- -
- 100%
- +
«Ella preconiza la salida no violenta de la dictadura hacia un régimen democrático. Cada vez estará más en la conciencia de todos la necesidad de mantener principios sin ningún tipo de colaboración directa o indirecta con el régimen. Esto implica que, con una gran ponderación, pero con gran firmeza, nos negamos a cualquier maniobra que represente la continuación de la dictadura.»185
Así pues, con estos principios básicos de relación entre diversas organizaciones de diferente índole, la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña se constituyó con representantes de las siguientes organizaciones: CCFPC, Taula Rodona Democrática, CC.OO., Grupos Cristianos en Defensa de los Derechos Humanos, Asamblea Permanente de Montserrat y Comunidades Cristianas de Base.
Desde el principio se acordó entre todos los miembros el crear los medios materiales y políticos para el comienzo de ese diálogo basado en la convergencia, y no sobre la confrontación de ideas y fines políticos, con el objetivo de asumir bajo una acción unitaria la posibilidad de poder articular la oposición contra el régimen, llegando a la conclusión de convocar una asamblea representativa de toda entidad que se moviera en Cataluña con un sentido democrático y antifascista. Algunas de esas organizaciones que finalmente formaron parte de la Asamblea de Cataluña fueron la Federación Socialista de Cataluña (FSC-PSOE) y el sindicato de la Unión General de Trabajadores (UGT). Francisco Parras, dirigente socialista que formó parte de la integración, explica su visión sobre aquellos momentos:
«La primera vez que la Federación Socialista (FSC-PSOE) y la UGT empezaron a hablar de constituir una plataforma unitaria, que luego se llamó A.C., fue a finales de 1970 a través de los dirigentes del PSUC: Josép Solé Barberà, Pere Ardiaca y Francesc Nogueró en la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas, calle Fontanella n.º 14, de la que todos éramos socios. Nos invitaron a que interviniéramos en la constitución de la misma como FSC-PSOE y UGT. La reacción y el compromiso de la organización socialista fue aceptar la invitación y el compromiso de intervenir en la constitución de la Asamblea.»186
Por otro lado, los objetivos básicos de la Comisión Preparatoria se centraron en tres ideas: la definición de los objetivos y los postulados políticos de la Asamblea cuando se reuniese; la extensión geográfica por todo el país de sectores y grupos que se irían sumando a la iniciativa de constituir la Asamblea y, finalmente la preparación de las condiciones formales y materiales para celebrar la I Sesión de la Asamblea de Cataluña187.
Sin duda se era consciente de que ante estas propuestas estaba el obstáculo de la falta de experiencia de libertad democrática después de más de 32 años de represión y confrontación y que se crearían serias dificultades para solucionar los problemas reales del país, haciendo partícipe en lo posible a todo el pueblo de Cataluña, al menos en la teoría; no obstante, este era el camino que había que recorrer, aunque fuera impensable que a comienzos de los años setenta cualquier evolución hacia la libertad democrática fuese factible. Por eso, en plena clandestinidad, las actuaciones políticas se dirigieron no solo a través de los partidos sino también mediante organizaciones sociales, algunas de carácter legal, como colegios profesionales, asociaciones culturales o confesionales que reclamaban la defensa de los derechos humanos y las libertades sociales y políticas.
El primer trabajo de la Comisión Preparatoria consistió en encontrar puntos de convergencia entre las diversas organizaciones en los que se obviaran los intereses partidistas buscándose un objetivo global de carácter unitario que impulsara la lucha democrática lo más rápido posible y con la máxima participación y consenso, pues el tiempo era esencial.
Al comienzo de la década de los setenta, la situación política en España era anacrónica y, como poco después se vería, entraba en su fase terminal después de tres décadas bajo un régimen dictatorial. La Iglesia cada vez se iba distanciando más del régimen, como lo demuestran las declaraciones del cardenal Tarancón el 2 de abril de 1969, cuando afirmaba que la única postura inaceptable en aquellos días era el inmovilismo.
Sin duda había que tener en cuenta que durante mucho tiempo el Movimiento Católico y la Acción Católica habían sido términos equivalentes fundados por los católicos y dirigidos desde la Iglesia para la defensa de sus posiciones en un contexto de Estado secular y liberal alentado desde León XIII y sus sucesores. La base de este movimiento católico seguía bajo la directriz jerárquica que se hizo más insostenible cuando emergieron los regímenes fascistas que impedían la existencia de organizaciones profesionales y políticas rivales.
Así pues, aunque en la primera época del franquismo la Iglesia tuvo una intensa colaboración con el régimen, sobre todo con el nombramiento de Alberto Martín Artajo, afín al movimiento católico, en la cartera de Exteriores (1945-57); con posterioridad, el impacto del Concilio Vaticano II, el taranconismo y la Asamblea Conjunta, cambiaron la dirección de estas organizaciones católicas, realizándose entre septiembre de 1966 y octubre de 1968 diversas dimisiones, relevos de dirigentes y consiliarios de los movimientos que generaron una crisis en la Acción Católica Española (ACE) que derivó en un conflicto político por el reconocimiento jurídico de los Movimientos Especializados en el marco del Concordato y en los proyectos de Ley de Asociación y de Prensa que redefinieron el status jurídico de la ACE, (HOAC, JOC).
Este cambio de actitud condujo irremediablemente a un enfrentamiento con el régimen por la participación y presencia de militantes en acciones de oposición crítica y denuncia social, y una evolución del modelo general-parroquial al especializado por ambientes. Las estadísticas de militancia en la organización son reveladoras de su situación; en 1955 estaban registrados 595.758 militantes, mientras que en 1960 llegaban solo a 354.549 militantes y en 1966 a 107.832 inscritos. En 1971, la situación influyó hasta el punto de que el Papa Pablo VI, a través del nuncio Dadaglio, cambiara la presidencia de la Conferencia Episcopal a favor del cardenal Tarancón188.
Desde el exterior, los mensajes dirigidos al gobierno por distintos organismos europeos sobre la exigencia de aperturismo, democracia social y sindical rompían la estrategia de este en su empeño de acercamiento a Europa y a sus instituciones. Efectivamente, el 23 de abril de 1969, el informe de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre el sindicalismo español era demoledor, exigiendo que todos los cargos sindicales debieran de ser electivos, que la autonomía hubiera de ser completa y que debiera existir la igualdad efectiva de las asociaciones de trabajadores y empresarios.
Por otro lado, los funcionarios sindicales debían estar sujetos a la autoridad de los dirigentes elegidos y estos garantizarían la libertad de expresión y reunión que otorgaría la libertad a todas las corrientes sindicales dentro de una unidad libremente aceptada. Finalmente, la Organización Sindical no debía estar sujeta a dirección o control de ningún movimiento político189. Por tanto, la evolución ideológica seguía bajo formas que no se alejaban del autoritarismo de antaño, con pocos cambios en un régimen que se empeñaba por mantener en sus manos el aparato del poder y cuya estrategia iba encaminada por un lado al mantenimiento a raya de las aspiraciones populares y su forma organizada, y por el otro a la superación propia de la lucha interna de camarillas que dividían y acrecentaban la corrupción entre las clases dirigentes que no permitía una respuesta clara a problemas tan importantes como el caso Matesa.
Un ejemplo de control, censura, y falta de libertad de expresión se demuestra en las candidaturas presentadas en 1971 a la elección de Procuradores en Cortes de Joan Barenys Oriol, abogado de cuarenta años, y de Xavier Casassas Miralles, empleado de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona. Ambos candidatos presentaron una declaración el 22 de septiembre de 1971 rechazando la censura ejercida sobre el medio millar de palabras que solo podían presentar al público.
Se censuraron párrafos como: «El marco legal es muy restrictivo», «La población catalana, la autóctona y la inmigrada es mayor de edad y tiene derecho a discutir libremente», «Clara afirmación de la personalidad catalana- nuestra voluntad de luchar para ayudar a la clase trabajadora a tener su propia organización», «Que nuestra incorporación a Europa solo puede realizarse democratizando las instituciones y respetando rigurosamente la Convención Europea de los derechos del hombre».
Por otro lado, a Casassas, la censura le suprimió frases como: «Una de mis primeras experiencias es la Barcelona paralizada por la huelga de tranvías de 1951», «Debate político sobre Cataluña, la Democracia y el papel de la clase trabajadora en la sociedad», «Actualmente los impuestos los pagan primordialmente los asalariados, los pequeños industriales y los comerciantes»190.
Cabe decir que, a pesar de los esfuerzos inmovilistas del régimen, la desmoralización y la presión ejercida por los sectores marginados del poder fueron creando deserciones en la línea autoritaria hacia la zona de soluciones democráticas, especialmente en la iglesia jerárquica, en el funcionariado, aunque en escasa proporción y en pequeños sectores del Ejército y de las fuerzas de seguridad. También dentro de la propia Policía Armada había discrepancias sobre el futuro del régimen, especialmente cuando se criticaba la auto represión dentro del cuerpo; tómese como ejemplo el caso ocurrido en abril de 1971, cuando la Comisión de Policías Armados de Barcelona distribuyó unos folletos en los que se exigía la solidaridad con sus propios compañeros represaliados, argumentando que enfrentarse al pueblo era una indignidad ya que también ellos eran hijos del pueblo. Uno de sus párrafos era contundente: «¡Basta de hacerles el juego a esa pandilla de ladrones y asesinos! Hasta nuestros oficiales se negaron a entrar en SEAT porque decían que allí no se alteraba el orden público. ¡Tuvieron que llegar el canalla de Creix y el gobernador Pelayo Ros para obligarnos! ¡No podemos tener el pueblo como enemigo, no podemos enfrentarnos con él!»191.
185. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 143. Análisis político (julio de 1971), elaborado en enero de 1973.
186. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 114. También ver PARRAS, Francisco, en entrevista realizada en el 5/2006.
187. REVENTÓS, Joan, «Els socialistes en els origens de la Assemblea», L’Avenç, n.º 43, Barcelona,1981, p. 38
188. Tele/eXpres, 2-04-1969. Para ampliar la información ver MARTÍN SANTA OLALLA, Pablo, La Iglesia que se enfrentó a Franco, Madrid, Dilex, 2005. En MONTERO GARCÍA, Feliciano, La Acción Católica y el franquismo. Auge y crisis de la Acción Católica especializada. Los años sesenta, Madrid, UNED, colección Aula abierta 36156, 2000.
189. Tele/eXpres, 23-04-1969.
190. FRC, AJR, «Barenys. J; Cassasas X», Carpeta 68, 1-1-1971.
191. FRC, AJR, «Comisión de policías armados de Barcelona», Carpeta 92, 23-10-1971.
Hacia la Asamblea de Cataluña. Composición y diferentes puntos de vista de sus protagonistas.
Febrero - Noviembre de 1971
En enero de 1971 la llamada «guerra de las lechugas»192, conflicto con los agricultores franceses que en algunos casos llegaron a quemar camiones repletos de productos hortofrutícolas procedentes de España, compartía protagonismo con la protesta multitudinaria generada por los diferentes consejos de guerra efectuados en Burgos algunas semanas antes.
A pesar del intento de lavado de imagen iniciado por el gobierno a través del indulto de las penas de muerte concedido por Franco el 30 de diciembre anterior, sorprendentemente se efectuaron nuevas detenciones dirigidas esta vez contra los participantes en el encierro de Montserrat. Como consecuencia de ello, fueron detenidos el 18 de enero Xavier Folch (director literario de la Editorial Ariel) y Jordi Carbonell (director de la Gran Enciclopedia Catalana) aunque no por mucho tiempo, ya que quedaron libres el primer día del mes siguiente.
El 6 de febrero de 1971 finalizó parcialmente el estado de excepción en Guipúzcoa, pues todavía seguía vigente la derogación del artículo 18 del Fuero de los Españoles por el que todo detenido debía ser puesto en manos de la autoridad judicial en un plazo de 72 horas. Mientras tanto, desde la oposición franquista, tanto el PCE como el PSUC intentaban presentar la situación real en que se encontraba el régimen, ofreciendo a la ciudadanía una alternativa democrática, aunque fuera imposible en aquel momento dentro del marco de las leyes institucionales propuestas por el gobierno. A este respecto, para la oposición el llamado asociacionismo al igual que la Ley Sindical aprobada no era más que un intento de prolongar la dictadura franquista y la única salida democrática pasaba por el establecimiento de un gobierno provisional de amplia coalición que decretara una amnistía total para presos políticos y exiliados, por el establecimiento de amplias libertades sin discriminación, y la convocatoria de elecciones libres a una asamblea constituyente. Esta alternativa tendría que concretarse en Cataluña con la constitución de un consejo provisional de la Generalitat y el restablecimiento del Estatuto autonómico del 1932 como marco legal inicial para que Cataluña pudiera ejercer libremente su derecho de autogobierno y de autodeterminación. En esa línea, la Comisión Coordinadora trabajaba en la búsqueda de un acuerdo general, el llamado Pacto por la Libertad, constituyendo entre iguales la cimentación del futuro Estado plurinacional de los pueblos de España, actitud que sería asimilada casi en su totalidad por la futura Asamblea193.
Por aquellos días, en Barcelona seguía en plena actualidad el conflicto laboral de La Maquinista, sobre todo después de los novecientos despidos efectuados; en consecuencia, la falta de una solución pactada a corto plazo obligó a las fuerzas del orden a reprimir cualquier conato de manifestación. Esto implicaba el control de todo tipo de asociación sospechosa de colaborar contra el régimen, lo que supuso entre otras acciones la clausura temporal de la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas194, auténtico lugar de encuentro de la oposición catalana. Sin embargo, la Comisión Preparatoria de la Asamblea no se sintió afectada por la situación haciendo caso omiso a la presión policial, de tal forma que fue incrementando sus encuentros multilaterales en busca de un acuerdo final. Estas reuniones se fueron ampliando en diversos domicilios para reducir riesgos; así, el despacho de Agustí de Semir en la calle Bruc y el piso de Pere Ignasi Fages en la Gran Vía (entre las calles Bruc y Bailén) fueron los inicialmente utilizados. Después formaron parte en estas primeras rondas de reuniones los despachos de Joan Colominas Puig, Felip Solé Sabarís, Carlos Sampons, Josep Ginovart, Pere Portabella y Mª Antonia Pelauzi e incluso el domicilio de Joan Reventós llegó a utilizarse discretamente en una reunión a la que asistieron unas treinta personas el 23 de febrero de 1971.
Los primeros resultados de estos contactos fructificaron en la formación de diversas subcomisiones que tenían como objetivo definir la futura asamblea y los postulados políticos a reivindicar, la extensión geográfica por todo el país de sectores y grupos que irían sumándose a la iniciativa de constituirla, y la preparación de las condiciones formales y materiales para celebrar la primera reunión asamblearia; sin embargo, en los intensos debates resaltaron opiniones divergentes relacionadas con las zonas geográficas de influencia de la Asamblea, la denominación de Principado de Cataluña versus Países Catalanes y la reclamación del Estatuto de Núria de 1931 o el de 1932, motivo que provocó la retirada temporal del PSAN mediante un comunicado a través de su portavoz, Carles Jordi Guardiola195. No obstante, a pesar de las diferencias sustanciales entre las distintas organizaciones políticas, la Comisión Preparatoria pudo continuar con el proyecto asambleario, tomando como base de su programa un documento elaborado por la propia Comisión Coordinadora en enero de 1971 titulado «Assemblea de Catalunya».
Así pues, el 23 de febrero de 1971 se distribuyeron diez mil copias de un folleto informativo cuyo encabezamiento era «Cap a la Assemblea», junto con otro distribuido en abril titulado «Reflexiones sobre el trabajo de la preasamblea como fundamento de constitución de la Asamblea de Cataluña». Según Colomer, ese mismo día se constituyó formalmente la Comisión Preparatoria de la Asamblea de Cataluña196.
Este nuevo organismo transitorio no tenía editorial propia dado su carácter clandestino, por lo que los documentos originales redactados en plenos, comisiones permanentes o secretariados, eran distribuidos a las siguientes subdivisiones distribuidas por toda Cataluña y estas, a su vez, repartían y confeccionaban independientemente los folletos hasta el punto de que un mismo texto se presentaba en diferente formato, calidad de papel, impresión e incluso en lengua castellana para su difusión; sin embargo, a pesar de las dificultades que acarreaba trabajar en plena clandestinidad y tras intensos debates efectuados entre sus miembros, finalmente la Comisión Preparatoria aprobó en febrero de 1971 unos puntos básicos para su desarrollo como organización centrados en la elaboración de una alternativa democrática, tomando como base de discusión la declaración elaborada por la Comisión Coordinadora. Esta nueva asamblea quedaría constituida como un organismo de diálogo permanente entre las fuerzas de Cataluña, proponiendo que sus reuniones se efectuasen con una periodicidad no superior a ocho meses. También se nombraría una Permanente que velase por el cumplimiento de los acuerdos tomados por esta asamblea, el enlace de sus miembros y la preparación de la próxima. Por otro lado, se elaboraría un comunicado en el cual se recogería el resultado de la asamblea a la vez que se desarrollarían desde los diversos sectores y de acuerdo con las características propias de una campaña de difusión de este comunicado, las luchas encaminadas a la consecución de los objetivos políticos que se definiesen197.
Nadie dudaba, una vez puestos en marcha los trabajos preasamblearios, de lo complejo del proyecto a desarrollar y de sus contradicciones; no obstante, estas fueron superadas a partir de una reflexión colectiva, fruto de las propuestas y observaciones generadas por sus miembros, de tal modo que en abril de 1971 la Comisión Preparatoria propuso realizar algunas acciones concretas en línea con la práctica democrática y en plena libertad de expresión. En este marco de actuación, se presentaron varias propuestas de diversa índole, aunque todas ellas convergían dentro de un espacio democrático, pues en el fondo se trataba de definir una alternativa democrática que configurase las exigencias mínimas a partir de las cuales volviese al pueblo el poder de decisión. Asimismo, se debatieron cuestiones relacionadas con las distintas posiciones ideológicas y nacionales de cómo se entendía el concepto de ciudadanía catalana, concretándose todo este pensamiento en una frase que por lo escueta lo definía con claridad: «Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña»198.
Por otro lado, la Coordinadora, como preparación a las jornadas de protesta del 30 de abril y del 1º de Mayo, distribuyó una octavilla criticando la nueva Ley Sindical, el estado de excepción, el régimen de especulación y la corrupción generalizada frente a un desenfrenado aumento del coste de la vida. A continuación, en otro documento fechado el 1º de abril en Barcelona, la Comisión Coordinadora, aprovechando el Aberri Eguna en el País Vasco, rechazó las sentencias contra los seis patriotas vascos —según fuentes de la Coordinadora— condenados a muerte en el Proceso de Burgos, solidarizándose con los compañeros vascos en sus reclamaciones nacionales y democráticas199.
Sin duda, una de las cuestiones más debatidas dentro de la Comisión Preparatoria fue el riesgo que engendraban dichas reuniones por el peligro de ser instrumentalizadas por la Coordinadora y por la poca representatividad que aportaban los asistentes a dichos encuentros, llegando a la conclusión de que estas incertidumbres debían pasar por el poder de decisión de la propia asamblea y por la constante actitud abierta de sus miembros, teniendo como único límite la autoexclusión. Así pues, la primera convocatoria redactada por la Comisión Preparatoria y titulada «Hacia la Asamblea de Cataluña», decía así:
«Representantes de partidos políticos catalanes, de grupos, de organizaciones paralegales, de otras organizaciones y personalidades que en Cataluña mantengan una actividad, o puedan eventualmente desarrollarla contra la dictadura y reconozcan la opresión a que está sometida la personalidad nacional de Cataluña, sin otra exigencia para participar que la de una actitud de diálogo y que este diálogo es el que irá abriendo un nuevo proceso de convergencia sobre la confrontación de las valoraciones de la situación política general y las experiencias de la lucha, así como sobre el análisis de las perspectivas y los objetivos a asumir en la acción unitaria y las posibilidades de articulación de la oposición.»200
En resumen, estas reflexiones de trabajo sirvieron para conocer las inquietudes aportadas por los participantes y para conseguir una representatividad popular lo más amplia posible, resultado reflejado en el comunicado final de la convocatoria de la frustrada asamblea del 23 de mayo siguiente, donde destacaban dos párrafos aclaratorios de la intencionalidad de la misma:
«Nosotros preconizamos la salida no violenta de la dictadura hacia un régimen democrático. Cada vez está más en la conciencia de todos la necesidad de mantener nuestros principios sin ningún tipo de colaboración directa ni indirecta con el régimen. Esto hace que con gran ponderación pero también con una gran firmeza, nos neguemos a cualquier maniobra que represente la continuación de la dictadura.
Si los límites y las posibilidades de la política que hoy preconizamos se agotan y la dictadura nos impone la violencia como única alternativa de lucha, la responsabilidad no caerá sobre el pueblo. De Cataluña saldrá la fuerza impulsora que haga posible un amplio movimiento unitario a nivel de todo el Estado español capaz de derrotar la dictadura.»201
Diversas organizaciones políticas participantes en la Comisión Preparatoria expusieron sus programas en busca de soluciones que pudiesen dar respuesta a los diferentes problemas sociales, aunque no tardaron en darse cuenta de que este no era el camino a seguir, ya que desvirtuaría la función de la propia Asamblea. Así pues, el pueblo soberano tendría que decidir en el futuro cómo organizarse y por ahora, lo que cabía era volver a un régimen de libertad o como máximo señalar algunas medidas urgentes mediante las cuales se pudiese ofrecer una alternativa democrática capaz de abrir perspectivas de futuro y que ofreciera medidas que deberían ser solucionadas de forma inmediata. Esto pasaba por el restablecimiento de las entidades reconocidas por el Estatuto de Cataluña del año 1932 y por extensión la conquista de las libertades democráticas en toda España; por tanto, la lucha por la libertad del pueblo catalán habría de ser común al resto del país.
Respecto al derecho de autonomía, no se comprometían más allá del restablecimiento del estado de derecho y fue por eso por lo que las diferentes resoluciones iban encaminadas en la defensa de los derechos humanos partiendo de una amnistía total, aunque cabe decir que el reconocimiento del hecho nacional catalán fue esencial y aceptado mayoritariamente para abrir vías y solucionar este problema que pasaba por el derecho de autodeterminación. En cuanto al marco geográfico de la asamblea, se partió de un ámbito exclusivo en Cataluña sin renunciar a nuevas expectativas.
Es importante señalar que todas las propuestas presentadas por los grupos políticos respecto a lo anteriormente tratado fueron tomadas en consideración, aunque, honestamente, las que defendían posiciones diferentes a la línea marcada fueron relegadas en su totalidad del acuerdo final. En este sentido, Miquel Sellarès202, representante del sector «pujolista» y posteriormente convergente, señalaba que en los primeros contactos entre los partidos existía un cierto clima de desconfianza entre los grupos participantes en la Asamblea, como así lo señala en una conversación con Jordi Pujol semanas antes del 7 de noviembre de 1971: