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Sin duda, toda esta política seguía al servicio de los intereses de una minoría económicamente prepotente que para mantener sus privilegios se había vendido al régimen; sin embargo, no todo dentro del entorno del poder era unitario, detectándose actitudes confusas de las que se podría desprender una cierta ilusión por una evolución del sistema hacia una democracia obviamente imposible.
En las relaciones exteriores, sorprendían las contradicciones entre los intereses de la oligarquía catalana, más abierta a Europa, y el inmovilismo político centralista que planteaba contactos y nuevas vías comerciales con los países del telón de acero. Tampoco se podían despreciar los grupos de extrema derecha, la mayoría de rasgos fascistas y apoyados en muchos casos por el propio régimen, que reprimían mediante la violencia cualquier manifestación contraria al orden político establecido. Entre estos grupos destacaban los Guerrilleros de Cristo Rey, los Comandos de Lucha Antimarxista, Defensa Universitaria y el Partido Español Nacional Socialista (PENS). Este último había sido fundado en 1970 en Barcelona por Jesús Poveda Mellado, que procedía de Murcia y que junto con una docena de jóvenes, en su mayoría procedentes del barrio barcelonés de la Verneda y de centros de enseñanza media en Badalona, empezaron a reunirse desde 1969, editando una revista titulada Orden Nuevo. Este movimiento de ultraderecha surgió en la clandestinidad y estaba muy próximo a otras organizaciones como Fuerza Nueva y CEDADE que actuaban violentamente contra la oposición democrática con total impunidad. Sus vínculos con el Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno, dirigido por el coronel San Martín —implicado más tarde en el 23 F— corroboraban la estrategia inmovilista del régimen para mantener los denominados valores del 18 de Julio319.
312. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 105.
313. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 164.
314. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 44, 54, 164,
315. FRC, AJR, «Asociación de Cabezas de Familia de Torre Baró», Carpeta 43, 1-1-1973.
316. FRC, AJR, «Casal Catalá d’Angulema», Carpeta 76, 29-3-1973.
317. AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta, 2-6-1973.
318. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 29-39.
319. CASALS, Xavier, «El PENS i l’extrema dreta a Catalunya, 1970-74», L’Avenç n.º 147, 1991, p. 20.
La Iglesia y su relación con la Asamblea de Cataluña
La Iglesia española en general fue marcando progresivamente su distanciamiento del régimen, y este, a su vez, reaccionó mediante maniobras de presión contra ella; tómese como ejemplo la sustitución del embajador del gobierno español ante el Vaticano. Sin embargo, fuera de todo este juego político, un gran número de cristianos abandonaron la pasividad que la iglesia oficial ofrecía, incorporándose a la lucha en defensa de los derechos fundamentales, de tal modo que movimientos asociativos como Iustitia et Pax pasaron a la denuncia pública del régimen.
El historiador Agustí de Semir que en aquellos tiempos era el representante funcional del Grup Cristiá de Defensa i Promoció dels Drets Humans, en su artículo titulado «L’Església i L’Assemblea», describe con claridad cómo era esta relación en Cataluña publicando la opinión del propio arzobispo de Barcelona Marcelo González Martín expresada en una conversación personal con él:
«Yo creo —comentaba el arzobispo— que muchos de estos cristianos están equivocados en sus opciones ideológicas, pero en un país donde el derecho de reunión no se puede ejercer, la Iglesia ha de facilitar los medios para que este derecho se pueda ejercer sin que la Iglesia se comprometa en las decisiones que se puedan tomar en el ejercicio de este derecho.»320
De estos comentarios se deriva un cambio de actitud relacionada con la posición neutral de la Iglesia catalana oficial ante las diferentes propuestas ideológicas y su defensa a ultranza del derecho de reunión; no obstante, esta posición cambió algún tiempo después cuando el nuevo arzobispo de Barcelona, Narcís Jubany tomó las riendas del poder. Fue a partir de entonces cuando este, junto con el obispo de Urgell, Joan Martí Alanís, y el de Tarragona y Primado de Cataluña, Josep Pont i Gol, inyectaron un aire nacionalista a sus intervenciones en defensa de los derechos democráticos de Cataluña y aumentaron considerablemente su apoyo a la causa defendida por la Asamblea. De esta forma no podemos olvidar el papel tan importante, sobre todo en el logístico, que jugaron las órdenes religiosas al ofrecer al SCPAC diferentes alternativas donde reunirse y esconderse, evitando así la presión policial, y destacar en su conjunto la infinidad de sacerdotes y seglares comprometidos con la Asamblea, algunos con elevado protagonismo en sus actividades. Agustí de Semir destacó a personajes como el sacerdote Josep Mª Juncá, rector de la parroquia de San Agustín, que como él mismo relata, el sábado 6 de noviembre de 1971, recibió la visita de Francesc Vila-Abadal, el sacerdote Josep Mª Vidal Aunós y el propio Semir para pedir la utilización del local el día siguiente para celebrar la reunión constitutiva de la Asamblea. Cabe destacar que el arzobispo Jubany también aceptó responsabilizarse de la situación por si pasaba alguna cosa, aunque prefiriese no identificarse con ninguno de los miembros presentes en la reunión. Otros religiosos que destacaron por su implicación fueron Joan Carrera, vicario episcopal; Joan Botanch, conocido como Salvador de les Borges; y el seglar Molas, director de Justicia i Pau.
Otro aspecto destacable fue la influencia de la Iglesia en la política de oposición al régimen a través de los movimientos cristianos. Basta recordar que mientras se constituía la CCFPC, paralelamente se había creado en Barcelona la Comissió de Serveis de les Comunitats Cristianes de Base con el fin de coordinar diferentes grupos cristianos identificados con las aspiraciones promulgadas en el Concilio Vaticano II. Su extensión coordinaba unas 95 comunidades, englobando a más de tres mil cristianos321. Dicho movimiento fue encabezado por Jaume Rodri, Josep Ribera, Joana Villemur, Jordi Ligüerre y Josep Dalmau, incorporándose con posterioridad Ricard Lobo y Lluís Mª Xirinachs. Más tarde se creó el llamado Grup dels No-Alineads (No Alineados) con el fin de pasar más desapercibidos en el trabajo clandestino con la Asamblea. Este grupo llegó a tener representación en casi todas las comarcas de Cataluña. Su participación en la Asamblea abarcó diferentes aspectos comenzando por la búsqueda de lugares de reunión: parroquias (San Isidro), colegios (jesuitas, escolapios) o conventos (reparadores, filipenses, carmelitas). También intentó influir en la forma de manifestarse de la Asamblea buscando soluciones no arriesgadas, aunque siempre se acabase corriendo delante de los «grises».
Los No Alineados participaron en las concentraciones de Ripoll, Vic y Sant Cugat, y en la campaña por el «Nóbel de la Pau» a favor de Lluís Mª Xirinachs a través del político exiliado en Noruega, Jordi Tell322. También se establecieron colaboraciones en los llamados «Actos Esporádicos», consistentes en reuniones pseudoreligiosas y políticas como la de Sant Miquel del Port, donde asistieron más de quinientas personas. Editaron clandestinamente el libro «Els partits polítics en la Catalunya d’Avui», impreso en Francia, con la estrategia y tácticas de los partidos más representativos en aquellos momentos. En 1976 los No Alineados se responsabilizaron de la edición de un póster titulado «Selecció Nacional Catalana de Fútbol 1976», en cuyo contenido se presentó la siguiente alineación: portero, el abad Cassià Just; defensa derecho e izquierdo, Heribert Barrera y Joan Cornudella; defensa central, Jordi Pujol; volantes derecho e izquierdo, Josep Pallach y Joan Reventós; extremo derecho, Ramon Trías Fargas; interior derecho, Anton Canyellas; delantero centro, Josep Solé Barberà ; extremo izquierdo (sin identificar) e interior izquierdo, Lluís Mª Xirinachs; siendo el presidente del club nacional, Josep Tarradellas, lugar donde aparecía por primera vez su rostro en un documento público.
320. SEMIR, Agustí de, «L’Esglesia i L’Assemblea», L’Avenç, n.º 43, 1981, p. 45.
321. DALMAU, Josep, op. cit., p. 15.
322. Jordi Tell, arquitecto, expulsado del Colegio de Arquitectos de Barcelona en 1942 y rehabilitado el 1-1-1975. Con residencia en Noruega, perteneció al Partido Nacional Catalá. Fue cónsul general de la República Española en Alemania, siendo detenido por el gobierno nazi y entregado en 1937 al gobierno nacionalista, en Diario de Barcelona, 8-7-1975.
Por el camino de la II Sesión de la Asamblea de Cataluña. Enero de 1973
A partir de la IV reunión de la CPAC, se fueron gestando los trabajos preparatorios de la II Sesión de la Asamblea de Cataluña. El resultado final fue publicado y distribuido el 23 de enero de 1973 por el SCPAC en un documento titulado «Pel camí de la II Sessió de l’Assemblea de Catalunya», teniendo especial atención en la estrategia, las condiciones de celebración del acto, el tiempo necesario, el número de asistentes no superior al medio millar y la representatividad de la reunión323.
A mediados de febrero, el Tribunal de Orden Público (TOP) dictó cinco condenas de treinta años cada una por el atentado perpetrado contra el consulado de Francia en Zaragoza, siendo los condenados Luis Javier Sagarra de Moor, Álvaro Noguera Calvet, José Antonio Mellado, Claudio Solsona Aznar y Fernando Burillo García324. Días después, el 23, comenzó el juicio contra cinco dirigentes de las Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC) de Santander por delito de propaganda ilegal, claro indicio de que la presión estudiantil y obrera mantenían en tensión constante a las fuerzas de orden, como así lo manifiesta un comunicado de la CCFPC fechado en febrero de 1973325. Por el contrario, no resultaba extraño que la prensa oficial y la televisión centrasen su atención en noticias más importantes y llamativas para un pueblo deseoso de información como el asunto relacionado con el famoso comentarista de televisión Federico Gallo, que fue nombrado ¡gobernador civil de Albacete!, acontecimiento que superó en creces otros hechos de «menor importancia» para la prensa nacional como los que hacían referencia a las negociaciones de alto el fuego entre el Vietcong y los EE.UU, ratificado el 21 de febrero en Laos; a la pérdida de dos figuras de la política norteamericana, los presidentes Harry Truman y Lyndon Baines Johnson, o al conflicto racial generado por las tribus indias en Wounded Knee326.
En Barcelona, a principios de abril de 1973, varias empresas entraron en conflictos colectivos, entre ellas, Control y Aplicaciones S.A., Sociedad Argentina de Electricidad y Constructora Pirenaica que trabajaban en la construcción de la Térmica del Besós. Como consecuencia de la intervención policial en los enfrentamientos, el 3 de abril falleció el obrero Manuel Fernández Márquez, de 27 años, mientras que otro trabajador de 25 años, Serafín Villegas Gómez, vecino de Barcelona, fue herido junto con cinco policías heridos también. Dos meses después de lo ocurrido, la Asamblea publicó un artículo titulado «El Crimen» narrando su versión de los hechos, afirmando que Manuel Fernández cayó asesinado por balas de la policía y que el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros, mintió al describir las causas y el contexto del crimen, afirmando que no se habían presentado reivindicaciones sobre conflictos laborales (cuando estaban dentro de una plataforma de aproximadamente trescientas cincuenta empresas de la construcción de Barcelona y comarcas para obtener una revisión del convenio colectivo del ramo), y que fueron los obreros los que agredieron a la policía. Cuatro empresas constructoras tomaron la iniciativa con sanciones y amenazas decretando un lock-out de cinco días, encontrando los trabajadores las puertas cerradas como respuesta a que los trabajadores de la Térmica votaran huelga para el 3 de abril. El choque con la policía fue violento, negando la entrada de los trabajadores a la obra, efectuando tiros al aire y alguno, a matar.
Después del trágico suceso, muchos de los obreros de la Térmica se dispersaron por las obras y las fábricas de la barriada del Besós, mientras que otros fueron al Obispado de Barcelona, a los colegios profesionales y a la Universidad, para explicar lo ocurrido. La indignación tuvo una respuesta inmediata entre la clase trabajadora, convocando durante toda una semana huelgas, acciones de protesta, multitud de pintadas y el reparto de miles de octavillas, participando alrededor de ciento cincuenta mil personas. El mismo día 3, cerca de tres mil manifestantes recorrieron el barrio del Besós, y en la tarde del día 6, tuvo lugar una nueva concentración delante de la iglesia de Sant Paulí de Noia, cerrando muchos comercios y bares.
El entierro del trabajador Manuel Fernández se desarrolló de forma irregular, ya que la inhumación que se realizó el día 4 de abril se hizo a escondidas y antes de hora, concretamente a las ocho y media de la mañana en el cementerio de Badalona, no atreviéndose las autoridades gubernativas a aceptar el entierro del cuerpo en Santa Coloma de Gramanet, lugar donde residía la víctima, por los posibles altercados que podrían producirse.
Efectivamente, como era previsible, el día 8 se concentraron unas dos mil personas en el cementerio para rendir homenaje a la víctima, culminando así una serie de actos reivindicativos que habían tenido su punto álgido dos días antes con las manifestaciones realizadas en Cerdanyola y Ripollet, comenzando las movilizaciones en la empresa Aiscondel, formandose posteriormente piquetes de trabajadores en las empresas Aicar, Joresa, Aldai, Fusal Uralita, Indecasa, Tallers Ribot, Meler, Estampats Meridiana, y otras.
Los «grises» utilizaron helicópteros en vista de la generalización del conflicto ampliado con la llegada de mil quinientos estudiantes de la UAB. Todos juntos se concentraron de nuevo a las seis de la tarde en «la Fonteta», donde se calcula que llegaron a reunirse unas diez mil personas hasta las nueve de la noche.
La Iglesia condenó los hechos enviando un comunicado que decía así:
«Hay situaciones injustas que oprimen e impiden el libre ejercicio de los derechos más elementales. Hay una violencia institucionalizada que provoca la violencia tumultuosa de las masas, las cuales, en ciertas circunstancias, caen en las explosivas tentaciones de la desesperación (parte censurada), Pablo VI (…). Ciertos choques y violencias podrían ser evitados si las reformas necesarias llegasen a tiempo. La justicia es la condición ineludible de la paz (…)»327.
Desde la cárcel de Carabanchel, Marcelino Camacho, líder de CC.OO., junto con sus diez compañeros prisioneros y en espera de juicio por el Proceso 1001, enviaron mil pesetas de la colecta recogida en el penal a la viuda de Manuel Fernández, adjuntando un comunicado que decía:
«(…) La clase obrera de vuestro pueblo y sus Comisiones en la delantera, dan un ejemplo claro de combatividad y de claridad de ideas de aglutinar los diversos sectores de la sociedad catalana en este objetivo inmediato y común que es la imposición de la democracia (…). Nos solidarizamos activamente con vuestro dolor combativo y hoy, día 4, hemos realizado, junto con el resto de los compañeros políticos aquí detenidos, un día de acción solidaria (…).»328
También las centrales sindicales, los partidos políticos y el Colegio de Abogados y Profesionales enviaron diversas cartas de protesta, alguna dirigida a la Presidencia del gobierno. Irónicamente, la Asamblea hablaba de los «culpables», calificativo dado por el gobierno a los trabajadores asesinados en las manifestaciones, por reivindicar aumentos de salario y libertades sindicales.
El 5 de abril el SCPAC editó un comunicado titulado «Catalanes», continuando con la estrategia de apoyo a cualquier acto de reivindicación social. El conflicto de la térmica de Sant Adriá del Besós sirvió como ejemplo de lucha contra la represión, la brutalidad del poder, por la libertad sindical y el derecho de huelga, por el rechazo a la ilegalidad franquista y por la solidaridad activa con todos los represaliados. A su vez, también sirvió como escaparate de la incitación a la violencia ejercida desde el Ministerio de la Gobernación, siendo su titular Tomás Garicano Goñi, y de su representante y ejecutor de la política represiva en Barcelona, el gobernador civil, Tomás Pelayo Ros329.
Como era natural, la Asamblea distribuyó la información sobre lo sucedido a toda la red de asambleas locales y comarcales, dando la sensación de un alto nivel organizativo. Como ejemplo, L’Assemblea del Bages distribuyó una octavilla titulada «A tot el poble del Bages», comentando lo sucedido y denunciando la represión ejercida sobre simpatizantes de la llamada Comisión de Solidaridad en la propia Manresa mediante sistemas de tortura, una de ellas denominada «quirófano», a cargo del comisario de policía Mieza y los conocidos agentes Anselmo Díez y Rogelio Rodríguez330. La Asamblea Permanente de Intelectuales quiso poner también su granito de arena mediante la publicación de unas octavillas criticando la situación de represión general y aprobando el envío de una carta abierta a los obreros de las empresas Copisa, Sade, Control y Aplicaciones y Vinco, promoviendo una campaña de solidaridad económica para los afectados y haciendo público un documento sobre el conflicto en la enseñanza, dándole la máxima difusión331.
Sin embargo, antes de que las aguas volvieran a su cauce a raíz de los acontecimientos de San Adrián del Besós, se desarrollaron diversas manifestaciones laborales y estudiantiles. La más llamativa fue la efectuada en el Paseo Maragall en Barcelona, aunque el paro laboral de empresas en Cerdanyola que arrastró a más de cinco mil implicados, incluyendo el atentado contra el «monumento a los caídos» en Ripollet resultó ser de una dimensión superior.
La Iglesia, ante la violenta cadena de manifestaciones y atentados, actuó nuevamente con honda preocupación expresando su posición al pueblo mediante un comunicado emitido desde el Arzobispado, eso sí, dentro de su ambigüedad caracterizada por su no enfrentamiento directo al régimen, manifestando en sus homilías el amplio malestar. Por otro lado, la propia AONU, a través de su presidente Anton Canyellas y su secretario Rodolfo Guerra, enviaron un documento dirigido a la Vicepresidencia del Gobierno manifestando su preocupación ante los graves acontecimientos, recomendando el uso de las leyes aprobadas en la LIVª Conferencia Internacional del Trabajo (OIT)332.
El 9 de abril de 1973 falleció en Francia el pintor Pablo Ruiz Picasso, centrándose las crónicas de los informativos en su vida y obra. La Asamblea a través de la Comisión en París de la Asamblea de Cataluña envió un telegrama a la familia Picasso indicando que «la Comisión de París de la Asamblea de Cataluña expresa sentimientos de profundo dolor por el fallecimiento del pintor y gran demócrata Pablo Picasso que estuvo siempre al lado del pueblo catalán»333. Ese día, por no ser diferente a los demás, fue suspendido por la autoridad un acto cultural catalanista en el Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de Granollers donde debían de actuar Joan de Segarra, Manuel Vázquez Montalbán, Ovidi Montllor y Francesc Pi de la Serra.
Por lo que se ve, la Asamblea a través de su Secretariado hizo caso omiso a estas amenazas constantes siguiendo su ritmo habitual, por lo que lanzó otro comunicado a partir del documento «Hacia a la II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña», preparando la celebración del 1º de Mayo, titulado «La Asamblea de Cataluña, con la clase obrera, hacia un 1º de Mayo de lucha, por las libertades políticas y nacionales». En el documento se proponían tres ideas básicas: la unidad de acción de todas las fuerzas democráticas, la solidaridad en la lucha a favor de los represaliados y el fin de la represión y la consecución de la amnistía. En su desarrollo, el informe señalaba la denuncia de las torturas efectuadas sobre los estudiantes detenidos, la brutalidad de los juicios en el Proceso 1001 y de los dirigentes de USO por los que la justicia reclamaba cientos de años de prisión. También se mencionaba la celebración de juicios contra los abogados laboralistas y defensores ante el TOP, Albert Fina, Montserrat Avilés y Asunción Solé, a los que se acusaba de reunirse con los trabajadores de la SEAT; así como por el intento de anulación de los colegios profesionales por medio de un nuevo proyecto de ley334. Días después, el 27 de abril, se procesó a tres trabajadores de la empresa FECSA por el incidente de San Adrián del Besós: Leonardo Farrera Rodes, Fernando Lozano Revuelto y José Moreno Ribas.
La llegada de la primavera no aportó la mínima relajación en lo que a conflictos laborales y estudiantiles se refiere. Sin duda, el mes de abril de 1973 fue hasta entonces uno de los más intensos en acontecimientos dentro y fuera de España.
Mientras que en Francia daba comienzo lo que se llamó la «primavera caliente estudiantil» provocada por la llamada Ley Debré335, y en EE. UU. comenzaba el caso Watergate, en España se intensificaron numerosos atracos y actos vandálicos desde la extrema derecha, como el efectuado al Banco Atlántico por el promotor de la revista derechista Cruz Ibérica, o el asalto efectuado el 26 de abril al local de la revista Agermanament por militantes del Partido Español Nacional Socialista (PENS). Otros acontecimientos con cierto calibre señalaron como ejemplo la muerte de Eustaquio Mendizábal (Txiquia), miembro y dirigente de ETA-V Asamblea, que participó en los secuestros de los industriales Ignacio Zabala y Felipe Huarte; y la voladura del edificio del emblemático diario Madrid.
Como ya comenzaba a ser costumbre, a mediados de mes tuvo lugar la V reunión de la CPAC con una participación de ochenta representantes de 43 delegaciones. Lo más destacado del encuentro fue la buena recepción que tuvo el documento «Cap a la II Sessió Plenaria», repartiéndose hasta aquel momento alrededor de 10.400 ejemplares, haciendo cada vez más partícipe al pueblo catalán.
En el turno de intervenciones, la delegación de la Asamblea enviada a Italia (Toscana, Lombardía y Emilia-Romanya), informó de su gestión, afirmando que, en general fueron acogidos muy cordialmente por las máximas autoridades regionales y municipales de las tres regiones. Tuvieron lugar diversas entrevistas con el cardenal Giacomo Lercaro y con el obispo de Rávena, Baldassari; también con el presidente de la región Lombarda y dirigentes de las tres centrales sindicales italianas. En todas estas reuniones se expresó claramente la comprensión y solidaridad con la lucha del pueblo de Cataluña y de los pueblos de España por las libertades democráticas336, destacando que la prensa italiana también se hizo eco de las declaraciones efectuadas. Finalmente, dentro de la reunión informativa, se habló del sector de la enseñanza, buscando convergencias entre padres, maestros y estudiantes en la acción común337.
Por otro lado, el 14 de abril, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República, se reunió L’Asamblea Permanente de Intelectuales Catalanes, manifestando en sus conclusiones su solidaridad con el obrero asesinado hacía pocos días, en un claro intento de implicar a los intelectuales españoles de cara a las conmemoraciones del 1º de mayo de 1973 con su apoyo a la clase obrera.
323. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., pp. 42-43.
324. La Vanguardia Española, 2-2-1973.
325. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Declaración de la CCFPC», Carpeta 104/42, 2/1973.
326. Tele/eXpres, 23-1-1973.
327. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 161.
328. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 159.
329. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p.74.
330. FRC, AJR, «Assemblea del Bages», Carpeta 57, 1-4-1973.
331. FRC, AJR, «Assemblea Permanent d’Intelectuals Catalans», Carpeta 61, 14-4-1973.
332. FRC, AJR, «Associació del Amics de les Nacions Unides», Carpeta 64/6, 11-4-1973.
333. Tele/eXpres, 9-4-1973. También ver MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 165, traducido por mi del francés.
334. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p.75.
335. Michel Debré (1912-1996), politico francés.
336. Incontro della giunta regionale con una delegazione dell’assemblea della Catalogna, Firenze, en AHCNOC, «Asamblea de Cataluña», Carpeta, 13-3-1973.
337. MHC, ASSEMBLEA, op. cit., p. 162. Ver también BATISTA, Antoni, op. cit., pp. 120-122.




