La transición española

Octubre de 1973. Los 113 detenidos

En octubre de 1973, la evolución política chilena y el nuevo conflicto árabe-israelí, responsable de la crisis posterior del petróleo, se seguía con atención. En España, la gasolina «súper» estaba a 16 pesetas y la «normal» a 12,50 pesetas, con la tendencia al alza. En Argentina, el general Juan Domingo Perón, tras su largo exilio en España, ocupó de nuevo la Presidencia de la República, mientras que, más al norte, en EE. UU., las primeras convulsiones fruto del escándalo Watergate amenazaban la Presidencia de Richard Nixon en el proceso denominado impeachment y que, como ya sabemos, empezó con la sustitución del vicepresidente del país de Spiro Agnew por Gerald Ford, y finalizó con la ascensión de este a la Presidencia con la dimisión del propio presidente.

A principios de mes, España continuaba inmersa en continuos disturbios laborales sin menoscabo de las constantes detenciones de activistas mayoritariamente de ideología izquierdista; véase como ejemplo las detenciones el día 5 de tres dirigentes del PCE (m-l): Alejo Mesón Dona, Ángel Moreno González y Ana Mote Quer. Los paros eran constantes en las cadenas de producción en la empresa SEAT, mientras que en el mundo educativo las manifestaciones estudiantiles y el cierre de algunas universidades aumentaban el descontento y el caos en la sociedad española. Aquel mes fue también trágico para la cultura española por la muerte el día 23 en su exilio de Puerto Rico del compositor catalán Pau Casals, cuya trayectoria musical, intelectual y política fue ampliamente difundida en los periódicos.

Mientras tanto, el gobierno intentó mediante el director general de Cultura Popular, Ricardo de la Cierva, aparentar una nueva imagen de aperturismo ficticio anunciando que iba a aplicar la ley con el talante más abierto posible, aunque por desgracia la demostración palpable de este hecho fuera el secuestro de la revista Destino el día 20 por publicar una carta relacionada con la falta de libertad.

En Cataluña, la CPAC celebró su IX reunión en los locales eclesiásticos (Sala Claret) de la calle Lauria n.º 7. Entre las primeras conclusiones que se llevaron a cabo destacó el llamamiento por las libertades políticas ante el juicio a diez dirigentes obreros que fueron detenidos en Pozuelo de Alarcón (Madrid) el 24 de junio de 1970, acusados por el TOP de pertenecer a CC.OO. Fue el denominado Proceso 1001 en el que fueron juzgados los miembros del Secretariado Nacional de CC.OO. y a los que el fiscal solicitó las siguientes penas: veinte años y un día de prisión para Marcelino Camacho, obrero fresador y exvocal social de Perkins Hispania de Madrid, y para Eduardo Saborido, obrero metalúrgico, antiguo enlace sindical de Hispano Aviación y exvocal social del Sindicato del Metal de Sevilla; 19 años respectivamente para Nicolás Sartorius, periodista y abogado, y para Francisco García Salve, capellán en Madrid y obrero de la construcción; 18 años respectivamente para Francisco Soto, metalúrgico de Sevilla, y para Juan Marcos Muñiz Zapico, metalúrgico de Gijón; 12 años y un día para Pedro Santisteban, metalúrgico, jurado de empresa de Babcock Wilcox de Bilbao, para Luis Fernández Costilla, metalúrgico de Valladolid, para Francisco Acosta, taxista y vocal social provincial del transporte de Sevilla, y para Miguel Ángel Zamora, obrero del gas y electricidad de Zaragoza.

La respuesta dada por la Asamblea fue inmediata, editando numerosas octavillas encabezadas por algunos eslóganes que a continuación describo: «¡Por la libertad de Camacho y compañeros!», «¡Contra la represión fascista!», «¡Por la amnistía de todos los prisioneros políticos y sociales!», «¡Por las libertades políticas!». Las siguientes actuaciones de protesta fueron de acuerdo con el programa de la Asamblea que preconizaba la consecución de la amnistía general para todos los prisioneros políticos y sociales, la libertad de reunión, asociación y expresión, incluida la sindical, de manifestación, derecho de huelga y la coordinación de acción de todos los pueblos peninsulares en la lucha democrática. Para la Asamblea era necesario que todos los sectores sociales y clases populares se pronunciasen claramente contra estos juicios, lo mismo que había sucedido contra los consejos de guerra de Burgos que hicieron recular en la represión ejercida por el régimen, en busca de una alternativa democrática para todo el pueblo. Por otro lado, la solidaridad internacional jugó también un papel cada vez más importante, pronunciándose claramente los sindicatos, partidos políticos, personalidades, etc., contra estos juicios.

En la reunión de la Permanente se debatieron temas tratados y no aprobados anteriormente, propuestas tan polémicas como la presentada por Unió Democrática de Catalunya (UDC) de reconocer formalmente el régimen de Guinea-Bissau, que se declaró independiente del colonialismo portugués. También se rechazó la táctica sorprendente de Bandera Roja (BR) de presentar candidatos democráticos a las elecciones de concejales municipales, tildada por algunos como «colaboracionismo del régimen» y, para finalizar se decidió convocar para el día 11 de noviembre de 1973, una concentración con los trabajadores del campo y los pescadores, pero antes, tendría que celebrarse la X reunión de la Permanente, el 28 de octubre de 1973.

El 21 de octubre de 1973 se reunieron en Toulouse un grupo de exiliados e inmigrantes catalanes pertenecientes a las Comisiones de Adhesión a la Asamblea de Cataluña, representando a Andorra, Burdeos, Marsella, Toulouse y París. Allí, se distribuyó un comunicado dirigido a la futura II Sesión Plenaria de la Asamblea de Cataluña ratificando los cuatro puntos proclamados en la Asamblea y animándolos a su aplicación y fidelidad al texto, resaltando la capacidad de autocrítica y la inquietud por la presencia y soporte de la Asamblea en los niveles de luchas específicas nacionales, locales y sectoriales que permitieran su potencialidad e intensificación. En el 5º punto del escrito se recomendó la atención a la inmigración, considerando que eran catalanes todos los que vivían y trabajaban en Cataluña con una clara intencionalidad para que dichas masas trabajadoras asumieran el problema nacional y se vinculasen en su solución.

Por otra parte, la Asamblea también hizo gala de cierta autocrítica, lamentándose de la actuación de esta ante el problema de las elecciones municipales, al no dar consignas o explicaciones políticas al pueblo. Finalmente, acabando la reunión se llegó al acuerdo de normalizar los contactos e informaciones con el exterior, ofreciéndose ellos mismos como enlaces ante la República Francesa, adhiriéndose también a los actos del 2º aniversario de la I Sesión de la Asamblea de Cataluña. El documento fue aprobado por los Movimientos de Adhesión a la Asamblea de Cataluña. (M.A.A.C.) y las Comisiones de Francia356.

Viñeta editada en conmemoración de los dos años de lucha de la Asamblea357.

Los 113 detenidos de la Asamblea de Cataluña

El 28 de octubre de 1973 fue un domingo especial para muchos barceloneses, ya que por fin debutaba la estrella del fútbol internacional Johan Cruyff con el F.C. Barcelona ante el Granada. La victoria fue para los locales por 4-0.

Ese mismo día, mientras que en Madrid el jefe del Estado presidía por la mañana el XL aniversario de Falange Española, en la calle Entenza n.º 196 de Barcelona se había convocado la X reunión ordinaria de la CPAC en las dependencias de la iglesia María Medianera de Todas las Gracias.

Al parecer, la Brigada de Investigación Social (BIS) sospechaba de esta reunión, ya que el día antes por la tarde, se habían controlado algunos locales eclesiásticos, entre ellos el convento de la calle Docet de Sarriá, el edificio de Lauria n.º 7 y un local en Hospitalet, efectuando algunas detenciones rutinarias como parte de una práctica habitual. Dos semanas antes, la policía de Tarrasa había asaltado las dependencias parroquiales de la iglesia de San Lorenzo, violando el concordato establecido con la Santa Sede. Al menos eso fue lo que se expuso en una carta enviada por los sacerdotes del sector obrero de Tarrasa al cardenal Narciso Jubany Arnau en relación con la entrada de la policía con cascos y porras en el centro parroquial de San Lorenzo y la detención de cuatro jóvenes junto con la retirada de ocho carnés de identidad358.

Asunción Sallés, miembro de la Comisión Permanente, había llegado aproximadamente a las 9 de la mañana y entre sus recuerdos describía con detalles lo ocurrido:

«En la esquina de la calle había un chico que llevaba la contraseña con la señal de un libro blanco en la mano, ya que si no estuviera, la consigna era pasar de largo. Todos íbamos a escuchar la Encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII como tapadera.»359

El acto comenzó alrededor de las 10 de la mañana, con la presidencia de Vicenç Ligüerre (MSC). A continuación, comenzaron a exponerse diversos temas que tenían relación con la preparación de la II Sesión de la Asamblea de Cataluña prevista para el 7 de noviembre de 1973 y la conmemoración de los dos años exactos de la creación de la Asamblea. Seguidamente se puso a debate la campaña reivindicativa del uso oficial del catalán, el Proceso 1001, el juicio contra los abogados laboralistas Montserrat Avilés y Albert Fina y el pésame oficial a la familia del músico Pau Casals, recientemente fallecido360. La reunión no dio para más, ya que, no por propia voluntad fue interrumpida y disuelta. Miquel Sellarés comentaba que siempre que iba a una de esas reuniones miraba las posibilidades de escaparse: «En la entrada de la sala de reuniones Lluís Marqués había una mesa con un chico sentado y dos radios controlando la BIS y las patrullas». Raimon Obiols, dirigente del MSC, sospechó algo al detectar que unos vendedores de flores situados enfrente daban la imagen de no serlos. No obstante, ninguno de ellos pudo apercibirse del control policial al que estaban sometidos.

Cuando Pere Portabella anunció a los asistentes que estaban rodeados por la policía y que saliesen con tranquilidad, se produjo la inevitable desbandada, aunque en este punto la versión de Raimon Obiols es discrepante con lo dicho anteriormente, indicando que «Se decidió que saliésemos de uno en uno sin prisas y, bajando por la escalera, me encontré con dos policías con pistolas en mano que me invitaron a subir de nuevo a la sala». Sellarés, huyendo en sentido contrario, también fue detenido mientras otros lograban escapar, como el pequeño de los hermanos Colominas, Agustí, que, con 15 años y estudiante de bachillerato, era el más joven de la Asamblea. Sus dos hermanos mayores, Joan Ramon y Lluís, no tuvieron la misma suerte.

A las diez y cuarto de la mañana aproximadamente, la policía, pistola en mano, acordonó la iglesia e hizo acto de presencia mientras se celebraba la Misa. Se trataba de un destacamento formado por la 1ª Compañía de la 41 Bandera Móvil de la Policía Armada a las órdenes del comandante José Mª Martínez Viñado, con hombres del grupo III de la VI Brigada Regional de Investigación Social y sus jefes, los comisarios Julián Gil Mesas y Genuino Nicolás Navales García. La confusión era enorme puesto que las carreras se sucedían desordenadamente, situación que favoreció para que, tras algunos forcejeos, se escaparan una treintena de los allí reunidos. Sin embargo, la mayoría de los participantes optaron por permanecer en la sala donde se encontraban reunidos por lo que fueron presa fácil para la policía, procediéndose a continuación a la detención de todos los asistentes entre empujones y golpes, finalizando el atropello con 113 personas detenidas que representaban a 18 comarcas de Cataluña.

Por otra parte, el rector de la iglesia, Antoni Torner Claramunt, se levantó del confesionario e intentó dialogar con los agentes de la fuerza pública, pidiendo la autorización que establecía la ley referida al artículo XXII del Concordato vigente desde el 19 de octubre de 1953 en la que se impedía la inviolabilidad de los lugares sagrados, respondiendo el comisario de policía Julián Gil Mesas: «Esto, como católico, les dolía que tales cosas ocurrieran, sorprendiendo la buena fe del párroco, pero que cumplían con su sagrado deber al proceder a la detención de los allí reunidos», según atestados que aludían al tema. Mossèn Torner había sido detenido y encarcelado en el Castillo de Montjüic por militantes comunistas durante la Guerra Civil Española por considerarlo desertor; sin embargo, en la posguerra tuvo antecedentes por acciones antifranquistas, entre ellas la celebración del 11 de septiembre de 1966 de una misa por la muerte de los caídos en 1714361.

La mayoría de los asistentes, aunque no habían sido nunca detenidos, denotaban un alto grado de nerviosismo; véase el ejemplo de Josep Ayza, pescador de Vilanova y la Geltrú y representante de La Asamblea del Garraf, más aún cuando le comentaron que podía ser condenado a cinco años de prisión, o la experiencia sufrida en la Jefatura de la Vía Layetana por Xavier Folch, editor en la Editorial Ariel y militante del PSUC, que comentó para tranquilizar a la concurrencia que, por su experiencia, los interrogatorios eran muy suaves.

En las horas siguientes cada uno de los detenidos practicaba como estrategia el engaño a la hora de declarar, tomando como coartada la lectura de la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII como el motivo de la reunión, aunque hubo otros como el escritor Joan Crexell, miembro del colectivo periodístico Avui-Servei d’Informació Catalá, que habló de los ovnis; el músico Carlos Santos hizo mención a Pau Casals y Solé Barberà se refería al fútbol por la imposibilidad de ver a Cruyff. Jordi Carbonell fue amenazado y torturado bajo el método de «la cigüeña», destacando también las alusiones represivas contra su mujer, la filóloga Horténsia Curell, y su hijo. Los funcionarios que firmaron su declaración fueron Rafael Bernabé Méndez y Fernando Mª Delgado Esteban. También fueron agredidos en las dependencias policiales Antonio Gutiérrez Díaz, los hermanos Juan Ramon y Lluís Colominas Companys (hijos de Joan Colominas, médico y poeta), Saturnino Bernal (trabajador de Aiscondel), Joan Josep Armet (PSAN) y Josep Ayza (pescador del barco Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú). Miquel Sellarés estaba más pendiente de que no descubriesen el piso donde se hacía la revista Avui362.

Por la tarde, el resto de la CPAC, reunida en sesión urgente, redactó un comunicado convocando a todos los sectores progresistas y democráticos de Cataluña, incluida la Iglesia, para denunciar la violación armada del recinto religioso, reclamar el derecho de reunión y exigir la libertad de todos los detenidos. La respuesta dentro de las posibilidades fue variopinta; hubo asambleas, paros laborales en Siemens, en la universidad, etc., poniéndose en marcha campañas de tipo económico y de solidaridad para conseguir dinero suficiente para pagar las fianzas de los detenidos.

Dos días después, el diario Tele/eXpres publicó un pequeño artículo sobre los sucesos, anunciando lo siguiente:

«La Jefatura Superior de Policía ha facilitado la siguiente nota: En la mañana del pasado domingo, y en un local anejo a una iglesia de esta localidad, fueron detenidas 113 personas que participaban en una reunión de carácter ilegal. Los detenidos, previas diligencias correspondientes, pasaron a disposición de la autoridad judicial, para dilucidar las responsabilidades a que hubieran podido incurrir.»363

La Vanguardia Española publicó los hechos al final de la página de las esquelas; sin embargo, fue la Agencia France Press la que difundió a todo el mundo la noticia más fiable. En Madrid, el diario Informaciones de carácter más liberal publicó la noticia a través de su corresponsal en Barcelona, Enric Sopena, detenido con anterioridad por difundir la noticia de la constitución de la Asamblea; y un día después, fue el rotativo francés Le Monde el que informó mediante un artículo a dos columnas sobre los hechos.

Carlos Quingles, militante del PSUC conocido como «el Fantasma», fue el encargado de la seguridad de lo que quedaba de la Permanente y fue él, junto con Quico Vila-Abadal, los encargados de buscar un lugar con garantías para reunirse de nuevo. En esa nueva convocatoria asistieron aproximadamente sesenta personas, con cita previa y entrada por un garaje de doble puerta que daba al restaurante «La Font dels Ocellets», donde cenaron. Después se dirigieron a casa de Nuria Pompeia, donde se realizó el acto. Las conclusiones a las que se llegó en el encuentro fueron publicadas por la CPAC, que emitió el siguiente comunicado:

«El domingo día 28, 113 personas de todo Cataluña, obreros, campesinos, maestros, abogados, médicos, ingenieros, aparejadores, licenciados, estudiantes, capellanes, etc., conocidos por su significación y reunidos pacíficamente en la iglesia de Santa María Medianera de Barcelona, fueron detenidos violentamente por la policía que, pistola en mano, penetró en el recinto religioso. Incomunicados en diversas comisarías de Barcelona, rigurosamente interrogados, fueron procesados y acusados de reunión ilegal y pertenecer a la Asamblea. Unas cincuenta personas recibieron a los detenidos en la entrada de los juzgados con aplausos y vivas, efectuándose una detención, Montserrat Almirall, madre del abogado detenido Enric Leira, que fue enviada a la prisión de mujeres.»364

Con este escueto comunicado y con la proclama «¡CATALANS!», la CPAC, reunida en sesión urgente, comunicó a la ciudadanía este importante acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la Asamblea, con la exigencia de la inmediata libertad de todos los detenidos. El documento finalizó con la petición de los cuatro puntos planteados por la Asamblea, haciendo mención especial ante la jerarquía de la Iglesia catalana que, haciendo uso de sus derechos y deberes que le eran propios, debía denunciar la violación armada del recinto religioso, reivindicando el derecho de reunión y exigiendo la libertad de todos los detenidos.

También el movimiento Cristians en Lluita pels Drets Humans publicó el primer día de noviembre un artículo titulado «El Dret de Reunió, conculcat». El documento trataba de los hechos de las 113 detenciones, los derechos humanos violentados expresados en el artículo XX de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se expresaba que toda persona tenía derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica por lo que expresaron la denuncia a la falta de las más elementales libertades. Esta situación, que no implicaba como cristianos a ningún partidismo político, simplemente se hacía eco de las enseñanzas del Concilio Vaticano II que llamaba a instaurar un orden político-jurídico donde quedasen más protegidos los derechos de la persona humana como son el derecho de libre reunión, de libre asociación y el de expresar la propia opinión. Esta organización también denunció la violación del Concordato Iglesia-Estado que garantizaba la inviolabilidad de lugares sagrados, así como las casas y despachos parroquiales y rectorales. Finalmente, el comunicado denunciaba el maltrato de los presos en la Comisaría de Policía, solidarizándose con sus familias365.

Dentro de la propia cárcel Modelo, un grupo numeroso de detenidos en la parroquia Maria Mitjancera, mayoritariamente sindicalistas o simples trabajadores, redactaron un documento dirigido a la ciudadanía en general y a la clase obrera en particular, expresando sus puntos de vista. Decía así:

«(…) No es necesario hacer un examen a fondo para constatar que, desde el fin de la Guerra Civil hasta hoy, la clase obrera y su vanguardia dirigente —CC.OO, UGT, USO— han manifestado un gran heroísmo enfrentándose con el capitalismo monopolista y terrateniente personificados en el régimen fascista de Franco. A pesar de la represión, los trabajadores hemos encontrado las formas de lucha por nuestros derechos sociales y políticos y, en un movimiento cada vez más amplio, coordinado y unido, vamos imponiendo al enemigo nuestras exigencias y reivindicaciones.

La clase obrera lucha, en nuestros centros de trabajo, por las reivindicaciones propias: aumentos de salario, reducción de la jornada de trabajo y del ritmo de explotación, contra los impuestos (IRTP) y contra el pago de la Seguridad Social de nuestro bolsillo, contra el aumento del coste de la vida y la congelación de salarios, por escuelas gratuitas y por viviendas de alquiler reducido, etc.

Ligado a todo esto, planteamos también el derecho de huelga, el sindicato de clase, el derecho de reunión, de expresión y de asociación. O sea, que la lucha de la clase obrera y de su vanguardia organizada tiene como objetivo inmediato la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo y la conquista de las libertades sindicales y políticas. Aquí es donde esta perspectiva inmediata coincide y se identifica con la perspectiva de lucha de la Asamblea, coincidiendo con la nuestra. Y de aquí el gran interés para todos los trabajadores de conocer y defender su programa de acción en nuestro camino hacia la emancipación total como clase.

Hacemos una llamada a todos los trabajadores de Cataluña para que difundan este documento, lo discutan y lo popularicen en todos los centros de trabajo. Hacemos una llamada al movimiento obrero organizado para que defienda e impulse los cuatro puntos del programa de la Asamblea en su nivel más amplio.»366