La derrota de lo épico

El análisis del jefe de Falange de Lugo acaba con la conclusión de que esta situación se debía a «una tenaz incomprensión general». En la provincia de Pontevedra se insiste en que la población rural «apenas sigue las incidencias de la guerra», pero

en cambio atribuye la carencia de algunos artículos de primera necesidad, pero en un sentido derrotista y mal intencionado como suponer que la falta de aceite y trigo es porque se exporta a Alemania e Italia. Estos rumores son diseminados por elementos contrarios a la actual situación y no simpatizantes con el Partido...25

Lo que está claro es que, como expone Francisco Sevillano (2000), la Segunda Guerra Mundial dio lugar a una intensa politización de los sectores más concienciados de la sociedad, pero más allá de esto, añadimos nosotros, supuso un revulsivo para el conjunto de la población. No estamos hablando de un interés general por las cuestiones políticas, sino de la movilización y aprovechamiento de informaciones contradictorias y de los bulos extendidos por grupos opositores que demuestran cierto grado de independencia con respecto al ascendente de lo establecido por el poder. Oficialmente, el rural gallego era un espacio en comunión con las directrices dadas desde el sistema, un espacio en el que no había lugar para la existencia de una opinión popular que no fuera totalmente seguidora de los preceptos de Falange, un espacio, en fin, donde no tendría cabida la intranquilidad debida a un comportamiento no afín.

La Segunda Guerra Mundial vino a demostrar que la sociedad rural no era apática, que era permeable a la labor de los grupos opositores y que no era favorable a las potencias del Eje, rompiendo así con la publicitada «comunidad nacional». Insultos cada vez menos escondidos, comentarios sobre «arreglar las cuentas» realizados por familias de represaliados, rumores tramposos sobre la situación de la guerra expandidos a conciencia, multas más duras por escuchar la radio, etc., dejan entrever que la «calma», siempre aducida por las autoridades locales, no era total. Como diría P. Morgan, existe un comportamiento que, si bien no se puede tildar de descontento político para con el régimen, denota «distancia psicológica» (Morgan, 1999: 163) con respecto a las disposiciones oficiales.

Los vaivenes de la contienda mundial aparecen como un elemento destacable en la redacción de los partes de Falange. «Es indudable que la evolución de la guerra en los últimos días tiene repercusiones favorables en el sentido de imponer silencio a los desafectos y decidir a muchos indecisos a medida que la Victoria se perfila más claramente», se advierte cuando la confrontación parece franca para el Eje.26 Cuando la marcha de la guerra no invita al optimismo para su bando, el régimen comienza a preocuparse por el rebrote del «peligro comunista» interior. Por ello, y como también ha constatado Alfonso Lazo (1998) para la zona sevillana de Aljarafe, en 1943 vuelve a demandarse a las autoridades locales de Falange un mayor control de los vencidos. Debían redoblarse los esfuerzos para controlar la situación: enviar una relación de todos los que habían pertenecido al Partido Comunista, de los relacionados con el Socorro Rojo, de los familiares de los represaliados, de los antiguos dirigentes de Frente Popular e incluso de aquellos que tuviesen algún familiar en el extranjero. Basta seguir los partes de Falange en los que se refleja la opinión popular de la Galicia rural entre los años 1443 y 1945 para darse cuenta de la efervescencia que la perspectiva de la pérdida de la contienda por parte de Alemania supuso tanto en la oposición, con una guerrilla que reactivó sus actividades, como en la resistencia civil.

En un informe sobre la provincia de Lugo de enero de 1943 se hace referencia explícita a que la población del rural, a través de bulos, rumores y comentarios, muestra una mayor confianza en la victoria de los aliados dado el resultado del cerco de Stalingrado. Un mes después se reconoce que si bien «ha decrecido el bulo insidioso que tiene su germen en los focos de elementos contrarios al Régimen, no por eso debe omitirse consignar que dichos elementos ven con satisfacción cualquier fracaso de carácter político-militar sufrido por las potencias del Eje, en la esperanza de que estos determinarán la victoria de las potencias democráticas y, por ende, la instauración en España de un orden político por ellos deseado». «Se nota la labor de zapa que con bulos y comentarios realizan los activos izquierdistas que aún tienen su última esperanza en la victoria de los aliados de la que pueden sacar como fruto la devolución a España de los jefes del Frente Popular», indicaba un informe del delegado de Falange en el Ayuntamiento lucense de Valadouro. En la misma línea, en enero de 1945 se reconoce que «el ambiente está impresionado por la marcha de la Guerra Mundial (...) los éxitos militares de la URSS tienen repercusión en grupos de intelectualismo rojo que considerándose ya dentro de posiciones más fuertes abandonan su peculiar cobertura realizando comentarios poco favorables...».27

La incertidumbre causada por la cambiante situación internacional afectó no solo a los antifranquistas, sino también a los apoyos del régimen e hizo avanzar el proceso de desfascistización.28 En A Coruña el jefe provincial de Falange recibe en marzo de 1945 la consigna de realizar actos conmemorativos que demostraran el éxito del encuadramiento del partido y su hondo calado social. Como se entendía que estas movilizaciones forzosas causaban el desánimo de los «desafectos», tenían una doble virtualidad, como demostración de adhesión y como pieza del aparato represor, en lo que se consideraba «un momento delicado».29

Así pues, los años de más preocupación con respecto a la opinión popular son los que van de 1945 a 1948, en línea con la derrota fascista, que suscita expectativas fuera y dentro de España, y coincidiendo con los años de lucha más intensa por parte de la guerrilla y el «rearme» de las secciones clandestinas de los partidos políticos de izquierdas. Como ha señalado Abel Paz (1982), durante 1945 y 1946 la CNT consiguió niveles de militancia notables en Galicia, igual que en Canarias, Alicante y Murcia, a la vez que recuperaba su «fuerte» en Barcelona.30 Con respecto a la lucha armada, no se trata de que la debilidad del régimen estuviera provocada por la intensidad de las actuaciones de la guerrilla, sino al revés. Fue el esfuerzo de la guerrilla el que pudo redoblarse a causa de ese «momento delicado» que atravesaba el régimen y porque entre la población calaban con más facilidad los rumores y comentarios sobre la posibilidad de que el sistema político pudiera cambiar.

El desenlace del conflicto bélico mundial provocó que la oposición al franquismo pasara de estar esperanzada e ilusionada en la rápida intervención en España de las democracias europeas vencedoras, a caer en una profunda decepción y desmoralización. Los antifranquistas, la oposición, como demuestran las memorias de Manuel Pillado, marinero de San Cibrao (municipio lucense de Cervo) y activo miembro del PCE antes y después de la Guerra Civil, tenían en el panorama internacional una vara de medir su potencialidad:

... la situación no variaba, pero la ilusión de tiempos mejores no faltaba. Habíamos perdido la guerra pero confiaba en que el fascismo español caería, con el alemán y con el italiano. Nunca pensé que el Eje pudiera ganar la guerra (...) después de que Alemania había conquistado media Europa, ya no las tenía todas conmigo (...) mis expectativas agonizaban al tiempo que los nazis avanzaban (Pillado, 2002: 229).

Lo mismo ocurría con el Partido Galeguista. Las memorias de sus líderes, Ramón Piñeiro y Manuel García Barros, dejan constancia del desaliento que invadió las filas de la oposición galleguista al franquismo:

... así pasaron más de dos años, sin esperanza, hasta que en el otoño de 1942 el Mariscal Montgomery derrotó el África Keops, y con los italianos en el norte de África, y la guerra pareció cambiar de signo (...) En ese momento llegamos a la conclusión de que la guerra aun podía durar mucho tiempo, pero que los alemanes, durara lo que durara, ya no la ganarían. Entonces fue cuando empezamos a pensar que la derrota de Alemania supondría también la derrota de Franco y ese hecho nos obligaba a prepararnos. Esas eran las cosas que comentábamos de aquella los galeguistas, pero sin elaborar planes de ningún tipo, especulando solamente con lo que nos podía deparar el futuro (Piñeiro, 2002: 62).

Me encuentro un poco desalentado con lo que sucede; creía que con la victoria de los aliados quedaría el mundo libre de la peste fascista, pero, por lo que voy viendo España no es del mundo. Tenía ciertas esperanzas en Francia y acabo de escuchar que iba a venir una representación a Madrid para concretar un tratado comercial. Por otro lado Churchill dice que hay que evitar el triunfo de las izquierdas en las elecciones inglesas porque eso le abriría la puerta al comunismo. Veo que no puede fiarse uno de nadie (Garrido, 1995).

En lo que respecta a la oposición y a la resistencia, la Segunda Guerra Mundial supuso un hito. Dio pie al auge de ambas expresiones mientras las esperanzas de victoria aliada y de intervención en España se mantuvieron. Pero concluyó con una tragedia para ambas, ya no solo por la actitud no beligerante y adaptativa de los aliados ante el franquismo, sino por el triunfo que para el régimen, sobre todo para la figura de Franco, supuso la no intervención española. Las ansias de paz de la población eran superiores a cualquier otra consideración y la publicística realizada por el régimen para explicar su neutralidad con una decisión acertada de Franco funcionó como un foco generador de consentimiento en ciertos sectores de la sociedad y, por tanto, como elemento minimizador de la resistencia civil.

2. El papel de las autoridades locales en la resistencia

En lo relativo a la fortaleza o debilidad del poder, también se debe tener en cuenta todas aquellas formas de resistencia localizadas, es decir, las protestas que se insertan en la lógica resultante de medidas políticas tomadas en el ámbito local. Las actitudes de alcaldes y concejales e incluso de autoridades locales de Falange o de los curas párrocos son decisivas en el surgimiento y la condición de las actitudes de resistencia.31 La alianza entre la población y alguna autoridad no solo permite desencadenar una forma de protesta de manera más sencilla, sino que disminuye el riesgo de ulterior represión. Es, por ejemplo, un aspecto decisivo para la realización de los motines, que nunca se habrían llevado a cabo de no contar con algún grado de certeza por parte de los participantes con respecto a que alguna autoridad local los apoyase o fuese lo suficientemente débil para no poder imponer las multas y condenas que la legislación preveía para esos graves incidentes. El ejemplo más esclarecedor ocurre en el motín de Tordoia, en A Coruña. En él, la interpretación de la reglamentación de la Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo (SNT) sobre la entrega obligatoria de cupo realizada por el alcalde, que el propio gobernador civil define como «torcida», y el papel de los alcaldes pedáneos, apoyando a los vecinos en la realización del tumulto, son cruciales.32 También podemos traer a colación casos en que las autoridades locales deciden no tramitar multas, es decir, no cooperan con el Estado en la sanción de acciones o actitudes de resistencia civil, o dejan que estas se desarrollen sin poner medios para abortarlas. El alcalde de Palas de Rei, por ejemplo, no impidió una manifestación de protesta de los vecinos contra el repartimiento que alcanzó la propia casa consistorial, actuación que le valió el cese por su «notoria incapacidad».33 En Castro de Rei, la negativa de los vecinos a participar en trabajos obligatorios se vio favorecida por la actuación del alcalde, José María Pillado, ya que, como se denuncia en un informe de la policía gubernativa, en la prestación personal para el arreglo de los caminos vecinales fueron denunciados por el capataz varios vecinos que no asistieron a dichas obras, pero «el alcalde no tramitó la denuncia ni impuso sanción alguna».34

De encubrimiento también podríamos tildar la actitud de los alcaldes de los municipios coruñeses de Padrón y Val do Dubra en 1944. Ambos decidieron no iniciar diligencias contra varios individuos de sus ayuntamientos que infringían la ley de pesca fluvial, lo que les granjeó una queja por parte de dicho organismo ante el Gobierno Civil de A Coruña.35 También en relación con la pesca ilegal podemos mencionar el papel de la Hermandad del ayuntamiento pontevedrés de Cerdedo, que intercede con motivo de unas sanciones que el Servicio Nacional de Pesca Fluvial había puesto a varios vecinos. En este caso, la intervención se debía a la necesidad de la institución por hacerse popular entre sus encuadrados y, de hecho, admite explícitamente que «la cuestión pudo ser resuelta satisfactoriamente, con gran contento de los agricultores-ganaderos interesados, que vieron en la práctica los beneficios que les reporta estar encuadrados en la Organización Sindical Agraria».36 Otra ruptura de su papel como correa de transmisión de órdenes superiores y primer ente sancionador fue la protagonizada por el alcalde del Ayuntamiento de Ortigueira al autorizar a los vecinos a realizar libremente matanzas de cerdos en el invierno de 1942, por lo que la Fiscalía Superior de Tasas le abrió expediente.37

Los miembros del clero parroquial se revelan también en ocasiones como «protectores» de los descontentos de los fieles de sus parroquias, evidenciando cierta solidaridad. Esta puede ser medida en la mayoría de las ocasiones en clave de defensa de sus propios intereses. Acciones como encabezar las cartas de queja contra la repoblación de los montes vecinales, en las parroquias en las que ejercían su labor pastoral, eran relativamente usuales. Eduardo Rico (1999) ha documentado varios casos. En el municipio de Baralla los párrocos de las aldeas de Guimarei, Constantín, S. Xoán de Arroxo, Sobrada do Picato, Pacios y Vilachambre fueron los firmantes únicos de la petición de descatalogación de los montes vecinales de dichas parroquias para evitar la reforestación. Un caso parecido fue el ocurrido en el municipio de Castroverde, donde el cura de Montecubeiro personalizó el descontento de los vecinos de sus curatos. El protagonismo de los párrocos en ocasiones es compartido con otras autoridades de las mismas parroquias, como eran los alcaldes pedáneos. En O Saviñao, por ejemplo, ambas autoridades firmaron en las cartas de protesta de dos parroquias. Otras veces los curas optaron por comportarse como un vecino más y firmar entre el conjunto de los solicitantes de la no repoblación forestal. Eso ocurrió en parroquias como la de Viduedo, en O Incio; en la de Folgoso, en O Corgo, y en las parroquias de Chave y Reiriz, en O Saviñao.

A la vista de estos y otros episodios semejantes podemos concluir que las autoridades locales jugaron un papel de primer orden en las protestas que se desencadenaron durante las primeras décadas del franquismo. Eran la «bisagra» del régimen en el rural y operaron sopesando su doble papel, el de autoridades y el de vecinos. En ocasiones eran los intereses y solidaridades locales los que tuvieron más peso en sus actuaciones frente al apoyo y seguidismo al régimen. La posibilidad de controlar y gestionar los recursos en un periodo en el que eran sumamente escasos les daba un papel predominante y los hacía meros agentes reproductores de la «cadena de mando» superior en tanto que deudores del favor de sus cargos. Pero su condición de vecinos, con intereses privados coincidentes en muchas ocasiones con el resto de la comunidad, los convertía no en transmisores del poder central sino en los primeros moldeadores y negociadores de órdenes superiores. Que primara una u otra condición, la de autoridad o la de vecino, desbarataba o alentaba las formas de resistencia cotidiana, las camuflaba o las hacía innecesarias al colaborar en la mejora de la situación. Al referirnos a esa condición de vecino no tratamos solo de subrayar sus intereses similares al resto de la comunidad local, sino de evidenciar que en muchas ocasiones, al entender que su posición dominante así lo requería, se mostraban prestos a apoyar las reclamaciones de su comunidad. Sentir que su posición estaba segura y, en cierta medida, se respetaba era lo que generalmente movía a las autoridades locales a revelarse más proclives a dar traslado tal cual a medidas políticas superiores o a adaptar, transformar o incluso transgredirlas.

Para el Estado Novo portugués, Dulce Freire (2000) ha estudiado cómo las élites locales y las autoridades portuguesas criticaron públicamente en los años treinta la medida salazarista de introducir el corporativismo en el sector vitivinícola, concretamente contra la acción de la Federaçâo de Vinicultores do Centro e Sul de Portugal. Según esta autora, el descontento general de la población de las zonas afectadas fue usado por los representantes del poder local como arma de presión contra el poder central, pero esto en ningún momento supuso una incompatibilidad con su adhesión al Partido Único luso –Uniâo Nacional– ni con su devoción al régimen salazarista. En el estudio general que la propia autora realizó, junto con Inés Fonseca y Paula Godinho, se verifica que, frecuentemente, en asuntos como la repoblación forestal o la construcción de embalses, ante la amenaza que el poder central infundía en los intereses de las autoridades de esas localidades y élites sociales comprometidas con el régimen salazarista, estos no defienden propuestas que coinciden con lo establecido en Lisboa, sino aquellas que «menos perjudicam a terra que os viu nascer», aunque estas «estejam em clara contradiçâo com o bem da Naçâo» (Fonseca, Freire e Godinho, 1997). Para Galicia no podemos establecer cuál era la postura dominante en el conjunto de las autoridades locales en caso de no sintonía entre sus propios intereses y los designios de la política estatal. De lo que sí podemos dar cuenta es de que aun cuando la «bisagra» se tornaba hacia los intereses locales, igual que en el caso portugués, el límite de su defensa estaba en salirse de lo que podía entenderse que rompía la adhesión y fidelidad exigida por las altas instancias.

Amén de la ayuda de alguna autoridad local, la resistencia civil también aprovechó el rescoldo que daban las relaciones tirantes entre diferentes ámbitos de poder, véase alcaldes y jefes de Falange –evidentemente cuando este puesto no coincidía en la misma persona–, o entre las nuevas autoridades franquistas (hombres nuevos) y los antiguos caciques. La lógica de la defensa de intereses personales parece ser la regla definidora de las confrontaciones que las autoridades mantuvieron entre sí. Los resentimientos y malas relaciones dejaron espacio para que las comunidades evaluaran positivamente los riesgos y costes de la acción, lo que posibilita la operatividad del «marco motivacional» (Klandermans et al., 2000) necesario para articular la protesta. En el caso antes descrito de la manifestación contra el repartimiento en Palas de Rei, la actuación del vecindario y del propio alcalde debe entenderse dentro de una lucha de poderes en la que el cacique de Palas, José Ouro, actúa como contrapoder. La petición de los vecinos de Carballedo al gobernador civil de Lugo para destituir a su alcalde en febrero de 1944, firmada por vecinos y curas de las diferentes parroquias del municipio, en la que lo acusan de ser un mero instrumento de los intereses del cacique Federico Fernández González, también se produjo al amparo de la lucha por el poder que el mencionado alcalde y el jefe de Falange de As Nogais libraban en ese momento.38 Igualmente, en Xove, con la denuncia realizada en agosto de 1951 ante el gobernador civil por parte de algunos vecinos (64 firmantes) contra la posibilidad de que José Rodríguez se hiciera con el cargo de alcalde cuenta con la aquiescencia del secretario del Ayuntamiento y de otros dos comerciantes, evidentemente perjudicados por un posible ascenso de su competidor:

... es público que José Rodríguez, actualmente Jefe Local de FET y segundo teniente de alcalde puede ser designado alcalde (...) tiene la cartería de correos, encargado de teléfonos, tiene un café-bar y una industria de ultramarinos con unos 550 inscritos en las Cartillas de Abastecimientos y también tiene un estanco con vecinos inscritos en las Tarjetas de Fumador. El delegado local de Abastos de Xove ordenó que se repartiera el aceite que el establecimiento de José Rodríguez tuviera en existencia pero, como este era de buena calidad, el mencionado individuo compró género de borras y entregó este malo para el racionamiento de los vecinos, a los cuales no sirvió para nada dada su mala calidad (...) hombre conflictivo siempre metido en juicios (...) multa por escándalo público (...) en el año 1950 en forma caprichosa y vengativa elevó las cuotas de arbitrios y varios contribuyentes de la parroquia de Xove, bajando la suya en 30 pts. (...) ruegan no nombren alcalde a dicho individuo.39

En Trabada es la mala relación entre el secretario del ayuntamiento y el jefe local de Falange la que da cobijo a la actitud no colaboradora de la población en la entrega del cupo de cereal. El primero capitaliza el descontento arropando a la población que, manteniendo su negativa a la entrega varios años, provoca la intervención del gobernador civil, que ordena a las autoridades locales que consigan, por lo menos, el 60% del cupo impuesto. Los labradores mantuvieron su negativa amparados por la acción del secretario hasta que el jefe de Falange propone realizar una nueva recogida de cupo ya «sin su intervención». En ese momento los labradores cumplen con la obligación impuesta, si bien logran una rebaja considerable en el cupo.40 María Jesús Souto (1999: 42-43) también ha señalado cómo detrás del apoyo que los curas de varias parroquias del municipio de Castro de Rei dieron a los vecinos que demandaban un reparto de los comunales en una carta que elevan al gobernador civil, puede apreciarse que su postura es una pugna por el poder entre Falange y los «viejos políticos» de la derecha, más allá de evidenciarse que actúan movidos por el interés económico que los curatos tenían en los montes.

Los conflictos institucionales enfrentaron también a las hermandades con otros organismos estatales encargados de hacer efectiva la política económica de intervención de precios y mercados de productos agrarios y factores de producción vinculados a la agricultura (CGAT, SNT o Fiscalía General de Tasas). Se mantuvieron asimismo tiranteces entre las entidades sindicales agrarias y los ayuntamientos alrededor de la fiscalidad local y de la atribución de determinadas competencias. Estos conflictos y desave-nencias tienen su reflejo en la conflictividad de la población. El posicionamiento de las hermandades con respecto a medidas intervencionistas de la economía en ciertas ocasiones supuso una atenuación de las consecuencias negativas de esta y de las medidas sancionadoras que la resistencia ejercida por la población conllevaría sin su intermediación. Estamos hablando de peticiones de condonaciones de multas por atraso en la entrega de cupo e incluso por la negativa a su entrega y de mostrar desacuerdo con las propuestas de cupo para determinadas campañas. Todo ello provocó en alguna ocasión su significativa revisión a la baja, como ocurrió en 1949, cuando 16 hermandades de Pontevedra manifestaron su desacuerdo con el cupo y forzaron –con la ayuda de los dirigentes de COSA– al jefe provincial del SNT a reducirlo.

Coincidimos con Daniel Lanero (2011) cuando indica que esta conflictividad institucional controlada no planteó nunca un ataque directo al régimen político como tal, sino que muestra las discrepancias entre las diferentes instituciones por la lucha constante por el control de los recursos en un contexto de escasez y por gestionar parcelas de poder político. Pero, aun así, ayudaron a recubrir demandas sociales que consiguieron categoría de conflicto y resistencia civil. Quizá uno de los ejemplos más clarificadores sobre una toma de postura de las hermandades para favorecer las demandas sociales lo tenemos en los amillaramientos. Puntualicemos que estas instituciones sindicales participaron en el conflicto, aprovechando el descontento existente, para hacerse con espacios de poder que hasta ese momento les habían estado vetados y, además, defendían los intereses de muchos de sus cuadros que, en su condición de grandes propietarios y contribuyentes, resultaban perjudicados.