar ventaja de su cargo.

Tras el quiebre matrimonial con Rebolledo, Elgueta y Rosas alcanzaron a vivir juntos durante un año, hasta septiembre de 2011. Ahí, en la convivencia diaria, la relación se fue al despeñadero. A fines de ese mismo año rompieron. Según dichos posteriores de Rosas, Elgueta llegaba tarde y buscando siempre una excusa para discutir.

Para entonces, Elgueta ya ejercía labores como ministro en la judicatura rancagüina y había encontrado un puesto como profesor de derecho procesal en la Universidad de Aconcagua, sede Machalí. Poco después de la ruptura definitiva con Cristina Rosas, Emilio Elgueta se reconcilió con su esposa, Alejandra Rebolledo, y volvieron a vivir juntos, esta vez en una casa fiscal en Rancagua, asignada por el Poder Judicial.

***

En enero de 2014 –al igual que lo hiciera Alejandra Rebolledo en julio de 2010–, Cristina Rosas denunció a Emilio Elgueta ante sus superiores de la Corte Suprema. Se abrió en su contra un segundo expediente administrativo –­número de ingreso 80/2014– en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Son seis los hechos relevantes de este nuevo capítulo sentimental que volvió a comprometer el desempeño laboral del ministro:

1) Junio de 2013: casi dos años después del quiebre con Emilio Elgueta, la exalumna, expareja y madre de uno de los hijos del entonces ministro, Cristina Rosas, conoce a quien posteriormente se convertiría en su marido.

2) Poco más tarde, día y mes indeterminados, Elgueta se entera de esa nueva relación de Rosas. En octubre, ella le pide a Elgueta que deje de llamarla por teléfono. Lo hacía, según denunció, casi todas las noches. Agrega que la “hostigaba demasiado” y que no la dejaba tener una vida independiente.

3) A comienzos de diciembre de 2013, Elgueta se entera de que Rosas se casa. Le envía una pesada ráfaga de mensajes de texto cargados de despecho. No hay vulgaridades. Sí un tono catastrófico, hiperbólico. Tras saber por terceros de la boda de su expareja, se siente traicionado. Esos mensajes constan en el nuevo expediente administrativo contra el entonces ministro y fueron presentados como evidencia por Cristina Rosas ante la corte para sustentar su acusación.

Un puñado de mensajes de texto incluye información personal del novio de Rosas, que no se sabe cómo Elgueta obtuvo: nombre, profesión, universidad donde estudió. Por alguna razón maneja, además, detalles del costo de la boda y de la ceremonia religiosa. No se advierten amenazas explícitas, pero la novia teme que suceda algo.

Rosas: “Tengo susto, porque Emilio tiene amigos en Investigaciones que entraban al correo de Alejandra [Rebolledo], pero sin necesidad de cambiar la clave. Me causa temor que Emilio sepa que nos gastamos seis millones en el matrimonio, información que solo estaba disponible en mi correo, lo mismo, respecto de la fecha, hora y lugar donde nos casaríamos por la iglesia. Creo que sus mensajes son parte de una amenaza velada. Sabe todo de mi marido, esto no lo encuentro normal”.

4) 11 de enero de 2014. Novio espera a novia, Cristina Rosas, en la puerta de la iglesia en Santiago. Novia llega y divisa a una mujer con lentes oscuros y no presta demasiada importancia. Es Alejandra Rebolledo. Minutos más tarde se arma una trifulca frente a todos los invitados. ¿Qué sucedió? Según la novia, Rebolledo le habría dicho que venía a “cagarle” el matrimonio, “al igual que ella lo había hecho con el suyo”.

Tras el altercado en la iglesia, Cristina Rosas se querella contra Alejandra Rebolledo. En juicio oral, el tribunal no puede dar por acreditada la versión de la novia, quien acusó a Rebolledo de ingresar por el pasillo central de la iglesia hacia el púlpito para atacarla con una botella de ácido, en una mano, y un cortaplumas, en la otra. Alejandra Rebolledo es sobreseída. En proceso paralelo, se condena, en cambio, al hermano de la novia –que participó de la batahola–, por lesiones menos graves contra Rebolledo, quien también presentó querella acusando haber sido agredida por familiares de la novia en la iglesia.

5) Corte Suprema acoge denuncia de Cristina Rosas en contra de Elgueta por hostigamiento. Se instruye a la Corte de Apelaciones de Rancagua la designación de un ministro instructor que investigue. El abogado de Rosas pide a ese tribunal suspender a Elgueta.

6) 31 de enero de 2014: Rosas recibe dos llamados. El número que aparece en la pantalla de su móvil es el del teléfono fijo del Juzgado de Garantía de Rancagua. Rosas no atiende. Sí lo hace su abogado más tarde. Al otro lado de la línea: Marcelo Víctor Vásquez Fernández, el otro ministro expulsado del Poder Judicial junto a Elgueta y, por entonces, juez titular de ese tribunal.

Se dice que el llamado de Vásquez tenía como objetivo persuadir a Rosas para que retirara la denuncia que había dado pie a la apertura de este segundo proceso disciplinario contra Elgueta. Vásquez admite llamados, pero explica que solo quería felicitar a la mujer por su matrimonio, que conoce a Cristina Rosas por la larga relación de amistad que él tiene con Elgueta.

Emilio Elgueta no fue sancionado en este nuevo proceso sumarial. El ministro instructor que llevaba la investigación propuso el sobreseimiento de la causa, decisión ratificada luego por la Corte Suprema.

El miedo de aparecer nuevamente en titulares y ver expuesta su vida, ahora en Rancagua, volvió a rondarle. Poco antes de que se precipitara la trama que terminó por segunda vez con un sumario en su contra, Emilio Elgueta interpuso un recurso de amparo en la justicia para borrar de internet las notas de prensa que se referían a la primera sanción que recibió en 2010, tras la denuncia de Alejandra Rebolledo.

Dice el recurso: “Deduce acción de protección en contra de la empresa Google Chile por mantener –como empresa proveedora de servicios y de búsqueda de contenidos en Internet– información referida a una situación de orden judicial y privada que le aconteció, lo cual implica una afectación de su integridad y la de sus hijos, y de su derecho al respeto y protección de su vida privada y pública, y la honra de su persona y de su familia”.

En el escrito se aclara que Elgueta y Rebolledo tuvieron “dificultades” familiares el año 2010, pero que ya se encuentran “subsanadas”.

El 15 de enero de 2014, cuatro días después del altercado en la iglesia, ese recurso fue desestimado por los tribunales: “El recurrente tiene una confusión respecto de cómo funciona el motor de búsqueda Google. (...) Google no publica contenido, sino que muestra como resultado de búsqueda la página web donde dicho contenido estaría publicado (...) el recurrente ni siquiera identifica la fuente de publicación que reprocha”.

Para peor, la noticia de la apertura de este segundo sumario administrativo en su contra –incluidos los incidentes en la iglesia– reventaría poco después en la prensa. A contrapelo de sus propósitos, la presencia en la web de Elgueta aumentó. Aún así, sus tribulaciones no alcanzaban a ocupar la totalidad de la primera página de resultados del popular buscador.

Hoy su nombre está por todas partes.

***

En ocasiones, Luis Evaristo Arenas Contreras atiende gratis a pacientes con problemas económicos en Rancagua. Personas que conocen al médico cirujano lo definen como un tipo sociable, entrador. Agregan que a veces también visita sin costo a personas mayores de edad en sus propios domicilios. Son varios los que lo saludan en la calle, cuando va o viene de su consulta ubicada en la céntrica Alameda de la ciudad, casi al frente del Hospital Regional de Rancagua. Luis Arenas, o “Luchín”, como le llaman algunos con cariño, es popular.

A las habilidades sociales del doctor, habría que agregar que Rancagua es un micromundo. Personajes como él se hacen notar. Las historias –desgracias ajenas más que buenaventuras– se desparraman rápido. Nada tan distinto a lo que sucede en otras ciudades de Chile. Pero Rancagua ha estado movida.

En la plaza de armas de la ciudad –Plaza de los Héroes– hay un puestito de café con mesas al aire libre. Es un punto estratégico donde se puede medir la temperatura de lo que pasa en la ciudad. Está ubicado de manera equidistante, entre la Municipalidad y la Intendencia; cerca de la Catedral; a un par de cuadras del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces, y a unas cuantas más de la Fiscalía Regional y de la Corte de Apelaciones, en calle Brasil 992.

En ese café, en el centro del poder rancagüino, se junta pasado el mediodía un grupo de hombres a discutir. Se toman su tiempo, pasan horas, varios días a la semana. Algunos cargan con aventuras políticas fallidas, otros son artesanos, escritores, columnistas esporádicos de medios locales. Hablan fuerte, se echan tallas, interpretan los acontecimientos. Tienen el pulso de lo que pasa, de lo que se sabe oficialmente y de lo que circula bajo cuerdas. Tema no les ha faltado, sobre todo desde que ese caluroso 5 de febrero de 2015 estallara el escándalo de especulación inmobiliaria en la vecina comuna de Machalí, con la nuera y el hijo de la expresidenta ­Michelle Bachelet como protagonistas.

Como una bola de nieve en descenso y con el bullado Caso coimas de 2002 como un lejano telón de fondo –oportunidad en que Bernardo Córdova, “El Hombre del Cartel”, le propinó un cartelazo en la cabeza al exsubsecretario Patricio Tombolini, imputado y luego absuelto en esa causa–, Rancagua ha vuelto a granjearse fama como epicentro de noticias nacionales.

Ellos pueden ofrecer versiones, con mayor o menor precisión, sobre la debacle en la Corte de Apelaciones de Rancagua y cómo esto conecta, en un punto específico pero clave, con el caso Caval; sobre cómo, casi inmediatamente después del derrumbe del tribunal de alzada rancagüino, se desplomó la Fiscalía de esa ciudad con la suspensión de los persecutores jefes de esa institución, Emiliano Arias y Sergio Moya; sobre el fraude con los fondos del Teatro Regional, dependiente del municipio, y sobre la sustracción de estatuas de alto valor patrimonial que aparecieron decorando la hacienda del empresario Raúl Schüler, en Mostazal. También sobre la madeja de poder que allí se teje entre parlamentarios, ministros de Estado, magistrados, jueces, notarios, ediles, autoridades locales, fiscales y abogados. Quién es quién; quién con quién. Todo –y todos– muy cerca, quizá demasiado.

Algunos admiten que Elgueta pudo haber “metido las patas”, pero creen que le están pasando la cuenta por sus fallos, por ser un ministro de izquierda. Por “meter las patas” se refieren, entre otras cosas, a que se vinculó con las personas equivocadas.

El doctor Luis Arenas Contreras, pieza visible de ese micromundo rancagüino, también es conocido por extender licencias y recetas médicas con generosidad. Su nombre incluso traspasó el boca a boca. Una página web en la que usuarios evalúan y recomiendan doctores, califica a Arenas Contreras con nota máxima, sobre la base de una decena de opiniones. Solo loas hacia el doctor: humano, de buen corazón, preciso en diagnósticos, empático, atento, hasta sabio. Salvo por el comentario número cinco:

Muy buen médico para quienes andamos buscando una justificación para no trabajar. (...) Te puede diagnosticar desde una depresión hasta una leucemia, pasando por lumbagos, endocarditis. Solo cobra 15 lukitas (sic) por 12 días de ­licencia.

Puede no significar nada, un comentario “mala leche” de un usuario que, además, se resguarda en el anonimato. Pero en abril de 2015, al doctor Arenas le cayó encima el Servicio de Impuestos Internos (SII). En una ofensiva que el organismo llevó a cabo a nivel nacional tras detectar un explosivo aumento de licencias médicas fraudulentas, a Luis Arenas se le acusó por omisión maliciosa de impuestos. Fueron al menos 1.500 las boletas de honorarios que habría emitido entre 2008 y 2010 (140 millones de pesos en total) por servicios médicos que según el SII no declaró. El doctor fue condenado en juicio abreviado por esos hechos en abril de 2017.

Fue la segunda condena que recibió en menos de un mes. Solo días antes había enfrentado en tribunales rancagüinos el término de otro largo proceso judicial en su contra, esta vez por tráfico de sicotrópicos. Y es en relación con ese proceso judicial donde entra en escena el exministro Emilio Elgueta.

Elgueta conoció a Luis Arenas poco después de llegar a Rancagua, en mayo de 2011. Los juntó la logia masónica Jorge Washington Nº 56, en calle Almarza, de la que ambos eran miembros. A ellos se sumaba el fallecido ministro Marcelo Albornoz –también miembro de esa logia– y el ministro Marcelo Vásquez Fernández, que llegó desde Valdivia a la Corte de Apelaciones de Rancagua en enero de 2016.

Luis Arenas hizo de médico de cabecera de Elgueta, Vásquez y Albornoz, y de varios funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Él mismo fue quien firmó en 2014 el parte médico que acreditó ante la justicia que Alejandra Rebolledo, la entonces esposa de Elgueta, resultó policontusa; con TEC cerrado; jaqueca posterior-traumática y síndrome confusional vertiginoso, tras el escándalo que se produjo en medio del matrimonio de Cristina Rosas. El documento fue clave en el sobreseimiento judicial de Rebolledo –de hecho, Arenas declaró en ese juicio– y también en la condena por lesiones que recibió el hermano de Rosas.

Luis Arenas –el cirujano bonachón, el imputado– tenía una llegada inusual en el Poder Judicial rancagüino. Caía bien, simpático, coqueteaba con funcionarias. A una la invitó a salir, pero no hubo caso.

El doctor era una bomba de tiempo. Si no fuese por él, esta historia nunca hubiese sido escrita.

***

Fue un mensaje por WhatsApp, un cambio de luces. La suerte del exministro Emilio Elgueta Torres comenzó a torcerse el 9 de enero de 2016. La noche de ese día, Luis Arenas le consultó a Elgueta por el estado de un recurso de protección que había presentado junto a otros médicos días antes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, para frenar una disposición sanitaria de la Seremi de Salud que los afectaba.

–¿Cómo salió el recurso, hermanito? –le preguntó.

La respuesta del ministro fue escueta, pero fue la que a la larga lo jodió:

–No se vio hoy.

–Ok, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz –le respondió Arenas.

Solo dos días después, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por el ministro Emilio Elgueta, acogió el recurso de protección de Luis Arenas. Al día siguiente, en fallo dividido y con el voto a favor de Elgueta, el tribunal dispuso orden de no innovar. En simple: la resolución de la Seremi de Salud quedó invalidada.

Pero, ¿de qué se trataba esa resolución?

Luego de detectar un aumento inusual de emisión de recetas para la compra de fentermina, medicamento para adelgazar sujeto al control de la Ley 20.000 de Drogas, la secretaría ministerial de Salud de O’Higgins fijó un límite a los médicos para recetarla. Su consumo a nivel nacional había pasado de ocho mil cajas, en 2012, a más de 400 mil en 2014.

Arenas tenía montado un negocio ilícito de venta de fentermina, una red compuesta por tres distribuidores que ofrecían el fármaco por Facebook –entre 15 mil y 25 mil pesos la caja–, y que luego despachaban por Chilexpress. Esa orden de no innovar –y la posterior eliminación por vía judicial de la medida sanitaria– le permitió continuar con su emprendimiento por un tiempo más, hasta que meses después lo pillaron.

Fueron esos hechos los que le valieron al doctor una condena por tráfico de sicotrópicos, el mismo mes de abril de 2017 en el que también fue sentenciado en causa paralela por delitos tributarios en el caso de las licencias médicas.

El intercambio de mensajes de texto entre Arenas y Elgueta puso al exministro bajo el radar de la Fiscalía y es una de las pruebas con las que el año pasado se decidió su expulsión de la judicatura. Pero no fue el único magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se enredó con el médico. Marcelo Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz también lo hicieron. Este último le pidió como favor al doctor Arenas que le facilitara $1.500.000. Aunque las versiones entregadas por testigos difieren en algunos detalles, todo indica que era dinero para costear el tratamiento médico de un miembro de la logia masónica. El problema no era el destino del dinero, una causa benéfica, más bien el momento. Cuando le solicitó ese monto, Albornoz era juez de Garantía de Rancagua y el doctor Arenas ya estaba siendo investigado por tráfico y delitos tributarios. Pero el asunto es más delicado: Arenas, para entonces, estaba prófugo de la justicia que, poco antes, había decretado prisión preventiva en su contra por la venta ilícita de fentermina. Albornoz diría después que nunca se enteró de la imposición de esa medida cautelar contra Arenas, pues en esos momentos –mismos días en que le solicitó el dinero– él estaba con permiso administrativo.

En la causa paralela que la justicia seguía contra Luis Arenas por delitos tributarios, el tribunal de Garantía de Rancagua también había dictaminado medidas cautelares para el doctor. Una serie de partes policiales evidencia que, en reiteradas oportunidades, el doctor Arenas incumplió el arresto domiciliario nocturno que pesaba en su contra, sin que ese tribunal adoptara medidas.

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En octubre de 2013, cuando ya había vuelto a convivir con Alejandra Rebolledo tras su ruptura con Cristina Rosas, Emilio Elgueta ingresó una denuncia en la Fiscalía de Rancagua por hurto simple. Acusó a su asesora del hogar de haberle robado a su esposa unos aros de oro y dos anillos. La mujer siempre insistió en su inocencia y, finalmente, se acogió a un procedimiento judicial abreviado. Nunca quedó clara su participación en los hechos que se le imputaron.

El exministro Elgueta no caía bien en la Fiscalía de Rancagua. Dos versiones indican que cuando hizo esa denuncia, llamó directamente al fiscal regional de entonces, Luis Toledo, para que un persecutor con experiencia viera esa causa. Y luego se preocupó personalmente de conocer las diligencias que se hacían al respecto a través de varios ­llamados telefónicos. Como no hubo resultados concretos, el ministro se enfureció.

Tiempo después, también se enfureció cuando presionó para meter, sin éxito, a Alejandra Rebolledo a trabajar como sicóloga a la Fiscalía Regional. Para entonces, ambos ya habían decidido divorciarse. De acuerdo con la sentencia judicial de mayo de 2015, el ministro se comprometió con una pensión mensual de dos millones de pesos y a adquirir una vivienda para ella y sus hijos que costara como mínimo 2.000 UF (unos 56 millones de pesos). Los costos asumidos por Elgueta –que debía lidiar con la manutención de cinco hijos– iban en ascenso.

Luego trató de abrirle espacio en la Fiscalía Regional a su exalumna del ramo de derecho procesal en la Universidad de O’Higgins, Gladys Bustos. A Emilio Elgueta se le atribuía una relación amorosa con ella.

El exministro Elgueta sentía que en la Fiscalía le debían un favor y quería cobrarlo. De ahí que haya intentado ubicar laboralmente en esa institución a Rebolledo, su exesposa, y a su exalumna. Pero, ¿sobre la base de qué?

El 2 de mayo de 2016 se presentaron ocho postulantes al cargo de fiscal regional de O’Higgins, luego de que el fiscal jefe, Luis Toledo, fuese trasladado a Santiago para ocuparse de la unidad de drogas del Ministerio Público. Emiliano Arias, quien finalmente ocuparía ese puesto, recibió el voto de Elgueta. Hoy, a más de cuatro años de ese episodio, Elgueta está convencido de que todo lo que hoy se le imputa responde a una operación de los fiscales Arias y Moya en su contra. Ya se ahondará en ese punto.

El 24 de marzo de 2019, cuando parte de los antecedentes que derivaron en su formalización ya se habían hecho públicos, Elgueta se refirió a Arias con absoluto desparpajo en El Mercurio:

–Desgraciadamente, lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba para decirme que lo apoyara, y lo apoyamos, y fue nombrado.

Sobre quiénes son los de “arriba” hay más bien versiones y lo único concreto es que era usual que Elgueta hiciera gala de sus contactos en las altas esferas del poder, en particular de su cercanía con los exministros José Antonio Gómez (Justicia y Defensa) y Jaime Campos (Justicia). A este último, masón como Elgueta, lo apoyó en Rancagua cuando se postuló, sin éxito, a Gran Maestro de la Logia de Chile en 2018.

Cuando supo que Alejandra Rebolledo había sido desestimada por la Fiscalía de Rancagua, Emilio Elgueta le envió dos mensajes de texto al fiscal Arias:

–Gracias. Le agradezco toda su preocupación y dedicación al tema personal que le conté. No todos los seres humanos son iguales. Yo soy súper jugado. Y si un amigo me pide un favor, se lo hago, porque sé lo importante que es PARA MI AMIGO. Que tengas un buen día.

No se aguantó –quizá la ironía había sido demasiado sutil– y volvió a la carga con otro mensaje:

–No te la jugaste. Esperaba a un amigo. De verdad. Como los que yo tengo y contados con los dedos de las manos. ¿Sabes? Siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Talca anulé un concurso donde no venía un amigo. Y él después fue nombrado. Esos son amigos. Que te vaya bien.

Otra exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua también recibió su ayuda. De acuerdo con el expediente que sustentó su remoción, el exministro exigió –y logró– que la integraran al Primer Juzgado Civil de Rancagua a través de presiones a la secretaria de ese tribunal, a quien, además, le habría ofrecido su voto para el cargo de jueza de San Fernando. El relato de una funcionaria de ese tribunal indica que en su nuevo lugar de trabajo, su exalumna se pavoneaba de su cercanía con el exministro Elgueta.

No son casos aislados, ya está claro. En más de 10 oportunidades Elgueta firmó la designación de la hija de su amigo, el también expulsado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, en cargos de suplencia en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Vásquez hizo lo mismo y también firmó en una oportunidad el nombramiento de su propia hija.

Al exministro Marcelo Vásquez se le cuestionó también por la designación en tres oportunidades de una exalumna de derecho de la Universidad de la República en cargos transitorios de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuando estalló el caso de los ministros de Rancagua, a fines de marzo de 2019, Marcelo Vásquez vivía en un departamento de un edificio de ocho pisos ubicado en la céntrica calle Campos de la ciudad. Es una vivienda pequeña, de un ambiente, con cocina americana y escasamente amoblada. El 13 de abril, poco después de que salieran a la luz los antecedentes en su contra, el exministro Vásquez tomó todas sus cosas y se marchó del lugar. Era un departamento en arriendo. Pero el contrato indica que el arrendatario oficial del inmueble no era Vásquez, sino su amigo y colega, Emilio Elgueta.