Acción para la conciencia colectiva

Capítulo 1

Configuración de demandas e identidad

Figura 1. Relación entre represión y demandas (1970-1991)

Fuente: Elaboración propia.

La década de 1970 representó, para las élites latinoamericanas, la necesidad de hacer frente al avance de las ideas socialistas y de la lucha armada como expresión de la inconformidad social que avanzaba en el continente. Este fenómeno se manifestó con fuerza en Colombia, claro está, en medio de las particularidades de su historia social y política, que para estos años habían desembocado en el establecimiento del último Gobierno del Frente Nacional. Las denuncias sobre el fraude en las elecciones que otorgaron la victoria a Misael Pastrana sobre el exdictador, ahora candidato por la Alianza Nacional Popular —Anapo—, Gustavo Rojas Pinilla, ponían en evidencia la debilidad con que terminaba el pacto entre los partidos Liberal y Conservador1. Un Gobierno deslegitimado, la sociedad civil agitada y la lucha armada abriéndose camino, son elementos determinantes para la configuración de las políticas sobre justicia adoptadas por el Gobierno Pastrana para garantizar su permanencia en el poder.

La acción estatal desplegada en materia de justicia se desarrolló como una estrategia de largo aliento que pretendía asegurar el control institucional y el orden público. En este contexto, la idea misma de lo justo y su definición se trasladó a las autoridades militares en una clara muestra de que, si bien el Estado colombiano mantenía su imagen civilista, el poder de facto, por lo menos en lo jurídico penal, lo ejercieron las FF. AA. El establecimiento constante del estado de sitio, por medio del cual le fueron entregados los asuntos judiciales a los cuerpos de seguridad del Estado y el consecuente despojo de tales atribuciones a la justicia ordinaria no solamente condujo a un claro desequilibrio de los poderes públicos, sino que caracterizan el protagonismo social y político ejercido por los militares durante estos años. Tales condiciones conmocionaron el orden constitucional, pero también incentivaron la movilización social, convirtieron a la justicia en bandera de las luchas populares y llevaron al Estado colombiano a pasar del reconocimiento internacional a su ‘condena’, al evidenciarse la forma en que sus políticas de seguridad y de orden público se transformaron en vías para la represión, la tortura y el abuso de autoridad en general.

Entre 1978 y 1982 la denuncia contra la represión estatal creció, en un escenario que coincidió con el viraje de la política internacional norteamericana hacia la promoción de los DD. HH. en los países bajo su influencia. La actividad de los defensores y la presión norteamericana resultaron fundamentales para los cambios impulsados desde la posesión de Belisario Betancur en 1982 y su apuesta por alcanzar la paz. Y es que, si bien desde 1981 el país experimentaba un cierto coqueteo con la idea de dialogar con las guerrillas, solo fue tras la llegada al poder de Betancur que los acercamientos se convirtieron en diálogos. Aun así, las buenas intenciones contrastaron con el desplazamiento del militarismo hacia formas de represión civil estimuladas por la reaparición del paramilitarismo, configurándose así un modelo de seguridad y orden que libraba a las autoridades estatales de la responsabilidad institucional en la violación a los DD. HH. que tan grande factura le había traído al Gobierno Turbay2.

El tránsito de la represión oficial hacía la no oficial fue tan solo un cambio en la manifestación de la cultura jurídico política para la represión característica del periodo analizado; ante lo cual, el naciente movimiento social en defensa de los DD. HH. fue moldeando una propuesta contracultural con fundamento en la necesidad de una renovación de la justicia y de la democracia, ampliando su ámbito de acción de la resistencia contra la represión a la búsqueda de la paz y la realización de la democracia, en un proceso que, aunque se presume materializado con la Constitución de 1991, continúa hasta nuestros días. Las páginas siguientes están dedicadas a estudiar el contexto en el que el Estado colombiano elaboró su modelo de represión y la forma en que este fue contrarrestado por el embrión de una contracultura fundamentada en la garantía de los DD. HH. y la democratización de las relaciones políticas. Para ello, se analizarán tres momentos, más o menos diferenciables, en los que se evidencian las transformaciones del modelo de represión estatal y su reflejo en la construcción de las demandas que terminaron por dotar de identidad a la acción colectiva alrededor de estos derechos:

• Primero, apropiación del concepto de DD. HH. que ocurre entre 1970 y 1981, como reacción de la sociedad civil, pero también como medio de oposición al desarrollo de la DSN y su apogeo en Colombia, a través del militarismo y la represión por vía judicial.

• Segundo, crisis y transición entre modelos represivos, generados por el auge de la movilización alrededor de los DD. HH. y por los cambios en la política norteamericana frente a los mismos. Este momento abarca entre 1978 y 1982 aproximadamente.

• Y tercero, la adaptación del modelo represivo a los dictados de la guerra de baja intensidad —GBI— y su camuflaje entre el paramilitarismo y el narcotráfico, pero también la respuesta de la sociedad civil impulsando la búsqueda de la paz por vía de una negociación y la constitucionalización de los DD. HH.

Esta forma de abordar el problema permite exponer los factores ideológicos y jurídicos que posibilitaron una cierta unidad de acción entre los defensores y la elaboración de una contra cultura jurídico-política en torno a la movilización social, que trasegó de un uso instrumental de los DD. HH. (en los juicios), a su apropiación (como sustento de la democracia)3. Así las cosas, este capítulo aborda, en perspectiva multiescalar4, las formas represivas imperantes en América Latina durante el periodo estudiado, su reflejo en las políticas de seguridad y control adoptadas en Colombia, y la manera en que la oposición a estos fenómenos dio lugar a las demandas de un vasto sector de la sociedad, permitiéndole ingresar a la disputa por configuraciones alternativas de la justicia. El análisis aquí propuesto oscila entre la exposición de las condiciones que hicieron posible una cultura jurídico-política para la represión y la forma en que a estas se les opuso una plataforma contra cultural fundamentada en el uso de los DD. HH.

De conformidad con lo anterior, este capítulo podría sintetizarse de dos formas: la primera de ellas desde un punto de vista contextual, puesto que presenta el escenario sobre el cual se desarrollaron las luchas del movimiento de DD. HH. durante el periodo estudiado, en tres momentos: militarización de la justicia, crisis y paramilitarización. La segunda de carácter sustancial, en la medida en que presenta las tres materias fundamentales que sirvieron como contenido de las demandas promovidas por este sector: represión, paz y democratización. En ese sentido, lo que se pretende es recrear el escenario en el que tuvieron lugar las disputas por la configuración de ideas sobre la justicia, entre su humanización y la represión, en un acercamiento que permite reconocer la marginalidad de la materia hasta 1975 y las circunstancias que ubicaron a los DD. HH. al centro de la disputa cultural.

1.1. La militarización de la justicia

En 1970, según un informe oficial:

La asistencia Militar norteamericana llega al total de 92.000.000 de dólares. 425 miembros de las fuerzas armadas fueron entrenados este año por los Estados Unidos, llegando a la cifra total de 3.894. “Para abastecer las fuerzas armadas de Colombia cuyo número aproximadamente es de 55.000 hombres (ejercito 43.000, marina 5.000, fuerzas aéreas 6.400) los Estados Unidos mantienen una misión Militar de 27 oficiales y 21 suboficiales de las tres armas (…) este país paga parte del costo de administración de la Misión (…) nuestros militares se consideran teóricamente miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia (…) el entrenamiento es una de las tres metas primordiales del personal de la misión Militar, las otras dos consisten en controlar la entrega de los equipos, asesorar y ayudar a los oficiales colombianos (…) Muchos oficiales de este país han tenido la oportunidad de recibir entrenamiento formal en los EEUU, incluyendo al comandante general de las fuerzas Armadas, Mayor General Currea Cubides (…) Igual que el Brasil, Colombia ofrece incentivos económicos a los oficiales que se entrenan en el exterior (…) Colombia ayuda a sufragar los gastos del entrenamiento dado por los EEUU (…) Los EEUU instruyen al ejército de Colombia en tácticas antiguerrilleras a través de unidades móviles de entrenamiento en la zona del canal (…) La doctrina norteamericana de la “acción militar” también ha sido aceptada por el ejército colombiano (…) nuestros programas han ayudado al país a establecer sus propias escuelas de entrenamiento militar (…) la misión cree que el entrenamiento del general Currea dentro del Programa de Ayuda Militar (PAM) contribuyó a darle esa perspectiva (…) Colombia puede ser el mejor ejemplo de los beneficios que pueden resultar del entrenamiento dentro de nuestro Programa de Ayuda Militar (…) los años de 1970 a 1975 serán cruciales para determinar la viabilidad del actual sistema (…) el contacto permanente y estrecho entre las fuerzas militares colombianas y el ejército norteamericano será ventajoso5.

Uno de los principales efectos del aumento de la ayuda militar de los EE. UU. en Colombia fue la consagración de la justicia como un asunto de seguridad, que fue puesta en manos de las FF. AA., llegando estas a adquirir un amplio margen de acción que les permitía incidir en las ideas sobre lo justo en materia criminal, casi a título definitorio. La anterior afirmación solo es comprobable al estudiar la acción estatal entre 1970 y 1982 que, caracterizada por la búsqueda incesante de un aseguramiento del control institucional, llevó al Estado a adquirir un carácter militarista tras la adaptación de sus instituciones a los dictados de la DSN. En ese sentido, el aparato estatal conservaba su apariencia civilista y, sin embargo, recurría con una frecuencia cada vez mayor al uso de las prácticas represivas que distinguían a las dictaduras del Cono Sur. ¿Cuáles fueron las condiciones internas que se entretejieron para la adopción de políticas de seguridad y orden que terminaron por entregar a las FF. AA. y de seguridad del Estado la definición sobre las ideas de lo justo y su administración? ¿Cuáles sus consecuencias sociales?

1.1.1. ¿Democracia civilista o dictadura disfrazada?

Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los EE. UU. y la URSS quedaron enfrentados por el dominio político, militar, ideológico y económico global, en el marco de la denominada guerra fría. Sus ideas de expansión se desarrollaron en una abierta competencia que implicaba la conformación de bloques de poder dirigidos a asegurar la dependencia de los países subdesarrollados con respecto a estos. Los EE. UU. lograron cohesionar, entre otros, a la mayoría de los Gobiernos latinoamericanos bajo la consigna de la Seguridad Nacional, ubicándola al centro del desarrollo de sus relaciones6. En Colombia, dicha doctrina inspiró, por lo menos, tres elementos que marcan el establecimiento de una cultura jurídico-política para la represión entre 1970 y 1982: i) la seguridad como necesidad inaplazable; ii) la elaboración de un enemigo común en el orden interno y iii) la implantación del concepto de guerra total y permanente.

La seguridad como necesidad inaplazable

El arraigo y la fertilidad de la DSN en América Latina se relacionan con la existencia de una amenaza latente para los intereses norteamericanos y, residualmente, para los de las élites económicas y políticas locales7. La DSN promovió una inescindible relación entre seguridad y amenazas como motor de la actividad estatal, fundamentada en la existencia de condiciones de probabilidad, no de certeza, sobre la ocurrencia futura de revoluciones que dañarían la seguridad nacional. En ese sentido, los riesgos de la guerra fría fueron transmitidos a la sociedad en general, para justificar: la intervención militar directa representada en el establecimiento de regímenes dictatoriales abiertos; o el endurecimiento de las medidas jurídico-políticas de carácter represivo adoptadas por los Gobiernos civiles8. Al ubicar la seguridad al centro de los debates públicos como necesidad inaplazable, los EE. UU. lograron confirmar la virtual fusión entre seguridad y Estado. Lo que se traducía en la idea de que para enfrentar las amenazas era necesario contar con una institucionalidad lo suficientemente fuerte para anular el riesgo.

La elaboración de un enemigo común en el orden interno

El enemigo fue fácilmente elaborado con base en la imagen de la URSS, como encarnación del comunismo internacional y rival, no de los EE. UU., no del capitalismo, sino de la civilización occidental. El comunismo como enemigo se convirtió en abstracción de todas las enemistades posibles; lo que justificó que todo aquello que se pareciera al comunismo, a la inconformidad social con el sistema político y económico, o a crítica contra el Estado fuera considerado como amenaza nacional. El concepto mismo de ciudadanía quedó diluido en la búsqueda de la seguridad nacional, endureciendo la relación de subordinación entre los Estados y las personas. Impulsadas por la desconfianza de los EE. UU. en la estabilidad política y económica de los países de la región, proliferaron entonces las dictaduras militares. Pobreza, comunismo y liberación nacional se convirtieron en fantasmas; el enemigo ya no era una abstracta, y cuando mucho lejana y fría, URSS, ahora estaba encarnado en la oposición política y en la actividad social contraria al modelo económico, social y político; la sospecha cubría a la generalidad de la población civil, devolviendo al enemigo su abstracción natural9.

La implantación del concepto de guerra total y permanente10

Este concepto, favorecido por el aumento de la capacidad militar de las potencias mundiales, ha mantenido en estado de alerta a la comunidad mundial desde entonces y, más allá del riesgo nuclear, logró desarrollarse en los países periféricos, a propósito de la penetración ideológica que podría desembocar en la generación de condiciones para una revolución. El concepto de guerra total se desarrollaría bajo la influencia de la denominada doctrina francesa de la contrainsurgencia o lucha contrainsurgente, cuya elaboración fue recogida por el coronel Roger Trinquier, tras las experiencias militares de Francia en Argelia e Indochina11.

Estos tres elementos encontraron en Colombia un escenario ideal para su desarrollo, pues los evidentes brotes de inconformidad social que amenazaban con la expansión de las ideas socialistas o de liberación nacional en el país generaban un ambiente de agitación social cada vez más radicalizado. Un antecedente muy ilustrativo del interés norteamericano por expandir su capacidad de control militar en Colombia es la visita del Centro de Guerra especial, de Fort Brag (Carolina del Norte), desarrollada en febrero de 1962.

El director de investigaciones de dicho Centro, el General Yarbo-rough, redactó un suplemento Secreto al Informe sobre dicha visita. Uno de los párrafos de ese suplemento dice: “Debe crearse ahora mismo un equipo en el país acordado, para seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino operaciones de represión, por si se necesitaren después. Esto debe hacerse con miras a desarrollar una estructura cívico militar que se explote en la eventualidad de que el sistema de seguridad interna de Colombia se deteriore más. Esta estructura se usará para presionar los cambios que sabemos, que se van a necesitar para poner en acción funciones de contra agentes y contra propaganda y, en la medida en que sea necesario, impulsar sabotajes y/o actividades paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo. Los Estados Unidos deben apoyar esto12.

Otro antecedente del interés norteamericano se encuentra en la expedición del denominado Manual FM-31-15 Operaciones contra Fuerzas Irregulares de 1962, por medio del cual, el ejército colombiano adoptaba los lineamientos norteamericanos de combate a las guerrillas que apenas se encontraban en formación. No sorprende, entonces, que la ejecución de las prácticas militares, dirigidas según los lineamientos estadounidenses, combinaran una suerte de conservación de la apariencia civilista, como rasgo característico de la tradición política colombiana, y el desarrollo de una escalada represiva cuyo eje era el fortalecimiento de la capacidad de operación de las FF. AA. De fondo estaba la criminalización de la protesta social y de la oposición política como amenazas directas para los intereses norteamericanos y de las élites colombianas; el enemigo real no eran los alzados en armas, eran los civiles…

El General Francisco Landazábal explicitaba con franqueza, en uno de sus libros, la tesis fundamental: “No menos importante que la localización de la subversión es la localización de la dirección política de la misma […]. La dirección política no puede interesarnos menos que la militar y, una vez reconocida y determinada la tendencia, hay necesidad de ubicar la ideología que la anima, plena y cabalmente, para combatirla con efectividad. Nada más nocivo para el curso de las operaciones contrarrevolucionarias que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción la dirección política del movimiento”13.

El resultado de tal apuesta es una fluctuación entre la necesidad de mantener la apariencia civilista, facilitando un amplio margen de acción a las fuerzas de seguridad en contra de la oposición política; este es el rasgo característico de la vida político-militar colombiana en las décadas de 1960 y 1970. Durante estos años se desarrolló una estrategia de control social y político en la que, bajo la justificación de enfrentar la amenaza revolucionaria, las FF. AA. adquirieron autonomía e independencia respecto del Gobierno, bajo el amparo de la permanente declaración de estados de sitio que le fueron otorgando a los militares la capacidad y el margen de impunidad necesarios para detener la oleada de movilizaciones sociales, que, aun así, se desarrollaron durante este periodo. Pese a ello, tal y como lo reconoce el Centro Nacional de Memoria Histórica —CNMH—, esta práctica no era novedosa,

Se trataba de un hábito de vieja data. Pese a que el Frente Nacional se planteó como un acuerdo paritario para el ejercicio del poder, capaz de garantizar el retorno a los cauces institucionales quebrantados por la dictadura de Rojas Pinilla, lo cierto es que nunca pudo escapar de la excepcionalidad característica de la dictadura y, en vez de salir definitivamente de ella, optó por institucionalizar algunos de sus mecanismos. Esa excepcionalidad, sin embargo, no se aplicaba ya para afrontar los resentimientos de la violencia partidaria, sino que fue la base de una intensa violencia de carácter clasista, contrainsurgente y anticomunista, atizadas por las tensiones geopolíticas de la guerra fría14.

Para Gustavo Gallón, defensor de DD. HH. desde la época, la herencia de la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla fue el posicionamiento de los militares en los asuntos políticos relativos al orden público; lo que se refleja en la posibilidad de juzgar civiles, aun en contra de la Constitución15. Bastó una decisión de la Corte Suprema de Justicia —CSJ—, luego de los acontecimientos del 9 de abril de 1948, para que la prohibición contenida en el artículo 170 constitucional —que limitaba la competencia de los tribunales marciales al juzgamiento de los delitos cometidos por los militares— quedara en desuso, y se abrieran las puertas para el juzgamiento de civiles por parte de las FF. AA., por vía de los Consejos Verbales de Guerra —CVG—16. La decisión temporal de la Corte fue ganando terreno, hasta convertirse en la medida tipo que contenía cada uno de los estados de sitio decretados desde 1965, cuando así lo hiciera el presidente conservador Guillermo León Valencia17.

Cada uno de los Gobiernos del Frente Nacional desarrolló la medida ampliando las atribuciones a las FF. AA. en materia de justicia. La complicidad entre élite política y cúpula militar solo podría explicarse como una reasignación de tareas que terminó por desconfigurar la división tripartita de poderes. La nueva composición quedaría determinada por la capacidad jurisdiccional adquirida por las FF. AA., la conservación del control administrativo del Estado por parte de las élites en el poder y la dirección económica del país a cargo de los gremios empresariales. Esta sería la estructura del Estado colombiano, cuya estabilidad se prolongó por lo menos hasta entrada la década de 198018. Como señala Jorge Villegas Arango en el Libro negro de la represión, el rostro democrático de Colombia ocultaba el uso recurrente de los estados de sitio como figura por excelencia en un círculo compuesto por tres pasos: 1) hostigamiento del Estado al movimiento social; 2) reacción violenta del movimiento social; 3) decreto de estado de sitio.

Para decretarlo se busca siempre el expedito recurso de provocar la violencia. Se presiona cualquier sector (campesinos, obreros, estudiantes) y lo reprimen hasta la exacerbación. Cuando finalmente viene la respuesta violenta del sector provocado, los asesinan. Tomando como pretexto esta violencia buscada, implantan el Estado de Sitio. Lo mantienen durante el tiempo que consideren necesario, y a su amparo, asesinan, reprimen y elaboran toda clase de “decretosleyes”. Algunas coyunturas (proximidad de elecciones, necesidad de reforzar la imagen democrática en el exterior, etc.), crean la necesidad de levantarlo temporalmente, entonces llevan toda la legislación de hecho al Congreso, integrado por los mismos grupos de la oligarquía gobernante y este los refrenda en su conjunto. Así se convierten en “leyes de la nación” todos los exabruptos anteriores. La prensa y todos los medios de comunicación, que se hallan también en manos de los mismos grupos oligárquicos (en realidad, de las mismas familias) controlan, desfiguran y falsean todos los hechos y se encargan de completar la faena19.

1.1.2. Cuando lo normal es la excepción

Los postulados de la DSN fueron introducidos en el país con gran intensidad desde la década de 1960; sin embargo, es suficiente con exponer las formas en que dicha doctrina se consagró en la legislación colombiana como legado del Frente Nacional. En ese sentido, es necesario señalar los principales desarrollos jurídicos adoptados en virtud de la DSN por parte de los presidentes Misael Pastrana, último de los mandatarios relacionados directamente con el Frente Nacional, y Alfonso López Michelsen, quien en medio de fuertes vacilaciones se decantó por reproducir el legado represivo en materia jurídica y militar que ya caracterizaba al Estado colombiano.

Misael Pastrana y la herencia del Frente Nacional

Pastrana asciende al poder heredando de su antecesor, Carlos Lleras Restrepo, un marco jurídico de excepcionalidad en el que fueron promulgadas diferentes normas en materia de seguridad y orden público —a su vez, reencauchadas tanto del Frente Nacional como de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla—. El primer estado de sitio decretado durante la década de 1970 llega tras el Decreto 1128 del 19 de julio de 1970 y aunque su vigencia fue corta, en este periodo fueron promulgadas varias normas claves en materia de seguridad y orden público (el Anexo B presenta una cronología del desarrollo de la legislación de emergencia entre 1970 y 1991)20. Luego de ello, tras un periodo de tres meses de normalidad, con la expedición del Decreto presidencial 250 del 26 de febrero de 1971, nuevamente se declaró turbado el orden público y el estado de sitio en todo el territorio nacional; esta medida se extendió durante casi todo el mandato de Pastrana. Más que enfrentar las efectivas alteraciones al orden público, lo que se perseguía era concentrar el poder en el ejecutivo para actuar en un marco de legalidad flexible que permitía reprimir las manifestaciones de inconformidad social. Dicha concentración se manifestó en el fortalecimiento del gasto para defensa y seguridad y, paralelamente, en la disminución de las garantías de los acusados, sometidos a procedimientos sumarios de investigación y juicio (característicos de los CVG)21.