La transición española

De nuevo, sorprende que, bajo la insistente política de control y censura marcada por el gobierno, este admita bajo una aparente relajación en el control informativo la crítica formulada por el secretario general del PSOE y, por el contrario, sea cerrada a los pocos días la revista satírica El Papus por orden judicial durante cuatro meses.

En el ámbito académico el panorama era desolador. En Madrid, el profesor de economía Ramón Tamames (PCE) continuaba detenido, y los médicos internos y residentes (MIR) seguían en paro. Por otra parte, la Iglesia católica española estaba de luto por el fallecimiento de José Mª Escrivá de Balaguer446, fundador del Opus Dei, y no acabaría el mes sin una nueva desaparición, esta vez la del escritor y disidente Dionisio Ridruejo, víctima de un infarto de miocardio.

Por suerte en nuestro país hay costumbres que no cambian pese a la dificultad de las circunstancias, y ese era el caso de las vacaciones estivales, que en pleno mes de julio representaba el fin del periodo político en la España oficial y el comienzo de un merecido descanso para el gobierno y la Jefatura del Estado. Sin embargo, aquel año iba a ser diferente en muchos aspectos y lleno de acontecimientos que harían cambiar el destino del país definitivamente.

Fue ese verano, inicialmente destinado a la relajación informativa, en el que dio comienzo una carrera interna llena de obstáculos para preparar lo inevitable, la muerte del Generalísimo y el fin de un ciclo en la historia de España. En la calle, como si se intuyera el futuro, la presión de la lucha clandestina era cada vez más acuciante, como si se deseara ver la luz al final de un túnel, de un camino oscuro de casi 40 años que finalizaría en pocos meses, a pesar de que el propio ministro de Información, León Herrera, ante la rumorología insistente, desmintiese la probable sucesión en la Jefatura del Estado.

Todo indicaba que el fin del dictador estaba próximo, tómense como ejemplo el cambio en la forma de reivindicación política y sus preparativos organizativos en previsión de un próximo cambio de régimen. Las juntas, plataformas unitarias y otras organizaciones se multiplicaban por toda España; véanse como ejemplo las Islas Baleares donde se utilizó el concepto de Assemblea de les Illes como así muestra un documento editado en Palma de Mallorca en julio de 1975. La terminología usada para la consecución del derecho del pueblo balear a una auténtica democracia política fue a través del derecho natural a la libre autodeterminación en el marco de una federación democrática de las distintas naciones del Estado español, afirmando que las Islas Baleares constituidas por Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, nacían del derecho de autodeterminación de estas unidades territoriales. En relación con la lengua, tanto la catalana como la castellana serían oficiales y se tendría como tarea primordial la redacción de un proyecto de Estatuto de Autonomía447.

En Cataluña también se intuía un próximo cambio de régimen de tal forma que, en una reunión de la CCFPC, Convergencia Democrática, Esquerra Democrática de Catalunya, PSAN y del Reagrupament Socialista Democràtic se acordó unir esfuerzos con un solo mensaje de cara a la posible negociación con el resto de las fuerzas democráticas del Estado, dejando de lado a los demás socios no nacionalistas de la Asamblea:

«Manifestamos que en toda negociación con el resto de fuerzas democráticas del Estado español y sus nacionalidades de cara al futuro político, la posición catalana será mantenida en los siguientes términos: Será condición no negociable la constitución de un gobierno provisional catalán que en el momento de la constitución de un gobierno provisional democrático a nivel de Estado español, será reconocido, a la vez que serán negociadas sus atribuciones, que como mínimo serán las que configuran el Estatuto de Autonomía de la Generalitat de Cataluña, plebiscitado democráticamente por el pueblo de Cataluña, modificado y aprobado legalmente por las Cortes del Gobierno de la República Española y abolido por una ley franquista en 1939.»448

A simple vista, esta declaración suponía la confirmación de un frente nacionalista mayoritario dentro de la propia Asamblea. Lo que cambió desde entonces fue la estrategia basada en conseguir los objetivos descritos en los párrafos anteriores mediante el esfuerzo movilizador y de lucha de la clase obrera.

El primero de agosto, el diario Tele/eXpres publicó la invitación formulada por Willy Brandt al sevillano Felipe González y a Enrique Mújica para reunirse con él en Alemania, tarea ardua y dificultosa por tener estos retenidos los pasaportes. La noticia pasó desapercibida entre otras más llamativas de carácter internacional, sobre todo las que provenían de Argentina, desestabilizada tras la desaparición del general Juan Domingo Perón. Este, había conseguido la Presidencia de la República Argentina en 1946 hasta 1955 y posteriormente entre 1973 y 1974 y, antes de morir, había delegado la Presidencia en su esposa Maria Estela Martínez de Perón que, tras dos años de nefasto gobierno, tuvo que dimitir acabando el gobierno en manos de una sangrienta dictadura militar. El titular informativo: «Maria Estela ya no va por el despacho, se tomó unas largas vacaciones» indicaba el declive democrático del país449.

Portugal estaba también en el centro de atención informativo con la dimisión el 30 de agosto del primer ministro Vasco Gonçalves, aunque sin duda el conflicto que atraía la máxima atención de los españoles era la disputa por la soberanía del Sahara español entre Marruecos y España. Efectivamente, el primer día de julio de 1975, el Tele/eXpres publicó el acuerdo secreto entre Marruecos y Mauritania para repartirse la colonia española, mientras Rabat cortaba el suministro de frutas y verduras a Ceuta como medida de presión. El día 28 se detectaron diversos conatos de enfrentamientos en la frontera del Sahara con Marruecos, mientras que en el interior del territorio saharaui, el Frente Polisario (FP) realizaba actos terroristas buscando la desestabilización del gobierno colonial. El primero de agosto fue reducida una infiltración del ejército marroquí en la frontera norte del Sahara español, y tres días después, en otro ataque al puesto de Hausa, murió un legionario y otro quedó herido.

Ante estos graves acontecimientos, el jefe del Alto Estado Mayor, general Carlos Fernández Vallespín, realizó una visita relámpago el día 7 a la región, intentando dar una sensación de control y tranquilidad a la ciudadanía española. Por otra parte, el presidente del gobierno intentaba quitar importancia al problema surgido, adoptando una posición ambigua. Con el viaje a Helsinki (Finlandia) para participar en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea, Carlos Arias intentó dar muestras de ello, resaltando sus comentarios sobre «el interés mundial sobre el aperturismo político en España y la posible normalización de relaciones diplomáticas con la URSS»450. Otros titulares de interés informativo señalaban la muerte en atentado el 15 de agosto del líder político de Bangladesh, Mujibur Rahman451 y el fallecimiento del último emperador de Etiopía, Haile Selasie452 a los 83 años, depuesto por un golpe de estado en septiembre del año anterior. Finalmente, y cerrando un mes anormalmente agitado, desapareció uno de los políticos más carismático de la Irlanda independiente, Eamon De Valera453.

En España, el primer día de julio se publicó en el BOE el decreto por el que se regulaba la enseñanza de las lenguas maternas para preescolar y EGB, coincidiendo con la estancia del príncipe de España en Guardia de Tremp (Lérida), donde expresó en catalán «Está molt bó aquest vi», mostrando una actitud positiva ante el bilingüismo deseado por el pueblo catalán, lejos de la línea seguida por su abuelo, muchos años antes. Este acto culminaría el 14 de julio con la visita oficial que realizaron los príncipes a Cataluña, días después de haber finalizado la huelga de trabajadores de la empresa Miniwatt y el paro de los médicos internos residentes (MIR) en el Hospital Clínico de Barcelona. También por esas fechas fue enviado a Pablo VI un comunicado, a través de la Comisión pro-Nóbel Xirinachs, sobre la reconciliación y por la ayuda al padre Xirinachs, refrendada por una manifestación en Vic el 31 de julio.

Mientras tanto, en Madrid había comenzado el llamado «Proceso de los 23» donde se repartían penas de prisión por un total de 110 años por los sucesos ocurridos en las manifestaciones del Ferrol del Caudillo, mientras que, en la calle, once mil trabajadores de la empresa Astano seguían en paro.

El 5 de julio, los diarios recogieron las declaraciones de Ricardo de la Cierva comprobando una vez más el juego de «una de cal y otra de arena» practicado por el gobierno: «Cataluña —decía de la Cierva— está en una situación predemocrática y gracias hay que dar al gobernador civil de que las cosas no fueran tan malas»454. Días después, 11 excondenados a muerte enviaron un telegrama al presidente del gobierno para que fueran retiradas las penas capitales vigentes. Los firmantes del manifiesto eran: Narciso Julián Sanz, Juan Antonio Cuadrado Diago, Jordi Conill Vall, Antonio Campos Crespo, Manuel Moreno Mauricio, Ambrosio Ortega Alonso, Josep Solé i Barberà, Julián Hermoso, Antonio Rosell Oroz, Antonio Conca y Narciso González Rafael. Esta petición fue refrendada por otro telegrama enviado a la Presidencia del Gobierno desde Pax Christi, firmada por Enrique Vidal Ríos y Antonio Tomás Carrión.

De momento, por lo que se ve nada hacía cambiar la estrategia represora del régimen sin inmutarse de lo que pasaba a su alrededor, de tal manera que las detenciones de presuntos terroristas eran noticia en los diarios cada semana, llegando casi a la cotidianidad. Véase como ejemplo las detenciones practicadas a miembros de ETA el 10 de julio, buscando alguna relación con el atentado de Carrero Blanco o las efectuadas al día siguiente a 17 miembros del FRAP.

El mes de agosto entró con la misma tónica represiva que el anterior, siendo esta vez el agraciado el militante de ETA, Julio Pérez Beotegui (Wilson). El día 12 les tocó a tres miembros de la Organització de Lluita Armada (OLLA): José Llamola Camprodón, Margarita Plá Consuegra y Miguel Mulet Nicolau, y el 21 de agosto lo fueron los componentes de un comando mixto de ETA-UPG. No obstante, cabe decir que, en medio de todas estas detenciones, también hubo asesinatos de policías y fuerzas del orden, siendo el más conocido el de Lucio Rodríguez Martín, muy recalcado por el régimen como pretexto a las decisiones posteriores que acabaron con las ejecuciones de algunos de los condenados y con la reclusión de nueve militares pertenecientes a la Unión Militar Democrática (UMD), acusados de sedición. Así mismo, el día 9 comenzó el consejo de guerra contra los miembros de la Organización de Lucha Armada: Pedro Bartrés Ametller, Roberto Safont Sisa, José Ventura Romero-Tajes, Juan Jorge Viñolas Vidal, Ramón Carrión Sanchís, Nuria Ballart Capdevila, Enrique Conde Martínez, Raimundo Solé Sugrañes, Georgina Nicolau Milla y Guillermo García Pons. Sorprendentemente, la noticia de las condenas de estos activistas quedó en un segundo nivel eclipsada por la condena de un servidor de la información. Se trataba del juicio contra el periodista del diario Tele/eXpres, Josep Mª Huertas Clavería (el caso Huertas), que definitivamente fue condenado a dos años de cárcel.

A finales de agosto, con Franco todavía de vacaciones en Galicia, entró en vigor el Decreto Ley contra el Terrorismo, justo un mes después de la conclusión del estado de excepción en Guipúzcoa y Vizcaya. Este nuevo ordenamiento dictaminaba las penas de muerte para los responsables de atentados terroristas que ocasionasen muertes; castigándose también la apología pública, el aplauso o la justificación de terrorismo.

La casualidad o el oportunismo político condujeron a que dos días después, José Antonio Garmendia Artola y Ángel Otaegui, miembros de ETA, fueran condenados a la pena capital.

Pero, en un periodo vacacional tan extenso, no todo fueron noticias relacionadas con la represión ejercida por el régimen a todo tipo de oposición o las acciones terroristas cometidas desde el otro bando, la extrema derecha, que también fueron numerosas. Véanse los atentados contra la librería «El Borinot Ros» o las pintadas hechas en el local de la asociación «Amigos de la ONU» donde habían participado en conferencias políticas Jordi Solé Tura y Pablo Castellano. También hubo otra serie de actividades lúdicas y culturales que aportaron su granito de arena en la lucha reivindicativa sin violencia añadida, como la celebrada el 14 de julio de 1975 en Canet de Mar, conocida como el festival de música de Les Sis Hores de Canet donde participaron los cantantes más populares y grupos musicales de la Nova Canço recordando actuaciones anteriores. Mientras que en 1974 actuaron, Toti Soler, Joan Isaac, Dolors Laffitte, Pere Tàpies, Ovidi Montllor, Pi de la Serra y Lluís Llach; en el año 1975 hubo nuevas incorporaciones, Falsterbo-3, Teresa Rebull, Marina Rosell, La Trinca, Mª del Mar Bonet y Rafael Subirats, repitiendo también algunos del año anterior.

Un mes después, tuvo lugar el Congrés de Cultura Catalana donde los «intelectuales de Montserrat» llamaron a la participación colectiva, según lo aprobado en la reunión del 7 de junio anterior, exponiendo en su comunicado los tres puntos esenciales del mismo. Estos eran:

«Que habiéndose recibido más de quinientas adhesiones de la declaración aprobada en Montserrat, esta se pone a disposición del Secretariado Provisional del Congrés de Cultura Catalana.

Que ha examinado el proyecto de realización del Congrés de Cultura Catalana aprobado por el Secretariado Provisional y considera que es un paso adelante en el sentido de ampliar la representatividad de los organismos del Congrés. Por eso, de acuerdo con el cuarto punto de la declaración de Montserrat acepta participar en la formación de la futura Comisión Permanente con otros sectores populares, culturales y profesionales de todos los países catalanes.

La Comisión quiere recordar, que una de las tasques primordials del Congrés es la recerca de les bases de la propia identitat, y por eso se dirige a todo el pueblo de los países catalanes para que realice el Congrés y lo anima, desde ahora, a todas las iniciativas.»455

Estaba claro que la Comisión de Intelectuales consideraba que el Congreso de Cultura Catalana debía ser el marco idóneo para extender el mensaje de poder recuperar la propia identidad catalana, pero, por otro lado, esta comisión debía continuar ejerciendo su influencia a través de la Asamblea, generando un entorno idóneo, a través del cual, no habría separación entre la pura reivindicación social con la cultural y nacional. Los seis primeros firmantes de lo que se conoció como la Declaració de Montserrat fueron: Joan Miró, Josep Lluís Sert, Antoni Tàpies, Joan Oliver, Salvador Espriu y Raimon.

En septiembre de 1975 dio comienzo un nuevo curso político, calificado por la prensa oficial como otro otoño apático y tranquilo; sin embargo, nada en esos momentos podía ser igual, ya que se acercaban a pasos agigantados los momentos más cruciales para un régimen decadente, aunque todavía con fuerza para dar su último zarpazo.

El día 5, la situación en Vizcaya seguía muy tensa, entre otras cosas por los cinco mil trabajadores que estaban en paro. Sin embargo, como era previsible el silencio informativo fue total, pues la televisión pública, como si nada ocurriera, se dedicaba a entretener a los espectadores con las maniobras realizadas por el mago Uri Géller, que nos dejaba a todos boquiabiertos con la puesta en marcha de relojes y las dobladuras de cucharas, usurpándonos de una realidad no tan agradable y más cercana.

La resolución de los numerosos consejos de guerra continuaba a un ritmo acelerado. Los últimos se celebraron el día 11 de septiembre contra cinco miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP), y el día 20 con la condena del etarra Txiki a la pena capital. El gobierno consideraba esta forma de represión como una salida favorable en su combate contra el terrorismo, por lo que, al menos mientras Franco viviese continuaría en su empeño. Otras detenciones tuvieron como protagonistas a miembros del FRAP, del Partido del Trabajo de España (PTE), del Movimiento Comunista de España (MCE), del Partido Obrero Revolucionario de España (PORE) y de los anarquistas456.

Recordemos como breve recordatorio que el FRAP era un movimiento revolucionario creado en enero de 1971 en París en el que participaron el PCE(m-l), Comités antiimperialistas, Frente Español de Liberación Nacional y Vanguardia Socialista, aunque su constitución oficial fue en París el 24 de noviembre de 1973 siendo Julio Álvarez del Vayo su presidente. Sus puntos programáticos se basaban en la derrota de la dictadura franquista y del imperialismo yanqui, con la idea de establecer una república popular y federativa que respetase los derechos y las minorías nacionales, que nacionalizase los bienes monopolísticos, que desarrollase la reforma agraria, que liquidara el colonialismo español y fundase un ejército del pueblo. Su órgano de prensa fue la revista Acción.

Por su parte, el PTE era la nueva denominación del PCEi desde febrero de 1975 por su ingreso en la Junta Democrática de España. Esta organización posteriormente participó en la Plataforma de Convergencia Democrática y en el CFPC. La dirección a nivel estatal estuvo a cargo de Eladio García Castro, alias «Ramón Lobato». En Cataluña este partido fue muy activo constituyendo la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores (CSUT), proclamándose seguidores del marxismo-leninismo en la línea Mao Tse Tung.

El Movimiento Comunista de España (MCE) tuvo su origen en el Movimiento Comunista Vasco y entre diciembre de 1971 y enero del año siguiente se constituyó en Cataluña por miembros de los llamados «Círculos de Formación de Cuadros», creándose el Moviment Comunista de Catalunya, organización que evolucionó hacia un marxismo-leninismo de tendencia maoísta. Sus publicaciones fueron: Servir al Pueblo, la Veu dels Treballadors, Hacer y Revolta.

Por otro lado, el PORE se fundó en agosto de 1974 fruto de la evolución de la Organización Trotskista como sección española de la Liga Internacional de Reconstrucción de la IV Internacional (LIRCI).

En Barcelona, mientras se materializaba el relevo entre el alcalde saliente, Enrique Massó Vázquez, y el entrante, Joaquín Viola457, la Asamblea y la CCFPC en sendos comunicados publicados en septiembre de 1975 resumían en líneas generales la situación político-social de España en esos momentos:

«El 11 de septiembre, Diada nacional de Cataluña, coincide con una situación política especialmente grave. La Dictadura ha implantado un Estado de excepción que denomina cínicamente “Ley Antiterrorista” con la pretensión de parar la marcha decidida de nuestro pueblo hacia la libertad y de poder asesinar impunemente a los patriotas revolucionarios vascos Garmendia y Otaegui. Es necesario dar una respuesta decidida al régimen y salvar la vida de los compañeros vascos. ¡Basta de penas de muerte! ¡Fuera el decreto terrorista!»458

A tal efecto, la Asamblea convocó una manifestación en la Plaza Cataluña el 11 de septiembre a las ocho de la tarde, mezclando diferentes mensajes favorables a sus tesis: por un lado, la reivindicación identitaria, y por otro, la lucha por las libertades civiles y sociales, encarnadas en aquel momento en la lucha contra la Ley Antiterrorista y la desaparición de la pena de muerte. Pese a la presión policial, más de cinco mil personas se manifestaron por la calle Aribau hacia la Avenida Diagonal con gritos de «¡Salvemos a Garmendia y a Otaegui!», «¡Cataluña con Euzkadi!», «¡Fuera la pena de muerte!»459.

Una semana después también la Iglesia emitió un comunicado de condena del terrorismo y a su vez pidió clemencia para los condenados a muerte. Sin embargo, todos estos esfuerzos fueron en vano ya que ese mismo día fueron condenados a la pena capital: Ramón García Sanz, Manuel Cañaveras de Gracia, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Concepción Tristán Gómez y Mª Jesús Dasca Penelas.

En Europa, tras conocerse la noticia de las condenas, se multiplicaron las manifestaciones de repulsa y se ocupó la Embajada española en Bonn; incluso Pablo VI llamó a la clemencia en España tras deplorar cualquier tipo de gesta criminal:

«Entre aquellos que hoy hieren nuestro corazón pastoral —decía Pablo VI— hay algunos que señalamos a vuestra humana y cristiana sensibilidad; las condenas a muerte de los terroristas de España, de los cuales también nosotros deploramos las gestas criminales, pero que desearíamos redimidos por una justicia que sepa afirmarse magnánimamente en la clemencia.»460

Ante las inminentes ejecuciones, se supo posteriormente que el Papa había pedido tres veces al Caudillo clemencia por la vida de los reos, sin tener éxito en su empeño. A raíz de las protestas hubo multitud de detenciones; entre ellas los de tres supuestos miembros de ETA junto con 35 militantes del PTE y Joven Guardia Roja en Zaragoza y algunas detenciones en Valencia de miembros del FRAP. Por otro lado, en Barcelona, el día 10 fueron detenidos tres militares de la UMD, justo algunos días antes de un atentado de la extrema derecha contra la editorial Ruedo Ibérico en París donde el Grupo Antiterrorismo contra la ETA (ATE) reivindicó el atentado, y para completar la «faena» represiva, el 24 de ese mismo mes, el TOP resolvió sentencia contra 21 miembros del PSUC.

Todo parecía indicar una apuesta del gobierno por controlar la situación a partir de la represión, aunque el resultado fuera contrario a sus deseos, pues no hizo más que provocar la ira de una oposición cada vez más enfrentada con el régimen. En Barcelona se efectuó un encierro simbólico en el Colegio de Abogados como medida de presión y, fuera de nuestras fronteras, el Parlamento Europeo pidió a la CEE que congelase sus relaciones con España, propuesta que fue aceptada el día 2 del mes siguiente. En París hubo diversas manifestaciones, lo mismo que en otras ciudades francesas, incluso se llegó a incendiar una sucursal del Banco Popular Español en la capital francesa. En Dusseldorf tuvo lugar una batalla campal frente a las oficinas de Iberia. En Roma hubo una marcha de protesta contra el gobierno español junto al boicot a la correspondencia española, y en Lisboa se efectuó el saqueo e incendio de la Embajada española. Para finalizar, México pidió la expulsión de España de la ONU.

Sin embargo, nada hizo cambiar la decisión de Franco, pues el 27 de septiembre, cinco de los condenados fueron fusilados. No obstante, el jefe del Estado ejerció la gracia de indulto sobre los otros seis condenados a muerte, conmutándolos a treinta años de prisión.

José Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo fueron ejecutados en Madrid, y los etarras, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui, en Barcelona y en Burgos. El resto de los condenados: José Antonio Garmendia Artola, Vladimiro Fernández Tovar, Manuel Blanco Chivite, Manuel Cañaveras de Gracia, Mª Jesús Dasca y Concepción Tristán fueron indultados.

La presión internacional se hizo asfixiante cuando ocho países llamaron a sus embajadores a consultas como acto de disconformidad con lo ocurrido, respondiendo el gobierno con la convocatoria de una macro manifestación a favor suyo. En efecto, el primero de octubre, ante cerca de un millón de personas, según datos gubernativos, el Generalísimo hizo acto de presencia en su última alocución ante sus seguidores. Entre otras cosas, dijo:

«El pueblo español no es un pueblo muerto al que se le puede engañar (…) Todo obedece a una conspiración masónica izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece.»461

Ese mismo día, el presidente del gobierno, Carlos Arias denunció la injerencia de algunos países en los asuntos internos españoles, comentando que nada le desviaría del compromiso en el empeño de asegurar el imperio de la ley. Estas frases, fuera de contexto frente a lo sucedido en los días anteriores, encontraron fácil comprensión cuando el día después de la concentración multitudinaria fueron asesinados cuatro policías armados: Antonio Fernández Ferreiro, Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro y Miguel Castilla Martín. El día 6, de nuevo tres guardias civiles más cayeron en acto de servicio, llegando la jornada a ser declarada por el gobierno como siniestra.