Trabajo Social Familiar

Se entiende por política familiar un conjunto coherente de principios, objetivos, programas y recursos orientados a fortalecer y desarrollar la vida familiar y a facilitar el desempeño de la función social de la familia. Para Kamerman y Kahn (1978), política familiar es lo que el Estado realiza, por acción u omisión, para afectar a los ciudadanos en sus roles como miembros de una familia o para influenciar el futuro de la familia como institución.

Stephen Antler (1985) señala que existen tres diferentes marcos de referencia que presentan opciones opuestas en relación al futuro de una política familiar. El primero se basa en un modelo nacional de desarrollo. El segundo enfatiza el pluralismo, el voluntariado y una intervención mínima del Estado. El tercero es un modelo de impacto familiar.

Kamerman y Khan (1978) enfatizan el primer marco de referencia, afirmando que el énfasis de una política familiar debe estar en ampliar los servicios públicos a través de programas orientados a disminuir las desigualdades en la distribución del ingreso y a proporcionar oportunidades de empleo y acceso a los servicios sociales a todas las familias. De este modo, cambiará el contexto en que las familias viven y éstas podrán desarrollarse adecuadamente. El énfasis en este enfoque está en la prevención de los problemas familiares.

Berger y Neuhaus (1977) enfatizan en su marco de referencia la importancia de las estructuras intermedias en la sociedad y proponen que una política familiar se base fundamentalmente en fortalecer la acción de estos organismos, tales como vecindarios, iglesias, grupos diversos del voluntariado, para que apoyen y aporten servicios para la familia. Quienes sustentan este enfoque, creen conveniente no aumentar la intervención directa del Estado en la familia.

El tercer marco de referencia surge a partir de los Seminarios de Impacto Familiar organizados por la Universidad de Washington en Estados Unidos. Los seguidores de este enfoque afirman que la principal pregunta es: ¿cómo se manifiestan en la familia los efectos de los programas de gobierno? Su principal objetivo es desarrollar una tecnología para evaluar el impacto de los servicios y leyes que se relacionan con la familia y desarrollar un sistema para que estos impactos puedan ser considerados por el Congreso y las agencias de gobierno.

Estas diferentes posiciones hacen evidente que la política familiar rápidamente se ubica en el centro de debates políticos e ideológicos en la sociedad. Como un ejemplo de lo anterior se señala la iniciativa del presidente Carter de Estados Unidos, que convocó en 1980 a representantes de todos los sectores sociales del país a participar en una Conferencia sobre la Familia en la Casa Blanca, a fin de hacer de la familia la plataforma central de su política. Si bien se suponía que se podría producir un gran consenso al respecto, el temor a una mayor intervención del Estado en la familia puso en acción a numerosos grupos que tenían visiones totalmente opuestas acerca de la familia y sus funciones. De esta forma, las mayores controversias se centraron en la definición de familia y la Conferencia fracasó porque no fue posible establecer consensos básicos que permitieran fundamentar una política coherente de apoyo a la familia.

Esta experiencia demostró que una de las principales dificultades para diseñar una política familiar surge del acuerdo sobre lo que se va a entender por familia, ya que de lo que se defina por familia para estos efectos, va a depender todo el proceso posterior. El problema central es en qué medida la política va a abarcar toda la diversidad familiar existente en un país o va a privilegiar un tipo determinado de familia.

Las implicancias de esta decisión no son simples. Si se toma la decisión de abarcar en la definición de familia toda la variedad de formas familiares existentes en un país, de hecho se está reconociendo que no hay un tipo de familia mejor o superior que otro y se está aceptando ampliamente la diversidad. Si se toma la decisión de definir como meta de la política a un determinado tipo de familia –la nuclear, por ejemplo– se está considerando a esta familia como la más adecuada para satisfacer las necesidades de sus miembros y se la está priorizando sobre las demás. El peligro de esta última alternativa es estigmatizar a las familias que no calzan con el modelo y discriminar contra ellas. Esto es lo que ha sucedido en la mayoría de los casos con las familias que no tienen vínculo legal y con los hijos no reconocidos por los padres, los que no tienen acceso a muchos beneficios establecidos por las políticas sociales.

Se han dado, y seguramente se seguirán dando, múltiples definiciones de familia, entre las cuales el elemento central común es el parentesco. Colmenares (1992) afirma que cuando se habla de familia, se hace referencia a un conjunto de personas que se reconocen como miembros de una categoría especial: la de los parientes. A este grupo se pertenece estrictamente (legalmente) por vínculos de sangre, de matrimonio o de adopción. El parentesco es entonces la primera dimensión analítica de la familia, dimensión que está acotada por otras dos: la convivencia y la solidaridad o ayuda mutua. La convivencia se refiere a la unión de los miembros de la familia en un hogar común, formando un grupo doméstico que comparte la vivienda, la alimentación, los ingresos y los gastos, constituyéndose en una unidad de consumo. La solidaridad o ayuda mutua se refiere a las redes de reciprocidad que se dan entre los miembros de la familia y que funcionan aunque no vivan bajo el mismo techo o estén distantes físicamente.

De las tres dimensiones señaladas, al parentesco deberá asignársele en todo momento especial prioridad porque es la que más esencialmente constituye a la familia, ya que las otras dos dimensiones, desvinculadas del parentesco, no lo hacen. Según Colmenares, para efectos de diseñar políticas, se selecciona habitualmente del conjunto de los parientes que conforman una familia, las primeras unidades funcionales que interesa deslindar: las familias elementales o núcleos familiares: padre, madre e hijos.

Hartman y Laird (1982) enfatizan la importancia de la familia de origen, que se define como aquella familia de lazos sanguíneos tanto verticales (multigeneracionales) como horizontales (parentescos), vivos o muertos, geográficamente cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, accesibles o inaccesibles, pero siempre de algún modo psicológicamente relevantes. Asimismo, se incluye en la familia de origen a los miembros adoptivos y los parientes ficticios, es decir, personas que pese a no estar relacionadas por sangre, son consideradas y han funcionado como parte de la familia.

Además de la familia de origen, está la familia actual, la familia del presente, que necesita organizar una estructura normativa, de roles y reglas, un estilo de comunicación, un marco de valores, de los cuales algunos han trascendido a través de la historia, pero que operan en la familia del presente, y otros que se han creado en la familia actual.

Algunas personas tienen más de una familia, por ejemplo los niños adoptados, los cuales están ligados a sus familias adoptivas y muchas veces están paralelamente en búsqueda de sus padres biológicos, con el fin de integrar y completar todas sus identidades familiares.

Pero, además, en nuestra realidad latinoamericana nos encontramos con frecuencia con otras variedades de familias: una madrina con su ahijada, un par de abuelos a cargo de sus nietos huérfanos o abandonados, una tía a cargo de sus sobrinos, un grupo de hermanos adultos que viven juntos, una familia a la que le (dan) un niño y se hace cargo de su crianza sin adoptarlo. En algunos casos, hay algún tipo de vínculos biológicos en estas familias, pero en otros no los hay, como en el de los padrinos con sus ahijados; sin embargo, la relación de padrinazgo es muy valorada en algunas familias asimilándola al parentesco.

En el Informe de la Comisión Nacional de la Familia (1994) se propone una concepción de familia que ha sido ampliamente utilizada en el país, en que se la define como un grupo social unido entre sí por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables.

Ampliando esta definición, la Fundación Nacional de la Familia considera familia al espacio donde se estructuran las primeras relaciones intergeneracionales y de género, se desarrollan pautas morales y sociales de conducta, donde se vive la gratuidad, la solidaridad y la cooperación, en concordancia con el desarrollo individual y la realización personal (Pozo, 1997).

Finalmente cada tipo de familia, cada composición, se da en un contexto o en un medio moldeado culturalmente por valores, normas y creencias. Es el medio ecológico de la familia, que también la distingue en su modo de ser.

Las concepciones de familia que se han descrito no son opuestas, ya que coinciden en aspectos centrales, si bien enfatizan diferentes aspectos. No obstante, para la elaboración de una política de familia es necesario llegar a una concepción compartida por todas las instituciones y servicios que colaborarán en esa política. De este modo, sea cual sea la diversidad familiar existente en la sociedad, toda política social de hecho especifica a qué tipo de familia se orienta o qué requisitos deben cumplir las familias para optar a los beneficios que ella otorga.

La segunda dificultad que enfrenta el diseño de una política familiar se relaciona con los efectos no esperados que tal política puede tener, tanto a corto como a largo plazo. ¿En qué medida, por ejemplo, un programa a nivel nacional de ayuda económica a adolescentes embarazadas puede fomentar y facilitar la ocurrencia de esta situación al hacerla menos difícil y un poco menos dolorosa?

Los expertos señalan la necesidad de una gran cautela en lo que se refiere a plantear una política familiar. Tal cautela se relaciona por una parte con la necesidad de considerar todas las variables que inciden en el sistema familiar y las relaciones existentes entre ellas. Por otra parte, la cautela se refiere, como se vio anteriormente, a la consideración de los efectos no esperados que pueden seguirse de una medida de política. Las precauciones son especialmente necesarias en un dominio tan delicado como el de la vida familiar.

Como en todo asunto político, los valores sociales y las fuerzas políticas son las que en último término decidirán la orientación y la extensión de toda política familiar. Es tarea de los profesionales y técnicos el aportar a los políticos los conocimientos necesarios para tomar las mejores decisiones, y enriquecer el debate para evitar tanto las soluciones simplistas como la esterilidad del exceso de discusión. Sin embargo, una política nacional sobre familia requiere necesariamente generar un amplio debate en que todas las fuerzas sociales y las instituciones representativas puedan expresarse.

Dadas las consideraciones anteriores, diseñar una política familiar es un asunto complejo y no siempre será posible hacerlo aunque exista en algunos sectores voluntad para ello. Pero sí es posible buscar una mejor utilización de las políticas sociales existentes en un país, orientándolas y coordinándolas a fin de que se focalicen en la familia. Poner a la familia como foco de las políticas sociales significa hacer que, en conjunto, ellas se orienten a responder a las necesidades de las familias y a fortalecer la vida familiar. Se trata de que la unidad focal de las políticas no sigan siendo individuos aislados: mujeres, niños, hombres, adolescentes, ancianos, sin considerar las familias que constituyen el contexto en que ellos viven. En el futuro, las políticas sociales y sectoriales serían más eficaces si se integran y armonizaran en el marco de la familia (Benham, 1990).

Poner a la familia como unidad focal significa orientar y coordinar estas políticas de modo que constituyan un soporte o marco de apoyo que proporcione a la familia los recursos necesarios para desempeñar adecuadamente sus funciones en la sociedad.

Especialmente importante en este último aspecto es la relación de la familia con los sistemas económico, político, de educación, de salud, de trabajo, etc. A la luz de este enfoque, toda planificación social, toda nueva meta o modificación que se proponga en cualquiera de estos sectores debería ser visualizada considerando sus efectos en la vida familiar. Desde las grandes decisiones políticas y jurídicas que tienen que ver con los grados de libertad y participación social, y las económicas que se relacionan con la inversión y la producción, hasta aquellas decisiones más puntuales y específicas que se refieren a jornadas de trabajo, horarios escolares, etc., todo afecta de una u otra forma a la familia y puede facilitar o entorpecer –incluso impedir– el cumplimiento de sus funciones básicas.

Del mismo modo, cualquier política o iniciativa que se proponga impulsar cambios en el ejercicio de un determinado rol, por ejemplo, el papel de la mujer, debería considerar en forma sistémica tanto los efectos que este cambio tendrá en los papeles del hombre y de los hijos, como la forma en que el proceso que así se genere influirá en la vida familiar en un momento histórico concreto.

Finalmente, poner a la familia como unidad focal significa considerar toda la realidad familiar existente en el país, en su diversidad de estratos sociales y de formas de organización. No podemos centrarnos sólo en las familias pobres, si bien éstas deben recibir atención prioritaria.

Un análisis de las políticas sociales desde esta perspectiva nos llevaría a preguntarnos qué tipo de familia estamos favoreciendo con un determinado programa, en qué forma éste afecta las funciones de la familia, en qué medida el programa ofrece a la familia la posibilidad de una participación informada, cómo influye el programa en el desempeño de los roles familiares, en suma, cuál es el impacto en la calidad de vida familiar y –a través de ella– si está fortaleciendo o debilitando la vida social.

1.10. La perspectiva familiar en el análisis de las políticas

Se ha argumentado hasta aquí la necesidad de un enfoque familiar en el diseño y análisis de las políticas públicas. Se intentará desarrollar a continuación algunas ideas acerca de la forma como esta orientación puede llevarse a la práctica.

El primer aspecto a considerar en esta perspectiva son las necesidades de las familias. Ellas pueden ser descritas en relación a las funciones familiares y en relación al ciclo de vida familiar.

Janet Giele (1979) ha establecido una tipología basada en las principales funciones de la familia y sus relaciones con el mundo. La política en su opinión afecta cuatro áreas centrales de la vida familiar: su función “nutridora”, su actividad económica, su residencia y su función cultural.

La función nutridora incluye todo el cuidado y atención personal al interior de la familia. Esta función no sólo acompaña la vida cotidiana habitual de todos los miembros de la familia, sino que con frecuencia incluye la atención especial de hijos enfermos o impedidos, de adultos con problemas de salud física o mental, y ancianos. Las políticas públicas aplicables a esta área pueden ir desde aquellas que apoyan a la familia para el desempeño de esta función nutridora, a las que la reemplazan. Todo lo que tiene que ver con cuidado de la salud, crianza de los niños, relaciones familiares, educación para la vida familiar, programas de cuidado diurno, planificación familiar, se incluyen en esta área.

En el área de la actividad económica, se encuentran políticas y programas que se refieren a niveles de ingreso mínimo, subsidios, pensiones y otros apoyos económicos que signifiquen esfuerzos redistributivos, como también las políticas que modelan las transacciones del mundo de la familia con el mundo del trabajo. La participación en la fuerza de trabajo puede ser marcadamente afectada por políticas, legislación o programas que se refieren al cuidado de los niños, la jubilación, el horario flexible o rígido de trabajo, el entrenamiento para el empleo y otras prácticas diversas.

El lugar donde una familia vive y las características de su medio ambiente están también influenciados por la política pública. Entre las diversas actividades gubernamentales que afectan a las familias en relación al medio en que viven se encuentran las políticas de vivienda, mantención o remodelación de barrios, energía, transporte, construcción de caminos, áreas verdes. La vivienda es para las familias pobres el gran bien que aspiran obtener, por la seguridad y estabilidad que significa para ellas.

La función cultural de la familia, que Giele define como su identidad legal y cultural, también puede ser moldeada por la política pública. Las leyes acerca del matrimonio y sus efectos legales, el divorcio, la custodia de los hijos, leyes y sistemas de adopción, el status legal de la mujer, son todos tópicos de política pública. Los efectos de la acción pública en la esfera de la cultura influyen de hecho en la forma como se desempeñan los roles familiares y el balance entre diversos status y derechos dentro del sistema familiar. El reconocimiento que hace el Estado del rol de la familia como transmisora de la cultura se basa en la capacidad que ésta tiene de ayudar a conservar lenguajes, costumbres, creencias religiosas y normas culturalmente determinadas acerca de la forma como debe funcionar una familia.

Un segundo criterio de gran utilidad para tener un panorama de las necesidades familiares que las políticas sociales tendrían que considerar es el del ciclo de desarrollo familiar.

La familia puede ser visualizada como un sistema que cambia y se desarrolla a través de ciertas etapas que han sido conceptualizadas por diversos autores y que dan lugar a diferentes modalidades de relación entre ésta y la sociedad. El enfoque del ciclo de desarrollo familiar se centra en los cambios que ocurren en la estructura, las normas, los roles y los procesos de comunicación al interior de la familia a medida que se suceden estas eta-pas, y la forma como ellos afectan la relación de la familia con la sociedad. A través de estas etapas básicas por las cuales deben pasar en el tiempo, las familias van desempeñando las funciones que les son propias por medio de la realización de tareas que producen cambios en su organización interna y en sus transacciones con las estructuras sociales y culturales externas. Las tareas familiares de cada fase tienen efecto acumulativo, de modo que el cumplimiento adecuado de las tareas de las primeras etapas fortalece la habilidad de la familia para desempeñarse en las etapas siguientes en forma efectiva (Rhodes, 1983).

Jelin (1984) señala cómo la composición de la familia es el resultado de los diversos procesos asociados al ciclo vital de sus miembros. Por una parte están los acontecimientos ligados a la historia de la formación de la familia, incluyendo matrimonios, separaciones, nacimientos y muertes, así como las mudanzas, migraciones y otros accidentes o decisiones en coyunturas específicas. Por otra parte, desde el contexto socio-económico, importan los cambios en la situación económica y política, ya que estas situaciones suelen influir en la forma de organización doméstica en ese momento específico y en la manera como se mantiene o cambia posteriormente.

Tomando como ejemplo el modelo ideal de familia que intenta establecerse independientemente en el momento del matrimonio, Jelin afirma que el que lo logre o no en ese momento es el producto de los recursos con que cuente la pareja y de condiciones externas a su control. Una condición externa relevante es la política de vivienda existente y las posibilidades de acceso para una pareja específica. En el contexto más inmediato, afectará a esta pareja el tipo de vínculo y los compromisos que cada uno de los cónyuges tenga con su familia de origen: madres viudas o enfermas, negocios o propiedades familiares, todo lo cual condiciona las opciones con las cuales los sujetos se enfrentan.

“La historia posterior es compleja y multidimensional: la llegada de los hijos, los cambios en los compromisos y responsabilidades hacia las familias de orientación de ambos miembros, la ayuda que pueden recibir de las redes informales, cambios en la política estatal o en el mercado de vivienda, etc., van condicionando las opciones y las elecciones abiertas según las modificaciones en los recursos monetarios de los miembros de la pareja. Estas opciones no son racionalmente evaluadas de manera constante, sino que se actualizan en los momentos de transiciones significativas en el ciclo de vida del grupo familiar –nacimiento de hijos, muerte de padres, casamiento de hermanos, separaciones, etc., o en momentos de crisis directa o indirectamente ligados a la vivienda– desalojos, cambios en la legislación de alquileres, acceso a créditos especiales, etc.” (Jelin, op. cit., p. 18).

Si bien la familia necesita contar con servicios de apoyo en todo su ciclo de desarrollo, no cabe duda que las etapas de crianza y escolar son aquellas hacia las cuales una planificación social debería enfocarse prioritariamente. En efecto, éste es el período en el cual la familia está cumpliendo en forma central su función social y económica de formar los actores sociales del futuro. La calidad de ese futuro dependerá en gran medida de la calidad de los cuidados que los niños reciban y de la calidad de la educación a la que tengan acceso.

La familia es la productora y la principal encargada de conservar y acrecentar el capital humano de la sociedad. La forma como cumpla esta tarea esencial dependerá de sus propios recursos internos y de las contribuciones que reciba de su medio externo en forma de servicios de salud, vivienda, educación formal e informal, oportunidades económicas y variados servicios de apoyo, que respondan en forma flexible a las diferentes necesidades que se van presentando. Toda política social debería orientarse preferentemente a las familias que se encuentran en las dos etapas señaladas, distribuyendo sus beneficios en función de su nivel de carencias y del número de niños que ellas tengan que criar y educar.

La medida en que lo anterior está ya siendo considerado en algunas políticas es aún insuficiente. En consecuencia, un gran número de familias –particularmente las familias pobres– no cuenta hoy con los recursos y el apoyo mínimos para enfrentar las responsabilidades de las diversas etapas del ciclo vital, en circunstancias que los cambios sociales están planteándoles día a día nuevas demandas. Los padres están siendo cada vez más exigidos por los establecimientos educacionales para participar en diversas actividades relacionadas con el proceso educativo de sus hijos; los avances de las ciencias humanas suponen nuevos desafíos para proporcionar experiencias que promuevan el desarrollo de los niños; el período escolar se ha hecho cada vez más largo, retardando la incorporación de los hijos a la fuerza de trabajo y recargando la obligación económica de los padres.

Por otra parte, la tendencia creciente en el tratamiento de las enfermedades mentales y los procesos de “irregularidad social”, se orienta a la desinstitucionalización, en el sentido de evitar en lo posible la hospitalización de pacientes mentales crónicos y la internación de niños, los que deberían ser atendidos por la familia con el apoyo de la comunidad. Finalmente, el aumento de las expectativas de vida hace que las familias tengan que asumir una tarea de cuidado de sus miembros de edad avanzada mucho mayor que en el pasado. Cada una de estas nuevas responsabilidades es una tensión adicional en la vida de la familia y significa riesgos para su estabilidad si no se cuenta con apoyo adecuado de parte de la sociedad.

1.11. ¿Por qué es necesario invertir en la familia?

En nuestra época se habla mucho de capital, de trabajo y de inversiones. Se insiste en que para que el país siga creciendo y pueda superar la pobreza, es necesario invertir en bienes de capital, en producción, en tecnología, en educación, etc. No se habla de invertir en familia.

Teniendo claro el panorama de la realidad familiar que hemos reseñado, ¿qué es lo que hace que la sociedad esté en cierta forma paralizada observando los cambios que se suceden, formulando muchas veces augurios catastróficos sobre sus efectos en la familia, pero haciendo tan poco en forma global para enfrentarlos?