Seguimos siendo culpables

II. EL CONTEXTO Y ESTUDIO DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

LA REPRESIÓN DE POSGUERRA

La incoación, instrucción y fallo de los procedimientos por responsabilidades políticas tuvieron lugar en un contexto muy concreto de miserias, violencia y contrarrevolución de género. El grueso de las actuaciones se extiende, en la provincia de Valencia, desde 1939 hasta 1946-1947, una década marcada por el círculo vicioso del hambre, la miseria y las enfermedades infecciosas. Según Miguel Ángel del Arco, la «España de los años cuarenta roza el esperpento» hasta tal punto que «si no fuese por los sufrimientos y muertes de gran parte de la población, tendría tintes de cómico».1

Por su parte, la persecución del considerado enemigo no cesó tras el final del conflicto bélico. La guerra continuó por otros medios, cambiando los frentes de batalla por los consejos de guerra, las cárceles atiborradas o los batallones de trabajo.2 Así, el fin de las estrategias militares puede ser considerado una «formalidad», y la dictadura franquista, una «larga paz incivil» o una «paz retórica».3

Actualmente, existe en la historiografía especializada un amplio consenso en torno al carácter violento y represivo de la dictadura, a su condición de pieza básica, central y estructural, y a la importancia de este como uno de los elementos claves para su mantenimiento. Asimismo, se recalca su brutalidad, complejidad y versatilidad, a la par que se señalan elementos diferenciadores respecto a otras dictaduras de entreguerras.

Por ejemplo, Julián Casanova se refiere a ella como la médula espinal de la dictadura de Franco y como parte integral en la formación del Estado franquista. En la misma línea, Francisco Moreno define la violencia no como algo episódico, sino como un componente fundamental del franquismo y un pilar del nuevo Estado.4 Así, este sistema represivo orquestado por los sublevados constituye, según Julio Aróstegui, la característica más destacada por su duración y por concurrir como un elemento determinante en todas las etapas de su configuración. Además:

El régimen de Franco se encuentra entre los regímenes políticos que de forma más permanente, sistemática, institucionalizada y eficiente para sus fines practicaron la coerción, la violencia política y la exclusión entre todos los que se instituyeron como poder totalitario.5

Por su parte, Javier Rodrigo incide en la imposibilidad de eliminar la variable de la violencia al buscar la naturaleza política del régimen y la explicación de su larga duración. Esto es: «el franquismo echó las bases de su larga duración en la enorme inversión en violencia realizada en la guerra y la posguerra, para después ir administrando sus rentas». A este respecto, en consonancia con los anteriores, apuesta por caracterizar la violencia como «estructural y preventiva» para ayudar a comprender sus «continuidades y readaptaciones».6

Finalmente, Ismael Saz explica el carácter de la represión en la combinación de la voluntad de revancha, venganza y exterminio del enemigo político con la ausencia de un proyecto integrador y la propia inseguridad de un proyecto puramente reaccionario. Ello la diferencia de las dictaduras fascistas:

La dictadura franquista, a diferencia de las fascistas, nunca concibió la violencia y la represión como un expediente transitorio a la espera de que los nuevos mecanismos de integración y movilización permitieran ampliar las bases del apoyo popular.7

Su brutalidad, su complejidad y sus efectos, han convertido los diferentes mecanismos de represión, control y coerción en un tema de interés preferente entre los historiadores del franquismo, con un claro predominio de los estudios centrados en la posguerra. Aunque continúan existiendo numerosos espacios en blanco, el volumen de bibliografía que se ha generado en torno a esta cuestión es inmenso. Asimismo, gran parte de la investigación sobre la represión de posguerra, al menos la realizada desde las universidades, ha alcanzado un notable, si no sobresaliente, grado de precisión conceptual –no exenta de debate–, reflexión y diversidad en cuanto al estudio de aspectos claves para complejizar y profundizar en el funcionamiento de la maquinaria represiva.

La represión en la posguerra fue un fenómeno polifacético o poliédrico, en el que se conjugaron múltiples mecanismos de manera simultánea e interconectada, de ahí su complejidad. Los diferentes tentáculos se daban paralelos, se entrelazaban, se retroalimentaban; y ello potenciaba recíprocamente su capacidad represiva y de control. Cumplieron una función punitiva, pero también legitimadora y de control. Como señala Manuel Álvaro:

La represión se erigió como elemento estructural del régimen franquista, para preservarlo de cualquier atisbo de oposición, pero también como instrumento de legitimación. Por eso, el franquismo se afanará desde fechas tempranas en definir pormenorizadamente las conductas de la anti-España que determinaron la actuación salvadora del Ejército, frente a las cuales, aun erradicadas del solar patrio, la nueva España no podía bajar la guardia.8

Asumiendo el riesgo que supone cualquier tipo de ordenación de un fenómeno complejo, puede hacerse una clasificación primaria que distinga entre modalidades judiciales y no judiciales de la represión de posguerra. Esto es, entre aquellas modalidades que bebían de una norma y las que no. Las primeras se equipararían, siguiendo otra fórmula de sistematización, a la «represión contable». Según Antonio Calzado, sería aquella que, en la medida que la documentación conservada y consultable lo permite, puede ser contada, cuantificarse. Esto es, pueden ofrecerse estadísticas de su funcionamiento e incidencia, y análisis sociológicos.9

Entre las modalidades judiciales de esa represión de posguerra, conviene detenerse en la justicia militar. Por su relación con las Responsabilidades Políticas y porque se erigió como el principal resorte de punición. Combinó ser habitualmente el «primer juicio», un carácter masivo –que no indiscriminado– en cuanto al número de afectados y la mayor eficacia sancionadora, máxime si se considera que su gama de penas puede ser considerada la más dura y dramática.10

La justicia militar, o «represión judicial militar», se ponía en marcha con la declaración del estado de guerra mediante bando, automático tras la ocupación por parte de las tropas franquistas y vigente hasta 1948. Pablo Gil la ha definido como una

suerte de entramado dirigido a juzgar individuos a partir del 18 de julio de 1936 sobre la base procesal y penal del Código de Justicia Militar de 1890 corregida por diversos «bandos de guerra» que finalmente confluyeron en el 28 de julio de 1936, así como por otras disposiciones de carácter procesal.11

Un complejo entramado jurídico-militar que estuvo en permanente construcción durante la Guerra Civil atendiendo a las necesidades de los sublevados. No obstante, el momento álgido se sitúa, según Jorge Marco, en cinco meses de 1936. Según este autor, «entre julio y noviembre de 1936 los militares habían logrado construir la arquitectura de la justicia militar». Entre otros, se unificó el referido bando, se ratificó la preeminencia de la justicia militar sobre la ordinaria y se restableció el Código de Justicia Militar.12

De entre los tipos de procedimiento contemplados por este último, los sublevados optaron por el más expeditivo y con menos garantías: el procedimiento sumarísimo, que permitía juzgar más rápidamente. Aun así, en vista de la supuesta conquista de Madrid, el 1 de noviembre de 1936 se aprobó el decreto 55, por el que se establecía la modalidad del procedimiento sumarísimo de urgencia. Se suprimían algunas partes del sumarísimo para hacerlo todavía más ágil y eficaz para el castigo, reformando o anulando por norma las ya escasas garantías procesales.13

Dos meses después, a finales de enero de 1937, el decreto 191 extendió estos procedimientos sumarísimos de urgencia a todos los territorios que se fueran ocupando. Así, como señala Pablo Gil: «un rasgo peculiar del sumarísimo de urgencia es que se promulgó para actuar en territorios que todavía no habían sido ocupados». Posteriormente, esta arquitectura continuó estructurándose y reformulándose, unificándose su aplicación, cerrando resquicios y maquillándose. Los cambios, las novedades, también en posguerra, fueron respondiendo a razones de tipo práctico como la necesidad de una unidad de criterio.14

Respecto a la puesta en práctica de este entramado jurídico, el conjunto de la historiografía que ha trabajado la represión judicial militar de guerra y posguerra ha resaltado la profusión de perversiones constantes. Los consejos de guerra han sido calificados como farsas jurídicas, un «mero trámite para el castigo». Se ha cuestionado la existencia de una labor probatoria y se ha puesto de manifiesto que las vistas orales parecían seguir una lógica rutinaria consistente en exponer los motivos por los que el presunto culpable se hacía acreedor de una condena.15

Como en las responsabilidades políticas, la retroactividad a la hora de juzgar y castigar es una de las perversiones más comentadas. El bando de guerra retrotrae el enjuiciamiento de los supuestos delitos a la fecha clave de 18 de julio de 1936. En la práctica, los tribunales militares se remontaron asiduamente aún más atrás. No es accidental, sino que se halla en perfecta sintonía con el discurso legitimador.

Junto a la retroactividad, se ha destacado que los procedimientos solían ser colectivos y los juicios masivos, olvidándose «el principio jurídico básico de enjuiciamiento por acciones individuales para transformar los procesos en episodios de un juicio general al otro bando». O también la rapidez, no atribuible ya en la posguerra «a la premura que imponía la marcha del conflicto, pues este ya había concluido y tampoco es posible argüir a estas alturas el calor de las inmediatas ocupaciones».16

También cabe señalar que se juzgaba por rebelión a militares por su actuación en el frente de batalla. Según Manuel Ortiz: «esto va en contra de cualquier legislación, además de incurrir en un grave error jurídico, ya que el militar no hacía otra cosa que cumplir con las órdenes de sus superiores».17 O el uso contra civiles:

La aplicación de la normativa que encuadraba este código castrense, durante la guerra y la posguerra, se aplicó a militares y civiles, entendiendo en el mismo código que en momentos de «extensión de la jurisdicción militar» la facultad de juzgar se establecía no en la condición del procesado sino en la naturaleza del hecho, alcanzando a todos los culpables fuese cual fuese su estado.18

Finalmente, cabe destacar también la arbitrariedad. Manuel Ortiz afirma que «la arbitrariedad y el azar dificultan una posible tipología de las penas aplicadas».19 El autor detecta que no parece que hubiese en Albacete un criterio más o menos homogéneo; más bien se dieron diferentes raseros o valoraciones de los comportamientos juzgados influyendo en mayor medida cuestiones particulares y personales que generales.

A la justicia militar se sumaron las jurisdicciones especiales, como la Ley de Responsabilidades Políticas o la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo. También las depuraciones laborales y otras normativas relacionadas con la aplicación de las condenas impuestas por la justicia militar, como la Redención de Penas.20 O la Libertad Vigilada, que no puede ser considerada en ningún caso como una pérdida del rigor coercitivo ni una variación de los presupuestos. Al contrario, responde nuevamente a la capacidad de adaptación y a la concurrencia de criterios utilitaristas.21 Finalmente, debe al menos mencionarse la existencia de otros instrumentos vigías y garantes de un determinado orden político, social y de género como la Fiscalía de Tasas o la justicia ordinaria.22

En cuanto a las modalidades no judiciales o la «represión no contable», estaría conformada por toda una amalgama de prácticas de límites difusos. Más allá de las principales leyes represivas, profundizaron en el castigo, la persecución y la humillación de los considerados enemigos.23 Incluiría desde la construcción, persistencia y efectos del estigma de los «rojos» hasta las torturas y los castigos físicos, públicos o en dependencias policiales.24 También esa persecución cotidiana ejercida por las autoridades locales y las personas cercanas al poder, omnipresente y diaria, de las denuncias, de la «cultura de la multa» o los despidos.25

Pese a esta evidente disparidad y heterogeneidad, pueden apuntarse, al menos, tres elementos comunes a estas modalidades. Por un lado, su huella se reduce a testimonios o, en el menor de los casos, a documentación muy dispersa y fragmentaria. Esto es, comparten la dificultad de ser rastreadas documentalmente, bien porque no han dejado huella y se debe recurrir a los testimonios, bien porque las fuentes que permiten hacerlo, dada su circunscripción al ámbito local, se encuentran aún más dispersas. Por otro, debido a la dificultad de realizar cómputos, por no decir imposibilidad. Finalmente, por su eficacia en el establecimiento de las relaciones de poder y por sus efectos igualmente menos contables, pero perdurables y profundos. En palabras de Antonio Calzado:

La «represión no contable», aquella de difícil cómputo, menos relacionada con la política judicial, pero que ayuda a conocer la violencia cotidiana que marcó, a sangre y fuego, a las generaciones que habían levantado en los años treinta y la guerra las barricadas simbólicas de la democracia, el laicismo, la reforma social o una sociedad igualitaria.26

En consonancia con la multiplicidad de formas que adoptó el fenómeno represivo, su brutalidad y complejidad y, también, sus consecuencias son difícilmente abarcables y sistematizables. Sin embargo, de nuevo, podríamos realizar una clasificación primaria en dos tipos. Por un lado, las consecuencias más tangibles y sobre las que se pueden elaborar estadísticas: aquellas que pueden contarse. Destacan, por su dramatismo y drasticidad, los muertos por causas directamente relacionadas con la represión: ejecuciones tras una condena de la justicia militar –o no–, así como las muertes por torturas o en las cárceles.

Precisamente estas últimas, las prisiones, se convirtieron en el eje y en microsociedades de la represión de posguerra. En torno a sus muros, sea desde dentro o desde fuera, giró la vida de una parte de la población. Los encarcelamientos fueron masivos y ello se tradujo en una sobrepoblación reclusa que vivía en condiciones infrahumanas y sujeta a una lógica punitiva que perseguía no solo vigilar y castigar, sino también doblegar y transformar identitariamente.27 Más allá de la eliminación física o la privación de libertad, cabría añadir, al menos, las sanciones económicas y laborales.

Por su parte, la represión de posguerra generó, como acuñó Conxita Mir, toda una serie de consecuencias que «nos sitúa[n] en el resbaladizo terreno de la subjetividad y de las repercusiones no cuantificables de los procesos represivos de posguerra». «Efectos no contables» que se adentran en el terreno de emociones y sentimientos como el miedo, la resignación o la hostilidad.28 En este apartado de efectos menos tangibles, difícilmente baremables, podrían incluirse asimismo el estigma, la quiebra de las relaciones sociales o la «presión ambiental» tras salir de las cárceles.29

Finalmente, para analizar las responsabilidades políticas en la provincia de Valencia, debe tenerse en cuenta que forma parte de los últimos territorios ocupados por las tropas franquistas. Su ocupación coincide con el final de la Guerra Civil, en los últimos días de marzo de 1939. Entre el 26 y el 28, las líneas defensivas republicanas se deshicieron sin combate y las tropas dejaron de oponer resistencia. Los frentes se fueron desplomando, mientras soldados y civiles llenaban carreteras y campos tratando de volver a sus casas o intentando huir del país. El ejército franquista avanzó rápidamente, ocupando pueblos y ciudades: solo el 29 de marzo cayeron Sagunto, Segorbe, Gandía, Utiel y Requena.30 No obstante, en no pocas localidades valencianas, la toma del poder por los partidarios de los sublevados se produjo con anterioridad a la llega del ejército.31