El Estado Social de mañana diálogos sobre bienestar, democracia y capitalismo

La relación entre capitalismo y democracia

El tercer eje de análisis aborda la relación que se establece entre las nuevas tendencias del capitalismo y los regímenes democráticos, así como también con la esfera de lo político en un sentido ampliado. Es decir, todo aquello que en una sociedad se puede decidir colectivamente, lo que trasciende de una esfera únicamente institucional (la política). Nos pareció necesario detenerse en este punto debido a que el estado actual del debate respecto a las maneras como se construye una agenda pública que incorpore los derechos sociales, requiere incluir las condiciones en las cuales se despliega la vida política y las nuevas formas de coordinación sociopolítica.

Las transformaciones del capitalismo, y el fenómeno neoliberal particularmente, han significado un proyecto de restitución del poder de clase (Harvey, 2005). Esto es, se han reemplazado los espacios de mediación entre los diversos actores sociales por la libertad de participación en el mercado, que se ha consagrado como el mecanismo de integración social por excelencia, lo cual ha tenido importantes implicancias en la forma de concebir la democracia, ya que el mercado ha tendido a acrecentar la desigualdad poniendo en riesgo los principios en que ésta se fundamenta.

De esta manera, el sistema democrático ha debido confrontar además diversas presiones desde frentes heterogéneos.

Desde abajo, desde lo local, observamos de manera transversal una desconfianza en los partidos tradicionales, lo que se ha traducido en una baja afiliación política a las estructuras clásicas de representación. Este desencanto con los partidos políticos ha fragilizado uno de los principales mecanismos institucionales donde históricamente se articularon las alianzas progresistas que fueron dando cuerpo a un régimen de protección social. Además, de la mano de este «anti-partidismo», las últimas décadas se han caracterizado por una caída en los niveles de participación electoral. Los individuos perciben el sistema político como un ente cada vez más lejano, que no ofrece realmente opciones políticas divergentes. Ambas situaciones componen lo que se comprende bajo el fenómeno de la desafección política, y dan cuenta de una baja participación democrática.

Por otra parte, desde arriba se percibe que la democracia como se entendió durante gran parte del siglo pasado, es decir estrechamente ligada a la figura del Estado-Nación, hoy se ve tensionada cuando se enfrenta en su cotidiano a la concepción de lo global. La mundialización pone en entredicho la forma misma del Estado, supeditando sus lógicas a la lógica económica. Al abordar el fenómeno de la migración o las discusiones respecto a los impuestos que deben pagar las grandes fortunas y las transnacionales, como también cuando se estipulan las medidas necesarias para responder al cambio climático y la desigualdad social, los individuos constatan que el mercado global constriñe la capacidad de innovar para resolver estas problemáticas. Se tiende a castigar cualquier desviación de la política ortodoxa de libre mercado, lo que figura como una expresión del giro donde lo social se condiciona al mercado, reforzando la tendencia del liberalismo tradicional (Polanyi, 1994).

En este escenario se constata la generalización de un sentimiento de impotencia y abandono desde la ciudadanía que aparece cada vez que revisamos la prensa, fenómeno que los movimientos nacionalistas han sabido aprovechar, como lo confirma su rebrote en los países europeos (el Frente Nacional en Francia o el UKIP en el Reino Unido) y la elección de Trump en Estados Unidos. En diversas ocasiones podemos observar la difusión de discursos de protección a las clases populares desde estos sectores reaccionarios, acusando la inmovilidad no sólo de los partidos tradicionales, sino que especialmente de las coaliciones socialdemócratas que encabezaron la construcción de los Estados sociales, por ejemplo, en Europa. Se cuestiona el rol que estos partidos han jugado en las últimas décadas, se les acusa de haber abandonado su preocupación por los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos «de a pie», para afincarse en los dominios del poder y gobernar no para quienes los eligieron, sino para una minoría que controla la inversión económica.

Este debate trasciende la realidad de un solo país, por lo que nos pareció crucial que los entrevistados se posicionaran frente a él, considerando que un nuevo escenario de condiciones sociales y de representación política nos arroja preguntas centrales del debate sobre el Estado Social: ¿Cómo imaginar la construcción de una agenda pública de derechos sociales en el estado actual de la vida política? ¿Cuáles son las principales demandas ciudadanas de sociedades que presentan nuevos estadios de desarrollo? ¿Puede seguir asociándose la construcción del Estado Social con un sector político en específico? ¿Qué experiencias políticas contemporáneas nos permiten ampliar el imaginario sobre los derechos sociales? Y, ¿cómo hacer frente a los fantasmas que han impuesto las nuevas urgencias sociales, las crisis financieras y los discursos de restricciones presupuestarias y de endeudamiento público?

Experiencias y desafíos para un debate regional

Las reflexiones de los entrevistados sobre el Estado de bienestar y la lucha por los derechos sociales aparecen sobre todo en el análisis de la contingencia del continente europeo y los Estados Unidos. Pero los cambios sociales, económicos y políticos descritos en las entrevistas no son ajenos a las transformaciones por las que atraviesa la región latinoamericana. Es decir, los desafíos que enfrenta Occidente son también los nuestros.

Las discusiones que en este libro presentamos sirven, entonces, como reflexiones de entendimiento de largo alcance, donde las ideas pueden ilustrar orientaciones para el debate sobre la construcción de políticas sociales y los principios de justicia en que estas descansan, más allá de un territorio específico o de contingencias políticas particulares.

En las últimas décadas se observa en la región una tendencia al fortalecimiento del Estado Social mediante programas de transferencias condicionadas, como Bolsa de Familia en Brasil, que se transformó en un ícono de referencia a nivel mundial por sus efectos en la reducción de la pobreza. Asimismo, constatamos la emergencia de políticas sociales con pretensiones universalistas en un nivel de base, como sucede en Costa Rica y Uruguay, y nuevas fórmulas de diseño de políticas sociales, como ocurre en Chile y sus políticas mixtas de vocación universal. Estas reformas al sistema de bienestar social han logrado consolidarse a pesar del giro a la derecha que se ha observado en la región en los últimos años, abriendo un nuevo escenario político.

Desde los noventa en adelante, la llamada década dorada de la región logró instaurar una agenda de reformas progresistas que en complemento con las recomendaciones de una serie de agencias internacionales, como la CEPAL, el PNUD y el Banco Mundial, permitieron reducir de manera importante la pobreza y aumentar el número de individuos que pasaron a formar parte de las capas medias. Como indican las cifras, la pobreza moderada en la región disminuyó del 40% el año 2000 a menos del 30% el año 2010, lo que significa que unas 50 millones de personas dejaron atrás la pobreza en el transcurso de una década (Ferreira & Robalino, 2010). Esto implicó que una proporción importante de los habitantes de la región, 40% de los hogares, pasaran a formar parte de la llamada clase media (con todas las consideraciones político-sociológicas que se pueden desprender del análisis de esta categoría) entre 1995 y 2010. En otras palabras, un movimiento de 150 millones de personas que se encuentra fuera de la categoría económica de pobreza, lo que convirtió a la clase media en el estamento social más numeroso de la región.

Estas personas, que muestran un nivel educativo superior al promedio de los hogares de donde provienen, se caracterizan por su tendencia a vivir en sectores urbanos y por poseer una mayor probabilidad de acceder a empleos en el sector formal. Esto incluye tanto a hombres como a mujeres. No obstante, para la estabilización socioeconómica y la caracterización precisa de este grupo todavía queda un largo camino por recorrer. La clase media latinoamericana es aún muy vulnerable, ya que sus estándares de bienestar, poder adquisitivo o endeudamiento varían fuertemente, tanto a nivel nacional como entre un país y otro. Así también varía el número de personas cercanas a la línea de la pobreza, que frente a eventos de riesgo en distintos momentos de la vida pueden descender rápidamente en la estratificación social. Los cambios de ciclo político, que amenazan los logros sociales en materia de acceso a derechos sociales y protección, no ayudan a estabilizar a este grupo socio-económico, lo que contribuye a actualizar el debate en curso.

Pese a los frutos en el bienestar de los individuos que desencadenaron los procesos de democratización y crecimiento económico que experimentó la región, y a la construcción de un nuevo horizonte de expectativas, éste se ha visto tensionado por las desigualdades estructurales del continente. Las élites son más heterogéneas que décadas atrás, sin embargo, este grupo aún minoritario es quien más se ha beneficiado del crecimiento y acumula las ventajas sociales, por lo que la nueva clase media emergente vio rápidamente limitada sus expectativas de consolidación y movilidad. De este modo, para la gran mayoría, y en especial para las mujeres, los pueblos indígenas y los jóvenes sin calificación, el modelo de desarrollo sigue beneficiando a las élites nacionales y alimentando un continente tremendamente injusto (Hardy, 2014).

En este escenario, si bien se constatan avances en materia de derechos, de bienestar material, de acceso a bienes y servicios, y un mayor poder de consumo, se observa además un crecimiento económico a ritmos desiguales, que repercute en un sentimiento de democratización y desarrollo inconclusos. El debate en torno a los derechos sociales y al rol del Estado Social en la mediación con el mercado, se posiciona de manera tanto contingente como apremiante. En este momento de debate global sobre las formas de Estado Social, ¿qué modelos son pertinentes para la realidad de América Latina? ¿Desde dónde podemos pensar el futuro del Estado Social en la región?

Las reflexiones que sostienen nuestros entrevistados sobre el presente y el futuro de la protección de los ciudadanos, los derechos sociales y la institucionalidad del bienestar dan luces y plantean diversos desafíos para la región. Entre ellos quisiéramos hacer hincapié, en primer lugar, en la necesidad de avanzar desde las políticas sociales para las necesidades básicas hacia políticas con enfoque de derecho. Lo logrado hasta el momento en la región debe ser pensado como un primer paso que permita un tránsito desde una lógica de disminución de la participación del Estado en el acceso a bienes sociales básicos, instalada durante un primer período de reformas estructurales en una parte importante del continente, hacia una lógica de universalidad del acceso a derechos.

Aunque no en todos los países se manifiesta de la misma manera, el espacio que ganó el mercado en la regulación de la vida social tendió a naturalizarse, reforzando un proceso de segmentación social donde grupos de distintos estatus se fueron distanciando progresivamente. Lo que hicieron los programas de transferencias condicionadas a las familias bajo situación de pobreza, o ciertas políticas universales dirigidas a la infancia, sobre todo en el área de salud, fue comenzar a romper un cerco de aislamiento entre estos grupos al ir aumentando progresivamente el número de beneficiarios. Ahora bien, traducir estos avances en derechos sociales que acompañen a la población durante todo el ciclo de vida y a todos los grupos sociales implica un desafío no sólo político, sino también cultural.

Con el principio del mérito y la recompensa al esfuerzo que se instaló en las décadas de crecimiento económico, asociado a un debilitamiento de lo público, se expandió fuertemente la idea de que las condiciones de vida dependen cada vez más de las decisiones que toman las propias personas. Esto se ha asociado a un comportamiento de sobre-responsabilización del individuo que habita las sociedades modernas (Araujo & Martuccelli, 2012; Barry, 2005), lo que se puede asociar también con una falta de empatía hacia aquellos menos afortunados y una crisis de la concepción de solidaridad centralmente organizada. De esta manera, pensar políticas universales implica además redescubrir un sentido de solidaridad que dialogue con los ideales que segmentan lo social, tan presentes en nuestros tiempos.

Un segundo desafío se conecta directamente con el punto anterior, donde la literatura ha puesto especial atención. Se trata de la necesidad de generar sustentabilidad política y financiera a los programas y políticas sociales que contribuyen a institucionalizar el derecho a la protección social (CEPAL, 2017a; Foxley, 2012; Hardy, 2014). Esto implica la conformación de acuerdos que no pongan en peligro la continuidad de los derechos alcanzados ante el eventual cambio de orientación de los gobiernos, como también supone una responsabilidad fiscal que asegure su financiamiento a través del tiempo. Como señalan las cifras, tanto los niveles tributarios como la inversión social de la región se encuentran bajo el promedio si se compara con los países desarrollados. El año 2015 la carga tributaria de América Latina representaba en promedio el 22,8% del PIB, en comparación con el 34,3% del PIB de los países que conforman la OCDE (CEPAL, 2017a). Y asimismo, el año 2014 el gasto social del sector público en la región fue del 14,1% del PIB, mientras que en los países de la OCDE alcanzó al 34,0% del PIB (CEPAL, 2017b).

Estas cifras hablan de la necesidad de incrementar el gasto público, pero que ello no dependa de la decisión de un gobierno o de un mayor crecimiento económico. El desafío consiste hoy en avanzar en la generación de debates sobre la concepción de solidaridad que articula la protección social, mas allá del diseño tecnocrático de nuevas políticas sociales. Esto implica generar cambios que permitan alcanzar acuerdos transversales para el desarrollo, como por ejemplo dejar de depender de un modelo de desarrollo extractivista, construir mejores empleos y alcanzar mayor productividad, mejorar la calidad de las instituciones públicas, establecer nuevos regímenes tributarios y avanzar en una agenda anticorrupción.

Finalmente, para pensar la contingencia regional en materia de políticas sociales y reflexionar sobre la construcción de un Estado Social, destacamos los aportes desde una mirada multidisciplinaria y comparada que realizan los autores entrevistados. Göran Therborn nos propone una perspectiva global de las políticas de lo social, buscando un aporte en la confrontación de diversas experimentaciones de acuerdos territoriales y regionales, planteando así nuevas ideas para un mundo de corte crítico al neoliberalismo. Philippe Van Parijs, a su vez, entrega una mirada desde la construcción histórica de los procesos políticos, donde la acumulación de experiencias permite no solamente entender, sino también imaginar nuevos escenarios democráticos progresistas. Y Nicolas Duvoux, a partir de una mirada pragmática, propone el análisis de distintas formas del Estado Social a través de un diálogo entre las demandas y las políticas sociales, y la relación híbrida entre lo público y lo privado.

Desde las lecturas que nos aportan estos tres autores se pueden extraer estrategias para pensar el Estado Social en la región latinoamericana. Frente a la existencia de importantes sectores de la sociedad que aún se encuentran desprotegidos, pensando en las ideas que cruzaron las entrevistas, desprendemos que resolver esas demandas es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Desde las ciencias sociales debemos asumir este desafío político y esperamos que las reflexiones de este libro constituyan una contribución a ese debate.

1 Centro Nacional de Investigación Científica, institución de investigación pública que abarca todas las áreas del conocimiento. Es el organismo de investigación más importante de Francia y el más grande de Europa.

2 Modelo bismarckiano, beveridgiano y conservador mixto.

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