Un nuevo municipio para una nueva monarquía.

La denominada «parcialidad de Climent», así llamada por causa de que los integrantes de esta familia eran los enfrentados con la facción partidaria de la ciudad, también formaban parte de los sectores acomodados, e incluso tenían lazos de parentesco con integrantes de sus rivales. Los Climent poseían horno de cocer pan; controlaban parte de las aguas; eran labradores acomodados. La propiedad y gestión del citado horno correspondía a Juan Bautista Climent; José Climent era abogado; su hermano, Fr. D. Manuel Climent, era eclesiástico. Como puede comprobarse, y a pesar de tener vedado en bastantes ocasiones el acceso a los oficios del ayuntamiento, aunque optaban regularmente a través de su inclusión en las ternas, su influencia en la población no era poca, puesto que oficios como los de abogado o párroco así lo permitían. Junto con los Climent se alineaban otros apellidos como los Pajarón, Vila, Arnau, Sancho, o Peyró, integrando lo que la ciudad de San Felipe denominaba la citada «parcialidad de los Climent» o «los dieciocho», en alusión al número de asistentes que se congregaron en 1784 en el domicilio de Climent, con el fin de elaborar una estrategia conducente a segregarse de la ciudad de San Felipe. Los objetivos de este grupo los expresó claramente el alcalde Guzmán en su recurso de 1787:[82] «Tiene la Universidad de Canals un derecho muy expedito para intentar el tanteo, sacudiéndose el yugo de la Ciudad de San Felipe, e incorporarse a la Real Corona. La familia de Climent fue la primera que pensó en ello, animando a otros hombres buenos, depositaron de efectos propios 300 libras para principiar esta instancia [...]».

En el mismo recurso no dejaban de aprovechar la ocasión para lanzar sus andanadas contra la facción contraria:[83] «[...] los que se prostituyen para azer quanto les sugiere la Ciudad [de San Felipe] contra los intereses de aquél común [de Canals] [...] y por el contrario [son] enemigos de su misma patria, se hazen indignos de governarla. Estos son los que ocupan los empleos de gobierno [...]».

La facción opuesta, conocida como «la parcialidad de Llopis» era, supuestamente, el grupo partidario de la ciudad de San Felipe y que esta apoyaba para controlar la baronía. En este grupo también encontramos nombres que se sucedieron en los cargos de gobierno: Llopis, Martínez, López, Alventosa, Juan, etc. Igualmente, gente acomodada. Llopis era arrendador de la nieve; Fernando Martínez de Manuel, depositario del trigo del real pósito y arrendador del arbitrio del herbaje. Está claro que el Ayuntamiento de San Felipe tenía otro concepto de las cosas. Rebatía, a su vez, a la facción de Climent que los dieciocho integrantes de la misma habían estado en todas las ternas desde 1782, pero sin aclarar que de todas ellas solo habían participado apenas un par de veces. Naturalmente, el ayuntamiento negaba tener ningún grupo de presión o facción dependiente de la ciudad[84]

Celosa la ciudad de la paz y unión entre sus vasallos de Canals, no estando en su mano, ni siendo absoluta en cortar las parcialidades que entresí tengan, procura en quanto le es dable, el que los gobernantes le sean indiferentes, sin fomentar por sí los partidos y demás, que tan libremente se dize [...] Si por enemigos de su Patria e indignos de gobernarla por hazer quanto a la Ciudad [de San Felipe] apeteze y les sugiere, quiere [Guzmán] se tengan a los de la parcialidad de Llopis, y que estos lo serían, los que ocupan los empleos de gobierno, menos los de Alcalde; ¿qué actos nos particulariza en apoyo de su alegre pensar, y quales son los rectores de su confesada parcialidad de Climent, que merezcan premio?

No obstante la supuesta equidad de la ciudad de San Felipe hacia ambos grupos de poder, lo cierto era que, efectivamente, ningún Climent había ejercido el cargo de alcalde. El caso de Juan Bautista Climent es meridiano. Hasta en seis ocasiones optó al cargo de alcalde ordinario en sucesivas ternas, y en ninguna salió elegido. Lo mismo puede aplicarse para el caso del Dr. D. José Climent y de Felipe Climent, que en ninguna de las ocasiones en que optaron en las correspondientes ternas a los oficios públicos resultaron elegidos. El Ayuntamiento de San Felipe adoptaba una posición oficial, pero su actuación real era la de favorecer al grupo que defendía sus intereses, quien a su vez manifestaba que su comportamiento no hacía más que ajustarse a la legalidad vigente, y que con ello defendían los intereses de Canals ante las aventuras segregacionistas del grupo opositor. Sin embargo, el grupo segregacionista se apuntó una primera victoria, puesto que la sentencia del Real Acuerdo les fue en principio favorable, al dictaminar que el Ayuntamiento de San Felipe debía elegir un nombre de la primera terna. Éste no tardó en justificar su derrota aduciendo que la sentencia dictada fue favorable al grupo de Climent porque el secretario del Real Acuerdo actuó tendenciosamente. El motivo de ello era que la criada de dicho secretario estaba casada con un vecino de Canals, partidario de los Climent. Aparte, la esposa del secretario tenía residencia en la población, donde pasaba la temporada de verano y era:[85] «favorecida de la dicha coligación [los Climent] y en especial del principal Climent, en cuia casa es convidada muchos días[...]». Parece ser que el conflicto se solucionó con un compromiso entre ambas partes, (que no se cita en la documentación), puesto que en el informe del regidor comisionado para nombrar cargos para el ejercicio de 1789, firmado por el mismo regidor D. José Sanchis, se expresa: «la causa no tuvo séquito, de la qual se ajustaron y quedaron en pas [...]». A pesar de todo, la aparente tregua y transigencia de la ciudad de San Felipe quedaría contrarrestada con creces: si el compromiso suponía algún tipo de alternancia, nada de eso se cumplió, puesto que en los siguientes años ningún integrante del grupo de Climent ocuparía cargo alguno, siendo copados por los partidarios de la ciudad de San Felipe.

Hay que destacar un hecho importante para comprender las actuaciones de la capital por retener el control de la baronía, y de otros por segregarse de la misma. Si bien la cuestión del prestigio que correspondía a una ciudad como San Felipe le impelía a defender sus derechos, ante la más que evidente tendencia al declive que sufría la urbe, agravada su situación por la destrucción e incendio de la guerra, hay que tener en cuenta otros factores nada despreciables, como era el económico, pues percibía diversos impuestos en Canals. Y sobre todos ellos, el que nosotros consideramos de mayor peso, y que también incidía económicamente: el dominio del agua. Efectivamente, uno de los tres canales de abastecimiento de agua de la ciudad de San Felipe, el denominado de Agua Santa, podía ser fácilmente controlado por las autoridades de Canals, algo de lo que eran muy conscientes los gobernantes de San Felipe. De ahí su férrea oposición a que ningún grupo hostil a sus intereses tuviera en sus manos el control municipal de Canals y, por tanto, de uno de los canales de abastecimiento de Xàtiva.

En cuanto a otros factores de tipo económico, ya citamos que la antigua Xàtiva dejó de percibir los impuestos de las tres villas segregadas entre finales del siglo XV y principios del XVI, aunque recibía una cantidad anual de las tres en concepto de censo, cuando no dejaba de cobrarlo por la negativa de alguna de ellas a pagarlo, y había que recurrir al enésimo pleito. No era cuestión, pues, de permitir más separaciones que reforzaran la decadencia de la ciudad. El in- terés económico de San Felipe se basaba en la percepción de rentas y arbitrios por distintos conceptos. Por ejemplo, los ingresos por el tercio diezmo y el me- són que tenía la ciudad en Canals le suponían una cuantía de cerca de 550 li- bras. Una suma considerable, y la ciudad, con un grave problema económico, puesto que debía abonar a sus acreedores censalistas unas cantidades importantes todos los años, no estaba dispuesta a renunciar a ninguna de las partidas de las que se nutrían sus ingresos.

Finalmente, debemos recordar las estrategias de estas pequeñas oligarquías locales, como las de Canals y su relación con la ciudad de San Felipe. Las dos facciones tenían intereses contrapuestos, pero conducentes todos ellos a la mis- ma finalidad: asegurarse el control de su reducida parcela de poder y afianzar su preeminencia. Un grupo lo haría enfrentándose con la ciudad de quien dependía jurisdiccionalmente, en un reiterado y tradicional intento de incorporarse a la Co- rona; el otro grupo utilizaría una táctica diferente, que le llevaría a aliarse con la ciudad, de manera que pudiera asegurarse casi continuamente el control de los oficios de gobierno de su municipio, lo que beneficiaba a aquélla, puesto que se garantizaba el control y tranquilidad de la población, junto con las nada desde- ñables rentas que percibía de la misma, así como asegurarse el suministro de agua.

Por su parte, la ciudad de San Felipe logró controlar por muchos años esta población cercana e impidió lo que otras integrantes de su corregimiento lograron: la segregación. Para ello no dudó en utilizar los recursos políticos y económicos que le garantizaran ese dominio, dejando bien sentado a quien pertenecía la jurisdicción de la baronía de Canals. Mantener la llama del conflicto y de las parcialidades llegó a constituirse, para unos y otros, en la garantía de su poder, real o deseado.

4.3 San Felipe versus Ontinyent: entre la «sujección debida» y la eficacia administrativa

Varios autores han estudiado la implantación de los corregimientos en el Reino de Valencia, al término de la Guerra de Sucesión. Entre ellos, Encarnación García Monerris, quien, además, nos explica el caso concreto del corregimiento de Valencia, capital del territorio;[86] y Enrique Giménez López,[87] el cual, en su capítulo relativo a los cambios corregimentales ocurridos en Valencia en la segunda mitad del siglo XVIII, nos dice que es en esta época cuando se produjo otro avance de las posiciones civilistas, cuando un decreto del 5 de octubre de 1752 suprimía, precisamente, el gobierno de alcaldes ordinarios que regía la villa de Ontinyent y designaba en su lugar un corregidor letrado, puesto que ocupó el licenciado Lorenzo Ramos Espinosa, que anteriormente había sido alcalde mayor de Cartagena.[88] No obstante, al Corregimiento de Ontinyent, paradójicamente, no se le asignó territorio ni jurisdicción, puesto que ésta la ejerció siempre la ciudad de San Felipe, como constaba en el real decreto promulgado por el monarca Fernando VI en el Buen Retiro, en 28 de noviembre de 1752, y en la documentación de la época:[89] «sin haber hecho señalamiento de Pueblos que le constituyesen [...] y por la subiugación que se reconoce a la Governación de San Felipe [...]» Sin embargo, bien pronto la villa de Ontinyent comenzó a reivindicar su emancipación de aquélla, puesto que ya en el año de 1765 remitió un memorial a la Audiencia solicitando la separación. Los argumentos aducidos por la villa se basaban en razones de índole geográfica y económicas:[90]

Que V. M. ha sido dignado poner en ella [en Ontinyent] un Corregidor de Letras por ser una de las más populosas del Reyno de València y hallándose a la inmediación de una legua y menos los lugares de Ayelo de Malferit, Bocayrente, Alfafara, Agullente, Alfort, Albayda, Adzaneta, Lugar de Palomar, Ollería, Otos, Alfarrasí, Belgida, Beniajar, Bufali, Carricola, Montaverner, Fuente la Higuera, todos del corregimiento de San Felipe, Agres y Bañeras del Alcoy, que por su distancia estos experimentan graves perjuicios [...]

A partir de ese momento, la ciudad de San Felipe mantuvo otro frente judicial, este de mayor envergadura si cabe que los que hemos analizado anteriormente. Si la petición y recurso de la villa de Ontinyent prosperaba, ya no se trataba de un lugar o un municipio, sino prácticamente una tercera parte del territorio que integraba su corregimiento. El caso comportaba no sólo la pérdida de territorio, sino consecuencias políticas y económicas. Esto hubiese acentuado todavía más, si cabe, la decadencia de la ciudad; una ciudad que llegó a ser la segunda del reino, cosa que no podía tolerarse desde San Felipe, y que provocó la intervención del propio corregidor, dada la gravedad de la circunstancia.

Es interesante analizar la pugna jurídica que se desarrolló a través de los sucesivos memoriales, y considerar de su resultado factores tales como hasta donde llegaba el poder e influencia de cada una de las partes y qué mecanismos se utilizaron para hacer decantar la definitiva decisión hacia uno u otro contendiente. Por supuesto que no tardó la ciudad de San Felipe en replicar a los argumentos de la villa de Ontinyent,[91] a través del propio corregidor, D. Antonio José Subiela y Mendoza, que a su cargo de corregidor político añadía el de militar, con el grado de coronel. San Felipe ya no era plaza de armas, pero estuvo gobernada por militares a lo largo de todo el siglo XVIII y principios del XIX. Hacemos este inciso, puesto que uno de los argumentos de peso que arguyó la ciudad fue, justamente, los condicionantes militares a los que podía hacer frente fácilmente San Felipe y no Ontinyent, en opinión del Sr. Subiela. A este argumento de tipo militar, y por extensión, se le añadía el geográfico, que le impedía atender con garantía una responsabilidad de primer orden, como era proveer las necesidades de las tropas.

Así, a las razones de tipo geográfico planteado por Ontinyent de disponer de una zona ampliamente poblada, San Felipe replicaba que se encontraba entre montañas de difícil acceso y a las que solo se podía llegar a través de puertos de montaña, pues «las dichas villas de Onteniente están en un rincón del Reyno [...]». Además, contradecía las medidas geográficas especificadas en el memorial presentado por Ontinyent sobre distancias de los lugares relacionados respecto de esa villa. Por eso mismo, había poco tránsito de tropas, por las dificultades que comportaba el paso por una zona tan abrupta, y, además, aducía el Corregidor de San Felipe, Ontinyent no tenía la experiencia ni eficacia para gestionar tan importante cometido, como era la logística: alojamiento de tropas y animales, reparto de paja, bagajes o compra de víveres. Otro dato era que el corregidor militar residía en San Felipe, y desde allí se despachaban órdenes frecuentes e imprevistas, lo que no podía hacerse desde Ontinyent, si no era alterando todas las normas establecidas en las Ordenanzas de la ciudad para estos casos. Por otra parte, el corregidor de San Felipe le daba la vuelta a otro de los argumentos de la villa, respecto de las ventajas que supondría para las localidades que supuestamente se beneficiarían de la incorporación a Ontinyent: ninguna de ellas había hecho causa común con la villa. Antes bien habían manifestado:[92] «estar contentos con la subordinación suave que han experimentado siempre de los Corregidores Militares de esta ciudad [...]».

Este primer intento de la villa de Ontinyent fue desestimado, no resolviéndose a favor de las pretensiones de la misma. Sin embargo, no cejó el ayuntamiento de dicha villa en reanudar sus intenciones de aspirar a un corregimiento separado del de San Felipe. Así, otra vez se suscita la cuestión en 1787, aunque ahora la estrategia respecto de la primera ocasión difiere. Si en aquélla primera oportunidad se uso de la vía directa y activa, en 1787 hay que calificar la maniobra como uso de la vía indirecta y pasiva, puesto que así se deduce de las sutiles prácticas como el boicot a la acción de gobierno de San Felipe. Efectivamente, la iniciativa partió del corregidor de San Felipe en estas fechas, el sucesor de D. Antonio José Subiela, D. Gaspar Pasqual de Bonanza. Por sí solo, éste apellido habla de la importancia del asunto, puesto que el corregidor disponía de suficientes influencias en las instituciones ejecutivas.[93] Así, el 7 enero de 1787 remitió al Real Acuerdo un detallado informe donde expresa que la villa de Ontinyent no cumplía las disposiciones que se le remitían desde San Felipe. Después de hacer recordatorio de la importancia histórica de Xàtiva, de la que era heredera la ciudad de San Felipe, a pesar de la disminución de territorio, y justamente por eso, se oponía enérgicamente a cualquier veleidad segregacionista, y más todavía de la magnitud que pretendía la villa de Ontinyent. Se quejaba Pasqual de Bonanza que el corregidor de Ontinyent parecía haber olvidado que estaba sujeto a la jurisdicción de San Felipe, enumerando todas y cada una de las irregularidades en su debida actuación administrativa para con la ciudad: el corregidor de Ontinyent no remitía las relaciones de fallecimiento de escribanos y fijación de prohibición de rifas y juegos, según establecían las órdenes reales y, a pesar de la reiteradas solicitudes hechas a dicho corregidor a través de los despachos de veredas, éste persistía en su actitud de no cumplir lo ordenado. Todo ello con el agravante de faltarle al respeto debido al corregidor de San Felipe, en virtud de su graduación. Otras órdenes incumplidas por el corregidor de Ontinyent consistían en el hecho de querer remitir este directamente a la Intendencia, y obviando a la capital del partido –San Felipe– el Plan de Vezindario General de Vivienda de la villa, lo que era una actuación irregular, pues quién debía remitirlo era aquélla. Por todo ello solicitaba que se conminara al corregidor de Ontinyent a respetar la jerarquía establecida con sujeción de esa villa a la ciudad de San Felipe y a cumplir las órdenes que se le mandaban desde la misma:[94]

se sirva mandar que dicho Corregidor de la Villa de Onteniente guarde la costumbre, y sugección de partido, como hasta de ahora, executando con promptitud el contexto de quantas órdenes [...] se le comuniquen [...] y le dirija el tratamiento que le corresponde [...]

La villa de Ontinyent no desistió un ápice de su pretensión de separarse de San Felipe y en un memorial del 5 de febrero de 1787,[95] aparte de insistir en los argumentos de índole geográfica y económica ya sabidos y que creía favorables y justificativos de su petición, hizo hincapié en un razonamiento de tipo administrativo para demostrar que era necesaria la separación. En esta ocasión, además de la política de hechos consumados de no obedecer a la ciudad de San Felipe, acusó de negligencia la actuación administrativa de ésta, denunciando que, precisamente, uno de los argumentos utilizados por San Felipe a su favor no lo cumplía de ninguna de las maneras: su recriminación se basaba en el hecho de que las órdenes destinadas a Ontinyent se recibían tarde, y las que ésta remitía a San Felipe para su gestión se retardaban igualmente, con el consiguiente perjuicio:[96]

sucediendo frecuentemente que las muchas órdenes que se le comunican para el apronto de vagages, y otras cosas a el pertenecientes, en que ordinariamente se la encomiendan treinta y dos lugares como de privativo Partido, como antes pasan a la citada Governación de San Felipe para que esta lo execute, llegan tan tarde, que se retarda indispensablemente la execución de las mismas, con notable perjuhicio de dicho Real Servicio [...]

Sin embargo el fiscal del Real Acuerdo no tomó en consideración los argumentos de la villa de Ontinyent, desestimándolos en su conjunto, alegando que solo serviría para crear más confusión y aumento de los trabajos burocráticos, por lo que este segundo intento de segregarse acabó, igual que el primero, rechazado. A pesar de las aparentes razones de la villa de Ontinyent en querer segregarse de San Felipe, perfectamente expresadas en los considerandos de sus memoriales, creemos que hay que buscar un trasfondo mayor en esta iniciativa. En lo tocante a los pueblos que entraban en la disputa territorial, y aunque el corregidor de San Felipe manifestó que ningún lugar apoyó la pretensión de Ontinyent, como en estos casos suele suceder, la característica entre los distintos pueblos fue la división, ya que unos apoyaban a la villa, mientras que otros preferían seguir junto a San Felipe. Es decir, no existía la unanimidad que cada uno de los corregidores se atribuía sobre la fidelidad total y absoluta de los lugares relacionados.

En lo relativo a la actitud del corregidor de Ontinyent, parece sensato pensar que, obviando las supuestas buenas intenciones que le animaban respecto de su iniciativa, habría que incluir otros factores, como el económico, ya que el corregimiento de Ontinyent tenía una dotación menor que el de San Felipe. Aquél tenía 6.023 reales de vellón,[97] y este 16.564, la misma cantidad que los de Castelló de la Plana, Morella y Oriola.[98] Aparte de esto, el corregidor de Ontinyent no podía participar de los porcentajes que normalmente percibía el corregidor por distintos conceptos. Otro factor a considerar es el del prestigio inherente a determinados corregimientos. No hay razones para dudar que el corregidor de Ontinyent considerara el corregimiento poco prestigiado, o destino poco envidiable,[99] sin un territorio que gobernar y con la obligación de tener que cumplimentar informes y cuentas, así como recibir órdenes de otro corregidor al que debía obediencia. Por ello, una de las prioridades de los corregidores allí destinados era cambiar pronto de plaza, aunque fuese con un grado de menor nivel. Así nos los explica Encarnación García Monerris con el corregidor de Ontinyent Francisco Álvaro, que ejerció entre 1765 y 1767.[100] Después de ocupar de varios empleos en Galicia, fue destinado como alcalde mayor de Oriola, y fue también corregidor interino de esta villa. Pasó a Alicante, como alcalde mayor hasta 1765, y entre 1765 y 1767 fue corregidor de dicha villa de Ontinyent. No dudó en buscar apresuradamente otra plaza, aunque ésta fuera de menor entidad. Así, volvió a ocupar la alcaldía mayor de Alicante. Por otra parte, otra causa de frustración del corregidor de Ontinyent pudiera radicar en su posición de subordinación respecto de alguien a quien consideraba un igual. Desde luego los corregidores de San Felipe, tanto D. Antonio José Subiela como D. Gaspar Pasqual de Bonanza, que fueron los que intervinieron directamente en la causa judicial, jamás dejaron de recordar a aquél cual era su posición y el tratamiento que les correspondía y que les debía el corregidor de Ontinyent, quien en su relación con Pasqual de Bonanza le trataba de igual a igual:[101] «si que falta al tratamiento que al recurrente [Pasqual de Bonanza] le corresponde por su graduación y empleos dándole solo el ordinario qual un particular [...]».

Sabemos de los hábitos que adornaban a los corregidores militares, de su conducta acostumbrada al mando y de su poca consideración hacia la sociedad civil.[102] El altercado judicial entre los corregidores militares de San Felipe y los letrados de Ontinyent es significativo de lo que los militares entendían en sus relaciones con otras instancias. Para el de San Felipe, su homólogo de Ontinyent siempre sería un corregidor de bajo nivel. Factores como que no disponía de territorio, que el corregimiento era de letras, o de menor dotación económica, se presentaban como elementos que no podían competir con la categoría del de San Felipe. A pesar de ser jurídicamente iguales ante la ley, y de que la subordinación de un corregimiento hacia el otro estribaba en remitir informes periódicos, el corregidor militar de San Felipe nunca permitiría un trato de semejantes. Tanto es así, que Ontinyent nunca lograría disponer de un territorio segregado del de Xàtiva. Sobre la fuerza de esta última no parecía haber lugar a dudas.

5. RECAPITULACIÓN

Hemos analizado la implantación del corregimiento de San Felipe después de la Guerra de Sucesión, desde el punto de vista de las dificultades a las que tuvieron que enfrentarse las nuevas autoridades corregimentales, expresadas en términos de conflictos jurisdiccionales con algunas localidades bajo la autoridad del nuevo Corregimiento de San Felipe. La antigua Gobernación de Xàtiva quedaría dramáticamente cercenada en términos geográficos, al reducirse a una mínima expresión de lo que fue en época foral. Sin embargo, esto no sería lo peor a lo que tendrían que enfrentarse las autoridades. Las dificultades se presentarían en forma de resistencia de otras localidades a someterse a la autoridad del nuevo corregimiento y ciudad de San Felipe; resistencia a pagar los impuestos correspondientes e intentos de segregarse de esa autoridad.

Sin embargo, no era este un proceso ex novo, sino que ya había antecedentes que se remontaban a los siglos XVI y XVII, cuando se segregaron villas como Castelló de la Ribera, l’Olleria o Benigànim, y cuyo origen hay que situar en las necesidades pecuniarias de la monarquía. El siglo XVIII y su nueva realidad política, administrativa y económica, supondría un empuje a esa tendencia que, paradójicamente, no tendría demasiado éxito, excepción hecha del corregimiento de Ontinyent, en 1752, que, no obstante, estaba sometido jerárquicamente al de San Felipe.