Emergencia climática

Los expertos hablan del concepto de tipping point, puntos de inflexión o de no retorno, o umbrales. Por eso, el acuerdo de París pone un listón al aumento de temperaturas (de 2 ºC, como máximo, o de 1,5ºC, respecto a las de la época preindustrial).

Sabemos que los ecosistemas, una vez superado ese punto de inflexión en ciertos parámetros (temperatura, número de especies, funcionalidad), no se van a comportar de la misma manera. Pueden suplirse sus funciones. No tiene por qué ser el final de la historia; pero esas transformaciones dejan huella. El ecólogo Fernando Valladares pone también como ejemplo el calor de los océanos. Las masas de agua de mares y océanos se han calentado poco a poco durante los treinta últimos años; las emisiones de gases invernadero han causado tal cantidad de calor, que eso no es fácilmente reversible. Haría falta mucho tiempo (siglos) y unas condiciones físicas que posiblemente no se van a dar en el medio plazo.

Si dejáramos de emitir gases de efecto invernadero no notaríamos inmediatamente que se revierte ese calor: porque hemos iniciado un proceso en el que es difícil dar marcha atrás. Se puede, eso sí, atenuar. Y es probable que, si mantuviéramos esas emisiones reducidas mucho tiempo, y sin nuevas interferencias de otros componentes climáticos, en unos siglos la situación se empezaría a aliviar. Pero el problema de las grandes masas de agua con un exceso de calor acumulado duraría décadas, sino siglos, aunque redujéramos las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este contexto, la pérdida de diversidad biológica (sobre la que se asienta la disponibilidad de alimentos, medicinas y muchos servicios ambientales) agrava el panorama.

Y por eso, preocupa sobre todo su efecto exponencial. Un millón de especies de animales y plantas (de los ocho millones existentes) están en peligro de extinción. Así lo indica el estudio más completo realizado hasta ahora sobre la vida en la Tierra, de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), que reunió a expertos convocados por la Unesco.

La humanidad obtiene actualmente más alimentos, energía y materiales que nunca. Sin embargo, la explotación de estos recursos se está haciendo a expensas de la capacidad de la naturaleza de seguir proporcionando materias primas que garanticen el bienestar futuro. Desde 1970, la producción agrícola, pesquera y forestal y la extracción de materias primas han crecido. Pero, la capacidad de recuperación de los ecosistemas está disminuyendo rápidamente.

En este sentido, la importancia de los servicios ambientales tiene entre sus mejores ejemplos el papel de los insectos polinizadores. Más de un 75% de las cosechas agrícolas mundiales, incluidas las de frutas y verduras, así como algunos de los más importantes cultivos comerciales (café, cacao o almendra), dependen de la polinización. Se estima que cada año están en riesgo ingresos mundiales procedentes de las cosechas valorados entre 210.000 millones y 515.00 millones de euros como resultado de la pérdida de insectos polinizadores.

Un 75% de los ambientes terrestres y un 66% de los ecosistemas marinos han sido gravemente modificados, y la mayoría de ellos continúa sufriendo un proceso de degradación. Ecosistemas sensibles, como los humedales y los bosques maduros de crecimiento largo, sufren el declive más rápido. Desde el año 1500, las acciones del hombre han provocado ya la desaparición de 680 especies de ver­tebrados.

Están amenazadas de extinción un promedio de un 25% de especies terrestres, de agua dulce y vertebrados marinos, así como de invertebrados y grupos de plantas estudiados. Más de un 40% de las especies de anfibios, casi un 33% de los corales de arrecifes y más de un tercio de los mamíferos marinos se encuentran en la misma situación.

La proporción de insectos en peligro de extinción es incierta, pero algunas estimaciones la sitúan en un 10%. Se calcula que hay unos 8 millones de especies de animales y plantas (5,5 millones de las cuales son insectos), y de esa suma total de especies, 1 millón están amenazadas de extinción. Un 9% de las especies tienen unos hábitats tan fragmentados y escasos, que son insuficientes para garantizar su supervivencia a largo plazo. De ahí que el informe crea que pueden ser consideradas como especies zombi.

Los bosques de manglares han reducido al menos un 25% su extensión original, mientras que las praderas de fanerógamas marinas (ricos ecosistemas subacuáticos) merman su superficie a un ritmo de un 10% por década. La pérdida y el deterioro de hábitats costeros restan capacidad para proteger la costa.

El diagnóstico sobre los bosques es dispar. Hay una ganancia en las latitudes altas y templadas, y una pérdida en los trópicos. Globalmente, la tasa de deforestación se ha reducido a la mitad desde los años noventa del siglo pasado (con excepciones). Sin embargo, la superficie forestal continúa disminuyendo y ahora ocupa un 68% del espacio que tenía en la época preindustrial. Mientras, los bosques primigenios, vírgenes, intactos, han menguado un 7% entre el 2000 y el 2013, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

Entre un 10% y un 15% del suministro maderero mundial procede de talas forestales ilegales (porcentaje que alcanza un 50% en algunas áreas). Entre los años 1980 y 2000 se perdieron además unos 100 millones de hectáreas de bosque tropical como resultado sobre todo de la creación de haciendas ganaderas en Latinoamérica y de plantaciones en el Sudeste de Asia, destinadas básicamente a palma aceitera (para productos de alimentación, cosméticos y

combustibles).

Nuestra dependencia de los sistemas naturales es un cordón umbilical que ignoramos. El número de las variedades vegetales empleadas en los cultivos, así como de las razas animales usadas, se ha reducido drásticamente como resultado de los cambios de uso del suelo, la pérdida de conocimientos tradicionales, las preferencias del mercado o el comercio internacional a gran escala. En el año 2016, se estimaba que aproximadamente un 10% de las razas y variedades domesticadas habían quedado extinguidas.

Muy pocas variedades de plantas están siendo cultivadas y comercializadas. Muchas variedades agrícolas (importantes para garantizar la seguridad alimentaria a largo plazo) carecen de protección legal. Se pone en peligro, pues, una reserva de genes que puede proporcionar fortaleza frente al cambio climático y resistencia contra los pesticidas y patógenos y que puede ayudar a combatir la destrucción de genes (semillas, animales domésticos).

Por otro lado, la salud de los ecosistemas, de los que dependemos nosotros y las demás especies, está deteriorándose más rápidamente que nunca. Estamos erosionando los principales fundamentos de nuestras economías, sociedades, seguridad alimentaria, salud y calidad de vida en todo el mundo. Esta es la alerta que ha lanzado Robert Watson, presidente de la IPBES. No hay duda de que estamos perdiendo la biodiversidad a un ritmo tan insostenible que afectará el bienestar humano tanto de las generaciones actuales como de las futuras, sostiene Watson.

Los autores del estudio esperan que esta primera evaluación global de la biodiversidad del planeta sitúe esta crisis ecológica en el centro de atención pública, de la misma manera en que la emergencia climática ha sido objeto de un amplio debate social.

Por tanto, son muchos los expertos que apuntan incluso la idea de que no deberíamos hablar tanto de emergencia climática sino de emergencia ecológica.

De hecho, podemos apreciar claramente que el cambio climático no actúa solo. Y tenemos ejemplos cercanos. En el caso de las grandes catástrofes, como en sucesos provocados por gotas frías, huracanes y demás, muchos de los efectos devastadores no están sólo relacionados con la intensidad del suceso, sino que obedecen a la existencia de construcciones artificiales que dificultan el drenaje y, en general, a unos ecosistemas degradados o vulnerables.

Cuenta atrás para atenuar los daños

Se acumulan las señales del calentamiento mundial, pero también las evidencias de que no vamos por el buen camino para reconducir la situación. Las emisiones de CO2 relacionadas con la energía en los países del G-20 se dispararon en el 2018 un 1,8% en 2018 debido a la creciente demanda. Y el suministro energético no se está haciendo más limpio.

A pesar de que las fuentes renovables crecieron un 5% en el 2018, la proporción de combustibles fósiles en la combinación energética del G-20 sigue siendo de un 82%. El suministro total de energía primaria de combustibles fósiles en el 2018 aumentó en Australia, Canadá, China, India, Indonesia, Rusia, Sudáfrica, Corea del Sur y Estados Unidos. Y, de la misma manera, las emisiones en el sector eléctrico crecieron un 1,6%. Las energías renovables representan ya un 25,5%, pero esa suma no es suficiente para superar el crecimiento de las emisiones de los combustibles fósiles.

En el acuerdo de París (2015) se decidió como primera meta detener el incremento de temperaturas por debajo de 2ºC respecto a los niveles preindustriales (y proseguir los esfuerzos para contenerlos, incluso, en 1,5ºC). Sin embargo, la Tierra va camino de registrar aumentos de temperaturas que superan el umbral de seguridad climática.

La suma conjunta de los planes de los países del G-20 no augura una reducción de emisiones de gases para el 2030, sino que en esa fecha sería el doble de lo requerido para detener el aumento de temperaturas a 1,5 ºC.

Incluso si todas las contribuciones nacionales prometidas vigentes en virtud del acuerdo de París se hicieran realidad, el presupuesto de carbono (límite de emisiones exigido) que exige la meta de 1,5°C se agotará antes del 2030.

Los expertos (IPCC) alertaron el mes de octubre del 2018 que para contener este siglo la subida de las temperaturas en un nivel seguro (por debajo de 1,5 ºC), las emisiones de gases invernadero deberían reducirse un 45% para el año 2030 respecto a los niveles del 2010. Alcanzar esa meta sería el paso intermedio en la senda para lograr nuevos objetivos para el año 2050.

Habría que hacer recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero de un 7,6% al año desde el 2020 al 2030 para cumplir con la meta de 1,5°C.

Cada año de retraso más allá del 2020 supone que tendremos que hacer recortes más rápidos, que se vuelven cada vez más caros, por lo que lograrlo es algo poco probable. Se requiere, pues, una acción inmediata. Y, por eso, la próxima década será decisiva

De hecho, la cuenta atrás ha empezado. El tiempo se echa encima porque los planes de acción climática que deben elaborar los países o la actualización de los ya existentes deben ser presentados este año, el 2020…

¿Será la última oportunidad para lograr un clima estable? Tal vez.

Bajo los actuales compromisos del acuerdo de París (2015), los países firmantes tienen que presentar o actualizar sus planes nacionales de acción climática antes de finales del 2020 (y con períodos de cumplimiento que alcanzan hasta el año 2025 o 2030). Dado que de lo que se trata es de alcanzar la reducción de gases de un 45% para el 2030, las nuevas contribuciones de los países tienen que aprobarse con antelación y, por eso, deben estar sobre la mesa de la ONU antes de que acabe el año 2020.

Es en la decisiva cita de Glasgow (Gran Bretaña) en noviembre del 2020, donde los países deberán mostrar esas nuevas cartas y aclarar si están dispuestos a dar nuevos pasos adelante sin dilación. Por eso, la pregunta no es tan banal. ¿Estamos ante la última oportunidad para evitar que el calentamiento se nos vaya definitivamente de las manos?

Las cumbres de Nueva York (septiembre del 2019) y Madrid (diciembre del 2019) han sido los últimos intentos de Naciones Unidas para urgir a los países a que aceleren la adopción de medidas.

“Estamos perdiendo la lucha contra el cambio climático”, ha llegado a admitir el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que no ha cesado de reclamar a los países que impulsen y presenten planes significativos sobre reducción de emisiones de cara a las próximas décadas. Guterres quiere que los gobiernos frenen la subida de emisiones, que estas tengan su pico máximo inmediato y que se promuevan planes coherentes con el objetivo global de reducir las emisiones mundiales un 45% para el 2030. Será la etapa necesaria intermedia para lograr a largo plazo que los estados se comprometan a alcanzar la neutralidad climática en el 2050: la descarbonización de la

economía.

En este sentido, alcanzar esa meta exige que los países frenen los subsidios que conceden a los combustibles fósiles, que dejen de construir plantas de carbón y que se establezca un precio a las emisiones de carbono para desincentivar el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas), hoy altamente subsidiados. En esta línea, se considera imprescindible que los gobiernos activen las medidas hacia una transición energética para dar pasos más acelerados hacia las fuentes de energía renovables.

El objetivo global, demandado por los expertos, es lograr que para el año 2050 se consiga la neutralidad climática, es decir, que el balance de las emisiones de gases sea cero, o se aproxime lo máximo posible, con el fin de lograr una descarbonización de la economía.

El acuerdo de París (2050) no sólo conminó a los países a presentar contribuciones con objetivo a medio plazo, sino que les invitaba a actuar a largo plazo elaborando estrategias sobre emisiones bajas en carbono pensando en un escenario hacia el 2050.

En el grupo G-20, Francia, Alemania, Canadá, Japón, México y Estados Unidos han presentado a la ONU sus estrategias para el 2050. China, el conjunto de la Unión Europea, India, Argentina, Sudáfrica, Corea del Sur y Rusia las están preparando. En cambio, Australia, Brasil, Italia, Arabia Saudí y Turquía son los únicos que no han hecho los deberes y no han aclarado si están trabajando en ello.

También está por dilucidar (sobre todo en un país descentralizado como España) el papel de las diferentes administraciones, porque todas tienen algo que decir y que aportar en la lucha contra el cambio climático. En España, las competencias en materia de protección del medio ambiente están asignadas a las comunidades autónomas. Son ella las que tienen que desarrollar las políticas en materia de transporte o de protección del aire, por lo que su papel no puede ser relegado. En este sentido, resultó sorprendente que el PP presentara recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana de Cambio Climático, a la que finalmente el Tribunal Constitucional dio luz verde. Aunque las comunidades tienen competencias poco relevantes en materia de energía, sí son significativas las que poseen en ámbitos como la protección del medio ambiente, el transporte público, la ordenación del territorio o los residuos; y tienen posibilidades de dar ejemplo e intervenir en mejorar la eficiencia energética. Por eso, es clave que la Administración central acepte ese protagonismo de las comunidades autónomas y les transfiera los recursos necesarios, de manera que se acepte el principio de corresponsabilidad, pues todas las administraciones están concernidas. Trabajar para mitigar el calentamiento requiere mejorar los mecanismos de colaboración entre todas ellas.

Las futuras generaciones piden explicaciones

Mientras tanto, en los últimos años, el movimiento en favor de la justicia climática ha ido tomando cuerpo en forma de protestas más o menos dispersas o generalizadas en gran parte del planeta. Ciudadanos o asociaciones, jóvenes ecologistas, movimientos de raíz cristiana y organizaciones sociales han desplegado numerosas campañas de resistencia que han perseguido bloquear el desarrollo de nuevas infraestructuras de extracción de combustibles fósiles. Estas iniciativas han tenido especial relevancia en Estados Unidos, en donde el objetivo era imposibilitar la construcción de los nuevos oleoductos o frenar la apertura de nuevos pozos para la extracción de gas mediante el sistema de fractura hidráulica de la roca (fracking).

Hay que tener en cuenta que, una vez identificadas las principales reservas existentes disponibles, las grandes compañías energéticas exploran nuevas fronteras para la extracción del crudo (el aprovechamiento de arenas bituminosas en Canadá, la extracción de este recurso en los océanos a grandes profundidades o la evaluación de reservas en el océano Ártico...). Sin embargo, este camino abre incógnitas sobre los verdaderos costes y crea nuevos riesgos de derrames y contaminación en el mar y en los suelos. En Alemania, estas compañas se han enfrentado de manera firme contra los planes que demoran el cierre de las minas de carbón (un combustible con un potencial efecto invernadero). En países europeos concernidos (Polonia, Reino Unido, Rumanía o España), diversos factores (como la resistencia social organizada, los obstáculos administrativos o las medidas de seguridad del medio ambiente impuestas) han hecho que el fracking no haya despegado.

La campaña desplegada por la organización Alianza Mar Blava, que aglutina a numerosas instituciones y entidades cívicas de Baleares, frenó todos los nuevos proyectos de investigación de hidrocarburos en el Mediterráneo español, consistentes en la realización de sondeos para caracterizar los suelos submarinos y evaluar la posible existencia de yacimientos. El Gobierno socialista recogió en su anteproyecto de ley de Cambio Climático su plan para vetar las nuevas investigaciones para evaluar la presencia de hidrocarburos en las aguas territoriales españolas.

El gran salto en esta corriente de opinión vino de la mano de la movilización de cientos de miles de adolescentes y jóvenes que dejaron sus aulas en las dos grandes jornadas de huelga (marzo y septiembre del 2019) organizadas para denunciar la falta de respuesta de los gobiernos frente a la crisis climática. En todo el mundo, desde Sidney a Nueva York, desde Nueva Zelanda a París, la oleada de protestas se ha ido expandiendo. “Dejen de quemar nuestro futuro”, “Abajo las minas de carbón”, “Queremos nuestro aire limpio”, “No hay un planeta B” fueron algunas de las consignas que daban cuenta de sus demandas.

Las organizaciones convocantes, como Juventud por el Clima (Fridays for Future) o Extinction Rebellion, plantearon estas movilizaciones como acciones de claro carácter reivindicativo, festivo y fundamentalmente pacífico. Su pretensión era hacer uso de la calle como el espacio público por antonomasia para ejercer la libertad de expresión y la lucha por la defensa del futuro del planeta. Su objetivo era lanzar una llamada de atención al resto de la ciudadanía para que se sumara y participara en la defensa democrática de los bienes comunes, como lo son los ecosistemas y el medio ambiente.

En numerosas zonas del planeta se ha dejado sentir la voz de un movimiento que se opone a que el planeta esté “lleno de montañas decapitadas, valles anegados, bosques talados, acuíferos fracturados, laderas arrasadas por la minería a cielo abierto y los ríos envenenados”, en palabras de la escritora Naomi Klein.

La cara más visible de este movimiento es Greta Thunberg, una joven adolescente de Suecia, de aspecto tímido y que con sólo 16 años logró en poco tiempo lo que miles de científicos de todo el mundo no han conseguido transmitir a la sociedad a lo largo de dos décadas en sus sesudos y voluminosos informes sobre el calentamiento y sus estragos difundidos a través del sistema de Naciones Unidas. Su mensaje central es que la Tierra vive una situación de excepcionalidad a causa del cambio climático, que socava las claves de la propia existencia del hombre como especie.

Su ejemplo y liderazgo ha llevado a catapultar un movimiento, el de la justicia climática, cuyas acciones y protestas promovidas por organizaciones como Fridays for Future o Extinction Rebellion exigen a los gobiernos la declaración de emergencia climática.

La joven de pecas, trenzas y sonrisa fugaz se convirtió en la sombra de un vuelo de mariposa aunque su efecto multiplicador se dejó sentir como un tsunami planetario. Y todo ello se gestó al trascender que cada mañana esta muchacha se sentaba –era el inicio del curso en septiembre del 2018– en la puerta del Parlamento sueco, en el centro de Estocolmo, para desplegar su modesta pancarta y protestar contra la inacción del Gobierno frente al calentamiento.

Su activismo adolescente ha tenido el efecto de un golpe seco, un raro e imprevisto mazazo, en un momento en que los mensajes a favor de la conservación del medio ambiente se habían hecho tan omnipresentes como anestesiantes, hasta chocar con un cierto desinterés social cuando no con una cierta ecofatiga. Su aparición ha envuelto los rotundos mensajes científicos con una emotividad que ha servido para que amplias capas de la sociedad hayan empezado a reaccionar ante los temores de que un cambio climático rápido se escape de todo control. Ella ha sido la voz y la imagen de quienes han logrado que esta preocupación sea ya un asunto prioritario de la atención mundial.

Sus intervenciones en las conferencias de la ONU sobre cambio climático de Katowice (diciembre del 2018, en Polonia) o en la cumbre especial de la ONU en Nueva York (septiembre del 2019) elevaron el tono de su protesta, ya expresada como una censura a los mandatarios políticos y económicos cuando fue invitada a Davos o al Parlamento europeo.

La reprimenda fue especialmente contundente cuando, en Nueva York, acusó a los líderes mundiales en la cumbre especial sobre cambio climático de la ONU de omisión y traición: “Y si elegís fallarnos, os digo que nunca os perdonaremos. Nos os dejaremos que os salgáis con la vuestra… Los jóvenes están empezando a entender vuestra traición”, advirtió Thunberg en un discurso mostrándose enojada y emocionada.

Dotada de una sorprendente capacidad para resumir mensajes complejos en un mundo donde las comunicaciones exigen frases sencillas, Thunberg ha conectado con la emotividad de muchas personas y ha aglutinado a su generación, que posiblemente quedará marcada por la conciencia de que puede sufrir las peores consecuencias de la crisis climática (altas temperaturas, deshielos, subidas del nivel del mar, sucesos climáticos extremos…).

No sólo ha provocado las primeras huelgas mundiales estudiantiles seguidas en todo el planeta, sino que se ha convertido en algo así como la voz de la conciencia de las futuras generaciones que no quieren recibir como legado un planeta más degradado o casi inhabitable.

El informe sobre desarrollo sostenible (Informe Brundt­land, 1987), obra de la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, reclamaba a la sociedad actual que asumiera el compromiso de dejar a las futuras generaciones un planeta igual o mejor que el que habían heredado. Greta representa a los jóvenes que están convencidos de que no estamos en la dirección correcta. Tal vez sea una temprana voz de alerta de esas futuras generaciones que nos interpelan y nos acusan de ser responsables de un desarrollo económico destructivo.

Y nos devuelve la pelota al presente. A fin de cuentas, para ella un calentamiento muy acusado a finales de siglo XXI no le resulta algo tan lejano. En el 2078 celebrará su 75 cumpleaños. Entonces, “si tengo hijos, quizás me preguntarán por qué (vuestra generación) no hizo nada cuando aún había tiempo para actuar”, soltó en Katowice.

Ella misma ha definido perfectamente la emergencia en sus entrevistas e intervenciones, en las que ha desplegado reflexiones contundentes, lúcidas. Si la crisis climática es tan grave como dicen los científicos, “¿por qué esta no es la primera noticia cuando enciendes la televisión, escuchas la radio o lees los periódicos?”; “si la quema de combustibles amenaza nuestra existencia, ¿cómo podemos continuar quemándolos?, ¿por qué no hay restricciones?, ¿por qué no es ilegal hacerlo?” se preguntaba. Y así: “Si..., si…”.

El objetivo fundamental en todas las iniciativas ha sido reclamar a los gobiernos una acción urgente para reducir de manera drástica –y en el menor tiempo posible– las emisiones de gases invernadero, señaladas como responsables del peligroso calentamiento. Se reclama algo fundamental: que quienes menos han contribuido al calentamiento, como son las naciones menos adelantadas y los sectores más vulnerables (sin capacidad de adaptarse a este fenómeno), no sean los que más sufran sus efectos.

La relevancia de esta joven delata, ciertamente, la ausencia de representantes públicos y líderes políticos suficientemente comprometidos con la adopción de políticas ambiciosas para combatir la crisis climática.