Tres ensayos sobre democracia y ciudadanía

Como señala Carlos Blancas, el derecho de sufragio es un derecho individual pero su ejercicio es colectivo; ello supone la existencia de un marco político y jurídico de libertad e igualdad y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Según este autor, hay dos clases de votaciones: las votaciones electivas y las no electivas, estas últimas a través de las vías de la democracia directa, como el referéndum o la revocación de autoridades131. Mientras la votación designa el escrutinio que va a dar lugar a la mayoría, la elección designa a la persona o personas escogidas como representantes. Las modalidades de la democracia directa se materializan mediante votaciones populares, pero no todas tienen la misma razón de ser, ya que, en el referéndum, por ejemplo, puede ser una condición para que un proyecto normativo entre o no en vigor, mientras que el veto persigue que una norma no rija.

3. Ahora bien, hay varios tipos de elecciones, y diversas formas de determinar las limitaciones al sufragio. Pero lo cierto es que la adopción de un determinado sistema electoral tiene una gran importancia en la selección de los representantes y en la composición de las fuerzas políticas en los poderes del Estado; esto es, el sistema electoral tiene influencia decisiva en la conformación de las mayorías que van a gobernar, la protección de las minorías y los procesos de alternancia en el gobierno132. En la democracia, tal como la entendemos, y así está consignado en nuestra Constitución, el sufragio tiene carácter universal e igualitario, le brinda igual oportunidad a todos los partidos y candidatos y cuenta con una autoridad electoral independiente133.

«Es evidente —dice Blancas Bustamante— que la adopción de un determinado sistema lectoral habrá de influir en la gobernabilidad y la representatividad de las fuerzas políticas de cada sociedad y, de esa manera, sobre el carácter democrático de la sociedad y la participación de los ciudadanos»134. En consecuencia, la determinación de los distritos electorales, la adopción del sistema de mayoría relativa, los diversos métodos del sistema proporcional, entre otros muchos otros aspectos vinculados a los sistemas electorales, son materias que hay que tener en cuenta para determinar el carácter y composición de la representación popular. Y han sido justamente las críticas a la forma en que se han llevado a la práctica esas diversas alternativas uno de los argumentos esgrimidos con frecuencia para alentar e implantar como complementarias las diversas modalidades de la democracia directa.

4. Zagrebelsky recuerda las palabras de Antonio Gramsci, cuando dice que el cómputo de los votos no es la expresión del dominio de la mediocridad sino la manifestación final de un proceso de formación de opiniones colectivas en las que todos tienen la capacidad de ejercer su influencia, y que si aquellos que se creían los mejores no consiguen influir en el pueblo y quedan en minoría, deben acusarse a ellos mismos; no es, por tanto, un defecto de la democracia. Y si los que se sorprenden por ese resultado creen que se debe a falta de madurez política, es decir, que el pueblo puede equivocarse, ello no tiene mayor sentido, porque, así como ha podido equivocarse también puede tener razón. Dice Zagrebelsky que «el pueblo y sus decisiones siempre pueden ser puestos en tela de juicio, pero no con la intención de condenarlos (o exaltarlos) sino solamente con la intención de promover el cambio hacia lo mejor»135.

2. MEDIOS, ENCUESTAS, PROPAGANDA Y LOBBYS

1. En el mundo atomizado de nuestros días:

los medios de comunicación proporcionan la coherencia social mínima sin la cual una sociedad no sería pensable. Nuestro sentido de pertenencia a un mismo mundo se lo debemos, en buena medida, a los medios de comunicación … [los que]… han ampliado enormemente las dimensiones de lo común y de lo público, … [aunque]… no es el espacio idealizado en las teorías de la comunicación racional, ni la esfera en la que se delibera sobre asuntos comunes136.

Los medios construyen la realidad, y lo que está en juego no es hallar la verdad, sino cumplir un conjunto de funciones sociales como el entretenimiento. Su velocidad informativa se paga con la redundancia, proporcionando seguridad y claves de orientación moral. La realidad suele ser para nosotros una realidad mediática. El éxito de los medios se encuentra en su capacidad de prefigurar la aceptación social de los temas, una preinterpretación esquemática de éstos. Y es a eso lo que llamamos con frecuencia opinión pública, la que establece el repertorio de asuntos públicos, asegurando una realidad de referencia y pudiendo incluso manipularla, pero no siempre convenciéndonos. Ante ello, los políticos, entonces, observan como son observados, y se produce de tal modo un montaje, una escenificación, que hay que saber manejar.

2. Como es sabido, los medios de comunicación de masas son un instrumento privilegiado para la propaganda política y para la formación de la opinión pública. En tal sentido, su uso resulta indispensable para los partidos políticos y para los grupos de poder137. Han permitido que la circulación de ideologías y puntos de vista plurales puedan ser compartidos rápidamente por un gran número de personas. Es posible afirmar que tanto los gobiernos democráticos como los autocráticos dependen en gran medida de los medios de comunicación social. A ello se agrega la importancia de la concentración y la propiedad cruzada de ellos, que obviamente imponen determinadas ideas o puntos de vista usualmente cercanos a los intereses de sus propietarios. En la mayoría de los países la regulación estatal sobre esas materias es pobre y parcializada138.

Como es obvio, la existencia de un entorno comunicativo adecuado es determinante para que el elector pueda ejercer de manera efectiva sus derechos y optar por una alternativa con propiedad; si no fuera, así el poder del elector sería irrelevante o, lo que es peor, terminaría optando por lo que no conoce bien, generándose desconfianza y frustración. La calidad del entorno discursivo resulta fundamental, porque las preferencias no suelen nacer espontáneamente, ni tampoco en la soledad de su conciencia, pues sin un intercambio discursivo el ciudadano mira, pero en verdad no ve. Tal como afirma Greppi:

al indagar en la microfísica de las voliciones del elector hemos descubierto que las opiniones no se imponen por sí mismas en el vacío neumático de la conciencia, ni la voluntad es una mera reacción ante los estímulos externos, sino que opiniones y voluntades se forman a partir de deseos y razones, a través de múltiples narraciones, casi siempre fragmentarias, elaboradas sobre la marcha y continuamente revisadas, en función de lo que sucede o deja de suceder en cada una de las distintas etapas del proceso político. No podrán, por tanto, ser tomadas como variables independientes y externas al juego democrático139.

Así, pues, sin la confrontación discursiva con los demás es difícil adquirir los elementos de juicio necesarios para elaborar demandas. El malestar político actual tiene por tanto que ver en buena medida con la mala distribución del poder comunicativo. En efecto, la creciente presencia de asesores y de expertos en marketing político ha dado lugar a que los mensajes de los candidatos a representantes tengan un contenido trivial y espectacular, lo que es contrario al diálogo. Los argumentos y la reflexión política han sido relegados, por lo que el espacio utilizado en los medios favorecerá al candidato oportunista y autoritario, el que sin duda se encontrará inclinado a las soluciones plebiscitarias y lejano a la deliberación democrática.

Los partidos políticos han sido, sin duda, afectados por la conducta de los medios de comunicación, y ello ha dado lugar a una relación —nunca explicitada convenientemente— entre comunicación y representación. Esto es fruto de que los medios y sus principales periodistas o presentadores, casi diariamente, se han convertido en auténticos ordenadores de la vida política, avasallando sin recato a quienes no comulguen con sus intereses inmediatos. La presencia excepcional de analistas en la prensa escrita y de algunos comentaristas cultivados intelectualmente en la televisión no altera la verdad del anterior juicio. La deliberación, entendida en su sentido tradicional como un intercambio pausado y ponderado de opiniones discrepantes, está ausente, especialmente en la televisión de señal abierta.

Hay que reconocer que el público consumidor de medios es mayoritariamente anónimo e indiferenciado, y de bajo nivel educativo. Frente a esa realidad, el político debe formular un discurso generalista que logre interesar por su relación con los problemas de corto plazo o con proyectos emotivos de más largo plazo, cuyas herramientas de concreción casi nunca se conocen. Siempre están presentes lo trivial y lo espectacular, y los horarios para menores y adolescentes no se respetan. La selección de la información transmitida no tiene como referente la afirmación democrática. Opina con razón Grompone:

Al final de este proceso se trastoca la idea de representación. Los periodistas que afirman reflejar a la opinión pública, valiéndose con frecuencia de los sondeos como garantía de veracidad, se sitúan frente a legisladores y dirigentes partidarios electos sugiriendo la idea de que en sus preguntas y sus dudas se escuchan las voces de todos y de nadie en particular. Afirman expresar lo que se encuentra ‘en ambiente’, lo que se sabe, lo que el público se pregunta140.

Como es obvio, en ese juego la representación política tiene poco que hacer, porque debilita la inclinación natural a asociarse para proyectar con mesura un proyecto político de envergadura; y, como la realidad enseña, salen usualmente como ganadores los oportunistas y los autoritarios.

3. En el Perú, como en otros países de la región:

los medios de comunicación se consideran como un dominio legítimo de la economía privada; las empresas privadas buscan, en primera línea, obtener beneficios económicos y, solo en segundo lugar, llevar a cabo un servicio a la comunidad, o, en el mejor de los casos, camuflan su deseo de obtener beneficios en forma de ‘servicio público’. La propaganda política es una mercancía puesta a la venta de aquellos que quieran y sean capaces de pagarla. La propaganda se ha convertido en un objeto legítimo de comercio, y los medios de comunicación sirven a aquellos que están dispuestos a pagar el precio más alto141.

Pero esta mala conducta de los medios, contraria a lo que dispone el artículo 14, in fine, de nuestra Constitución sobre la colaboración que deben brindar en la educación y en la formación moral y cultural de los ciudadanos, no puede hacernos olvidar que en una democracia no es aceptable la censura y, por lo tanto, toda regulación debe cuidarse de no impedir el ejercicio de las libertades básicas de información y de expresión, más aún cuando está comprobado que, con todos sus defectos y limitaciones, los medios de comunicación libres son siempre mejores que los controlados por el Estado.

Ahora bien, en esta materia el poder de los anunciantes —pues los medios viven de la publicidad y de la propaganda— se ha incrementado muchísimo durante las últimas décadas, y ellos apoyan a aquellos partidos que protegen sus intereses. Algunos países —sin duda, la excepción— han podido superar esta situación mediante la autorregulación y medios plurales de propiedad estatal. Como tendremos ocasión de ver, la importancia de las nuevas tecnologías y de las redes ha menguado en cierta medida el poder de los medios de comunicación de masas tradicionales.

4. Pero hay que advertir que la proliferación de aparatos tecnológicos privados ha hecho que la ciudadanía, cada vez en mayor número, se informe a través de las redes sociales y no suela recordar las fuentes de esa información, con lo que éstas pierden relevancia y autoridad, y se aplanan las necesarias jerarquías, de modo tal que un trabajo o investigación serio tiene la misma legitimidad que una noticia cualquiera. Ello empobrece los espacios de discusión y de entendimientos públicos. De ahí surge esta continua proliferación de fake news que escapan de todo tipo de regulación y no dan cuentas a nadie, eludiendo las exigencias de verificación. Como señala Blas:

en menos de 25 años hemos pasado de la utopía del internet libertario de los años 90 y la primera década del nuevo siglo a una red privatizada y diseñada como escaparate comercial para beneficiar los intereses de un puñado de grandes tecnológicos. Sistemas expresamente diseñados para lucrar con la llamada “economía de la atención” a través de una selección sesgada que intencionalmente apela a los extremos del discurso político142.

De esta forma, la celebrada desintermediación de la información se ha convertido en una esfera pública intervenida, más centralizada que nunca, un capitalismo de vigilancia, antítesis de un espacio de entendimiento colectivo llamado espacio público que resulta esencial para sostener el edificio democrático.

5. Es necesario tener presente el uso extenso de las encuestas o sondeos de opinión, un lucrativo negocio vinculado usualmente a los grandes medios de comunicación. Lo primero que hay que decir, más allá de la manipulación que puede efectuarse en el diseño de la encuesta, es que ella constituye una «expresión parcial de la voluntad popular»143, porque los encuestados suelen responder a preguntas diseñadas por un pequeño grupo de expertos, es decir, no son espontáneas. Si bien la única voluntad vinculante es la que se expresa en elecciones abiertas y libres, el momento en que se hace pública una encuesta, en los llamados momentos preelectorales, puede influir en el comportamiento de los votantes y favorecer al partido o al candidato mejor ubicado, o también cuando busca que se concrete un voto no ideológico sino de utilidad. Hacemos aquí mención de las encuestas porque es un procedimiento bastante utilizado como paso previo al uso de las vías o modalidades de la democracia directa.

No olvidemos la llamada encuestocracia, es decir, aquellos gobiernos que se rigen por las opiniones de coyuntura, método también propio de los gobiernos autocráticos, que buscan consolidar una percepción intrínsecamente autoritaria del poder, que no aceptan el debate y que ocultan actos de corrupción, atentatorios contra los derechos humanos. Algunas compañías que realizan encuestas suelen aceptar esos encargos inconvenientes para la vida democrática. Fue principalmente durante la etapa final del Gobierno de Alberto Fujimori (1995-2000) cuando se hizo uso extenso de esas prácticas, como está debidamente probado.

Afirma Zagrebelsky que el sondeo puede ser un instrumento útil y lícito mientras se mantenga en el ámbito privado de la previsión de comportamientos colectivos; pero si se convierte en instrumento de gobierno, altera el debate público. Este autor afirma que «debe rechazarse la ilusión de que puede existir una democracia de sondeos»144, por su falta de transparencia y carácter engañoso, más aún cuando el público de los sondeos, las «muestras», está aislado de los demás, obrando como átomos que no interactúan, no intercambian conocimientos ni opiniones. A un pueblo capaz de iniciativa política —dice— y de hacer escuchar su voz, los sondeos le sobran. Y adicionalmente afirma que para que los individuos lleguen a tener capacidad de ejercer una acción política hacen falta instituciones.

6. Otro elemento fundamental que es preciso considerar es el de los llamados lobbys o grupos de interés, que tienen una participación abierta o indirecta en la vida pública, dependiendo de la regulación pertinente y de la cultura prevaleciente. En la práctica de las democracias occidentales todas las fuerzas sociales de importancia tienen garantizada la libertad para intervenir y competir, y eso constituye un principio de distribución del poder asentado en el derecho fundamental a la libertad de asociación, que se encuentra consignada en los incisos 13 y 17 del artículo 2 de nuestra Constitución. En algunos países y en representación de intereses muy concretos, los grupos de presión, sean de base económica, ideológica o religiosa, han adquirido gran poder, logrando tener clara influencia en los partidos políticos y en la elección de representantes ante el Parlamento o el Poder Ejecutivo, pues no solamente están dirigidos por profesionales capacitados sino cuentan además, en muchos casos, con importantes recursos económicos. Se ha intentado controlar a los lobbys mediante regulaciones específicas, pero con poco éxito. Más bien, como señala Loewenstein, «el público está inclinado a aceptar esta avalancha de propaganda como un signo de una sana democracia pluralista, sin darse cuenta de que todo está montado por unos invisibles detentadores del poder, los poderosos grupos de interés, que se sirven de las más sutiles técnicas del anuncio y de la publicidad»145.

7. No está en cuestión la legitimidad de origen de la representación elegida en comicios libres y limpios, pero sí la llamada legitimidad de ejercicio, esto es, el trabajo y horizonte ideológico de los representantes. Es ahí donde aparece en su dimensión sin límites identificables el concepto de opinión pública, de tanta importancia en la praxis de la democracia contemporánea, porque es indispensable preguntarnos si la opinión pública de nuestros días se origina libre y racionalmente o si lo hace constreñida por los intereses monopólicos que gobiernan los grandes medios de comunicación en una sociedad poco homogénea, fragmentada y de intereses contrapuestos. Porque si fuera de esta manera sería una ficción, pues habrá tantas opiniones como grupos existan e intereses dominantes impuestos.

Como se sabe, el conjunto de información que se pone en circulación viene en gran parte seleccionado, no necesariamente por los hechos que suceden, sino por las conveniencias de los propietarios de los medios y de sus anunciantes, por lo que la idea de que la opinión pública es un legitimador del ejercicio de los políticos queda contradicha por esa práctica146. La lógica del mercado, en ese contexto, deja al margen el propósito de la práctica y de la representación. De esa forma, son los poderes privados los que ponen en cuestión el poder político y los que impiden que la correcta administración del Estado pueda atender el interés general.

3. LA INFLUENCIA CRECIENTE DE LAS REDES

1. En primer término, se debe reconocer que el nuestro es ya un mundo digital, que esto es irreversible y que ya existen «nativos digitales» que desconocen o no utilizan otros medios de comunicación tradicionales. La discusión se centra en de qué manera esa transformación inevitable debe respetar la dignidad de las personas, sus opciones y sensibilidades; en otras palabras, en qué medida puede la razón moral estar por encima de la razón técnica. Y ello significa, entre otros aspectos, la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios.

Como puede apreciarse diariamente, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han cobrado una importancia creciente, así como su impacto en la formación de la opinión pública con acceso a ella. Y a pesar de los excesos y de la falta de argumentación y ponderación que de continuo muestran sus usuarios, no puede ocultarse que es una vía, discutida y cuestionada pero posible, para alcanzar una mayor calidad en el sistema democrático; siempre, claro está, que se trate de una amplia red asociativa.

2. Estamos hablando de redes con auténtica vocación pública y no de aquellas fundadas en el interés privado, por legítimo que éste sea. En esos casos se produce una participación política informal, pues no está institucionalmente regulada; dispersa, porque los contactos están situados simultáneamente en varios lugares; y frecuentemente fragmentada por la variedad de temas tratados desde distintos puntos de vista. Por ahora, no aspira a sustituir a los canales institucionales ni tampoco a tomar decisiones políticas, pero su influencia puede llegar a ser enorme para plantear asuntos de interés general, generar información, controlar y supervisar la actividad de los representantes políticos elegidos por votación popular.

La irrupción de las nuevas tecnologías que facilitan el contacto entre individuos a través de distintos mecanismos ha puesto en debate el tema de la ciudadanía. Sociedades multiculturales como Suiza o los Estados Unidos, en cuya cultura política los principios constitucionales han podido enraizarse sin tener que pasar sobre el origen étnico, lingüístico o cultural, existe un debate sobre el modelo de «identidad» que ha adquirido mucho vigor durante los últimos años y está debilitando el concepto de ciudadanía, central en toda política democrática, porque es un vínculo que une a todos los miembros de una sociedad política al margen de sus características individuales. Contrariamente, modelos tecnológicos de identidad, como Facebook, solo importan a quienes los utilizan, es decir, se trata de afinidades afectivas no democráticas, que han expulsado la palabra «nosotros», precisamente el concepto liberal que hizo posible garantizar la igualdad de derechos. Solo en un estatus compartido podemos dar lugar a un sistema democrático funcional, que trasciende los vínculos de identidad, cuando son estos últimos los que predominan; es entonces difícil hablar de deberes y el Estado se convierte en un obstáculo del que hay que prescindir. Como afirma Mark Lilla, «al socavar el “nosotros” democrático universal sobre el que se puede construir la solidaridad, al instalar el deber y al inspirar la acción, deshace en vez de hacer ciudadanos»147.

Ahora bien, frente a los retos del siglo XXI es preciso que el sistema democrático pueda conservar sus virtudes; por ejemplo, su capacidad para combinar beneficios ciertos y reconocimiento personal148, que es justamente lo que no está ocurriendo, pues mientras las soluciones a los problemas comunes dependen cada vez más —por el desarrollo tecnológico— de la pericia técnica de los expertos (los tecnócratas), las demandas de reconocimiento se diluyen en el individualismo emotivo de las redes. En otras palabras: la experiencia colectiva en la lucha política, esencial para el florecimiento de la democracia, está desapareciendo en parte por la crisis de los partidos políticos que ya no son la correa de transmisión de las demandas populares o de horizontes esperanzadores de largo plazo.

No cabe duda de que la revolución digital y su evolución acelera el proceso que debilita la representación tal como antes se entendía, pues son las multinacionales o gigantes tecnológicos apoyados por determinados gobiernos de las grandes potencias los que brindan las soluciones y alternativas, haciendo creer que su tecnología puede proporcionar reconocimiento en forma generalizada. Enfrentar estos problemas forma parte de la lucha por lograr una renovada y cercana representación. Esa es una de las batallas cívicas que se avecinan.

3. Si bien queda aún mucho por descubrir y cómo regular su práctica, la magnitud sobre el impacto político de las redes es grande, sobre el control o no de sus contenidos, y por el creciente involucramiento en asuntos que rebasan las fronteras nacionales en un proceso que va en paralelo a la globalización que se manifiesta en otras actividades, especialmente las económicas, las financieras y las vinculadas al entretenimiento. Se conocen ya datos preocupantes sobre manipulación y las noticias falsas. Los cambios tecnológicos influyen en los sistemas democráticos, y la utilización de datos personalizados puede cambiar el curso de una elección, sobre todo cuando se trata de poblaciones que hacen uso intenso de las nuevas tecnologías y vuelcan en ellas sus más variadas preferencias, que podrán tener un impacto decisivo en la elección política.

El futuro desarrollo e impacto de las TIC es una materia que es preciso tener presente cuando se diseñe un renovado sistema de representación o un sistema electoral, y también cuando se haga uso de las modalidades de la democracia directa.

128 Blancas, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52, citando a Manuel Aragón Reyes.

129 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2019, p. 66.

130 Przeworski, A. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?, op. cit., p. 21.

131 Blancas Bustamante, C. Derecho electoral peruano, op. cit., pp. 51 y 52.

132 El debate sobre la reforma electoral, que no se ha concretado aún en forma significativa, continúa en el Congreso, los partidos políticos y la Academia. Como ejemplo de numerosos trabajos tenemos Paniagua, V. «Sistema electoral», en La Constitución de 1993. Lima: Comisión Andina de Juristas, Serie Lecturas sobre temas constitucionales N.° 10, 1994; Fernández Segado, F. «Los órganos electorales en el ordenamiento constitucional peruano», en La Constitución de 1993, op. cit.; y Roncagliolo, R. «La reforma del sistema electoral», en Las tareas de la transición democrática. Lima: Comisión Andina de Juristas, 2001.