El desarrollo y la integración de América Latina

El libertarianismo o libertarismo define la libertad humana como la propiedad de sí mismo y de todos los objetos legítimamente poseídos. La legitimidad de las relaciones contractuales y de mercado depende solamente de la voluntad de las partes contratantes (que por definición son propietarios). El libertarianismo se ocupa del origen de una propiedad legítima, y presenta diferentes argumentos para intentar justificarlo, los que no podemos profundizar en esta reseña. Bástenos decir que, para los libertarios el justo precio es por definición el convenido “soberanamente” entre dos contratantes legítimos y no depende de ninguna otra consideración relacionada con el tema de la justicia.

En ciertos aspectos morales más bien extraeconómicos el libertarianismo reconoce el derecho de una persona de hacer con su vida lo que considere conveniente, puede drogarse, suicidarse, ser objeto de eutanasia consentida y voluntaria, practicar relaciones sexuales o establecer vínculos estables con personas del mismo sexo, aislarse del mundo etc. Los únicos límites que impone esta visión son primero, no ceder la propiedad de sí mismo a otra u otras personas, segundo aceptar la necesidad de supervisión que los jóvenes requieren hasta que adquieren su plena capacidad, y, tercero, limitar la libertad de cada uno respecto de acciones delictivas contra la propiedad de terceros o de los bienes legítimamente adquiridos. Esto límites se aplican especialmente respecto de prerrogativas tributarias o expropiatorias por parte del Estado que en el caso de los anarco-capitalistas es considerado un robo.

Si bien, esta ética adquiere plena inteligibilidad respecto de las personas humanas, su mayor utilización y significación económica se ha volcado sobre las personas jurídicas, las organizaciones, y ante todo sobre las grandes corporaciones económicas. En ellas, la propiedad se despersonaliza bajo formas de grandes sociedades de responsabilidad limitada, o sociedades anónimas cuyo capital accionario se cotiza en bolsa y es fácilmente transferible.

En la práctica, el proceso de globalización ha enfrentado a Estados Nacionales cada vez más debilitados en sus opciones de política pública con grandes corporaciones transnacionales. Estas corporaciones imponen normas legales transnacionales originadas en agencias intergubernamentales y privadas respecto de la propiedad transnacional de inversiones, de servicios, de innovaciones y marcas industriales, etc., las que suelen entrar en conflicto con las normas legales de las naciones donde asientan sus inversiones. A un nivel más profundo el tema puede verse como una confrontación entre los derechos de propiedad de corporaciones transnacionales totalmente despersonalizadas en su responsabilidad y los derechos humanos y ciudadanos de los habitantes de las naciones donde localizan sus inversiones.

El mundo económico de hoy es, más que nunca antes, un mundo de instituciones y organizaciones empresariales vinculadas entre sí por una inextricable red de compromisos legales de tipo patrimonial. A diferencia de las personas humanas que son personas naturales, las organizaciones son personas jurídicas respecto de las cuales no cabe predicar derechos humanos porque las organizaciones como tales carecen de conciencia y voluntad, son meramente instrumentales. Sus derechos y obligaciones son patrimoniales y están reglados por las normas que regulan los contratos (públicos y privados) propios de la justicia conmutativa. Incluso aquellas instituciones dedicadas a satisfacer derechos humanos elementales (organismos de seguridad social, escuelas, hospitales, etc.) deben adquirir personería jurídica y quedan sujetas a normas patrimoniales que son fijadas mirando a las cosas que allí se administran y no a las personas que se benefician de esos servicios.

También por supuesto hay normas que regulan los derechos y deberes de las personas, códigos familiares y penales, normas morales escritas y no escritas, pero la justicia distributiva que se debe a las personas esta siempre mediada, en las organizaciones, por múltiples “costos de transacción” que limitan u obstaculizan su ejercicio.

En el mundo globalizado de hoy, las instituciones que regulan la justicia conmutativa aplicable a las organizaciones, especialmente a las organizaciones económicas transnacionales, tienden a predominar sobre las que regulan la justicia distributiva aplicable a las personas que son ciudadanos de los Estados. Las primeras se imponen en el ámbito de las empresas (que carecen de ciudadanía política) con mucha fuerza a través del proceso de globalización del capitalismo, en tanto que las segundas solo pueden operar a través de los sistemas políticos nacionales (o eventualmente supranacionales cuando varias naciones se integran para defender sus derechos).

El proceso de globalización del capitalismo es ante todo un proceso de transnacionalización de las empresas a escala global, o al menos, a escala supranacional, con la consiguiente consolidación de los cambios en los derechos de propiedad que son requeridos para un eficiente funcionamiento de la justicia conmutativa. En consecuencia, la justicia conmutativa aplicada a la lógica del capitalismo global predomina sobre la justicia distributiva aplicable a los sistemas políticos democráticos.

El desafío consiste en crear una cultura democrática consolidada a escala latinoamericana, atendiendo a las afinidades preexistentes, especialmente aquellas vinculadas a la común herencia que todavía subyace a nuestro ethos cultural. El objetivo fundamental debería ser el de lograr la prioridad de los derechos humanos y ciudadanos fundamentales de las personas sobre los derechos patrimoniales de las empresas. Esto no supone imponer a las empresas, y en especial a las micro, pequeñas y medianas, cargas económicas (salarios mínimos, por ejemplo) que no estén en condiciones de pagar, sino usar los mecanismos de la democracia política para consolidar las dimensiones económica y cultural de la democracia. También supone la aplicación de medidas correctoras de carácter redistributivo frente a las enormes asimetrías de poder económico existentes por ejemplo entre los grandes grupos económicos transnacionalizados, y las pequeñas y medianas empresas que tanto contribuyen a la generación de oportunidades de trabajo.

La revolución conservadora y sus políticas económicas

En 1980 se desatan las nuevas estrategias económicas de la, así denominada, “Revolución Conservadora” en los Estados Unidos (“reaganomics”) precedida por el viraje británico con Margaret Thatcher. Esta fecha (1980) podría también aceptarse como un punto de inicio de la propagación mundial de las tecnologías de la información que entronizaron el papel protagónico de las transnacionales en la economía mundial y dieron comienzo al proceso de globalización. Se transicionó, así, hacia economías cada vez más abiertas y orientadas por las estrategias de las empresas transnacionales en la búsqueda de sus ventajas competitivas.

La nueva teorización neoliberal de la década de los ochenta, desacreditó el papel de las políticas fiscales de gasto público (y especialmente de gasto social) tras la alta inflación de los años setenta en los Estados Unidos. La revolución conservadora alentó las políticas “monetaristas” (basadas, prioritariamente, en el manejo de la tasa de interés) y “ofertistas” (basadas en la reducción de impuestos a las empresas) para que los inversionistas privados, reemplazaran la inversión pública y asumieran un papel decisivo en la asignación de los recursos.

Las teorías de la oferta, (así denominadas teorías “ofertistas”) fueron promovidas por autores como Laffer, que pedía una reducción de la presión impositiva. Argumentaba que esta medida estimularía la inversión privada y el crecimiento económico, posibilitando, así, como consecuencia del crecimiento de la economía, una recaudación impositiva mayor con tasas tributarias menores.

De esta Revolución Conservadora de los años ochenta, deriva la posición económica neoliberal o libertaria. Su estrategia en América Latina es “crecimientista” (desarrollista en el más estrecho y economicista sentido de la palabra) y compatible con un recalcitrante “libertarismo” en el plano de la ética. Es “crecimientista”, si se acepta este barbarismo terminológico, a nivel de la economía en su conjunto, pero su libertarismo hace total abstracción de cualquier concepción igualitaria o solidaria, en el plano distributivo o social.

El neoliberalismo económico, fuertemente afín con las postulaciones ya examinadas de la economía neoclásica rechaza el salario mínimo porque el salario “debe estar fijado por las fuerzas del mercado” y los empresarios no pagarán salarios por encima de lo que, a juicio de ellos, produzca marginalmente el trabajador contratado. Por lo tanto, dicen que un salario mínimo sería “arbitrario” (es decir, no vinculado a las productividades laborales). Por ende, si se les obliga a aceptarlo, no contratarán trabajadores adicionales, no invertirán y la economía no crecerá, todo lo cual provocará, obviamente, un aumento del desempleo.

Este punto, desarrollado con la política y las prácticas salariales, merece una consideración más detenida. De un lado es necesario aceptar que la supervivencia y el desarrollo de la empresa privada exige salarios medios que sean inferiores a las productividades laborales medias correspondientes, como única manera de permitir ganancias y reinversiones en la rama productiva de que se trate. De otro lado, los neoclásicos también se ven obligados a aceptar que el salario fijado por el mercado puede no ser suficiente para superar la línea de la pobreza de los trabajadores contratados. Sin embargo, en tal caso se desligan del problema y lo traspasan al Estado, encargado de asistir a los desocupados o sub-ocupados.

En la versión neoliberal concreta de la política económica, propagada a partir de la, así denominada, “revolución conservadora” (“reaganomics” y “thatcherismo”) se propone una reducción de la carga tributaria, lo que reduce las posibilidades estatales de entregar subsidios por desempleo o complementos salariales.

La única solución verdadera y profunda al problema de la pobreza es, para los neoliberales, el muy acelerado crecimiento económico, y en ese sentido, (estrecho y reductivo) son “desarrollistas” o, más precisamente, “crecimientistas”. Por supuesto ese crecimiento económico, así postulado, depende de la inversión de capital productivo proveniente de los propios empresarios (nacionales y/o transnacionales). Si estos, en su conjunto, deciden no invertir productivamente, impedirán el crecimiento y generarán el desempleo.

En la perspectiva neoliberal que acepta a regañadientes la existencia del Estado, este debe ser el encargado de subsidiar a los desocupados para sacarlos de la pobreza. Pero la posición frecuentemente sostenida por las cámaras empresariales, en materia de política fiscal es que debe evitarse el déficit presupuestario derivado de un “excesivo” gasto social, con lo que el límite superior de dicho gasto dependerá de los ingresos tributarios de los estratos de alto ingreso, empezando por el de los propios empresarios. Los empresarios piden “señales claras y estables” en materia de impuestos, y, en cierto modo, consideran que las aportaciones a las arcas fiscales, que los empleadores deben efectuar en virtud de las leyes socio-laborales son también una forma de impuesto.

La visión neoliberal ignora el tema de la pobreza, porque no parte de las necesidades humanas para fijar un salario mínimo, sino que toma como punto de partida la productividad laboral marginal del trabajo. Obsérvese además que, si los empresarios deciden no crear trabajo, el Estado, probablemente, tampoco podrá hacerlo porque las condiciones recesivas reducirán sus recaudaciones tributarias y su posibilidad de gasto social. Los argumentos neoliberales principales son: que la pobreza solo puede superarse a través del crecimiento económico que asegure el pleno empleo de los trabajadores con salarios crecientes; que los subsidios del Estado son ineficientes e insuficientes; que el pleno empleo depende de la inversión privada, pero; que los empresarios no invertirán cuando el salario mínimo legal excede aquel compatible con el salario máximo que se está dispuesto a pagar.

En las formulaciones libertarias más recalcitrantes, ni siquiera se intenta determinar cuál debería ser ese salario mínimo atendiendo a su productividad efectiva, sino que el argumento se apoya en la discrecionalidad del empresario respecto del salario que está dispuesto a pagar, según sus posiciones de poder en la pugna distributiva. De esta manera se cae en una profecía autocumplida: el indicador objetivo de que los salarios mínimos son altos y que las relaciones son rígidas es la existencia de desempleo. Cuando los empresarios consideran que el salario mínimo o medio es demasiado elevado, simplemente reducen sus niveles de actividad en el país de que se trate, creando, de manera automática mayores niveles de desempleo. En el mundo global, esta opción es cada vez más viable, sin detrimento de los intereses empresariales, en vista de la creciente globalización de las oportunidades de inversión, tanto en el campo productivo como en el financiero.

Por oposición a esta visión, aquí se sugerirá que, el correcto planteamiento del desarrollo, como mecanismo necesario para paliar o solucionar el problema de la pobreza exige partir de las personas realmente existentes interactuando en medios sociales concretos, y tomar en consideración sus capacidades o potencialidades, por un lado, y sus necesidades por el otro. Esto es lo que hacen, por ejemplo, la Enseñanza Social de la Iglesia Católica, o las visiones aristotélicas originales en que aquella se basa. Pero jamás podremos llegar al concepto de pobreza partiendo de las condiciones de eficiencia del mercado de trabajo, o de las preferencias individuales de consumidores “solventes”.

Los economistas neoclásicos, incluyendo su expresión neoliberal contemporánea, aceptan que la pobreza existe como problema social. Obviamente no podrían negarla, pero derivan al Estado la obligación de subsidiar a los más pobres (los más ricos tienen una seguridad social crecientemente privatizada). Es claro, sin embargo, que la capacidad del Estado para subsidiar vía gasto social queda dentro de límites muy rigurosos dados por el equilibrio presupuestario y por una contención tributaria defendida a toda costa por las cámaras empresariales.

Durante los últimos treinta años, las reglas de juego del Consenso de Washington han ayudado a consolidar estas restricciones a la capacidad operativa del Estado. Por lo tanto, tampoco el Estado cuenta necesariamente con los recursos suficientes para asegurar un mínimo nivel de vida a toda la población. En resumidas cuentas, la lógica del mercado en el capitalismo global, si opera sin contrapesos políticos, conspira contra la lógica de la justicia distributiva y de la democracia. De lo que se trata es de subordinar por la vía política la lógica del capitalismo a la lógica de la democracia.

La autorregulación del mercado, coloca a la empresa privada como el principal actor del orden capitalista. La visión liberal del mundo según la cual en la búsqueda del interés privado las empresas, a través del mecanismo de mercado logran acrecentar el bienestar general, entendido como un mayor crecimiento del ingreso y de la riqueza por habitante, ha sobrevivido como fundamento del capitalismo, desde el inicio de la era contemporánea.

Como ese mecanismo es presuntamente “automático”, ya hemos visto que las responsabilidades individuales se diluyen, y en particular, las responsabilidades de los poderosos. Sin embargo, el crecimiento de las grandes corporaciones globales desde fines de los años ochenta del siglo XX, hace evidente su inmenso poder y pone en relieve su creciente responsabilidad social (véase el capítulo XVII en la cuarta parte de este libro).

1 Trabajo inédito, primera publicación.

2 En particular cabe consultar: (1997) Sobre ética y economía. Madrid: Alianza Universidad; (2000). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Planeta; (2010). La idea de la justicia. Madrid: Taurus.

SEGUNDA PARTE

La escuela latinoamericana del desarrollo1-2

1 Trabajo publicado en la Revista Electrónica Cinta de Moebio año 2007 número 29: 124-154 www.moebio.uchile.cl/29/difilippo.html.

2 Me permito dedicar esta sección a José Besa, exdirector de la Biblioteca de Cepal, quien, de manera paciente y rigurosa ha creado la Sala Cepal en donde los investigadores del presente y del futuro podrán de manera directa conocer las fuentes del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo originadas en dicha institución.

CAPÍTULO II

Marco de referencia

El objetivo central de este ensayo, es crear un marco de referencia que permita un análisis conjunto de los aportes al tema del desarrollo latinoamericano efectuados por los científicos sociales vinculados al pensamiento de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (en adelante la denominaremos Cepal). Este objetivo adquiere significado especial en ciencias sociales porque los diagnósticos y recomendaciones de la Cepal en el campo del desarrollo dieron lugar a una visión unitaria e internamente coherente que constituyó una importante contribución al pensamiento latinoamericano sobre la materia. A esa visión la denominamos, en este ensayo, Escuela Latinoamericana del Desarrollo (ELD).

La decisión de situar el pensamiento de Cepal como punto de partida de la ELD, puede ser criticada por el hecho de que algunos autores latinoamericanos, no vinculados institucionalmente a este organismo internacional, contribuyeron con antelación aportando perspectivas comparables a varios de los temas que luego fueron profundizados por la ELD, y porque otro tanto sucedió durante la evolución de dicha Escuela, en el período de aproximadamente cincuenta años que se examina en esta reseña.

Sin embargo, la Cepal, como organismo de la ONU cumplió ciertas funciones sin las cuales probablemente las ideas centrales de la ELD nunca se habrían articulado y consolidado con sus rasgos específicos. El alcance latinoamericano de los estudios e informes de Cepal, permitió considerar, implícita o explícitamente, a América Latina como una unidad susceptible de ser analizada de manera conjunta.

Además, durante la segunda parte del siglo XX la Cepal fue una fuente insustituible y periódica de información económica y social actualizada, referida al conjunto de la región (más tarde se agregó el caribe angloparlante). Esto posibilitó y estimuló la elaboración de estudios comparativos entre países, y la formulación de síntesis interpretativas del desarrollo regional, no solo en el interior de la institución sino también en la esfera universitaria y académica en general.

En tercer lugar, los principales científicos sociales que contribuyeron a ese pensamiento, encontraron en la Cepal una interpretación histórica de largo plazo respecto del orden internacional, elaborada en 1949, a partir de la cual formularon sus propias interpretaciones. Ese encuadramiento o visión, que dio en denominarse centro-periferia, otorgó una fortísima identidad a la región latinoamericana como objeto conjunto de estudio y reflexión.

Téngase en cuenta que paralelamente a la Cepal fueron entrando en funcionamiento otras Comisiones Económicas Regionales de Naciones Unidas en Europa, Asia y África, pero ninguna de ellas produjo una visión unificada, académicamente reconocida, de las regiones cubiertas por estas agencias, que fuera cercanamente comparable a la originada en Cepal.

La razón del fuerte impacto de estas ideas, no deja de tener interés epistemológico. La “epistemología” de la ELD logró una visión sorprendentemente unificada porque la “ontología” (la realidad exterior) de los procesos sociales latinoamericanos contenía objetivamente esas pautas y regularidades comunes en las esferas económica, política y cultural. Solo hacían falta observadores agudos y sensibles que capturaran y expresaran esas regularidades básicas. América Latina supo encontrar en su seno a eximios intérpretes de su realidad histórica.

La visión unificada de una sociedad latinoamericana con rasgos históricos e institucionales análogos y, por lo tanto, comparables que, especialmente en el plano económico, la Cepal pudo formular tempranamente, confirió unidad e identidad a América Latina como objeto de estudio. Su dinámica de cambio histórico pudo periodizarse recurriendo a ciertos “parte-aguas” extraídos del orden internacional global, que eran factores fundamentales del cambio regional. Aunque los períodos de cambio histórico en el interior de las sociedades nacionales no eran iguales, dicha asincronía en el cambio interno, no negaba el origen principal, externo, de los impulsos transformadores principales y la permanencia en el largo plazo de ciertos rasgos estructurales comunes.

Recurriendo a estas pautas de comportamiento, inherentes a la historia y a las estructuras sociales de América Latina, la Cepal acuñó nociones o categorías amplias que ayudaron a interpretar la historia regional de una manera comparable. La Cepal pudo hablar de una herencia histórica común, y utilizar un lenguaje propio, rápidamente adoptado y popularizado en estudios académicos diversos, respecto de las fases o escenarios de “crecimiento hacia fuera”, “de economías primario-exportadoras”, de “industrialización sustitutiva de importaciones”, de “desarrollo desde dentro” o “hacia dentro”, etc. También pudo elaborar hipótesis que englobaban a la mayoría de las naciones latinoamericanas en materia de comercio exterior, diversificación productiva, tipología de productos exportables, o, en un plano con mayores implicaciones socioculturales, de haciendas señoriales, plantaciones tropicales, complejos latifundio-minifundio, etc.

Lo específicamente nuevo de este enfoque, fue su capacidad para articular muchas de esas categorías, algunas preexistentes a la ELD, en un marco histórico y estructural que les otorgaba inteligibilidad y articulación recíproca, ese marco fue precisamente la visión centro-periferia, dentro de la cual pudieron analizarse sucesivas versiones históricas de los sistemas centro-periferia.

El presente trabajo aborda los contrapuntos entre las visiones económica y sociopolítica de la ELD. Finalmente plantea un marco integrador en la esfera epistemológica, en el que, tanto la economía política como la sociología política del desarrollo latinoamericanas podrían ser analizadas de manera conjunta.

La visión centro-periferia como punto de partida

El Estudio Económico de América Latina del año 1949, (denominado en lo que sigue “el Estudio”) fue elaborado bajo la orientación del economista argentino Raúl Prebisch.

El Estudio expresó “fundacionalmente” la visión centro-periferia. Destacan en ella: a) su punto de partida global (en el sentido de planetario o universal) para situar históricamente la América Latina en el proceso de desarrollo económico; b) la posición estratégica que se concede a la propagación de la técnica derivada de las sucesivas revoluciones industriales asociadas a la expansión planetaria del capitalismo; c) la importancia central conferida al estudio de los temas distributivos tanto a escala internacional (entre centros y periferias) como nacional (en el interior de las sociedades nacionales periféricas); d) la caracterización estructural de la condición periférica y de su especificidad histórica a partir de los rasgos señalados; e) la necesidad de contar con nuevas tipologías económicas y sociales específicamente latinoamericanas para captar formas organizativas e institucionales que son propias de América Latina; f) la formulación de una estrategia económica industrialista, aplicada al período de posguerra, como forma decisiva de aumentar los niveles de vida y combatir las asimetrías sociales.

En unos pocos párrafos iniciales de su introducción3, el Estudio anticipa o insinúa la mayoría de los temas y problemas que darían vida a los estudios y debates de la ELD.

Las realidades a ser estudiadas fueron concebidas como sistemas sociales compuestos por agentes dinámicos que interactúan en el seno de estructuras tecnológicas e institucionales que condicionan su comportamiento. La realidad que se examinó fue la historia, concebida como intrínsecamente cambiante de manera abierta e impredecible. La visión fue sistémica pero no se confundió con una visión holista en el sentido de que el todo determina el comportamiento de las partes, ni tampoco determinista en el sentido de que el proceso histórico sigue un rumbo inexorable o predeterminado por su “lógica estructural”, sino que el estudio de la dinámica histórica se concibió como yendo desde el todo (estructuras) a las partes (agentes) y de las partes al todo.