Joyitas

No hay claridad sobre el porqué del raudo abandono del exmagistrado del edificio y cuál era el destino inicial de ese departamento por el que Elgueta estuvo pagando arriendo poco más de un año. Tras la salida de Vásquez del inmueble, quedaron en el incinerador del edificio varios desechos, entre ellos una ruma de envases de suplementos alimenticios y proteínas. El ministro Vásquez –quien en sus 32 años en el Poder Judicial también figura con calificaciones “muy buenas” y “sobresalientes”– se mantiene en forma y uno de sus hobbies es la actividad física. Se le ve con frecuencia entrenando en el gimnasio Sport 9 Fitness Gym, de Machalí.

Respecto de las designaciones que se le cuestionan, Elgueta dijo a CNN Chile, en una de las pocas entrevistas que ha dado tras ser expulsado del Poder Judicial, que eso es usual que ocurra en la judicatura, que la Corte Suprema llama recurrentemente a sus subalternos para pedir favores, nombramientos. En esa entrevista, ya sin mucho que perder, tiró del mantel. Y sacó al ruedo al exministro Hugo Dolmestch (“llamaba a través de su secretaria”, dijo) y también a los ministros Silva –sin especificar si se trata del actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, o del supremo Mauricio Silva– y Haroldo Brito, quienes, afirmó, “tuvieron cercanía conmigo, no voy a decir en qué términos, para tener los cargos que tienen”.

Emilio Elgueta se retrató en esa entrevista como una suerte de eslabón en una larga cadena de favores enquistada al interior del Poder Judicial. “Yo soy un subalterno, si no lo hago, soy mal calificado (...) así que no me atribuyan cosas que suceden todos los días”, agregó.

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Tras la serie de desencuentros producidos por las presiones de Elgueta para ubicar a Alejandra Rebolledo y Gladys Bustos en la Fiscalía, la tensión con los persecutores de Rancagua llegó a su punto de ebullición el 2 de enero de 2018. Ese día, el tribunal de alzada rancagüino debía revisar un dictamen en primera instancia que solo semanas antes había rechazado el sobreseimiento definitivo del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet en la arista principal del caso Caval. La Fiscalía de Rancagua le imputaba a Sebastián Dávalos negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Poco antes de esa audiencia, Marcelo Vásquez Fernández, entonces presidente de la corte, dispuso repentinamente el cambio de los miembros de la sala donde se vería el recurso. El ministro Ricardo Pairicán, quien debía concurrir originalmente a esa instancia, fue marginado y reemplazado por el abogado integrante Álvaro Barría.

Ese día 2 de enero, Sebastián Dávalos, por decisión unánime de la sala compuesta por Vásquez, Elgueta y Barría, fue sobreseído definitivamente. La Fiscalía de Rancagua presentó más tarde una queja ante la Corte Suprema, pero el recurso fue desestimado por el máximo tribunal. Dávalos quedó fuera de la investigación. Pudo haber mérito para que así fuera, pero a la luz de los hechos actuales ese movimiento no se ve bien. De hecho, uno de los cargos que levantó la Suprema contra el ministro Vásquez tiene relación con la discrecionalidad con la que el exmagistrado operó ese día.

A la salida de tribunales, el hijo de la expresidenta Bachelet se fue con todo contra la Fiscalía de O’Higgins. La trató de “corrupta”. Pero Dávalos debió volver tres meses después a Rancagua para una nueva formalización en una causa subsidiaria de Caval, originada en una querella por estafa presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha. Cerca de la puerta del tribunal lo esperaba Bernardo Córdova, quien meses antes ya le había enrostrado un cartel que decía: Davalo (sic) el hijo del año. Este fue el diálogo:

–Hola, chanta –saludó “El Hombre del Cartel”.

–Hola, tatita, váyase pa’ la casa que hace frío –respondió Dávalos.

Córdova no se fue ni se calló:

–Ladrón, ladrón, ¿quién te va a defender ahora?

Una segunda fractura entre la Fiscalía de O’Higgins y la Corte de Apelaciones de Rancagua se produjo en octubre de ese mismo 2018, luego de que la primera sala de ese tribunal –integrada por Elgueta y Vásquez– acogiera un recurso de protección interpuesto por la Iglesia Católica. Los ministros decretaron orden de no innovar, lo que paralizó por casi dos meses la investigación que llevaban los persecutores de Rancagua por abusos sexuales y encubrimiento de sacerdotes.

Por esas fechas, Bernardo Córdova se paseaba por las calles de Rancagua con su casco de faena y vestido con una sotana blanca amarrada con un cíngulo en su cintura: Tolerancia cero. Sacerdocio abusadores. Deben ser casados, decía su cartel.

Los puentes entre dos de los poderes más importantes de Rancagua estaban dinamitados. A fines de ese mismo mes de octubre, Elgueta y Vásquez fueron a Santiago a dejarle en persona al fiscal nacional, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias. Lo acusaron de “odiosidad”, también de “afán de protagonismo”.

Para entonces, todo indicaba que los exmagistrados ya se habían enterado de que la Fiscalía de Rancagua había abierto una investigación en su contra por el nombramiento irregular de la hija de Marcelo Vásquez en tribunales de la zona. Pensaban, de hecho, que sus teléfonos estaban pinchados. La visita tenía como fin inhabilitar al fiscal Arias y, probablemente, enterrar esa investigación en la que ambos figuraban como protagonistas.

Elgueta está convencido de que lo que le sucede ahora tiene su origen, entre otras cosas, en una vendetta de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya. Una pasada de cuentas por sus fallos adversos a los intereses de la Fiscalía de Rancagua en los casos Caval, Iglesia y otros.

A mediados de noviembre de 2018 hubo otra reunión clave en la Fiscalía Nacional. Tal como reveló Ciper en marzo de 2019, el 19 de noviembre de ese año, el senador por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, se entrevistó durante la mañana con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para “manifestarle su preocupación” por las diferencias entre los fiscales de Rancagua y los ministros de la corte de esa ciudad. Ese mismo día, por la tarde, se instruyó desde la Fiscalía Nacional que la causa contra Elgueta y Vásquez –por el nombramiento irregular de la hija de este último en distintos tribunales de la Región de O’Higgins– saliera de Rancagua y que quedara radicada en la Fiscalía Regional del Maule. Fue un alivio para ambos.

Pese a la decisión del fiscal nacional, para entonces los persecutores de Rancagua ya habían acumulado un cargamento importante de otros antecedentes –aún más graves– en contra de Elgueta y Vásquez. Su formalización era inminente.

El 26 de abril de 2019, Emilio Elgueta fue acusado por la Fiscalía de Rancagua por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Al nombramiento irregular de la hija del exministro Vásquez, las gestiones para favorecer a su exesposa y a exalumnas, y a la intervención en beneficio del doctor Luis Arenas Contreras, la Fiscalía sumó como evidencia un centenar de llamados telefónicos con abogados que se habrían visto beneficiados en causas que él mismo falló y cerca de 20 depósitos en efectivo en sus cuentas, cuyo origen no está claro.

Solo semanas después del desplome de la Corte de Apelaciones de Rancagua, vino el de la Fiscalía Regional de esa ciudad. Fue como un efecto dominó. La historia da para largo, pero lo sustantivo es que Sergio Moya, fiscal jefe de ­Rancagua, quemó las naves: acusó a su superior, Emiliano Arias, fiscal regional, de tráfico de influencias y de obstrucción a la justicia, además de “ensalzar su imagen y sacar provecho personal” de ciertas causas con afán de protagonismo. A los pocos días, fue dado a conocer un email que revelaría una eventual intervención del fiscal Moya en el montaje de la bullada Operación Huracán, antecedentes que se sumaron a las ya para entonces conocidas reuniones que tuvo en su domicilio con el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en medio de ese escándalo. En ambos casos se levantaron sumarios e investigaciones.

La onda expansiva del “desastre de Rancagua”, como ha tildado la prensa a esta sucesión de acontecimientos, ­desembocó en una severa crisis institucional en la región, con varias bajas en el camino.

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Dice que los depósitos de dinero que hoy son investigados por el Ministerio Público corresponden a reembolsos que le hacían los apoderados de dos compañeros de universidad de su hijo que vive y estudia en Santiago. Que entre los tres amigos arriendan un departamento y que, para facilitar las cosas, él se hacía cargo de los gastos que luego eran restituidos.

Las explicaciones de Elgueta respecto del origen de sus dineros no convencen al Ministerio Público. Porque, ¿cómo se explica que parte de los depósitos a goteo, en efectivo y en cinco cuentas distintas de esos 25 millones de pesos que se le imputan como mal habidos coincidan –en fechas cercanas– con llamados de y hacia abogados y procesados en causas que falló a su favor?

En todas las sentencias que hoy se le cuestionan a Emilio Elgueta se repite un mismo abogado litigante: Gabriel ­Henríquez Arzola. Solo en 2018, Elgueta y Henríquez registran 116 conversaciones telefónicas. Varias fuentes conocedoras del caso aseguran que son amigos, que comparten en reuniones sociales, tipo asados y demás. Elgueta nunca se inhabilitó en esas causas. A propósito: Henríquez Arzola fue el abogado del popular doctor Arenas en la causa en la que este terminó condenado por tráfico de ­sicotrópicos.

En otras causas, Elgueta se comunicó por teléfono de manera directa con los imputados. A dos de ellos, abogados acusados de perjurio, los conocía y con uno había entablado también amistad. No se inhabilitó y su voto contribuyó a que fueran sobreseídos. Uno de esos abogados, de hecho, había defendido a su exesposa, Alejandra Rebolledo, en una causa que entabló en 2015 por una abdominoplastía fallida contra una médico cirujana.

También concurrió con su voto para reducirle la pena, de 10 a seis años, a un condenado por homicidio que mató a otro hombre a cuchillazos. A un formalizado por manejo en estado de ebriedad con causa de muerte, le revocó la prisión preventiva por otra cautelar de menor intensidad. Lo mismo con imputados por narcotráfico. A uno, que ingresaba cocaína en tarros de pintura a la “Gonzalina”, como se conoce a la cárcel de Rancagua, le fijó una caución con la que obtuvo su libertad a la espera de sentencia. Todos ellos eran clientes del abogado Henríquez Arzola.

El plazo de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en su contra fue ampliado hasta abril de 2021. Serán los tribunales rancagüinos los que determinarán la legitimidad de esos fallos y si el exministro Elgueta actuó movilizado por incentivos anexos al de impartir justicia.

El 22 de marzo de 2019, la Corte Suprema decidió apartar a Emilio Elgueta de sus funciones, a la espera de evaluar su remoción definitiva del Poder Judicial. Segundos antes de salir de la Corte de Apelaciones de Rancagua, miró a cada uno de los que tenía en frente –colegas, funcionarios– y les dijo: “Yo voy a volver”.

Algunos lo leyeron como una amenaza velada; una advertencia de que cobraría cuentas a los que no guardaran silencio en la investigación administrativa y penal en su contra. Estaba seguro de que la suspensión sería breve y que su regreso sería solo cosa de tiempo. No fue así. Elgueta –junto al ministro Marcelo Vásquez– fue removido de la judicatura el 26 de agosto de 2019 por decisión unánime del pleno de la Corte Suprema y ya no vuelve.

La sensación de que contaminó a todo el Poder Judicial pesó en los magistrados que decidieron ponerle fin a su carrera. Cuando en los primeros días del otoño de 2019 terminó por romperse el desagüe en Rancagua, el mal olor lo inundó todo. Ni el mejor trabajo de gasfitería habría podido revertir tamaña descomposición.

Emilio Elgueta no quiso responder preguntas para esta investigación. Ha bajado ostensiblemente de peso y hoy intenta reinventarse como abogado en una oficina particular en Rancagua. “Yo soy el ministro más pobre de Chile”, se le escuchó decir casi al final de la entrevista que dio a CNN Chile. A comienzos de 2020 interpuso una demanda por despido injustificado en contra del Estado y reclamó una indemnización de 520 millones de pesos. El tribunal que la revisó, sin embargo, se declaró incompetente.

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