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Lo anterior no debe conducirnos al extremo de considerar a la familia únicamente como una víctima, incapaz de reaccionar frente a las situaciones que la afectan. Por el contrario, está demostrado que la mayoría de las familias cuentan con recursos internos que les permiten mantener su unidad e identidad en medio de situaciones adversas y cambiantes, y esos recursos pueden ser reactivados y fortalecidos a través de una ayuda adecuada.
Los cambios que se están produciendo en las familias chilenas reflejan al mismo tiempo el impacto de las transformaciones producidas en ellas por el proceso de modernización y las respuestas que las propias familias han ido generando para adecuarse a las nuevas situaciones que se les presentan. Es esta la perspectiva desde la cual debemos considerar la realidad de la familia en nuestro país, que en gran medida refleja la situación de la familia latinoamericana.
1.4. Tendencias de cambio en las familias chilenas
Junto con afectar las funciones de la familia, el proceso de modernización ha contribuido a generar profundos cambios en la estructura y funcionamiento de las familias. En el contexto anterior, señalamos a continuación las principales tendencias de cambio que es posible observar en las familias del país:
• Tendencia a la nuclearización. La familia nuclear, constituida por la pareja adulta con o sin hijos, o uno de los miembros de la pareja y sus hijos, constituye el 61,3% de las familias del país, superando ampliamente a la familia extensa, que constituye el 23,6%. En tres décadas se ha producido un cambio radical, ya que en 1970 la proporción de familias extensas era de 64,0% y la de familias nucleares, de 30,3% (Informe Comisión Nacional de la Familia, p. 100). Esta tendencia se explica en parte como un efecto del proceso de urbanización y se refleja en las políticas de vivienda social al mismo tiempo que es reforzada por ellas.
• Disminución del número de hijos. Mientras en el período 1960-1965 la tasa global de fecundidad era de 5,3 hijos, actualmente se ha reducido a 2,7 (Informe Comisión Nacional de la Familia, pág. 185). Como consecuencia de esta disminución de la fecundidad de las mujeres, se reduce el tamaño de las familias, situación que se observa en todas las regiones del país y en todos los sectores socioeconómicos.
• Aumento de los hijos nacidos fuera del matrimonio. Los hijos ilegítimos alcanzan al 34,3% de los nacidos vivos en 1990. Este porcentaje se ha duplicado desde 1970 y alcanza su punto más alto entre las madres menores de 20 años, donde asciende al 61%. El Informe de la Comisión Nacional de la Familia señala que la ilegitimidad es más probable cuando se trata de los primeros hijos: el 44,6% de los primeros hijos son ilegítimos en 1990, lo que indica que casi la mitad de las mujeres del país inicia su maternidad siendo soltera.
• Aumento de los hogares monoparentales a cargo de una mujer, que ascienden al 31,9%, muy superior al 8,4% de los hogares a nivel nacional en esta situación, según la Encuesta CASEN 1998.
• Aumento del embarazo adolescente. Según la Encuesta CASEN 1998, el 15% de los nacimientos en los tres meses previos a la encuesta, ocurrieron en la población de mujeres de entre 12 y 19 años, tramo que da cuenta del embarazo adolescente y maternidad precoz.
• Creciente participación laboral de las mujeres, la que alcanza en la actualidad al 38,8% de la población con participación económica (Encuesta CASEN 1998). Por lo menos la mitad de estas mujeres tienen responsabilidades familiares a su cargo, y experimentan grandes dificultades para combinar sus tareas en el trabajo y la familia, lo que conduce a la doble jornada laboral para la mujer casada o madre de familia que trabaja.
• Indicios de cambios en el rol tradicional del hombre en la familia, particularmente en las familias jóvenes, de modo que el cuidado de los hijos y las tareas domésticas están empezando a ser compartidas parcialmente.
• Aumento de la jefatura de hogar femenina, la que asciende al 22,8% del total de hogares del país según la Encuesta CASEN 1998. El 42,3% de los hogares con jefatura femenina son hogares familiares extensos.
• Envejecimiento de la población, como consecuencia de las mayores expectativas de vida. En el tramo de 60 años de edad o más, las mujeres representan un 56,7% del total de la población adulta mayor, es decir, 13,4 puntos más que el porcentaje de 43,3 existente para los hombres en ese tramo (Encuesta CASEN 1998).
• Creciente impacto de los medios de comunicación de masas, particularmente de la televisión, en la vida cotidiana de las familias.
• Aumento de la diversidad familiar, que resulta principalmente de las diversas modalidades a través de las cuales las familias buscan enfrentar el problema de la separación conyugal: nulidades, divorcio sin disolución de vínculo, familias reconstituidas, mixtas y simultáneas.
• Creciente conciencia de la gravedad del problema de la violencia doméstica, que afecta al 25 % de las familias del país (Larraín, 1992).
• Creciente conciencia de la dignidad de los niños y de sus derechos en la sociedad. Al interior de la familia esta tendencia genera tensión en sus intentos por cambiar las modalidades autoritarias tradicionales de educación sin saber cómo hacerlo para mantener la autoridad de los padres.
Otro rasgo importante que se observa en las familias chilenas es la mayor duración del ciclo de vida familiar, lo que es generado por el aumento de la esperanza de vida en hombres y mujeres. Según Reyes y Muñoz (1993), considerando las medianas de edad, el ciclo típico de la familia en Chile es de 52 años. El matrimonio se inicia cuando el hombre tiene un promedio de 25,5 y la mujer 23,4 años de edad. El período de crianza de los hijos se prolonga casi por 28 años hasta que el último hijo deja el hogar familiar. Los padres que quedan solos viven juntos por un promedio de l5 años más, que se alarga para la mujer que queda viuda, la que vive en promedio otros 9 años.
El complejo panorama de cambios que se ha señalado permite comprender las profundas tensiones que afectan a la familia en el país. Las familias experimentan los cambios y se adecuan a ellos en la medida de sus posibilidades, pero muchas veces carecen de recursos para desarrollar adecuadamente este proceso. Esto plantea dilemas a las familias y a los profesionales e instituciones que se ocupan de atenderlas.
Como en todo cambio, las tendencias señaladas más arriba implican aspectos positivos y negativos, que es necesario considerar conjuntamente.
Entre los aspectos positivos se puede señalar en primer término la posibilidad de una mayor democratización de la vida familiar, que sin disminuir la autoridad de los padres, genere mayores espacios de comunicación. Esta mayor democratización supone también la posibilidad de cambios en la relación entre los cónyuges, de modo que haya un mayor equilibrio en las posiciones de poder y en su responsabilidad en las tareas domésticas.
Lo anterior supone ante todo la superación de la violencia como modo de solucionar los conflictos en la familia y la posibilidad de que los hombres se responsabilicen de la paternidad de los hijos tenidos fuera del matrimonio. El hecho de que se hayan dictado en nuestro país la Ley de Violencia Intrafamiliar y la Ley 19.585, que elimina las diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos y facilita el reconocimiento de la paternidad, son signos esperanzadores al respecto.
El aumento de las expectativas de vida ofrece la posibilidad de una mayor convivencia entre las generaciones. Los abuelos tienen la gran oportunidad de apoyar a las familias nucleares en el cuidado de los niños, logrando así el enriquecimiento mutuo a través del diálogo intergeneracional.
En contrapartida a las implicancias positivas de las tendencias que se observan en la realidad de las familias chilenas, aparecen las implicancias negativas.
En términos generales, los cambios señalados hacen a la familia más frágil y también más vulnerable. El menor tamaño de la familia y el debilitamiento de sus redes familiares la hace contar con menos recursos para enfrentar situaciones de crisis, como desempleo, enfermedades, muertes, etc. El aumento de las nulidades, separaciones, rematrimonios, etc., produce tensiones y sufrimiento en todos los miembros de la familia, muy especialmente en los hijos, produciendo heridas y huellas difíciles de borrar. Con frecuencia se observa hoy en los hijos de padres separados mucho escepticismo frente al matrimonio y temor a comprometerse en una relación estable.
También los hijos son afectados por la incorporación de la madre en el trabajo remunerado sin contar con la colaboración del padre en las tareas del hogar y careciendo de servicios de apoyo en la comunidad. Como resultado, los hijos permanecen mucho tiempo en el hogar sin el cuidado de una persona adulta, lo que dificulta la tarea educativa de los padres.
Las familias están viviendo así en su vida cotidiana situaciones extremadamente contradictorias, entre las que se destacan el cumplimiento de sus tareas básicas (protección y cuidado de sus miembros, crianza, socialización y educación de sus hijos) sin contar con los recursos necesarios para ello, y los conflictos entre el proyecto personal de cada uno de los padres y el proyecto familiar de cuidado de los otros. Cada familia busca enfrentar esta contradicción al mismo tiempo que procura articular sus demandas internas con las demandas que recibe de su medio externo y con las transformaciones que se están produciendo en las relaciones hombre-mujer y padres-hijos. La meta que la familia persigue con esta articulación es su sobrevivencia como grupo y como espacio para el desarrollo humano, lo que también en las familias pobres se extiende a la sobrevivencia física de sus miembros (Tamaso, 1995).
Todo lo anterior supone una tarea extremadamente difícil, frente a la cual las familias no están recibiendo de la sociedad el apoyo y los recursos que necesitan para enfrentarla. Como consecuencia, muchos padres se sienten incompetentes para ejercer su rol, aumenta la violencia intrafamiliar, se debilita la cohesión entre sus miembros, muchas familias se desintegran y favorecen así la desorientación de sus hijos, que en estas condiciones pueden incurrir en drogadicción, conductas delictivas, etc. Se puede llegar en este proceso a la negación misma de la esencia de la familia, ya que estas familias así dañadas no pueden ser espacio de protección y afecto, sino que, por el contrario, gene-ran infelicidad, violencia y desconfianza.
1.5. Familia y equidad
La equidad es un tema central en el análisis de las relaciones entre la familia y la sociedad porque atraviesa estas relaciones en diversos ámbitos y niveles, tanto externos como internos a la familia misma.
Al inicio de este Capítulo se analizó la evidente situación de falta de equidad existente en la medida que la sociedad delega en la familia funciones claves cuyo desempeño exige que ella sea un espacio de seguridad, seguridad que es dificultada por las características de la propia modernización.
A nivel macrosocial, se argumentó también anteriormente la falta de poder y de defensa organizada de la familia frente a las grandes fuerzas sociales y a las políticas económicas y sociales que la impactan y la afectan cotidianamente. Ello revela una falta de equidad que impide a las familias tener voz para plantear sus necesidades y aspiraciones en la sociedad, al mismo tiempo que la obliga muchas veces a aceptar el atropello sistemático a algunos de sus derechos humanos fundamentales, como es el caso de las familias pobres que analizaremos más adelante.
La sola existencia de la creciente desigualdad en la distribución del ingreso en el país manifiesta también un gravísimo problema de falta de equidad entre las familias chilenas.
Mientras algunas de ellas gozan de bienes en exceso, la gran mayoría se debate cotidianamente en la escasez de bienes y servicios, o en la angustia de no tener una seguridad mínima sobre cómo sobrevivirán el día de mañana. Los datos de la Encuesta CASEN 1996 nos indican que el 20% más rico de la población concentraba el 56,7% de los ingresos monetarios, mientras que el 20% más pobre sólo captaba el 4,1%. Estos hogares más pobres aumentan sus ingresos en un 75,5% en base al aporte del gasto social en salud, educación y subsidios monetarios, lo que revela el papel efectivo que tiene el gasto público social en la reducción de las desigualdades, pero no alcanza a sacar a las familias de su situación de pobreza (Ruiz Tagle, 1998).
En estas condiciones de desventaja, las familias están recibiendo demandas más contradictorias que nunca de la sociedad. Se espera que ellas sean el espacio del amor, de la humanización y de la intimidad en un contexto competitivo, deshumanizado, en que se quita cada vez más tiempo y espacio a la vida familiar y en que la publicitación de la intimidad es una de las estrategias que más “vende” en los medios de comunicación de masas. A las demandas tradicionales se agregan otras nuevas, la gente busca refugiarse en la familia cada vez más, desafiando su capacidad de contención y de apoyo. Exigidas al máximo y sin el necesario apoyo social, muchas veces las familias no resisten esta situación, generándose crisis, desorganización y desintegración.
También demandan crecientemente a la familia las políticas sociales, en muchos de cuyos programas se procura la participación activa de las familias considerando menos de lo necesario las dificultades que les plantea cualquier tipo de participación, especialmente cuando se ven exigidas simultáneamente desde diferentes sectores: educación, salud, etcétera.
Pero el tema de la falta de equidad lo encontramos no sólo en las relaciones entre familia y sociedad, sino también al interior de la familia y tiene su manifestación más extrema en la violencia intrafamiliar, que afecta fundamentalmente a las mujeres y a los niños.
El acto de violencia en que el hombre golpea a la mujer, o la mujer al hombre, es la manifestación máxima de falta de equidad y de respeto en la relación de la pareja humana, y como las principales víctimas son las mujeres, gráfica en términos extremos la situación de subordinación, subvaloración y marginación que aún hoy afecta a muchas mujeres en la sociedad chilena. La mujer golpeada se siente objeto de una injusticia y atropellada en su dignidad de persona. El acto de agresión, en el que el hombre la domina con su fuerza, genera en ella frustración, ira y temor. Al no poder esta ira ser expresada contra el agresor, se orienta con frecuencia hacia los hijos, conformando el círculo familiar de maltrato. Cuando la mujer logra exteriorizar su ira contra el hombre que la castigó, puede hacerlo con mucha fuerza, desencadenando episodios de gran violencia.
“La violencia doméstica en sus diversas manifestaciones –tortura corporal, acoso y violación sexual, violencia psicológica, limitación a la libertad de movimientos (esclavitud)– son claramente violaciones a los derechos humanos básicos. Ocultos bajo el manto de la privacidad de los afectos y del autoritarismo patriarcal durante siglos, comienzan a hacerse visibles en las últimas décadas. Obviamente, la violencia familiar tiene género: las víctimas son las mujeres en la relación conyugal, las niñas y en menor medida los niños en la relación filial y como víctimas de otros adultos. Ultimamente, además, se comienzan a hacer públicos los casos de violencia familiar hacia ancianos” (Jelin, 1997).
Si bien no alcanza el nivel de dramatismo de la violencia intrafamiliar, es una grave manifestación cotidiana de inequidad el recargo de trabajo que asume la mujer en relación al varón, especialmente cuando ella trabaja remuneradamente fuera del hogar, además de hacerse cargo de la casa y de la crianza de los hijos sin la necesaria ayuda de su marido.
Todo lo anterior es manifestación de una falta de adecuación de los roles familiares y de las relaciones de poder en la pareja a las nuevas características que asume la vida familiar en la modernidad. Urge un cambio en la forma como se están desempeñando los roles de género en la familia, a fin de erradicar la violencia en las relaciones familiares y lograr una mayor colaboración del varón en las tareas domésticas y de crianza, que sea la base de una mejor y más equitativa relación de pareja, lo que contribuirá a generar una mayor democratización de la vida familiar.
De lo contrario, la familia seguirá trasmitiendo y reforzando los patrones de desigualdad existentes entre los roles de género, que están fuertemente anclados en la cultura patriarcal y que se manifiestan claramente en el machismo.
1.6. Las familias pobres
Al analizar las relaciones entre familia y sociedad, la pobreza es un tema central por su impacto deteriorante en la vida familiar y porque afecta a un porcentaje muy importante de la población. A estas dos razones, debemos agregar el hecho de que al Trabajo Social se le asigna socialmente la atención de las familias pobres y de hecho ellas constituyen la mayoría de la población a la que atendemos y la que presenta mayores desafíos a nuestra intervención profesional. Si bien las familias de todos los estratos sociales tienen conflictos y necesitan en determinados momentos ayuda profesional, las familias pobres ven aumentados estos conflictos por su situación de pobreza y carecen de los recursos que a menudo otras familias tienen para enfrentar sus problemas.
También la pobreza debe ser visualizada en el contexto del proceso de modernización, porque no podemos seguir considerándola sólo en la forma tradicional, como el obstáculo clásico para el desarrollo, sino debemos entenderla como uno de los ejes internos del tipo de modernización vigente, que produce a la vez integración y exclusión, riqueza y pobreza. La pobreza es hoy el rostro duro y oscuro de la modernidad (Quezada, 1995).
Es por esto que en las políticas estatales de la mayoría de los países latinoamericanos, modernización y superación de la pobreza son dos conceptos clave. En Chile, el lema “desarrollo con equidad” refleja la meta gubernamental de avanzar en el crecimiento económico y mejorar la distribución del ingreso, superando la pobreza.
No obstante, los resultados de esta política son contradictorios. La economía chilena ha mostrado por casi una década condiciones de estabilidad y crecimiento sostenidos, junto con inflación controlada. Se han obtenido grandes logros en la disminución de la pobreza, pero a pesar de estos avances macroeconómicos, un porcentaje importante de la población permanece aún bajo la línea de pobreza. Es cierto que este porcentaje ha disminuido en los últimos años (aproximadamente de 30% a 18,5%, según la Encuesta CASEN 1998), pero al mismo tiempo se ha demostrado que los programas focalizados no logran cambiar la situación de la llamada “pobreza dura”, es decir de los más pobres entre los pobres.
La condición de pobreza consiste, según los economistas, en carecer de recursos bajo un cierto standard. La medición de la situación de pobreza se hace en base al ingreso monetario que permite alcanzar el valor de una canasta básica de alimentos. La población bajo la línea de pobreza comprende familias de grupos diversos: trabajadores de bajos ingresos, campesinos, pescadores, cesantes, mujeres jefes de hogar, madres solteras, ancianos, pueblos indígenas, etcétera.
Alvarez (1982) se pregunta cómo pueden las familias en condiciones de pobreza dar respuesta a las necesidades básicas y lograr el adecuado desarrollo físico y psíquico de sus hijos y afirma que si la familia no puede cumplir con las funciones que le asigna la sociedad, ella se transforma en un agente impulsor de futuras conductas antisociales. Y esto es válido no sólo para las familias de extrema pobreza, sino también para aquellas que, no estando en un estrato social tan deprivado, no alcanzan a cumplir el papel que la sociedad espera de ellas.
Efectivamente, señalamos ya que en épocas de crisis económica como las que afectan periódicamente nuestra región, se implementan políticas de ajuste y de reducción del gasto público, bajo cuyos efectos la pobreza se intensifica y numerosas familias que anteriormente no se encontraban en esta situación, pasan a integrarla. Sin contar con el necesario apoyo estatal para el cumplimiento de sus funciones, las familias pobres desarrollan diversas estrategias de sobrevivencia: allegamiento, venta de enseres domésticos, incorporación de la mujer al campo laboral, trabajo infantil, ollas comunes, etc. Estas estrategias, junto con mostrar las capacidades de las familias, generan múltiples problemas, entre los cuales el que ha tenido mayor impacto es el de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, porque genera sobrecarga de trabajo para la mujer, dificultades en la relación conyugal y problemas en la crianza y educación de los niños, al escasear los servicios de apoyo a esta función mientras la madre trabaja y no contarse habitualmente con el apoyo del padre para estas tareas.
El aumento de la pobreza en el país generado por la crisis económica de la década del ochenta, llevó al Gobierno de la época a implementar acciones orientadas a la población en situación de pobreza e indigencia.
La estrategia de gasto social orientada hacia la extrema pobreza en el país ha consistido en:
a) un conjunto de programas primordialmente públicos, de amplia cobertura y focalizados;
b) programas destinados a resolver síntomas concomitantes con la pobreza (desnutrición, mortalidad infantil, analfabetismo), a través de la entrega de bienes y servicios básicos, como educación primaria, vacunas, agua potable, etc., y
c) un sistema de subsidios orientados a grupos específicos, a fin de ayudar a los que no pueden beneficiarse de las políticas sociales y a proteger a quienes están más expuestos a las repercusiones adversas de las condiciones económicas.
Estos programas sociales han mejorado las condiciones de vida de los pobres, quienes ahora tienen más acceso a las políticas sociales, pero existe una desigual distribución de bienes y servicios como salud, vivienda, justicia, que no llegan a todos los chilenos por igual, ni en cantidad ni calidad, y que agravan las situaciones generadas por la mala distribución del ingreso (Valdés, 1995). Así, por ejemplo, las regiones del país con más altos índices de pobreza están clasificadas en situación desfavorable en relación a los principales indicadores de salud, poniendo en evidencia que en esas regiones los servicios de salud prestan una atención de inferior calidad, deteriorando aún más la situación de quienes viven en situación de pobreza.
¿Cuáles son las características de las familias pobres en la actualidad?
El estudio cualitativo de familias nucleares vulnerables realizado por Reca (1995) sobre la base de una muestra de familias pobres e indigentes, aporta información sobre las características de las familias pobres. Los resultados y conclusiones principales señalan lo siguiente:
– La situación de pobreza tiende a disminuir en las familias nucleares numerosas, en fases avanzadas del ciclo familiar, cuando los hijos se insertan laboralmente.
– En las familias nucleares con mayor cohesión interna, se constató el desarrollo de un proyecto familiar.
– Las familias que mantienen lazos sociales reducidos con el entorno social se muestran más afectadas por situaciones de vulnerabilidad. Las que participan en asociaciones y organizaciones sociales están en mejores condiciones para utilizar positivamente recursos internos del grupo familiar y de la comunidad.
– Las familias con daños graves (prostitución, drogadicción) difícilmente superarán espontáneamente su situación y requieren de formas de intervención multidisciplinaria.
– Las familias jefaturadas por una mujer en etapas tempranas del ciclo de vida, están expuestas a situaciones de extrema vulnerabilidad. En estas familias se observaron casos de fuerte cohesión, acompañada de altas exigencias hacia la hija o hijo mayor, que asume tareas propias de un adulto.
– Las familias pobres tienen pocas posibilidades de superar su situación de pobreza debido a la falta de trabajo estable. En la mayoría de ellas los adultos tienen trabajos temporales, precarios, y muchos sin contrato de trabajo ni previsión.
– La lucha cotidiana por sobrevivir deteriora las capacidades de estas familias para construir proyectos y la esperanza de que su modo de vida pueda cambiar. De allí que depositen sus esperanzas en que la vida de sus hijos sea diferente. Sin embargo, sobreviven, viven día a día y son capaces de desarrollar actividades al interior de su situación de exclusión.