Orígenes sociales de los derechos humanos
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Los grupos paramilitares se refieren a una serie variada y global de fenómenos históricos. Mejor conocidas para los historiadores de Europa en el siglo XX son las milicias paramilitares vinculadas a los movimientos políticos, como el Sturmabteilung o SA, asociada con el Partido Nazi en Alemania.28 Los paramilitares vinculados a fuerzas de seguridad del Estado más que a movimientos políticos incluyeron una diversidad de grupos legales, tales como el Special Task Force en Sri Lanka, y grupos ilegales, como los Tigres de Arkan en Serbia. Académicos y activistas preocupados con la violencia política en América Latina han escrito ampliamente acerca de los grupos paramilitares legales e ilegales dedicados a la contrainsurgencia. Grupos legales han sido formados bajo la supervisión del Estado en El Salvador (Organización Democrática Nacionalista) y en Guatemala (Patrullas de Autodefensa Civil), así como en Colombia (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada).29 Grupos ilegales han incluido a los llamados ‘escuadrones de la muerte’ que operan dentro de la estructura militar en Chile (Caravana de la Muerte), en Argentina (Alianza Anticomunista Argentina) y en Perú (Grupo Colina), al igual que en Colombia (Alianza Americana Anticomunista).30 Grupos ilegales capaces de llevar a cabo operaciones militares a gran escala también han sido establecidos en tiempos de guerra, notoriamente en Colombia (Autodefensas Unidas de Colombia).
Los primeros grupos paramilitares modernos colombianos fueron creados por las autoridades regionales en los años cincuenta durante La Violencia y estaban aliados o bien con el Partido Conservador o con el Partido Liberal. Durante el intervalo entre La Violencia y el período más reciente de conflicto armado, continuaron existiendo grupos tales como los contrachusmas, aliados con el Partido Conservador y que efectuaban operaciones de limpieza política, así como asesinatos por venganza.31 La segunda oleada de grupos paramilitares colombianos apareció en los años setenta como ‘escuadrones de la muerte’ organizados por los militares colombianos.32 Estos eran pequeñas unidades dedicadas primordialmente a la tortura y a la ejecución extrajudicial. La siguiente oleada de grupos paramilitares apareció a principios de los años ochenta fundados por traficantes de drogas y élites rurales en el sur del Magdalena Medio. Grupos como Muerte a Secuestradores y otros similares respaldados por Pablo Escobar estaban integrados por cientos de hombres en armas, incluyendo a soldados en servicio activo.
Las organizaciones paramilitares presentes en la región del Magdalena Medio cumplen dos propósitos estrechamente interrelacionados: la contrainsurgencia y el tráfico de drogas. Han tratado de lograr estas metas gemelas atacando a individuos y comunidades bajo la sospecha de ayudar y simpatizar con las guerrillas, así como otros que eran percibidos como opositores a sus intereses en una región dada. Con el fin de hacer avanzar sus metas, los grupos paramilitares han practicado por largo tiempo varios medios de control político, económico y social violento. Ejemplos de ataques paramilitares incluyen asesinatos individuales y masivos, al igual que amenazas de muerte, torturas, desplazamiento forzoso y desaparición, a menudo dirigidos contra activistas de los movimientos sociales y líderes comunitarios, incluyendo a funcionarios, clérigos y maestros, entre otros. Desde los años ochenta, los líderes paramilitares en la región han encontrado aliados dispuestos entre los mandos militares que comparten su aversión a las guerrillas. Los grupos paramilitares que trabajaban con los militares competían con las guerrillas por el control del territorio y las rutas de tráfico comercial usadas para fines legales e ilegales, incluyendo, pero sin limitarse, a la producción y a la exportación de cocaína. Sin embargo, los paramilitares y las guerrillas solo en raras ocasiones se enfrentaron en combate abierto. En lugar de ello, el conflicto entre los paramilitares y las fuerzas guerrilleras tuvo como resultado una oleada de víctimas civiles. Investigadores del gobierno colombiano han calculado que el 81 % de los 220 000 muertos en el conflicto armado de Colombia entre 1958 y 2012 fueron civiles. De los pocos soldados, paramilitares y guerrilleros que han muerto, la mayoría fueron asesinados fuera de combate.33
Históricamente, el estado legal de los grupos paramilitares ha sido ambiguo. En 1987, el manual militar colombiano Reglamentos para el combate de contrainsurgencia alentaba a organizar unidades paramilitares o “comités de autodefensa”.34 Ese mismo año, el periódico El Tiempo contabilizó ocho grupos paramilitares que afirmaban tener una presencia nacional, así como más de cien ejemplos regionales, incluyendo nueve en el Magdalena Medio.35 En 1989, el gobierno colombiano declaró ilegales a todos los grupos paramilitares, pero, para ese entonces, ya era demasiado tarde para recuperar el poder cedido a terceros en la lucha de contrainsurgencia.36 En 1994, el gobierno del presidente César Gaviria usó su poder y declaró la emergencia a fin de permitir una vez más la constitución legal de grupos paramilitares para “proteger la seguridad ciudadana”.37 El estatus de estos grupos fue revocado tres años más tarde en respuesta a las reclamaciones de derechos humanos, pero muchas de las llamadas cooperativas de seguridad (Convivir) siguieron funcionando ilegalmente. Para 1997, redes paramilitares de diversa procedencia y de distintas regiones del país, algunas originadas a finales de los años setenta, se habían unido bajo una organización nacional conocida como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los académicos colombianos han desarrollado diversas maneras de categorizar a los paramilitares dependiendo de sus historias específicas, fuentes de financiamiento, estructura de comando, ideología, relación con el Estado o nivel de influencia.38 El caso de Barrancabermeja demuestra la importancia de distinguir entre los grupos paramilitares, por un lado, y las acciones paramilitares llevadas a cabo directamente por fuerzas de seguridad del Estado, por el otro.39 De hecho, las fuerzas de seguridad del Estado usaron tácticas paramilitares en Barrancabermeja y el Magdalena Medio de manera más flagrante que en regiones del país donde los líderes de las AUC proclamaron su autonomía. En decenas de denuncias publicadas por grupos de derechos humanos en Barranca, quienes perpetraron actos de violencia e intimidación son mencionados como presuntos paramilitares. La razón de esto es sencilla. En la mayoría de los casos, los autores no se ponen en evidencia. Incluso cuando supuestos grupos de ‘autodefensa’, como el MAS o las AUC, asumen la responsabilidad de sus actos, los defensores de derechos humanos en Barrancabermeja tienen sumo cuidado de creer lo que ellos dicen. Hacerlo sería aceptar una coartada a la violencia patrocinada por el Estado. El paramilitarismo en Colombia ha sido asociado correctamente con operaciones de contrainsurgencia en zonas rurales de frontera donde la presencia del gobierno civil y los movimientos sociales ha sido históricamente débil.40 El impulso inicial de organizar grupos paramilitares en el Magdalena Medio provino de los vínculos de la contrainsurgencia de traficantes de drogas, terratenientes y comandos de las fuerzas armadas.41 El punto más importante en términos de la distinción en Barranca es, sin embargo, el alcance hasta el cual las fuerzas de seguridad nacional llevaron a cabo directamente ataques clandestinos sobre objetivos no militares en un esfuerzo por suprimir los movimientos sociales fuertes en la ciudad. Desde los años ochenta, los trabajadores de derechos humanos urbanos han prestado una atención importante a las operaciones encubiertas por las fuerzas de seguridad. Tal como se verá, dichas operaciones incluyeron una red secreta de asesinos empleada por la Armada colombiana en los años noventa. No fue sino hasta finales del año 2001 que las autollamadas autodefensas llegaron a proclamar tener una presencia permanente en Barranca.
Mapa 4. Región del Magdalena Medio, incluyendo topografía, ríos importantes, municipios seleccionados y sitios de actividad guerrillera y paramilitar. Circa 1997
Fuente: elaborado por John Harmon.
Un nuevo paradigma de protesta social
Los ‘derechos humanos’ son históricamente ideas, prácticas y normas contingentes derivadas de experiencias vividas de autoritarismo, guerra, pobreza y exclusión. Este estudio se enfoca primero y principalmente en los derechos como un paradigma de protesta. He centrado mi atención en el repertorio de acciones usadas por activistas de derechos humanos en Barrancabermeja. Las fuerzas específicas de resistencia organizada a la violencia política surgida en los años ochenta en Barrancabermeja representaron un cambio significativo en cuanto al énfasis para los movimientos populares locales que se habían unido alrededor de reclamos en pro de la justicia social. En ese tiempo, los activistas colombianos llamaron la atención sobre la violencia estatal endémica y modificaron las conversaciones sobre Colombia en las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y dentro de círculos políticos en Washington, D.C., de la “guerra contra las drogas” a los derechos humanos.42 Este giro fue facilitado por la participación de los activistas colombianos en redes no gubernamentales transnacionales ya establecidas.43 De esta manera, la historia de Barrancabermeja está estrechamente relacionada con los movimientos globales en pro de los derechos humanos que aunaron su voz en toda América Latina durante finales de la Guerra Fría. No obstante, el modus operandi de la movilización popular con respecto a los asuntos locales siguió dominando a la capital petrolera de Colombia, desafiando la noción de que los activistas de derechos humanos eran principalmente de orientación transnacional. A diferencia de los abogados que trabajaban en Bogotá, los defensores de derechos humanos con sede en Barranca estaban profundamente involucrados en procesos locales de transformación, incluyendo la política local y el desarrollo económico de base comunitaria. Incluso cuando los activistas en Barranca participaron en debates nacionales y transnacionales en cuanto al impacto del conflicto colombiano sobre las poblaciones civiles y la guerra de las drogas patrocinada por Estados Unidos, los proyectos previos en busca del cambio social continuaron, al igual que lo hicieron las modalidades más importantes de protesta popular, incluyendo la organización de paros cívicos. Tal como se verá, los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja estaban involucrados en una política de múltiples escalas. Ellos posicionaron al fuerte movimiento cívico de la ciudad dentro de procesos más amplios. Los activistas de derechos humanos en Barranca en los años ochenta estaban inmersos en una lucha para proteger físicamente a la población civil. Al mismo tiempo, se hicieron intentos de vincular este urgente propósito a un análisis de la economía política de la ciudad y la región circundante.
En esta obra se presenta un estudio detallado del movimiento de los derechos humanos comunitario. Apoyado en el trabajo de académicos colombianos que privilegian las fuentes locales, puedo demostrar las maneras en que los derechos humanos se producen socialmente.44 El activismo académico sobre la violencia y los derechos humanos en Colombia data del período inmediatamente posterior a La Violencia. Generaciones de científicos sociales e historiadores han sido llamadas a servir para tratar de explicar los devastadores y extraordinariamente complejos ciclos de conflicto social y político del país. Publicado en 1962 por investigadores afiliados a la Universidad Nacional, La violencia en Colombia fue el primer estudio integral del fenómeno de la violencia y sigue siendo un texto fundamental para el movimiento de los derechos humanos en este país.45 A principios de los años sesenta, cuando los académicos colombianos comenzaron a ver las complejidades de la violencia política, emplearon nuevos métodos de investigación que desafiaron la narrativa oficial de una guerra civil en la que se enfrentaron los conservadores contra los liberales. Los detalles obtenidos mediante grabaciones a nivel de parroquias en este estudio demuestran la importancia del conocimiento local para entender la violencia y los derechos humanos. La mayoría de los análisis más incisivos de la violencia en Colombia en los años siguientes provendrían de organizaciones no gubernamentales, como el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, cuya primera obra, El libro negro de la represión, se publicó en 1974.46 El Centro de Investigación y Educación Popular en Bogotá y el Instituto Popular de Capacitación en Medellín, así como otros, seguirían produciendo importantes estudios críticos de derechos humanos. Uno de los textos más significativos publicados durante los cada vez más violentos años ochenta fue la obra comisionada por el gobierno Colombia: violencia y democracia. Publicada en 1987 bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, este informe analizó no solo el conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, sino las experiencias diarias de violencia de millones de colombianos comunes y corrientes.47 Otro estudio emblemático publicado por una comisión financiada por el gobierno fue Pacificar la paz: lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz, publicado en 1992.48 Entre el año 2005 y 2012, el Grupo de Memoria Histórica publicó docenas de casos de estudio detallados, así como un reporte final titulado ¡Basta ya! Cabe destacar que los investigadores del Grupo de Memoria Histórica hicieron amplio uso de los registros creados por organizaciones no gubernamentales. Desde que se creó en 2011, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha publicado decenas de monografías sobre la violencia en Colombia, basándose en su mayoría en el trabajo de los defensores de derechos de primera línea, así como en entrevistas con las víctimas. Todos estos son esfuerzos académicos para entender el conflicto colombiano a través del vector de los derechos humanos.
Durante un período de casi veinte años, comenzando a finales de los años ochenta, la atención de los activistas de los movimientos sociales en Barrancabermeja y en toda Colombia fue la defensa de los derechos humanos básicos, definida principalmente, pero no únicamente, en términos del derecho a no ser víctima del abuso y la violencia.49 El activismo de derechos humanos fue una respuesta directa a la escalada de represión política, particularmente a los abusos cometidos por los agentes de seguridad estatal y sus aliados paramilitares en contra de la población civil. La adopción del discurso de derechos humanos por parte de los activistas en Barrancabermeja y en el resto de Colombia marcó el rumbo para la siguiente generación. Los activistas aprenderían a realizar investigaciones en el terreno, a escribir informes, a formular ‘acciones urgentes’, apelaciones, y a emprender el trabajo de abogacía transnacional. La continua movilización de protestas en las calles a favor de los derechos humanos constituyó un vínculo fundamental con la larga historia de protesta popular en Barranca. Gracias a estos esfuerzos, los derechos humanos se convertirían en una importante herramienta para comprender el conflicto colombiano y en una base sobre la cual se disputaría el cambio político. Para 1988, los derechos humanos eran la principal razón de la protesta social en Colombia.50 Entre 1989 y 1994 la cifra de organizaciones de derechos humanos en Colombia se cuadruplicó.51
La expansión del activismo de derechos humanos en toda Colombia engendró importantes debates acerca de las posibilidades y limitaciones de este nuevo paradigma. Varios académicos internacionales han documentado los desacuerdos surgidos entre los activistas colombianos con respecto al significado de derechos humanos. La primera monografía de un académico internacional sobre derechos humanos en Colombia es el libro de la antropóloga Winifred Tate, publicado en 2007.52 La investigación pionera de Tate da una mirada histórica a los discursos de derechos humanos y a las tácticas empleadas por los activistas, así como por los gobiernos, los sistemas judiciales y las fuerzas armadas. Según Tate, cuando los derechos humanos comenzaron a hacer parte del lenguaje de la protesta en Colombia en los años ochenta, los activistas sociales asediados buscaron nombrar las fuentes, los tipos y los impactos de la violencia política a la cual estaban siendo expuestos: “Confrontados con el complejo panorama de la violencia colombiana, los activistas comenzaron a utilizar el marco de los derechos humanos para clasificar los homicidios violentos que anteriormente habían sido considerados violencia partidista o parte de campañas de insurgencia y contrainsurgencia”.53 Al mismo tiempo, afirma Tate, a los activistas colombianos les preocupaba que los derechos humanos representaran una clase de traición a la lucha de clases. El libro de la antropóloga Lesley Gill, publicado en 2016, se centra en las especificidades del caso de Barrancabermeja. Gill observa que la adopción de los derechos humanos por los activistas de Barranca representó para algunos un alejamiento errado de la tradición de radicalismo popular de la ciudad. Más agudamente, ella argumenta que “el activismo de derechos humanos no podría ocuparse de la marginalización económica y la fragmentación social que se profundizó bajo el neoliberalismo”.54 En una entrevista realizada en 2016, Gill afirmó, sencillamente, que “el discurso de los derechos humanos habla de la derrota de la izquierda”.55 Yo afirmo en cambio que los activistas de derechos humanos en Barrancabermeja no se alejaron de las tradiciones anteriores. Los individuos y organizaciones que se unieron a las protestas de derechos humanos en Barranca durante los años ochenta lo hicieron con el fin de defender una diversidad de metas de justicia social y lidiaron con las diferencias políticas e ideológicas, que a menudo fueron exacerbadas por la violencia patrocinada por el Estado. El activismo de derechos humanos no se consideró un sustituto de la justicia social, ni fue concebido como tal. La fragmentación y el debilitamiento del poderoso movimiento cívico popular de la ciudad ocurrieron como resultado de un largo y sostenido período de represión violenta emprendido en nombre de la contrainsurgencia en el cual miles de civiles fueron asesinados.
La presente investigación, publicada inicialmente en el año 2010 como una tesis doctoral y en 2015 como un libro, escrito en inglés, trata de mostrar cómo se desenvolvieron los procesos del movimiento social y formación del Estado en Barrancabermeja en el transcurso del siglo XX. Emprendí este proyecto en el año 2003, en una época de cambio catastrófico en la historia de Barrancabermeja durante la cual los activistas estaban tratando de lograr un acuerdo sobre la reciente toma paramilitar de la ciudad. Yo traté de comprender las condiciones históricas que dieron origen a los derechos humanos a nivel local, porque hasta aquí la historia de los derechos humanos había sido dominada por investigadores de relaciones internacionales. Estas redes de activistas transnacionales que fueron el centro de atención en el trabajo influyente de Margaret Keck y Kathryn Sikkink, Activistas sin fronteras: redes de defensa en política internacional, están, de hecho, compuestas de tres niveles de interacción entre los activistas individuales y los grupos.56 A nivel transnacional, las ONG internacionales bien financiadas trabajan en colaboración con grupos comunitarios vinculados a comunidades religiosas progresistas, comités integrados por refugiados de regiones afectadas por la violencia, sindicalistas, gobiernos y organizaciones internacionales como la Organización de los Estados Americanos. Keck y Sikkink se interesan principalmente en el trabajo de derechos humanos que tiene lugar a este nivel, enfocándose en la capacidad de las redes transnacionales de afectar las relaciones entre los Estados. A nivel nacional, en cambio, Winifred Tate ha examinado las actividades y culturas de las redes de activismo de derechos humanos en Colombia y sus interacciones con las autoridades civiles y militares. Tate ha expandido en forma significativa el modelo propuesto por Keck y Sikkink con el fin de observar las acciones emprendidas por organizaciones no gubernamentales nacionales para impactar la conducta del gobierno colombiano, las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos armados no estatales. En tercer lugar, se encuentra el nivel menos examinado. En este texto se procura observar el alcance y el impacto de las acciones emprendidas por las redes de activistas de derechos humanos a nivel local. Mi enfoque sociohistórico complementa y, a la vez, desafía el trabajo de los académicos que recuentan la historia de los derechos humanos principalmente desde el punto de vista de abogados y legisladores.
En la segunda mitad del siglo XX, los movimientos sociales han impulsado nociones diversas y críticas de derechos humanos a pesar de todas las adversidades. Tal como lo observa Boaventura de Sousa Santos:
En el mundo entero, millones de personas y miles de organizaciones no gubernamentales han estado luchando por los derechos humanos, a menudo corriendo grandes riesgos, en defensa de las clases sociales oprimidas y de los grupos que en muchos casos han sido victimizados por Estados capitalistas autoritarios […] La tarea central de la política emancipatoria de nuestro tiempo, en este campo, consiste en transformar la conceptualización y la práctica de los derechos humanos de un localismo globalizado a una lucha cosmopolita.57
Como lo sugiere De Sousa Santos, ¿es posible tal tipo de transformación? ¿Pueden los movimientos de derechos humanos constituir una forma de globalización progresiva desde abajo? Upendra Baxi nos recuerda que la historia de los movimientos de derechos humanos contemporáneos son “crónicas de contingencia” que deben ser comprendidas dentro de sus contextos locales específicos.58 Él afirma que debemos desarrollar una “teoría social de los derechos humanos” que pueda dar cuenta de la diversidad de respuestas populares a la represión y el sufrimiento. El antropólogo Richard A. Wilson ha llevado este imperativo metodológico más lejos al defender una etnografía de los derechos. Él escribe: “Estudiar la ‘vida social de los derechos humanos’ implicaría centrarse, entre otras cosas, en las dimensiones performativas de los derechos humanos, las dinámicas de la movilización social y los cambios de actitud de los actores sociales de las élites y de los ciudadanos comunes y corrientes con respecto a las formulaciones de ‘derechos’ y ‘justicia’, tanto dentro como fuera del proceso legal”.59 Una manera de emprender este importante proyecto es contar la historia de los derechos humanos desde la perspectiva de activistas de primera línea que buscan confrontar la violencia por medio de la acción directa más que desde la perspectiva de funcionarios de las Naciones Unidas, funcionarios elegidos y jueces responsables de negociar y hacer cumplir normas legales. Al tratar de comprender de mejor forma las circunstancias que dan origen a los movimientos de derechos humanos a nivel local, podemos arrojar luz sobre las maneras específicas en que los derechos humanos se construyen, utilizan y articulan socialmente. Este enfoque también nos permitirá observar de mejor modo los cambios históricos, si los hay, a causa del advenimiento de los derechos humanos a nivel internacional.
La principal meta de este libro es comprender mejor los orígenes sociales de los movimientos de derechos humanos centrando la atención en los resultados del conflicto armado a finales del siglo XX en América Latina. Al escribir la historia de un movimiento de derechos humanos en una zona de conflicto tuve en cuenta tres series de preguntas históricas amplias. La primera serie de preguntas depende de las condiciones sociales, políticas y económicas que, en primer lugar, dan origen a los movimientos de derechos humanos. ¿Cuál es la relación entre las luchas históricas en pro de la justicia social y las luchas contemporáneas en defensa de los derechos humanos? La segunda serie de preguntas gira alrededor de los cambios históricos puestos en movimiento por el advenimiento de los derechos humanos. ¿Los movimientos de derechos humanos crean nuevos canales de participación popular? ¿Fomentan la solidaridad dentro de las comunidades y entre diversos actores sociales y políticos? La tercera serie de preguntas tiene que ver con los problemas particulares que los activistas de derechos humanos encaran en zonas de conflicto. ¿Cómo responden los gobiernos, las fuerzas de seguridad del Estado y los actores armados no estatales al activismo de derechos humanos en contextos de conflicto armado interno? ¿Hasta qué grado pueden los movimientos de derechos humanos mantener su autonomía y efectividad de cara a estas presiones?