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Notas
* Psicóloga, con doctorado en Psicología Social de la Universitat Autònoma de Barcelona (España). Profesora asociada del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá). Correo electrónico: florez.maria@javeriana.edu.co
** Abogada, con doctorado en Derecho del Birkbeck College, University of London (Reino Unido). Profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Correo electrónico: mc.olarteo@uniandes.edu.co
1 Aumentar, dosificar y mantener la potencia son tareas políticas de la filósofa feminista Rossi Braidotti (2009).
2 Al respecto puede revisarse sus dos recientes publicaciones, recogidas bajo el título La economía del cuidado como práctica y Discurso político de mujeres populares, como proceso que sostienen la vida.
3 Múltiples autores han hecho referencia a este cambio en la orientación de los movimientos sociales latinoamericanos con diferentes denominaciones. Estas denotan la proliferación de discusiones acerca del alcance de la noción de territorio y las disputas políticas sobre el significado de lo ecológico, lo ambiental y lo territorial, en contraposición a lecturas reductivas del territorio como un elemento definitorio del Estado. La relevancia de estas discusiones excede los objetivos de este artículo y serán abordadas en otro texto que estamos desarrollando sobre luchas por los comunes en tiempos de transición.
4 Este es el caso, por ejemplo, de la Ley Zidres (Ley 1766 de 2016), que permite la entrega a empresarios agroindustriales de grandes extensiones de baldíos que, en principio, estaban destinados a campesinos sin tierras; también el reciente fallo de la Corte Constitucional (Sentencia SU-095, 2018) que veta las consultas populares locales como mecanismo para decidir sobre la explotación económica del subsuelo.
5 La distinción que establecemos entre colaboración y solidaridad contrasta con la diferencia que el movimiento indígena del Cauca (Colombia) establece entre las figuras de colaboradores y solidarios, la cual es referida por Joanne Rappaport (2006).
6 Con esta premisa radicalizamos el argumento de quienes han insistido desde hace varios años en la capacidad de los movimientos sociales para constituir terrenos cognitivos (Eyerman y Jamison, 1991) o para desplegar prácticas intelectuales extraacadémicas (Mato, 2002); también entramos en sintonía con quienes más recientemente también argumentan que los movimientos sociales producen un conocimiento activista (Escobar, 2008), que hay temas éticos a tratar en esa producción del conocimiento (Chesters, 2012) y que es posible hacer una coproducción situada de conocimiento con ellos (Arribas, 2018).
7 Aquí seguimos a Rossi Braidotti (2009), que, inspirada en Spinoza, establece que una tarea política del sujeto nómade es sostener la propia potencia.
8 Nos referimos a ellos deliberadamente como “productos” para resaltar su creciente fuerza en el capitalismo cognitivo universitario (cfr. Berardi, 2003; Lazzarato, 2004; Galcerán, 2007). De hecho, casi ninguno ha sido reconocido por los sistemas de evaluación de producción intelectual cientificistas; esto, a pesar de que fueron producidos para las organizaciones y, casi siempre, con ellas, y constituyen un referente importante para respaldar sus luchas y las de sus comunidades.
9 Sobre la colaboración entre movimientos y científicos en un marco de “ciencia con la gente” en contextos en los que la incertidumbre y las complejidades éticas son centrales, véase, entre muchos, Conde (2014). Sobre la tensión entre el conocimiento producido localmente y los movimientos, de un lado, y el conocimiento “técnico” o “científico”, por el otro, los estudios críticos de la ciencia y tecnología han contribuido significativamente. Véase, entre otros, Elam y Bertilsson (2003), Fischer (2000) y Hess (2015).
10 Agradecemos esta observación a Margot Pujal (comunicación personal, 2005).
11 Esta reflexión sobre la función organizadora de la academia es de nuestra colega feminista y marxista Amparo Hernández (2015).
12 Algunas activistas de la región del Ariari, la Sabana de Bogotá y nosotras nos encontramos en Londres con activistas de Finlandia y Corea del Sur. Todavía estamos en mora de procesar lo que ese encuentro implicó.
13 Con esa misma organización desarrollamos formaciones sobre despojo de las mujeres, siguiendo a Silvia Federici (2004); el arte de narrarse: trabajo y vida con Flor Edilma Osorio (2019), y acumulación estatal de la riqueza producida por el trabajo de cuidado de las mujeres en los hogares, con Amparo Hernández (2015).
14 Puede seguirse el debate en la revista Nómadas, n.º 20 (Laverde, Rueda, Durán, Zuleta y Valderrama, 2004), n.° 27 (Escobar, 2007), n.° 29 (Jiménez y Rojas, 2008), n.° 36 (Valderrama y Rueda, 2012), n.° 43 (Escobar, 2015) y n.° 50 (Neira y Escobar, 2019).
15 En las universidades hay cursos y textos oficiales sobre ética en la investigación que explicitan el requisito de los consentimientos informados y cuya definición se acerca a su comprensión más estándar del área de la salud relativa a la aceptación por parte de quien padece una enfermedad de someterse a un tratamiento, después de haber recibido una información adecuada sobre las razones para recibirlo y los riesgos que este implica.
16 Estos debates son centrales para la línea de investigación del Instituto Pensar “Saberes: usos y fronteras”; también puede revisarse la producción de Carvalho y Flórez (2014) en torno al proyecto Encuentro de Saberes.
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