La seducción del poder

En realidad, unos pocos meses después del inicio de su gestión parlamentaria, cuando Fujimori se fue alejando de los ideales promovidos por Cambio 90 (honradez, tecnología y trabajo) y comenzó a implementar el modelo económico neoliberal que durante su campaña electoral había criticado, se fue haciendo evidente que no todos los parlamentarios vinculados al régimen tenían las mismas motivaciones y las mismas expectativas políticas. Carlos García, debido a su crítica a los vacíos y a las limitaciones de la política social del gobierno, fue marginado del Poder Ejecutivo y no tuvo ninguna función pública. Y los parlamentarios evangélicos que públicamente discreparon con Fujimori, debido a que no acataron la orden dada por el Presidente para que la bancada de Cambio 90 no apoyara la acusación constitucional contra el ex presidente Alan García, fueron también marginados de los círculos oficialistas. Estos parlamentarios evangélicos (Soto, Miranda, Avellaneda, Gabino Vargas, entre otros), al denunciar que Fujimori había traicionado los postulados de Cambio 90, se alejaron de la bancada de este partido para formar la Coordinadora Parlamentaria Independiente. El otro sector (Siura, Barreto, Jiménez, Cárdenas, Bocanegra, etc.), más afín al estilo autoritario de Fujimori, decidió seguir apoyando al régimen. De este grupo, Gilberto Siura se convertiría luego del «autogolpe» de 1992 en uno de los más entusiastas defensores de las decisiones políticas más controvertidas adoptadas por el gobierno de Fujimori y de las leyes inconstitucionales que fueron desmantelando paso a paso la institucionalidad democrática.

Durante la etapa conocida como el fujimorismo, en la que el carácter autoritario del régimen se acentuó notablemente, excepto la presencia política visible de Gilberto Siura, los congresistas evangélicos en el período del ccd de 1992–1995 (Vílchez, Ysisola, Barreto, Chávez) y en el período 1995–2000 (Vílchez, Barreto, Quicaña, Abanto) fueron figuras anónimas y decorativas en el escenario público. Estos congresistas evangélicos, al lado de la mayoría de los otros representantes del partido de gobierno, estuvieron en el Congreso únicamente para respaldar con sus votos la aprobación de las leyes que Fujimori necesitaba para seguir gobernando sin mayores problemas. Su contribución a la vida política, si se tiene en cuenta que las tres tareas básicas de los congresistas son legislar, fiscalizar y representar, fue intrascendente, pues no presentaron proyectos de ley relevantes ni defendieron en esos años la institucionalidad democrática. Pero si trataron de justificar «pragmáticamente», como el caso de Pedro Vílchez, su apoyo incondicional al régimen:

El Presidente es amigo de quienes quieren ser sus amigos[...]. Es más, nunca antes el pueblo evangélico ha gozado de la libertad que tiene ahora, a tal punto que tenemos campañas evangelísticas seguidas, contando con mayores facilidades para que misioneros, predicadores y hasta grupos evangelísticos vengan a apoyar a la iglesia evangélica nacional (La Luz s/f:2. Resaltado nuestro).

O intentaron justificar «teológicamente», como en el caso de Gamaliel Barreto, la práctica autoritaria del régimen fujimorista:

Yo creo que Dios puso a Fujimori en el gobierno del país. El éxito de su gestión no es necesario decirlo, porque se ve. Ahora, como todo ser humano no es perfecto, pero a la iglesia, Dios no nos llama a criticar sino a orar. Oremos, pues, para que Dios trate con Fujimori y lo bendiga (La Luz s/f:1).

Dos de los congresistas evangélicos vinculados al fujimorismo (Vílchez y Abanto), cuando salieron del anonimato, fue para explicar a la opinión pública sus discutibles proyectos de ley. Abanto se hizo «popular» cuando presentó un proyecto de ley el 13 de febrero de 1998 sobre «La prohibición del uso de la minifalda en las instituciones públicas y privadas de concurrencia pública». Este proyecto de ley fue calificado como una huachafería por miembros de la oposición política al régimen (La República 1998:10) y como una ley contra la tentación por el periodismo independiente (Vargas 1998:26). Del congresista Abanto se decía lo siguiente en los medios de comunicación social:

Alejandro Ruperto Abanto Pongo abandonó su perfil bajo, casi anónimo y decorativo, para saltar a la «fama». «El trampolín»: una minifalda. En menos de un día, concedió más de 10 entrevistas, pisó sets de televisión, habló en la radio [...]. Fue el centro de la noticia. O, en otras palabras, fue la vedette de la semana (Vargas 1998:26).

Y de la gestión pública del congresista Vílchez se tenía la siguiente opinión:

¿Quién es Pedro Vílchez Malpica? Se trata de un gris representante oficialista, evangélico, quien casi nunca ha dado una entrevista a la prensa. Entre agosto de 1998 y junio de 1999 sólo dos veces hizo uso de la palabra [...]. En sus siete años de legislador Pedro Vílchez Malpica apenas ha presentado un par de proyectos de ley, ambos en la pasada legislatura (Mendoza 1999:17).

Vílchez se hizo conocido ante la opinión pública nacional cuando el 15 de julio de 1999 presentó un proyecto de ley que pretendía castigar la vagancia con pena de cárcel y trabajos forzados. Proyecto de ley que había sido plagiado de la Ley de Represión de la Vagancia dado en 1924 y derogada en 1986 (Mendoza 1999:17). El proyecto presentado por Vílchez, según un periodista, para nada había tenido en cuenta:

Cifras que tienen que ver mucho con el tema: el medio millón de desempleados del país y los dos millones ochocientos mil subempleados que consiguen un cachuelo cuando la suerte los acompaña. O los casi 10,000 mendigos o indigentes que deambulan por las calles de Lima (Mendoza 1999:17).

A la luz de estos datos, está claro que la gestión pública de congresistas fujimoristas como Abanto y Vílchez fue casi anónima y anecdótica en el escenario político11. A ellos y a los otros congresistas evangélicos (Ysisola, Chávez, Barreto, Quicaña), no se les llegó a conocer por su eficiencia en la función pública o por su defensa de la institucionalidad democrática, sino por ser parte del aparato político del fujimorismo, útil únicamente para respaldar con sus votos las leyes que favorecían la continuidad del régimen o los decretos que erosionaban los pocos espacios democráticos que todavía quedaban en el país. Ellos formaron parte del núcleo de defensores incondicionales del fujimorismo, incluso, dando a entender que su función pública tenía el pleno respaldo de otros evangélicos. En palabras de Ysisola:

Desde 1989 hasta la fecha [...] hemos apoyado a personas que no necesariamente eran evangélicas, el ejemplo más claro lo tenemos en el Presidente Alberto Fujimori, quien sin ser evangélico ha sido apoyado por los evangélicos y en esta reelección se le ha seguido respaldando y así también respaldaremos a cualquier Presidente que gobierne en nuestro país [...] (Congreso Constituyente Democrático 1994c:452).

Estos cinco congresistas evangélicos (Siura, Ysisola, Vílchez, Chávez y Barreto), violando todos los mecanismos internos y todos los procedimientos jurídicos, con sus compañeros de bancada del ccd, promulgaron el 8 de febrero de 1994 la llamada «Ley Cantuta» N.° 26291. Esta ley ilegítima sancionaba que el Fuero Civil no tenía competencia para juzgar a los miembros de las fuerzas del orden acusados de haber desaparecido a nueve estudiantes y a un profesor de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Así que, transgrediendo todos los dispositivos legales vigentes, este caso de flagrante violación del Derecho a la Vida fue trasladado al Fuero Privativo Militar, incluso, conociendo ellos que el ciudadano evangélico Juan Mallea, había sido acusado públicamente por diversos personajes del gobierno —entre ellos Fujimori— de ser el autor de los croquis de Cieneguilla que permitieron ubicar el lugar en el cual habían sido enterrados clandestinamente los cuerpos de los estudiantes y del profesor asesinados por el Grupo Colina12.

A diferencia de la gestión pública casi anónima y hasta decorativa de la mayoría de los congresistas evangélicos que fueron parte del aparato legislativo fujimorista, durante el período 1992–2000, la presencia política de Gilberto Siura sí fue bastante singular. Así, por ejemplo, durante el Debate Constitucional de 1993, Siura defendió públicamente el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992. Éstas fueron sus palabras:

Yo anuncio, desde aquí: voy a elaborar un proyecto de ley para que el 5 de abril de todos los años, se declare el día de la defensa nacional, porque eso fue lo que sucedió a partir del 5 de abril de 1992, el Perú, la historia del Perú, cambió definitivamente (Congreso Constituyente Democrático 1998:1608).

Meses después, durante su intervención en la sesión del 21 de setiembre de 1994 en el ccd, dijo lo siguiente sobre este hecho que quebró el orden constitucional:

El 5 de abril, señores de la Mayoría y de la minoría, pasará a la historia como un día de beneficio para el país. Es un hito en la historia del Perú, donde empieza la reconstrucción nacional, y quiera Dios que ésta no se detenga (Congreso Constituyente Democrático 1994a:760).

Tres años después nuevamente reiteró su punto de vista sobre el «autogolpe» de 1992 denominando a ese hecho como el glorioso 5 de abril (Congreso de la República 1997a:8139). Pero Siura fue mucho más allá. Él fue el personaje que el fujimorismo instrumentó para defender las leyes más controvertidas que se promulgaron en esos años. Conocido por los periodistas como el inefable Siura (Caretas 1994a:12), siendo miembro de la Comisión de Constitución del ccd, fue utilizado por el fujimorismo para que en el debate sobre la legislación electoral dentro de esa Comisión, con su voto a favor, se apruebara que los comicios de 1995 fueran dirigidos por el Jurado Nacional de Elecciones y no se insistiera en el complicado sistema electoral establecido por la nueva Constitución de 1993 (La República 1994a:12). Sin embargo, como los periodistas independientes conocían el apoyo incondicional que le daba al gobierno, expresaron sus sospechas sobre la inusual actitud «independiente» de Siura:

Hay dos elementos que relativizan esta victoria. En primer lugar, la confabulación del congresista Carlos Torres con Gilberto Siura —a quien hizo votar con la oposición para luego demostrar su «disconformidad» con el resultado— y, en segundo lugar, las propias palabras del padre del adefesio constitucional [...] aclarando que «sería el pleno» el que tendría la palabra final en este asunto (La República 1994a:12).

Otro periodista hizo este comentario:

Lo que llamó la atención fue que la propuesta presentada por el legislador Róger Cáceres, haya sido patrocinada por el progobiernista Enrique Chirinos y apoyada por Gilberto Siura [...]. Sabiendo lo cazurro que es Chirinos y conociendo que Siura no se atrevería, ni por un momento, a salirse del libreto oficialista, es que muchos se han preocupado por tratar de adivinar la jugada del gobierno (La República 1994b:4. Resaltado nuestro).

Y se preguntaba: Oficialista Siura, ¿qué se trae entre manos con su reforma de la Carta Magna en materia electoral? (La República 1994b:4). Sobre este mismo asunto, un congresista de oposición que opinaba que en el Perú de Fujimori ser malpensado era la única manera de pensar bien (Pease 1994:18), hizo el siguiente comentario en la columna semanal que publicaba en el diario La República: «[...] el oficialista que súbitamente se puso concertador con la minoría, nada menos que Gilberto Siura, dijo algunas palabras finales (dentro de la Comisión de Constitución) que me hacen sospechar que hay gato encerrado[...]» (Pease 1994:18).

Siura defendió también públicamente a los miembros de las fuerzas del orden acusados de transgredir las normas constitucionales, como a los miembros del Ejercito señalados como autores de violación de Derechos Humanos mundialmente conocidos, como el caso de la matanza de los nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta el 18 de julio de 1992. Hecho que explica por qué el Concilio Nacional Evangélico del Perú (conep), una entidad fundada en 1940 y que representa a más del 85% de la comunidad evangélica, había expresado públicamente su preocupación por la forma tan lenta e ineficaz como venían procediendo las autoridades encargadas de la investigación, precisando además que una actuación de ese tipo creaba un clima de desconfianza entre la ciudadanía (Pronunciamiento Público del conep del 24 de agosto de 1993)13. Siura fue también el autor de la llamada tesis del «autosecuestro», según la cual tanto los estudiantes como el profesor de la Universidad La Cantuta se habían secuestrado a sí mismos. En tal sentido, de acuerdo a la «original» versión dada por Siura, los nueve estudiantes y el profesor no habían sido ni detenidos ni desaparecidos por las fuerzas del orden14. Y públicamente afirmó que las llaves encontradas en las fosas clandestinas de Cieneguilla junto a los cadáveres de los estudiantes, no probaban nada, a pesar de que los familiares de las víctimas identificaron esas llaves como propiedad de sus hijos o hermanos (La República 1993a:3). Según el testimonio de la madre de uno de los estudiantes que fueron desaparecidos: el congresista Siura le dijo en una oportunidad, en tono despreocupado y displicente, que su hijo se encontraba en algún lugar y que ya volvería (La República 1993a:3). Además, cuando la hermana de uno de los estudiantes que habían sido desaparecidos por miembros de las fuerzas del orden le increpó acerca de su cuestionable conducta cristiana, Siura le contestó de una manera bastante peculiar. De acuerdo con el testimonio de la hermana de uno de los estudiantes de la Cantuta:

Una vez Siura nos citó para explicarnos que no firmaría el dictamen de la comisión (del caso La Cantuta) porque eso traería un golpe y, sí eso ocurría, a los primeros a quienes matarían sería a él y a nosotros. Le dije que a él, como evangélico, y a mí, como católica, Dios nos ayudaría si decíamos la verdad, que deberíamos confiar en él. «Estoy hablando del Ejército, de un monstruo que es mas que Dios», fue su respuesta [...] (Instituto de Defensa Legal 1994a:18; Vallejo 1995:9. Resaltado nuestro).

Indudablemente, las palabras de Siura dejan constancia de hasta qué punto la opción política que una persona asume y defiende puede, en cierto momento, oscurecer sus convicciones religiosas y ponerse —incluso— por encima de ellas. Y es que, según la «original» versión de Siura, su «dios» no tenía tanto poder como el poder que tenía el Ejército. Más aún, Siura, en compañía de los congresistas de su bancada, defendería otra de las «estrategias» elaboradas por el gobierno para encubrir la responsabilidad de los miembros del Ejército en el caso de La Cantuta, culpando a Sendero Luminoso de ese hecho. Y meses después pretendió impedir que uno de los Ministros del gobierno compareciera ante la Comisión de Defensa del ccd (Siura era el presidente de la misma) para dar su explicación sobre el caso de La Cantuta. Luego de ese incidente, según una nota periodística:

Siura pretendió un acto de constricción, queriendo hacer ver que sus actitudes anteriores (tesis del autosecuestro de los asesinados, acusación a los periodistas de haber colocado las llaves en las fosas clandestinas, etc.) fueron «producto de un error» [...] insistió en que reconoce que se equivocó [...] porque los restos encontrados están conduciendo a la identificación de los culpables. Dijo que «lamentablemente él no tuvo a su alcance las informaciones que ‘tuvieron otros’» [...] (La República 1993b:3. Resaltado nuestro).

¿Fue todo «producto de un error» y de no tener a «su alcance la información» oportuna como pretendía hacer creer a la opinión pública Siura? No fue así. Ya que en los meses siguientes Siura continuó defendiendo a los culpables de este crimen y de otras violaciones a los derechos humanos. Siura defendió públicamente la llamada Ley de Amnistía N.° 26479, conocida también como la Ley de la Impunidad, que el ccd aprobó en junio de 1995. Una cuestionada Ley que exculpaba de toda responsabilidad a los militares y policías que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos durante los años 1980–199515. Años después, luego de la caída del régimen, se llegaría a conocer que efectivamente Siura y otros congresistas fujimoristas habían encubierto los asesinatos cometidos por miembros de las fuerzas del orden (El Comercio 2001a:A8). Hubo además en esos años la creciente sospecha de que Siura formaba parte del grupo de congresistas fujimoristas instrumentados y digitados por el Servicio Nacional de Inteligencia (sin) para defender al régimen dentro y fuera del Congreso16. Un hecho que se comprobaría cuando años después, ya en un gobierno democrático, una comisión investigadora del Congreso de la República acusaría a Siura y a otros ex parlamentarios fujimoristas de asociación ilícita para delinquir, por haber presentado como suyo un informe elaborado por el sin, en el que se negaba toda participación de miembros del Ejército en el caso La Cantuta (El Comercio 2001c:5). Todo estos hechos, que fueron conocidos luego de la caída del régimen de Fujimori, explican por qué Siura fue el primero que sustentó en el ccd las razones por las cuales, según su particular punto de vista, una Ley de Amnistía era necesaria para la «reconciliación» nacional. Éstas fueron sus palabras:

Presidente: Tenemos que decir pocas pero necesarias palabras. ¿Qué pasó en el Perú a partir de mayo de 1980? ¿Qué ha sucedido para que nuestras familias sigan sufriendo por algún tiempo más? Tenemos que remontarnos a décadas pasadas, cuando los gobiernos tenían dificultades en sus gestiones. El Estado, en forma general, tenía algunas deficiencias: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tenían una pequeña dificultad que fue aprovechada por las circunstancias [...]. Hace poco el Congreso honró la figura de María Elena Moyano, quien fue un ejemplo para muchas mujeres y para todos los peruanos al enfrentar cara a cara al problema social. No se escondió y dijo sí al país; y entregó su vida. No hay mejor amigo que aquel o aquella que da su vida por sus amigos o por sus hermanos [...]. Hubo excesos de ambas partes, porque en una guerra no se puede saber cuándo ni cuántos pueden ser los excesos; excesos que hoy dividen a los peruanos y que de alguna manera no permite que podamos trabajar con fluidez para la reconstrucción nacional, por la búsqueda de la pacificación verdadera y de la democratización real para nuestro pueblo [...]. Por estas consideraciones, creemos que ha llegado el momento de que todos los peruanos debamos unirnos, cualesquiera [sic] haya sido su condición o su concepción política, sean militares o civiles, sean peruanos que hayan pretendido o no una u otra situación o posición política. ¡Todos tenemos que buscar la reconciliación! No una reconciliación para buscar una nueva ubicación política y enfrentarnos otra vez y con más fuerza, sino una reconciliación que permita unirnos y trabajar como hermanos, buscando un nuevo renacer y un nuevo futuro para el Perú. Juntémonos para reconstruir el país, la fe y la esperanza en los peruanos [...]. Los representantes del pueblo peruano tenemos que asumir una decisión al respecto. Por ello, buscamos la amnistía general a militares y civiles que puedan haber cometido excesos de una u otra manera; ya sea violando reglamentos, leyes, o la Constitución. Pero de alguna manera tenemos que buscar la amnistía a favor de todos ellos para trabajar juntos por nuestro pueblo [...]. Tampoco discutimos si la acción de algunos peruanos fue constitucional o no; o si su pretensión era solamente la búsqueda de una posición política o si son capaces de hacer o no algo en el futuro. Ahora planteamos el olvido y el perdón. Olvido de lo que pudiera haber sido o de lo que no hubiera podido haber sido [...]. Hoy no es el momento de hacer un análisis profundo de tales hechos, sino buscar el perdón y el olvido definitivo [...]. Invoco a la oposición que sea capaz de unirse a nosotros para apoyar el proyecto de ley en debate [...]. Esta noche no generemos el odio, ni continuemos con el debate de la rebelión que empezó en mayo de 1980. Les pido que tengamos la hidalguía y la capacidad del Maestro de maestros en la enseñanza cristiana: practicar el perdón por encima de todo. El perdón puede ayudar a todos los peruanos [...]. Como peruano, pido que oposición y mayoría tengan la capacidad de unirse a la propuesta en debate por encima de las diferencias para elevarnos a aquella cumbre que enaltece a todos los peruanos: la cumbre del perdón y la posibilidad de la reconciliación, sin las cuales no será posible la reconstrucción inmediata de nuestro país. Pido también a mis colegas de la mayoría parlamentaria que apoyen el proyecto de amnistía general que implica dar un ejemplo a todos los peruanos y al mundo entero (Congreso Constituyente Democrático 1994b:154–156. Resaltado nuestro).

En su discurso, buscando justificar «teológicamente» su punto de vista político (no hay mejor amigo que aquel o aquella que da su vida por sus amigos y por sus hermanos, que recordaba a Jn 15.13; y tener la capacidad del Maestro de maestros para practicar el perdón por encima de todo que intentaba ser, tal vez, una exégesis bastante sui generis de Mt 5.36–48 y Mt 18.15–22), Siura hacía un llamado para que no se realice «un análisis profundo de tales hechos», sino más bien, buscar el perdón y el olvido definitivos. ¿Y las miles de personas asesinadas extrajudicialmente y los cientos de ciudadanos que fueron desaparecidos, entre ellos, decenas de evangélicos? Para este congresista fujimorista, ellos no contaban, pues eran simples excesos de la guerra. Por esa razón, para nada mencionó en su discurso temas fundamentales para la reconciliación, como la búsqueda de la verdad y la práctica de la justicia, condiciones necesarias en todo auténtico proceso de reconciliación nacional.

El mismo Siura, una semana después, mencionaría lo siguiente en el debate sobre la Ley de Amnistía en el ccd:

El perdón es posible y es fácil recibirlo, algunos lo buscamos con ansias. Sin embargo, es muy difícil otorgarlo cuando se tiene esa facultad. Por ejemplo, hay dificultad en llegar a ser santo o Dios porque los seres humanos tenemos muchas dificultades para perdonar a alguien. Son fariseos, precisamente, los que hablan mucho del perdón pero no lo practican. Ellos hablan, insultan, siembran amarguras, odios, rencores y dividen al país [...]. Los que se oponen a la Ley de Amnistía, sean civiles, militares, jueces, fiscales, religiosos, políticos, sólo quieren figurar políticamente, claro, con todo derecho. Me permito invitarlos a que, en otra instancia y en otro momento, hagan esa figuración política de oposición al gobierno, porque ahora están poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país al que todos queremos contribuir (Congreso Constituyente Democrático 1994b:363–364).

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