La transición española

Los años setenta

A finales de diciembre de 1969 se repitió el acostumbrado mensaje navideño del Caudillo a la Nación española. La prensa recogió la noticia bajo el titular «Franco continuará mientras viva», confirmando, de ese modo, el continuismo político del régimen franquista. Solo la novedad en la Presidencia de las Cortes de Alejandro Rodríguez de Valcárcel, sustituyendo a Francisco Herranz, alteró en algo una rutina parlamentaria que ya duraba tres décadas.

La política del nuevo gobierno al finalizar el año no varió en lo esencial pese a que la presión social antifranquista era cada vez más insistente, y fue precisamente con la llegada de 1970 cuando se presentó una nueva oportunidad para la oposición de poner contra las cuerdas a un gobierno que andaba desorientado ante el nuevo reto que se le presentaba.

Una serie de presos políticos iban a ser juzgados y con seguridad condenados por sus actividades en contra del régimen establecido; fue el llamado Proceso de Burgos, y su importancia derivaba de la conmoción producida en los partidos opositores por el escándalo de las penas demandadas en el juicio, hecho que cristalizó los lazos de unión de una oposición que se orientó a partir de aquel momento, contando con una justificación lo suficientemente importante, hacia la unión de los diferentes colectivos políticos de ideologías dispares bajo una misma reivindicación.

En Barcelona, los debates relacionados con el Proceso de Burgos producidos en la Asociación de Amigos de las Naciones Unidas (AONU) en los que participaron numerosos ciudadanos de diversas ideologías, llegaron a tal intensidad que incluso llegó a enviarse en nombre del Consejo Directivo de esta asociación una carta de protesta a la Presidencia del Gobierno y a los Ministerios del Ejército y Justicia en contra de la llamada Causa General contra Euskadi Ta Azkatasuna donde se pedían seis penas de muerte y varias de privación de libertad, todo en contra del estricto respeto a los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de la ONU. Esta acción de protesta no fue la única, pues meses después, el 24 de octubre de 1970, con motivo del día de las Naciones Unidas, la AONU envió de nuevo un documento dirigido a la Presidencia del Gobierno exigiendo la amnistía para presos políticos y sindicales152.

En los primeros días de 1970 el final de la Guerra en Biafra (Nigeria) y la entrada en vigor del Tratado de no-proliferación nuclear firmado por los principales representantes de las grandes potencias mundiales, Alexei Kosiguin153, Richard Nixon, Harold Wilson154, y la plena confrontación de estos con Francia y China, que se negaron a firmarlo, entretenía a buena parte de la ciudadanía española, preocupada más por la política internacional que por la interna, siendo anecdótico que España tampoco firmase el tratado.

La posible entrada de España en el Mercado Común fijaba los esfuerzos del gobierno intentando ofrecer una imagen aperturista, pese a estar llena de obstáculos155 hacia el exterior y de un continuismo represivo en el interior; o sea, nada fuera de lo esperado. Las huelgas laborales y estudiantiles se repetían con constante asiduidad, destacando en aquellos días las realizadas en la cuenca minera asturiana, teniendo a la empresa HUNOSA como protagonista. Esta situación conllevó nuevos procesos represivos y multitud de detenciones. En Cataluña, por ejemplo, se tramitaron el 9 de enero de 1970 nueve condenas a miembros de CC.OO. en Hospitalet de Llobregat y Barcelona, señal inequívoca del incremento represivo, aunque ello no hizo desistir a muchos ciudadanos en su empeño de discrepar contra el régimen desde una forma más sutil. Esta situación vino reflejada en una carta abierta firmada por 143 ciudadanos representantes en su mayoría de la burguesía catalana (ver cuadro), fechada el primer día del año y dirigida al ministro comisario del Plan de Desarrollo, Laureano López Rodó, argumentando su discrepancia sobre la política seguida por el gobierno para poder asumir el ingreso al Mercado Común, criticando la teoría expuesta por el ministro de conseguir una renta per cápita superior a mil dólares por habitante antes de establecer una democracia en nuestro país. A partir de este punto se propuso en el mismo documento el establecimiento de las libertades democráticas para acabar con los restos de una guerra civil y de una ideología anacrónica, incluyendo el reconocimiento del derecho de los trabajadores a tener sus propios sindicatos separados de las asociaciones patronales; el derecho de asociación política que permitiese legalmente la organización de diferentes corrientes de opinión; el derecho a la información revisando la Ley de Prensa; el reconocimiento de las diversas comunidades históricas y culturales que constituían el Estado español, entre las que Cataluña tendría una personalidad bien definida con una lengua propia postergada en escuelas y universidades; y, finalmente, el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a elegir sus propios representantes. Todo en un marco que aclarase la confusión política con proliferación de grupos y de posiciones extremistas.

Listado de firmantes de la carta dirigida a Laureano López Rodó (1-1-1970)

Fuente: AHCONC, «La Asamblea de Cataluña». Carta al Ministre Comisari del Plá de Desenvolupament, Carpeta, 1-1-1970.

La CCFPC, ante los acontecimientos anteriormente expuestos, distribuyó a finales de enero un folleto en defensa de la clase trabajadora, denunciando las huelgas de los mineros asturianos, de los campesinos andaluces y de los trabajadores industriales en Euzkadi y Navarra como ejemplos del profundo desacuerdo existente sobre el bloqueo de salarios y de las devaluaciones monetarias, provocando las consecuentes restricciones financieras y la malversación de fondos públicos que estaba incentivando un nuevo periodo inflacionista156.

Esta situación desembocó en nuevas protestas laborales que se expandieron por todo el territorio nacional a partir de noviembre del mismo año con una marcada estrategia preconcebida por las centrales sindicales en la clandestinidad que estaban encabezadas fundamentalmente por Comisiones Obreras (CC.OO). Estas, a través de los conflictos generados en la tramitación de los convenios colectivos de carácter comarcal, en claro enfrentamiento al deseo de los empresarios favorables al convenio de carácter provincial, fueron incrementando la inestabilidad laboral de lo que fue un claro ejemplo la comarca del Baix Llobregat en Cataluña157.

Los primeros años setenta fueron testigos de un incipiente movimiento popular donde la reivindicación de los derechos nacionales con los laborales se entremezclaba en torno al antifranquismo, siendo estos movimientos respaldados incluso por los inmigrantes cuyas raíces culturales provenían de otras regiones españolas. Estos inmigrantes, la mayoría provenientes del mundo rural, llegaban a Cataluña inmersos en un mundo nada familiar donde la única referencia era un pariente o un paisano del pueblo que se había establecido anteriormente. De esta forma, poco a poco, fueron estableciéndose principalmente en Barcelona y en su cinturón industrial, llegando a principios de los años setenta a sumar casi la mitad de la población catalana. Muchos de ellos se establecieron en poblados de chabolas construidos deprisa y mal en los suburbios de la capital y en zonas baldías de la ciudad; estos rápidamente dieron paso a bloques de viviendas de bajo precio adquiridos con el pago de una entrada que absorbía todos los ahorros158.

También el mundo de la enseñanza estaba en pleno debate sobre el polémico sistema educativo inscrito dentro del llamado «libro blanco» de la educación, sumándose además una fuerte y continua represión ejercida por las fuerzas del orden. Los estudiantes, apoyados por el sector más progresista del profesorado y diversos sectores profesionales e intelectuales, protagonizaron a través de la acción reivindicativa la lucha por las libertades civiles y democráticas, siendo la Assemblea Permanent d’Intelectuals un claro ejemplo de ello. El trimestre universitario que comenzó en octubre de 1969 estuvo marcado por una lucha importante encabezada por la huelga de treinta mil estudiantes de Comercio de toda España. Estas acciones contribuyeron a la unidad entre los estudiantes y obreros, que se consolidaron en manifestaciones conjuntas como la del día 23 de diciembre de 1969 en Barcelona, donde se puso de manifiesto el carácter represivo del régimen intentando parar la huelga incluso con amenazas de pérdida de matrícula y de curso para el alumnado; no obstante, ni siquiera el nombramiento como rector de la UB de Fabián Estapé, hombre de veleidades opositoras en tiempos pasados, pudo influir sobre el movimiento universitario.

En abril de 1970, la CCFPC, en franca sintonía con el movimiento estudiantil, distribuyó un folleto sobre la lengua y la cultura catalana teniendo como referencia la Ley de Educación, afirmando la precariedad de la situación cultural y lingüística después de treinta años de reducción y ahogamiento del desarrollo cultural desde el franquismo159.

Aunque el sector primario también reaccionó al descontento general, en realidad fueron los trabajadores de la industria y servicios —por su capacidad de lucha— los que se enfrentaron como un movimiento solidario a la represión política ejercida desde el poder. Era notorio que las últimas decisiones de aperturismo hacia el poliasociacionismo promulgado por el régimen estaba destinado al fracaso, sobre todo si tomamos como ejemplo la disolución de asociaciones de acción política, denominación impuesta por el ministro secretario general del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda, a las asociaciones políticas según proyecto presentado en mayo de 1970. Sin embargo, aunque no se especificaba en que se basaba dicha acción, esta estaría bajo el control de un delegado nacional para la acción política dependiendo del Consejo Nacional del Movimiento por lo que, con esta nueva tentativa, el asociacionismo seguiría bloqueado poniendo en entredicho la viabilidad del nuevo proyecto político y social160.

La CCFPC, en sintonía con la problemática social y aprovechando el impulso reivindicativo de la clase obrera, repartió un comunicado a finales de agosto de 1970 haciendo referencia a la Diada Nacional del 11 de septiembre, declarando esos días como jornadas de lucha por las libertades nacionales de Cataluña y reclamando el retorno de la soberanía al pueblo para que este, democráticamente, pudiera orientar libremente su futuro unido al restablecimiento de la democracia en el España161. El 3 de noviembre de 1970, en las jornadas de protestas y huelgas por la amnistía, se reforzó de nuevo la idea de movilizarse en contra del consejo de guerra realizado en Burgos donde se habían dictado penas de muerte contra varios militantes de ETA.

Por otro lado, era desalentador que los medios de comunicación legales, o sea, los controlados y censurados en su mayoría, hicieran caso omiso de la importancia de los hechos de actualidad reivindicativa, publicando pequeñas notas informativas y poniendo en grandes titulares temas más cotidianos como las declaraciones del asesino de Sharon Tate, Charles Manson, que acaparaba los titulares de la información internacional, o el caso Matesa que, aun siendo un tema familiar, seguía en auge. Este era el contrasentido de la triste realidad de una sociedad manipulada por un régimen totalitario que poco a poco dejaba en evidencia su debilidad.

152. FRC, AJR, «Associació de Amics de les Nacions Unides. Correspondencia», Carpeta 64/4, 1-1-1970.

153. Kosygin, Aleksej Nicolaevic. Presidente del Consejo de ministros de la URSS (1964-69).

154. Primer ministro de Gran Bretaña (1964-70) y (1974-76).

155. El propio Sicco Mansholt, vicepresidente de la Comisión Ejecutiva del Mercado Común era contrario por reservas de tipo político al ingreso de España en la Comunidad. Tele/eXpres, 2-2-70.

156. FRC, AJR, «Comissió Permanent de Forces Polítiques de Catalunya. Al Poble de Catalunya», Carpeta 104/9, 24-01-1970.

157. BALFOUR, Sebastián, La dictadura, los trabajadores y la ciudad: el movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988), Valencia, Ed. Alfonso el Magnánimo, 1994, p. 171.

158. ABELLA, Rafael, La vida cotidiana en España bajo el régimen de Franco, Barcelona, 1985, p. 223. BALFOUR, Sebastián, op. cit., pp.160-167.

159. FRC, AJR, «Comissió Permanent de Forces Polítiques de Catalunya», Carpeta 104/10, 1-4-1970. También ver Treball, enero de 1970.

160. MARÍN, José Mª, op. cit., p. 190. El diario YA proponía una solución para resolver el «problema del siglo». Tenía tres dimensiones: gobiernos independientes de las Cortes, asociaciones políticas dentro del Movimiento y una cámara legislativa que fiscalice, en Tele/eXpres, 2-3-1970.

161. FRC, AJR, «Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya. Al pueblo de Cataluña», Carpeta 104/13, 30-08-1970.

El encierro de Montserrat. Diciembre de 1970

En diciembre de 1970 concluyó el llamado Proceso de Burgos, juicios sumarísimos efectuados contra militantes de ETA acusados del asesinato, en agosto de 1968, del jefe de la Brigada de Investigación Social de la Policía de San Sebastián, Melitón Manzanas. De los diez y seis encausados, seis lo fueron bajo pena de muerte, encontrándose entre los restantes dos sacerdotes. Las repercusiones políticas y sociales tanto a nivel nacional como internacional sobre este proceso representaron para buena parte de la ciudadanía española una clara apuesta desde el poder para demostrar la intransigencia del gobierno ante las protestas de una parte insumisa de la sociedad.

En Cataluña, el PSUC, como partido mejor organizado, tomó la iniciativa de lucha ante estos acontecimientos, proponiendo como presión mediática un encierro simbólico en la catedral de Barcelona; sin embargo, al no tener permiso del Arzobispado, se buscaron otras alternativas.

El 3 de noviembre de 1970, un mes antes del inicio de los juicios de Burgos, aconteció una jornada de paro y protesta generalizada por iniciativa de CC.OO., exigiendo la libertad de los etarras que iban a ser juzgados. Tras varias interpretaciones, la revista Treball calificó la jornada como un éxito, a pesar de que los medios oficiales calculasen que el paro afectó solo a 5.816 trabajadores y que se concentró en ciudades como Lérida, Mataró y Tarrasa, y más concretamente en las empresas Pirelli, Seat, Siemens, Unidad Hermética y Agroman.

Sin duda, a principios de 1970 el sindicato CC.OO. acumulaba casi todo el protagonismo en la lucha obrera, ya que la influencia de la UGT en Cataluña era insignificante debido a su oposición a la entrada clandestina de sus delegados sindicales en la organización Sindical Española (OSE), como así lo hicieron las CC.OO. De esta forma, como parte de la amplia alianza antifranquista que los comunistas esperaban constituir, en noviembre de 1971, las CC.OO. catalanas jugarían un papel importante en la fundación de un movimiento popular a favor de los derechos nacionales de Cataluña, la Asamblea de Cataluña162.

Las protestas estudiantiles en las facultades universitarias catalanas también tuvieron su protagonismo, destacando la de Medicina en la UAB, instalada en el Hospital San Pablo, lugar donde el filósofo y catedrático Manuel Sacristán, que había sido expulsado de la Universidad en 1966163, expuso en un mitin su visión sobre los acontecimientos.

En Euzkadi, la indignación contra el gobierno se generalizó desde distintos frentes, tomando la iniciativa los trabajadores, los estudiantes universitarios y la Iglesia católica, esta última a través del obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, que, junto al administrador apostólico de Bilbao, solicitaron el 21 de noviembre a Franco y su gobierno el cambio a los tribunales ordinarios de los consejos de guerra sumarísimos. Mientras tanto, las huelgas en todo el país se habían generalizado, hablándose de treinta mil manifestantes a principios de diciembre. También en Cataluña se registraron manifestaciones los días, 30 de noviembre y 3, 10 y 17 de diciembre. Esto obligó al gobierno a decretar el estado de excepción en Guipúzcoa, extendiéndose la misma situación diez días después a todo el territorio nacional.

Como era de esperar, esta situación tan propicia fue aprovechada por la Comisión Coordinadora, que ya desde el día 26 de noviembre había convocado una concentración en la plaza de Cataluña de Barcelona para el día 30, a las ocho de la tarde, en defensa de la vida de los detenidos de ETA. En dicha concentración se repartieron octavillas donde se repetían frases como: «¡Contra el franquismo-Opus Deísmo!», «¡Acabemos con la violencia de los tribunales especiales!», «¡Amnistía… Por las libertades democráticas, por los derechos nacionales de Euzkadi, Galicia y Cataluña!»164.

Las sesiones del juicio que se desarrollaba en Burgos comenzaron bajo una fuerte presión mediática tanto desde el exterior como del interior del país, incluyendo acciones terroristas provocadas por la propia ETA-V Asamblea. Véase como ejemplo el secuestro perpetrado por ETA sobre el cónsul de la República Federal Alemana en el País Vasco, Eugen Behil, y que acabó con su liberación el día de Navidad tras un fuerte rechazo de la opinión pública en general y de algunos militantes de ETA-VI Asamblea que consideraron el acto terrorista como un error.