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La necesidad de enfrentar los desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos (ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.
La experiencia norteamericana se basa en la constitución de un órgano (College Board) que funciona hace décadas. Este organismo es el que contrata a la institución que desarrolla las pruebas y mantiene una supervisión del funcionamiento del sistema de admisión. Fue esta institución la que modificó la prueba de admisión (SAT) para incrementar su relación con la formación secundaria, así como determinó la incorporación de una prueba de escritura como parte de las mediciones obligatorias.
La propuesta que planteó la UC supone crear un órgano de gobierno equivalente al norteamericano, nombrado y dirigido por el CRUCh y que incluya a representantes de las partes involucradas. El órgano debería tener un consejo directivo con dedicación preferente y nombramientos que duren cuatro años (con renovación parcial), dirigido por una autoridad unipersonal y de dedicación exclusiva. Este organismo debe tener una agenda que incluya las principales tareas del proceso de admisión: funcionamiento de las pruebas, estudios de validez y predicción, evaluación de la inclusión y equidad del sistema y recomendación de nuevos instrumentos, entre otros.
El organismo debería mantener una unidad encargada de la información a los postulantes, materia que reviste gran importancia, y un área de estudios que realice informes como los que hoy produce el Comité Técnico de la PSU, además de supervisar a la entidad a cargo de la administración de las pruebas. El financiamiento del órgano de gobierno debería originarse de un porcentaje del costo del proceso de admisión. Un 10% del valor actual sería suficiente para cubrir la operación de este nuevo organismo.
Nuestra convicción en la UC es que el sistema universitario chileno requiere esta nueva institucionalidad. El Consejo de Rectores deberá definir este nuevo organismo para que siga garantizando a todos los estudiantes y sus familias que el sistema nacional de admisión a las universidades es moderno, justo y técnicamente válido. La investigación y avance en nuevos instrumentos será una labor primordial y beneficiará al sistema universitario en términos de calidad, acceso y equidad.
Publicado en el diario La Tercera el 2 de noviembre de 2012.
La necesidad de una superintendencia
Los recientes problemas sucedidos en la Universidad del Mar y la constatación de que varios de ellos no son únicos en el sistema requieren un análisis en detalle de cuáles son las soluciones más urgentes de abordar.
La primera es poner en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior (SES), cuyo proyecto está en el Parlamento desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en el tema. Sin una institución de esta naturaleza: autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación y cuyas autoridades se elijan por el sistema de Alta Dirección Pública, parece difícil lograr una adecuada fiscalización del sistema. Hay, además, cuatro áreas imprescindibles de abordar en ella: fiscalización económica y financiera; recopilación, organización y publicación de información de interés público; recepción de reclamos y sugerencias de las familias y estudiantes, y fiscalización de aspectos relacionados con la calidad de las instituciones de enseñanza superior.
En primer lugar, es imperioso que la entidad fiscalice los aspectos financieros y de gestión de las instituciones, sin lo cual es imposible hacer cumplir la normativa vigente que prohíbe el lucro en las universidades, y –por supuesto– que la SES pueda contar con los instrumentos y mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley. En el proyecto que está en el Parlamento se requiere, por ejemplo, modificar la autorización de realizar contratos con empresas relacionadas. Las actuales condiciones exigidas, como son definir precios de mercado, con transacciones autorizadas por la mayoría de los directores y el rol fiscalizador de la futura SES, no representan una real garantía para evitar el lucro en las universidades. Se hace necesario, además, velar por la correcta utilización de recursos públicos y traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.
Se hace necesario velar por la correcta utilización de los recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.
Desde la perspectiva de reunir y publicar la información relativa a las instituciones de educación superior, es necesario realizar una integración de las diversas fuentes disponibles (SIES, Mi Futuro, Índices, Valor Futuro), con verificación de los datos que se obtienen de los reportes autónomos. Junto con recopilar la información existente, es necesario reunir datos y antecedentes que hoy no están disponibles. A modo de ejemplo, en materia de empleabilidad y remuneraciones la información es agregada, y no por institución, lo que resulta insuficiente para la toma de decisiones por el estudiante. La información acumulada tendría que tener un modo explícito de ponerla a disposición del público.
El rol de la SES de recibir, evaluar y sancionar –si así lo ameritan– los reclamos realizados por los estudiantes y sus familias contra instituciones de educación superior, es un cambio significativo respecto de la situación actual, en que esta función está a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. La SES está llamada a colaborar con la Comisión Nacional de Acreditación en el sistema de aseguramiento de la calidad, por lo que esta información contribuye a resguardar que los proyectos educativos cumplan con estándares de seriedad y confiabilidad. A su vez, esta calidad se puede resguardar a través de la fiscalización de las agencias privadas de acreditación de programas (nacionales y extranjeras), del registro de la creación de nuevas sedes y carreras y de la supervisión del cumplimiento de las exigencias, aumentando así la transparencia del sistema.
Todo lo anterior avala la urgencia de avanzar en esta iniciativa legal, la que está muy relacionada con la propuesta de una nueva ley de Acreditación de la Educación Superior. Es importante reiniciar el debate en el Parlamento, con el aporte de todos los actores, para perfeccionar la ley. Es la manera de iniciar un año de compromiso con un trabajo conjunto, destinado a avanzar en la calidad y equidad de la educación superior que el país es capaz de entregar a sus estudiantes. Este es un factor decisivo para un desarrollo integral y sustentable de nuestra sociedad. Son miles de jóvenes y sus familias los que esperan nuestro aporte.
Publicado en el diario La Segunda el 3 de enero de 2013.
Impertinencia de una acusación constitucional
Esta semana el Senado debe decidir la acusación constitucional en contra del ministro Beyer. Este proceso, que ha sido muy polémico por los errores de procedimiento que ha tenido en sus diferentes etapas y que ha adquirido un evidente carácter político, lo responsabiliza de un “notable abandono de deberes” en la fiscalización del lucro en las instituciones de educación superior.
El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. Han sido públicas nuestras diferencias, que se enmarcan dentro del natural intercambio de puntos de vista, y que se relacionan con la realidad que cada uno de los actores representa en el sistema educacional.
No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación y fundamentarlo en la experiencia que he tenido desde el Consejo de Rectores en los temas relacionados con la educación superior en estos 15 meses de trabajo con el ministro Beyer. Durante el año pasado, en conjunto con el ministerio, se activó la agenda de educación superior, considerando los temas de calidad y equidad como los elementos principales para avanzar en una reforma significativa para Chile.
El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación.
En su aspecto primordial, la calidad, se ha avanzado en las áreas de acceso (evaluación e institucionalidad de la PSU), fiscalización (ley de Superintendencia de Educación Superior), acreditación (nueva Agencia acreditadora) e información, construyendo apoyo en línea para los estudiantes y sus familias. En la equidad, los avances en financiamiento estudiantil (becas y créditos) han sido significativos.
He sido testigo del esfuerzo del ministro por contar con una mayor información financiera de las Instituciones de Educación Superior y por utilizar todos los mecanismos legales actuales para investigar y sancionar el lucro ilegal en el sistema. Asimismo, se han corregido los errores de procedimiento en el enfoque inicial al enfrentar el dramático problema familiar y humano de la Universidad del Mar, tema que está todavía en un desarrollo incipiente.
No me cabe duda de que nuestro sistema educacional y el país van a ser los más perjudicados si esta acusación destituye al ministro. Por esto, es importante hacer un llamado a los senadores a dejar de lado los elementos políticos de esta acusación, a votar en conciencia y a considerar los desafíos en que estamos trabajando de manera conjunta. Esperemos que los próximos meses sean un tiempo fecundo para avanzar en las reformas necesarias del sistema de educación superior. La calidad con equidad en la educación debe ser el objetivo de estos cambios en beneficio de los estudiantes, sus familias y el país.
Carta publicada en el diario El Mercurio el 15 de abril de 2013.
La importancia de un ombudsman universitario
La figura del ombudsman (representante o defensor) en la vida pública surge en Suecia en 1809, cuando el Parlamento designa a alguien que defienda los derechos individuales de las personas. En diversas universidades del mundo se ha instalado desde fines de la década de los sesenta, y hoy está presente en la mayor parte de los principales sistemas de educación superior del mundo.
De hecho, existen asociaciones internacionales (University and College Ombuds Association) que definen las áreas de acción del cargo, velan por su cumplimiento y reúnen a las instituciones que lo han implementado. Se destacan las universidades de Harvard, Princeton, MIT, Melbourne, Cambridge, Complutense de Madrid y Bordeaux, entre otras. En Chile no existen antecedentes de que se haya implementado esta autoridad independiente y unipersonal en nuestro sistema de educación superior.
El rol del ombudsman o defensor universitario ha evolucionado desde sus inicios hasta identificarse como la persona que se encarga de mediar, defender y resolver los problemas de convivencia de la comunidad universitaria y que plantea nuevas políticas y cambios que permitan avanzar en proteger y potenciar los derechos y relaciones personales de los estudiantes, académicos y personal administrativo de las universidades.
El objetivo de su función es contribuir al diálogo para una mejor relación con las autoridades, entre todos los miembros de la universidad, una mayor confianza, seguridad y sentido de comunidad al interior de las instituciones de educación superior.
El objetivo de su función es contribuir al diálogo para una mejor relación con las autoridades, entre todos los miembros de la universidad, una mayor confianza, seguridad y sentido de comunidad al interior de las instituciones de educación superior.
Esta iniciativa ha surgido de los profesores y estudiantes de la UC y la autoridad ha participado de manera activa y con convencimiento de su importancia, favoreciendo el diálogo e intercambio de ideas al interior de nuestra comunidad. El proceso de búsqueda incluye a los diferentes actores de la comunidad, y en su próxima elección va a participar el H. Consejo Superior de la UC, lo que se enmarca dentro de los Estatutos de la Universidad, resguardando su independencia y autonomía.
Las características de este cargo incluyen la independencia, imparcialidad, confidencialidad e informalidad. Debe ser desempeñado por un académico de trayectoria, con gran identificación institucional, que debe dar confianza y credibilidad a toda la comunidad universitaria. Su labor va a estar dedicada a recibir, escuchar y conocer acerca de los problemas de las personas, así como de las dificultades en las relaciones humanas, temas de plagio, acoso laboral y estudiantil, conflictos con las autoridades, entre otros.
Su aporte será muy importante, ya que deberá trabajar por la dignidad de las personas y la protección de la justicia en la comunidad, resolviendo problemas y proponiendo cambios en la estructura de funcionamiento de las instituciones, lo que puede influir de manera muy favorable en las relaciones humanas de los miembros de la universidad.
Por supuesto, también existen áreas en las que su acción no está considerada, como es el caso de la calificación académica de profesores, notas de los estudiantes y la resolución de temas sindicales. Tampoco en la entrega de apoyo psicológico o legal.
La oficina del ombudsman se instalará con un apoyo administrativo básico y con dedicación preferente a trabajar por la comunidad.
Esta nueva autoridad independiente, formal y con un contacto directo con las autoridades de la universidad va a significar un gran estímulo para favorecer la confianza y participación de la comunidad universitaria. Este es un avance que valora el sentido de la educación, en especial en una universidad católica, que se entiende como un proceso vital en el desarrollo integral de las personas, realizado en un ambiente de libertad, respeto, responsabilidad, mirada de bien común y, en especial, con sentido de comunidad.
Con este paso, la UC se compromete a seguir trabajando por una educación superior de nivel internacional, con calidad y equidad para los jóvenes de nuestro país, dando mayores oportunidades de aprendizaje en un ambiente de respeto por la persona y su desarrollo.
Publicado en el diario El Mercurio el 10 de mayo de 2013.
Institucionalidad para las ciencias
En las últimas semanas se ha reactivado un debate clave para el desarrollo del país. La propuesta de una nueva institucionalidad para las ciencias a través de un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación Superior ha sido presentada por una comisión presidencial. Además, en la cuenta del 21 de mayo se propuso una Subsecretaría de Educación Superior. Es evidente una mayor coordinación entre los ministerios de Educación y Economía en las áreas de investigación, innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento, por lo que esta propuesta va en el camino correcto.
Es importante destacar que en países desarrollados la educación superior y la ciencia e innovación están unidas en la misma cartera ministerial. Son los ejemplos de Suecia, Alemania y Francia. Es la forma de articular un trabajo conjunto entre la formación de científicos, profesionales y técnicos, con la cadena de valor y el desarrollo productivo de la nación.
Los problemas que presenta hoy el sistema son la falta de un plan de mediano y largo plazo para el desarrollo de estos temas, y la coordinación, diálogo y trabajo en equipo de los diferentes actores. Por otra parte, existen fundados temores al aumentar el peso relativo de cada uno de los actuales ministerios. Desde Educación se ve el riesgo de un Ministerio de Economía que mire solo el aspecto productivo y postergue la investigación básica y las humanidades. A su vez, desde Economía el temor e incertidumbre es si la ciencia y creación de nuevo conocimiento pueden alcanzar la transferencia y aplicación para beneficio de la sociedad. Dos mundos que no se conocen lo suficiente y en los que existen legítimas desconfianzas.
Es importante destacar que en países desarrollados la educación superior y la ciencia e innovación están unidas en la misma cartera ministerial. Son los ejemplos de Suecia, Alemania y Francia.
La propuesta de la comisión consiste en un ministerio con dos subsecretarías: Educación Superior y Ciencia, Innovación y Tecnología, de las que dependerán sus áreas afines. Es muy positivo que la educación universitaria y la técnico-profesional participen en un lugar común, con las áreas de acreditación, superintendencia, financiamiento institucional y estudiantil (becas y beneficios). Por otra parte, en el área de Ciencia, Tecnología e Innovación se encuentran Conicyt, Becas y desarrollo de capital humano avanzado y las iniciativas Científica Milenio, Innova e Inapi. Quedan áreas pendientes de articular, como la coordinación con los gobiernos regionales, las áreas de emprendimiento del Ministerio de Economía, los fondos Fonis y FIA de los ministerios de Salud y Agricultura, y una relación más definida con la educación y divulgación científica. Además, se debe analizar mejor la coordinación y trabajo conjunto con las universidades e instituciones académicas.
La propuesta presentada es innovadora y bien estructurada. Ha sido fruto de un consenso producto del trabajo de una comisión amplia y transversal. Su análisis y aportes desde las diferentes instancias deben desarrollarse en los próximos meses y quedará como una idea propuesta para el próximo gobierno. En conjunto, los actores de la educación superior, de ciencia y tecnología, y los que participan de la cadena de valor, deberán aportar para colaborar al desarrollo de las ciencias, en beneficio directo de nuestra sociedad. Un ministerio como el propuesto es una señal de la relevancia que como país le daremos a la ciencia.
Publicado en el diario La Tercera el 30 de mayo de 2013.
Nueva institucionalidad en educación superior
El marco normativo y la institucionalidad de la educación superior requieren de una renovación. Si bien en 2006 se incorporó la ley de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.
En este período, este nivel educativo se expandió de manera significativa en cobertura, programas, instituciones y estudiantes. La desregulación y fragmentación actual han generado dificultades para la coordinación entre instituciones, el mundo laboral y entre las instituciones con el Estado. El mayor problema es que no es un sistema articulado, con capacidades limitadas del Estado para gestionar políticas públicas y fiscalizar el cumplimiento de la normativa.
Desde la UC se presentan propuestas para actualizar la institucionalidad de la educación superior, considerando la autonomía universitaria y el carácter mixto de su provisión. Se plantea la creación de un Consejo de Educación Superior integrado por rectores representantes del CRUCh y de otras agrupaciones de instituciones de la educación superior, autoridades del Mineduc, del Consejo Nacional de Educación, Conicyt, Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y la CNA. Esta instancia permitiría la formulación y seguimiento de políticas públicas del sector, así como la coordinación del sistema en los procesos de admisión, transferencia de créditos, marco de calificaciones y armonización curricular, entre otros. Segundo, se plantea la creación de entidades de agrupación de rectores, para promover el diálogo entre todas las instituciones de este ámbito, y entre estas con el Gobierno. Junto al CRUCh, se propone el fortalecimiento de una Conferencia de Rectores de Universidades Privadas y formalizar la presencia de un Consejo de Rectores de IP-CFT.
El marco jurídico vigente continúa siendo prácticamente el mismo de los últimos treinta años.
Tercero, es importante la puesta en marcha de una Subsecretaría de Educación Superior, dedicada a dirigir el sector y la gestión pública del Gobierno. Para ello debe contar con una estructura y presupuesto acorde con su tarea. Cuarto, la creación de una Superintendencia de Educación Superior, encargada de fiscalizar el cumplimiento de la normativa, velar por la transparencia, entrega de información, resolver reclamos de estudiantes e instruir procesos legales.
Además, es importante actualizar la legislación. Se deben tipificar las sanciones a las instituciones, incluyendo las causales de pérdida del reconocimiento oficial. Urge también ordenar la estructura de títulos y grados. Asimismo, se deben establecer derechos y deberes de estudiantes, académicos y Funcionarios, estimulando su participación en la comunidad universitaria, respetando la completa autonomía de cada institución. Por último, es necesario avanzar en la nueva Agencia de Acreditación, para velar por la calidad del sistema.
Estas iniciativas están orientadas a actualizar la institucionalidad de la educación superior, para entregar una educación y generación de nuevo conocimiento de calidad, en beneficio de los jóvenes y de la sociedad de nuestro país.
Publicado en el diario La Segunda el 24 de septiembre de 2014.
Un nuevo Consejo de Rectores para Chile
La presentación del proyecto de ley que crea dos nuevas universidades estatales ha planteado que ellas debieran ingresar al Consejo de Rectores (CRUCh). Si bien es obvio que todas las universidades del Estado pertenezcan al CRUCh, no parece lógico que no lo estén otras que también tienen función pública. En los últimos meses, la discusión ha dejado en evidencia que el compromiso público de las universidades no se relaciona con su estructura de propiedad.
En nuestro país la educación pública no estatal a nivel universitario tiene más de un siglo de tradición. Este aporte se concreta en la formación de personas y en la investigación y creación de nuevo conocimiento. El vínculo con la sociedad se hace evidente al evaluar los bienes públicos que diariamente están contribuyendo al crecimiento del país. Debemos reflexionar, entonces, en los criterios involucrados en el concepto de “universidad de vocación y función públicas”, para así definir los elementos más importantes que incluiría el reconocimiento estatal. Luego de esto, se debiera avanzar en abrir el CRUCh a universidades privadas que no pertenecen a este consejo.
En esta columna se proponen algunos elementos para considerar este reconocimiento. En primer lugar, el desarrollo de la educación superior debe estar ajeno a todo lucro o extracción de recursos del proyecto educacional.
Secundo, la admisión debe ser un proceso transparente, objetivo y que valore el mérito académico. Todas las universidades deben hacer esfuerzos reales por avanzar en inclusión y equidad con una mayor calidad.
Debemos reflexionar en los criterios involucrados en el concepto de “universidad de vocación y función públicas”, para así definir los elementos más importantes que incluiría el reconocimiento estatal. Luego de esto, se debiera avanzar en abrir el CRUCh a universidades privadas que no pertenecen a este consejo.
Tercero, la acreditación de la institución debe cumplir con los criterios más exigentes. En docencia, se deben considerar los proyectos prioritarios para el país (en ciencias, artes, humanidades y en la formación de profesores). Estos aspectos deben incluir la docencia de pre y posgrado.
En cuarto lugar, el aporte regional debe tener una relevancia especial en esta evaluación. Aquí solo tienen sentido las universidades que estén siempre en diálogo con el medio local y que signifiquen un real aporte para sus comunidades, con programas de estudio y líneas de investigación de acuerdo con el desarrollo regional.
Quinto, debido al rol crucial de la formación de los jóvenes en el progreso del país, los programas de doctorado y de conocimientos avanzados son esenciales en este reconocimiento. La formación de científicos y de doctores en diferentes áreas significará un gran impacto en el desarrollo integral de la nación.